Perú: Los derechos humanos bajo ataque

Ronald Gamarra

"La ONU y sus agencias son torpedeadas cada día, como si no fuesen el fruto de la victoria contra el nazifascismo"

Los derechos humanos están bajo ataque. Una ola mundial reaccionaria pretende pisotear lo que en algún momento parecía una conquista irrenunciable de la democracia. Evidentemente esto tenía mucho de espejismo o ilusión. Lo avanzado laboriosamente en las décadas anteriores, sobre todo en el ámbito jurídico internacional y en las legislaciones de muchos países, no era todo lo que esperábamos, ni de lejos, pero era y es valioso en extremo. Los derechos humanos, que surgieron como una expresión esperanzada de un futuro a la medida de la dignidad del ser humano, y luego considerados como el corazón de la democracia, su razón de ser, ahora son estigmatizados, recortados y agredidos con impunidad.

Hemos sido testigos a nivel mundial de una masacre, un genocidio, perpetrado por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania. Las ciudades de la Franja de Gaza fueron arrasadas por completo, hasta sus cimientos. Los hospitales, las escuelas, las mezquitas, los servicios comunales: todo fue devastado. El 90 por ciento de las viviendas fueron destruidas minuciosamente. La población civil fue bombardeada directamente, causando más de 70 mil muertos. Si se trasladase esa proporción al Perú, hablaríamos de un millón de muertos solo por bombardeos. 64,000 niñas y niños han sido asesinados o han sufrido mutilaciones.

No se registraba desde la segunda guerra mundial una masacre de proporciones tan brutales como la cometida contra el pueblo palestino. Y para mayor escarnio, este genocidio lo perpetra el gobierno de un país como Israel, fundado para acoger a los sobrevivientes del genocidio nazi. Para ello cuentan con la colaboración directa del gobierno de Estados Unidos y el silencio cómplice de las principales potencias europeas. Le han tolerado a Israel todas las atrocidades que ha cometido, incluido el asesinato de cientos de médicos, trabajadores sociales y periodistas que prestaban servicio a la población civil en Gaza. Y le han dado a Israel las armas necesarias para llevar adelante estos crímenes.

Estados Unidos vuelve a imponer con Trump la política del avasallamiento, la imposición y la violación de derechos fundamentales. Este ha convertido en política pública de odio la persecución de los inmigrantes para deportarlos sumariamente. Las ciudades norteamericanas son patrulladas intensamente por una policía especial, el ICE, cuya tarea es cazarlos, para lo cual no dudan en incursionar en escuelas e iglesias, ni en separar familias. La ola de odio contra los migrantes es una de las principales banderas de la ultraderecha europea.

En el plano internacional, Trump administra el conflicto de Ucrania como un negocio privado. Le ha impuesto la entrega de sus recursos minerales como pago por el apoyo militar norteamericano, una ayuda que de la noche a la mañana dejó de ser gratuita. A su vez, la guerra de Rusia contra Ucrania cumplirá cuatro años el próximo febrero. Hasta el momento van 1,400 días de matanza y nadie sabe cuántos soldados y civiles han perdido la vida en la peor conflagración europea desde la segunda guerra mundial, pero nadie duda de que suman cientos de miles.

El hambre vuelve una vez más a este escenario de terror contemporáneo. La hay en Gaza. También en África. Trump dispuso el cierre repentino de los programas de ayuda internacional de su país a través de la AID, dejando desprovistas de lo esencial a millones de personas. La aporofobia es todo un discurso contemporáneo. La ultraderecha la promueve culpando a los pobres de su propia situación, como si la gente eligiera tal condición por comodidad, para “vivir del Estado”, dicen los defensores de un sistema que concentra cada vez más la riqueza en proporciones obscenas en las manos de unos cuantos oligarcas en comparsa con los políticos y los Estados.

Los casos citados son apenas algunos de los ejemplos más resaltantes de lo que está ocurriendo con los derechos humanos y quienes los defienden en el mundo. Hoy, el globo está controlado por tres hombres poderosos que no creen en los derechos humanos: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Pero de todos ellos, Trump lidera la superpotencia que se reclamaba como el custodio de los derechos humanos. Ya no más. Estados Unidos ahora está dedicado a socavar las instituciones internacionales que promueven la convivencia basada en el derecho internacional. La ONU y sus agencias son torpedeadas cada día, como si no fuesen el fruto de la victoria contra el nazifascismo.

En nuestro país, las cosas tienen la nota grotesca que le agrega la ultrarreacción local. Aquí se libra una campaña constante y persistente contra la misma idea de derechos humanos, que se califican como una mala palabra, que se siguen considerando como una cojudez, que se estigmatizan como pensamiento proterrorista: un lastre inventado por los caviares que puede lanzarse al tacho de la basura. Aquí está en marcha el mecanismo para repudiar los tratados más esenciales sobre derechos humanos, empezando por la Convención Americana de Derechos Humanos, y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se aprueba con argumentos de tinterillo una “amnistía” para cientos de crímenes que repugnan a la humanidad. Aquí no se acepta que los derechos humanos son el parteaguas entre la civilización y la barbarie, el mínimo irrenunciable de la dignidad humana. Aquí se desconoce y se viola, por simple ley, derechos fundamentales previstos en la Constitución.

El panorama es adverso, qué duda cabe. Al mismo tiempo, debemos constatar que nunca como hoy hubo tantas personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos en todos los países del mundo. Es posible y necesario resistir la ola reaccionaria. Recordemos que los avances se dieron, en el pasado, por el activismo insistente de grupos pequeños. Lo importante es reorganizarse y responder. Será costoso, no hay que dudarlo, si no veamos lo que ocurre en Gaza. Pero al final la vida tiene que dar la razón a quienes la defienden con convicción. Los defensores de derechos humanos tienen valores y principios éticos. Los reaccionarios solo intereses bastardos que traducen en discursos de odio. Es necesario desenmascararlos.

11-12-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 762 año 16, del 12/12/2025

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El Perú y la institución del asilo: la racionalidad democrática

Manuel Rodríguez Cuadros

Si se tratase de introducir en la Convención un mandato para que el Estado territorial pueda calificar la solicitud de asilo, sería sencillamente anular el asilo como institución.

Las dictaduras del general Augusto Pinochet y de Jorge Rafael Videla fueron las primeras en cuestionar la validez y el alcance de la institución del asilo. Cuestionaron la calificación del Estado asilante. Inauguraron, también, la práctica dilatoria de demorar el otorgamiento de los salvoconductos, durante semanas y hasta meses. Finalmente, los expidieron en todos los casos. Chile reconoció el asilo y extendió salvoconductos en cerca de 500 solicitudes. La Argentina lo hizo en 56. No obstante que ni uno ni otro habían ratificado la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

El asilo es una institución de derechos humanos. Consiste en que un Estado, el asilante, otorga protección a una persona que, a su juicio, es objeto de acusación por delitos políticos o es perseguida. Está dirigida a preservar la vida y la libertad.

La diplomacia peruana estuvo en el nacimiento de esta institución de tutela de los derechos humanos. En 1865 se realizó, en Lima, la primera reunión para discutir una Convención de asilo, bajo el liderazgo de Toribio Pacheco. El Perú ha sido un consistente y coherente defensor del asilo desde esos tempranos años. La excepción fue la dictadura de Odría, que negó el asilo a Haya de la Torre, para posteriormente reconocerlo y expedir el salvoconducto luego de un juicio en la Corte Internacional de Justicia.

La Convención de Asilo Diplomático de 1954, que es el derecho internacional vigente y que tiene rango constitucional en el ordenamiento jurídico peruano, otorga única y exclusivamente al Estado asilante la facultad de calificar si se trata de un caso político o de un delito común (Art. IV). Al mismo tiempo, dispone, en el artículo III, que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas en forma competente ante tribunales ordinarios por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político.

Conforme a estas disposiciones, el Estado asilante, en función de la apreciación que hace de los hechos, posee la facultad de determinar si se trata de un delito común —en cuya hipótesis no otorga el asilo— o si se está frente a un delito o persecución política que amerita la concesión del asilo. En el caso de Alan García, el gobierno del Uruguay determinó, conforme a la Convención, que se trataba de una acusación por delito común y no otorgó el asilo.

Independientemente de los argumentos políticos o ideológicos que diversos actores internos o los propios Estados territoriales puedan oponer a la calificación unilateral que hace el Estado asilante, esta es la única con valor jurídico conforme a las obligaciones del derecho internacional. La Constitución coincide con la Convención de 1954 al disponer de manera imperativa que “El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante.” (Art. 36). Esta norma se inspiró en el artículo I de la Convención, que obliga al Estado territorial a respetar el asilo de personas que lo soliciten por motivos o delitos políticos.

El Estado asilante concede el asilo si, en su apreciación, se trata de motivos o delitos políticos. Es esencial diferenciar estos dos conceptos. La motivación política no tiene una connotación jurídica. Se sustenta en una situación de disidencia o contradicción con el poder, en la que —siempre a juicio del Estado asilante— la persona solicitante se encuentra en riesgo, con temor fundado o en situación de amenaza por sus opiniones, actividades, vínculos, militancia, expresiones, cargos, funciones o identidad política, de modo que su seguridad personal solo puede ser garantizada buscando la protección del asilo.

Por el contrario, los “delitos políticos”, cuya existencia o presunción de existencia fundamentan el asilo, sí poseen una naturaleza jurídica. El derecho penal diferencia entre los delitos comunes y los delitos políticos. El delito común está dirigido contra bienes ordinarios (vida, propiedad, integridad, libertad, patrimonio), mientras que los delitos políticos son conductas dirigidas exclusivamente contra el orden político del Estado. Son delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Como anota Bramont Arias, en el Código Penal peruano están tipificados como aquellos que “atacan al organismo político del Estado o a los derechos políticos ciudadanos”. Sus tipos son la rebelión, la sedición, el motín, la conspiración y la seducción de tropas.

A estos delitos se refiere la Convención de Asilo Diplomático de 1954, en su interrelación normativa y constitucional con el Código Penal peruano. Por esta razón, el asilo otorgado en los casos de Lilia Paredes, Nadine Heredia y Betsy Chávez no presentan características similares. En el primero, Heredia fue objeto de un juicio, con sentencia, por un delito común (lavado de activos). El gobierno del Brasil, conforme al derecho que le otorga la Convención de 1954, al calificar el hecho estimó que el juicio y la sentencia estaban vinculados con una persecución política que ameritaba una respuesta humanitaria y concedió el asilo.

En el segundo caso, la esposa del expresidente Castillo no estuvo procesada por la presunta comisión de ningún delito; el gobierno de México también, en estricto cumplimiento de la Convención de 1954, concedió el asilo, pues consideró que, a su juicio, existía o podía configurarse una persecución política.

En el caso de Betsy Chávez, no se encuentra procesada por delito común de ninguna naturaleza, sino por el delito político de rebelión y, alternativamente, por el de conspiración. Tipificados como políticos por el Código Penal (artículos 346 y 349). En razón de la naturaleza política de estos delitos y de la presunción de persecución, el gobierno de México, en ejecución de las normas de asilo vigentes, ha concedido el asilo.

En los dos primeros casos, el gobierno del Perú procedió a otorgar el salvoconducto en estricto cumplimiento de la Constitución, sus obligaciones internacionales y el respeto al derecho internacional. Una conducta propia del Estado de derecho. En el asilo de la señora Chávez, el gobierno ha pospuesto el otorgamiento del salvoconducto, vinculando esta decisión a una gestión en la OEA para modificar la Convención de 1954.

Esta vinculación no está prevista en la Convención y es ajena a la institución del asilo. Es una decisión estrictamente política, que no justifica el incumplimiento del artículo XII de la Convención, que manda la inmediata entrega del salvoconducto. La demora injustificada —la voluntad de renegociar la Convención no puede ser, no es, una causa de fuerza mayor— pone al Estado peruano en el límite del incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

En términos procesales y legales, no se puede establecer interrelación alguna entre el asilo concedido por México y un interés de revisar la Convención. Son materias jurídicamente desvinculadas. En todo caso, el artículo XIII de la Convención ya regula el derecho del Estado territorial para entregar al Estado asilante toda la información, administrativa o judicial, que estime pertinente para sustentar su propia apreciación del caso.

Si se tratase de introducir en la Convención un mandato para que el Estado territorial pueda calificar la solicitud de asilo, sería sencillamente anular el asilo como institución. Lo que, además de ser un contrasentido jurídico, sería  de suyo inviable, reñido con los valores de toda sociedad democrática y con la tradición jurídica y diplomática del Perú.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/11/23/el-peru-y-la-institucion-del-asilo-la-racionalidad-democratica-por-manuel-rodriguez-cuadros-hnews-983158

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Perú: Montesinos desubicado

Juan Manuel Robles

"Ya ni siquiera se usa el verbo 'chuponear'”

Van a cerrar la prisión de máxima seguridad que ha funcionado desde 1993 en la base naval del Callao, y a mí me ha llamado la atención que los medios hablen de sus actuales reclusos como “tres cabecillas terroristas y Vladimiro Montesinos”. Como si en un caso fuera adecuado definir a los presos por los delitos cometidos y en el otro prefiriéramos el nombre propio. No se habla del cabecilla corrupto, o simplemente el corrupto, o el terrorista de Estado —que bien podría hacerse, por su participación al mando del Grupo Colina—. Sería un asunto menor si no fuera porque esa diferencia sugiere una jerarquía de delitos. Como si, por un lado, los terroristas fueran criminales avezados y, por el otro, el exasesor un preso “por las circunstancias políticas”. Como si el fuego con el que Feliciano mató gente fuera distinto al fuego con el que Montesinos mató a los trabajadores del Banco de la Nación.

Cuando leí los titulares pensé, además, que la diferenciación nos sugiere la idea de que los terroristas son más peligrosos que Montesinos, algo bastante discutible: mientras que ninguno de los subversivos presos representa mayor peligrosidad (uno hasta se ha arrepentido públicamente), Montesinos, que está por cumplir su condena, sí está listo para volver al ruedo, con aliados que ya están celebrando sin pudor y hasta con un partido político que lo quiere como candidato. La mente criminal más grande de la política peruana de todos los tiempos —junto con Alan García— debe estar con ganas de volver a las andanzas.

Pero esta mañana pensé que, tal vez, el exasesor no sea tan peligroso. Digo: es evidente que es más peligroso que los terroristas —quienes, en estos años, nunca han delinquido al salir de prisión—, y seguramente se pondrá al servicio de las peores lacras, pero hoy me animo a creer que tampoco es para tanto.

Se me hace que Montesinos, con ochenta años, es el gánster que sale de prisión y se encuentra con que todo su territorio ha sido tomado por nuevas camadas de malandros, con nuevos capos y jefes que lo miran como un tío cool, una leyenda, un baúl de historias, pero ahí nomás. Hablamos de un hombre que chantajeaba a la gente con cámaras pesadas, que había que empotrar en la pared para que estuvieran ocultas (con atención, se podía detectar el lente, como demostró Luz Salgado aquella vez). Montesinos no deja de ser siniestro, pero es un habitante de un planeta en que los videos comprometedores se grababan en casetes de VHS, imposibles de meter en el bolsillo, con etiqueta autoadhesiva y plumón para no confundirse.

Montesinos es un tío de la vieja escuela, y ojalá para él que nadie circule sus fotos junto a Huamán Azcurra, el curioso coronel de patillas largas e ínfulas de creativo que se convirtió en “el cineasta del SIN”; un hombre cuya tarea de modernización en el 2001 consistía, según algunas versiones, en pasar todo el material comprometedor de las cintas a CD (!), y que, cuando todo cayó, confesó que había guardado cuarenta y dos casetes en maletas.

Digo: Montesinos pertenece a un horizonte tecnológico demasiado lejano para el despelote digital de hoy. Por supuesto, el corrupto ha tenido más contacto con el mundo exterior que los otros reclusos —de hecho, supimos que ayudó a “la chica” Keiko Fujimori, sin éxito— y ha podido intentar ponerse al día, pero de todos modos lo más probable es que se haya quedado obsoleto, como un falsificador de Libretas Electorales en tiempos del DNI electrónico.

Y no son solo los soportes de contenido. La extorsión y el chantaje, herramientas vitales en el método Montesinos, ya no son lo que solían ser. Las cámaras están en todas partes, en interiores y exteriores —hoy un tiroteo en el chifa tiene más saltos de ángulos y tomas que una escena de Oliver Stone—, los drones nos fotografían, los celulares nos graban, las redes sociales nos exponen. Para acceder a conversaciones ya no hay que apretar a algún funcionario de Telefónica sino ir al mercado persa de las compañías de escucha, que dan un servicio impecable. Ya ni siquiera se usa el verbo “chuponear”.

El resultado de tanta apertura es terrible para los planes de este espía del siglo pasado: nada vale tanto, ninguna ofensa es lapidaria. Ninguna falta es tan grande como para enterrar a alguien. Ninguna vergüenza grabada acaba con una carrera política. Montesinos trabajó como nadie el mayor miedo: el pánico a quedar al descubierto, a ser desenmascarado. Así torció voluntades y ganó soldados dóciles. Pero saldrá libre a un mundo donde ninguna cámara oculta sorprende y donde todo, absolutamente todo, puede negarse. Pueden negarse cosas que están en imágenes frente a tus ojos, y el periodista de turno solo dirá: “gracias por darnos su versión”.

Y ni qué decir de la otra especialidad de Montesinos: la propaganda y la desinformación. Los diarios chicha son piezas de arte comparados con lo que existe hoy. Hoy se miente impunemente todos los días, se miente sin consecuencias, ya nadie entiende qué es la difamación —de tan normalizada que está—, y no son pocos los políticos y funcionarios que se han dado cuenta de que pueden inventar cosas y decirlas en público sin remordimiento. Montesinos respondía al goebbelsiano “miente, miente, que algo queda”. En estos tiempos, la gente admite que no sabe si algo es cierto o falso, pero que lo cree porque “suena posible”.

Algo más me hace sentir que estamos frente a un corrupto senil, al que solo le quedan estúpidos delirios de grandeza: el TikTok que acaba de lanzar. Allí este criminal de las treinta condenas, aprovechando el malentendido que lo coloca como el hombre que “venció el terrorismo”, compendia imágenes de su juicio convenientemente editadas para parecer audaz. Gana seguidores pero se siente la torpeza escénica. Parece olvidar que sus días de gloria se dieron cuando estaba en la sombra. Hoy los bandidos no necesitan operadores secretos: es el reino del descaro, y las fechorías se hacen a la luz del día, con tu congresista elegido, el juez, y el tribuno.


Vladimiro libre será el espía cocho que andará perdido, buscando laberintos en un mundo que ya no existe, mirando ridículamente su tablero de ajedrez lleno de telarañas. Por supuesto, eso no quiere decir que no sea un tipo de cuidado, sobre todo si le dan cuerda y un espacio de poder. Pero no me cabe duda de que los caimanes jóvenes de pozos más profundos lo destruirán en cosa de meses. Como Tatán en el mundo del Tren de Aragua, el viejo espía andará con sus sobres manila misteriosos, sus USB, sus bombas que ya no estallan. Hasta será divertido.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 752 año 16, del 03/10/2025

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El emperador Trump

Pedro Francke

"En el propio Estados Unidos, la democracia está claramente en cuestión"

Escribo nuevamente sobre Estados Unidos y Donald Trump, cuyas políticas son altamente disruptivas a nivel internacional. Estamos tan agobiados por lo que pasa en nuestra patria que a veces no alcanzamos a levantar la vista y mirar un horizonte amplio, pero ninguna propuesta seria para nuestro presente y futuro puede pasar por alto esta nueva realidad mundial.

Desde hace setenta años Estados Unidos ha tenido la hegemonía internacional y América Latina ha sido su zona de mayor influencia. Su política económica para el mundo, la hiperglobalización neoliberal impuesta desde 1990 tras la caída del muro de Berlín, ha sido reemplazada por aranceles y sanciones por doquier. La proclama estadounidense en favor de la democracia y los derechos humanos ha sido abandonada sin ninguna propuesta de orden alternativo para la humanidad, más allá de que nos sometamos a los designios que cualquier día se le puedan ocurrir al emperador Trump. Estamos en medio de la gran redefinición de la década, aunque los arrebatos e inconsistencias trumpistas hagan muy difícil prever el rumbo definitivo.

Esto ha significado grandes cambios en la política gringa hacia Latinoamérica. Los Tratados de Libre Comercio firmados han sido rotos por los Estados Unidos sin ninguna negociación, coordinación o siquiera comunicación formal. El Perú tiene un TLC firmado que en un pacto recíproco establece que la enorme mayoría de nuestros productos puede ingresar sin pagar aranceles a EE.UU., pero ahora nos cobran 10 por ciento. Trump ha roto el tratado que él mismo firmó con México y quiere dominar el canal de Panamá. En este escenario, el puerto de Chancay bajo control chino les preocupa. Lo han dicho varias veces ya, la última fue la semana pasada y se hizo a través de un profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, quien de paso criticó el tren de Brasil a Chancay como un riesgo a su seguridad. Hay nubes en el horizonte. Además, los peruanos que luchando por su sobrevivencia migraron a Estados Unidos sin documentos pueden verse separados de sus hijos y familiares sufriendo una deportación inmediata y brutal. Frente a estos primeros abusos imperialistas el cogobierno Keiko-Dina mantiene un silencio estruendoso, revelador de su total subordinación. El Estado peruano ha sido puesto de rodillas por estos usurpadores.

En décadas anteriores los Estados Unidos pretendieron ser los paladines de la democracia y los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, tuvo a Eleanor Roosevelt como su gran impulsora. Su práctica nunca fue consecuente con esos principios, como lo atestigua el apoyo norteamericano a numerosos golpes de Estado y dictaduras asesinas en la región. A pesar de todo, cuando no afectaba sus intereses, podía tomar algunas iniciativas derecho-humanistas y abrir espacios de diálogo por la democracia. Hoy eso se acabó. En el propio Estados Unidos, la democracia está claramente en cuestión. Trump ha emitido numerosas “órdenes ejecutivas” arrogándose poderes especiales en temas que constitucionalmente le corresponden a su Congreso, como por ejemplo en el aumento de aranceles que ya ha sido cuestionado hasta en segunda instancia judicial (aunque esta controversia la resolverá finalmente la Corte Suprema bajo mayoría trumpista). Han detenido a centenas y los han mandado a cárceles en El Salvador sin permitirles una mínima defensa. Ha ido contra sus leyes de presupuesto cortando fondos a universidades que permiten la crítica y mediante su pacto con oligarcas como Jeff Bezos ha sometido a periódicos importantes como el “Washington Post”.

En la región, Trump ha tenido la desfachatez de castigar a Brasil con aranceles del 50 por ciento porque el golpista Bolsonaro está siendo enjuiciado por su Poder Judicial que, como corresponde al principio democrático de separación de poderes, es constitucionalmente independiente. Trump incluso ha sancionado a un juez de la corte suprema brasileña porque no le gustan sus fallos. Por otro lado, apoya y es cercano a Bukele, quien ya es claramente un dictador que persigue a cualquiera que se le oponga y se va por la reelección inconstitucional al estilo Fujimori. A nivel internacional, Trump ha emitido sanciones contra los jueces de la Corte Penal Internacional por haber sentenciado algo que está a la vista de todo el mundo: hay un genocidio en Gaza y Netanyahu es responsable. Está clarísimo que al actual gobierno de los Estados Unidos la democracia y los derechos humanos le importan un pepino.

En dos asuntos de coyuntura hay que tener esto muy en cuenta. Uno: las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no tienen nada que ver con la democracia, sólo con afirmar su poder imperial y quedarse con el petróleo. Dos: esta es una razón de fondo por la cual la alianza Dina-Fujimorismo se atreve a insistir en el retiro de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Porque si los Estados Unidos salieran en defensa de este tratado, como algunas veces han hecho en el pasado, Keiko no se atrevería a enfrentarlos. Los derechos humanos y la democracia siguen siendo valores de enorme fuerza moral, pero lamentablemente en la actualidad la correlación de fuerzas está en su contra. Hasta la mayoría de países europeos los ha abandonado frente al genocidio de Gaza, con una estrechez de miras muy reveladora. No debemos amilanarnos por eso pero sí defenderlos de acuerdo a la coyuntura.

Con los Estados Unidos convertido en una fuerza hiperreaccionaria, vivimos tiempos recios. Como sucede con todos los momentos críticos de cambio, no sabemos qué crisis vendrán y cómo terminará de definirse el porvenir. El trumpismo podría caer antes de lo que pensamos, miren nomás cómo en menos de dos años Milei ya está siendo rechazado por la ciudadanía en Argentina. Nada está escrito y la humanidad traza su propio destino. Nunca hay que olvidarlo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 749 año 16, del 12/09/2025

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Perú: Una reclusión injusta

Juan Manuel Robles

"La extensión de la prisión preventiva fue ilegal, solo posible por el abuso político"

Betssy Chávez la hizo linda. Hasta hace unas semanas, era una figura absolutamente abandonada a su suerte: presa, derrotada y sin voz. No solo eso, era un cadáver político y a nadie parecía afectarle; el mensaje tácito era: se pasó de lisa y tuvo su merecido. Insignificante, descartable. Al igual con Castillo, el “golpe” se asumió simbólicamente como un alzamiento armado faltoso, algo que permitió darle a ella el trato no solo de delincuente sino de casi subversiva, paria. Solo así se explica que en esos meses Betssy Chávez saliera demacrada, físicamente dañada y hasta visiblemente golpeada y no hubiera protesta o llamado de atención en los medios. Con ella, dado lo que había hecho y lo que había representado, la cosa era simple: que se joda.

Pero entonces, la huelga de hambre. Al principio la medida de fuerza no despertó mayor empatía ni menos solidaridad. La trataron de farsante, de loca, la acusaron de victimizarse y los pocos que le creyeron la tildaron de salvaje, pues solo salvajes pueden dejar de comer para dar un mensaje y probar un punto. Incluso la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sacó un informe ambiguo, y con eso los progresistas tuvieron licencia para tratarla con la displicencia de siempre. Pero el tema fue escalando. La huelga de hambre iba en serio y se volvió huelga seca; la vida de esta mujer estaba en peligro.

No quiero parecer frívolo, pero qué refrescante para la política peruana, llena de zánganos sin coraje, de tipos que se blindan y protegen sus privilegios mal habidos, fue que una exfuncionaria amenace a todos con prenderse fuego si no la tratan con la dignidad elemental que merece un presidiario, y para llamar la atención sobre una reclusión injusta. Nos descuadró a todos. Estoy seguro de que despertó adhesiones silenciosas —no declaradas—, mientras la animadversión oficial continuaba, con las muletillas histéricas que ya conocemos.

Pero el martes, con el fallo del Tribunal Constitucional que liberó a la exprimera ministra de Castillo, algo cambió. Porque aunque puedan elaborarse un montón de teorías de conspiración sobre por qué un órgano controlado por el fujimorismo hizo lo que hizo, el fallo es, primero que nada y sobre todas las cosas, un veredicto justo frente a una arbitrariedad indefendible. La extensión de la prisión preventiva fue ilegal, solo posible por el abuso político. Los argumentos que se leen en la sentencia son los que ha venido diciendo el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, en diversos medios, desde hace meses. Pero nadie le hizo caso porque bueno, esa señora, Betssy Betzabet, se lo buscó.

Hay una cuenta de parodia de Betssy Chávez en Twitter. Es divertida porque es una caricatura de su tono: achorada, altanera, algo fresca. Leerla en estos días me ha hecho pensar en lo que se debe estar matando de risa por su libertad. Y sabe que, hoy más que nunca, los que la metieron allí son gente repudiada por todo el Perú.

La simpatía por Betssy Chávez crece. Hablemos claro. Esa mujer, si algo hizo, fue conspirar con Castillo para disolver un Parlamento de delincuentes, que estaba a punto de sacar al presidente porque se les daba la gana. A la distancia, a cada vez más gente le queda claro que si había que interrumpir algún mandato ese era el del Congreso. Un Congreso que merecía no continuar, y que no hubiera provocado ninguna protesta en su defensa. ¿Quién repudia a Betssy Chávez? Los fascistas y los racistas, los que la terruquean, y también los correctos que abogan por una institucionalidad que en el Perú se quebró hace rato con aberrantes cambios constitucionales, muchísimo más de lo que hubiera ocurrido si el golpe prosperaba. Nadie cree que Betssy Chávez haya cometido un delito grave, nadie la puede ver como un monstruo.

Y por si fuera poco, el arco de su historia es una fábula de superación frente a la adversidad, pequeña pero potente. Volver a levantarse después de caer lo más hondo; carcelería sin sentencia, el Perú real en el cuerpo. ¿Cuantos tendrían la fuerza para luchar si el gobierno te persigue, si casi todos los medios te atacan y los demás, simplemente, te ignoran? Betssy Chávez nos ha recordado que en nuestro país te mantienen preso sin sentencia. Han tratado de ridiculizarla con el chisme de una supuesta amante en el penal, pero eso no hace más que darle color a su historia, y a ella, humanidad. La celda de Betssy, llena de colores, no es como el cine Tauro de Muñante, tan oscuro.

Cuando la persecución contra Betssy Chávez se hacía feroz y crecía la posibilidad de que la llevaran a prisión, ella dio una entrevista en la que dijo que no le tenía miedo a la cárcel, citando las vidas de Mandela y Mujica. Okey: le quedan grandes esos referentes pero a mí me gusta que la gente de izquierda cite a luchadores sociales, personas que conocieron el sacrificio y el estigma. “Si quieren hacerme presidenciable, ya saben lo que tienen que hacer”, dijo esa vez. No creo que sea para tanto pero definitivamente hoy la soltura con la que Betssy Chávez puede salir a la calle, mirar a la gente, saludarla, es muy grande. No como otras.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 748 año 16, del 05/09/2025

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Perú: Impunidad triunfante

Carlos León Moya

"¿A Fernando Rospigliosi, que ni siquiera merece ser considerado rival sino un anélido, una lombriz de tierra?"

La nueva ley de amnistía fue promulgada por el gobierno como si de un triunfo se tratase, con actividad oficial en Palacio, con invitados, con fotitos, con sánguches y sentenciados por lesa humanidad. Más que sorprendente, es natural: un gobierno que no tiene nada que mostrar, muestra cualquier cosa. La inseguridad sigue creciendo, sí, pero es más fácil amnistiar delincuentes que atraparlos.

Las reacciones y protestas son tímidas, por supuesto. Los derechos humanos importan cada vez menos a la gente –asumámoslo, ¿no?–, y a eso debemos sumar dos cosas. Primero, la distancia temporal. Por ejemplo, la masacre de Accomarca cumple 40 años. 40. Era el primer mes del primer gobierno de Alan García. El conflicto interno es cada vez más lejano, y eso –intuyo– vuelve menos empática la demanda de justicia. Cuando uno escucha “este caso lleva 3 años sin justicia”, uno cree que está mal, que es mucho tiempo, pero que se puede revertir y que no debe quedar así. Pero cuando oye “son 40 años sin justicia”, ¿qué sucede? ¿La gente piensa “qué pena pero ya pasó mucho tiempo, échale tierrita”? Es probable.
 
Y segundo, los tres presidentes del conflicto han muerto ya. De estos, solo Alberto Fujimori fue encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad, y su ausencia –irónicamente– le ha quitado peso a la demanda por justicia. La ausencia de un “enemigo” de carne y hueso, como eran Fujimori y sus chupes, hace mucho más difícil movilizar a la gente por una causa y también trasladarle a alguien el costo político de esta decisión. Ahora que benefician a un exmiembro del Grupo Colina, ¿a quién señalas como su guachimán legal y como gran promotor de la impunidad, si Fujimori ya murió? ¿A Keiko Fujimori, que anda escondida preparando su cuarta derrota? ¿A Fernando Rospigliosi, que ni siquiera merece ser considerado rival sino un anélido, una lombriz de tierra? ¿A Dina Boluarte, que lo único que dirige es a los mozos de Palacio para que le sirvan más triples de pollo? Es difícil hacer política de oposición cuando tu enemigo no es uno solo, grande y fuerte, sino una constelación de enanos idiotas.

No hay mucho que pueda hacerse desde afuera. La presión internacional para temas de derechos humanos apenas existe. Antes, Estados Unidos enviaba comunicados de preocupación y muchos políticos –de derecha– reaccionaban a esta demanda (por ejemplo, a César Acuña le quitaron la visa por una investigación por lavado de activos). La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaba, y al interior del Estado empezaba una pugna para acatar un mandato supranacional. ¿Era convicción? Quizá era más conveniencia. Si un alto funcionario planeaba hacer después una carrera en el exterior, debía portarse bonito con ciertos organismos y no quedar como un paria que actuaba como el gobierno de Nicaragua.
 
Ahora, en cambio, el Estados Unidos de Donald Trump no se preocupa por estos temas. ¿Derechos humanos en América Latina? Jaja: muéranse. Y en consonancia con los nuevos tiempos, la Corte IDH tiene un peso pluma. Zurrarte en ellos no te convierte más en un paria. Simplemente, a nadie le importa. Israel viene llevando a cabo un genocidio en Gaza, ¿y el mundo va a estar mirando una leyecita en ese rinconcito perdido del mundo llamado Perú? Por otro lado, el alto funcionario de ahora no tiene una visión de largo plazo ni un prestigio que cuidar. Qué va a pensar en irse a Washington o a una pasantía. Es una piraña que depreda lo que tiene en frente. Le cayó de chiripa el puesto y hoy tiene que mantenerlo y exprimirlo mientras pueda. Yo no sé mañana.

Miremos a Morgan Quero. A pesar de su pasado caviar, hoy está feliz en un gobierno que promulga una amnistía. ¿Qué hará después? No importa. Ya es ministro dos años. Ya obtuvo lo que quería. ¿Y cómo le había ido antes, como caviar? Horrible. No era nada. Ni siquiera pudo ganar las elecciones para secretario general de Transparencia. ¿Le va a preocupar su futuro? Por Dios: Quero debe agradecerles a todos los santos que por fin tiene un presente. Algo similar ocurre con Fernando Rospigliosi. Primero fue maoísta, después caviar, y ahora es el que propone la amnistía del fujimorismo. Completó el círculo, pero ni siquiera por convicción, como Eudocio Ravines, sino por necesidad, como el gusano hambriento que se muerde la cola.

Sería iluso esperar una reacción inmediata a esta ley. Nada va a pasar, ni aquí ni en el exterior. La impunidad volvió a triunfar, por ahora. Pero sí estoy seguro de que a sus promotores les va a caer un sopapo de realidad en algún momento. Especialmente a Dina Boluarte. Quizá promulgó esta amnistía pensando también en ella misma –tiene 50 muertos a cuestas–, pero, a diferencia de los militares beneficiados, ella no tendrá quien la defienda después. Está sola. Las amnistías por decreto suelen caerse con el tiempo. Y los que las promulgan, también.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 745 año 16, del 15/08/2025

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Perú: MÁS ALLÁ DE LA ILEGALIDAD ESTÁ LA INDIGNIDAD

Salomón Lerner Febres

No era esperable que la presidenta de la República observara la ley dada por el Congreso para garantizar la impunidad a policías, militares y paramilitares ante las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. Su ejecutoria como jefa de Estado no permite esperar de ella gestos democráticos, humanitarios o simplemente respetuosos del Estado de derecho.

Pero si la promulgación se daba por segura, no era previsible, en cambio, que el gobierno hiciera de ella una fiesta autoritaria, una suerte de homenaje a viejos responsables de graves crímenes, a los que la presidenta saludó con especial deferencia. Al hacerlo, la jefa de Estado ha convertido este nuevo atropello del Estado de derecho en una explícita condonación del crimen, en una ceremonia de burla y escarnio a la memoria y los derechos de miles de peruanas y peruanos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, y, por último, en un gesto de radical indignidad que mancha para siempre a su persona y a su gestión, y que deshonra al Estado peruano.

Los argumentos jurídicos que despojan de toda validez a esta ley de impunidad dada por el Congreso son conocidos. En el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), hemos resaltado su insalvable contradicción con normas de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, que constituyen obligaciones para el Estado de acuerdo con la propia Constitución (lo cual reduce a un sofisma grotesco el argumento según el cual las observaciones u órdenes de instancias internacionales vulneran la soberanía nacional). Tiene valor emblemático, por lo demás, que la pieza de jurisprudencia interamericana que proscribe amnistías, indultos y otras formas de impunidad en casos de violación de derechos humanos sea, precisamente, la referida a un caso que involucra al Estado peruano: el caso Barrios Altos (el mismo caso por el que fue condenado a 25 años de prisión el exmilitar Rivero Laso, con quien Boluarte intercambiaba felicitaciones en esa vergonzosa ceremonia). En contra de esa jurisprudencia y de nuestras obligaciones internacionales, el Congreso y el gobierno han impuesto una medida de amnistía general, indiscriminada e incondicionada que, como también hemos señalado desde IDEHPUCP, equipara al Perú de hoy con las brutales dictaduras latinoamericanas de hace casi medio siglo.

Se ha pretendido sustentar este atropello alegando una presunta defensa del debido proceso de los acusados. La duración de los juicios durante décadas significaría, según este argumento, una violación del principio del plazo razonable para ser procesado judicialmente. Pero lo que no se dice es que la duración de esos juicios es resultado de una estrategia de dilación indefinida por parte de la defensa de los acusados, y que es producto, también, de la cerrada negativa del Estado a franquear el acceso a la información necesaria para el Ministerio Público y el Poder Judicial. En rigor, cualquier observador de estos dilatados procesos que tuviera algún espíritu humanitario tendría que decir que ellos significan, precisamente, una denegación del derecho a la justicia a las víctimas que ya dura décadas

No son muchos los caminos que le van quedando a la sociedad peruana para la defensa del Estado de derecho y la democracia. Hoy, frente a este atropello a las víctimas, se abre la necesidad de recurrir a las instancias judiciales nacionales e internacionales. Queda también, en manos de un puñado de jueces y juezas honestos y valientes, la posibilidad –más bien, el deber— de inaplicar esta ley, como lo han hecho frente a otras leyes igualmente inconstitucionales y contrarias al derecho internacional.

Resta también, como un deber cívico y moral, reafirmar la solidaridad hacia las víctimas del conflicto armado interno, así como también hacia las víctimas de la brutal acción de este gobierno durante los años 2022 y 2023. De hecho, hay que percibir en este último acto de indignidad un gesto literalmente ominoso: el abrazo del gobierno con los perpetradores de ayer parece expresar una ansiosa expectativa de impunidad para los perpetradores de hoy.

Salomón Lerner Febres. Rector emérito de la PUCP, presidente de IDEHPUCP y expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Fuente: https://puntoedu.pucp.edu.pe/voces-pucp/salomon-lerner-febres-mas-alla-de-la-ilegalidad-esta-la-indignidad/?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=puntoedu

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​Perú: Terroristas ustedes

Juan Manuel Robles

"Tampoco era defensa contra el terrorismo lo que hicieron después: saquear casas y quemarlas, desaparecer los cuerpos y asesinar a los testigos"

Lo más alucinante de la nueva Ley de Amnistía es que con ella viene una suerte de marcha del orgullo armado, con pistolita y charreteras, un corso de uniformes verdes y sonrisas en el que militares y policías hinchan el pecho como quien recibe un desagravio, un justo homenaje, un reconocimiento a sus aportes al Perú, como esos artistas incomprendidos que aceptan la medalla oficial en el otoño de sus vidas. No es para menos, pues esta ley se presenta como un beneficio justo, una reparación a quienes “nos defendieron del terrorismo”. El fraseo no es inocente y así colocado nos deja sin armas: ¿Cómo podría un hombre que hizo algo tan noble ir a la cárcel?

Por supuesto, hay truco y una gran cara dura. Daría risa, si no fuera porque revelar el descaro implica hablar de desapariciones, violaciones, torturas, asesinatos y fosas comunes. No, esos tipos, los que pueden aprovechar la nueva ley, no estaban defendiéndonos del terrorismo.

No estaban defendiéndonos del terrorismo los hombres que, el 14 de agosto de 1985, llegaron a la quebrada Lloqllapampa en Accomarca porque querían lidiar con el problema de un “centro de adoctrinamiento” de Sendero Luminoso. Al no encontrar material subversivo —ni armas ni volantes ni nada—, ni siquiera con ayuda de los perros, sacaron a los comuneros y los metieron en tres chozas, para dispararles a todos, con un saldo de 69 muertos, 26 de ellos menores de edad. Eso no parece defensa contra el terrorismo, entre otras cosas porque ninguno de ellos era terrorista. Tampoco podría calificarse de defendernos del terrorismo al acto de tirar luego granadas a las chozas para borrar todo rastro, y matar a los testigos que quedaban, días y semanas después, para que nadie lo sepa.

Por supuesto que no estaban defendiéndonos del terrorismo los 200 soldados que en mayo de 1988, en respuesta a un ataque de Sendero, incursionaron en Cayara y mataron a 39 civiles que no tenían nada que ver en el asunto. Tampoco era defensa contra el terrorismo lo que hicieron después: saquear casas y quemarlas, desaparecer los cuerpos y asesinar a los testigos. No sé qué forma de defensa contra el terrorismo hizo que, luego, el fiscal que investigaba el caso tuviera que salir huyendo del país, aterrado.

Definitivamente no estaban defendiéndonos del terrorismo los militares que el 14 de marzo de 1991 fueron a buscar a las autoridades de Chuschi por negarse a formar rondas campesinas, montando para ello un falso ataque senderista con disparos y todo, para luego sacar a patadas al alcalde, al secretario del consejo y al teniente gobernador y llevárselos. No, los militares que iban en la patrulla con los señores prisioneros no nos defendían contra el terrorismo cuando, al ser interceptados en el camino por los familiares, que les imploraban información, decidieron no parar sino atropellarlos, para después seguir hacia la base contrasubversiva. No era defendernos contra el terrorismo que nunca más se viera a esos desdichados.

¿Cómo le van a llamar defendernos del terrorismo a lo que hizo la Marina de Guerra cuando el 22 de agosto de 1984 llegó a Pucayacu, o sea, a torturar y matar a cincuenta personas y meterlas en una fosa común? ¿Cómo va a ser defendernos del terrorismo desaparecer a un periodista que llega a la base a pedir explicaciones?

Esos son algunos de los casos en que los culpables e implicados podrán acogerse a la nueva ley de amnistía. Hablamos de aquellos que pudieron ser juzgados y encarcelados: porque varios se hicieron humo, están prófugos o se encuentran viviendo tranquilamente en el extranjero. 

Siempre se podrá hablar de las circunstancias. Entre los defensores de esta gente hay quienes los quieren ver como víctimas con el cerebro dañado justamente por la subversión: rambitos en zona de emergencia con estrés postraumático, humanos al fin y al cabo, con tanta tensión que al simple crujido de una hoja disparaban la metralleta y pucha, luego aparecían los daños colaterales regados en el piso. Qué fácil es hablar de derechos humanos para el que nunca conoció el peligro de una emboscada de Sendero Luminoso.

Pero no. No engañen. No es que cualquier militar que haya estado en zona de guerra haya sido enjuiciado. Llevar al banquillo a uno de estos señores es de las cosas más difíciles que hay.

En los casos judicializados hay gravedad y denominadores comunes: premeditación, cadena de mando, decisiones conscientes. Quienes cometieron estos crímenes tienen un profundo desprecio por una masa de gente rendida, una retorcida idea de la tortura y la muerte como castigo, y la convicción de que tienen derecho a impartirlo. Los diferencia de un hombre desesperado y paranoico el hecho de que sus matanzas tienen plan y boceto: la arquitectura de la muerte.

No hablamos del disparo errado en el calor de una operación armada. Los militares no van a la cárcel por eso. Aquí hablamos de Camión y sus secuaces; del Carnicero de los Andes y su gavilla.

Y no nos hagamos los tontos: en el Perú solo se ha podido judicializar una fracción mínima de estos terroristas de Estado —eso es lo que son—, debido al silencio institucional y al espíritu de cuerpo (que no deja saber dónde están los cuerpos). La masacre de Putis, el horrendo crimen en que militares hicieron cavar a 123 víctimas una “piscigranja” que en verdad sería su propia tumba, ocurrido en 1984, no se conoció hasta el 2001 y a uno de los militares enjuiciados tuvieron que dejarlo libre por falta de pruebas. No es inusual en estos casos, donde el Ejército tiene por horas el control de las pruebas y el monopolio de la escena del crimen.

Con esto digo que lo que hicieron los militares en el Perú es de una atrocidad inocultable, de la que solo sabemos una parte pequeña. La realidad total debe ser espantosa. No importa aquí la comparación (que si se los puede colocar en un mismo saco con los subversivos), hay algo muy inhumano y vergonzoso en validar masacres por razones políticas con una ley como esta, que podría evitar que se haga justicia en los pocos casos en que es posible armar una causa judicial. Hay algo torcido —tal vez irreversiblemente— en que esta ley venga con comparsa y que salga a celebrar, con apapacho a la presidenta, un miembro del Grupo Colina, como si nada. Y así hablan de la apología del terrorismo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 745 año 16, del 15/08/2025

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Perú: Futuro perfecto

César Hildebrandt

"A partir de agosto del 2026, señora, usted tendrá lo que ha hecho tanto por merecer"

No le deseo ningún infortunio a la señora que va a Palacio, pero me temo que apenas deje el cargo que no cesa de manchar le van a llover papeles, audios comprometedores, mensajería de nuevos cuellos blancos, óbolos de waykis, porcentajes. Y la traición hará, como siempre sucede, el viaje de vuelta. Bajo presión, los Quero y los Santiváñez colaborarán eficazmente mientras personajes de menor rango, que ahora ni imaginamos, saldrán a contar lo suyo.

La señora vive en la mugre de la política porque así lo decidió. Nadie le dijo que sucediera a Castillo, esa farsa con sombrero, para aliarse con quienes perdieron las elecciones. Nadie le puso un revólver en la cabeza para que se acostara con el hampa y se levantara convertida en la amante de los Soprano del Congreso. Nadie le dijo que se suicidara moralmente y saliera a defender la ley de Fernando Rospigliosi que amnistía a asesinos uniformados.

No le deseo nada malo a la señora que va a Palacio, pero me temo que a ella le va a suceder lo peor. Y lo peor que puede pasarle a alguien de su calaña es que se quiera más cada día y que a cada hora le crezca, como hierba salvaje, la autoestima. Eso ya está ocurriendo.

En su maratón de lectura del 28 se la vio más empoderada que nunca y alcanzando cumbres del cinismo. Y ahora que desafía el orden internacional achorándose con la Corte Interamericana de Derechos Humanos o enemistándonos inútilmente con Bolivia, uno percibe que la señora ha decidido cavar su tumba con más energía que nunca.

Las cosas no son como se las han descrito sus asesores, señora Boluarte. Se siente usted la reina Victoria de un reino tan poderoso como imaginario que hasta se atreve a dar lecciones a sus vecinos, pero lo cierto, señora, es que usted preside ilegalmente un país atravesado por el crimen organizado. Y usted no es Victoria, sino la pantalla de un Congreso dominado por la oscuridad. Victoria se casó con su primo Alberto de Sajonia y con él tuvo nueve hijos. Usted se ha casado con Keiko Fujimori y César Acuña y de esa unión sólo nacerán gárgolas de adobe.

Cuando el artículo 117 de la Constitución no la proteja, acudirán a su casa los fiscales, señora Boluarte. Que sus abogados la protejan, que los jueces sean justos. Y en ese trance, tendrá usted que probar que no merece la consagrada figura de la autoría mediata en el caso de los asesinatos de diciembre del 2022 y enero del 2023. Pero tendrá que defenderse también del cargo inminente de encabezar una organización criminal que, en combinación con el Congreso dominado por el hampa, favoreció el delito con leyes que parecían tener nombre propio.

Usted es de las peores cosas que le podían pasar al país. Y la gente la desprecia no porque usted sea una mujer andina –ya quisiera tener usted la modesta sabiduría de muchísimas mujeres andinas– sino porque usted ha demostrado que lo único que le importa es el cargo, los ritos, el oropel, los húsares, el dinero, la apariencia insolente de un éxito que necesita de policías y soplones.

A partir de agosto del 2026, señora, usted tendrá lo que ha hecho tanto por merecer. No me complaceré viéndola en esos trances, pero tampoco diré que el destino ha sido cruel. La verdad es que fui educado en el respeto especial a las mujeres. Viví en una casa en la que mi madre tenía el rol protagónico y donde mis tres hermanas la secundaban. Me habría gustado ver en usted a una mujer con la que se podía discrepar pero a quien debíamos, por su cargo, rendir honores. Pero usted, señora, se ha escudado en la infamia y ha envilecido aún más la política de este país que dice representar. La historia ya la juzgó, señora Boluarte. Ahora falta que la juzguen los magistrados de alguna sala penal. Eso será inevitable.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 743 año 16, del 01/08/2025

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De Washington y Jefferson a Trump y Rubio: Amenazas para hacer elegir a una ficha

Hernando Calvo Ospina

A excepción de John Adams y su hijo, John Quincy, los primeros 12 presidentes de Estados Unidos, algunos de ellos denominados «Padres Fundadores», no solo tuvieron cientos de esclavos sino que implementaron medidas para quitarle a los nativos sus tierras y encerrarlos en campos de concentración, que se denominaron reservas. George Washington, principal Padre Fundador, al que la historia inmaculó, estuvo acompañado de algunos de sus esclavos cuando prestó juramento como primer presidente en el balcón del Federal Hall, ubicado en Wall Street, Nueva York, el 30 de abril de 1789. Es muy importante recordar que esa calle, de ocho cuadras, había sido inaugurada el 13 de diciembre de 1711 como la primera bolsa de valores de Estados Unidos, pero para subastar esclavos.

Y aunque resulte difícil de creer, en la misma calle, a pocos pasos de donde se estaban negociando negros y algunos indígenas rebeldes, Washigton también aprobó la Carta de Derechos, con las diez primeras enmiendas de la Constitución, el 15 de diciembre de 1791, la que se convirtió en símbolo de libertad e igualdades en esa nación, aunque los indígenas no eran considerados ciudadanos, y las mujeres tuvieron bien restringidos sus derechos hasta 1920.

Thomas Jefferson, otro Padre Fundador, redactor de la Declaración de Independencia, uno de los más esclavistas y ferviente promotor de las reservas indígenas, fue nombrado por Washington como el primer secretario de Estado de esa nación, 1790-1793. Antes había estado cumpliendo funciones diplomáticas en Francia, entre 1785-1789.

Pues bien, esos dos blancos supremacistas, esclavistas, racistas y menospreciadores de mujeres fueron los arquitectos de la diplomacia estadounidense.

Es «normal», entonces, el desprecio que los presidentes y sus secretarios de Estado han demostrado desde entonces por la inmensa mayoría de pueblos en el mundo, donde los seres son simples mercancías o estorbos a liquidar para el desarrollo de su voracidad imperial.

Desde entonces los secretarios de Estado han debido ir por el mundo contando sobre los crímenes, masacres y genocidos, hechos y por hacer, mientras presionan para que se les apoye. La prepotencia que les da el poder ha llevado a que muchos sean ruines y prepotentes en la manera de defender lo indefendible. Otros han sabido explicar esos ríos de sangre: Se invade y se mata por el bien de las víctimas y los «valores democráticos». Y dejan a buena parte de la humanidad convencida de las buenas intenciones de su nación.

De este último grupo, los expertos en política internacional mencionan los contemporáneos: John Foster Dulles, bajo Eisenhower (1953-1959); Madeleine Albright, primera mujer secretaria de Estado (1997-2001), bajo Clinton; Colin Powell, primer afroamericano secretario de Estado (2001-2005), bajo Bush; Hillary Clinton (2009-2013), bajo Obama; Antony Blinken (2021-2025), bajo Biden. Existe uno que merece mención especial: Henry Kissinger, secretario de Estado bajo Nixon y Ford (1973-1977). A pesar de haber participado como autor intelectual de tantos crímenes contra la humanidad le fue dado el premio Novel de la Paz. Es quizás el secretario de Estado más inteligente, manipulador y maquiavélico que ha tenido ese país.

Existen también los peores secretarios de Estado en la historia de Estados Unidos. Obtuvieron ese «reconocimiento» público porque no tuvieron lo esencial para el cargo: liderazgo con experiencia en política exterior, capacidad de negociación, conocimiento de los organismos internacionales y una visión estratégica para asesorar al presidente y representar al país en el exterior. Estos serían: Warren Christopher (1993-1997), con Clinton. Considerado un burócrata poco carismático y malo para la resolución de crisis internacionales. Rex Tillerson (2017-2018), aunque venía de ser presidente de la petrolera ExxonMobil, fue pésimo diplomático y ni supo llevar la gestión interna del Departamento. Algunos aseguraron que era un completo «idiota». Mike Pompeo (2018-2021), durante Trump. Aunque antes había estado al frente de la CIA, la valoración de los expertos es mayormente negativa. The New York Times lo señaló como el peor entre los peores en la historia de Estados Unidos.

Llama la atención que los dos secretarios de Estado que tuvo el primer gobierno de Trump están en esa lista de los pésimos. Hubo un «interino», John Sullivan, que duró 25 días, pero de ese nadie se acuerda.

Una de los organismos internacionales que debe atender el secretario de Estado es la Organización de Estados Americanos, OEA. Tiene sede en Washington, por decisión de Washington. Fundada en Bogotá el 30 de abril de 1948, cuando Colombia empezaba a estar sumida en lo se conocería como la «época de la violencia», la que ha durado hasta hoy. Se creó en el contexto de posguerra e inicio de la Guerra Fría. Para Estados Unidos era imperativo tener a los países del continente bajo su dominio, previendo que la Unión Soviética y su «comunismo» llegaran para alterar su poder. En la capital colombiana se suscribió la Carta de la Organización, la cual fue redactada en Washington pero presentada por la delegación colombiana, convirtiéndose en la base ideológica de la Guerra Fría. Su primer secretario general fue Alberto Lleras Camargo, un colombiano de absoluta confianza de Estados Unidos, quien ocupó el cargo hasta 1954, moldeando a la OEA según los intereses del patrón.

Quizas el acto más simbólico que demostró para qué serviría la OEA, sucedió el 31 de enero de 1962, durante una conferencia ministerial en Punta del Este, Uruguay: se expulsó a Cuba. Se argumentó que la isla revolucionaria se había alineado con la Unión Soviética y el comunismo, lo que era «incompatible» con el sistema interamericano. Luego de ello, el comandante Fidel Castro utilizó una frase que la desnudó: era el «ministerio de colonias» estadounidense.

La OEA ha servido para que Washington ordene sus deseos. Ha sido útil para legalizar acciones que atentan contra la soberanía de sus otros miembros. Nunca ha servido para evitar tantos golpes de Estado preparados por Washington contra gobiernos elegidos democráticamente. Y cuando algunos gobiernos han rechazado lo decidido por Washington, rara vez se les ha prestado atención. Uno de sus objetivos ha sido el defender al continente de agresiones exteriores, pero cuando Argentina quiso recuperar las Malvinas e Inglaterra envió sus tropas, Estados Unidos, Colombia y la dictadura de Pinochet le dieron la espalda.

Su secretario general debe ser elegido por votación, pero debe tener la bendición de Washington. El penúltimo de ellos, Luis Almagro, uruguayo, está considerado como el peor de todos: no sólo sembró la división y la cizaña entre sus miembros, sino que ha sido el más arrastrado a los intereses de Estados Unidos. Venía de ser ministro de Relaciones Exteriores del presidente José Mujica cuando fue elegido en 2015 y reelegido en el 2000. Ebrard Casaubón, quien fuera responsable de las Relaciones Exteriores de México dijo de la gestión de Almagro: «Es una de las peores en la historia (…) Ha tomado muy dudosas actuaciones como el caso de Bolivia que prácticamente facilitaron un golpe» , contra Evo Morales.

Los gobiernos que no siguieron la agenda de Washington se volvieron enemigos de Almagro, siendo Venezuela y Nicaragua sus principales frentes de guerra. Y lo siguieron siendo aunque las dos naciones se retiraron de la Organización. Igual ha sucedido con Cuba, después de 63 años de expulsada. Cuando se dio la gran grave crisis económica y humanitaria en Venezuela, principalmente entre 2015 y 2021, debido al bloqueo económico impuesto por EE.UU. y sus aliados europeos, Almagro llamó abiertamente a una invasión al país bolivariano para imponer un gobierno «no hostil» a Washington.

Y para las campañas contra los gobiernos revolucionarios y progresistas Almagro se apoyó en personas que hacían eco a su mensaje, que, ya sabemos, era la voz del departamento de Estado. Una de ellas, como parte de la «escuela Almagro», estuvo Rosa María Payá, de origen cubano.

Ella es hija del «disidente» Oswaldo Payá, muerto cuando el vehículo en que viajaba se estrelló contra un árbol, 22 de julio 2012. A pesar de que el ciudadano español que lo acompañaba aseguró que había sido por exceso de velocidad, Rosa María empezó a repetir por todas partes que el gobierno de Cuba había propiciado el hecho. Nunca le ha importado que la Audiencia Nacional de España también dictaminara lo del accidente.

Pronto aprendió que para ablandar los auditorios siempre debía empezar mencionando la muerte de su padre, con voz y rostro compungidos. También repite, casi angustiada, que es una perseguida de la «dictadura castrista», por lo que no puede volver a Cuba: esconde las numerosas ocasiones que viajó a la isla sin ser molestada, disponiendo aún de residencia legal. Sacando lástima se convirtió en parte importante de las campañas difamatorias estadounidenses.

Así, bajo la sombra de Almagro y de otros políticos de la extrema derecha del sur de la Florida, como un tal senador Marco Rubio, también ha dirigido sus dardos contra gobiernos progresistas como los del brasileño Luiz Inácio Lula, del mexicano Andrés Manuel López Obrador y del colombiano Gustavo Petro. Hasta criticó al chileno Gabriel Boric, que de progresista ha tenido poco.

Eso sí, ha sido constante y sistemática para atacar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua: si se le escucha, no es necesario buscar qué dice el departamento de Estado sobre ellos.

Trabajando en los proyectos que Washington necesitaba, Almagro y Payá se volvieron uña y carne, llegándose a decir que su relación sobrepasaba los intereses políticos e ideológicos. El exjefe de la OEA le ayudó a conseguir financiamiento hasta por dos millones de dólares anuales, mientras le abría puertas de instituciones mundiales. Con los dólares facilitados por la USAID, la NED, la OEA y otras organizaciones afines a Washington para su presunto trabajo por los derechos humanos, Rosa María Payá ha logrado poseer un buen capital personal, que incluye lujosas propiedades en EEUU.

Este 30 de mayo asumió como nuevo Secretario General de la OEA el surinés Albert Ramdin. Cuando se creía que la Organización tomaría una nueva dinámica, el 27 de junio Rosa María Payá fue elegida miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, durante las 55 Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda, para el período 2026-2029. México, Brasil, Colombia y Chile estuvieron entre los opuestos a su nominación, pero donde manda capitán, no manda marinero, se dice: era la ficha de Estados Unidos, presentada oficialmente días antes por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, también de origen cubano.

«Estados Unidos, sostuvo Rubio en un comunicado, insta a los demás Estados miembros de la OEA a apoyar la candidatura de Rosa María Payá y ayudar a garantizar que la CIDH siga siendo un defensor fuerte, íntegro y creíble de los derechos humanos para todos». En el mismo definió a Payá como «una defensora de los derechos humanos y la democracia, con principios, valiente y profundamente comprometida», capaz de servir a la región «con independencia, integridad y un firme compromiso con la justicia».

Sin llevar la firma de Rubio, el Departamento de Estado adjuntó que Payá es «una defensora de la democracia, líder de los derechos humanos y experta en políticas latinoamericanas de prestigio internacional (…) reconocida por su labor en la promoción de la libertad, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en todo el Hemisferio Occidental».

Para contestar a tal panegírico solo es necesario conocer un poco la «trayectoria» de Payá y compararla con la resolución emanada de la Asamblea General de la OEA en Lima 2022. Ahí se establecieron parámetros que los Estados miembros deberían de seguir en sus procesos de nominación y evaluación de candidatos para los órganos de la OEA: observar siempre «el cumplimiento de los requisitos de independencia, imparcialidad, alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos», además de tener conocimiento y experiencia en temas propios del sistema interamericano de derechos humanos.

En el caso de la señora Payá debe empezar ya mismo a educarse para no hacer el ridículo; para que no se note mucho que fue impuesta, no elegida a voluntad de los miembros.

Ella tiene un título de Física por la Universidad de La Habana; fue formada en programas de «liderazgo» en la Universidad de Georgetown. Estos «programas» son becas que el régimen estadounidense ofrece a jóvenes de países con gobiernos considerados opuestos a sus intereses.

Rosa María Payá es fundadora y casi única miembro de Cuba Decide, que, según el Departamento de Estado, encabeza «el movimiento prodemocracia más prominente» en la isla. Apoyada por Almagro y la extrema derecha de la Florida fue ubicada como directora ejecutiva de la fantasmal Fundación para la Democracia Panamericana, para promover «la seguridad regional, los derechos humanos y la estabilidad democrática».

En Washington se sabe que podrían dar un premio a quien en Cuba conozca de las actividades de Payá, pues son personas y aparatos utilizados para realizar un trabajo internacional contra la imagen de la revolución y de los gobiernos que se necesite.

Tras conocerse la nominación, Payá se mostró «profundamente honrada» y agradeció al secretario de Estado por respaldarla. En la red social X prometió «servir a todos los pueblos de las Américas». «Mis prioridades son claras: proteger a quienes más lo necesitan, defender la democracia, garantizar una comisión eficaz y transparente, y acercar el sistema a los más vulnerables».

Ah, pero no se pudo contener y arremetió contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio considera «enemigos de la humanidad». Afirmó Payá: «Las Américas han pagado un muy alto precio por tolerar el régimen cubano tanto tiempo». «Nos corresponde a nosotros, las mujeres y los hombres de las Américas, acabar de una vez por todas con la cabeza del pulpo autoritario y con todos sus tentáculos, que tanto dolor han causado a nuestras naciones».

Pero… Marco Rubio debió insistir el viernes en la mañana, antes de la elección, pues seguía dudando que su ficha fuera elegida: «Rosa María aporta la dignidad y la determinación necesarias para abordar los mayores desafíos de la Comisión con soluciones innovadoras».

Por ello el jueves, durante la Asamblea, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, debió hablar duro y clarito, exigiendo con amenazas y chantajes que se votara por Payá. Lo central fue la advertir sobre el hartazgo de la administración Trump con la OEA, la que no había podido acabar con el gobierno bolivariano de Venezuela. Y esto ponía en duda la futura permanencia de Estados Unidos en ella.

Si se hubiera tenido dignidad habrían aplaudido esa posibilidad, pues, además, ya existe un organismo donde no están Estados Unidos ni Canadá: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, creado en el 2010, reagrupando a 33 naciones y a más de 600 millones de habitantes.

Dijo Landau: «Como ustedes sabrán, el presidente (Donald) Trump emitió una orden ejecutiva en los primeros días de esta Administración indicando al Secretario de Estado (Marco Rubio) que, en seis meses, revisará todas las organizaciones internacionales de las que Estados Unidos es miembro para determinar si dicha membresía está en los intereses de Estados Unidos y si dichas organizaciones pueden ser reformadas (…) y obviamente la OEA es una de las organizaciones que estamos revisando».

Y terminó recordando que Estados Unidos apoyaba la nominación de Payá, y no podía quedar afuera cuando la administración Trump considera que la OEA no hace nada sustancial contra las dictaduras en América Latina, que son, ya sabemos: Cuba, Venezuela y Nicaragua…

Vamos a ver qué sucede con el nuevo secretario General, Albert Ramdin, quien siendo ministro de Relaciones Exteriores de Surinam se negó a caracterizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como dictadura. Ya Rubio le ha lanzado cuestionamientos.

Los secretarios de Estado siempre han utilizado el chantaje y la amenaza para lograr los objetivos, pero tener que hacerlo como lo hizo Marco Rubio para que su ficha fuera elegida demostró el poco respeto y confianza que inspira en América Latina y el Caribe. Y ni se diga de lo poco que significa en el resto del mundo. Razón tenía Trump cuando lo trató de «the little Marco». Quizás en el futuro próximo sea considerado como el cuarto peor secretario de Estado en la historia diplomática de ese régimen. Y el tercero del régimen Trump. ¡Sería un récord mundial!

Fuente: https://venezuela-news.com/de-washington-y-jefferson-a-trump-y-rubio-amenazas-para-hacer-elegir-a-una-ficha-por-hernando-calvo-ospina/

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https://www.leerydifundir.com/2025/07/washington-jeffe…elegir-una-ficha/

Es hora de desenmascarar a los escuadrones de detención y deportación del Gobierno de Trump

Amy Goodman y Denis Moynihan

Cada día que pasa, la violencia ejercida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se vuelve más intensa y generalizada. Un ejemplo brutal y representativo de ello fue el reciente arresto violento de Narciso Barranco en la ciudad californiana de Santa Ana. Narciso, un esforzado trabajador inmigrante de 48 años que llegó a Estados Unidos procedente de México hace más de treinta años, es padre de tres infantes de la marina estadounidense. El 21 de junio, mientras hacía trabajos de jardinería en el exterior de un restaurante de la cadena IHOP, Narciso fue abordado por al menos siete hombres armados y enmascarados, que lo derribaron contra el suelo y lo golpearon repetidas veces en la cabeza. Posteriormente, lo esposaron y lo introdujeron a la fuerza en una camioneta sin distintivos. Los agentes, vestidos de civil, tenían sus rostros cubiertos y llevaban puestos chalecos antibalas y cascos de uso militar. Algunos de los chalecos tenían en la espalda la inscripción “Policía-Patrulla Fronteriza de EE.UU.”, pero una persona que es abordada por estos escuadrones no ve ningún nombre, insignia o marca identificatoria en el frente.

Uno de los hijos de Narciso, Alejandro Barranco, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, pudo visitar a su padre en la cárcel. Narciso todavía vestía la misma ropa de trabajo que quedó ensangrentada luego del violento arresto.

Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Alejandro expresó: “Se lo veía golpeado, maltratado; parecía derrotado. Estaba triste. […] Cualquiera se asustaría al ver a estos tipos acercarse, armados, enmascarados y sin uniforme”.

El miembro del Concejo Municipal de Santa Ana Jonathan Hernández, quien también participó de la entrevista con Democracy Now!, dijo al respecto: “Estamos viendo cómo se intensifica la violencia y crece la discriminación racial [en el accionar de las fuerzas de seguridad] en ciudades como Santa Ana, donde el 41% de nuestros residentes son migrantes, el 70% de ellos de origen latino. […] Los agentes irrumpen en nuestras comunidades, se niegan a identificarse, no presentan órdenes judiciales… Estas redadas del Servicio de Inmigración son un ejemplo de la extralimitación del Gobierno”.

A mediados de junio, el presidente Trump suspendió por un breve lapso las redadas migratorias en granjas y establecimientos agrícolas, hoteles y restaurantes, con el aparente objetivo de asegurar que estas industrias clave que lo han apoyado en el pasado continúen haciéndolo. Al respecto, Trump escribió en redes sociales: “Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy buenos y con muchos años de experiencia, y que esos puestos de trabajo son casi imposibles de reemplazar”.

Poco después, el mandatario estadounidense dio marcha atrás. La breve pausa reveló una verdad fundamental sobre los inmigrantes indocumentados: la economía estadounidense no funciona sin ellos. Sin embargo, a instancias del jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el Servicio de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza continúan deteniendo y deportando a los trabajadores de los que depende la economía estadounidense.

Hay algunos sectores de la economía del país que están prosperando en medio de las deportaciones masivas. Desde la elección de Trump como presidente, la compañía penitenciaria privada GEO Group ha visto aumentar el valor de sus acciones en más de un 50%. Palantir, la empresa de tecnología e inteligencia artificial cofundada por el multimillonario y partidario de Trump Peter Thiel, ha experimentado en el último año un alza bursátil superior al 500%. Informes recientes indican que Palantir está desarrollando tecnología para rastrear, casi en tiempo real, los movimientos de inmigrantes en Estados Unidos. Según la organización Project on Government Oversight —POGO, por su acrónimo en inglés—, en su declaración financiera, Stephen Miller detalló tener hasta 250.000 dólares en acciones de Palantir.

Mientras tanto, la mayoría republicana en la Corte Suprema de Estados Unidos le ha concedido a Trump un fallo favorable en relación con las deportaciones. Varios inmigrantes presentaron demandas contra el Gobierno estadounidense para detener o revocar las deportaciones a Guatemala, Sudán del Sur y Libia. Un juez federal del estado de Massachusetts había emitido en abril una orden judicial contra estas llamadas “expulsiones a terceros países”. Esta semana, los seis jueces conservadores del máximo tribunal estadounidense revocaron esa orden judicial sin emitir comentarios. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon del fallo de la mayoría y escribieron que la “conducta flagrantemente ilegal” del Gobierno de Trump, respaldada por la Corte Suprema, “está exponiendo a miles de personas al riesgo de sufrir actos de tortura o la muerte”.

La resistencia se mantiene activa, crece día a día y está teniendo un impacto significativo. La presión social y diversas batallas legales han logrado la liberación de varios estudiantes extranjeros que han sido arrestados por mostrar solidaridad con el pueblo palestino, entre los que se encuentran Rümeysa Öztürk y Mohsen Mahdawi, así como Mahmoud Khalil, el primer estudiante propalestino en ser arrestado y amenazado con la deportación.

Asimismo, la sostenida presión social, legal y por parte de varios congresistas estadounidenses forzó al Gobierno de Trump a traer de regreso al país a Kilmar Abrego García, un padre de familia del estado de Maryland [deportado en marzo]. Durante el primer mandato de Trump, en 2019, Abrego García recibió asilo en Estados Unidos debido a las amenazas creíbles que recibió por parte de una pandilla salvadoreña. Sin embargo, el pasado 12 de marzo, Abrego García fue arrestado en un estacionamiento y enviado, en violación de una orden judicial, a El Salvador.

Ante la enorme presión legal y popular, el Gobierno de Trump finalmente devolvió a Abrego García a Estados Unidos. A pesar de esa victoria, apenas concretado su regreso, el Gobierno federal volvió a detener a Abrego García, bajo la acusación de trata de personas por haber trasladado, años atrás, a inmigrantes indocumentados dentro del territorio estadounidense. Este padre de familia de Maryland permanece bajo custodia federal en el estado de Tennessee y todo indica que, si es liberado, el Servicio de Inmigración intentará deportarlo.

Mientras tanto, Narciso Barranco se encuentra detenido en un centro del Servicio de Inmigración en Los Ángeles, mientras dos de sus hijos continúan en servicio activo en la Infantería de Marina de Estados Unidos, no muy lejos de allí, en la base de Fort Pendleton. Ya es hora de desenmascarar a estos violentos escuadrones que intimidan y arrestan a personas como Narciso y de poner fin a las detenciones y deportaciones masivas, racistas y xenófobas, promovidas por Trump.

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

https://www.democracynow.org/es/2025/6/27/es_hora_de_desenmascarar_a_los

https://www.leerydifundir.com/2025/07/hora-desenmascar…l-gobierno-trump/

Perú: Dina, el feminismo te repudia

Rocío Silva Santisteban

"Fue su genuflexión ante el poder del fujimorismo que la puso en ese puesto para deshacer la democracia desde adentro"

Hoy el feminismo en el Perú no está solo en las ONG de Lima. El corazón y las venas que palpitan en diversas regiones de nuestro país con movilizaciones en Cusco, Huamanga, Moyobamba o monitoreos de feminicidios en Tacna y batucadas en Arequipa y Huancavelica son quienes le dan su oxígeno y sangre al feminismo peruano. Jóvenes quechuahablantes que activan en Wayra Warmikuna (Apurímac), o poetas que toman las calles como La Nueva Equitativa, en Cusco –claro homenaje a Clorinda Matto de Turner– o el Colectivo Trenzar en Lima, con la apuesta de una casa abierta, entretejen una nueva cara, poderosa, verde, joven y diversa, que ha cambiado radicalmente al feminismo peruano y a sus instituciones.

Desde esos nuevos aires, las colectivas, espacios fundacionales y feminismos diversos han cuestionado de arranque la presidencia de Dina Boluarte. Exacto: ese mismo 7 de diciembre de 2022 en que la vicepresidenta de Pedro Castillo decidió traicionarlo (“si a mi presidente lo vacan, me voy con él”) y entornillarse en el sillón presidencial hasta el 2026, las acciones de cuestionamiento al comportamiento de Boluarte han ido creciendo en rechazo y repudio.

“Ninguna mujer con Dina” ha sido una de las consignas en calles, polos y banners, junto con la repetida en calles del sur andino: “Esta democracia ya no es democracia”.  El asesinato de 49 compatriotas por marchar y defender su voto –especialmente la tremenda masacre de Juliaca, 18 muertes en una sola tarde– inflamaron la indignación de muchas mujeres del sur andino que, como Edith Ramos, cantautora puneña, entonó a capella una canción que minutos antes había compuesto: “Que cante el pueblo su dolor/ Deja que lloren a sus muertos/ Deja que griten su indignación //Qué buscas con acallarlo/ qué buscas con desangrarlo/ qué buscas con desunirlo…” y estaba dirigida a DinAsesina, así como el muñecón quemado un año después en la plaza de armas de Juliaca.

No es cierto, por lo tanto, que el feminismo se haya quedado callado ante la incompetencia, mendacidad, frivolidad y autoritarismo de una presidenta que, en lugar de representar a las mujeres, está desarmando al Ministerio de la Mujer en coordinación con los sectores ultraconservadores, para traerse abajo las políticas de igualdad y de asistencia a la violencia de género que tantos años nos ha costado de lucha. No solo eso, además se ha victimizado en un intento de exculpar sus responsabilidades y echársela a los medios por “acoso político”. Esa instrumentalización de los derechos de las mujeres es perversa. Y no olvidemos que Boluarte se plegó a la canonización del corrupto exdictador cuando falleció decretando tres días de pompas fúnebres: fue su genuflexión ante el poder del fujimorismo que la puso en ese puesto para deshacer la democracia desde adentro. 

Contra esta posición han escrito en los diarios múltiples voces feministas –Irma del Águila, Cecilia Méndez, ­Indira Huilca, Mirtha Vásquez– e institucionalmente Manuela Ramos en febrero de 2023 señaló que Boluarte “no es la primera presidenta sino la primera dictadora”. El 13 de octubre de 2023 se realizó en Chaclacayo el Encuentro Feminismos Diversos por el Buen Vivir, cuyo lema principal era “contra la dictadura de Dina Boluarte”, con la participación de más de doscientas mujeres feministas de todo el Perú. E incluso el 17 de diciembre del 2022 DEMUS publicó un pronunciamiento que señalaba claramente “condenamos la instrumentalización que hace Dina Boluarte de su condición de mujer y la lucha por la #IgualdadDeGéneroYA para negar el legítimo rechazo de la población a su gobierno”.

Esta columna no es una respuesta al editorial de César Hildebrandt de dos semanas atrás, pero en parte es su efecto. Conozco a César desde 1986 en que trabajaba en la revista Sí y, por eso mismo, me sorprendió su editorial, especialmente porque considero que él es una persona ultrainformada. ¿Por qué hemos sido una vez más invisibilizadas en nuestra respuesta rotunda a DinAsesina?

El tema lo dejo como pregunta abierta.

Pero sí quiero dejar en claro lo siguiente: la lucha por nuestros derechos en nuestras diversidades pasa por priorizar que el cuestionamiento de base es contra el patriarcado machista latinoamericano, sus discursos estereotipados y sus prácticas violentas. El enemigo no son los varones sino el orden patriarcal. Un enemigo sostenido, muchas veces como en los casos de Dina y Keiko, por las propias mujeres. Lo dijo Steven Biko hace muchos años: no hay mejor arma del opresor que la mente del oprimido. En efecto, Dina es el producto dúctil del patriarcado y la estupidez humana: su frivolidad, insensibilidad, lascivia por el poder y contradicciones lo demuestran.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 737 año 16, del 13/06/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2025/06/peru-dina-feminismo-te-repudia/