Perú: Sólo a golpes entiendes

Carlos León Moya

"La gente, se puede ver, está más furiosa que antes"

El maltrato infantil en el Perú, por suerte, ha ido bajando con los años. Pero cuando yo era niño estaba normalizado. Una de las frases más comunes, muy reforzadora también, era “solo con golpes entiendes”.

Por un lado, quiere decir que el niño “no entiende con palabras”. Hablar es inútil. Diálogo, persuasión: cojudeces. El niño te pasea. Hace cualquier cosa. Para que el padre logre que su hijo haga lo que él o ella deseen, debía amenazarlo con golpearlo y cumplir la amenaza cuando sea el momento.

Sin embargo, esta frase –“solo con golpes entiendes”– no se decía antes, sino después de la golpiza. Era una conclusión. Una reafirmación. No era un “cómo se nota que no entiendes con palabras, te voy a pegar entonces porque solo entiendes a golpes”. Eso es una advertencia final. Una última esperanza. No, no, eso no existía. Era después. Con el niño haciendo la tarea encomendada con la cara roja y comiéndose el moco, pensando en irse de la casa como el Chavo de la vecindad, la madre lo veía con dulzura y con las manos en la cintura decía fuerte para que la escuche también un público imaginario: “solo con golpes entiendes”.

Es decir, no había otra salida. Se intentó el diálogo –dos, cuatro minutos– y fracasó. Solo quedaba el maltrato físico. Y funcionaba. ¿Ven qué bien escoge el arroz? Le dije que lo haga y no me hizo caso por estar mirando la tele. Yo no iba a estar esperándolo, quiere hacer las cosas cuando le dé su regalada gana. A golpes lo traje, hermana, no había otra. Solo a golpes entiende.

Alberto Flores Galindo incluyó estas prácticas en lo que llamó “la tradición autoritaria”. La idea era triste: en el Perú la democracia tenía un piso endeble porque nuestras prácticas cotidianas eran más bien autoritarias. Nuestra historia lo era. Nuestra tradición. No éramos la América de Tocqueville, con una democracia enraizada en lo cotidiano. Éramos el Perú. Por eso, el régimen político que existía entonces –la democracia de 1989– era como una nube, ligera, volátil. Ahorita llegaba el viento de la tradición y se la llevaba.

Flores Galindo murió en marzo de 1990. En abril de 1992 llegó el autogolpe y el texto se volvió profético. La madre de la Historia aparecía en el cielo y le decía al Perú: “solo a golpes entiendes”.

Por supuesto, la tradición importa, pero no es tan determinante. En noviembre del 2000 la democracia volvió a regir en el Perú. A ver cómo le hacíamos con la tradición.

Van 25 años. Medio que ha quedado vaciada en los últimos tres años, como los huevos a los que les sacan la clara y la yema por un huequito. Es un régimen que no responde a la gente y que legisla a espaldas de esta en beneficio propio. Que va sacando de carrera electoral a sus potenciales rivales y busca controlar ahora a los organismos electorales. Hay quienes hablan de coalición autoritaria, de autoritarismo legislativo, y habrá que ver si sobrevive a las elecciones de 2026.

Pero hoy, jueves, ha vuelto a tambalear por tercera vez en los últimos meses. ¿La razón? Una nueva protesta masiva de transportistas. Un paro. ¿Por qué? Porque los extorsionan y los matan, y la policía, que fue descabezada por el gobierno, ha sido incapaz de evitarlo. Además, los cambios que el congreso hizo en la legislación volvieron más fácil el trabajo de los delincuentes.

Paro grande, fuerte, en Lima, y con la prensa cubriendo con el afecto que no tuvieron con las protestas del 2022/2023. La gente, se puede ver, está más furiosa que antes. El país entero rechaza al gobierno, pero es espectador. Sin embargo, hay quienes van mostrando la rabia acumulada, mezclada con miedo. No miedo al gobierno, sino al río de sangre generado por su frivolidad, su incompetencia y su estupidez.

Las protestas sirven para empujar las demandas que no son oídas, o son rechazadas, por los representantes. ¿Pero qué pasa cuando los representantes no representan a nadie salvo a sí mismos, y deliberadamente no escuchan a nadie más? Es el diálogo imposible. Esa vía está rota. Solo queda la protesta. Mientras más fuerte y más constante, mejor. Este gobierno débil e inútil se sostiene más por el miedo que por la fuerza. Miedo a la gente. Miedo a lo que pasará con ellos después. Miedo, al fin y al cabo. Es duro para ceder, pero no por fuertes, sino por conchudos. Y lo único que los ha hecho retroceder, y que les desdibujará la ostra en adelante, es la protesta.

Veía hace un rato la televisión, los manifestantes furiosos rumbo al centro de Lima, y pensaba en esta frase de infancia: “solo con golpes entiendes”. Estaba mal dirigida hacia un niño, y escondía el rechazo paterno a cualquier tipo de diálogo. Pero veo a la gente protestando, y cómo son recibidos por la policía que nunca los defendió y pienso, claro, el gobierno y el congreso actúan así. No como los niños, sino como los padres de antes. Yo no escucho, solo golpeo. Yo no hablo, solo hago. Nadie me puede decir nada. Te quejas, te mando a la policía. Qué te has creído.

Por supuesto, no hay diálogo posible con ellos. Ellos lo han cerrado. Solo entienden una lógica: no es la democrática y pública, sino la autoritaria y doméstica. Solo perderán piso cuando la gente se les vaya encima, como ahora. Porque no entienden a palabras. Solo entienden a golpes. A protesta con rabia.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 728 año 15, del 11/04/2025

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Perú: ¿Cómo reaccionamos ante la inseguridad?

Hernán Chaparro

La percepción de un Estado ineficaz y la falta de acción de las instituciones responsables lleva a que las personas idealicen una respuesta autoritaria que prescinda de aspectos normativos relevantes.

La protesta de los transportistas, este jueves 6 de febrero, puso de nuevo en agenda el tema de la seguridad ciudadana en el país.  ¿Mientras tanto, qué hace el ciudadano frente a esta situación de inseguridad? La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada en enero de este año, pregunta sobre las cosas que las personas están haciendo en sus hogares para enfrentar la creciente ola de delincuencia.

Un primer dato que tiene que destacarse es cómo se ha incrementado la proporción de personas que se han visto en la necesidad de tomar medidas particulares para sentirse protegidos, al menos en su vivienda.  Cuando se pregunta si “durante los últimos doce meses ¿ha tomado alguna medida para prevenir o protegerse de la delincuencia en su hogar?, se pasa de un 33% que hacía algo en el 2019 a un 54% que ha llevado a cabo alguna medida en estos momentos.  

Más de la mitad de los hogares en el país ha tomado algún tipo de acción y los resultados indican que este tipo de comportamiento se ha dado no solo en Lima, sino que, está presente en las diferentes zonas del país.  Por ejemplo, en el norte del Perú, un 52% menciona haber tomado algún tipo de medida para protegerse, un semejante 55% dice esto en el sur del territorio y el 58% menciona lo mismo en la zona oriente.  Ocurre en todo el país.  La noticias y acciones de la delincuencia pueden ser extremas en la capital y en las ciudades del norte, pero en todo el Perú la preocupación de la población, y la ineficacia de las autoridades, lleva a que en todos lados se opte por hacer algo en su entorno más inmediato, no es solo Lima.

¿Y qué está haciendo la gente para cuidarse en sus hogares?  Cada uno hace lo que puede con los recursos que tiene más a su alcance. En algunos casos es una inversión de dinero y en otros se recurre al capital social existente.  En general, lo que más se menciona es la instalación de algún sistema de seguridad como son las alarmas o cámaras (un 27%).  Es una acción que compete directamente a la vivienda.  Esto es más frecuente en los niveles altos (nivel socioeconómico A/B) y medios (nivel socioeconómico C); en segundo lugar, está algún tipo de refuerzo de la seguridad que incluye ya no solo a la vivienda sino también el barrio (21%).  Es un tipo de acción que supone algún nivel de coordinación con vecinos y viviendas cercanas.  

En estos casos se puede usar sistemas de mensajería, como el WhatsApp, para comunicarse entre sí.  Un sistema que algunos municipios también han implementado para recibir denuncias y alertas de seguridad.  En tercer y cuarto lugar se mencionan otras medidas que son más frecuentes entre personas mayores, de niveles bajos (nivel socioeconómico D/E) y en zonas rurales, esto son: la coordinación familiar (14%) y la organización de juntas vecinales en zonas urbanas o rondas campesinas en zonas rurales (10%).

Como se puede apreciar, una parte de las soluciones pasa por tomar medidas a nivel familiar, más concentradas en el propio hogar, y otras suponen cierta coordinación en el barrio o comunidad (eventualmente el municipio local), que implican un mayor esfuerzo de coordinación y organización.  En el primer caso, en particular el de las alarmas y cámaras, la seguridad del hogar se delega a la tecnología (cada vez más barata y sofisticada) y, eventualmente, al servicio de alguna empresa especializada en el tema. En el segundo caso, se apuesta al capital social de un colectivo que puede estar más o menos organizado.

Diversos estudios indican que el nivel de participación ciudadana en este tipo de organización dependerá, en parte, del sentido de comunidad que tengan los miembros del vecindario.  Un indicador interesante, según la encuesta del IEP, es que en el 2019 solo un 24%, a nivel nacional, decía que en los últimos doce meses se había reunido con los vecinos del barrio para organizarse afín de prevenir o protegerse de la delincuencia.  En el 2025 esto lo ha hecho un 41% de la población.  Algunas iniciativas habrán sido más esporádicas y otras habrán terminado en algo más organizado pero la gente, poco a poco, se ha ido juntando para ver qué hacer.  Esto es más frecuente en las ciudades del interior y en el ámbito rural.

¿Y qué impacto tiene esta percepción de incremento de inseguridad en las actitudes sociales, políticas y electorales?  En general, promueve actitudes favorables a la violencia.  Algo más de la mitad de encuestados dice que, si pudiera, tendría un arma de fuego para su protección.  La misma encuesta del IEP muestra que un 55% menciona que estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas.

La percepción de un Estado ineficaz y la falta de acción de las instituciones responsables lleva a que las personas idealicen una respuesta autoritaria que prescinda de aspectos normativos relevantes.  Esta respuesta revela una actitud semejante a la que subyace a los conocidos linchamientos que reciben algunos delincuentes que son capturados en flagrancia.  Los vecinos, cansados de la inacción policial en su zona, capturan al malhechor y lo someten a la “justicia popular”.

La misma encuesta del IEP señala que esta actitud violenta, que favorece un determinado tipo de “mano dura” contra la delincuencia (que puede terminar en ajusticiamientos) está presente tanto en personas que se auto perciben de izquierda, centro o derecha.  Los autoritarismos desesperados están presentes en todos los conglomerados ideológicos.  En un país donde la opinión puede estar muy dividida, hay temas que generan lamentables consensos.  Este es el clima de opinión en el cual se irá desarrollando la campaña electoral de cara al 2026.

https://larepublica.pe/opinion/2025/02/06/como-reaccionamos-ante-la-inseguridad-por-hernan-chaparro-593802

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Perú: Reírnos de Jorge Montoya

Juan Manuel Robles

Qué risa que da el congresista Jorge Montoya, almirante en retiro, caricatura andante y emblema de lo más penoso de la tradición militar. Es de esos hombrecitos con voz engolada que tratan de irradiar miedo pero dan lástima. Porque uno intuye rápidamente lo que se confirma en la hoja de vida: ningún acto sorprendente o admirable. Y —lo que es grave en su línea de trabajo— nada de heroísmo; a lo mucho, uno encuentra el valeroso acto de agacharse dócilmente a firmar el acta de sujeción de Vladimiro Montesinos. Hagamos un alto aquí: el señor ha dicho que no era un acta, que era la firma de una “lista de asistencia”; y sin embargo, en el video transcrito, el general César Saucedo —cabecilla castrense de aquella mafia criminal— anuncia a sus grumetes que van a firmar “el acta” con los acuerdos; esto fue tan evidente que en 2001 el Ejército del Perú admitió que esa ceremonia de sujeción fue una vergüenza para la institución. Pero Montoya, negacionista temperamental, decidió en 2021 que iba a denunciar por difamación a todo aquel que pronuncie “acta de sujeción”, sacando a relucir ese rasgo que, por desgracia, no es infrecuente en él y en su institución: la cobardía.

Gracias a sus miembros indeseables, la cobardía está allí cuando hablamos de la Marina de Guerra. Es, lamentablemente, un lugar común. Basta leer el informe de la Comisión de la Verdad o ver películas sobre el conflicto armado interno. La cobardía ejercida desde el poder es feísima y provoca horrores. Lo sabemos bien.

No son pocas las amenazas y bravatas de Montoya, siempre con un tonito que él se permite por su condición militar y que los periodistas sumisos no le cuestionan —al contrario, se lo toleran en vez de hacer lo que deberían: reírse y mandarlo a echarse agua—. Cada vez que hay un problema, el parlamentario amenaza con una acción de fuerza. La última: ha hecho una denuncia penal contra Verónika Mendoza por el solo hecho de llamar a la protesta contra un régimen responsable de asesinatos, un régimen del que, por cierto, el almirante es aliado y cómplice.

Semanas antes, Montoya se molestó porque los periodistas le preguntaron acerca de la designación de su hijo como agregado militar en Estados Unidos, a pesar de no tener el rango que usualmente se requiere para el puesto. ¿Era acaso un premio de Dina Boluarte por su apoyo político? En vez de responder, Montoya dijo que hará lo necesario para que la difamación tenga pena de cárcel efectiva (parece ignorar que ya la tiene). Lo veo y pienso que son nuevos tiempos: en cierta etapa de la vida, los uniformados ya no pueden amenazar con desaparecerte o torturarte. Pero pueden usar el congreso y su poder para hacer leyes que te corten la lengua.

¿Parece un poco fuerte ese paralelo? A mí no. Al fin y al cabo, Montoya es el mismo que presentó una ley de impunidad destinada a sacar de la cárcel a terroristas de Estado, entre los que hay carniceros, violadores, ejecutores y otras joyitas, por lo que se puede asumir que no siente particular desprecio por esos forajidos que también llenaron de sangre al Perú.

Y no deja de ser curioso que amenace con cárcel efectiva para los difamadores quien acusó a la exministra Gisela Ortiz de tener vínculos con Sendero Luminoso, sin ninguna prueba. El terruqueo impune, ya lo hemos dicho, es también una forma de cobardía matona.

Pero no sólo hablamos de un fanático convencido y equivocado, un cruzado con una misión insana de limpieza ideológica. Montoya nos cuesta plata y mucha. Su iniciativa para tratar de desconocer los resultados de las elecciones en las que ganó Pedro Castillo y probar la tesis del fraude costó 216 mil soles. Como nunca hubo ni siquiera un indicio razonable, su investigación acabó en lo esperable: en nada. Confrontado frente al fiasco, el almirante dijo: “nunca hablé de fraude”. Pero mentira, sí lo hizo. Dijo: “existe realmente una intención de fraude”. Y usó la palabra fraude en Twitter. He aquí otra característica del señor: se lava las manos cuando todo sale mal. Me recuerda un poco a sus compañeros de armas en zona de emergencia, que se lavaban las manos cuando se daban cuenta de que la habían embarrado (literalmente).

El dinero —decía— no es cosa menor para estos señores que se alucinan héroes de la patria. Montoya fue el principal promotor de una ley para que los militares siguieran recibiendo su pensión de retiro a pesar de percibir su sueldo como congresistas, y que esto ocurriera sin ningún límite. Cuestionado por la prensa que desde entonces lo llama “el doblesueldo”, negó lo obvio, dijo que no era lo que parecía, y —qué raro— se puso bravucón.

Sí, me da risa este almirante de tina, su puesta en escena para hacerse el duro, el patriota combatiente, cuando al mismo tiempo gasta su energía en ver la forma en que le chupa la sangre al máximo al erario nacional.

Pero debo decirlo: reírme de Montoya es, de alguna manera, muestra de mi privilegio. Puedo hacerlo por ciertas condiciones: soy limeño y periodista, tengo un espacio, cierta exposición y puedo denunciar persecuciones. Puedo hacer lo que en el Perú es un lujo: reírme de lo que da risa, burlarme del verdugo que quiere quitarnos libertades.

Porque lo cierto, como se comprueba en esta nueva jornada de manifestaciones, es que las leyes y normas promovidas por los Montoya de turno, junto al terruqueo más cínico, terminan en consecuencias reales para millones de peruanos. Esos que no tienen la visibilidad de Verónika Mendoza. Esos a los que la policía los puede detener aduciendo que son sospechosos de “terrorismo” y meterlos en una celda, como si nada. Esos que pueden ser detenidos o intervenidos por denunciar a los uniformados en sus radios locales. Esos que pueden salir, hacer un movimiento de más, y morir. Esos que no se pueden reír en paz.

Una de las cosas que tenemos que recuperar como país es la posibilidad de poder reírnos todos de Montoya y sus alucines, y recordarlo a carcajadas por el momento que lo definió para siempre: con camisita blanca y charreteras, agachado, firmando una lista de asistencia, sí, cómo no.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 696 año 14, del 26/07/2024

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Perú: “El Perú está siendo gobernado por una coalición de corruptos y autoritarios”

Steven Levitsky  (Entrevista Diego Quispe Sánchez)

El politólogo, profesor en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y autor del libro Cómo mueren las democracias analiza el panorama político del país y alega que la protesta pos-Castillo asustó mucho a los sectores urbanos.

En esta entrevista, el politólogo Steven Levitsky comenta cómo la coalición entre el régimen de Dina Boluarte y el Congreso socava la democracia, y pone énfasis en que nuestro país se encuentra en una situación similar a la de la dictadura de Alberto Fujimori, con la diferencia de que ahora hay una alianza más amplia, pero a su vez frágil.

- Hace casi un año cuestionó el exceso de violencia del Gobierno. ¿Cómo definir el Gobierno de Dina Boluarte? ¿Un régimen autoritario?

- El Perú obviamente está en transición y el Gobierno de Boluarte es una especie de híbrido. No estamos en un régimen sólido o institucionalizado en una situación de alta inestabilidad. Mencionaste el excesivo uso de fuerza hace un año, yo diría que fue una masacre de parte de las fuerzas de seguridad del Estado y ha pasado un año y no hay rendición de cuentas, no hay justicia después de esa tremenda masacre del tamaño que no estamos acostumbrados a ver en democracia. Una definición básica de la democracia moderna exige elecciones libres, el derecho de votar y la protección amplia de los derechos cívicos y humanos. Para mí, primero, con la masacre de casi 50 personas y segundo, con la ausencia casi total de rendición de cuentas después de esa masacre, el Perú empieza a violar abiertamente ese último criterio de la democracia. No hay en el régimen actual protección amplia de derechos civiles y humanos. Entonces, para mí el régimen actual deja de ser plenamente democrático. Dictadura es un poco exagerado. Es un Gobierno débil. Pero plena democracia ya no es.

- ¿Y este Gobierno es sostenible? Un presidente, para sobrevivir, necesita una bancada para salir airoso en el Congreso? Boluarte no tiene bancada, ¿qué futuro le depara?

- Boluarte es políticamente superdébil, podría caer mañana si se rompe su alianza de protección mutua con el Congreso. No tiene bancada, pero sí ha llegado a un acuerdo implícito de sobrevivencia con el Congreso. La mayoría de congresistas no quiere irse antes del 2026. Ella también quisiera quedarse en la presidencia obviamente y ninguno puede sin el otro. Si ella renuncia, hay elecciones. Los congresistas no quieren eso. Entonces, hay una especie de acuerdo entre dos actores políticos sumamente débiles que han perdido toda legitimidad, pero que en una sociedad exhausta y sin ganas de seguir movilizando por ahora, han logrado un pacto de sobrevivencia. Podría durar dos años, pero lo dudo. El costo del sistema político sería altísimo.

- ¿Por qué duda que el Gobierno pueda durar hasta el 2026?

- Porque es un Gobierno muy frágil y todas las bancadas en el Perú son muy frágiles. Es una situación política muy fragmentada. Entonces, hay una coalición que yo llamaría autoritaria, que hoy en el Perú es una coalición de corruptos y autoritarios. En vez de tener un Fujimori y un Vladimiro Montesinos, tienen prácticas sostenidas entre varios grupos pequeños que fácilmente pueden fragmentarse. Y es un poco como Guatemala, tiene una situación parecida. No hay Fuerzas Armadas en el poder, no hay partidos sólidos, no hay un líder consolidado en el poder como Fujimori y Nayib Bukele en El Salvador. Es una coalición fluida y fragmentada. Y por eso creo que es bastante factible, sobre todo por su falta de popularidad del Gobierno, una ruptura.

- La otra idea que mencionó fue que hay una sociedad exhausta ante todo lo que pasa. Hubo convocatorias de protestas contra el Gobierno y el Congreso, pero no han tenido la acogida que se esperaba. ¿Por qué, pese a todo lo que pasa, la sociedad sigue exhausta?

- La protesta masiva y la movilización social es siempre difícil de predecir. Puede ocurrir cuando uno no espera. Muchas veces uno piensa que hay condiciones para las protestas y no son (grandes). Pero en el Perú, me parece, una movilización requiere de los sectores medios urbanos. La caída de Merino, hace unos años, fue producto de una movilización que incluía a gran parte de los sectores medios urbanos. La protesta tras la caída de Pedro Castillo fue, sobre todo, en provincia y le dio un susto tremendo a casi todo Lima, sobre todo a la élite. Y me parece que los sectores medios limeños ahora no están tan dispuestos a juntarse con los sectores calificados como radicales. Hay una brecha mucho más grande que antes entre los sectores de provincia y medios urbanos. Con esa división, no creo que tenga éxito la protesta.

- ¿A qué se debe esa brecha?

- Como sabes bien, siempre hubo una brecha entre Lima política y el resto del país.

- Pero se ha agudizado en este periodo.

- Sí. Mira, Castillo y la protesta pos Castillo asustó mucho a los sectores urbanos y a la costa. Le dio un susto tremendo y el miedo es una de las razones por la que mucha gente en Lima está dispuesta a aceptar el Gobierno y la situación actual porque lo prefieren a una situación de inestabilidad y amenaza desde el interior del país. Yo creo que fue una reacción histérica, no basado en la realidad. La protesta quizás amenazaba al Gobierno de Boluarte, pero no existía una amenaza real a los limeños. Pero no fue percibido así. La clase media limeña reaccionó muy mal.

- ¿Es atípico que alguien como Boluarte, quien llegó a la presidencia con Perú Libre y un ideario radical, ahora esté de aliada con la derecha y el fujimorismo?

- Estamos viviendo en un país donde los partidos políticos colapsaron hace más de una generación, un sistema político donde los políticos como clase han desaparecido, no hay. Hay pocos políticos de carrera. La política está llena de novatos que andan sin partido con proyectos individualistas. Y Boluarte, como Castillo, es una política sin experiencia, una novata, que busca, como la gran mayoría de los políticos, algo individual y no tiene movimiento, no tiene partido, no tiene ni pasado ni futuro político. Está buscando sobrevivir. Y un político individual, solo en el mundo, buscando sobrevivir, está expuesto a un nivel de pragmatismo que francamente asusta.

- Quiero preguntarle su opinión sobre el comportamiento de nuestras instituciones al indultar a Alberto Fujimori y desacatar al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo deja esto al Gobierno?

- Lo deja mal. El Perú está siendo gobernado por una coalición de corruptos derechistas y autoritarios, y el fujimorismo es un socio de esa coalición. Y estamos viendo una actitud que muchas veces vemos en gobiernos autocráticos, como en el de Fujimori, Hugo Chávez, Rafael Correa o Bukele. Salvo que no hay un solo líder, sino una coalición de varios actores y operan, no tanto desde el Poder Ejecutivo, sino desde el Congreso y otras instituciones. Están haciendo lo mismo que Fujimori hizo buscando controlar y corromper varias instituciones del sistema judicial y otras para poder protegerse y usarlo de armas contra sus rivales políticos. Es el mismo comportamiento, pero desde el Congreso. Entonces, esa coalición ya no es absolutamente fujimorista, los fujimoristas forman parte de ella. Hace años un objetivo político fue obtener la libertad de Alberto Fujimori y lo lograron. Lograron controlar el Tribunal Constitucional (TC) a fin de cuentas.

- Dentro de esta coalición hay ciertas narrativas. Por ejemplo, dicen que quienes defienden las instituciones son los “caviares” y progresistas. Antes les decían comunistas o rojos. Son un mismo sector que desconoce los tratados internacionales. ¿Cómo definir ese discurso político?

- Iliberales, antiliberales y antidemocráticos. Son autoritarios y sus enemigos los definen ellos. Lo que más odian en el mundo son los caviares. ¿Los caviares qué son? Los que defienden las instituciones y los derechos. Las instituciones y los derechos son parte de un régimen democrático. Los defensores de la institucionalidad democrática liberal terminan siendo los caviares. Y atacan a los caviares y quieren destruir y están  destruyendo la democracia liberal en el Perú.

- Hace dos semanas fue suspendida la fiscal Patricia Benavides por estar investigada por presunta organización criminal. ¿El Perú es un país donde no hay garantías en el sistema de justicia para que prevalezcan los derechos de los ciudadanos?

- Es muy precario. Mira, yo actualmente estoy en Lima y cuando llegué hace un par de semanas sentí como si hubiera regresado al pasado. Yo vivía aquí a mediados de los años 90, en la época de Fujimori y Montesinos. Ver el comportamiento de los medios e ir a un quiosco y ver varias tapas de periódicos derechistas atacando a Gustavo Gorriti. Ver el comportamiento del fiscal de la Nación haciendo acuerdos, comprando congresistas y utilizando varios tipos de chantaje para controlar el Congreso, ver que los canales de televisión excluyen a los mejores periodistas del país, es como si estuviéramos viviendo la época de Fujimori y Montesinos, pero sin Fujimori y Montesinos. Entonces, sí, la corrupción de la fiscal es un golpe tremendo y es un golpe positivo que haya sido suspendida. Hay instituciones menos corrompidas obviamente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sigue siendo una institución todavía más independiente que otras y por eso están desde el Congreso intentando tumbarla.

“Vamos a hacer lo que nos da la gana”

- ¿En el Perú estamos haciendo todos los méritos para que esta democracia muera o aún estamos a tiempo de no convertirnos en  una especie de Guatemala?

- Bueno, Perú está a medio camino de Guatemala. Si se muere la democracia peruana, que está muy mal actualmente, se va a morir, por lo menos, con una enfermedad que es un poco diferente al caso de Fujimori hace una generación. Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea están viendo un libro sobre la extraña muerte de la democracia peruana, que está muPolitólogo, profesor en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y autor del libro Cómo mueren las democracias.riendo sin dictador. Pero sí (nuestra democracia), está haciendo todos los méritos para morir. Lo peor y lo más peligroso es la falta de rendición de cuentas y la falta de respuesta ante la gente. O sea, las encuestas en el Perú son muy claras. Y lo que la gente quiere es elecciones, por ejemplo. La gente quiere rendición de cuentas por los casi 50 muertos a manos del Estado peruano y la gente quiere un alto a la corrupción, un cierto control de la corrupción. Lo que hace la presidenta y el Congreso es al revés, es escupir en la cara de la gran mayoría de los peruanos y decirnos “no nos importa lo que ustedes quieren, no nos importa qué quiere la sociedad, vamos a hacer lo que nos da la gana: protegernos, hacernos ricos y quedarnos en el poder aunque no tengamos legitimidad”.

- Han perdido el descaro, ¿no?

- El costo que va a pagar el sistema político peruano va a ser enorme. ¡No pueden cagarse en la gente por dos o tres años y esperar que el sistema político sobreviva! Esto va a terminar muy mal.

https://larepublica.pe/politica/2023/12/31/steven-levitsky-el-peru-esta-siendo-gobernado-por-una-coalicion-de-corruptos-y-autoritarios-dina-boluarte-pedro-castillo-alberto-fujimori-crisis-politica-865148

https://www.leerydifundir.com/2024/01/peru-peru-esta-s…tos-autoritarios/

Perú: Vientos autoritarios

Ronald Gamarra

El mapa político de América Latina está movido. Una doble división atraviesa la región. La primera es por la orientación política, y así tenemos un conjunto importante de gobiernos de izquierda y otro grupo, minoritario por el momento, de administraciones de derecha. Pero desde el punto de vista de la democracia, se aprecia otra fragmentación, sin duda más importante: gobiernos democráticos, por un lado, y gobiernos autoritarios, que son cada vez más.

El común denominador parece ser que la democracia no vive su mejor momento en el continente. Los regímenes autoritarios tienden a aumentar, incluso bajo formas democráticas. Los mandos que se mantienen republicanos enfrentan crecientes dificultades y luchas internas que, eventualmente, podrían terminar empujándolos hacia el terreno de los despotismos, que parecen vivir un momento de auge.

Así tenemos un grupo de países claramente autoritarios o directamente dictatoriales, entre los cuales Venezuela, Nicaragua y Cuba son de izquierda, mientras Guatemala y El Salvador son de derecha. En Guatemala se está dando ahora un proceso golpista para impedir el acceso a la presidencia de un candidato ajeno al acuerdo de corruptos que detentan el poder. Venezuela, que hace una década lideraba la izquierda continental, sigue en la ruina y políticamente de capa caída.

Por otro lado, vemos una comunidad de estados democráticos con gobiernos de izquierda: México, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Argentina dejará de pertenecer a este grupo desde el 10 de diciembre, cuando el ultraderechista Milei asuma la presidencia. De estos países, Chile destaca por representar una democracia casi irreprochable. En los demás territorios, y en diverso grado, las administraciones de izquierda están teñidas de un cariz caudillesco y mesiánico que perjudica la democracia.

En Colombia hay una gran polarización política que viene de la historia y no encuentra aún la vía de una salida consensuada. La derecha está agazapada, por el momento, esperando el momento del desquite. En Brasil, la derecha puso a prueba la democracia temerariamente al virar hacia el trumpismo con la presidencia de Bolsonaro y hasta se intentó un golpe de mano para derrocar al presidente Lula, que aún no consigue asentarse.

En el grupo de países democráticos con gobiernos de derecha, tenemos a Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Ecuador y dentro de 15 días también Argentina. Los dos primeros países son democracias ejemplares y ya duraderas, que podemos considerar consolidadas. Los dos siguientes están en proceso de franca afirmación. Pero Ecuador y Argentina viven situaciones de gran conflictividad y polarización que ponen en peligro el régimen.

En este esquema, ¿dónde se sitúa nuestro país? El Perú estaba en el flanco de los gobiernos de izquierda con Pedro Castillo, aunque contrarrestado por un congreso en radical oposición de derecha. Con Dina Boluarte, exvicepresidenta de Castillo, se da un salto que nos ubica claramente en el sector de la derecha, bajo el poder de una alianza de intereses que sobre todo quiere aferrarse a sus privilegios e intereses mercantilistas.

Pero, por otro lado, la democracia, que ya hacía agua desde la pataleta de Keiko Fujimori como la mala perdedora del 2016, ha venido radicalmente a menos con la actual alianza de Dina Boluarte y la mayoría derechista del parlamento, que en su empecinamiento en quedarse en el poder ha incurrido en inadmisibles violaciones de derechos humanos y el avasallamiento de las instituciones democráticas por parte de la prepotente mayoría congresal.

Estamos con un pie fuera del estado de derecho, lo cual nos aproxima o quizás nos incluye entre los países donde campea el autoritarismo. No podemos decir ya que vivimos bajo una democracia. El contenido y las formas de la nuestra han sufrido un acelerado vaciamiento de contenido. Con el agravante de que, como en Guatemala, por ejemplo, tenemos redes delincuenciales que han infiltrado todo el estado.

No es el mejor momento para la democracia en América Latina. En realidad, tampoco en el mundo. Una ola de intolerancia se extiende desde la ultraderecha y la izquierda dura, sobre la cual revolotean políticos convenidos a la caza de una oportunidad “histórica”. Importantes sectores de los pueblos, ante las frustraciones de la democracia o empujados por temores de diversa índole, reaccionan endosando su apoyo a líderes autoritarios como Milei, que parecen ofrecerles una seguridad que sienten haber perdido o que encuentran inalcanzable.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 663 año 14, del 24/11/2023

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Perú: El peor crimen desde Fujimori

Ronald Gamarra

La muerte de 49 personas por balas y salvas de perdigones en las manifestaciones y protestas ocurridas sobre todo en el sur andino entre diciembre y marzo, constituye el peor crimen contra los derechos humanos cometido en nuestro país en más de dos décadas, desde los tiempos de la dictadura de Fujimori y las matanzas del destacamento Colina en Barrios Altos y La Cantuta. Así de categórico, así de crudo. De espanto. La represión de este verano alcanzó niveles y características de lesa humanidad que no pueden ser tolerados en un Estado democrático, respetuoso de la vida como primer valor, según manda la dignidad de todos, y también la Constitución.

Esto queda totalmente claro con las pesquisas y pruebas reunidas por la prensa de investigación, particularmente “IDL-Reporteros” y “Hildebrandt en sus Trece”, en relación con los dos hechos más cruentos de este período: la matanza de Ayacucho, el 15 de diciembre, en la cual perdieron la vida 10 personas por disparos de miembros del Ejército, y la matanza de Juliaca, el 9 de enero, donde 19 personas fueron victimadas por la Policía. También se cuenta ya con información relevante sobre otras muertes en otras zonas del sur andino.

En los casos de Ayacucho y Juliaca, la evidencia reunida esforzadamente por la prensa de investigación ha logrado establecer las circunstancias de la muerte en 6 de las 10 muertes de Ayacucho y 10 de las 19 muertes en Juliaca. Sin perjuicio de seguir documentando los demás episodios de sangre, se cuenta ya, entonces, con una masa de datos suficiente como para deducir algunos hechos fundamentales que esclarecen lo ocurrido. Los acontecimientos descifrados lo han sido gracias a la recolección de grabaciones en video de cámaras fijas en las calles, celulares, fotos y autopsias debidamente analizados.

En todos los casos expuestos, se concluye que en ninguno de ellos hubo una acción de parte de las víctimas que implicara un peligro grave e inminente para la vida o la integridad de los efectivos de las fuerzas militares o policiales que efectuaron los disparos, ni para las instalaciones críticas que los manifestantes rodeaban. Muchos de los fallecidos fueron abatidos a distancia considerable de los respectivos aeropuertos, incluidos varios casos en los cuales ellos estaban quietos o ni siquiera ejercían su derecho a la protesta.

La condición fundamental para el uso de armas letales por parte de las fuerzas del orden público no se dio y, por tanto, no se puede justificar de ningún modo lo que estas fuerzas hicieron. Esta condición es una norma de obligatorio cumplimiento, que rige desde el nivel de las normas internacionales hasta el de las leyes y los reglamentos internos de las instituciones y fuerzas de seguridad y orden público de nuestro país, y es válida para los jefes, oficiales y personal subalterno y de tropa, así como para los responsables políticos de la actuación de dichas fuerzas, es decir, el Gobierno. Lo suyo fue de matarifes y sayones. De fratricidas.

Un agravante es el uso de armas y munición de guerra contra manifestantes civiles. El Gobierno y las fuerzas de seguridad tienen la imperdonable responsabilidad de haber empleado, para reprimir las manifestaciones, personal premunido de fusiles de asalto que utilizan munición necesariamente mortal, si se dispara, como se hizo en Ayacucho y como ocurrió en Juliaca, a la cabeza, el tórax o el abdomen. Lo evidencian las autopsias y los cartuchos recuperados en algunos casos de los cuerpos de las víctimas, que corresponden plenamente con el calibre de la munición dispuesta por las fuerzas de seguridad.

Otro agravante son las mentiras echadas a volar desde las más altas autoridades para encubrir los hechos. La propia presidente Boluarte dijo que las muertes habían sido causadas por presuntos agentes foráneos, los fantasmales “ponchos rojos”, sobre los cuales no hay ni pudo presentar la menor evidencia. La colección de embustes comprobados de los representantes del Gobierno es indignante y expone la voluntad de enmascarar lo ocurrido después de haberlo ordenado, alentado o permitido, lo cual queda por establecer.

Pasados tres meses desde los acontecimientos de Juliaca y casi cuatro desde los de Ayacucho, no hay ni asomo de justicia. El Ministerio Público no ha acusado hasta el momento a ningún responsable de estos crímenes, a pesar de las pruebas contundentes que han salido a la luz pública. Lo que sí ha hecho, en cambio, es poner obstáculos a la averiguación de la verdad al cambiar hasta en dos oportunidades las fiscalías responsables de la investigación, terminando por centralizarlas en una fiscalía con sede en Lima, en el aparente afán de volver todo a fojas cero.

La angurria de quedarse en el poder a todo trance hasta el año 2026 es la causa mezquina que ha llevado a un gobierno que debió ser de transición hacia las elecciones generales, después del fracasado autogolpe de Pedro Castillo, a incurrir en el peor crimen contra los derechos humanos que se recuerda en más de dos décadas. No le bastará al Gobierno con el encubrimiento de este Congreso trufado de ambiciosos y malandrines, desde donde vinieron los más activos llamados a ejercer una represión brutal. Tarde o temprano, Dina, la justicia te exigirá cuentas. A ti, Otárola, y también a los matadores directos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 631 año 13, del 14/04/2023, p18

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Perú: El outsider que puede venir

Ybrahim Luna

El oscurantismo político que vienen imponiendo grupos de ultraderecha en nuestro país, con la anuencia de un Ejecutivo más preocupado por evadir la justicia y sobrevivir hasta el 2026, ha empezado a desmontar la poca institucionalidad y democracia que habíamos logrado como sociedad. No es que hubiésemos avanzado mucho, es cierto; pero al menos en denominaciones y formalismos queríamos jugar al primer mundo.

Pues ese juego terminó. Están derrumbando la casa con maquinaria pesada y plantando banderas con la Cruz de Borgoña sobre los escombros. Nunca el escenario estuvo más despejado para el accionar del fascismo sudaca: un gobierno represor y racista, por un lado, y un centro inofensivo y una izquierda desaparecida, por el otro. Vivimos el sueño de los peruanos que adoran a Vox de España y sus foros orgullosamente sépticos.

Curiosamente, en estos escenarios preapocalípticos (sumemos que en la práctica ya vivimos un fenómeno El Niño) es que las izquierdas se presentan como una alternativa a las felonías del sistema. ¿Pero qué ocurre cuando las izquierdas también viven una crisis medular que les impide levantar el brazo en medio de la multitud para dar soluciones mágicas? Ocurre que nadie las toma en serio porque la gente las considera parte de la plaga política. Y no solo es culpa de los congresistas de la falsa “izquierda radical” que demostraron su ineptitud, servilismo a seudocaudillos y pragmatismo, sino de la realidad misma que ha mostrado que la izquierda se ha estancado en el discurso del dedo acusador pero se ha alejado de la lucha activa y de las iniciativas populares.

Es cierto que sin mayoría en el Congreso poco o nada se puede hacer, como también es cierto que el pueblo nunca pensó en convocar a la izquierda a la hora de las protestas masivas contra Dina Boluarte por considerarlo un innecesario regalo de protagonismo para quienes demostraron un apego desmedido por sus cuotas de poder y aguinaldos. Hay políticos valiosos de izquierda en el Congreso, pero las excepciones no hacen la regla.

La debacle de la izquierda viene de tiempo atrás, quizá desde el apoyo que le brindó ciegamente a Ollanta Humala o de las tibiezas de Susana Villarán, y se agravó con la aparición de un meteórico Pedro Castillo en la campaña presidencial pasada. El hecho de que el candidato chotano, con sus limitaciones de performance y las acusaciones de cercanías con el Movadef, haya arrasado no solo con los candidatos del sistema sino también con los de la izquierda capitalina, tradicional y –en teoría– más preparada, fue un síntoma del cansancio de las masas con lo que consideraban más de lo mismo. Castillo fue lo nuevo, el espejo de lo ingenuo, y a la vez la punta de lanza de las clases menos favorecidas que se identificaron con uno de los suyos. La gente de provincia que sentía simpatía por la izquierda había encontrado a un candidato fuera del gremio de la izquierda capitalina, activista y académica. De ese choque cultural, ganó el populismo reivindicativo, y todo lo demás quedó etiquetado como “caviar”. Lamentablemente, el arrastre que significó Perú Libre hizo que fuesen elegidos congresistas algunos candidatos que solo fueron relleno de listas, muy básicos y dogmáticos.

El daño que el hoy preso Pedro Castillo y su partido le han hecho a la izquierda popular se verá en las próximas elecciones; pero por lo pronto la derecha ya tiene un argumento para señalar que el pueblo también se equivoca y que los caudillos se pueden infectar de los males que prometen combatir, sea cual sea su ideología. “Fue un golpista, un ladrón, un ignorante y comunista”, será el argumento con el que la derecha intentará sepultar cualquier manifestación política que no haya deslindado a tiempo con el profesor cajamarquino. A la excandidata presidencial Verónika Mendoza, quizá la última carta de la izquierda con miras al 2026, intentarán marcarla con esa cruz cada vez que hable de asamblea constituyente o nueva Constitución.

El asunto se complica si revisamos, por ejemplo, el estado de los liderazgos regionales que en determinados conflictos sociales se perfilaron como presidenciables. El exgobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos afronta una condena (reducida) por corrupción; Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, anda en la cuerda floja por un pedido de prisión preventiva por el presunto financiamiento ilegal de su partido; el exgobernador de Puno y líder aimara Walter Aduviri ha perdido la capacidad de convocatoria de sus mejores épocas; el líder indígena amazónico Santiago Manuin falleció en 2020 víctima de Covid-19, y el exalcalde de Espinar Óscar Mollohuanca falleció en 2022 en circunstancias aún por esclarecer.

No se le puede echar la culpa de todo a la izquierda peruana. Sobre todo, si actualmente una derecha impresentable es la dueña de la cancha, del árbitro y de la pelota. Sin embargo, siempre es posible hacer algo más. Son tiempos difíciles, de persecución y calumnia a todo lo disidente, pero también en los tiempos difíciles es que se forjan los mejores liderazgos codo a codo con la gente. Las esperanzas del pueblo de que aparezca un outsider que haga temblar a los poderosos siguen intactas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 630 año 13, del 07/04/2023, p20

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Perú: Entre dos ciclones

Sinesio López

El Perú está siendo sacudido por dos ciclones (el climático y el social) y el Gobierno no sabe qué hacer, salvo sobrevivir, durar y levitar. Peor aún: hace lo contrario de lo que tiene que hacer. Ordena a las FFAA desplazarse al sur a matar ciudadanos indefensos que protestan legítimamente en lugar de enviarlas a salvar vidas al norte, azotado por el ciclón Yaku.

La presidente va al norte y habla y habla, pero no dice nada. No sabe dónde está parada, salvo en un charco donde se hace fotografiar para transmitir la imagen de que se preocupa y trabaja. En 2017, el Perú tuvo el mismo drama con El Niño costero, pero entonces había gobierno, acosado por el fujimorismo, pero gobernaba. Jorge Nieto, entonces ministro de Defensa, organizó un equipo científico-técnico y otro operativo, y desplazó al conjunto de las FFAA con todos sus recursos, maquinarias y equipaje logístico para enfrentar el desafío. Y les fue bien. Todos aplaudimos.

Por iniciativa del gobierno de entonces se creó el organismo Reconstrucción con Cambios, y no ha cambiado nada. En los primeros años se encargó el Estado, que mostró su inutilidad en todos los niveles.

Se estableció luego un acuerdo con Inglaterra de Gobierno a Gobierno, pero hasta ahora no vemos los resultados. Pienso que el factor principal de tamaña ineficacia es la falta de gobernabilidad, generada por el fujimorismo que controla el Congreso desde el 2016. Tenemos seis presidentes en seis años por responsabilidad del Congreso que, desde entonces, es el centro golpista del país.

Todos esos golpes, que se cubren con un hipócrita formalismo constitucional, tienen como objetivo entregar el Gobierno a los perdedores.

Mientras el ciclón Yaku está en alza, el ciclón social está en un reposo temporal, que ha generado ilusiones en la ultraderecha, en el Congreso y el Gobierno. Creen que la turbulencia social terminó y que van a llevar la fiesta en paz hasta el 2026.

Locas ilusiones. La agenda política del ciclón social (renuncia de Dina Boluarte, elecciones adelantadas a 2023 y consulta para una asamblea constituyente) sigue vigente y es probable que un ciclón social más extenso e intenso la resuelva.

Hay un Gobierno que no gobierna porque no tiene legitimidad. Casi nadie lo apoya ni obedece. Los ministros y viceministros que van a las regiones del centro y sur son pifiados y expulsados por la población. El Gobierno autoritario se puede mantener un corto tiempo apoyado en la fuerza militar, pero no puede gobernar sin el apoyo del pueblo o, menos aún, contra el pueblo.

A mí me sorprende la coincidencia de dos grandes y opuestos pensadores, Hobbes (1588-1679) y Arendt (1906-1975), en la tesis que relaciona la gobernabilidad con la legitimidad. Hobbes sostenía que cuando la voluntad de todos se diluye ya no tienen poder aquellos (o aquel) en que ella se expresa, ya no tienen legitimidad ni les obedecen, aunque cuenten con ejército poderoso.

Hannah Arendt dice que el poder no es el arma; sí lo es el número organizado (y movilizado) de ciudadanos. Miles de ciudadanos movilizados pueden pasar por encima de los tanques.

https://larepublica.pe/opinion/2023/03/16/entre-dos-ciclones-por-sinesio-lopez-740272

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-dos-ciclones/