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28 de junio de 2025

Es hora de desenmascarar a los escuadrones de detención y deportación del Gobierno de Trump

Amy Goodman y Denis Moynihan

Cada día que pasa, la violencia ejercida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se vuelve más intensa y generalizada. Un ejemplo brutal y representativo de ello fue el reciente arresto violento de Narciso Barranco en la ciudad californiana de Santa Ana. Narciso, un esforzado trabajador inmigrante de 48 años que llegó a Estados Unidos procedente de México hace más de treinta años, es padre de tres infantes de la marina estadounidense. El 21 de junio, mientras hacía trabajos de jardinería en el exterior de un restaurante de la cadena IHOP, Narciso fue abordado por al menos siete hombres armados y enmascarados, que lo derribaron contra el suelo y lo golpearon repetidas veces en la cabeza. Posteriormente, lo esposaron y lo introdujeron a la fuerza en una camioneta sin distintivos. Los agentes, vestidos de civil, tenían sus rostros cubiertos y llevaban puestos chalecos antibalas y cascos de uso militar. Algunos de los chalecos tenían en la espalda la inscripción “Policía-Patrulla Fronteriza de EE.UU.”, pero una persona que es abordada por estos escuadrones no ve ningún nombre, insignia o marca identificatoria en el frente.

Uno de los hijos de Narciso, Alejandro Barranco, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, pudo visitar a su padre en la cárcel. Narciso todavía vestía la misma ropa de trabajo que quedó ensangrentada luego del violento arresto.

Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Alejandro expresó: “Se lo veía golpeado, maltratado; parecía derrotado. Estaba triste. […] Cualquiera se asustaría al ver a estos tipos acercarse, armados, enmascarados y sin uniforme”.

El miembro del Concejo Municipal de Santa Ana Jonathan Hernández, quien también participó de la entrevista con Democracy Now!, dijo al respecto: “Estamos viendo cómo se intensifica la violencia y crece la discriminación racial [en el accionar de las fuerzas de seguridad] en ciudades como Santa Ana, donde el 41% de nuestros residentes son migrantes, el 70% de ellos de origen latino. […] Los agentes irrumpen en nuestras comunidades, se niegan a identificarse, no presentan órdenes judiciales… Estas redadas del Servicio de Inmigración son un ejemplo de la extralimitación del Gobierno”.

A mediados de junio, el presidente Trump suspendió por un breve lapso las redadas migratorias en granjas y establecimientos agrícolas, hoteles y restaurantes, con el aparente objetivo de asegurar que estas industrias clave que lo han apoyado en el pasado continúen haciéndolo. Al respecto, Trump escribió en redes sociales: “Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy buenos y con muchos años de experiencia, y que esos puestos de trabajo son casi imposibles de reemplazar”.

Poco después, el mandatario estadounidense dio marcha atrás. La breve pausa reveló una verdad fundamental sobre los inmigrantes indocumentados: la economía estadounidense no funciona sin ellos. Sin embargo, a instancias del jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el Servicio de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza continúan deteniendo y deportando a los trabajadores de los que depende la economía estadounidense.

Hay algunos sectores de la economía del país que están prosperando en medio de las deportaciones masivas. Desde la elección de Trump como presidente, la compañía penitenciaria privada GEO Group ha visto aumentar el valor de sus acciones en más de un 50%. Palantir, la empresa de tecnología e inteligencia artificial cofundada por el multimillonario y partidario de Trump Peter Thiel, ha experimentado en el último año un alza bursátil superior al 500%. Informes recientes indican que Palantir está desarrollando tecnología para rastrear, casi en tiempo real, los movimientos de inmigrantes en Estados Unidos. Según la organización Project on Government Oversight —POGO, por su acrónimo en inglés—, en su declaración financiera, Stephen Miller detalló tener hasta 250.000 dólares en acciones de Palantir.

Mientras tanto, la mayoría republicana en la Corte Suprema de Estados Unidos le ha concedido a Trump un fallo favorable en relación con las deportaciones. Varios inmigrantes presentaron demandas contra el Gobierno estadounidense para detener o revocar las deportaciones a Guatemala, Sudán del Sur y Libia. Un juez federal del estado de Massachusetts había emitido en abril una orden judicial contra estas llamadas “expulsiones a terceros países”. Esta semana, los seis jueces conservadores del máximo tribunal estadounidense revocaron esa orden judicial sin emitir comentarios. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon del fallo de la mayoría y escribieron que la “conducta flagrantemente ilegal” del Gobierno de Trump, respaldada por la Corte Suprema, “está exponiendo a miles de personas al riesgo de sufrir actos de tortura o la muerte”.

La resistencia se mantiene activa, crece día a día y está teniendo un impacto significativo. La presión social y diversas batallas legales han logrado la liberación de varios estudiantes extranjeros que han sido arrestados por mostrar solidaridad con el pueblo palestino, entre los que se encuentran Rümeysa Öztürk y Mohsen Mahdawi, así como Mahmoud Khalil, el primer estudiante propalestino en ser arrestado y amenazado con la deportación.

Asimismo, la sostenida presión social, legal y por parte de varios congresistas estadounidenses forzó al Gobierno de Trump a traer de regreso al país a Kilmar Abrego García, un padre de familia del estado de Maryland [deportado en marzo]. Durante el primer mandato de Trump, en 2019, Abrego García recibió asilo en Estados Unidos debido a las amenazas creíbles que recibió por parte de una pandilla salvadoreña. Sin embargo, el pasado 12 de marzo, Abrego García fue arrestado en un estacionamiento y enviado, en violación de una orden judicial, a El Salvador.

Ante la enorme presión legal y popular, el Gobierno de Trump finalmente devolvió a Abrego García a Estados Unidos. A pesar de esa victoria, apenas concretado su regreso, el Gobierno federal volvió a detener a Abrego García, bajo la acusación de trata de personas por haber trasladado, años atrás, a inmigrantes indocumentados dentro del territorio estadounidense. Este padre de familia de Maryland permanece bajo custodia federal en el estado de Tennessee y todo indica que, si es liberado, el Servicio de Inmigración intentará deportarlo.

Mientras tanto, Narciso Barranco se encuentra detenido en un centro del Servicio de Inmigración en Los Ángeles, mientras dos de sus hijos continúan en servicio activo en la Infantería de Marina de Estados Unidos, no muy lejos de allí, en la base de Fort Pendleton. Ya es hora de desenmascarar a estos violentos escuadrones que intimidan y arrestan a personas como Narciso y de poner fin a las detenciones y deportaciones masivas, racistas y xenófobas, promovidas por Trump.

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

https://www.democracynow.org/es/2025/6/27/es_hora_de_desenmascarar_a_los

23 de febrero de 2025

Las tenebrosas sombras del fascismo se ciernen sobre Alemania y Estados Unidos

Amy Goodman y Denis Moynihan

“Nada es más indigno para un pueblo civilizado que dejarse 'gobernar', sin oponer resistencia, por una camarilla irresponsable de dirigentes guiados por instintos sombríos”. Así comienza el primer comunicado de la Rosa Blanca, un grupo clandestino de resistencia contra el nazismo integrado por jóvenes alemanes de la ciudad de Múnich, entre los que se encontraban los hermanos Hans y Sophie Scholl. Entre 1942 y 1943, el colectivo difundió seis panfletos en los que denunciaban el exterminio masivo de judíos, romaníes y otras comunidades, e instaban a la resistencia. Querían asegurarse de que, al finalizar la guerra, la población alemana no pudiera decir que no sabía nada de las atrocidades cometidas por los nazis. El grupo finalizó su cuarto panfleto con la frase: “No nos quedaremos callados”.

El Partido Nazi fue fundado en 1920, también en la ciudad de Múnich. Hace casi exactamente cien años, el 27 de febrero de 1925, Adolf Hitler pronunció un discurso ante una asamblea de 3.000 personas en una cervecería de Múnich. Recién salido de prisión por su participación en un golpe de Estado fallido, Hitler estaba relanzando el partido y afianzándose como su líder indiscutido.

En la actualidad, 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Donald Trump está siendo acusado de echar por tierra el orden internacional que ha prevalecido desde entonces. Esto quedó claro la semana pasada en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dio un discurso que fue ampliamente considerado como una ominosa arenga contra la sostenida postura de las democracias europeas de mantener relegados a los partidos de extrema derecha en sus respectivos países.

“No se puede obtener un mandato democrático censurando o encarcelando a los oponentes”, sermoneó Vance, pareciendo ignorar que en los mítines de su agrupación política, el Partido Republicano, justamente se corea ‘¡Que lo encierren!’ o ‘¡Que la encierren!’, en referencia a sus oponentes. En su alocución, Vance arremetió también contra minorías raciales y étnicas, una manifestación poco afortunada de hacer en la ciudad donde Hitler inició su carrera política.

“Ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes sin control. […] Cada vez más, en toda Europa, la gente está votando por líderes políticos que prometen poner fin a la inmigración descontrolada”.

Antes de la conferencia, Vance había visitado Dachau, el primer campo de concentración establecido por los nazis en 1933, que inicialmente se usó para encarcelar a los opositores políticos de los nazis y, posteriormente, a ciudadanos judíos y otras minorías perseguidas. El vicepresidente de Estados Unidos también se reunió con Alice Viye-del, la líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). Se anticipa que esa agrupación política, que en algún momento estuvo relegada a la marginalidad, quedará en segundo lugar en los comicios que se celebrarán el 23 de febrero en Alemania. En enero, Elon Musk —a quien muchos consideran el copresidente de Trump por el poder que tiene para despedir en masa a empleados del Gobierno federal— desató indignación en Alemania al participar de manera virtual en un acto de campaña electoral de la AfD.

Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, dijo a Democracy Now!: “Sería un error calificar a Alternativa para Alemania como un partido nazi o neonazi. Sí es apropiado describirlo como un partido conservador, racista y xenófobo que rememora la sombría época del periodo nazi”.

Varoufakis se encontraba en Múnich para participar de las protestas que se estaban llevando a cabo en contra de la Conferencia de Seguridad de Múnich y de la OTAN. Es cofundador del partido político progresista MERA25, que tiene presencia en toda Europa.

Melanie Schweizer, candidata al parlamento alemán por el MERA25, también estuvo presente en las protestas celebradas en Múnich. En conversación con Democracy Now!, expresó:

“La situación actual en Alemania es realmente grave. Hay un ataque flagrante contra la libertad de expresión y el derecho de reunión. Estamos ante un desmantelamiento del Estado de derecho en Alemania, una crisis de la democracia. Estamos realmente preocupados por lo que sucederá en las próximas elecciones […] Estas podrían ser las últimas elecciones antes de [la llegada] del fascismo, porque los partidos de centro, especialmente el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el partido La Izquierda, han adoptado no solo la retórica sino también las políticas de la extrema derecha”.

Schweizer es una abogada especialista en derechos humanos que ha alzado la voz en defensa del pueblo palestino, lo que le ha valido ataques de los medios de comunicación de derecha en Alemania y ser despedida de su trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania.

Mientras tanto, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, iba a disertar el pasado domingo en una actividad en la Universidad de Múnich, pero su conferencia fue cancelada debido a su “orientación política”. El grupo de estudiantes que invitó a Albanese calificó la situación como “otro caso más en el que se silencia en Alemania un discurso académico sumamente necesario sobre la grave situación entre Israel y Palestina”.

Los hermanos Hans y Sophie Scholl estaban distribuyendo el sexto panfleto de la Rosa Blanca en esa misma institución educativa, la Universidad de Múnich —donde estudiaban— cuando fueron detenidos y arrestados el 18 de febrero de 1943. Cuatro días después fueron juzgados, condenados y decapitados, junto con otro activista de la Rosa Blanca. Otros miembros del grupo fueron detenidos y ejecutados en los meses siguientes. La mayoría de ellos están enterrados en el cementerio de Perlacher Forst, en Múnich. Hubiera sido más provechoso para J.D. Vance realizar una visita reflexiva allí, en lugar de reunirse con la líder de Alternativa para Alemania.

En este momento, en el que Estados Unidos se está aproximando al autoritarismo, las palabras de Hans y Sophie Scholl y del colectivo Rosa Blanca siguen siendo de vital importancia: no nos quedaremos callados.

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
FUENTE:  https://www.democracynow.org/es/2025/2/21/las_tenebrosas_sombras_del_fascismo_se

5 de julio de 2023

La «Bidenomía» y las muertes evitables a causa de la pobreza en Estados Unidos

Amy Goodman - Denis Moynihan

La pobreza es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. La desigualdad económica está en su punto más alto, como se detalla en las cartillas informativas publicadas por la Campaña de los Pobres en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adoptado el término “Bidenomía”, a pesar de que originalmente este fue utilizado de manera despectiva por polemistas de medios donde se propaga el fanatismo de extrema derecha como el canal Fox News, las páginas editoriales del periódico The Wall Street Journal y otros nichos mediáticos afines al MAGA, el ala del Partido Republicano que respalda a Trump. Biden se refirió a la “Bidenomía” en un discurso que pronunció este miércoles, en el que se atribuyó el buen estado de la economía estadounidense. En el comienzo de su alocución, el presidente hizo mención a la descripción que el gran poeta estadounidense Carl Sandburg hizo en 1916 de Chicago, a la que llamó la “ciudad de los hombros anchos”, en honor a la vigorosa y enérgica fuerza laboral de la región. Si bien los datos económicos conocidos recientemente pueden ser motivo de inspiración poética para Biden, también ocultan el sufrimiento de millones de estadounidenses atrapados en la pobreza.

Este 19 de junio, en la ciudad de Washington D.C., la Campaña de los Pobres realizó un Congreso de Acción contra la Pobreza Moral. Al inaugurar el congreso, el obispo William Barber le pidió a la audiencia que repitiera con él: “La pobreza es una sentencia de muerte en Estados Unidos y ya no nos callaremos más”. Barber acababa de jubilarse tras servir durante 30 años como pastor activista de la Iglesia Cristiana Greenleaf de la ciudad de Goldsboro, en el estado de Carolina del Norte. Luego de liderar las históricas marchas del Lunes Moral frente a la legislatura de Carolina del Norte en 2013, Barber cofundó la Campaña de los Pobres, que toma su nombre del movimiento impulsado por el reverendo Martin Luther King en 1968, que se vio truncado por su asesinato. Barber, cuya voz profunda y estilo retórico se comparan a menudo con los de King, aboga por una “Tercera Reconstrucción”, que permita generar el poder político necesario para mejorar las vidas de las personas pobres y de bajos ingresos.

La primera reconstrucción tuvo lugar después de la Guerra Civil estadounidense, entre los años 1865 y 1877, momento en que las fuerzas armadas federales se retiraron de los antiguos estados confederados. Esto abrió paso a un siglo de terrorismo y opresión perpetrados por los defensores de la supremacía blanca, que contaron con la ayuda del grupo extremista Ku Klux Klan. La segunda reconstrucción se produjo en las décadas de 1950 y 1960, con los logros alcanzados por el movimiento por los derechos civiles.

En colaboración con las congresistas demócratas Barbara Lee, del estado de California, y Pramila Jayapal, del estado de Washington, el obispo Barber está impulsando la Resolución 532 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denominada “La Tercera Reconstrucción: Abordar completamente la pobreza y los bajos salarios de abajo hacia arriba”.

En conversación con Democracy Now!, Barber señaló: “[En la resolución] se plantean 20 políticas. ¿Tiene el Congreso la voluntad —humana, moral, no demócrata o republicana— de abordar de manera decidida la erradicación de la pobreza y de otros sistemas de injusticia que pueden ser combatidos? Las muertes [a causa de la pobreza] son evitables y constituyen un asesinato político”.

El argumento de Barber se basa en el sombrío hecho de que la pobreza es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. La desigualdad económica está en su punto más alto, como se detalla en las cartillas informativas publicadas por la Campaña de los Pobres en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos. La riqueza de las personas multimillonarias se incrementó en 1,5 billones de dólares en los últimos dos años, mientras que, tras la cancelación de los programas de ayuda financiera por la pandemia, la pobreza está en aumento. El crédito tributario por hijos redujo a la mitad la pobreza infantil en Estados Unidos. La cancelación de esta ayuda ha sumido a 3,5 millones de niños y niñas nuevamente en la pobreza. Por primera vez, solo en la ciudad de Nueva York, más de 100.000 personas viven en refugios para personas sin techo.

En la entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Barber agregó: “Los salarios dignos podrían detener las muertes. La atención sanitaria [universal] podría detener las muertes. Los créditos tributarios por hijo podrían detener las muertes. Redireccionar el dinero que se destina a la industria de la guerra podría detener las muertes. [La salvaguarda de] los derechos electorales podría detener las muertes”.

Barber promueve una “política de fusión”, que tiene como objetivo incluir a personas de diversas razas, etnias y clases en un activismo colaborativo de base.

“Para el 2024, estamos planeando llevar a cabo 30 importantes movilizaciones no violentas en capitolios estatales. Para el 15 de junio de 2024, estamos organizando una gran Marcha Moral de los trabajadores de bajos salarios y de los pobres en la ciudad de Washington D.C. Y, para las elecciones [presidenciales de 2024], vamos a movilizar a los 87 millones de personas pobres y de escasos recursos de este país. Las personas pobres y de bajos ingresos representan actualmente más del 30% del electorado, en general, y más del 40% del electorado en los estados disputados. En la mayoría de los lugares, esas personas no votan porque sienten que el sistema las ha abandonado”.

En la inauguración del Congreso de Acción contra la Pobreza Moral, Barber —al igual que Biden— evocó a otro reconocido poeta estadounidense, Henry Wadsworth Longfellow, y recitó versos de su poema “El salmo de la vida”. Esta obra poética incluye una de las premisas de Longfellow: “actuar para que cada amanecer nos encuentre más lejos que hoy”.

En el mismo libro que contiene el poema “Chicago”, Carl Sandburg, quien creció en la pobreza y defendió a la clase trabajadora a lo largo de toda su vida, incluyó otro poema que aborda los constantes ataques contra los trabajadores y el poder que tienen las masas cuando son movilizadas. Sandburg escribió:

“Yo soy el pueblo, la muchedumbre, la multitud, la masa.

¿Saben que todas las grandes obras del mundo las realizo yo?”.

En el siglo que transcurrió desde que se publicaron estos poemas de Sandburg, el pueblo estadounidense se ha levantado muchas veces para exigir cambios. Los próximos años no serán diferentes. Que sea como el obispo Barber y quienes comparten su causa reafirman en cada mitin: “Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás”.

© 2023 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman- Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

https://www.democracynow.org/es/2023/6/30/la_bidenomia_y_las_muertes_evitables

16 de agosto de 2022

Estados Unidos y el cambio climático: un proyecto de ley imperfecto para enfrentar una tormenta perfecta

Amy Goodman y Denis Moynihan

A medida que la temperatura del planeta aumenta, la emergencia climática se intensifica cada día un poco más. Las olas de calor, los incendios forestales, las inundaciones y los huracanes cada vez más frecuentes y potentes están costando miles de millones de dólares y provocando una migración humana sin precedentes que alimenta conflictos en todo el mundo. A pesar de la gravedad del problema, aún estamos a tiempo de dar buenas noticias. Mientras los Gobiernos se preparan para la próxima Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Egipto a mediados de noviembre, los avances que se están realizando para abordar el catastrófico cambio climático sugieren, contra todo pronóstico, que no todo está perdido.

En Estados Unidos —el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero del mundo—, el Senado aprobó lo que se ha descrito como la legislación en materia climática más importante en la historia del país. El proyecto de ley fue aprobado mediante el llamado mecanismo de “reconciliación”, que permite que una legislación sea aprobada con 50 votos, en lugar de los 60 habituales. La votación concluyó con 51 votos a favor y 50 en contra, incluyendo el voto de desempate de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Una vez que la Cámara de Representantes haya aprobado el proyecto de ley y el presidente Biden lo haya promulgado, se asignarán unos 370.000 millones de dólares para financiar una amplia gama de programas destinados a reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos en un 40% para el año 2030, con respecto a los niveles de 2005. Gran parte de ese dinero financiará las exenciones fiscales y los incentivos para comprar e instalar equipamiento de energías renovables, como paneles solares y turbinas eólicas, así como también para invertir en el uso de energías limpias en la industria. Está previsto destinar hasta 60.000 millones de dólares a incentivos para llevar tecnologías eólicas, solares y otras tecnologías de energía renovable a comunidades pobres y marginadas que durante mucho tiempo han sido excluidas de los proyectos de inversión en energías verdes.

Sin embargo, principalmente para obtener el apoyo del senador demócrata de Virginia Occidental, el conservador Joe Manchin, el proyecto de ley incluye también algunas concesiones significativas, como grandes beneficios para la industria de los combustibles fósiles. Manchin ha hecho una fortuna personal valuada en millones de dólares gracias a su empresa familiar relacionada con la industria del carbón y es el mayor receptor de donaciones de la industria de los combustibles fósiles en el Congreso estadounidense. Una de las concesiones que obtuvo Manchin fue un acuerdo complementario para acelerar la emisión de permisos para proyectos de combustibles fósiles, incluido el controvertido gasoducto Mountain Valley. De construirse, dicho gasoducto transportará unos 57 millones de metros cúbicos de gas extraído mediante fracturación hidráulica a través de más de 1.000 arroyos y humedales de la región de los Apalaches, incluidas algunas zonas de Virginia Occidental.

La abogada y activista indígena Tara Houska, fundadora del Colectivo Giniw, expresó en una entrevista con Democracy Now!: “Para fomentar la inversión en energías renovables, están redoblando el apoyo a la industria de los combustibles fósiles. […] En pos de conseguir dólares e inversiones en energía renovable se le entrega a la industria de los combustibles fósiles, por adelantado, millones y millones de hectáreas de tierras y aguas de propiedad pública, para proyectos paralelos [de extracción de petróleo y gas]. Eso constituye un retroceso para la ley ambiental. Y todo eso para conseguir que se invierta en energías renovables. Esta no es una solución para combatir la crisis climática. La madre naturaleza no opera en dólares estadounidenses”.

Brett Hartl, director de asuntos gubernamentales de la organización ambientalista Centro para la Diversidad Biológica, calificó el proyecto de ley como “un pacto climático suicida”. En relación con la reducción del 40% en las emisiones de carbono de Estados Unidos que se espera alcanzar a través del proyecto de ley, Robert Weismann, presidente de la organización Public Citizen, dijo a Democracy Now!: “No es para nada suficiente, pero es un paso significativo. Es significativo si se considera que peor hubiera sido no hacer nada, que desafortunadamente era la otra alternativa que teníamos a disposición”.

Mientras tanto, en Colombia, este domingo se celebró la toma de posesión del primer presidente y la primera vicepresidenta de izquierda en la historia de ese país. El presidente, Gustavo Petro, es un exguerrillero que luego se desempeñó como senador y como alcalde de la ciudad de Bogotá. Por su parte, Francia Márquez hizo historia al convertirse en la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de Colombia. Márquez, ex empleada doméstica, es una reconocida líder social que fue galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2018 por su trabajo para organizar a las mujeres de la comunidad de La Toma, en la región colombiana del Cauca, en su lucha contra la minería ilegal del oro.

Un elemento importante de la plataforma política del nuevo Gobierno es acelerar la transición hacia las fuentes de energía renovables y frenar la gran dependencia de Colombia de la extracción de petróleo y carbón.

Acerca de la propuesta del Gobierno de Petro de prohibir el “fracking” o fracturación hidráulica, Enrique Peñalosa, otro exalcalde de Bogotá, afirmó en Twitter: “[Prohibir el fracking] simplemente significa que se dejarán dólares de petróleo bajo tierra, que jóvenes colombianos tendrán menos oportunidades, que habrá menos obras públicas”. En respuesta, Petro expresó: “Hermano, el problema no es cuántos dólares quedan bajo tierra si no se hace fracking, sino cuántas vidas se pierden encima de la tierra, si se hace”.

Los verdaderos cambios se consiguen gracias al impulso de movimientos de base poderosos. Los nuevos líderes de Colombia lo saben bien. En Estados Unidos, el papel que desempeñan los movimientos populares a menudo se diluye ante el ejército de lobistas que inundan las oficinas de políticos y representantes gubernamentales con miles de millones de dólares de donaciones anónimas empresariales para financiar sus carreras políticas.

Rob Weismann, de Public Citizen, señaló que “[las conquistas positivas que incluye la nueva ley] no se hubieran conseguido sin la movilización social a nivel nacional y sin la campaña presidencial de Bernie Sanders, que pusieron este tema en agenda y lograron llevarlo al Congreso”.

Varshini Prakash, fundadora del movimiento Sunrise Movement, hizo un llamado a la acción. En un mensaje en su cuenta de Twitter publicó: “Este no es el proyecto de ley que mi generación se merece, pero es el que podemos obtener. Tiene que ser aprobado para que tengamos la oportunidad de luchar por un mundo habitable”. Y concluyó: “Los líderes juveniles les pedimos a los miembros del Congreso que aprueben este proyecto de ley y se pongan nuevamente a trabajar”.

© 2022 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

31 de julio de 2022

Abusos en los internados para menores indígenas en Canadá: ¿es suficiente una disculpa del papa?

Amy Goodman y Denis Moynihan

El papa Francisco visitó esta semana Canadá, en lo que llamó “una peregrinación penitencial” para pedir perdón por el papel que la Iglesia católica desempeñó en el brutal sistema de “escuelas residenciales para indígenas”, que estuvieron en funcionamiento desde 1831 hasta 1998. El Gobierno canadiense separó de sus familias a 150.000 niños y niñas indígenas que fueron colocados en internados lejos de sus hogares y obligados a asimilarse a la cultura eurocanadiense de la población blanca. El 60% de estas instituciones fueron administradas por la Iglesia católica. En los internados se prohibía a los menores indígenas hablar sus idiomas nativos y se los obligaba a abrazar el cristianismo y a seguir un estricto programa educativo y laboral destinado, según los misioneros, a “civilizarlos”. Muchos de estos niños y niñas también sufrieron abusos sexuales y maltratos físicos. Un análisis inicial estimó que más de 3.200 de ellos murieron en los internados y otros 1.000 fallecieron después de ser enviados a sus casas gravemente enfermos.

La búsqueda de los restos de los menores se aceleró en 2021, luego de que se identificaran varios sitios en los que podrían estar enterrados cientos de cadáveres de estudiantes de estos internados, a menudo en tumbas sin nombre y en cementerios olvidados de partes remotas de Canadá. Este escándalo se extendió más allá de las fronteras canadienses y llegó a Estados Unidos, donde se inició una investigación largamente esperada sobre los internados administrados por el Gobierno estadounidense, en donde los menores indígenas también sufrieron atrocidades y murieron a causa de las brutales prácticas de asimilación forzada a las que eran sometidos.

“Las escuelas residenciales han sido catastróficas. […] Lo que la fe cristiana nos dice es que fue un error devastador”, dijo el papa Francisco durante el encuentro que mantuvo con los pueblos indígenas de las Naciones Originarias de Canadá en la comunidad de Maskwacis, cerca de la ciudad de Edmonton, en Alberta. “Duele saber que ese terreno compacto de valores, lengua y cultura, que confirió a sus pueblos un sentido genuino de identidad, haya sido erosionado, y que ustedes siguen pagando los efectos. […] Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas”.

Evelyn Korkmaz pasó cuatro años en el internado para indígenas de St. Anne, en Fort Albany, provincia de Ontario y actualmente ayuda a otras personas sobrevivientes. Sobre las disculpas del pontífice católico, Korkmaz expresó:

“He esperado 50 años por esta disculpa y finalmente, hoy, la escuché. Por desgracia, muchos de mis familiares, amigos, compañeros de clase y miembros de mi comunidad que fueron enviados a estos internados no pudieron escucharla porque murieron por suicidio, por la adicción al alcohol o por el abuso de otras sustancias, ya que no pudieron soportar el trauma que sufrieron en esas instituciones”.

Pamela Palmater, una abogada y profesora de la tribu Mi’kmaq, tiene una visión diferente sobre el pedido de perdón del papa. En conversación con Democracy Now!, expresó: “Fue más o menos lo que me temía, que sería una de esas disculpas cuidadosamente redactadas en las que la Iglesia misma, la organización, no asume la responsabilidad por sus políticas y prácticas ni por los encubrimientos, a pesar de saber que miembros de su organización cometían delitos sexuales en diversas partes del mundo”.

Entre 2008 y 2015, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá documentó, mediante fuentes de archivo y testimonios de personas sobrevivientes, los abusos que se perpetraron en el sistema de internados indígenas.

Además de una disculpa genuina del papa, Pamela Palmater y otros activistas indígenas exigen un rechazo formal del Vaticano de la Doctrina del Descubrimiento, que data de una bula o edicto papal emitido en la década de 1450.

“[Esta doctrina] básicamente le dio un 'poder' a las naciones europeas para avanzar y conquistar cualquier territorio no habitado por los cristianos, territorios que eran denominados con [la expresión latina] “terra nullius”, “donde nadie vive”, una tierra de nadie, por así decirlo. Pero sabemos que no fue solo un poder para avanzar y apoderarse de esas tierras. También permitió el uso de la fuerza que fuera necesaria para librar los territorios de cualquier persona no cristiana que habitara América del Norte y del Sur. Millones y millones de personas fueron asesinadas, torturadas, abusadas, explotadas, esclavizadas”.

La Doctrina del Descubrimiento fue adoptada por Thomas Jefferson como base para la etapa inicial del colonialismo estadounidense y la expropiación violenta de tierras indígenas. Esto, con el tiempo, incluyó un sistema de internados escolares opresivos. Entre 1819 y 1969, el Gobierno de Estados Unidos gestionó 408 Escuelas Residenciales Indígenas en 37 estados o territorios.

En 2021, la secretaria del Interior, Deb Haaland, la primera indígena en ocupar un cargo en el gabinete presidencial de Estados Unidos, inició una investigación sobre esas escuelas. El informe inicial, emitido en mayo de este año, señala: “Estados Unidos implementó una política de asimilación cultural orientada a los menores indígenas de los pueblos originarios de América, de Alaska y de Hawái que coincidió con el despojo de las tierras indígenas. Se identificó que los internados federales para menores indígenas fueron utilizados como un medio para alcanzar esos fines y se localizaron al menos 53 sitios de enterramientos vinculados a este sistema de internados; se espera descubrir más sitios de enterramiento y más datos al respecto”.

El genocidio contra los pueblos indígenas del hemisferio norte es un crimen fundacional de Estados Unidos y Canadá. El “peregrinaje penitencial” del papa Francisco a través de Canadá debería impulsar una exhaustiva rendición de cuentas sobre el sistema de internados indígenas, para que las personas sobrevivientes y las comunidades indígenas afectadas obtengan justicia y reparación.

© 2022 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

20 de julio de 2022

Acerca de Trump, la verdad, los golpes de Estado y el diente de oro de Patrice Lumumba

Amy Goodman y Denis Moynihan


“Todo es posible”, dijo este martes Jason Van Tatenhove ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. “Si un presidente está dispuesto a incitar a sus seguidores a una guerra civil mediante mentiras y engaños, sin importarle el costo humano que eso conlleva, ¿qué más podría llegar a hacer si es elegido nuevamente [presidente]?”. Van Tatenhove, ex miembro y portavoz de The Oath Keepers, un grupo supremacista blanco de extrema derecha integrado por civiles armados, hablaba así de una posible victoria electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

El comité selecto de la Cámara de Representantes ha realizado siete audiencias públicas desde junio, y hará al menos una más, sobre el mortal asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que pretendía obstruir la sesión conjunta en la que el Congreso debía certificar formalmente los resultados del Colegio Electoral y declarar a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, como lo ha documentado minuciosamente el comité, había estado trabajando de manera frenética para impugnar y revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Para lograr ese fin, diseminó teorías conspirativas, presentó decenas de demandas poco serias, amenazó a funcionarios electorales y montó una incesante campaña de propaganda en la que aseguraba que las elecciones que él perdió de manera aplastante habían sido manipuladas y que le habían robado la victoria. Cuando todo falló, Trump convocó a una muchedumbre violenta a la ciudad de Washington D.C. bajo el eslogan “Detengan el robo”.

Miles de personas respondieron a la invitación de Trump y escucharon con atención el discurso que el expresidente pronunció ese 6 de enero, en el que los instaba a marchar hacia el Capitolio. Trump sabía que muchos de los asistentes al mitin estaban armados. Entre la muchedumbre que asaltó el edificio del Congreso se encontraban miembros de los grupos armados de extrema derecha The Oath Keepers, Proud Boys y Three Percenter, que habían planeado y coordinado previamente el ataque.

“Parecía una batalla medieval”, declaró al testificar ante el comité selecto de la Cámara de Representantes el sargento Aquilino Gonell, miembro de la policía del Capitolio y veterano de la guerra de Irak. Cuatro manifestantes murieron durante los violentos episodios de la insurrección: una veterana de la Fuerza Aérea que fue abatida por la policía y otras tres personas que fallecieron por causas naturales, exacerbadas a raíz de los incidentes. Asimismo, al menos 150 policías resultaron heridos, entre ellos Gonell, a quien los médicos le dijeron que tenía que pasar a retiro por la gravedad de sus heridas. El oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick murió al día siguiente de la insurrección tras sufrir varios infartos cerebrales provocados por las heridas que recibió durante el ataque. Cuatro oficiales más murieron posteriormente por suicidios que, según se cree, estuvieron directamente relacionados con los hechos del 6 de enero. Se trata del oficial Howard Liebengood, de la policía del Capitolio, y de los oficiales Jeffrey Smith, Gunther Hashida y Kyle DeFreytag, del Departamento de Policía Metropolitana.

Muchas de las personas que atacaron violentamente el Capitolio ese día, sin aparente ironía, lucían banderas y prendas con el símbolo de la “delgada línea azul”, una insignia que hace referencia al particular modo en que nombran a las fuerzas policiales en Estados Unidos quienes las apoyan.

El comité selecto de la Cámara de Representantes está finalizando su tarea y ha comenzado a compartir con el Departamento de Justicia de Estados Unidos la extensa serie de documentos, declaraciones, testimonios y pruebas recabados durante la investigación. Queda por ver si Donald Trump enfrentará cargos penales por incitar a la insurrección e intentar perpetrar un golpe de Estado violento. El expresidente también podría enfrentar cargos en el estado de Georgia, por presionar al secretario de Estado e instarlo a “encontrar 11.780 votos”, el número exacto de votos que necesitaba para dar vuelta la victoria de Biden en Georgia.

Nunca antes en la historia de Estados Unidos un presidente había intentado de manera tan descarada alterar los resultados de las elecciones y obstaculizar el traspaso pacífico del poder.

Lamentablemente, no se puede afirmar lo mismo respecto a la injerencia de Estados Unidos en otros países del mundo. Estados Unidos tiene un largo historial en organizar, financiar, brindar apoyo militar y perpetrar activamente golpes de Estado contra Gobiernos elegidos democráticamente. Algunos ejemplos de la era moderna incluyen el de Irán, con el derrocamiento del popular primer ministro Mohammad Mosaddegh en 1953; y el de Guatemala, con la destitución del presidente progresista Jacobo Arbenz en 1954.

En 1961, Estados Unidos conspiró junto con Bélgica para arrestar y ejecutar a Patrice Lumumba, el primer líder independentista elegido democráticamente como primer ministro en la recién independizada República del Congo. Antes de que el cadáver de Lumumba fuera desmembrado y disuelto en ácido, el entonces comisario de policía belga que supervisó la destrucción de los restos tomó un diente de oro del cuerpo del líder congolés a modo de trofeo. El mes pasado, Bélgica devolvió el diente a la familia de Lumumba, que lo retornará a la República Democrática del Congo.

En 1973, Estados Unidos respaldó un golpe de Estado militar contra el presidente de Chile elegido democráticamente Salvador Allende. Según trascendió, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense de ese entonces, Henry Kissinger, le dijo al presidente Nixon en ese momento: “No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y contemplar tranquilamente cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Lo que está en juego es demasiado importante para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos”.

En una entrevista con la cadena de noticias CNN, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional durante el gobierno de Donald Trump, se jactó esta semana: “Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino, ya sabes, en otros lugares, [le aseguro que un golpe de Estado] requiere mucho trabajo”. John Bolton apoyó el golpe de Estado orquestado por Estados Unidos en Haití en 2004, que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide y, más recientemente, abogó a favor de destituir a los Gobiernos de Irán y Venezuela.

Un país que organiza golpes de Estado no debería sorprenderse tanto cuando alguien intenta cometer uno en casa. Necesitamos un estándar universal de justicia y un mundo libre de golpes de Estado.

© 2022 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman- Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

23 de enero de 2022

La desigualdad económica mundial está exacerbando la pandemia y matando a millones de personas

Amy Goodman y Denis Moynihan

La organización Oxfam informó esta semana que los diez hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza durante la pandemia —de 700 mil millones a 1,5 billones de dólares—, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial disminuyeron. La organización declaró al respecto: “Las crecientes desigualdades económicas, de género y raciales, así como la inequidad que existe entre países, están destrozando nuestro mundo”. Mientras tanto, la asamblea anual del Foro Económico Mundial, que suele celebrarse en la ciudad de Davos, se está llevando a cabo de forma virtual por segundo año consecutivo debido a la pandemia. Los millonarios y multimillonarios son tradicionalmente invitados a la conferencia de Davos para que aporten sus ideas y reflexiones sobre los problemas actuales, desde el cambio climático catastrófico hasta la COVID-19. Más allá de lo que se debate en este cenáculo virtual, Oxfam señala que, en el mundo real, la desigualdad mata a una persona cada cuatro segundos.

La desigualdad económica también asola a Estados Unidos. El obispo William Barber, copresidente de la Campaña de los Pobres, dijo a Democracy Now! al día siguiente del feriado que conmemora el nacimiento de Martin Luther King: “Tiene que haber un cambio moral en este país; tiene que haber un cambio en el poder. Como dijo Martin Luther King, el verdadero problema que siempre hemos tenido en relación con los derechos electorales es el miedo que tiene la aristocracia a que las masas de personas pobres y de bajos recursos —tanto negras como blancas— se unan para votar una alternativa que cambie la arquitectura económica del país. […] De hecho, en 1967, el Dr. King dijo: 'Los problemas de injusticia racial y económica no pueden resolverse sin una redistribución radical del poder político y económico'”.

El obispo Barber ha consolidado el legado de Martin Luther King durante años y afirma que el camino hacia un cambio progresista radica en organizar a las personas pobres y de bajos recursos. Barber yuxtapone la rápida aprobación en el Congreso de los paquetes de ayuda económica por el coronavirus favorables a las empresas con el reciente fracaso en la aprobación del plan de gastos públicos Reconstruir Mejor y los proyectos de ley sobre el derecho al voto:

“Cuando se trata de las empresas, obtienen todo lo que piden. Querían cuatro o cinco billones de dólares, y obtuvieron cuatro o cinco billones de dólares. Los multimillonarios ganaron dos billones de dólares en los primeros 20 meses de la pandemia del coronavirus y continúan aumentando sus fortunas. Cuando se trata de temas como la pobreza y el derecho al voto, en primer lugar, bifurcamos esos temas de una forma en que las fuerzas opresoras nunca los bifurcan. Luego, hacemos concesiones una y otra vez en lugar de pelear [por lo que reclamamos]. A la larga, si no tenemos cuidado, será como si Frederick Douglass, en su lucha contra la esclavitud, se hubiera conformado con tener solo un fin de semana largo en lugar de la emancipación y la libertad definitivas”.

La pandemia de COVID-19 ha profundizado la desigualdad a escala global. La mayoría de los países ricos han vacunado a más del 70% de su población, mientras que en muchos países pobres, especialmente en África, las tasas de vacunación aún están por debajo del 10%. La Organización Mundial de la Salud señala en su sitio web: “El fracaso mundial en el reparto equitativo de las vacunas está pasando factura a algunas de las personas más pobres y vulnerables del mundo. Las nuevas variantes preocupantes hacen que los riesgos de infección hayan aumentado en todos los países para las personas que aún no están protegidas mediante vacunación”. Podrían surgir nuevas variantes más agresivas de este virus que no respeta fronteras. Mientras haya gente que aún esté en riesgo por la COVID-19, todos permaneceremos en riesgo.

La organización Public Citizen publicó un informe detallado en mayo de 2021 sobre cómo se podrían producir ocho mil millones de dosis de vacunas de ARN mensajero en un año por un estimado de 23.000 millones de dólares, siempre y cuando los titulares de las patentes de las vacunas, como las empresas Pfizer y Moderna, cooperaran. Public Citizen denomina a la vacuna contra la COVID-19 de Moderna, ”NIH-Moderna”, en referencia a las siglas en inglés de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH, cuyos científicos desempeñaron un papel clave en el desarrollo de esa vacuna tan necesaria para salvar vidas, así como también por la gran inversión de fondos públicos que se hizo para apoyar su desarrollo.

Las ganancias que producen las vacunas han generado al menos nueve nuevos multimillonarios vinculados a las empresas Moderna y BioNTech, así como también a la farmacéutica china CanSino. Estas personas suman entre ellas una nueva riqueza de más de 19.000 millones de dólares, según la Alianza Vacuna para el Pueblo. Otros ocho multimillonarios que invirtieron en estas corporaciones también obtuvieron una fortuna extra combinada de 32.000 millones de dólares. Según Oxfam, las empresas Pfizer-BioNTech y Moderna —o ”NIH-Moderna”, como la denomina Public Citizen— ganan 1.000 dólares por segundo, mientras que miles de millones de personas en todo el mundo siguen sin vacunarse o solo han recibido una dosis de la vacuna.

Hasta ahora, ni los debates del Foro Económico Mundial de Davos, ni la filantropía combinada de los más de 2.755 multimillonarios del mundo han logrado vacunar a las y los pobres del mundo. Es por eso que se ha formado una amplia coalición de movimientos sociales a nivel mundial que insta a los Gobiernos del mundo a cobrar impuestos a los ricos.

“Es hora de imponer un impuesto sobre el patrimonio a los superricos y a los multimillonarios del mundo”, escribió Chuck Collins, del Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) y la Alianza para la Lucha contra la Desigualdad, al presentar su informe titulado “Gravar la riqueza extrema”. Agrega Collins: “No se trata simplemente de recaudar impuestos para vacunar a las poblaciones de todo el mundo e invertir en sistemas sólidos de salud pública. Se trata también de un impuesto a la riqueza para salvar a la democracia de la concentración extrema de riqueza y poder”.

El informe de Collins estima que un impuesto escalonado a las personas cuyos patrimonios superen los cinco millones de dólares recaudaría 2,5 billones de dólares anuales. Esos fondos podrían ayudar a contener esta pandemia, invertir en medidas de salud pública para prevenir nuevas pandemias en el futuro, y sacar a millones de personas de la pobreza. Impongan impuestos a los ricos.

© 2022 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español, entre las que está Radio PRODEMU FM. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

22 de febrero de 2021

El calentamiento global sumerge a Texas en una helada profunda y mortal

Amy Goodman y Denis Moynihan

Texas, el orgulloso estado independiente de la “estrella solitaria”, está sufriendo una catástrofe humanitaria provocada por el negacionismo empecinado de sus autoridades sobre la crisis del cambio climático y por la falta de regulaciones federales. El calentamiento del aire sobre el Ártico probablemente fue la causa por la que el vórtice polar —una enorme masa de aire frío que se forma sobre el Polo Norte— se desplazó hacia el sur y provocó un frío glacial sin precedentes en Texas y los estados circundantes. Millones de personas se han quedado durante días sin electricidad, agua y calefacción, y cerca de 40 personas han muerto. Una segunda tormenta invernal azotó el estado cuando salía del vórtice. En una entrevista con el canal Fox News, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, culpó falsamente al sistema de energía renovable por la falla de la red eléctrica del estado: “Esto muestra por qué un New Deal ecológico tendría consecuencias nefastas para nuestro país”. Sin embargo, incluso el propio departamento de energía de Abbot refutó sus afirmaciones.

El aire helado que cubrió la región apagó aproximadamente la mitad de las turbinas eólicas de Texas, pero, aun así, eso solo representó el 13% de la pérdida total de energía. La principal causa de la catástrofe fue el congelamiento de la infraestructura de combustibles fósiles, que paralizó plantas de carbón, petróleo y gas natural, e incluso también instalaciones de generación de energía nuclear. Las mentiras del gobernador Abbott pueden agradar a los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles que le donan dinero, pero no ayudarán a los millones de texanos que luchan por sobrevivir en el frío glacial, ni tampoco protegerán a Texas de los eventos climáticos extremos que seguramente continuarán ocurriendo en el futuro.

El propio estado de Texas tiene, en gran parte, la culpa de los graves efectos generados por la falla de su red eléctrica. La mayor parte del territorio continental de Estados Unidos obtiene energía de dos redes eléctricas centrales: una en la zona este y la otra en el oeste. En cambio, Texas opera su propia red eléctrica, aislada de las demás y a menudo descrita como una “isla”. En 1935, como parte del New Deal, el presidente Franklin Delano Roosevelt promovió la creación de la Comisión Federal de Energía para regular la electricidad interestatal. Las compañías eléctricas de Texas se rebelaron, decidieron actuar solas y mantener dentro del estado la generación de su propia energía eléctrica. Con el transcurrir de los años, el sistema se convirtió en el actual Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés).

Al ser uno de los estados más extensos del país y contar con reservas significativas de petróleo, gas y carbón dentro de sus fronteras, además de mucho sol y viento, Texas está quizás mejor posicionado que cualquier otro estado para intentar la independencia energética. Pero, como se suele decir, el diablo está en los detalles. Durante décadas, ERCOT hizo alarde de su éxito y lo atribuyó a su devoción por el libre mercado y al hecho de no estar sujeto a la regulación federal. Las autoridades de energía eléctrica de Texas se jactan sin cesar de la capacidad de ERCOT para alimentar todos los aires acondicionados del estado durante los veranos, famosos por sus altas temperaturas. Pero los productores de energía nunca habían tenido incentivos para gastar dinero en acondicionar sus instalaciones para el invierno. Y cuando el frío ártico de esta semana apagó todas sus plantas de energía, Texas no pudo obtener electricidad de fuentes fuera del estado, lo que provocó una cascada de calamidades que golpeó especialmente a los sectores de bajos ingresos y las comunidades de color.

Poco después de que se restableciera la energía eléctrica, Democracy Now! entrevistó al profesor Robert Bullard, conocido como el “padre de la justicia ambiental”, que comentó: “Ahora somos la estrella solitaria en soledad. El impacto de esta tormenta es mucho mayor que simples cortes de energía e inconvenientes para aquellos sectores que históricamente se han visto afectados por la inseguridad energética y la pobreza energética”.

Puesto que los apagones afectaron las plantas de potabilización de agua, las autoridades sanitarias de las ciudades y los pueblos de Texas han pedido a sus habitantes que hiervan el agua del grifo para consumirla. Pero muchas familias no pueden hervir el agua sin electricidad. Circulan relatos de personas que han roto sus muebles para quemarlos y así poder calentarse. El profesor Robert Bullard agregó: “Creo que la gente está sufriendo mucho: no tienen electricidad, ni dinero, ni agua, ni medio de transporte para llegar a las tiendas de comestibles, en las que escasea el agua embotellada o los alimentos de primera necesidad. La gente quiere ver acciones y respuestas, e incluso los propios funcionarios estatales piden que se abra una investigación por el mal manejo de la situación. Pero una investigación real tendría que empezar por las personas que hoy están a cargo. Creo que el hecho de que Texas no forme parte del sistema eléctrico interestatal ha sido un claro fracaso, un ejemplo de lo que no hay que hacer. Somos un estado fallido en este momento”.

Todo esto está sucediendo en medio de la pandemia de la COVID-19. En busca de calor, la población texana está acudiendo en masa a espacios cerrados, arriesgando una posible exposición al coronavirus. Mientras tanto, las redes de distribución de vacunas —que ya estaban teniendo dificultades— se han interrumpido y los centros de vacunación se han cerrado temporalmente. No está claro cuántas dosis de vacunas, que requieren refrigeración, tendrán que desecharse debido a la falla de la red eléctrica independiente de Texas.

Texas es también el estado con la mayor cantidad de población carcelaria del país, y los reclusos han sufrido especialmente los efectos de esta crisis. La falta de calefacción y agua corriente, así como la escasez de alimentos, están empeorando las condiciones de vida ya desesperantes.

Varios funcionarios electos de Texas, como el gobernador del estado, Greg Abbot, los senadores estatales Ted Cruz y John Cornyn, y el fiscal general Ken Paxton, todos republicanos, son dedicados negacionistas del cambio climático. Cuando Texas comience lentamente a descongelarse y vuelva a recuperar el calor, la luz y el agua, su población tendrá que decidir si se une a la lucha global contra el cambio climático causado por la acción humana, o si insiste, contra viento y marea, en actuar en soledad.

23 de diciembre de 2020

Caos climático en medio de la pandemia: a cinco años del acuerdo de París


Amy Goodman y Denis Moynihan

Han pasado cinco años desde que se firmó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Este acuerdo, firmado por la mayoría de los países del mundo, estableció un plan totalmente voluntario e inexigible para evitar el caos climático global. Esta semana, en una cumbre para celebrar el quinto aniversario del acuerdo —que se llevó a cabo en forma virtual debido a la pandemia de coronavirus—, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo: “Aún no estamos yendo en la dirección correcta. El Acuerdo de París prometió limitar el aumento promedio de la temperatura global a 1,5 grados Celsius aproximadamente, pero los compromisos asumidos en el acuerdo estaban lejos de ser suficientes para lograr esa meta y, de hecho, ni siquiera se están cumpliendo. Es por eso que pido a todos los líderes del mundo que declaren el estado de emergencia climática en sus países hasta que se alcance la neutralidad en las emisiones de carbono”.

Sin embargo, los líderes mundiales tienen su atención enfocada en un estado de emergencia diferente. Con más de 1,6 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo y más de 74 millones de contagios registrados, es incalculable el sufrimiento y la devastación económica que la pandemia ha causado, en forma desproporcionada, a las personas pobres y de color. Con el presidente Donald Trump todavía al mando, ignorando en gran medida la crisis, a Estados Unidos le está yendo peor que a cualquier otro país del mundo: registra hasta el momento más de 300.000 muertes por COVID-19. Las muertes diarias superan actualmente las 3.600, lo que constituye un récord mundial. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pronostican que 83.000 estadounidenses morirán por COVID-19 solo en las próximas tres semanas.

Tanto la catástrofe de la pandemia como la del clima deben abordarse de inmediato. Una coalición de más de 380 grupos ambientalistas, unidos bajo el lema “Reconstruir un mundo sin combustibles fósiles”, reclama una acción urgente del presidente electo Joe Biden tan pronto como asuma el cargo. Kassie Siegel, referente del Centro para la Diversidad Biológica, uno de los grupos que integra la coalición, afirmó: “Nuestra casa está en llamas debido al fuego que Donald Trump avivó durante cuatro años. No hay tiempo que perder”. Y agregó: “Joe Biden debe tomar medidas audaces apenas ingrese al Despacho Oval, sin esperar a un Congreso que funciona de manera disfuncional”. El grupo exige una serie de medidas ejecutivas para revocar los retrocesos regulatorios del Gobierno de Donald Trump en materia ambiental, así como otras para impulsar una recuperación que tenga en cuenta los preceptos de la economía ecológica.

Una recuperación genuinamente ecológica debería apuntar a la construcción de una economía con cero emisiones de carbono y al desarrollo de una infraestructura de energías renovables, así como también a la eficiencia y conservación energéticas. Al mismo tiempo es fundamental abordar el racismo estructural y la desigualdad que hacen que las personas pobres y de color sean las más afectadas por la crisis del cambio climático y soporten la peor parte de nuestra adicción a los combustibles fósiles. Estados Unidos, como el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero, responsable de una cuarta parte del dióxido de carbono emitido a nivel mundial desde 1751, tiene la responsabilidad moral de impulsar una recuperación ecológica enérgica y de ayudar a los países en vías de desarrollo a hacer lo mismo. Con la derrota de Donald Trump y la victoria del presidente electo Joe Biden, los activistas contra el cambio climático han recobrado las esperanzas.

Biden ha anunciado los nombres de varias de las personas que van a ocupar puestos claves para la implementación de su estrategia climática. El ex secretario de Estado John Kerry ha sido designado como delegado especial del Presidente para asuntos climáticos. Será el encargado de las negociaciones internacionales relativas al cambio climático y tendrá un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional. Asimismo, la exdirectora de la Agencia de Protección Ambiental Gina McCarthy será la coordinadora de asuntos sobre cambio climático de la Casa Blanca y quien se encargará de establecer las políticas climáticas en el orden nacional. McCarthy contará con la asistencia del experto en políticas contra el cambio climático y exasesor en asuntos sobre el clima del Gobierno de Barack Obama, Ali Zaidi.

Días antes de su nombramiento, McCarthy publicó en Twitter: “Todos los organismos del Gobierno de Biden deberían priorizar la acción contra el cambio climático y a favor de las energías limpias en sus políticas e inversiones federales […] para promover los intereses de los trabajadores y la justicia medioambiental en las comunidades de todo el país”.

Biden también designó a Pete Buttigieg —exalcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, y exrival de Biden en las elecciones primarias del Partido Demócrata— como secretario de Transporte, quien será responsable de regular el sector más contaminante de nuestra economía. La exgobernadora del estado de Michigan Jennifer Granholm, considerada una firme defensora de las energías renovables, ha sido nominada para encabezar el Departamento de Energía. Por su parte, la abogada especializada en Derecho ambiental Brenda Mallory dirigirá el Consejo de Calidad Ambiental, que tiene un papel fundamental en la lucha contra el “racismo medioambiental”, término que describe la injusticia medioambiental que subyace en un contexto social de racismo y marginación.

“Esta es una gran victoria para nuestro movimiento”, dijo en un comunicado Varshini Prakash, directora ejecutiva de Sunrise Movement, un movimiento liderado por jóvenes activistas que luchan por la justicia ambiental. Prakash continuó diciendo: “Sin embargo, la verdadera magnitud del compromiso de Biden para abordar la crisis climática a través de una movilización de todo el gobierno y toda la sociedad se verá en relación con las herramientas, el poder y los recursos que se brinden para que el abordaje pueda ser efectivo y se pueda avanzar con audacia […] hacia una energía 100 % limpia que promueva la justicia ambiental, empleos de calidad, salarios y beneficios para los trabajadores”.

La alteración del clima causada por los seres humanos está impactando al planeta a una escala sin precedentes, con una catástrofe tras otra: sequías extremas e incendios forestales, sucesiones de huracanes y tifones, deterioros y pérdidas de hábitats. Todo ello dejando una secuela de muerte y destrucción a su paso. El calentamiento global también genera la aparición y propagación de enfermedades contagiosas, lo que prácticamente garantiza la futura aparición de más pandemias como la que estamos enfrentando actualmente. Estas dos crisis simultáneas exigen una respuesta global, colectiva y coordinada para lograr una distribución equitativa y gratuita de vacunas y tratamientos contra el coronavirus, así como también una recuperación económica de matriz ecológica vigorosa y justa.

© 2020 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español, entre las que está PRODEMU ONLINE. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

12 de enero de 2020

Las mentiras de Trump acerca de Irán

Amy Goodman y Denis Moynihan

El presidente Donald Trump llevó a Estados Unidos al borde de la guerra con Irán al ordenar el asesinato del general Qassem Soleimani, la segunda figura más poderosa de ese país. Tras el asesinato de Soleimani y otras cuatro personas en un ataque con un avión no tripulado perpetrado el viernes pasado por Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad, Trump alegó, sin mostrar prueba alguna, que Soleimani estaba planificando ataques contra militares y diplomáticos estadounidenses. Cuando Trump —o cualquier otro jefe de Estado— invoca “información secreta” para justificar acciones violentas debemos desconfiar. Nadie sabe esto mejor que el Coronel Lawrence Wilkerson, jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell de 2002 a 2005. Wilkerson participó y fue testigo de la campaña del presidente George W. Bush y del vicepresidente Dick Cheney, entre otros, mediante la cual se promovió la difusión de mentiras para justificar la desastrosa e ilegal invasión de Irak en 2003.

En un editorial del New York Times de 2018 titulado “Una vez ayudé a promover la falsa opción de la guerra. Ahora está sucediendo otra vez”, Wilkerson escribió: “Esa campaña llevó a una guerra innecesaria con Irak que representó pérdidas catastróficas para la región y la coalición liderada por Estados Unidos y desestabilizó a todo Medio Oriente”. Y añadió: “El gobierno de Trump está utilizando el mismo manual para crear la falsa idea de que la guerra es la única forma de responder a las amenazas de Irán. Esta guerra con Irán sería 10 o 15 veces peor que la guerra de Irak en cuanto a muertes y costos económicos”.


En 2003, el coronel Wilkerson ayudó al entonces secretario de Estado Colin Powell a preparar su tristemente célebre discurso pronunciado el 5 de febrero de 2003 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Colegas, cada una de las declaraciones que hago hoy están respaldadas por fuentes sólidas. No son meras aseveraciones. Lo que estamos tratando de presentarles son hechos y conclusiones basados en información sólida”. La presentación de Powell incluyó varias diapositivas, clips de audio y un tubo que supuestamente contenía ántrax, que Powell sostuvo en alto para mostrar a las cámaras. El discurso duró más de dos horas y, tal como luego se comprobó, estuvo plagado de mentiras y falsedades. Años más tarde, Powell describiría su discurso de ese día como una “mancha” indeleble en su carrera. Pero hizo su trabajo. Seis semanas después comenzó la llamada “Operación conmoción y pavor”: el gobierno de Bush y Cheney bombardeó Irak sin miramientos.

En una entrevista con Democracy Now!, el coronel Wilkerson afirmó: “El caos que estamos observando en toda la región fue provocado por la invasión de Estados Unidos en 2003. Fui testigo de cómo se preparó la información de inteligencia, de cómo las principales figuras del gobierno de George W. Bush difundían esa información o contribuían a generarla, como fue el caso de Dick Cheney, y fui testigo del inevitable camino hacia la guerra”.

Wilkerson señala también la similitud entre las mentiras que dieron lugar a la guerra de 2003 y las declaraciones de los voceros de Trump en televisión o, ahora, a través de Twitter. Después del asesinato de Soleimani, el Vicepresidente Mike Pence tuiteó que Soleimani “asistió en el traslado clandestino a Afganistán de 10 de los 12 terroristas que perpetraron los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos”.

Wilkerson afirmó en Democracy Now!: “Las palabras de Pence son absurdas. Soleimani y su séquito estaban en realidad ayudándonos en Afganistán en 2001 y a principios de 2002 a combatir al Talibán. Recibimos ayuda indispensable de Irán en ese sentido”.

El Secretario de Estado Mike Pompeo ha sido uno de los más fervientes y omnipresentes defensores del asesinato de Soleimani por parte del gobierno de Trump. El Coronel Wilkerson continuó: “Vamos a mentir, engañar y estafar, como está haciendo ahora Pompeo, como está haciendo ahora Trump, como Esper está haciendo ahora mismo, como Lindsey Graham está haciendo ahora mismo, como Tom Cotton está haciendo y como están haciendo otros miembros de mi partido político, los republicanos. Vamos a engañar y estafar a la población para hacer lo que sea necesario para continuar con el complejo bélico-militar-industrial. Esta es la verdad y la agonía de la cuestión”.

El coronel Wilkerson no es el único republicano crítico de las medidas de Trump. El senador republicano de Utah, Mike Lee, dijo en respuesta a la reunión informativa a puertas cerradas que altos funcionarios del gobierno de Trump mantuvieron el miércoles con los legisladores en el Congreso: “La reunión informativa duró apenas 75 minutos, tras lo cual, quienes estaban encargados de brindarnos la información se retiraron. Sin embargo, esto no es lo que encuentro más problemático de la reunión informativa que, añadiría, probablemente fue la peor a la que he asistido sobre un tema militar en los nueve años que he estado en el Senado de Estados Unidos. Lo que me pareció muy preocupante de la reunión fue uno de los mensajes que recibimos de las personas que estaban exponiendo los informes: no debatan; no discutan el tema de la conveniencia de una mayor intervención militar contra Irán. Si lo hacen, estarán envalentonando a Irán. La implicación es que de alguna manera estaríamos haciendo de Estados Unidos un lugar menos seguro al tener un debate o una discusión sobre la conveniencia de una mayor intervención militar contra el Gobierno de Irán. Encuentro esto ofensivo y degradante, no de manera personal, sino para con el cargo que ocupa cada uno de los 100 senadores de este edificio. No me importa si son de la CIA , del Departamento de Defensa o de cualquier otro organismo. Que vengan y nos digan que no podemos debatir y discutir la conveniencia de una intervención militar contra Irán es antiestadounidense, es inconstitucional y está mal”.

El coronel Lawrence Wilkerson, que fue testigo de primera mano de cómo se urde la decisión de librar una guerra, no es optimista sobre las perspectivas de paz: “Desde el 11 de septiembre, el monstruo de la seguridad nacional, el monstruo de las guerras interminables, ese monstruo que salió del pantano maloliente de Washington D.C. y mordió a Donald Trump hace unos días, está vivito y coleando. Estados Unidos existe hoy para librar guerras”.

© 2020 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

5 de noviembre de 2019

Una revolución mundial en marcha

Amy Goodman y Denis Moynihan

Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, Haití, Líbano, Irak y ahora, Chile. En todo el mundo, la gente se está alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimirlos. Muchos de estos movimientos de masas comparten una crítica feroz hacia el capitalismo. En Santiago de Chile, más de un millón de personas inundaron las calles el fin de semana pasado y las protestas masivas continúan. Allí, la brutal dictadura de Pinochet que tuvo lugar entre 1973 y 1990, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y mayores costos de educación, salud, transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de América del Sur, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 20 personas han sido asesinadas durante las recientes protestas allí, lo que enfureció e incentivó aún más a las multitudes.

Estas protestas globales están también sucediendo en momentos en que el mundo atraviesa un punto de inflexión en su historia, con tan solo una década de tiempo para que la humanidad pase de una economía apoyada en los combustibles fósiles a una impulsada por energía renovable. El miércoles, el multimillonario y asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció abruptamente que su gobierno había decidido cancelar la realización en Chile de dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC) a mediados de noviembre y la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, la 25ª “Conferencia de las Partes”, o COP25, en las primeras dos semanas de diciembre.

La presidenta designada de la COP 25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, declaró: “Los ciudadanos han expresado de manera contundente sus legítimas demandas sociales que requieren toda la atención y el esfuerzo del gobierno”.

La cancelación de la COP por parte de Chile podría ser un golpe para la acción global contra el cambio climático. Pero los activistas en defensa del clima deberían juntar coraje: este renovado espíritu de rebelión en todo el mundo implica un rechazo del status quo y podría presagiar que la movilización de base para evitar un cambio climático irreversible y catastrófico se acelere.

No mucho después de la cancelación de la COP de Chile, la Red de Acción por el Clima expresó en un comunicado: “La injusticia social y la crisis climática tienen una raíz común. La justicia climática y la solidaridad tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos humanos y una mejor calidad de vida para todos”.

La crisis climática nos afecta a todos; en primer lugar, y con más fuerza, a los pobres del mundo. El multitudinario levantamiento en Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue la culminación de décadas de frustración con el estatus colonial de Puerto Rico y la contemporánea explotación por parte de los fondos buitres de Wall Street. Pero el descontento se vio alimentado por la impactante devastación causada por los huracanes Irma y María hace dos años, que tuvieron lugar uno atrás del otro.

Pocos días después de la renuncia de Rosselló, Manuel Natal, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, manifestó en una entrevista para Democracy Now!: “Las políticas de austeridad implementadas no solo por la Junta de Supervisión Fiscal, sino también por el actual gobierno de Roselló y el pasado gobierno de García Padilla, han dejado al pueblo de Puerto Rico en una situación de vulnerabilidad. La desigualdad social ha aumentado a niveles que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico”. Natal prosiguió: “Necesitamos más democracia, no menos democracia. Estamos al borde de una revolución política aquí en Puerto Rico”. El derrocamiento de Rosselló constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo a causa de una protesta popular.

Los pueblos indígenas también están liderando el camino, a menudo en la primera línea de la lucha, confrontando al modelo extractivista con una resistencia pacífica y disciplinada. En Colombia, cientos de líderes sociales indígenas y campesinos han sido asesinados en los últimos años, simplemente por defender la justicia y la protección del medio ambiente.

El acuerdo climático de París señala específicamente la importancia de la justicia climática y se compromete a trabajar “en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza”. Uno de los conflictos duraderos que ha obstaculizado las negociaciones internacionales sobre el clima ha sido la negativa de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, para aceptar la simple premisa de que “los contaminadores deben pagar”. Estados Unidos es la nación más rica de la historia humana, en parte, porque al utilizar energía barata y sucia ha dejado una estela de contaminación en su camino hacia la cima: centrales eléctricas de carbón, locomotoras diesel y ahora, el gas de extracción por el método de fracturación hidráulica, mal llamado “de combustión limpia”.

Se suponía que el Fondo Verde para el Clima iba a recaudar miles de millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable en los países más pobres. La semana pasada, la conferencia de donantes del fondo no alcanzó su objetivo, principalmente porque el gobierno de Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos de aportar 2.000 millones de dólares al fondo. Australia y Rusia siguieron el ejemplo y se negaron a contribuir.

Un nuevo estudio de Climate Central, una organización científica y de noticias, indica que las inundaciones costeras inducidas por el cambio climático probablemente serán mucho peores de lo previsto, lo que obligará a entre 200 y 600 millones de personas, ricas y pobres, a abandonar sus hogares más adelante en este siglo. Ahora mismo hay numerosos incendios forestales provocados por el cambio climático en California, donde cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y al menos un millón de personas permanecen sin electricidad.

AL igual que los incendios forestales, los levantamientos populares contra los líderes corruptos autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad también se están extendiendo e intensificando. Los pueblos también está inundando las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías renovables.

© 2019 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio, entre las que está Radio PRODEMU ONLINE y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.


https://www.leerydifundir.com/2019/11/una-revolucion-mundial-marcha/

14 de octubre de 2019

Adiós Colón, bienvenido “Día de los Pueblos Indígenas”

Amy Goodman y Denis Moynihan

En Estados Unidos, cada vez más estados y ciudades celebran el “Día de los Pueblos Indígenas” en lugar del “Día de Cristóbal Colón”, a medida que se desbarata el mito que retrata a Colón como un descubridor benévolo y se reconoce más el rol fundamental de los pueblos indígenas en la protección del planeta. Con frecuencia, los defensores indígenas de la Madre Tierra se encuentran en la primera línea de la lucha contra la destrucción del medio ambiente, confrontando al poder militarizado del estado y las empresas en gran desigualdad de condiciones, con coraje y determinación. Colón llegó a las Bahamas hace 527 años y esa llegada de los europeos al continente desató un brutal genocidio que mató a decenas de millones de indígenas en todo el hemisferio. Ahora que la sexta gran extinción se acelera y el planeta se calienta de manera catastrófica, bien podrían ser los pueblos indígenas quienes nos salven a todos.

El reconocimiento oficial del Día de los Pueblos Indígenas ya se efectuó en al menos ocho estados del país: Alaska, Maine, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Sur, Vermont y Wisconsin. Más de 130 ciudades y condados han adoptado el feriado también, tanto grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Dallas, como lugares más pequeños como Livingston, Kentucky y Harpers Ferry, en Virginia Occidental.

Washington D.C., el Distrito de Columbia, cuyo nombre deriva de Colón, acaba de aprobar una resolución que reconoce el Día de los Pueblos Indígenas. David Grosso, concejal de la ciudad, expresó en un comunicado previo a la votación: “El Día de Colón fue designado oficialmente como feriado federal en 1937 a pesar de que Colón no descubrió América del Norte, a pesar de que millones de personas ya estaban viviendo en América del Norte cuando este arribó a las Américas, y a pesar de que Colón nunca pisó las costas del Estados Unidos actual. Colón esclavizó, colonizó, mutiló y masacró a miles de indígenas en las Américas”.

El movimiento para reemplazar el Día de Colón cobró impulso en 1992, cuando se cumplían 500 años de la llegada de Colón a América. Ese año, Berkeley, California, se convirtió en la primera ciudad en cambiar el nombre de la conmemoración. Hubo protestas anteriores que inspiraron el movimiento, incluido el Día Nacional de Luto en Plymouth, Massachusetts, celebrado el Día de Acción de Gracias para cuestionar el mito de la coexistencia pacífica entre los indígenas y los colonos ingleses, los peregrinos. El evento “UnThanksgiving” (algo así como “Anti Día de Acción de Gracias”, en español) tiene lugar una vez al año en San Francisco, donde cientos de personas van en barco a la isla de Alcatraz, otrora el lugar de una tristemente célebre prisión, para realizar una ceremonia al amanecer. Activistas indígenas estadounidenses ocuparon la isla hace 50 años para protestar por las duras condiciones de vida de los pueblos indígenas en el país.

En todo el continente americano, las comunidades indígenas resisten la explotación sin límites de sus tierras, el acoso de las industrias extractivas, la violencia y el racismo. En Ecuador, las protestas dirigidas por indígenas contra las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional, así como contra la minería y la extracción de petróleo, han forzado al presidente Lenín Moreno a trasladar sus oficinas de gobierno de Quito a la ciudad de Guayaquil.

En una entrevista para “Democracy Now!”, el profesor de derecho David Cordero Heredia, ecuatoriano, describió el papel del activismo indígena: “Los pueblos indígenas nos están ofreciendo una alternativa, una alternativa de vida sostenible. Ellos quieren proteger sus selvas y sus territorios. Ese es el mensaje que tienen para ofrecerle al mundo”.

En Brasil, las tribus indígenas de la Amazonia se enfrentan a las políticas racistas del gobierno, así como a letales incendios forestales, producidos en gran medida de manera deliberada con la bendición del presidente Jair Bolsonaro. El grupo de defensa de los derechos indígenas Survival International afirmó que el presidente “quiere abrirles los territorios indígenas en todo Brasil a los madereros, mineros y ganaderos. No le importa cuántas personas indígenas mueran en el proceso, y ha expresado abiertamente su desprecio racista por ellas en varias ocasiones”.

En su paso por América del Norte, Greta Thunberg, la reconocida activista climática sueca de 16 años de edad, estuvo esta semana visitando activistas juveniles indígenas en Dakota del Norte y del Sur, en la reserva Pine Ridge y en la reserva sioux de Standing Rock, donde cientos de tribus se congregaron entre 2016 y 2017 para oponerse al oleoducto Dakota Access. En sus primeros días en el cargo, el presidente Donald Trump dio luz verde tanto al Dakota Access como al oleoducto Keystone XL.

En un video producido por la organización Proyecto de Ley del Pueblo Lakota donde instan al Congreso estadounidense a detener el oleoducto Keystone XL, Tokata Iron Eyes, también de 16 años de edad, parada junto a Greta, expresa: “Los pueblos indígenas hemos estado en la primera línea de la lucha contra la crisis climática y sabemos vivir en equilibrio con la Tierra. Cuando hablamos de soluciones tenemos que incluir a los pueblos indígenas en el diálogo. Protejamos a nuestros pueblos indígenas, sus derechos, sus comunidades, su forma de vida, porque eso es lo que vamos a necesitar cuando nos adentremos en esta batalla”.

Colón nació en Génova, Italia. El movimiento para renombrar el Día de Colón no es en absoluto un desaire contra la comunidad italoamericana. Su objetivo es denunciar el genocidio y celebrar a los pueblos indígenas y su papel central en nuestra historia y nuestro futuro.

© 2019 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.


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