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11 de febrero de 2025

Perú: ¿Cómo reaccionamos ante la inseguridad?

Hernán Chaparro

La percepción de un Estado ineficaz y la falta de acción de las instituciones responsables lleva a que las personas idealicen una respuesta autoritaria que prescinda de aspectos normativos relevantes.

La protesta de los transportistas, este jueves 6 de febrero, puso de nuevo en agenda el tema de la seguridad ciudadana en el país.  ¿Mientras tanto, qué hace el ciudadano frente a esta situación de inseguridad? La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada en enero de este año, pregunta sobre las cosas que las personas están haciendo en sus hogares para enfrentar la creciente ola de delincuencia.

Un primer dato que tiene que destacarse es cómo se ha incrementado la proporción de personas que se han visto en la necesidad de tomar medidas particulares para sentirse protegidos, al menos en su vivienda.  Cuando se pregunta si “durante los últimos doce meses ¿ha tomado alguna medida para prevenir o protegerse de la delincuencia en su hogar?, se pasa de un 33% que hacía algo en el 2019 a un 54% que ha llevado a cabo alguna medida en estos momentos.  

Más de la mitad de los hogares en el país ha tomado algún tipo de acción y los resultados indican que este tipo de comportamiento se ha dado no solo en Lima, sino que, está presente en las diferentes zonas del país.  Por ejemplo, en el norte del Perú, un 52% menciona haber tomado algún tipo de medida para protegerse, un semejante 55% dice esto en el sur del territorio y el 58% menciona lo mismo en la zona oriente.  Ocurre en todo el país.  La noticias y acciones de la delincuencia pueden ser extremas en la capital y en las ciudades del norte, pero en todo el Perú la preocupación de la población, y la ineficacia de las autoridades, lleva a que en todos lados se opte por hacer algo en su entorno más inmediato, no es solo Lima.

¿Y qué está haciendo la gente para cuidarse en sus hogares?  Cada uno hace lo que puede con los recursos que tiene más a su alcance. En algunos casos es una inversión de dinero y en otros se recurre al capital social existente.  En general, lo que más se menciona es la instalación de algún sistema de seguridad como son las alarmas o cámaras (un 27%).  Es una acción que compete directamente a la vivienda.  Esto es más frecuente en los niveles altos (nivel socioeconómico A/B) y medios (nivel socioeconómico C); en segundo lugar, está algún tipo de refuerzo de la seguridad que incluye ya no solo a la vivienda sino también el barrio (21%).  Es un tipo de acción que supone algún nivel de coordinación con vecinos y viviendas cercanas.  

En estos casos se puede usar sistemas de mensajería, como el WhatsApp, para comunicarse entre sí.  Un sistema que algunos municipios también han implementado para recibir denuncias y alertas de seguridad.  En tercer y cuarto lugar se mencionan otras medidas que son más frecuentes entre personas mayores, de niveles bajos (nivel socioeconómico D/E) y en zonas rurales, esto son: la coordinación familiar (14%) y la organización de juntas vecinales en zonas urbanas o rondas campesinas en zonas rurales (10%).

Como se puede apreciar, una parte de las soluciones pasa por tomar medidas a nivel familiar, más concentradas en el propio hogar, y otras suponen cierta coordinación en el barrio o comunidad (eventualmente el municipio local), que implican un mayor esfuerzo de coordinación y organización.  En el primer caso, en particular el de las alarmas y cámaras, la seguridad del hogar se delega a la tecnología (cada vez más barata y sofisticada) y, eventualmente, al servicio de alguna empresa especializada en el tema. En el segundo caso, se apuesta al capital social de un colectivo que puede estar más o menos organizado.

Diversos estudios indican que el nivel de participación ciudadana en este tipo de organización dependerá, en parte, del sentido de comunidad que tengan los miembros del vecindario.  Un indicador interesante, según la encuesta del IEP, es que en el 2019 solo un 24%, a nivel nacional, decía que en los últimos doce meses se había reunido con los vecinos del barrio para organizarse afín de prevenir o protegerse de la delincuencia.  En el 2025 esto lo ha hecho un 41% de la población.  Algunas iniciativas habrán sido más esporádicas y otras habrán terminado en algo más organizado pero la gente, poco a poco, se ha ido juntando para ver qué hacer.  Esto es más frecuente en las ciudades del interior y en el ámbito rural.

¿Y qué impacto tiene esta percepción de incremento de inseguridad en las actitudes sociales, políticas y electorales?  En general, promueve actitudes favorables a la violencia.  Algo más de la mitad de encuestados dice que, si pudiera, tendría un arma de fuego para su protección.  La misma encuesta del IEP muestra que un 55% menciona que estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas.

La percepción de un Estado ineficaz y la falta de acción de las instituciones responsables lleva a que las personas idealicen una respuesta autoritaria que prescinda de aspectos normativos relevantes.  Esta respuesta revela una actitud semejante a la que subyace a los conocidos linchamientos que reciben algunos delincuentes que son capturados en flagrancia.  Los vecinos, cansados de la inacción policial en su zona, capturan al malhechor y lo someten a la “justicia popular”.

La misma encuesta del IEP señala que esta actitud violenta, que favorece un determinado tipo de “mano dura” contra la delincuencia (que puede terminar en ajusticiamientos) está presente tanto en personas que se auto perciben de izquierda, centro o derecha.  Los autoritarismos desesperados están presentes en todos los conglomerados ideológicos.  En un país donde la opinión puede estar muy dividida, hay temas que generan lamentables consensos.  Este es el clima de opinión en el cual se irá desarrollando la campaña electoral de cara al 2026.

https://larepublica.pe/opinion/2025/02/06/como-reaccionamos-ante-la-inseguridad-por-hernan-chaparro-593802

16 de noviembre de 2024

Perú: ¿Cómo viven los peruanos la desigualdad?

Luis Pásara

Con resignación, que es sorprendentemente mayor entre los más pobres.

En el mundo se vive en las últimas décadas una creciente desigualdad; el Banco Mundial denominó a 2023 como “el año de la desigualdad”. Cada vez es mayor la porción de renta y patrimonio que se concentra en pocas manos, dejando una parte menor a la mayoría, en la que se incluye un enorme bolsón de pobreza. “Más de dos tercios de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha crecido”, según informara Naciones Unidas. Pero, esta situación, que es comprobable en los datos, ¿cómo se vive por quienes son afectados por ese proceso? Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos y OXFAM ha buscado respuestas entre los peruanos, con una muestra de 1508 entrevistas en todo el país.

Perú es el cuarto país más desigual del mundo, según un análisis disponible. La encuesta IEP-OXFAM (en adelante, la encuesta) encontró que la mitad de los entrevistados (51%) estimaron que el país es económicamente muy desigual. Paralelamente, una cuarta parte de encuestados (27%) creían que es “poco desigual” y 7% respondieron que ¡es “nada desigual”! Y fue entre los más pobres donde se encontró la mayor parte de esta última respuesta.

Cuando se pidió una cualificación de las distancias económicas, algo más de la mitad de los entrevistados (56%) afirmó que “las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes”. En sentido contrario se pronunció uno de cada cuatro encuestados (27%). Cuando se examina las respuestas según estratos sociales, se encuentra que la percepción de tales diferencias como excesivas es mayor en el estrato más alto (69%) que en el estrato más bajo (48%). O, dicho de otra manera, que quienes piensan que las diferencias entre ricos y pobres no son demasiado grandes, sorprendentemente, se hallan más en el estrato más bajo (33%) que en el estrato más alto (15%).

Una pobreza aceptada

El Perú es un país donde según el Banco Mundial “siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en la pobreza”; en concordancia, la encuesta encontró que más de la mitad de los entrevistados (54%) declararon que sus ingresos no les alcanzaban, mientras a 14% les alcanzaban y podían ahorrar. No obstante, la mitad de los encuestados creía que “En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica”, 38% sostuvo que “En el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza” y un porcentaje casi igual (37%) pensaba que “Las personas pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades”. Ninguna de estas tres respuestas fue rechazada por la mayoría de los encuestados.

Algunas precisiones sobre las respuestas a la afirmación “En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica” que, como se indicó, obtuvo 50% de respaldo, con porcentajes aproximadamente iguales en todos los estratos sociales. Se encontró porcentajes algo más altos de acuerdo entre los encuestados de 18 a 24 años (58%), los auto-identificados como “blancos” (57%) y quienes se situaron políticamente en la derecha (59%).

Varias respuestas apuntan a cierta conformidad con diversas formas de desigualdad. Lo demuestra la “gravedad” otorgada a algunas desigualdades. Cuando se mira a los datos según estratos, se encuentra que la desigualdad entre ricos y pobres recibe la calificación de menor gravedad en los estratos más pobres. Por otra parte, la desigualdad entre hombres y mujeres fue considerada “grave” por uno de cada cuatro encuestados (24%), pero 30% la estimaron “poco grave” y 17% “nada grave”. En suma, para casi la mitad (47%) no existe un problema importante en esta desigualdad. Y en un país que muchos trabajos señalan como racista, la desigualdad entre gentes blancas y no blancas fue considerada como “grave” por 23%, al tiempo que 22% la estimaron “poco grave” y 31%, “nada grave”; esto es, para más de la mitad de encuestados (53%) tampoco en esta desigualdad hay un problema de envergadura.

En cuanto a la desigualdad en el acceso al trabajo y los servicios, la encuesta encontró diferencias de interés. Calificaron como “muy desigual” el acceso al trabajo 52.4% de las respuestas. El acceso a la justicia recibió el porcentaje más alto de respuestas indicativas de desigualdad: 75.5%, mientras que el acceso a la educación obtuvo 52.7% de señalamientos de desigualdad. Sorprende que, en el país que tuvo el mayor número de fallecidos por habitante en el mundo, no superaran los dos tercios de encuestados (66.3%) quienes señalaran que el acceso a la salud es muy desigual. Conforme acaba de puntualizar un informe reciente de Amnistía Internacional —“Derecho a la salud, privilegio de pocos”—, una insuficiente infraestructura pública provee un servicio carente de calidad y resultados discriminatorios.

Resulta interesante cuál es el factor que, según los encuestados, es el que más importa “para tener una buena posición en el Perú”. La respuesta más escogida fue: “tener una buena educación” (67%), supuesto que replica aquella vieja idea de “quien estudia triunfa” y que parece estar hecha a prueba de una realidad conocida: la falta de empleo con la que en el país tropiezan incluso quienes tienen formación profesional.

Mirando al futuro, la encuesta interrogó: ¿Cómo cree que será la situación económica de sus hijos menores cuando sean adultos? Las expectativas de mejora se revelaron altas: “mejor” obtuvo 81% en las respuestas. La opción “peor” sumó 13% en los estratos más bajos.

Cierta lucidez pero mucha resignación


Los datos revelan la preeminencia de una versión ideologizada sobre una realidad en la que las desigualdades son notorias. Es claro que la resignación tiene cierto peso entre los pobres. Ellos parecen asumir culpa por su situación, esto es, que no salen de la pobreza porque no se esfuerzan, pudiendo hacerlo. Nada más lejos de un ambiente propicio para una revolución o, aún menos, un estallido social. La visión del “emprendedurismo” parece haber desactivado la amenaza al orden social que, según se creyó en otros tiempos, la pobreza constituía.

Esa prevalencia de cierto conformismo entre los encuestados fue denominado en la encuesta como “tolerancia frente a la desigualdad”. A la pregunta ¿Hasta qué punto es aceptable la desigualdad en el Perú?, la mitad (51%) la consideraron “inaceptable” y, del otro lado, 30% dijeron encontrarla “aceptable”, mientras el resto prefirieron no escoger entre una y otra opción. El rechazo a la desigualdad fue mayor (61%) en el estrato más alto y menor (48%) en el más bajo.

Interesa notar que esa “tolerancia” no ignora la desigualdad en el poder. La opción “Los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país” fue escogida por dos tercios de los encuestados (67%) y, en conjunto, 90% de los encuestados afirmaron que el país “Está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. ¿La salida? 31% sostuvo que para “tener un país más igualitario”, es preciso “un Estado más justo”. Otras respuestas obtuvieron porcentajes menores. Complementariamente se apuntó que una mayor recaudación tributaria debería servir para destinar principalmente los mayores ingresos a educación (32%) y salud (28%).

En la dramática pobreza que caracteriza al país, según diversas mediciones creíbles, no parece haber signos de aquella rebeldía imaginada, por ejemplo, por el “presidente Gonzalo”, quien proclamara “la rebelión se justifica”, como le inspiraba el evangelio maoísta. Los peruanos de hoy no participan de esa tesis y probablemente allí resida uno de los factores que explican por qué los movimientos subversivos fueron derrotados. Entre los más pobres la esperanza se deposita en el propio esfuerzo y, en cierta medida, en el improbable apoyo de un Estado que, sin lugar a dudas, hoy más que antes, es ineficaz y cuya actuación se halla permeada por la corrupción.

https://luispasara.lamula.pe/2024/11/13/como-viven-los-peruanos-la-desigualdad/luispasarapazos/

23 de diciembre de 2021

Perú: Bajos instintos

Fernando Tuesta Soldevilla

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra un equilibrado rechazo de la ciudadanía tanto al presidente Pedro Castillo (Ejecutivo), como a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Legislativo), en un episodio más de una larga serie que acumula temporadas desde, por lo menos, el 2016. Cada uno ha hecho un esfuerzo, no para acumular capital político positivo, sino para desacreditarse contrayendo una deuda que parece impaga.

Nuestras élites políticas han nacido con escaso respaldo. Solo basta con recordar que Acción Popular fue el partido más votado en las elecciones congresales del 2020 con solo el 11% de los votos entre los nueve partidos que obtuvieron escaños. En la primera vuelta de este año, hay que recordar que Pedro Castillo solo logró el 19% y Keiko Fujimori tan solo el 13% de un total de 18 candidatos que retacearon los votos. Es decir, solo una tercera parte de los peruanos votó por los que pasaron a la segunda vuelta. En el Congreso, nueve partidos conformaban bancadas dispersas, donde la más votada, la de Perú Libre, la oficialista, no representa ni el tercio del total de los parlamentarios. No han pasado ni cinco meses y varios congresistas ya se retiraron de sus bancadas iniciales. La legitimidad de origen es, pues, baja y su duración ha sido fugaz.

La otra cara de la legitimidad, la del desempeño, ha sido peor. Pedro Castillo, según las encuestas del IEP, pasó entre agosto y diciembre de ser aprobado por el 38% al 28%, y su desaprobación creció del 46% al 60%. En el caso del Congreso, la aprobación pasó del 31% al 18% y la desaprobación, del 61% al 78%. La misma suerte corre la presidenta del Congreso.

Parece que lo único que aprendieron nuestros políticos del último nefasto quinquenio es que la vacancia presidencial y la disolución del Parlamento existen y pueden ser usados con particular frecuencia y no como última medida. Se han repartido, eso sí, los malos nombramientos, las malas artes y la poca productividad. Si bien Pedro Castillo es el responsable mayor del mal gobierno, el Congreso se esmeró en hacer lo propio en su función parlamentaria. Tensiones, choques, amenazas, bravatas y mediocridad en las propuestas han sido el pan de cada día. El Gobierno no podrá llevar adelante su anhelada asamblea constituyente –la que, dicho sea de paso, no tenía por qué tener una mejor calidad en su representación– y un sector del Congreso está a la espera de una nueva oportunidad para intentar vacar a Pedro Castillo. Esto lleva a bloqueos, entrampamientos y a la incertidumbre que cubre como un manto de sensación de rechazo y frustración a la opinión pública.

Pero esta frustración no es nueva; es acumulativa, por lo que el descrédito está instalado y la desconfianza se extrema, a tal punto de que produce conformismo en unos e indignación en otros. Es decir, un campo volátil para los aventureros que ofrecerán no solo el oro y el moro, sino también obras como cancha. Esto se verá con pasmosa repetición en las elecciones subnacionales del próximo año, donde todos los males se reproducirán en las regiones, provincias y distritos.

Nuestra élite política hereda lo peor del pasado y deshecha lo poco bueno que alguna vez hubo. Su miopía e insensatez la hace desperdiciar, como muchos momentos de la historia, las oportunidades que se le presentaron. Si los chilenos dieron este último domingo un ejemplo de prácticas democráticas, los políticos peruanos solo muestran sus bajos instintos.