Perú: El legado sangriento de Otárola

Juan Manuel Robles

No es casual que Alberto Otárola salga envalentonado a “despedirse” del cargo, como quien pasa a una nueva etapa profesional en busca de otros horizontes. Es delirante que insinúe que las masas le deparan una carrera política (en realidad, más probable es un linchamiento si se le ocurre aterrizar en la ciudad equivocada) pero hay algo monstruosamente cierto cuando se jacta de haber sido un rompemanifestaciones de gran calibre. Otárola fue el siniestro operador de un gobierno que, podríamos decir, rompió el tabú de la muerte como una falta grave que obliga a renunciar, o genera una crisis terminal. Hasta Manuel Merino, las muertes fueron un escándalo sonoro, como el disparo feroz que termina amargamente con una trifulca que nadie está dispuesto a continuar.

El gobierno de Dina Boluarte acabó con esa dinámica, que por un tiempo fue parte de las reglas del juego político en democracia. La muerte de civiles, que existe en todos los gobiernos, conlleva costos políticos que pueden ser terminales según cómo se cometa: por exceso numérico de víctimas, por su evidente desproporción, por el fallecimiento de civiles y menores de edad. Dina Boluarte cumplió todos los checks en tiempo récord. De hecho, se sabe que en diciembre del 2022 la sucesora sintió la presión de las muertes acumuladas y quiso renunciar, repetir el libreto que muchos esperaban. Fue entonces cuando la figura de Alberto Otárola se hizo fundamental. El funcionario se convirtió en el ala dura, la voz mala de la conciencia para una presidenta que estaba algo perdida, el asesor de facto que desplazó a todos los asesores nominales. Convenció a la presidenta de no dimitir (según La República, la asustó con los posibles juicios por las muertes). Se volvió aliado incondicional (ineludible) y fue al frente. Nació así el Carnicero: implacable, indolente, cínico, narciso y frívolo.

Otárola supo leer que el momento histórico permitía excesos que hubieran tumbado a otros. La paranoia anticomunista sembrada por los enemigos de Pedro Castillo y alimentada por la prensa basura se potenció cuando el expresidente intentó dar un golpe (justo cuando el Congreso le iba a dar un golpe a él). Otárola entendió que era la coyuntura perfecta para resaltar a conveniencia ciertos informes de inteligencia: justamente esos que hablaban de una conexión entre los manifestantes y el terrorismo, el narcotráfico, el separatismo altiplánico y hasta el MAS de Evo Morales. Con una prensa que consiguió asociar a Castillo con Sendero Luminoso usando mentiras, la duda razonable bastó para que la ciudadanía tolere la violencia castrense. Hay límites para matar, pero si los manifestantes son senderistas esos límites no existen.

Con Otárola se hizo patente eso de que el terruqueo mata y también que el terruqueo puede salvarte (si eres un gobierno no electo y se te fue la mano con las masacres). Fue una operación de comunicación de una eficiencia espeluznante. Con esa victoria le demostró a la presidenta que podían quedarse. Los dos.

Otárola habla suelto de huesos, sabiendo que ese es su legado y su regalo a la derecha del país: a partir de lo que hicimos, pueden ustedes matar en democracia sin miedo a perderlo todo, parece decir. Les ahorramos a los futuros presidentes la necesidad de guardar las formas (y de guardar al Ejército). Hicimos lo que posiblemente ni Keiko Fujimori se hubiera atrevido a hacer, nos encargamos del trabajo sucio y vencimos. Porque de eso no hay duda. Vencieron. Cobardemente, matando a adolescentes, pero vencieron. Atemorizaron a la población, que perdió la moral y bajó la voz hasta el mutismo.

Nos criminalizaron. Nos detuvieron. Nos encarcelaron con acusaciones tan absurdas que tuvieron que soltarnos. Nos mataron.

Es posible que en su megalomanía Otárola sienta que la derecha le reconoce el mérito del encargo. Que lo aprecia. Que le agradece. Que lo protegerá. En realidad, es más como el sicario que llega a la oficina de su cliente adinerado en pleno día, y genera un momento incómodo. La propia caída de Otárola —impensable en los primeros meses del 2022— evidencia su condición de fusible.

Se irá conociendo más del expremier, un nuevo personaje siniestro y oscuro, de los tantos que hemos tenido. Porque es innegable: se ganó su lugar en esa galería infame. Algo del perfil del político se puede encontrar en el libro Nuestros muertos, de Américo Zambrano. Allí queda retratado Otárola en varios momentos, y en especial en el día en que fue al Congreso a solicitar el voto de confianza. Varios congresistas le gritaron asesino, fueron hostiles. Los acompañantes de Otárola se asustaron. “Es un show, todo va a salir bien”, respondió el ministro que ya se sentía invencible.

Otárola, como algunos de los hombres más repudiables de la historia política, es un converso. Antes de ser el responsable político de la última gran violación de derechos humanos de un gobierno de derecha en el Perú, fue un político de izquierdas progresista, de esos que aplauden a Lula en las redes sociales. Cuando murió Nano Guerra García, su amigo y también converso, escribió un tuit emotivo en que citaba a Silvio Rodríguez: “Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida”. Díganme si hay algo más retorcido que esa frase pronunciada por el señor.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 676 año 14, del 08/03/2024

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El Perú como un atoro

César Hildebrandt

El Congreso del hampa produjo su mitosis.

Ahora tendremos un parlamento de diputados y un recinto “pensante” de senadores.

El problema es que no hay partidos políticos –queda el zombismo del Apra, una gotera de agua sucia de Acción Popular, la banda armada del fujimorismo– y es por eso que ambas cámaras volverán a llenarse de gentuza.

La inteligencia huye de la política, la gente de bien hace arcadas cuando le hablan de los Acuña y los Luna y las gárgolas del alanismo enmascarado.

La política en el Perú se ha convertido en esta fetidez. Y ahora tendremos dos cámaras de sinvergüenzas vendiendo sus votos y canjeando su impunidad con alguna fiscal salida del arroyo.

Encima, los forajidos de la actualidad podrán reciclarse si obtienen los votos necesarios porque la reelección inmediata también se ha consagrado.

Cuando escribía estas líneas el Congreso de los delincuentes se aprestaba a desmontar la Junta Nacional de Justicia con miras a controlar el sistema de la judicatura y los órganos electorales como la ONPE y el RENIEC. Para el Jurado Nacional de Elecciones tienen preparada otra trampa. El asunto es asegurarse el 2026 por las buenas o por las malas.

Mientras tanto, el señor Alberto Otárola tiene que dejar el escenario después de un audio porno en el que braguetea su papel de jefe imaginario de Recursos Humanos de alguna entidad (pública o privada, no importa). Y después de la vergüenza y de su renuncia obligada, sale con descaro a lanzar mensajes extorsivos y a decirle a la derecha que está disponible para cualquier eventualidad. Como por ejemplo, ocultar cadáveres. Su currículum vitae así lo dice.

La indecencia nunca fue tan exhibicionista en este país carcomido. Nunca asistimos con tan cobarde resignación a la destrucción de las instituciones y a la difuminación de la separación de poderes. Nunca hemos sido, como ciudadanos, tan poca cosa.

¿O sí?

¿Acaso no lo fuimos con Leguía, que corrompió el país hasta que un milico burro lo golpeó desde Arequipa?

¿No lo fuimos con Odría, que quiso matar a Haya de la Torre y lo mantuvo cinco años asilado en una embajada?

¿No lo fuimos con Velasco, que quiso ser un Robespierre mangache?

¿No lo fuimos, recientemente, con el fujimorismo purulento que, desde 1995, creó una maquinaria cuyo único propósito era permanecer en el poder para saquear el Estado y servir al líder y a quienes lo rodeaban?

Sí, es cierto, pero esta vez es peor.

Leguía tenía una visión de país, un concepto del desarrollo, una manera de entender nuestras relaciones internacionales. Era la burguesía bilingüe y en acción.

Odría, que fue la respuesta feroz a la agitación todavía marxistoide del Apra, fue el cachaco de los agroexportadores pero también el promotor de nuevos derechos laborales y de una infraestructura educacional que no puede subestimarse.

Velasco hizo la reforma agraria que el Apra había prometido, abrió compuertas del ascenso social y se enfrentó a una oligarquía que terminó venciéndolo. Pero nadie puede decir que Velasco no tenía un propósito y una idea clara de cómo arrebatarle banderas a la izquierda comunista.

Y al Fujimori de su primer periodo no se le puede negar lo hecho en relación al manejo económico y a la lucha contra el senderismo.

Pero la señora Boluarte no habría sido ni la secretaria de la PCM de ningún gobierno. Sus intereses terminan donde acaba su apéndice nasal y su programa consiste en durar todo lo que pueda.

No hay perspectiva alguna de país en este gobierno escuálido secuestrado por el fujimorismo y su morralla. Un Congreso ilegítimo chalequea a un Ejecutivo repudiado. Cuarenta y nueve muertes costó asustar a la gente. Esa es la descripción policiaca de la política peruana.

Ahora la señora Boluarte se desprende de su excitado primer ministro y nombra a otro guardaespaldas en su reemplazo.

El señor Adrianzén encarna el humalismo más perfecto: es nada tirando para lo mismo, es el fantasma de cualquier ópera, es el botones con traje de comandante. Me atrevo a decir que el señor Adrianzén no existe.

El mensaje del “cambio de gabinete” es muy claro: seguiremos haciendo lo que nos da la gana –es decir, muy poco– mientras el Congreso lo permita.

¿Y los pobres, los de las ollas comunes, los barridos del mapa en las operaciones de desalojo? ¿Y la clase media que se esfuerza por seguir en esa franja y ve amenazada su condición por la recesión? ¿Y los emprendedores que viven con las justas y no tienen tiempo ni siquiera para indignarse?

¿Esos no cuentan?

No, no cuentan. El Perú es un atoro amarronado que Sedapal no puede remediar. Es Boluarte defendiendo a su hermano, es la derecha que festeja su éxito, es la izquierda que se tragó el cianuro. Es Fujimori en el Jockey Plaza anunciando lo que sucederá. Es el país que sería fácil no amar.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 676 año 14, del 08/03/2024

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Perú: ¿La última oportunidad?

Hernán Chaparro

“Esta vez, estarían ensayando con sacar a una de las personas más asociadas a los asesinatos de diciembre del 2022 y enero del 2023 para ver si se logra algo nuevo”.

La salida del ahora expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y su reemplazo por alguien que sería de su confianza, o relativamente cercano a él, Gustavo Adrianzén, da la impresión de ser la expresión de una serie de decisiones y/o transacciones que se han tomado en el entorno de la presidenta Dina Boluarte. Estas apuntarían a tratar de mejorar un nivel de aprobación que preocupa cada vez más en el Ejecutivo, y sobre todo en el Congreso, en la medida que se acercan las elecciones. La coalición congresal ha apoyado el cambio, pero viendo lo que hasta ahora ha sido este proceso en el gabinete, tampoco han querido involucrarse y/u Otárola logró canjear algo que ellos no pudieron. De no haber otros nombramientos significativos, un “gabinete Adrianzén” será básicamente un gabinete para tratar de disolver en la memoria un nombre desgastado y asociado a injustas muertes. Salvo la presidenta, ¿alguien se lo creerá?

Todas las manifestaciones que se han dado en el país, incluso los cánticos celebratorios durante los carnavales o celebraciones en diversas regiones, han tenido como objeto de crítica y rechazo a la presidenta. Pero sabemos que la mandataria no va a renunciar de ninguna manera. Dado ese pie forzado, pareciera que en Palacio de Gobierno se convencieron de que una forma de tratar de refrescar la imagen del Ejecutivo era sacando a quien estaba en segundo lugar como lastre político.  La decisión de dejar de lado al que se vendió como el mejor escudero debe haberse tomado porque alguien, todo indica que el hermano de la presidenta, se ha logrado presentar con una mejor alternativa para los intereses de defensa de la gobernante. Por la forma en que se han presentado los hechos, esta no ha sido una decisión imprevista.

Los audios difundidos, que tristemente lograron lo que no pudieron tantos fallecidos y negligencia durante las protestas en el sur, son del 2021. Puede que nunca se sepa, pero está claro que primero fue la decisión de que Otárola ya no era útil, o que era más un problema que la solución que él decía encarnar, y luego vino la decisión de difundir unos videos y demás información comprometedora. No es que los videos, chats, o lo que sea, hayan generado una crisis imprevista.  En lo único que se podría coincidir con Alberto Otárola es que ahí hubo una decisión política de ya no contar con su apoyo, aunque él sostuviese lo contrario, y que esa era la forma de forzar su renuncia.

A pesar de ya no contar con la total confianza de la presidenta, algo logró en sus negociaciones porque, contra lo anunciado por el canciller sobre un relanzamiento del gabinete, lo que hasta ahora se ve no pasa de un cambio del protagonista por el extra más cercano.  En su presentación de ayer, Alberto Otárola dejó muy en claro que al hermanísimo no lo iba a tocar.  En un primer momento, varios pensaron, me incluyo, que Otárola saldría a la ofensiva y que eso podía terminar siendo negativo para los socios del Ejecutivo. Sin embargo, los secretos que mutuamente tienen que guardarse la presidenta y el expremier parecen haber disminuido la fuerza relanzadora que con entusiasmo se comunicó.  Una versión, con variantes obvias, de los secretos que durante buen tiempo se guardaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

¿Por qué la decisión de apartarlo? La mandataria sabe que es funcional a la coalición de diversos grupos de interés en el Congreso en la medida que les deje hacer todo lo que ellos quieran (hasta ahí, el Ejecutivo cumple), que la economía esté lo mejor posible y que su nivel de aprobación se ubique dentro de lo razonable.  Una economía a la deriva, un país donde la inseguridad ciudadana campee y un alto nivel de desaprobación del Congreso y del Ejecutivo (5% y 10% respectivamente, según la encuesta de enero del Instituto de Estudios Peruanos-IEP), no es negocio para ninguno de los dos. En un clima de tan alto nivel de desconfianza política las propuestas que podrían tener mayor adhesión electoral serán aquellas que rechacen todo lo que se vea hoy como responsable del caos y falta de norte que se vive, léase, los inquilinos de plaza Bolívar y plaza de Armas. En la cámara de eco del Parlamento y Ejecutivo, ¿quiénes serían estos peligrosos enemigos a combatir? Vizcarra, Antauro Humala, y cualquier otro que vaya por sus cabezas, apoyados en el inmenso descontento ciudadano.

Tanto en el hemiciclo como en la Presidencia consideran, por sus propios intereses, no por los del país, que la situación tiene que mejorar.  Y todo indicaría que se convencieron de que Otárola era ahí un problema. Diversos voceros de Fuerza Popular, Avanza País, APP, y medios de comunicación afines, rápidamente salieron para expresar su conformidad con el cambio.  El clima electoral revolotea en el ambiente político y estas agrupaciones necesitan lograr un equilibrio entre mantener un Ejecutivo que les deje hacer lo que mejor les convenga para reelegirse y a la vez tomar distancia de uno de los gobiernos más impopulares en la historia del país donde el pedido de rendición de cuentas por las injustas muertes y el rechazo ciudadano están instalados.

Hace poco hubo un tímido cambio de gabinete que, al no cambiar la cabeza que representa ese bajo nivel de popularidad, no pasó nada. Esta vez, estarían ensayando con sacar a una de las personas más asociadas a los asesinatos de diciembre del 2022 y enero del 2023 para ver si se logra algo nuevo. En paralelo, habrá que seguir observando qué ocurre con Nicanor Boluarte y las personas cercanas a él en el Gobierno.  Por ahí estamos viendo solo los inicios de otros movimientos que justifiquen la salida de quien siempre debe haber estado recordándole a la presidenta que él conoce mucho de ella.

Solo se puede conjeturar, pero hay una gran distancia entre el entusiasmo que había ayer en el Gobierno sobre lo que iba a ser, ahora sí, un renovado gabinete y la presencia de un personaje político que no es Otárola, pero que, al menos en estos días, solo hace recordar a Otárola. Diera la impresión que, una vez más, los intereses personales, la política menuda y el temor a los juicios por venir permitieron hicieron lo suyo. El expremier se tomó un buen tiempo en volver de Canadá, y logró dejar un nombre que, desde dentro, lo respalde. La gran pregunta es si los grupos en el Congreso, que necesitan que el Ejecutivo no deje que se incendie la pradera, van a tolerar más tiempo tanta incompetencia. Si el anunciado relanzamiento no funciona, ¿la próxima filtración podría comprometer a la misma presidenta? Esa película ya la hemos visto, en los últimos años, varias veces y en diferentes versiones.

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/07/la-ultima-oportunidad-por-hernan-chaparro-236988

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Perú: Otárola y Yaziré: el chisme manda

Maritza Espinoza

“El todavía premier cuenta con que la derecha, con tal de aniquilar a Vizcarra, le dé todo su respaldo y no lleve a mayores las investigaciones que deberían darse en el Congreso”.

Nada como un sabroso chisme de “entre sábanas” para desenmascarar a la fauna política chola y, de paso, despertar el aletargado interés de la ciudadanía que, normalmente, apenas si se inmuta cuando se asesina a medio centenar de compatriotas en una protesta, se maneja la economía al borde del descalabro, se gestiona el gobierno (nacional y local) con el pie izquierdo o se roba en paila la plata que sale de nuestros sacrificados impuestos.

Es que para el pequeño voyerista que todos los peruanos, sin distinción de credo o ideología, llevamos dentro, los jugosos detalles de un romance entre un poderoso vejestorio y una guapa damisela resultan mucho más impactantes que el hecho de que ese vejestorio financie su(s) affaire(s) con dineros públicos en forma de contratos con el Estado, pecado venial al que apenas si se le presta atención.

De allí que el escándalo de Alberto Otárola —premier/albacea/titiritero de la señora que ejerce el cargo de presidente— recién haya saltado cuando aparecieron los audios calentones en los que negociaba los favores, digamos, amorosos con la hoy archifamosa Yaziré Pinedo, cuando hace meses se sabía que la señorita, tras una nunca esclarecida reunión con él en sus oficinas del Ministerio de Defensa, había sido favorecida con contratos por un monto de cincuenta y dos mil soles.

Cuando en setiembre ‘Panorama’ publicó los detalles de ese desaguisado, a todos les pareció lo más normal del mundo que una joven de 21 añitos y sin ningún atributo aparente (para el trabajo) haya cobrado lo que, sacando cuentas, son más o menos cincuenta y dos sueldos mínimos. Eso sin contar con que, previamente, la burocracia del Mindef le había enviado un requerimiento personal para que ella misma decida cuánto quería cobrar, deferencia que no se le hace ni a un experto de primerísimo nivel.

Salvo un par de medios entrometidos —además de ‘Panorama’—, los demás ni siquiera tocaron el tema, hasta que, hace unos días, se hizo pública la estrambótica historia de amor/acoso/colusión (combinación que tan frecuentemente se suele dar en esta sufrida viña del Señor) entre Otárola y Pinedo, algo que parece haber agarrado al premier con, casi literalmente, los pantalones abajo.

Pero Otárola es un político ducho y sabe cómo desenfocar la atención pública. Por eso, la coartada que parece haber armado en armoniosa componenda con la niña de sus ojos pone tanto énfasis en la “inocencia” de la relación, desdibuja el aspecto delictivo (un irregular contrato con el Estado) y carga todo el peso de la culpa en… ¡Martín Vizcarra!, el punching ball de todos los odios políticos, personaje cuya sola mención atrae el odio jarocho de la DBA.

El todavía premier cuenta con que la derecha, con tal de aniquilar a Vizcarra, le dé todo su respaldo y no lleve a mayores las investigaciones que deberían darse en el Congreso y, también, con que tras sus “aclaraciones”, Dina Boluarte lo mantenga en el cargo, aunque, de paso, deje sin piso a su hermano Nicanor, con quien tiene un viejo pulseo por ver quién tiene más influencia en la jefa de Estado.

Lo que Otárola no ha calculado —tal vez cegado por su afán de vengarse de su némesis, el hermanísimo Nicanor Boluarte, quien estaría detrás de la más reciente puñalada a su estabilidad en el premierato— es que, en este país, la gente puede perdonar cualquier cosa, menos la deslealtad familiar. Sin ir lejos, entre los factores de la derrota de Keiko Fujimori el 2021, uno de los que más pesó fue la persecución contra su hermano Kenji y la gelidez con la que provocó el regreso de su padre a prisión.  

Pero cabe otra posibilidad para la extrema autoconfianza que todavía muestra Otárola, y es que la información que tiene entre manos sobre Dina Boluarte —que puede abarcar desde el asunto del Club Apurímac hasta detalles no contados de la matanza en las protestas o, quién sabe, sabrosos intríngulis del backstage político— es suficiente para que esta elija su bando y, cual moderna y enfaldada versión de Caín, aplaste las aspiraciones de su

Sin embargo, esta historia está en desarrollo y mientras doña Yaziré no entregue a la Fiscalía las pruebas contra la repentina dupla Boluarte-Vizcarra que dice tener, no sabremos quién es el ganador y quién el perdedor. Por lo pronto, Otárola, hasta el cierre de esta edición, seguía siendo primer ministro. ¿Y la niña? Tiene todas las de ganar.  Además de los cincuenta y dos mil soles que ya se embolsicó, cualquier día de estos la llaman para participar en ‘Esto es guerra’.

Cherchez la femme

Dicho sea de paso, llama la atención que varios de los más grandes escándalos de nuestra historia reciente hayan tenido que ver con la acción —o reacción— de alguna mujer emocionalmente comprometida con los protagonistas. Desde el despecho de Matilde Pinchi Pinchi, que la llevó a hacer público el primer vladivideo que se tumbó al régimen de Alberto Fujimori, hasta la hoy fresquecita telenovela de Yaziré Pinedo, no hay giro político en el que no haya estado involucrada alguna.

No olvidemos, por ejemplo, que los peores momentos de los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala tuvieron que ver con que sus esposas metían las narices en asuntos de gobierno. Tampoco, que Julio Guzmán, el más prometedor candidato en las elecciones del 2021, se derrumbó tras un ardiente ampay cuyas nefastas consecuencias ya no pudo remontar.

Y hablando de ardores, cómo no recordar el asunto del ‘Bebito fiu fiu’, que hasta dio lugar a una pegajosa cancioncilla que se convirtió en éxito mundial. Sin duda, fue el peor golpe que ha sufrido la imagen política de Martín Vizcarra. Ducho en reciclarse, el moqueguano ha logrado darle la vuelta incluso al feo mote de ‘Largato’ (sacó el peluche de un simpático lagartitito, que hoy es su mascota), pero dicen que hasta hoy tartamudea cuando le mencionan el otro asunto.

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/06/otarola-y-yazire-el-chisme-manda-por-maritza-espinoza-417828

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Perú: Madrastra de la patria

Maritza Espinoza

“¿Con qué cara puede la señora, cuyo Gobierno se tambalea entre errores y corruptelas, cuestionado por todos los organismos de DDHH (…), intentar erigirse como la madre de la nación?”.

¿Qué diablos pasaba por la cabeza de Dina Boluarte cuando, hace unos días, se le ocurrió provocarnos espeluznantes pesadillas edípicas con eso de “yo soy la mamá de todos los peruanos y César Acuña, el papá”? Francamente, yo quisiera creer que la doña le estaba coqueteando al dueño de Alianza para el Progreso —algo así como “juguemos a la mami y al papi, ¿ya, Cesitar?”— y que se le pasó la mano del disfuerzo, pero me temo que la frase de marras ocultaba un subtexto menos galante y más calculador.

Boluarte, es obvio, estaba intentando hacer uso del recurso más manido de los tiranuelos populistas, que es infantilizar a los ciudadanos y colocarse, ella misma, en la posición contra la que ningún niño puede rebelarse: la autoridad paterna. O sea, el equivalente exacto, pero edulcorado, de decir “¡en esta casa mando yo!” o, cual Darth Vader de acento chalhuanquino, exclamar: “Luke, ¡yo soy tu madre!”.

Claro que, poco después, al comprobar el desastroso efecto de su frase, quiso barajar la cosa diciendo que, cuando la pronunció, se refería a trabajar “con el cariño de madre”. Nadie le creyó, por supuesto. La puesta en escena había sido cuidadosamente escrita y diseñada para darse en el momento justo y lograr un efecto que se fue por el desagüe.

Tal vez alguien —alguno de esos asesores desastrosos que la hacen meter la pata cada dos por tres— le hizo creer que, ¡esta vez sí!, tenían el discurso que la iba a disparar hacia arriba en las encuestas. Ya hasta me imagino el rollo sociológico: ya que los peruanos tenemos una carencia emocional que nos hace andar por la vida buscando un padre —o un inca, como en el famoso título de Alberto Flores Galindo—, ¿qué mejor que presentarse como la encarnación de la Mamapacha que nos hará tragarnos todas las ruedas de molino de este gobierno?

¡Craso error! La doña se fue de muelas, porque, incluso si estuviéramos buscando un inca (o una colla, para ser congruentes con el género), la última Mama Ocllo que elegiríamos sería justamente la señora que anda mandando apalear a todos los “hijitos” que protestan y que se hizo la loca con el asesinato de medio centenar de ellos. ¿Quién querría ser apapachado por una madre así de siniestra?

Obviamente, ante tremendo alarde demagógico, solo nos provocaría responderle: “No, señora, los peruanos no somos sus hijos ni queremos serlo. Somos ciudadanos adultos y autosuficientes. Y, más aún, somos sus empleadores, a los que usted debe respeto. No nos venga con huachaferías insultantes”.

Lo que Boluarte tendría que entender, antes de volver a lanzarse con frases que llaman más al instintivo rechazo que al aplauso (salvo el de su portátil combinada con la de Acuña), es que para que un mensaje tenga alguna llegada a las emociones de la gente debe no solo tener un asidero con la realidad —y la suya es un paupérrimo dígito de popularidad—, sino que debe haber coherencia entre el significante y el significado.

En semiótica, la representación mental de una idea y su expresión sonora —el habla— son dos caras de un mismo concepto. Para que haya coherencia, lo que dice (significante) debe guardar relación con lo que se piensa (significado). Y no hay que ser Freud para saber que el subconsciente de la doña no guarda la más mínima conexión con las palabras que salen de su boca, (mal)diseñadas siempre con el propósito de causar algún efecto político que, por suerte, nunca le liga.

Cuando en el cerebro de una persona se da una desconexión constante entre lo que piensa y lo que dice, se produce una disonancia cognitiva que puede resultar nefasta para su propia siquis. Los demagogos más hábiles lo saben. De allí que pongan en marcha todo un mecanismo de seducción que “maquilla” la veracidad de sus palabras para provocar una chispa con el sentir de las masas. ¿Ejemplos? El famoso discurso de “La vida es sueño”, que Alan García pronunció el 27 de enero de 2001, o, caso más cercano, las apariciones de Martín Vizcarra en lo peor de la pandemia, cuando salía a regañar a los niños malcriados que se saltaban la cuarentena con el tono sermoneador de un papá molesto.

De hecho, allí nació la vinculación emocional de muchos peruanos con el expresidente al que aún defienden en redes sociales, vínculo que ha resistido serias denuncias y una seguidilla de testimonios sobre presuntos actos de corrupción en su gobierno. En la cabeza de muchos, Vizcarra sigue siendo esa imagen paternal que calmó sus angustias durante un período oscuro y por eso son capaces de pasar por alto las dudas sobre su honestidad. Total, al papi se le quiere como sea.

¡¿Pero Dina?! ¿Con qué cara puede la señora cuyo Gobierno se tambalea entre errores y corruptelas, cuestionado por todos los organismos de derechos humanos y con una gestión ineficiente en todos los planos de gobierno, intentar erigirse como la madre de la nación? ¿Cómo se le ocurre, con la paupérrima imagen que se maneja, incluir al esperpéntico gobernador de La Libertad en su particular y espeluznante foto de una familia feliz? Poco le faltó, en esta instantánea que remueve el hígado, incluir a Nicanor Boluarte como “amoroso” tío y a Alberto Otárola como cálido padrino.

Pero volviendo a los fallidos asesores de Boluarte, es evidente que creen que el discurso paternalista —o maternalista— va a calar en el subconsciente de la gente. Tal vez confiados en la poca popularidad de los valores democráticos —ver el último índice de democracia de The Economist—, juran que basta que la tía lance un par de frases de dudosa índole emocional para que caigamos rendidos ante su autoridad.

Malas noticias. No tienen material para su estrategia. Por mucho media training que se gasten y por muchos expertos en imagen que contraten (con la nuestra), Boluarte ha perdido hace rato el tren de la popularidad y si alguna vez tuvo alguna oportunidad de llegar al corazón de los peruanos fue aquel mediodía de un 28 de julio hace casi dos años, cuando debió invocar a la unidad y ponerse un plazo como presidenta de la República, el justo para convocar a unas nuevas elecciones generales.

Después de eso, todo lo que pueda decir son solo palabras sin sustancia, que lo único que logran es que lamentemos a cada momento no tener a la mano el control remoto para hacerle mute.

https://larepublica.pe/opinion/2024/02/21/madrastra-de-la-patria-por-maritza-espinoza-1670004

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Perú: La rebelión está en las calles

Hugo Otero Lanzarotti

“La entrega de millonarios bonos a congresistas contrasta con la disminución de remuneraciones en sectores públicos…”.

La extrema derecha se ha afianzado en el poder sin respaldo electoral tras la destitución de Pedro Castillo. Con altos niveles de desaprobación (91% para el Congreso y 85% para el Gobierno de Dina Boluarte), forman una cúpula mafiosa que se niega a convocar elecciones generales desoyendo el clamor ciudadano.

Compuesta por políticos corruptos y la burocracia dorada, apoyados por grupos económicos poderosos y una argolla de convenidos, esta cúpula modifica leyes y la Constitución para moldear el sistema electoral a su favor hasta 2026. En estas condiciones la convocatoria a elecciones se transforma en un reclamo popular para expulsar a la cúpula del poder. Es una lucha nacional que crece y es incontenible.

Conscientes de las consecuencias legales tras una posible derrota, desde el Congreso impulsan reformas para asegurar su permanencia. Propuestas arbitrarias, como impedir la inscripción de partidos con ideologías “destructivas”, evidencian su afán por controlar el escenario político. Quieren apoderarse del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, junto con medidas absurdas como exigir medio millón de firmas a nuevos partidos para su inscripción. Participar en elecciones en estas circunstancias valida un fraude anunciado.

La rebelión contra este abuso está en las calles y se alimenta con la crisis del hambre que afecta al 57% de la población. La situación desesperada nada tiene que ver con la decisión inaudita del Tribunal Constitucional para liberar al expresidente Alberto Fujimori, que es interés de la cúpula, ajeno al drama de millones que sufren la crisis.

El Gobierno ignora la recesión económica y la amenaza del fenómeno El Niño. La cúpula, al centrar la agenda del debate político en temas propios de sus intereses, como es el caso de la disputa en la Fiscalía de la Nación, aumenta la indignación y propicia la rebelión.

La entrega de millonarios bonos a congresistas contrasta con la disminución de remuneraciones en sectores públicos, profundizando la vergonzosa brecha y el repudio creciente. El 65% de la población tiene la sensación de que el Perú está retrocediendo.

La cúpula, con sus acompañantes de extrema izquierda, fomenta la política del odio evidenciada en ataques contra migrantes venezolanos, culpando a estos de ser los exclusivos responsables del aumento de la delincuencia. Este enfoque mentiroso no promueve la esperanza en un futuro mejor y se parece a las estrategias del extremismo que causó destrucción y muerte.

Reprimir con la misma política del odio a quienes hoy se rebelan, protestan y exigen justicia, como ya ocurrió en enero y dejó decenas de víctimas, solo intensificará la violencia. Lo que quiere la mayoría de los peruanos es que se vaya la cúpula mafiosa y se convoque a elecciones limpias para elegir un nuevo gobierno.

https://larepublica.pe/opinion/2023/12/06/la-rebelion-esta-en-las-calles-por-hugo-otero-381630

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Perú: Vientos autoritarios

Ronald Gamarra

El mapa político de América Latina está movido. Una doble división atraviesa la región. La primera es por la orientación política, y así tenemos un conjunto importante de gobiernos de izquierda y otro grupo, minoritario por el momento, de administraciones de derecha. Pero desde el punto de vista de la democracia, se aprecia otra fragmentación, sin duda más importante: gobiernos democráticos, por un lado, y gobiernos autoritarios, que son cada vez más.

El común denominador parece ser que la democracia no vive su mejor momento en el continente. Los regímenes autoritarios tienden a aumentar, incluso bajo formas democráticas. Los mandos que se mantienen republicanos enfrentan crecientes dificultades y luchas internas que, eventualmente, podrían terminar empujándolos hacia el terreno de los despotismos, que parecen vivir un momento de auge.

Así tenemos un grupo de países claramente autoritarios o directamente dictatoriales, entre los cuales Venezuela, Nicaragua y Cuba son de izquierda, mientras Guatemala y El Salvador son de derecha. En Guatemala se está dando ahora un proceso golpista para impedir el acceso a la presidencia de un candidato ajeno al acuerdo de corruptos que detentan el poder. Venezuela, que hace una década lideraba la izquierda continental, sigue en la ruina y políticamente de capa caída.

Por otro lado, vemos una comunidad de estados democráticos con gobiernos de izquierda: México, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Argentina dejará de pertenecer a este grupo desde el 10 de diciembre, cuando el ultraderechista Milei asuma la presidencia. De estos países, Chile destaca por representar una democracia casi irreprochable. En los demás territorios, y en diverso grado, las administraciones de izquierda están teñidas de un cariz caudillesco y mesiánico que perjudica la democracia.

En Colombia hay una gran polarización política que viene de la historia y no encuentra aún la vía de una salida consensuada. La derecha está agazapada, por el momento, esperando el momento del desquite. En Brasil, la derecha puso a prueba la democracia temerariamente al virar hacia el trumpismo con la presidencia de Bolsonaro y hasta se intentó un golpe de mano para derrocar al presidente Lula, que aún no consigue asentarse.

En el grupo de países democráticos con gobiernos de derecha, tenemos a Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Ecuador y dentro de 15 días también Argentina. Los dos primeros países son democracias ejemplares y ya duraderas, que podemos considerar consolidadas. Los dos siguientes están en proceso de franca afirmación. Pero Ecuador y Argentina viven situaciones de gran conflictividad y polarización que ponen en peligro el régimen.

En este esquema, ¿dónde se sitúa nuestro país? El Perú estaba en el flanco de los gobiernos de izquierda con Pedro Castillo, aunque contrarrestado por un congreso en radical oposición de derecha. Con Dina Boluarte, exvicepresidenta de Castillo, se da un salto que nos ubica claramente en el sector de la derecha, bajo el poder de una alianza de intereses que sobre todo quiere aferrarse a sus privilegios e intereses mercantilistas.

Pero, por otro lado, la democracia, que ya hacía agua desde la pataleta de Keiko Fujimori como la mala perdedora del 2016, ha venido radicalmente a menos con la actual alianza de Dina Boluarte y la mayoría derechista del parlamento, que en su empecinamiento en quedarse en el poder ha incurrido en inadmisibles violaciones de derechos humanos y el avasallamiento de las instituciones democráticas por parte de la prepotente mayoría congresal.

Estamos con un pie fuera del estado de derecho, lo cual nos aproxima o quizás nos incluye entre los países donde campea el autoritarismo. No podemos decir ya que vivimos bajo una democracia. El contenido y las formas de la nuestra han sufrido un acelerado vaciamiento de contenido. Con el agravante de que, como en Guatemala, por ejemplo, tenemos redes delincuenciales que han infiltrado todo el estado.

No es el mejor momento para la democracia en América Latina. En realidad, tampoco en el mundo. Una ola de intolerancia se extiende desde la ultraderecha y la izquierda dura, sobre la cual revolotean políticos convenidos a la caza de una oportunidad “histórica”. Importantes sectores de los pueblos, ante las frustraciones de la democracia o empujados por temores de diversa índole, reaccionan endosando su apoyo a líderes autoritarios como Milei, que parecen ofrecerles una seguridad que sienten haber perdido o que encuentran inalcanzable.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 663 año 14, del 24/11/2023

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Perú: Fiscal delincuente

César Hildebrandt

Estamos acostumbrados a librar batallas solitarias.

Y esta contra la Fiscal de la Nación fue especialmente una batalla a solas.

Se dio, además, en plena crisis del semanario, cuando teníamos el cierre merodeándonos y las cuentas en rojo incandescente.

Pero la continuamos. Cada vez que podíamos recordábamos a nuestros lectores de qué ciénaga venía Patricia Benavides y a qué niveles de infamia había conducido una institución decisiva como el Ministerio Público.

Hoy todos hablan de la señora Benavides, pero hasta hace poco era Willax, emanación de Erasmo Wong, la que dictaba cátedra al respecto. Invitando a pobres diablos reciclados, apristas a sola firma, fujimoristas virales, abogaditos que la derecha escupe en los juzgados, Willax había creado el mito de una Fiscal-Maravilla (“mujer de la década”) que había limpiado el Perú de lagartos y lagartas y que había terminado con la hegemonía caviar en el sistema judicial.

De modo que el público que se tragó la tesis del fraude electoral deglutió también la farsa de una Benavides digna de bustos y homenajes. ¿La deglutió o la saboreó como si fuera un manjar? Willax es, al final, el canal oficial del fujimorismo sin Harvard ni censura, es el canal 7 de los perdedores que terminaron gobernando. De modo que me rectifico: no la tragaron, la disfrutaron.

Y allí estaban Patricia Chirinos, salida de los barracones del Callao, la Fiscal de la Nación, asesorada por un equipo en el que brilla un exministro aprista especialmente ladrón, el Congreso del hampa, presidido por un candidato a la cana que dio una ley para su propia impunidad, y el gobierno de las víctimas caídas en diciembre y enero.

Todo era una fiesta. Willax pontificaba, Raúl Diez Canseco condecoraba a Erasmo Wong, y la metástasis seguía su marcha de cangrejo inverso. No importaba que la Benavides hubiese cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana, acusada de liberar a narcos a cambio de puñados de dólares. Menos importaba que en lugar de esa fiscal que descubría cosas y era indócil pusiera a un mayordomo que simuló investigar y luego decretó que la hermana de la Benavides no merecía seguir siendo procesada.

No sólo no importaba. Esa suprema inmoralidad era la señal de identidad de la alianza que conformaron el Ejecutivo de los esqueletos, el Congreso de los delincuentes y el Ministerio Público presidido por una mafiosa. A esa alianza original se fueron sumando, como consecuencia de canjes de impunidad e intercambio de silencios pútridos, el Tribunal Constitucional, ocupado por el fujimorismo, la Defensoría del Pueblo, encargada a un pelagatos obediente, la SUNEDU, eviscerada, y la reforma política, asesinada por la espalda.

Era –y es– el fujimorismo sin el patriarca ladrón y asesino mediato y sin la heredera tres veces perdedora. Era el fujimorismo apenas encubierto. Era la derecha procaz que hacía lo que le daba la gana concentrando un poder dictatorial. La separación de poderes era una nostalgia y la señora Boluarte, pobre mujer, estaba feliz porque despachaba en Palacio.

En los tiempos de Fujimori el nombre de Blanca Nélida Colán fue protagónico. El Ministerio Público fue la chaira de Fujimori-Montesinos cuando de adversarios se trataba. Y fue el escudo cuando los amigos se vieron en problemas.

Eso es exactamente lo que sucedió este último año.

La Fiscal de las fechorías fue el arma que el fujimorismo y la derecha empoderada usaron para dominar el Congreso, jaquear al Ejecutivo y blindar a los truhanes de la política.

Esta revista habló hace tiempo de Jaime Villanueva. El 19 de mayo de este año un reportaje de Eloy Marchán dio cuenta del papel que ese sujeto cumplía en el plan de Benavides de deshacerse de todo fiscal incómodo, crear una maquinaria de troles destinada a desprestigiar a quien osase enfrentarla y jugar en pared con el Congreso. Por eso Villanueva dice en un chat: “Hildebrandt nos está golpeando”.

La banda actuaba y jugaba en pared con Willax, que coordinaba con Benavides adelantos de investigación y primicias concertadas. Luego, la marchita prensa escrita al servicio de la derecha rebotaba ese material. Todo marchaba a la perfección.

Dicen ahora los chalecos mediáticos de Benavides que los mensajes revelados no prueban crimen alguno y que sólo testimonian “acuerdos políticos”. Se equivocan: no pueden llamarse negocios de la política los intercambios de votos por la promesa de no investigar. Eso no sólo es asqueroso: es abiertamente punible.

Los métodos del dúo Benavides-Villanueva eran dignos de una pandilla. Con la ayuda de las Chirinos y las Echaíz buscaban a los congresistas más prontuariados y los usaban como sumandos a la hora de los votos. Así se deshicieron de Zoraida Ávalos. Así tramaban rearmar la Junta Nacional de Justicia. Así se manejaba el país. Así lo probó en notas sucesivas nuestro reportero Américo Zambrano.

La señora Benavides denuncia hoy a Boluarte y Otárola por homicidio calificado. En esta revista hemos denunciado sistemáticamente cómo es que la Fiscal de la Nación ha saboteado las investigaciones que algunos fiscales provinciales, valientes y dignos, estaban realizando en Ayacucho y Puno. Nadie puede creer que a Benavides le acaba de brotar el sentido de la justicia justo horas después de que es denunciada por Marita Barreto, heroína de la jornada, como cabecilla de una organización criminal. No, señora Benavides: su maniobra es inútil. Sólo sirve para que la prensa idiota hable de “un complot” en contra suya. Usted denuncia a su socia a ver si así salva el pellejo. Y su socia pide su renuncia a ver si así se desinfecta. Las dos pertenecen a la misma calaña.

La señora Benavides y la señora Boluarte ya se habrían ido si tuvieran algún sentido del honor. ¿Lo tendrá el pueblo peruano? ¿Seguiremos tolerando a una Fiscal de la Nación delincuente y a una presidenta que fue su secuaz hasta la semana pasada? ¿Seguiremos aguantando que el jefe de la PCM haga de estadista mientras la prevención del Niño no llega al 40% de las obras y él sigue contratando a sus amiguitas? ¿Seguiremos resignándonos a un Congreso abyecto?

¿Volvemos a merecer tanta suciedad?

¿La inclinada cerviz?

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 664 año 14, del 01/11/2023  p16

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Perú: Gobierna la corrupción

Ronald Gamarra

Al país lo gobiernan ahora, directamente, redes de corrupción. No lo rigen asociaciones de interés público y con ideología, o simplemente políticos. Antes, estos círculos trataban de infiltrarse a través de los partidos, consiguiendo contactos y operadores, y formando mallas. Ahora, eso ya no es necesario. Las estructuras de corrupción operan tan abiertamente al extremo de que han fundado partidos con representación en el congreso y el gobierno, desde donde se proyectan a copar el estado en general.

Los políticos que están en puestos clave del poder, sea que ostenten o no cargos públicos, pertenecen a poderosos y extendidos circuitos de corrupción que parasitan el estado como una metástasis. Se reparten los privilegios y se enriquecen saqueando a la administración, y desde allí favorecen los negocios sucios de una serie cada vez más abrumadora de actividades ilícitas que empobrecen a la nación, destruyen sus recursos naturales, perjudican el bienestar de la población y establecen sus propias reglas de juego falsificando las del estado democrático.

Caso emblemático es la desnaturalización y práctica destrucción de la SUNEDU, donde confluyeron los intereses bastardos y las angurrias hambrientas de la gran mayoría de partidos, que en muchos casos es casi lo mismo que decir bandas, para lanzarse como buitres sobre el lucro de una educación superior retornada a la fuerza al dominio de las universidades basura, dirigidas por gente como aquel que esta misma semana se autoerigió un monumento de cuerpo entero, bañado en el más huachafo dorado, en el campus de la universidad de la cual es señor de horca y cuchillo como los viejos gamonales.

La insistencia empeñosa de este congreso en lograr la destrucción de la Junta Nacional de Justicia no solo responde a intereses políticos de copamiento y control de las autoridades electorales y judiciales. También está impulsada vivamente por la conveniencia de los circuitos corruptos que quieren liberar de investigaciones, procesos y eventuales sentencias a la poderosa red de los magistrados “hermanitos” encabezados por el exjuez supremo César Hinostroza, hoy cómodo residente en Bruselas, fugitivo de la justicia, el mismo juez supremo que intercambiaba mensajes con la “señora K”. Las deudas del fujimorismo con esta red son innumerables y creen que este es el momento de saldarlas. Los casos de la SUNEDU y la JNJ son apenas dos muestras de un nutrido prontuario de acciones determinadas por la corrupción.

El político que, por azar de la historia, llega al poder sin una red propia de corrupción trata ahora de tejerla sobre la marcha. Fue claramente el caso de Pedro Castillo, cuya experiencia previa se limitaba a ciertos chanchullos de dirigente sindical demagogo y oportunista, pero que no perdió el tiempo para poner en marcha una telaraña de contactos reclutando a cuanto pillo con habilidades de traficante se le cruzaba en el camino. Es también hoy el caso del gobierno de Dina Boluarte, como se puede concluir de lo que se sabe hasta el momento sobre las sospechosas andanzas del hermanísimo Nicanor.

Las redes más poderosas de hoy son, como es evidente, las que articula el fujimorismo a través de su disciplinada fracción parlamentaria. No es casualidad, fue en el gobierno de Montesinos y Fujimori que se implantó la práctica de gobernar con dos circuitos paralelos: uno oficial, en gran medida solamente formal, aparente, y otro clandestino, pero con poder auténtico y decisivo, que es donde se toman las decisiones reales y donde confluyen los intereses mafiosos, que en aquel entonces centralizaba a las mil maravillas la pareja cogobernante. Con ello lograron establecer una dictadura aparentemente fuerte, que hizo sentir su hegemonía en el estado, aunque finalmente se derrumbara como un castillo de naipes tras una década de total control.

Para graficar el alcance de los círculos de corrupción formados o alentados desde el poder bastará con echar una mirada a tres casos importantes destapados en las últimas semanas. El primero es comparativamente un asunto menor y es el caso patético del presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, sorprendido en la llamativa coincidencia de favorecer con contratos del estado a dos personas que lo visitaron y que resultan ser sus amigas, aunque él intenta negarlo infructuosamente. Más allá de la picaresca, el caso ilustra claramente el modo patrimonialista con que se gobierna y se dispone de los recursos del estado y enseña en pequeño lo que se hace cotidianamente en grande. No olvidemos que el señor Otárola ya fue señalado antes por una intervención que no correspondía en el pago de 41 millones por parte de EsSalud a uno de los hermanitos de juerga de la congresista Rosselli Amuruz.

El otro caso expuesto hace una semana es el del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien aparece bajo la clamorosa “coincidencia” de que personas allegadas a él, que lo visitaron recientemente en su oficina, resultaron favorecidas con contratos prácticamente adjudicados a dedo. Muy suelto de huesos, el señor Josué Gutiérrez, llegado al cargo gracias a un intercambio de favores del cerronismo y el fujimorismo, dice que él no puede impedir trabajar a los demás. No le basta con destruir el capital institucional y humano de la Defensoría del Pueblo, que sufre un éxodo de funcionarios experimentados a los que sustituyen los favorecidos del nuevo mandón. El señor Josué Gutiérrez está en el proceso de armar su propio circuito de intereses particulares con su gente y sus validos.

El caso más impactante, sin duda, es el de Nicanor Boluarte, que implica directamente a Dina Boluarte, a pesar de que ella y su premier lo nieguen todo. Salta a la vista que Nicanor Boluarte está en la tarea de armar la red de intereses propia de la actual presidenta de la república. Lo demuestra la manipulación de prefectos y subprefectos nombrados por su hermana, con los cuales se propone construir un partido y a los cuales, de paso, se les saca dinero, “aportaciones” de tres a cinco mil soles para la causa a cambio del nombramiento. La norma que permitió trasladar de sopetón 20 millones para usar de inmediato, este mismo año, a un pueblo de 1,500 habitantes, fue firmada por la propia presidenta Dina Boluarte y su ministro de economía.

Ahora también se sabe que, detrás de todo el tinglado, aparece Joaquín Ramírez, exsecretario general y hombre fuerte de Fuerza Popular, brazo derecho de Keiko Fujimori en la campaña electoral del 2016, actualmente procesado por el caso de lavado de activos más grande de nuestra historia. Su presencia explicaría el porqué se prefirió entregar esos 20 millones al alcalde del pequeño pueblo de Nanchoc, con quien Ramírez aparece abrazándose efusivamente. El alcalde de Nanchoc se exulta, lo llama su mentor, su iniciador y guía en la política y celebra con él como si se hubiese sacado la lotería.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 662 año 14, del 17/11/2023

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Perú: El gobierno de los muertos

Cecilia Méndez

"La violencia fundacional del régimen, y su afán de negarla con mendacidad audaz, es un factor clave para entender su ilegitimidad, su debilidad...".

El gobierno de Boluarte se inauguró matando. Es triste, pero cierto. Tres días después de recibir la banda presidencial de un Congreso que solo ayer la llamaba “terrorista” y planeaba desaforarla, seis jóvenes apurimeños de 15 a 21 años, hijos de campesinos de lengua materna quechua, fueron asesinados por proyectiles de arma de fuego disparados por la PNP en Andahuaylas y Chincheros (Apurímac).

Según el informe de Amnesty International, a David Atequipa Quispe, de 15 años, el proyectil le perforó el tórax desde atrás, lo mismo que a John Erik Enciso Arias, de 18 años, a quien los disparos le perforaron “el cráneo y la cara” por atrás, mientras observaba la protesta. Erik “soñaba con ser policía”. Junto él estaba Wilfredo Lizarbe, de 18, también baleado mientras observaba la protesta. Estudiaba en el internado de San Francisco de Abancay, revela La República, y quería ser enfermero.

Una suerte similar corrieron esos días otros tres jóvenes en Apurímac, y luego en otras regiones en las semanas siguientes, llegando a medio centenar los peruanos asesinados por su propio gobierno, entre manifestantes y transeúntes, siguiendo el mismo patrón. Los organismos internacionales han calificado las muertes, en su mayor parte, como ejecuciones extrajudiciales y, en algunos casos, masacres.

Por esos meses escuché decir a un comentarista en un podcast, en relación al gobierno de Boluarte, que había que separar “gestión” de “política”. Confieso mi perplejidad y preocupación de que alguien altamente instruido pudiera pretender separar en el “análisis” elementos de la realidad que están tan estrechamente entrelazados. En similar sentido, más recientemente, Augusto Álvarez Rodrich opinaba en este diario que impulsar la salida de Boluarte “por razones principistas vinculadas a las muertes de inicios de año” constituía un “activismo exagerado […] que mella la capacidad de análisis y de estrategia”.

Dejo a juicio de l@s lector@s decidir qué tan mellada pueda estar la “capacidad de análisis” de alguien por rehusarse a convertir un probable crimen de Estado en una simple “variable” a descartar, o si es posible ser “exagerado” cuando los derechos humanos están en juego. Pero sí estoy convencida de que nada de lo que ocurre políticamente en el Perú desde el 7 de diciembre no puede entenderse sin considerar las masacres y ejecuciones de los primeros meses del presente gobierno, que, además, repiten patrones históricos de violencia y racismo que debíamos haber superado, y en los cuales tendríamos que reflexionar con mayor intensidad estos días en que se cumplen 20 años de la entrega oficial del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Sin embargo, eso es precisamente lo que propone el gobierno: amnesia, y persiste en no reconocer su responsabilidad en los hechos. Pero las evidencias son demasiado copiosas como para pretender ocultarlos, y han producido suficiente dolor y agravio como para que se conformen los deudos, impactando al país entero y más allá de él. Este no es solo “su” problema, es el nuestro.

La violencia fundacional del régimen, y su afán de negarla con mendacidad audaz, es un factor clave para entender su ilegitimidad, su debilidad intrínseca, el repudio del 80 por ciento y la lógica con la intenta consolidarse en el poder.

Boluarte ha forjado un pacto de encubrimiento e impunidad –más que de gobierno– con diferentes poderes igualmente reacios a someterse a la justicia (aún dentro de las propias instituciones encargadas de administrarla): las FFAA y la Policía Nacional; grupos delincuenciales y de intereses privados que, con el nombre de “partidos”, operan en el Congreso; sus celadores en el TC y la Defensora del Pueblo; una fiscal de la nación con tesis fantasmas, grados académicos espurios y entregada a entorpecer las investigaciones que puedan comprometer a Boluarte y a las mafias que protege (aquí no entran las que involucran Pedro Castillo, por cierto); poderes mediáticos y empresariales. Es decir, el pacto es con los que perdieron la elección o nunca postularon.

De cara a la ciudadanía, la coalición de gobierno busca normalizar la barbarie ejerciendo una represión brutal en las marchas ciudadanas; con detenciones arbitrarias y hostigamiento a manifestantes y periodistas; mordaza para artistas disidentes, recortes presupuestales a las escuelas de arte; retiro de insumos para las investigaciones forenses; copamiento de entidades públicas con despidos arbitrarios y el remplazo de profesionales competentes con otros menos calificados, pero que ofrecen no “incomodar”.

Por su parte, el premier Otárola, responsable político de la masacre de Ayacucho, y negacionista acérrimo, ha puesto en marcha un plan para subsumir instituciones públicas de control en una todopoderosa PCM que él controlaría, a la usanza de Fujimori, como informa Hildebrandt en sus 13, mientras Boluarte busca quebrar la resistencia de las regiones con clientelismo y “divide y reinarás” característico de todo autoritarismo. A la coalición de gobierno solo le queda por tomar la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales para ejercer el control total del Estado.

En este marco, el Fondo Editorial del Congreso publica el libro Constitución política para escolares, donde presenta a Alberto Fujimori como un héroe salvador que nunca hizo un golpe de Estado. Se busca implantar una mentira oficial, irónicamente, en el preciso momento en el que se celebran los 20 años de la entrega oficial del Informe de la CVR ¿Mera coincidencia? Me parece positivo que se divulgue la Constitución vigente y sirva para propiciar debates informados y siempre que no se alteren sus contenidos ni el contexto.

Porque, aunque el fujimorismo que hoy cogobierna diga que defiende esa Constitución, son los que más la han modificado revelando que de lo que se trata es de impedir que la modifiquen otros…

¿Qué tal, entonces, si empezamos por practicar y hacer cumplir su artículo primero?: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

https://larepublica.pe/opinion/2023/08/29/el-gobierno-de-los-muertos-por-cecilia-mendez-1956630

https://www.leerydifundir.com/2023/08/peru-gobierno-los-muertos/

Perú: Al país entero

César Hildebrandt

Nos ha llegado este texto cuya importancia no necesitamos subrayar. Nos parece que lo que teníamos que decir resulta irrelevante frente al contenido de las líneas que aquí presentamos.

“Todos esperamos el discurso de la señora presidenta.

Sabemos que vendrá cargado de esperanza, de espíritu de reconciliación y de propósito de enmienda.

También sabemos que estará lleno de anuncios importantes en torno a la reactivación económica, el aliento a las pequeñas y medianas empresas, la preparación para afrontar el fenómeno de El Niño, la recuperación de la seguridad ciudadana y el destrabe de grandes proyectos de inversión.

El país entero deberá reaccionar positivamente ante las propuestas de la presidenta Dina Boluarte. Es hora de meter el hombro y olvidarnos de agravios, sucedidos o imaginados, para levantar este Perú convaleciente que tanto nos necesita.

Hace algunas horas el Congreso, que es la representación popular de la democracia, dio un ejemplo histórico de generosidad al lograr que una lista multipartidaria obtuviera el triunfo en elecciones abiertas y públicas.

Que el marxismo-leninismo de Perú Libre y el liberalismo de Fuerza Popular arríen banderas momentáneamente en aras del país es algo que deberíamos todos aplaudir. Que a la unión de esas fuerzas patrióticas se sumen Alianza para el Progreso y Avanza País no hace sino consolidar la idea de que los objetivos nacionales están por encima de lemas de campaña y sectarismos de comarca.

Que el radicalismo violentista censure a la nueva junta directiva del Congreso es una prueba más del acierto logrado después de conversaciones, acercamientos y consenso. ¿Qué otra cosa que el caos, la embestida anarcoide y la sangre derramada en nombre del orden público ganaríamos si acatáramos las consignas de los jacobinos?

Los radicales no aman al Perú. Ellos aman el poder y la tutela sobre el pueblo al que dicen encarnar. Creyeron que tendrían el manejo del país convirtiendo a la presidenta Boluarte en su títere, pero se encontraron ante la férrea voluntad de quien había entendido cuál debía ser su papel.

La prensa del resentimiento llama al Congreso “guarida de lobistas, delincuentes y charlatanes de provincia”. Imaginamos que con su nuevo presidente, experto en enfrentarse a la difamación y la calumnia, el Congreso encontrará la fórmula judicial para parar esa avalancha de denuestos.

En estos días de júbilo patriótico, de afirmación de valores y de fe en el destino del país, no queda sino esperar que los políticos se pongan a la altura de las circunstancias y continúen apostando por la colaboración fecunda entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

A esa alianza estratégica el fundamentalismo de izquierda la llama “una unión contra natura”. Cuánto quisieran esos caciques ligados al MOVADEF que congresistas y ministros estuvieran en guerra. La idea de que la presidenta Boluarte y el Congreso sigan una agenda común que protege la estabilidad económica y aleja el fantasma de una nueva Constitución aterroriza a quienes han hecho del odio un modo de vivir y pensar. Allá ellos.

Desde aquí sólo nos queda decirles: ni pasaron ni pasarán.

El pueblo quiere empleos dignos, crecimiento económico, restablecimiento del orden, progreso en la infraestructura y reorganización del sistema de la salud pública. El pueblo quiere atención, no discursos vanos y fóbicos que pretenden retrotraernos a los años 70 del siglo pasado, cuando la Unión Soviética todavía respiraba y a la China de Mao no se le había ocurrido intentar el capitalismo que la convirtió en gran potencia. En esos tiempos, en efecto, el socialismo era mirado como una opción válida. Esa fue la que, con muchos matices de diferencia, adoptaron el Chile de Allende y el Perú de Velasco, con los resultados históricos que todos conocemos. Hoy, cuando Cuba mendiga ayuda y Corea del Norte es una anomalía indescifrable, el socialismo es un difunto que deambula en algunas nostalgias y discursos.

No es que la presidenta Boluarte haya tenido que dudar para adoptar la ruta que ha tomado. Es que ni siquiera había bifurcación de caminos o dilema y si ella no hubiese obedecido a su instinto de supervivencia, estaríamos, como con el golpista Pedro Castillo, al borde del abismo.

Saludamos al Congreso renovado, al Ejecutivo decidido a continuar por la senda de la sensatez y al Perú reunido en estas fechas de fervor patriótico.”

Firman:

K. Fujimori
C. Acuña
H. de Soto
V. Cerrón
A. Otárola
Siguen firmas…

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 646 año 14, del 28/07/2023, p16

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Perú: La tranquilidad de los CEO

Juan Manuel Robles

La revista “Semana Económica” publicó recientemente una encuesta que mide la aprobación de Dina Boluarte entre los CEO del Perú. Pues resulta que el 71% de esos hombres y mujeres importantes aprueba a la sucesora constitucional. Una cifra que solo se comprende cuando uno mira la misma encuesta del año pasado, sobre la aprobación de Pedro Castillo. A Castillo lo aprobaba el 1% de los CEO, o directores ejecutivos, como se les decía antes de que la huachafería se imponga. Cuando uno ve el enorme contraste, entiende que esas encuestas no son reflejo de ningún análisis objetivo de la realidad, o al menos de una reflexión seria (como podría esperarse de señores con formación superior y posgrados en el extranjero). Son el indicador de la histeria y la pataleta, la reacción infantil que, cuando viene de personas que tienen poder de decisión, hace mucho daño.

El 1% de Castillo es una evidencia rotunda del boicot que sufrió el presidente desde el primer día de su gobierno. Ese 1% es la pataleta casi unánime de señores muy poderosos que renuncian velozmente al beneficio de la duda, con un gobierno apenas iniciado, y con una administración que había dejado intactos los engranajes macroeconómicos (hasta el eterno Julio Velarde fue respaldado). Por supuesto que un presidente elegido por Perú Libre iba a generar desconfianza. Pero esta encuesta no es expresión de ese rechazo simbólico ideológico: es más bien el resultado de una travesura. Si ejecuta el sondeo la misma gente que conspira para que un gobierno se termine, pues sale lo que sale. Lo que asombra es que ni siquiera disimularon: uno por ciento.

Pasado un año, el 71% con el que ahora cuenta Dina Boluarte es, por otro lado, la expresión de la satisfacción de haber logrado sacar a Castillo (o que se fuera solo, para ponerlo en sus términos). Es una cifra contundente a favor de una presidenta que no demuestra ninguna virtud o brillo, y que no podría salir a ninguna plaza del país sin ser abucheada (o algo peor).

¿Qué hace que esa aprobación sea tan grande?

Pues es simple: la tranquilidad. “Un margen de maniobra más amplio para desplegar sus estrategias de negocios”, dice la publicación empresarial, sobre los nuevos tiempos. Los directores ejecutivos ya se olvidaron del activismo chonguero y ahora miran al futuro más relajados.

Es una serenidad espeluznante, por supuesto. Y solo existe en sus cabezas. Me recuerda a esos años en que Lima aparecía como una de las tres ciudades más seguras de la región (según otra revista pomposa de análisis económico). La gente leía esos titulares y le parecía una broma de mal gusto, teniendo como teníamos cada vez más raqueteros y asaltantes. Pero sí, era real. Claro, como en el meme del gato, había un detalle que no decían: se referían a que era una ciudad segura… para hacer negocios.

La tranquilidad que les da Dina Boluarte es algo así. Y provoca repulsión, por supuesto. ¿Cómo es que esta gente puede aprobar abrumadoramente a una presidenta responsable de la muerte de setenta peruanos? ¿Cómo avalarla si casi todos esos fallecidos fueron resultado de un abuso de la fuerza que a estas alturas está probado?

Sí, ya sé: a los empresarios nunca les ha importado que la gente muera. Los CEO no tienen ese tipo de sensibilidad, no está bien vista en su línea de negocios: son gente de números, pragmática. Gente que carga con sus propios sentenciados (no a muerte, pero sí al despido, al recorte, a la pulverización del sindicato).

(¿Estoy caricaturizando? No, la única caricatura aquí son las cifras del sondeo, esas tortas chistosas).

Sin embargo, que a los CEO les parezca algo menor lo que ocurre en el país es preocupante no porque sea muestra de ausencia de empatía, ética, valores (esas cosas tan inservibles). Es preocupante porque esta es nuestra clase dirigente. Nuestra élite. Quienes tienen la sartén por el mango. Su miopía gremial, su corta inteligencia, son asuntos de interés público.

¿Esos individuos, que saben tanto, no entienden lo que genera un gobierno que no fue elegido por nadie y mata impunemente? ¿No se dan cuenta de cómo ha dejado de dañada la relación con la ciudadanía, específicamente con el sur, ese sur rico en donde la paz social, necesaria para hacer dinero, siempre pende de un hilo? ¿No entienden que el rencor no es una cosa de resentidos, sino una variable objetiva que, incentivada, afecta el futuro?

Okey, no les interesan los muertos. Hablemos de cosas técnicas. ¿Creen que es saludable la alianza entre la presidenta y este Congreso de delincuentes? ¿Creen que es algo menor este hackeo a la Constitución que ya parece un festín? ¿Creen que es divertido el desequilibrio de poderes, que estén tomando medidas puntuales para capturar las instituciones electorales, y torcer los comicios que vienen?

No soy idiota. No me imagino un mundo en que los CEO más importantes del Perú hayan evitado boicotear a un presidente comunista (aunque no sea comunista). Solo me pregunto: ¿Cómo se puede pasar de usar toda la presión a no hacer la más mínima presión? ¿Cómo sentir tanto encono contra Castillo y ninguno contra quien ordena asesinar adolescentes?

Esos CEO cantan victoria, desubicados. Han renunciado a toda capacidad de análisis. Han decidido avalar lo que el politólogo Alberto Vergara hizo bien en llamar “la barbarie”. Y tienen tanto poder que aquello que se ve en el sondeo se traslada a los principales canales y diarios, con ayuda de “analistas” chupes. Nos quieren imponer una tranquilidad de facto, de presentadores de televisión que se hacen los suecos.

No lo permitamos.

La marcha del 19 de julio también debería recordarles a esos señores y señoras que su tranquilidad es falaz, que este país tiene un asunto pendiente. Que Dina Boluarte cruzó la línea al plantear un tipo de autoridad que no fue la que el Perú eligió. Que el crimen no puede pasar. Eso deberían oírlo bien esos CEO. Y que si van a jugar a boicotear a un presidente porque les parece muy rojo (usando todo su poder, con éxito), cuando el país se levante entero, al menos háganse cargo. Usen sus bonitos directorios. Si no sienten nada por los adolescentes asesinados, al menos hagan eso que nos pedía Gareca: piensen.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 644 año 14, del 14/07/2023, p12

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2023/07/peru-la-tranquilidad-los-ceo/

Perú: La ambición de durar

Sinesio López

“¿Logrará Dina Boluarte el objetivo de llegar hasta 2026? Es muy difícil. No tiene un poder propio que la sostenga”.

Con un escuálido respaldo de 14% de ciudadanos, la señora Boluarte ha dicho que las elecciones adelantadas son un asunto cerrado, pero para la aplastante mayoría de peruanos (82%) son un tema pendiente y abierto. Por eso sigue exigiéndolas en todas las encuestas.

¿Por qué Dina Boluarte ha decidido cerrar la coyuntura crítica de transición? Hay muchas razones, pero me parece que las más importantes son las siguientes: primero, el temor al anunciado retorno de las protestas a las que amenaza y pregunta cuántos muertos más quieren. Segundo, el deseo de unir su destino a la de los congresistas que buscan lo mismo. Tercero, el pedido implícito de que cesen algunas críticas contra el Gobierno que desliza la prensa concentrada. Boluarte teme perder el respaldo de los poderes fácticos que son los únicos que le permiten tener un cierto anclaje en la vida social. Finalmente, la confusión del momentáneo repliegue de la protesta con el fin de la coyuntura crítica.

¿Logrará Dina Boluarte el objetivo de llegar hasta 2026? Es muy difícil. No tiene un poder propio que la sostenga. Es una política gris y mediocre. Carece del mínimo de carisma. Es un témpano de hielo para la mayoría de los peruanos. Parece no tener una idea clara de los grandes problemas del Perú y carece, por eso mismo, de una agenda de gobierno. El poder formal que tiene es prestado por la ultraderecha de la que es un mero títere. Su déficit mayor es la falta de legitimidad sin la que es imposible gobernar.

El Congreso que la sostiene es el poder más desprestigiado del país. No representa a nadie. Su único objetivo es recibir un sueldo fijo y el financiamiento estatal para el dueño de su “partido” hasta el 2026. Por disposiciones constitucionales ambos se necesitan por ahora. ¿Hasta cuándo? Desde mediados del 2025 el Congreso ya no la necesita y puede prescindir de ella, como hizo con Vizcarra.

Algunos de los dueños de “partidos” que pretenden ser candidatos en las próximas elecciones comienzan a ver y sentir que el Gobierno de Dina Boluarte es un peso muerto y han comenzado a tomar distancia del mismo. Es lo que ha hecho ya KF. Otros harán lo mismo sin arriesgar su permanencia. Será una ficción de oposición hasta que, manteniéndose en el Congreso, puedan prescindir de ella.

Pero el destino tanto de Boluarte como del Congreso no depende de ellos mismos, sino del retorno de las protestas a partir de julio que, al parecer, tendrán una amplitud mayor porque se unirían el sur y el norte. Es difícil predecir su intensidad y su impacto, pero lo que sí se puede afirmar es que a la agenda política anterior se añadirá una agenda económica y social alentada por la casi recesión que vive el país.

La debilidad de la protesta anterior fue su falta de organización y de liderazgo. La contundencia de las futuras movilizaciones dependerá de la superación de estas deficiencias y de su capacidad para abrirse a una coalición mayor con otros sectores sociales que le den viabilidad y garanticen su éxito.

https://larepublica.pe/opinion/2023/06/22/la-ambicion-de-durar-por-sinesio-lopez-jimenez-903848

https://www.leerydifundir.com/2023/06/peru-la-ambicion-durar/