Perú: Hablan las cifras de la pobreza

Pedro Francke

"Solo hay una explicación posible: la desigualdad contra los pobres y vulnerables se ha incrementado sustancialmente"

Ha salido el último Informe de Pobreza del INEI. El porcentaje de población pobre el 2024 fue de 27,6 por ciento, casi dos puntos por encima que el nivel al que logramos bajarla el 2021. La pobreza ha aumentado en casi 700 mil peruanos, y eso es mucha gasolina echada al fuego de la criminalidad. Asunto clave: hay muchos más pobres mientras el PBI no ha caído y ese contraste se debe a que la desigualdad se ha disparado.

Si uno ve las cifras macroeconómicas del cogobierno Dina-Congreso, pareciera que el desastre del 2023 se ha revertido el 2024. En efecto, la recesión que significó la caída del PBI en 0,6 por ciento el 2023 fue contrarrestada con un crecimiento del 3,3 por ciento el 2024. Considerando el aumento de la población entre esos dos años el crecimiento en términos per cápita fue 0,6 por ciento, mínimo pero un poco encima de cero. Mientras tanto, este gobierno ha tenido la suerte de tener muy buenos precios internacionales de los metales, pero la política neoliberal redoblada ha impedido que ese enorme ingreso adicional llegue a las mayorías y ha permitido que se lo apropien las grandes empresas. Se quedó en las transnacionales: sus utilidades ya eran enormes el 2023, cuando llegaron a casi 20 mil millones de dólares y han aumentado el 2024 hasta los 23 mil millones de dólares. Los aumentos de precios de los metales, los perdones y las exoneraciones tributarias y una política neoliberal intensificada les ha redoblado sus ganancias, dejando menos para los peruanos. Esos 23 mil millones de dólares que se apropiaron unas cuantas transnacionales son más que el total de los ingresos con que tuvieron que subsistir quince millones de peruanos: el diez por ciento más pobre debe sobrevivir con apenas 250 soles mensuales, según este informe de pobreza del Instituto Nacional de Estadística, INEI.

MÁS DESIGUALDAD QUE ANTES DE LA PANDEMIA

El altísimo nivel de pobreza que tenemos se explica en dos momentos de nuestra historia reciente. El que tengamos 9 millones 400 mil personas en situación de pobreza es resultado de tres décadas de política neoliberal y del agravamiento de la desigualdad durante y después de la pandemia. En una mirada más histórica, no olvidemos que el 2019 la pobreza en el Perú era aún de 20 por ciento y en Lima venía subiendo desde el inicio del gobierno de PPK, el 2016, y su favorecimiento a la inmigración venezolana. El neoliberalismo no resolvió la pobreza ni en sus mejores años de crecimiento logrados gracias al boom de precios de los metales (periodo del 2004 al 2014), porque mantuvo una desigualdad muy grande.

El asunto es que esa situación de empobrecimiento y desigualdad, en vez de enfrentarse, se agravó durante la pandemia y después de ella. Comparando el 2024 con el 2019 resulta que la pobreza es 7,5 por ciento superior y hay 2 millones 900 mil más peruanos pobres, aunque en este periodo logramos revertir la caída del PBI y del Ingreso Nacional Disponible (IND) producida por la pandemia. El IND por persona fue el 2024 superior en 9 por ciento al de 2019. Entonces, si en promedio por cada peruano se ha producido por más valor y hay más recursos reales, ¿por qué la pobreza ha aumentado y mucho? Aritméticamente solo hay una explicación posible: la desigualdad contra los pobres y vulnerables se ha incrementado sustancialmente.

Otros datos refuerzan esta explicación. Entre 2020 y 2024 la productividad media por trabajador ha aumentado 3 por ciento, pero los salarios están aún 9 por ciento debajo del 2019 (cálculos de Fernando Cuadros L.). Esa diferencia del 12 por ciento entre productividad y salarios ha ido como ganancias adicionales para los grandes grupos monopólicos, que han aprovechado primero la crisis del covid para recortar salarios, luego la inflación de 2022 para subir sus precios y más recientemente pagan menos impuestos gracias a los beneficios tributarios especiales que les ha regalado este Congreso fujimorista.

OTRA POLÍTICA POSIBLE Y NECESARIA

Es buena una comparación con el 2021, cuando logramos frenar la pandemia y pudimos reactivar la economía. El 2021 se logró sacar a 1 millón 400 mil peruanos de la pobreza debido a un acelerado crecimiento del 13,3 por ciento del PBI, y por una mayor inversión privada llevándola al 20 por ciento del PBI –la cifra más alta de la última década–, además de aumentar la inversión pública en 25 por ciento y por los bonos de ayuda social que se otorgaron masivamente. La pobreza se redujo ese año de 30,1 por ciento a 25,9 por ciento; tres años después el cogobierno Dina-Congreso aún nos tiene con más pobreza que el 2021. Comparado con ese año, el 2024 los programas y ayudas sociales del gobierno tuvieron una efectividad 3 por ciento menor, lo que significa que un millón 300 mil personas adicionales son pobres debido al debilitamiento de las políticas de salud, educación y protección social.

Como escribí hace un par de semanas, la política social de este gobierno es desastrosa, está totalmente podrida, sin rumbo ni fuerza. Eso sucede cuando en Lima Metropolitana hay más de un millón de personas que tienen menos de 320 soles al mes para vivir; de los escasos 415 soles que tenían el 2019 han perdido casi cien, una tragedia para ellos y para el país. La pobreza en Lima alcanza el 28 por ciento y es el doble que el 2019, empobrecimiento que ha sido similar en las ciudades de la costa. Obviamente, esa es una causa fundamental del aumento de la criminalidad, ya que la suma de hambre y desesperanza empujan a muchos jóvenes hacia comportamientos antisociales y delictivos. No hay salida a la crisis nacional sin enfrentar la tremenda pobreza y desigualdad que vivimos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 734 año 16, del 23/05/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

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Perú: ¿Cómo viven los peruanos la desigualdad?

Luis Pásara

Con resignación, que es sorprendentemente mayor entre los más pobres.

En el mundo se vive en las últimas décadas una creciente desigualdad; el Banco Mundial denominó a 2023 como “el año de la desigualdad”. Cada vez es mayor la porción de renta y patrimonio que se concentra en pocas manos, dejando una parte menor a la mayoría, en la que se incluye un enorme bolsón de pobreza. “Más de dos tercios de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha crecido”, según informara Naciones Unidas. Pero, esta situación, que es comprobable en los datos, ¿cómo se vive por quienes son afectados por ese proceso? Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos y OXFAM ha buscado respuestas entre los peruanos, con una muestra de 1508 entrevistas en todo el país.

Perú es el cuarto país más desigual del mundo, según un análisis disponible. La encuesta IEP-OXFAM (en adelante, la encuesta) encontró que la mitad de los entrevistados (51%) estimaron que el país es económicamente muy desigual. Paralelamente, una cuarta parte de encuestados (27%) creían que es “poco desigual” y 7% respondieron que ¡es “nada desigual”! Y fue entre los más pobres donde se encontró la mayor parte de esta última respuesta.

Cuando se pidió una cualificación de las distancias económicas, algo más de la mitad de los entrevistados (56%) afirmó que “las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes”. En sentido contrario se pronunció uno de cada cuatro encuestados (27%). Cuando se examina las respuestas según estratos sociales, se encuentra que la percepción de tales diferencias como excesivas es mayor en el estrato más alto (69%) que en el estrato más bajo (48%). O, dicho de otra manera, que quienes piensan que las diferencias entre ricos y pobres no son demasiado grandes, sorprendentemente, se hallan más en el estrato más bajo (33%) que en el estrato más alto (15%).

Una pobreza aceptada

El Perú es un país donde según el Banco Mundial “siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en la pobreza”; en concordancia, la encuesta encontró que más de la mitad de los entrevistados (54%) declararon que sus ingresos no les alcanzaban, mientras a 14% les alcanzaban y podían ahorrar. No obstante, la mitad de los encuestados creía que “En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica”, 38% sostuvo que “En el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza” y un porcentaje casi igual (37%) pensaba que “Las personas pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades”. Ninguna de estas tres respuestas fue rechazada por la mayoría de los encuestados.

Algunas precisiones sobre las respuestas a la afirmación “En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica” que, como se indicó, obtuvo 50% de respaldo, con porcentajes aproximadamente iguales en todos los estratos sociales. Se encontró porcentajes algo más altos de acuerdo entre los encuestados de 18 a 24 años (58%), los auto-identificados como “blancos” (57%) y quienes se situaron políticamente en la derecha (59%).

Varias respuestas apuntan a cierta conformidad con diversas formas de desigualdad. Lo demuestra la “gravedad” otorgada a algunas desigualdades. Cuando se mira a los datos según estratos, se encuentra que la desigualdad entre ricos y pobres recibe la calificación de menor gravedad en los estratos más pobres. Por otra parte, la desigualdad entre hombres y mujeres fue considerada “grave” por uno de cada cuatro encuestados (24%), pero 30% la estimaron “poco grave” y 17% “nada grave”. En suma, para casi la mitad (47%) no existe un problema importante en esta desigualdad. Y en un país que muchos trabajos señalan como racista, la desigualdad entre gentes blancas y no blancas fue considerada como “grave” por 23%, al tiempo que 22% la estimaron “poco grave” y 31%, “nada grave”; esto es, para más de la mitad de encuestados (53%) tampoco en esta desigualdad hay un problema de envergadura.

En cuanto a la desigualdad en el acceso al trabajo y los servicios, la encuesta encontró diferencias de interés. Calificaron como “muy desigual” el acceso al trabajo 52.4% de las respuestas. El acceso a la justicia recibió el porcentaje más alto de respuestas indicativas de desigualdad: 75.5%, mientras que el acceso a la educación obtuvo 52.7% de señalamientos de desigualdad. Sorprende que, en el país que tuvo el mayor número de fallecidos por habitante en el mundo, no superaran los dos tercios de encuestados (66.3%) quienes señalaran que el acceso a la salud es muy desigual. Conforme acaba de puntualizar un informe reciente de Amnistía Internacional —“Derecho a la salud, privilegio de pocos”—, una insuficiente infraestructura pública provee un servicio carente de calidad y resultados discriminatorios.

Resulta interesante cuál es el factor que, según los encuestados, es el que más importa “para tener una buena posición en el Perú”. La respuesta más escogida fue: “tener una buena educación” (67%), supuesto que replica aquella vieja idea de “quien estudia triunfa” y que parece estar hecha a prueba de una realidad conocida: la falta de empleo con la que en el país tropiezan incluso quienes tienen formación profesional.

Mirando al futuro, la encuesta interrogó: ¿Cómo cree que será la situación económica de sus hijos menores cuando sean adultos? Las expectativas de mejora se revelaron altas: “mejor” obtuvo 81% en las respuestas. La opción “peor” sumó 13% en los estratos más bajos.

Cierta lucidez pero mucha resignación

Los datos revelan la preeminencia de una versión ideologizada sobre una realidad en la que las desigualdades son notorias. Es claro que la resignación tiene cierto peso entre los pobres. Ellos parecen asumir culpa por su situación, esto es, que no salen de la pobreza porque no se esfuerzan, pudiendo hacerlo. Nada más lejos de un ambiente propicio para una revolución o, aún menos, un estallido social. La visión del “emprendedurismo” parece haber desactivado la amenaza al orden social que, según se creyó en otros tiempos, la pobreza constituía.

Esa prevalencia de cierto conformismo entre los encuestados fue denominado en la encuesta como “tolerancia frente a la desigualdad”. A la pregunta ¿Hasta qué punto es aceptable la desigualdad en el Perú?, la mitad (51%) la consideraron “inaceptable” y, del otro lado, 30% dijeron encontrarla “aceptable”, mientras el resto prefirieron no escoger entre una y otra opción. El rechazo a la desigualdad fue mayor (61%) en el estrato más alto y menor (48%) en el más bajo.

Interesa notar que esa “tolerancia” no ignora la desigualdad en el poder. La opción “Los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país” fue escogida por dos tercios de los encuestados (67%) y, en conjunto, 90% de los encuestados afirmaron que el país “Está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. ¿La salida? 31% sostuvo que para “tener un país más igualitario”, es preciso “un Estado más justo”. Otras respuestas obtuvieron porcentajes menores. Complementariamente se apuntó que una mayor recaudación tributaria debería servir para destinar principalmente los mayores ingresos a educación (32%) y salud (28%).

En la dramática pobreza que caracteriza al país, según diversas mediciones creíbles, no parece haber signos de aquella rebeldía imaginada, por ejemplo, por el “presidente Gonzalo”, quien proclamara “la rebelión se justifica”, como le inspiraba el evangelio maoísta. Los peruanos de hoy no participan de esa tesis y probablemente allí resida uno de los factores que explican por qué los movimientos subversivos fueron derrotados. Entre los más pobres la esperanza se deposita en el propio esfuerzo y, en cierta medida, en el improbable apoyo de un Estado que, sin lugar a dudas, hoy más que antes, es ineficaz y cuya actuación se halla permeada por la corrupción.

https://luispasara.lamula.pe/2024/11/13/como-viven-los-peruanos-la-desigualdad/luispasarapazos/

https://www.leerydifundir.com/2024/11/peru-viven-los-p…s-la-desigualdad/

¿Puede salvarse el liberalismo en América Latina?

Alberto Vergara

Si los principios liberales quieren volver a resonar con la gente, una buena manera es aceptar que el régimen republicano y democrático debe fundarse en una conversación entre iguales”.

El liberalismo está exhausto. Las manifestaciones institucionales que capturaban lo esencial de su proyecto retroceden. La integración económica mundial se desmigaja en un tiempo que ya denominan como “des-globalización”. La Unión Europea –el proceso político liberal más exitoso de la historia– ha quedado herido de Brexit por el oeste y, de “democracias iliberales”, por el este.

En América Latina la cosa es semejante. Después de un momento de ímpetu reformista con el Consenso de Washington, ni la liberalización de los mercados nacionales ni la integración económica regional avanzaron. Políticamente, la esperanza democrática ha cedido gradualmente. De un lado, dictaduras como las de Nicaragua y Venezuela se han aferrado en el poder violando derechos humanos de una manera que creíamos no regresaría al continente. Incluso en países democráticos como el Perú actual, el gobierno consigue retener el poder asesinando a decenas de personas. Cuánto habrá decaído el ánimo, que hoy los liberales optimistas son quienes exigen que enfaticemos que la virtud principal de nuestras democracias es que no se quiebran. Mientras tanto, la encuesta Latinobarómetro registra que, año a año, el apoyo a la democracia se encoge, al tiempo que las libertades civiles se hacen menos efectivas por Estados que se descomponen.

A su vez, los proyectos políticos cercanos al liberalismo languidecen. No es la hora de la moderación clasemediera. Si se cayeron los sistemas de partidos nacionales, despunta un sistema regional de populistas: el de la mañanera y el de la motosierra, el de la paz total y el de la cárcel total. Probablemente el único líder en la región que pueda ser catalogado como liberal sea Lacalle Pou, en un país que alberga tres de los seiscientos millones de latinoamericanos. En síntesis, ni los propósitos del liberalismo ni sus plataformas brillan en esta temporada.

En lo fundamental, esto es responsabilidad del propio liberalismo. Durante el siglo XXI los liberales latinoamericanos (las voces del liberalismo realmente existente) se convirtieron en una fuerza política del statu quo en un continente atascado. Los ejemplos paradigmáticos son los casos de los presidentes-CEO como Mauricio Macri, Pedro Pablo Kuczynski, Sebastián Piñera o Guillermo Lasso. Más allá de sus diferencias, encabezaron proyectos truncos (Lasso y Kuczynski debieron incluso dejar la presidencia antes de completar su mandato). En estos nombres, sus gobiernos y sus partidarios encontramos muchas de las claves para comprender la crisis liberal.

En primer lugar, devino una doctrina muy economicista. Una para la cual el ámbito donde constatar la libertad –y eventualmente ampliarla– es esencialmente el mercado. En los años noventa el verbo favorito era “privatizar”, en los 2000 ajustaron las expectativas y ascendió “desregular”. Si en los noventa la agenda del Consenso de Washington cargaba con la creencia genuina de que las reformas neoliberales redundarían en el bienestar popular, con el paso de los años, el liberalismo latinoamericano fue preocupándose más por el bienestar del sector privado, tanto que, en América latina, pareciera que ser liberal significa ser pro-rico. Toda la energía que los liberales invirtieron en que las empresas no fueran estatales contrasta con los pálidos esfuerzos por construir mercados competitivos. Si se suele denunciar vivamente el “capitalismo de cuates”, rara vez se señala a alguno de los cuates. Es más fácil denostar el pecado, que nombrar a los pecadores. En toda América Latina padecemos los sobreprecios infligidos por el cartel del papel higiénico, alguna aerolínea, la leche, las medicinas, la carne, la cerveza, etc… Un estudio del Banco Mundial afirma que solo con introducir más competencia en nuestros mercados la pobreza se reduciría más que como producto de los programas sociales. Los latinoamericanos saben bien que por aquí el laissez-faire tiene mucho de laissez-desplumar.

Se trata, además, de un liberalismo que ha sido muy tolerante con la desigualdad. Adoctrinado en el eslogan fácil según el cual nadie muere de desigualdad, sino de pobreza, en muchos de nuestros liberales, la desigualdad ni siquiera figura como un problema sino como un activo pues esta alentaría la codicia de los de abajo y se alentaría así el crecimiento económico. En un continente donde solo alrededor de 2% de quienes nacen en el quintil más pobre consigue llegar al quintil más rico (¿futbolistas?, ¿reggaetoneros?), nuestros liberales celebran una desigualdad que dificulta –o directamente impide– que los individuos puedan planear y desarrollar la vida que desean para sí mismos.

Lo cual se combina con un tercer elemento: hay una sociología del liberalismo latinoamericano que lo hace bastante antipático. País tras país, estos proyectos aparecen comandados por los niños bien de nuestras segregadas sociedades; los hijos de los mejores barrios exigen paciencia a la ciudadanía, alertan contra el populismo, atacan a un Estado que no necesitan y conforman gabinetes de gobierno con lo más fino de la patria gerencial.

En resumen, los latinoamericanos tienen muchas razones para pensar de los liberales del siglo XXI algo parecido a lo que Úrsula Iguarán meditó acerca de los gitanos: “habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino mercachifles de diversiones”. En un continente donde las mayorías padecen una desigualdad que frustra la movilidad social; en una región marcada por el hartazgo y la falta de ley; en unos países donde las mayorías siempre van perdiendo el partido, ahí mismo, el liberal alza la voz y nos conmina a cuidar el empate.

Los libertarios han roto con esto, desde luego. Por eso mismo rechazan denominarse liberales, quieren ser libertarios: reniegan del statu quo y atacan al establishment. Pero su energía proviene de un ímpetu antiprogresista. Si en el discurso les repele el Estado, lo que realmente los energiza es la rabia contra el wokeismo del siglo XXI. Los libertarios pegaron el portazo y se marcharon del liberalismo. Detectaron bien que se hacía obsoleto y desertaron por derecha.

Ahora bien, ¿qué estrategia pueden emprender los liberales progresistas decepcionados del liberalismo realmente existente? Lo primero, supongo, es que no es una buena idea desertar del liberalismo. Finalmente, esta es una región que necesita a gritos una agenda que se tome en serio la construcción de comunidades de ciudadanas y ciudadanos, de individuos, que cuenten con dosis semejantes de libertad; que tengan capacidades parecidas para elegir y planear con algún grado de efectividad la vida que buscan para sí mismos. El liberalismo fue siempre un proyecto emancipatorio. Y esa intención es relevante y urgente en América Latina, una región cuya (in)movilidad social asemeja a un antiguo régimen donde las condiciones de nacimiento establecen en gran medida lo que las mayorías podrán o no conseguir. O para utilizar una metáfora del Foro Económico Mundial, en América Latina hay “pisos y techos pegajosos”: si naces rico será casi imposible caer en la escala social y si naces pobre tienes muchísimas probabilidades de heredarle la pobreza a tus hijos. Todo eso es la antítesis del liberalismo y la responsabilidad individual: se acerca, más bien, al estamento premoderno, aun si no está codificado.

Entonces, esa agenda emancipatoria no puede abandonarse. ¿Hay forma de recuperar un liberalismo inconforme y progresista?

Pues al menos se puede intentar. Las flaquezas más obvias del liberalismo podrían compensarse con ayuda de un viejo y olvidado aliado: el republicanismo. Después de todo, los países latinoamericanos se fundaron hace un par de siglos desde el maridaje –contingente pero resiliente– del liberalismo y el republicanismo. Nuestros países no se crearon bajo la promesa del propietario lockeano concentrado en fructificar su propiedad, sino –más bien– desde la convicción de construir un orden político basado en el autogobierno ciudadano. Esa fue nuestra pila bautismal ideológica: el rechazo a ser gobernados por un tercero. La libertad entendida como autogobierno ciudadano (y no como libertad de actuar en el mercado). Y esto no fue, como a veces se cree, un experimento puramente elitista. Como lo demuestra un cuerpo enorme de literatura histórica, las convicciones, instituciones y prácticas del autogobierno fueron asumidas y abrazadas por los sectores populares. Esa tradición es la que explica que –sin importar dónde estemos en América Latina– una persona suele caminar por la avenida Constitución, luego cruza el parque Libertad y prosigue por la alameda Unión. Como es obvio, esa misma omnipresencia de lo republicano en nuestras vidas nos enfrenta, justamente, a nuestro fracaso: padecemos una crisis de legitimidad que se origina en que constatamos cotidianamente que no somos aquello que prometimos ser. Por eso somos Repúblicas Defraudadas (el título de mi libro lidiando con estas cosas: Repúblicas Defraudadas: ¿Puede América Latina escapar de su atasco? Crítica, 2023). En América Latina tuvimos mucho más éxito en construir Estados y naciones que repúblicas.

Entonces, algunas premisas y actores, instituciones y prioridades, del republicanismo pueden echarle una mano al liberalismo desfalleciente. Subrayo que no propongo que deba necesariamente recuperarse la etiqueta “republicanismo”, sino algunos de sus objetivos y medios.

En primer lugar, el republicanismo obliga a pensar en términos de un régimen de ciudadanía. Su actor principal no es el propietario, ni el elector quinquenal, tampoco la clase social del socialismo. Su actor central es el ciudadano, la ciudadana y la ciudadanía. Un conjunto de agentes que deben disponer de cuotas semejantes de libertad con el objetivo de desarrollar sus proyectos de vida y, soberanamente, darle un sentido a la comunidad política comparten.

El ciudadano no es un actor propio de la tradición liberal, viene de una concepción republicana de la vida política. El liberalismo cargó siempre cierta desconfianza frente a la gente. El inicio de Sobre la libertad de John Stuart Mill es ilustrativo: el libro se origina cuando Mill cae en la cuenta de que las amenazas a la libertad ya no vienen del absolutismo monárquico sino de la posibilidad del absolutismo popular. De ahí en más, no importa que sea Isaiah Berlin o Karl Popper la democracia y la ciudadanía suele aparecer más como amenaza que como activo. Y otros, como Hayek, dieron un paso más allá y la dictadura terminó siendo compatible con lo liberal (y sus seguidores en el Chile de Pinochet y el Perú de Fujimori lo aceptaron a pie juntillas). En la época contemporánea ese escepticismo frente a la ciudadanía se ha manifestado en el héroe del liberalismo latinoamericano: el tecnócrata. La utopía liberal latinoamericana es entregarle el país a tecnócratas sin fronteras.

Pero así no funciona una república democrática: ahí lo que concierne a todos deben decidirlo todos. El liberalismo necesita entenderlo. Difícilmente la manera de recuperar el favor del pueblo es despreciándolo. Lo he visto en las últimas semanas a raíz de la elección mexicana. Liberales que estaban a un paso de descartar a la democracia en tanto régimen de gente consumidora de demagogia. En Argentina hubieran dicho “choriplaneros”. Como afirman Silvia Otero y Rodrigo Barrenechea en un texto reciente sobre el populismo en Colombia, “al populista se le condena, a su votante se le desprecia y a ninguno se le entiende”. Y esto no lo afirmo para defender a los populistas, sino desde el convencimiento de que, justamente, pueden y deben ser desafiados desde lo republicano y democrático y no desde el desdén. Si los principios liberales quieren volver a resonar con la gente, una buena manera es aceptar que el régimen republicano y democrático debe fundarse en “una conversación entre iguales”, para usar el título de Roberto Gargarella.

En segundo lugar, el liberalismo tiene muchos problemas para lidiar con el papel del Estado y con la desigualdad. En la región, como el acta fundacional del liberalismo contemporáneo es el Consenso de Washington, su enemigo siempre ha sido el desastroso Estado populista. Como consecuencia, hasta en su mejor versión, el Estado aparece como un mal menor, o como algo que eventualmente podríamos eliminar. Donde la mayoría de los latinoamericanos constata y padece un Estado ausente o imbricado a distintas formas de criminalidad, nuestros liberales detectan uno burocrático de tintes soviéticos. Esta distancia entre las necesidades sociales y las fábulas ideológicas es muy dañina para los proyectos liberales.

El fortalecimiento de los Estados es una de las urgencias principales en nuestros países. El crimen está carcomiendo las bases de la convivencia. Pero además del crimen, el Estado es el único que puede garantizar que un régimen ciudadano –con obligaciones y derechos– sea efectivo. La manera en que los derechos ciudadanos están distribuidos en la región es profundamente desigual. Para resumirlo con diversas investigaciones, solo alrededor de 20% de la ciudadanía latinoamericana puede hacer valer todos sus derechos. Es decir, solo 20% cuenta con márgenes de libertad como debemos tener en una república democrática.

Y aquí hay algo importante: lo republicano no puede significar –como aparece a veces en ciertos países– como una suerte de etiqueta solemne y vacía que aludiría a las formas, los próceres y el himno nacional. Lo republicano entendido como un régimen de ciudadanía debe hablar de cosas sustantivas. El liberalismo también. Y sin Estados funcionales es imposible asegurar la participación igualitaria de la gente en la esfera pública, política y en el mercado.

El problema de la desigualdad no es solamente un tema de cómo se redistribuye la renta (como lamentablemente suele discutirse la cuestión de la desigualdad): vivimos en países con regímenes de ciudadanía muy desiguales. Es decir, hay un entramado de relaciones sociales, jurídicas y económicas que reparten de manera muy inequitativa las oportunidades en la región. El malestar creciente de los latinoamericanos no es una función del índice de Gini, sino que está marcado por una vida cotidiana en que las mayorías viven sin que un tercero imparcial –el Estado– arbitre sus distintas interacciones, asegurándoles un trato semejante. Y la peor parte de esta vida sin ley –o de leyes amañadas– lo lleva lo más precario de la ciudadanía.

La desigualdad económica es, muchas veces, la consecuencia de un orden institucional y no su origen. Por eso pienso que el correctivo para nuestro liberalismo es menos la cercanía con la socialdemocracia (y su ímpetu redistributivo imbricado a un actor sindical que en la mayoría de los países latinoamericanos perdió mucho espacio), que de una tradición republicana y su acento en las instituciones y la protección de lo público. En muchos de nuestros países el problema principal no es la escasez de recursos sino el orden institucional que dificulta que estos puedan crearse de una manera más igualitaria. Como decía Fernando Henrique Cardoso, “el Brasil no es un país pobre, es un país injusto”. O sea, sin justicia, sin derecho, sin la capacidad institucional de proteger la agencia ciudadana contra la voracidad de unos pocos. Sin instituciones republicanas, se puede redistribuir recursos, pero es muy difícil asegurar el reparto igualitario de la libertad.

El nudo de nuestra inequidad está en la desigualdad brutal que padecemos los latinoamericanos en términos de influencia sobre la política; en la tremenda inequidad para acceder a tribunales que hagan valer los derechos de las mayorías; en recibir un trato igualmente digno de parte del Estado y de sus compatriotas. La cuestión de la desigualdad, en última instancia, se parece menos a cómo se reparte una torta que a cómo se distribuye el respeto, el miedo y la incertidumbre en una sociedad. Esa agenda no es ni ha sido la del liberalismo latinoamericano. Más que realmente creer en las oportunidades igualitarias, el liberalismo ha militado en el alivio a la pobreza. Y es muy distinto reclamar políticas para pobres que políticas para ciudadanos.

Finalmente, la cuestión de lo público y el interés general. Más del 80% de los latinoamericanos considera que su país es gobernado para beneficio de unas minorías y no para el pueblo. El 62% considera que la mayoría de sus políticos son corruptos. Solo alrededor de 10% asegura tener influencia sobre el proceso político nacional. En síntesis, perciben que, como en la canción, “the game was rigged, the ref got tricked” (¡basta de Taylor Swift!). Todo esto significa la disolución de lo público. Y en el centro del republicanismo está la protección de lo público. En todo el continente hay un reclamo palpable por la producción de interés general, de aquello que nos incumbe a todos frente a sistemas agujereados por intereses particulares de los legales a los criminales. El enemigo mortal de la república fue siempre la corrupción: la corrupción de las repúblicas. No entendida como la “mordida” o “coima” sino como la destrucción de lo público a punta de particularismo. Ahí también hay algo que el liberalismo podría recoger de su antiguo aliado.

Entonces, para terminar, el liberalismo latinoamericano se fue oxidando de economicismo, de conformismo, de elitismo y desconfianza –a veces terror– hacia la ciudadanía. El republicanismo –ese tío abuelo democrático– carga con ciertas prioridades que pueden contrapesar estas características: inconformismo, apuesta por la política y la ciudadanía, y compromiso con el interés general. Donde el liberal ve una región pobre, el republicanismo ve un continente injusto. El liberalismo debería reenganchar con esa tradición política y popular de la que se fue alejando. “Aquí naide es más que naides”, aseguró el buen Artigas al inaugurar la república uruguaya. El desafío latinoamericano sigue siendo instaurar unas instituciones que garanticen eso mismo. Pero los liberales contemporáneos renegaron de esa tradición. O se le recupera o la ciudadanía seguirá deslizándose hacia el caudillo populista que castiga a los viejos privilegiados para erigir nuevas prebendas y flamantes favorecidos.

Una versión previa de este artículo apareció en la revista Cambio Colombia.

https://larepublica.pe/opinion/2024/09/01/puede-salvarse-el-liberalismo-en-america-latina-por-alberto-vergara-918685

https://www.leerydifundir.com/2024/09/puede-salvarse-l…o-america-latina/

Perú: Los informales nacieron de la necesidad

Pedro Francke

La política peruana está bastante podrida. El pacto corrupto entre Boluarte, el congreso derechista y el poder económico aún se mantiene a pesar del repudio ciudadano. La urgencia del momento es desmontar esa dictadura con elecciones adelantadas, sin dejar de responder a las causas profundas del deterioro de la democracia peruana. Una salida a la crisis actual, siendo una respuesta a la coyuntura, debe tener miras mayores para luego no tropezar nuevamente con la misma piedra.

Una causa conocida de la actual crisis es un sistema político carcomido por corrupción e influencias indebidas y donde el congreso tiene a la presidencia por el cuello. Otra bastante obvia es el desprecio racista de las clases dominantes hacia las mayorías nacionales, bien sazonado con un autoritarismo marcado. Propongo que hay otro elemento adicional, indispensable para entender lo sucedido y pensar alternativas: una estructura y modelo económicos que mantienen la pobreza y desigualdad y favorecen la informalidad.

Hoy son comunes las críticas a las leyes permisivas de la minería informal que se asocian a la violencia extrema en Pataz. Se ve mal que varios grupos en el congreso estén promoviendo leyes para favorecer a los colectiveros. Es visto como espantoso que salgan leyes favoreciendo la tala ilegal en la amazonia. De acuerdo: se trata de tres muestras claras del deterioro de la política en el Perú. Pero faltan explicaciones al foso de podredumbre en que nos encontramos. Vayamos más allá de Dina Balearte y este congreso que todo el Perú odia. ¿Por qué hay tantos colectiveros, mineros y taladores ilegales y por qué ellos han reforzado en este periodo sus presiones para obtener leyes especiales a su favor? Esta es una pregunta sustancial porque hay un tema de fondo: siendo cierto que la crisis de hoy se debe principalmente a los malos políticos, no podemos dejar de reconocer que problemas como la corrupción y el irrespeto a la ley están asentados en sentidos comunes y comportamientos generalizados entre los peruanos.

INFORMALIDAD, RAZONES Y CRÍTICAS

¿Por qué hay tantos informales? Porque luego de tres décadas de neoliberalismo, leyes especiales para la gran minería y subsidios a los agroexportadores, la pobreza sigue rampante, los salarios no alcanzan para nada y quienes tienen la suerte de conseguir un empleo no pueden organizar un sindicato porque los despiden (como ha sucedido recientemente en Frecuencia Latina). ¿Qué pretenden entonces los que hoy se espantan ante leyes en favor de grupos informales, pero no se inmutan ante esta realidad social? ¿Que esa enorme mayoría de peruanos se resigne en la pobreza extrema mientras reza para que no tenga la mala suerte que una enfermedad crítica afecte a su familia? ¿Que no luchen con uñas y dientes, como lo hacen hoy, por buscarse un pequeño espacio donde sobrevivir y con suerte alguna opción de mejora para sus familias?

Conviene recordar que la posición de la derecha neoliberal frente a esas leyes pro-informalidad ha sido completamente hipócrita. La Confiep y sus escribidores se indignan contra los colectiveros y la minería informal, pero defienden a capa y espada que quienes ilegalmente se han traído abajo bosques amazónicos ahora queden libres de polvo y paja y puedan volver a hacerlo. Es mucha casualidad que tras la deforestación haya grandes conglomerados como el grupo Romero y la trasnacional tramposa Ocho Sur. La derecha neoliberal también suele quejarse de las contribuciones que deben hacer los empleadores que, dicen, incentiva la informalidad. Pero cuando se desfinancia EsSalud para regalar millones a las agroexportadoras, agravando así las colas y desabastecimiento que sufren los asegurados, eso no importa. Tampoco les llama la atención que las AFP cobren comisiones abusivamente altas. Por el contrario, las defienden argumentando una supuesta preocupación por los adultos mayores (los del futuro, porque las ínfimas pensiones de hoy les tienen sin cuidado). Lo cierto es que por más intentos de ocultamiento que hagan, su hipocresía les sale por todos los poros, casi como si llevaran un Rolex o un Cartier (que a la ultraderecha les parecen pequeños detalles irrelevantes). Con su práctica y su discurso han develado que su crítica no es a los desastrosos efectos ambientales y sociales de muchos informales e ilegales, solo es un argumento a medida de los intereses de las grandes empresas.

CRISIS POLÍTICA, POBREZA Y DESIGUALDAD

Lamentablemente, esa actitud de quienes dominan nuestro país ha ido generando a lo largo del tiempo una reacción negativa en muchos peruanos: “de qué me hablan de cuidar el ambiente y respetar la ley, si viene la gran empresa minera, la transnacional con ventajas o el tramposo norteamericano que saca madera sin permiso y no pasa nada”. Por eso el tremendo avance de la anomia social y la falta de respeto a la ley, con las motos de delivery pasándose la luz roja sin ningún problema y colectiveros con decenas de multas circulando. El mal ejemplo se contagia, en especial el de quienes ejercen un rol de mando.

La pobreza, por un lado, y la actitud ventajista de los dueños del Perú, por el otro, son esenciales para entender la crisis política actual. ¿Cómo entenderla si no podemos explicar las reacciones de quienes sienten amenazado ese terrenito al que migraron en la selva, esa forma de sostenerse circulando su carrito viejo, esa única posibilidad de juntar algo que les permita pagar la universidad de sus hijos y sostenerse en su vejez? ¿Acaso debieran quedarse inmóviles mientras siguen otros dos siglos de oprobio?

El pueblo peruano ha estado buscando alternativas, de manera colectiva y de manera individual. Ha votado buscando cambios para ser traicionados una y otra vez las últimas dos décadas. Hubo decenas de miles protestando entre diciembre 2022 y enero 2023. Cientos fueron abaleados, muertos y heridos y con esa sangre se afianzó el poder de quienes siempre dominaron el Perú y que habían perdido las elecciones. Este año se han retomado movilizaciones contra la privatización del agua, en defensa de los derechos de las mujeres, de comunidades frente a la minería y contra la corrupción.

Pero muchos peruanos y peruanas hoy se concentran en sus propias economías. El 2022 la pobreza en Lima era 27 por ciento, casi el doble que en 2019, y aunque no tenemos los datos del 2023 es obvio que ese indicador ha vuelto a subir dada la recesión de la construcción y la industria que cayeron en 8 por ciento. Las proyecciones para este año es que esos dos sectores claves para el empleo urbano terminarán todavía 5 por ciento por debajo del nivel que lograron el 2021: la calle sigue muy dura. Los peruanos priorizan su economía individual porque necesitan subsistir y les han cerrado todas las demás puertas. Algunos se van del país y, sí, otros buscan opciones en el transporte informal, la tala ilegal, la pequeña minería y hasta en la delincuencia. Esa respuesta social a la crisis agrava los problemas del orden necesario para un progreso nacional. Pero responder a esta situación exige algo más que simplemente clamar porque se les cierren más las puertas de la sobrevivencia y la esperanza a amplios sectores nacionales. Se necesita abrirles opciones. Sobre las estrategias y medidas imperiosas para lograrlo volveremos la próxima semana.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 681 año 14, del 12/04/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2024/04/peru-los-informa…ron-la-necesidad/

La «Bidenomía» y las muertes evitables a causa de la pobreza en Estados Unidos

Amy Goodman - Denis Moynihan

La pobreza es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. La desigualdad económica está en su punto más alto, como se detalla en las cartillas informativas publicadas por la Campaña de los Pobres en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adoptado el término “Bidenomía”, a pesar de que originalmente este fue utilizado de manera despectiva por polemistas de medios donde se propaga el fanatismo de extrema derecha como el canal Fox News, las páginas editoriales del periódico The Wall Street Journal y otros nichos mediáticos afines al MAGA, el ala del Partido Republicano que respalda a Trump. Biden se refirió a la “Bidenomía” en un discurso que pronunció este miércoles, en el que se atribuyó el buen estado de la economía estadounidense. En el comienzo de su alocución, el presidente hizo mención a la descripción que el gran poeta estadounidense Carl Sandburg hizo en 1916 de Chicago, a la que llamó la “ciudad de los hombros anchos”, en honor a la vigorosa y enérgica fuerza laboral de la región. Si bien los datos económicos conocidos recientemente pueden ser motivo de inspiración poética para Biden, también ocultan el sufrimiento de millones de estadounidenses atrapados en la pobreza.

Este 19 de junio, en la ciudad de Washington D.C., la Campaña de los Pobres realizó un Congreso de Acción contra la Pobreza Moral. Al inaugurar el congreso, el obispo William Barber le pidió a la audiencia que repitiera con él: “La pobreza es una sentencia de muerte en Estados Unidos y ya no nos callaremos más”. Barber acababa de jubilarse tras servir durante 30 años como pastor activista de la Iglesia Cristiana Greenleaf de la ciudad de Goldsboro, en el estado de Carolina del Norte. Luego de liderar las históricas marchas del Lunes Moral frente a la legislatura de Carolina del Norte en 2013, Barber cofundó la Campaña de los Pobres, que toma su nombre del movimiento impulsado por el reverendo Martin Luther King en 1968, que se vio truncado por su asesinato. Barber, cuya voz profunda y estilo retórico se comparan a menudo con los de King, aboga por una “Tercera Reconstrucción”, que permita generar el poder político necesario para mejorar las vidas de las personas pobres y de bajos ingresos.

La primera reconstrucción tuvo lugar después de la Guerra Civil estadounidense, entre los años 1865 y 1877, momento en que las fuerzas armadas federales se retiraron de los antiguos estados confederados. Esto abrió paso a un siglo de terrorismo y opresión perpetrados por los defensores de la supremacía blanca, que contaron con la ayuda del grupo extremista Ku Klux Klan. La segunda reconstrucción se produjo en las décadas de 1950 y 1960, con los logros alcanzados por el movimiento por los derechos civiles.

En colaboración con las congresistas demócratas Barbara Lee, del estado de California, y Pramila Jayapal, del estado de Washington, el obispo Barber está impulsando la Resolución 532 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denominada “La Tercera Reconstrucción: Abordar completamente la pobreza y los bajos salarios de abajo hacia arriba”.

En conversación con Democracy Now!, Barber señaló: “[En la resolución] se plantean 20 políticas. ¿Tiene el Congreso la voluntad —humana, moral, no demócrata o republicana— de abordar de manera decidida la erradicación de la pobreza y de otros sistemas de injusticia que pueden ser combatidos? Las muertes [a causa de la pobreza] son evitables y constituyen un asesinato político”.

El argumento de Barber se basa en el sombrío hecho de que la pobreza es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. La desigualdad económica está en su punto más alto, como se detalla en las cartillas informativas publicadas por la Campaña de los Pobres en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos. La riqueza de las personas multimillonarias se incrementó en 1,5 billones de dólares en los últimos dos años, mientras que, tras la cancelación de los programas de ayuda financiera por la pandemia, la pobreza está en aumento. El crédito tributario por hijos redujo a la mitad la pobreza infantil en Estados Unidos. La cancelación de esta ayuda ha sumido a 3,5 millones de niños y niñas nuevamente en la pobreza. Por primera vez, solo en la ciudad de Nueva York, más de 100.000 personas viven en refugios para personas sin techo.

En la entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Barber agregó: “Los salarios dignos podrían detener las muertes. La atención sanitaria [universal] podría detener las muertes. Los créditos tributarios por hijo podrían detener las muertes. Redireccionar el dinero que se destina a la industria de la guerra podría detener las muertes. [La salvaguarda de] los derechos electorales podría detener las muertes”.

Barber promueve una “política de fusión”, que tiene como objetivo incluir a personas de diversas razas, etnias y clases en un activismo colaborativo de base.

“Para el 2024, estamos planeando llevar a cabo 30 importantes movilizaciones no violentas en capitolios estatales. Para el 15 de junio de 2024, estamos organizando una gran Marcha Moral de los trabajadores de bajos salarios y de los pobres en la ciudad de Washington D.C. Y, para las elecciones [presidenciales de 2024], vamos a movilizar a los 87 millones de personas pobres y de escasos recursos de este país. Las personas pobres y de bajos ingresos representan actualmente más del 30% del electorado, en general, y más del 40% del electorado en los estados disputados. En la mayoría de los lugares, esas personas no votan porque sienten que el sistema las ha abandonado”.

En la inauguración del Congreso de Acción contra la Pobreza Moral, Barber —al igual que Biden— evocó a otro reconocido poeta estadounidense, Henry Wadsworth Longfellow, y recitó versos de su poema “El salmo de la vida”. Esta obra poética incluye una de las premisas de Longfellow: “actuar para que cada amanecer nos encuentre más lejos que hoy”.

En el mismo libro que contiene el poema “Chicago”, Carl Sandburg, quien creció en la pobreza y defendió a la clase trabajadora a lo largo de toda su vida, incluyó otro poema que aborda los constantes ataques contra los trabajadores y el poder que tienen las masas cuando son movilizadas. Sandburg escribió:

“Yo soy el pueblo, la muchedumbre, la multitud, la masa.

¿Saben que todas las grandes obras del mundo las realizo yo?”.

En el siglo que transcurrió desde que se publicaron estos poemas de Sandburg, el pueblo estadounidense se ha levantado muchas veces para exigir cambios. Los próximos años no serán diferentes. Que sea como el obispo Barber y quienes comparten su causa reafirman en cada mitin: “Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás”.

© 2023 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman- Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

https://www.democracynow.org/es/2023/6/30/la_bidenomia_y_las_muertes_evitables

https://www.leerydifundir.com/2023/07/la-bidenomia-las-muertes-evitables-causa-la-pobreza-estados-unidos/

La vacuna: la desigualdad de siempre

Diego García Sayán

Mientras empiezan las campañas de vacunación en varios países, saltan a primera plana las brutales diferencias entre los países ricos y los “de abajo”. Se van contando por millones quienes ya están siendo vacunados en EEUU y Europa. Muy bueno por ellos.

Pero están stockeándose con muchas más dosis de las que necesitan para toda su población. De acuerdo a información publicada por el New York Times esta semana, 1,5 mil millones de dosis están ya bloqueadas para los EEUU y otros 2 mil millones para Europa. Los países pobres, según esa información, tendrían que esperar hasta el 2024 para llevar a cabo una vacunación masiva.

En los pocos países del sur a los que vacunas debidamente aprobadas han llegado a cuenta gotas con suerte se habla de miles. La Sputnik V mejor la pongo entre paréntesis mientras no esté certificada; tanto que los científicos rusos no han considerado pertinente aplicársela a Putin.

La grave crisis del multilateralismo ha impactado en las políticas exteriores de América Latina y su incapacidad de generar respuestas regionales articuladas. La única tenue luz que asoma es la iniciativa Covax.

Generada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunción con fundaciones benéficas (como la de Bill y Melinda Gates), habría avanzado en comprometer con los laboratorios alrededor de 700 millones de dosis. Suena mucho. Pero en realidad está muy lejos de la meta mínima de 2.000 millones necesaria para cubrir a duras penas el 20% de la población de los países que son parte de la iniciativa (entre ellos el Perú).

Tres asuntos saltan a primer plano a propósito de esta situación.

Primero, la emergencia sanitaria vs. la propiedad de las patentes. Ya propuesto por la India y Sudáfrica en la OMS la urgencia de optar por dejar sin efecto, para esta crisis sin precedentes, las celosas protecciones a la propiedad intelectual de las vacunas.

Argumentaban –junto con otros países “del sur”– que muchas de esas patentes vienen de investigaciones cofinanciadas por los gobiernos, lo que se añade como argumento, además de los urgentes imperiosos objetivos sociales y de salud pública. La propuesta fue bloqueada por EEUU, Gran Bretaña y la Unión Europea. Que este asunto se discuta en la región y que se articulen reflexiones y voluntades con países de otras regiones es una exigencia de la hora.

Segundo, la urgencia de señales de vida sustantivas en espacios multilaterales. No es tarde para pensar, por ejemplo, en coordinaciones regionales o subregionales (¿sudamericana?) para definir estrategias y objetivos comunes que garanticen el acceso a la vacuna. Y, por cierto, a productos debidamente verificados en sus fuentes de producción. En eso estamos prácticamente en cero, lo que resulta muy grave. Pocas veces se había visto en las últimas décadas un escenario sudamericano tan desarticulado con las terribles consecuencias que estamos viendo.

Tercero, la grave situación del Perú, el paria de las vacunas, que, a diferencia de la mayoría de países latinoamericanos, no cuenta hasta el momento con ninguna vacuna, salvo una opción –sin fecha– de Covax (que en el mejor de los casos cubriría el 20% de las necesidades).

Evidentemente los juegos golpistas del lamentable Congreso peruano y la aventura de “Merino el breve” tuvieron un efecto literalmente “letal” en distraer a la autoridad de su función de gobernar. Pero todo no se reduce a eso. Más allá de esos días de vergüenza, es inexcusable el manejo sostenidamente ineficiente de este asunto. Y que, además, se persista en no explicarle al país el porqué de ese desastroso manejo al que se suma la lamentable declinación en el número de pruebas que se viene efectuando.

https://www.leerydifundir.com/2021/01/la-vacuna-la-desigualdad-siempre/

La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada

Germán Alarco

En plena pandemia del covid-19 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos sorprendió con un libro sobre la crisis de la desigualdad en América Latina y el Caribe (ALC). El tema no es parte de la cartera tradicional de un organismo financiero, en este caso regional; ya que en ese tipo de instituciones domina la visión de los economistas estándar para quienes equivocadamente hacer frente a la elevada desigualdad afecta la eficiencia económica.

Es una publicación amplia con catorce capítulos que pudieran dividirse en cinco apartados. El primero inicia con un resumen sobre las sociedades fracturadas, una panorámica de la desigualdad del ingreso y la desigualdad en tiempos del covid-19. El segundo grupo de estudios se enfoca en las disparidades regionales y la segregación urbana, en las brechas de género, raza y etnicidad. La tercera parte se refiere a la desigualdad en la educación y salud.

La cuarta parte se refiere a temas diversos vinculando la desigualdad con los mercados laborales, la delincuencia, el cambio climático y los desastres naturales y la inclusión financiera. La última parte se refiere a los efectos limitados de la política fiscal para la redistribución del ingreso en nuestra región; la redistribución del ingreso a través del proceso democrático; y el último sobre como las percepciones sobre la desigualdad erosionan la confianza mutua.

VISIÓN PANORÁMICA

El prefacio del libro estuvo a cargo del ex presidente del BID, dos meses antes del cambio al polémico ciudadano cubano norteamericano amigo de D. Trump. De partida, señala que las diversas formas de desigualdad socavan la cohesión social y el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo; aunque el BID no menciona los impactos macroeconómicos negativos que puede generar.

El género, la raza y la etnicidad, al igual que los ingresos, son poderosos determinantes del acceso a la atención de la salud, la educación, el empleo y el sistema legal. Las desigualdades comienzan temprano en la vida y se hacen más grandes durante la infancia y la adolescencia, dando a los niños de distintos orígenes oportunidades diferentes para crecer y desarrollarse.

Los pobres y las clases medias bajas viven en vecindarios diferentes, asisten a escuelas diferentes y visitan clínicas diferentes. Es mucho más probable que quienes pertenecen a estos grupos sean víctimas de delitos violentos que aquellos que pertenecen a la clase alta y que estén mucho más expuestos a los efectos destructivos del cambio climático y los desastres naturales. Asimismo, las oportunidades de empleo decente son mayores para unos pocos respecto del resto.

DIFICULTADES PARA REDISTRIBUIR

Los gobiernos de ALC son ocho veces menos eficaces que los países más desarrollados en la reducción de la desigualdad a través de los impuestos y el gasto público. Las políticas redistributivas de los países de la región reducen la desigualdad en menos de un 5%, mientras que el mundo industrializado lo hace en un 38%. La incapacidad de redistribuir se puede resumir según el BID en pensiones, gasto social y política fiscal fallidas.

Los sistemas de pensiones no contributivas se han ampliado en la región durante las dos últimas décadas en un esfuerzo por llegar a los más vulnerables, pero lograr la paridad con las pensiones que ofrece el empleo formal sigue siendo un objetivo lejano. Los niveles de gasto social en la región son bajos. Gran parte de lo que se gasta se hace por medio de subsidios de precios mal orientados.

Una redistribución más eficaz, podría lograrse a través de subsidios directos a los ingresos de los pobres y de las clases medias bajas. La redistribución basada en los impuestos ha fracasado debido a la limitada capacidad de los gobiernos para controlar los altos niveles de evasión fiscal que prevalecen en la región.

Tener niveles moderados de desigualdad no es perjudicial e incluso puede resultar beneficioso, por ejemplo, para estimular la iniciativa personal. Pero cuando la desigualdad es demasiado grande, se abre las puertas a la desmotivación, la desconfianza y el cinismo, erosionando lentamente los vínculos sociales. En última instancia, nadie se beneficia cuando la creencia en el bien común es sustituida por la visión de que la vida social es una cuestión de sálvese quien pueda.

Escuelas pobres colegios rurales

MENOR DESIGUALDAD HISTÓRICA

Una información relevante del BID, utilizando otras fuentes, es que la región no siempre fue tan desproporcionadamente desigual como lo es actualmente ni fue siempre una de las más desiguales del mundo. Al respecto, utilizan el trabajo de Milanovic, Lindert y Williamson (2011) y luego el de Williamson (2015) que destaca en primer lugar que la mayoría de las sociedades de América Latina tiene actualmente un coeficiente de Gini mucho más alto del que tenían hace 150-200 años.

En segundo lugar, en comparación con el resto del mundo, la desigualdad en la región no era alta en las décadas posteriores a la independencia, sino que se volvió alta solo en comparación con aquellos países que se convirtieron en economías desarrolladas después de la Primera Guerra Mundial e implantaron políticas que promovieron sociedades más igualitarias. Por tanto, en el conjunto de países que actualmente son desarrollados se redujo la desigualdad mediante cambios en las políticas públicas y en las instituciones; lo cual no ocurrió en ALC.

INGRESOS DE LOS RICOS SUBESTIMADOS

Se reconoce que las estadísticas tienden a subestimar la desigualdad del ingreso. En la literatura especializada es habitual obtener la información sobre el ingreso de las encuestas a los hogares que suelen excluir la parte alta de la distribución del ingreso. Los datos de las declaraciones de la renta son una manera de remediar este problema, pero que no se utiliza extensivamente en ALC.

La concentración del ingreso en la parte superior de la distribución es mucho mayor en ALC que en otras regiones. En promedio, en ALC el 1% más rico percibe el 21%, mientras que el 10% con más ingresos gana más de la mitad del ingreso nacional antes de impuestos. A pesar de la pequeña muestra de países de América Latina para los que hay datos disponibles, estas cifras son abrumadoras y conforman un patrón que no se produce en muchas otras regiones del mundo. En los países de la OCDE y en los países con un nivel de desarrollo similar al de la muestra de ALC, el 1% más rico percibe en promedio entre el 10% y el 12% del total del ingreso nacional antes de impuestos, respectivamente.

Niños trabajando mendigando limosnas explotación infantil

PERCEPCIÓN DE INJUSTICIA

A pesar de la disminución de la desigualdad del ingreso en ALC de los años noventa a la primera década del siglo XXI, muchas personas perciben que la distribución del ingreso es injusta. Cada año se les pregunta a las personas de una muestra grande de países de América Latina: ¿cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en (su país)? En 2001, aquellos que respondieron justa o muy justa constituían solo el 10% de la muestra. Sin embargo, a medida que la desigualdad del ingreso disminuyó en la región, un porcentaje mayor empezó a percibir la distribución del ingreso como justa, hasta llegar casi al 25% en 2013. Una vez que la disminución de la desigualdad se redujo después de 2013 las percepciones de justicia empezaron nuevamente a disminuir.

En 2020, con los impactos de la covid-19, la región vive con una extrema desigualdad del ingreso y casi el 85% de los encuestados declaran que consideran que esta es injusta. Es probable que estas percepciones se basen no solo en su posición relativa en la distribución del ingreso sino también en su experiencia cotidiana.

Independientemente del ingreso, las oportunidades desiguales basadas en la raza o el género, el acceso desigual a los servicios de salud y a buenas escuelas, el tratamiento desigual ante la ley y la dignidad desigual en la manera en que las personas son tratadas en la sociedad también moldean las percepciones.

IMPACTOS DEL COVID-19

Las pandemias, incluida la del covid-19, parecen aumentar la desigualdad de manera inequívoca. Con la crisis actual es importante distinguir dos horizontes temporales: en primer lugar, los efectos del confinamiento a corto y medio plazo, las medidas de distanciamiento social y la consiguiente recesión; y, en segundo lugar, los efectos a largo plazo que se manifestarán una vez que la pandemia acabe.

Los trabajos con más probabilidades de verse afectados por las medidas de distanciamiento social, aquellos con una baja puntuación en el índice del teletrabajo y aquellos con una alta puntuación en la escala de proximidad personal (como el comercio minorista, la construcción y los restaurantes) tienen más probabilidades de ser realizados por trabajadores económicamente vulnerables, es decir, trabajadores con pocos años de escolarización, opciones de atención sanitaria limitadas y salarios que se sitúan en la parte inferior de la distribución del ingreso. La pérdida del empleo fue también mayor en quienes tienen menores ingresos.

Más allá del impacto a corto y medio plazo de los cataclismos económicos, hay amplia evidencia en la literatura según la cual las recesiones y las crisis económicas tienen efectos duraderos sobre la acumulación de capital humano. Las recesiones elevan la mortalidad infantil y otras enfermedades. Los shocks económicos negativos pueden condicionar directamente la educación de los niños, sobre todo la de los niños en la escuela secundaria que quizás tengan que elegir, en el futuro, entre seguir yendo a la escuela o trabajar para ayudar a la familia.

Debido a la pandemia, las escuelas cerraron para mitigar la propagación del virus. Estos cierres tienen dos consecuencias importantes. En primer lugar, puede que los alumnos se desentiendan e incluso abandonen completamente la escuela. En segundo lugar, es probable que las pérdidas de aprendizaje sean considerables incluso para los alumnos que siguen yendo a la escuela. Los impactos a largo plazo en los alumnos son significativos y comprenden menos años de escolarización, una graduación más tardía y una mayor probabilidad de no tener un empleo o de no estudiar.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Desafortunadamente, no hay un capítulo que sintetice las recomendaciones de política del libro para reducir la elevada desigualdad; están en realidad en cada uno de estos. Dentro de lo estándar destacaría aumentar el gasto y la calidad de la educación y salud especialmente en favor de los estratos de menores ingresos, en gobiernos subnacionales y para grupos étnicos particulares. Hay que invertir en los insumos de estas actividades para mejorar sus resultados.

En la misma línea hay que invertir en capital humano para reducir las diferencias intersalariales. Sin embargo, como domina una visión de la economía más estándar no le otorgan una mayor importancia a la política de salarios mínimos y a la promoción de la sindicalización. Como era obvio, mencionan el peligro de promover la informalidad y que la sindicalización solo se pueda llevar a cabo en estratos de ingresos medios, y no en los más pobres.

Una aportación interesante es la de destacar la importancia de mejorar los espacios urbanos dentro de las ciudades; y en general de las condiciones de vida de los estratos de más bajos ingresos de la población. La mejora de estos contribuiría a la reducción de la delincuencia y la violencia en general. A la par habría que promover un acceso más igualitario a la justicia (no solo para los estratos medios y altos de la sociedad). Se proponen también avanzar en la inclusión financiera, agregando de nuestra parte lo relativo a intensificar la infraestructura digital. También impulsar la mitigación de los impactos del cambio climático y de los desastres naturales que exacerban la desigualdad.

No nos atrae que se plantee que las políticas fiscales por el lado de los ingresos y gastos hayan tenido impactos reducidos para reducir la elevada desigualdad en ALC respecto de las economías desarrolladas; sin embargo, tienen razón. Ellos reconocen que se debe hacer un gran esfuerzo por el lado de los ingresos públicos, especialmente de los impuestos directos a la renta y a la propiedad (aunque no nos gustan los prediales), aumentar y mejorar la calidad del gasto público (focalización para minimizar filtraciones). No mencionan como mitigar o regular la elevada concentración de la riqueza.

Germán Alarco. Profesor de la Universidad del Pacífico.

https://www.leerydifundir.com/2020/12/la-crisis-la-desigualdad-america-latina-caribe-la-encrucijada/