Perú: ¿Cómo reaccionamos ante la inseguridad?

Hernán Chaparro

La percepción de un Estado ineficaz y la falta de acción de las instituciones responsables lleva a que las personas idealicen una respuesta autoritaria que prescinda de aspectos normativos relevantes.

La protesta de los transportistas, este jueves 6 de febrero, puso de nuevo en agenda el tema de la seguridad ciudadana en el país.  ¿Mientras tanto, qué hace el ciudadano frente a esta situación de inseguridad? La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada en enero de este año, pregunta sobre las cosas que las personas están haciendo en sus hogares para enfrentar la creciente ola de delincuencia.

Un primer dato que tiene que destacarse es cómo se ha incrementado la proporción de personas que se han visto en la necesidad de tomar medidas particulares para sentirse protegidos, al menos en su vivienda.  Cuando se pregunta si “durante los últimos doce meses ¿ha tomado alguna medida para prevenir o protegerse de la delincuencia en su hogar?, se pasa de un 33% que hacía algo en el 2019 a un 54% que ha llevado a cabo alguna medida en estos momentos.  

Más de la mitad de los hogares en el país ha tomado algún tipo de acción y los resultados indican que este tipo de comportamiento se ha dado no solo en Lima, sino que, está presente en las diferentes zonas del país.  Por ejemplo, en el norte del Perú, un 52% menciona haber tomado algún tipo de medida para protegerse, un semejante 55% dice esto en el sur del territorio y el 58% menciona lo mismo en la zona oriente.  Ocurre en todo el país.  La noticias y acciones de la delincuencia pueden ser extremas en la capital y en las ciudades del norte, pero en todo el Perú la preocupación de la población, y la ineficacia de las autoridades, lleva a que en todos lados se opte por hacer algo en su entorno más inmediato, no es solo Lima.

¿Y qué está haciendo la gente para cuidarse en sus hogares?  Cada uno hace lo que puede con los recursos que tiene más a su alcance. En algunos casos es una inversión de dinero y en otros se recurre al capital social existente.  En general, lo que más se menciona es la instalación de algún sistema de seguridad como son las alarmas o cámaras (un 27%).  Es una acción que compete directamente a la vivienda.  Esto es más frecuente en los niveles altos (nivel socioeconómico A/B) y medios (nivel socioeconómico C); en segundo lugar, está algún tipo de refuerzo de la seguridad que incluye ya no solo a la vivienda sino también el barrio (21%).  Es un tipo de acción que supone algún nivel de coordinación con vecinos y viviendas cercanas.  

En estos casos se puede usar sistemas de mensajería, como el WhatsApp, para comunicarse entre sí.  Un sistema que algunos municipios también han implementado para recibir denuncias y alertas de seguridad.  En tercer y cuarto lugar se mencionan otras medidas que son más frecuentes entre personas mayores, de niveles bajos (nivel socioeconómico D/E) y en zonas rurales, esto son: la coordinación familiar (14%) y la organización de juntas vecinales en zonas urbanas o rondas campesinas en zonas rurales (10%).

Como se puede apreciar, una parte de las soluciones pasa por tomar medidas a nivel familiar, más concentradas en el propio hogar, y otras suponen cierta coordinación en el barrio o comunidad (eventualmente el municipio local), que implican un mayor esfuerzo de coordinación y organización.  En el primer caso, en particular el de las alarmas y cámaras, la seguridad del hogar se delega a la tecnología (cada vez más barata y sofisticada) y, eventualmente, al servicio de alguna empresa especializada en el tema. En el segundo caso, se apuesta al capital social de un colectivo que puede estar más o menos organizado.

Diversos estudios indican que el nivel de participación ciudadana en este tipo de organización dependerá, en parte, del sentido de comunidad que tengan los miembros del vecindario.  Un indicador interesante, según la encuesta del IEP, es que en el 2019 solo un 24%, a nivel nacional, decía que en los últimos doce meses se había reunido con los vecinos del barrio para organizarse afín de prevenir o protegerse de la delincuencia.  En el 2025 esto lo ha hecho un 41% de la población.  Algunas iniciativas habrán sido más esporádicas y otras habrán terminado en algo más organizado pero la gente, poco a poco, se ha ido juntando para ver qué hacer.  Esto es más frecuente en las ciudades del interior y en el ámbito rural.

¿Y qué impacto tiene esta percepción de incremento de inseguridad en las actitudes sociales, políticas y electorales?  En general, promueve actitudes favorables a la violencia.  Algo más de la mitad de encuestados dice que, si pudiera, tendría un arma de fuego para su protección.  La misma encuesta del IEP muestra que un 55% menciona que estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas.

La percepción de un Estado ineficaz y la falta de acción de las instituciones responsables lleva a que las personas idealicen una respuesta autoritaria que prescinda de aspectos normativos relevantes.  Esta respuesta revela una actitud semejante a la que subyace a los conocidos linchamientos que reciben algunos delincuentes que son capturados en flagrancia.  Los vecinos, cansados de la inacción policial en su zona, capturan al malhechor y lo someten a la “justicia popular”.

La misma encuesta del IEP señala que esta actitud violenta, que favorece un determinado tipo de “mano dura” contra la delincuencia (que puede terminar en ajusticiamientos) está presente tanto en personas que se auto perciben de izquierda, centro o derecha.  Los autoritarismos desesperados están presentes en todos los conglomerados ideológicos.  En un país donde la opinión puede estar muy dividida, hay temas que generan lamentables consensos.  Este es el clima de opinión en el cual se irá desarrollando la campaña electoral de cara al 2026.

https://larepublica.pe/opinion/2025/02/06/como-reaccionamos-ante-la-inseguridad-por-hernan-chaparro-593802

https://www.leerydifundir.com/2025/02/peru-reaccionamo…e-la-inseguridad/

Perú: Mano dura, promesa y demanda

Juan De la Puente

Es dramáticamente cierto que el pacto liberal no ha podido frenar el auge del delito organizado y que en algunos países las élites políticas son el crimen mismo o sus lazos con este son muy estrechos.

La mano dura ha ganado la batalla de las ideas frente al actual auge del delito en A. Latina. Un arsenal de respuestas drásticas donde los medios se subordinan a los fines se prepara para entrar en escena. En algunos países -como Ecuador y Perú- estas ya se ensayan, sin éxito. Los logros del modelo Bukele impiden una mayor deliberación y más bien se prometen como un traslado automático.

La mano dura contra el delito no es nueva en la región. Antes de que el auge se generalice fue experimentada a inicios de siglo en El Salvador, Honduras y Guatemala. Fue estelar en México (Calderón) y Argentina (Macri), sin resultados positivos. Lo nuevo es que la extensión del crimen organizado impulsa un ciclo distinto en el que las recetas se empaquetan y se hacen de ellas un urgente asunto de Estado.

Es dramáticamente cierto que el pacto liberal no ha podido frenar el auge del delito organizado y que en algunos países las élites políticas son el crimen mismo o sus lazos con este son muy estrechos. No es menos cierto que la idea que la seguridad se consigue sin democracia es mucho más antigua, de modo que -con los mismos códigos para una situación distinta- vuelve a ser hegemónico el imperativo de orden a toda costa.

En la siguiente década la región será el laboratorio de la mano dura, gobernantes duros -como realidad o ficción- y gobiernos igualmente duros. Las recetas centrales que ganan adhesión son militares a la acción, nuevas super prisiones, detenciones masivas, juicios colectivos, estados de excepción sin garantías, carta libre para el uso abierto de la fuerza pública, compras de armas y pertrechos sin concursos transparentes, hostilidad contra los migrantes, tribunales castrenses para los delitos cometidos por uniformados y reforma del procedimiento judicial con retorno del sistema penal inquisitivo.

Por el discurso dominante en los foros públicos y en las instituciones -actuales gobiernos, parlamentos y en las campañas electorales- es muy probable que este menú se aplicado quizás en etapas, pero sin cambios, es decir, que en cada país no se considere las especificidades del crimen organizado, en contextos donde las particularidades son determinantes, como los casos de países donde las pandillas dominan el crimen; aquellos donde las estructuras criminales conviven con pequeñas bandas casi familiares; los que, como el Perú, Colombia y Brasil, soportan una “sobrecarga delictiva” que consiste en la acumulación de modalidades criminales: narcotráfico, tala y minería ilegal, extorsión, tráfico de personas; o los que, como Ecuador y Perú, experimentan una larga crisis de la institución policial.

Los datos a la mano indican que el proceso va viento en popa. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad de Santiago de Chile acaban de publicar una investigación que evidencia que, en países de A. Latina con bajas tasas de delitos hasta hace poco, progresa la demanda de mano dura contra el crimen.

El trabajo se centra en 4 países (Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay) y detecta variables poco usadas en los estudios sobre la criminalidad como el miedo, el vacío de políticas y liderazgo, la ira y el cansancio. Las nuevas percepciones que la crisis de seguridad en la región legitiman -igual de decisivas que la victimización- indican el profundo foso que se abre entre lo que los estados hacen o están dispuestos a hacer y lo que demanda la sociedad.

El estudio (“Evaluación del interés por Mano Dura en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay”) recoge de primera mano en diálogos tipo focus group, el deseo de una “hegemonía de las políticas punitivistas y del uso ampliado de la fuerza del Estado”, sustituyendo el sentido común antipunitivo, la posición oficial en décadas de políticas de prevención y rehabilitación.

Hay pocos matices. Estos se inscriben en un escenario en el todos urgen por resultados. En Chile hay condiciones para aplicar esas políticas en el corto plazo. En Costa Rica, los DDHH son vistos como una barrera para combatir la delincuencia. En Ecuador se va más allá: se discute la idea de que la informalidad (operaciones ilegales desde el Estado) permitirían más eficacia para “limpiar” el país, y en Uruguay se prefere por ahora una mano dura institucional, es decir, políticas de seguridad que provengan del Estado con respeto a la ley.

Imposible ahora “para la pelota” para acordar una política que integre a policías, jueces fiscales, leyes, financiamiento, prevención e inteligencia operativa. En casi toda la región asistimos a una radicalización de la sociedad, que en el lenguaje del estudio toma la forma de una “mano dura preformativa”, un discurso que reclama emergencia, valentía y urgencia y que, sin embargo, no aterriza por ahora en políticas coherentes y acciones en detalle. En el frensesí de medidas se expiden algunas nada útiles (como prohibir que las moticicletas transporten a dos personas).

Este discurso gesta sentidos comunes iniciales, la primera página del menú, discutibles soluciones urgentes que los gobiernos y parlamentos aprueban como la construcción de más cárceles, expulsión de migrantes, “sacar” a las FFAA al patrullaje o reponer el servicio militar obligatorio.

Sin resistencia a la mano dura, habría que esperar su curso ascendente. En algunos el ciclo ha empezado con sus primeros fracasos. La radicalización de la sociedad en A. Latina es concurrente con la radicalización de las elites. La mano dura es, al mismo tiempo, demanda y oferta. No obstante, para las sociedades, la inseguridad implica el deterioro de la democracia, en tanto que, para las élites, el auge del crimen es un pretexto para el abandono de la democracia, razón por la cual sus políticas tienen medidas gravosas, aunque carecen de un proyecto de seguridad con Estado de Derecho.

Esta distinción es crucial. La erosión de la democracia -es decir su falta de resultados- impulsa la cultura autoritaria de los ciudadanos. En el Perú, la encuesta de IEP de julio de 2024, ante la afirmación churchilliana sobre que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, el 53% se declaró en contra, en tanto el 87% se mostró insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia y el 57% justificó que los militares tomen el poder por un golpe de Estado frente a la corrupción.

La radicalización de las elites va en sentido contrario. Desertan de la democracia para asumir la mano dura sin creatividad, repitiendo o agravando sus medidas que no obtuvieron resultados. Es fácil entender que la actual promesa de mano dura en la región es el camino de un largo fracaso en el que se consumirá lamentablemente por lo menos una década.

https://larepublica.pe/opinion/2024/11/03/mano-dura-promesa-y-demanda-juan-de-la-puente-47775

https://www.leerydifundir.com/2024/11/peru-mano-dura-promesa-demanda/