Vargas Llosa y la “civilización occidental”

Cecilia Méndez

Fue “un peruano universal”, reza el lugar común.   Pero tal vez sería más apropiado decir que fue un “peruano occidental”.  No lo digo con ligereza. No suelo usar el término, y si lo hago lo pongo entre comillas. Porque “occidental” evoca tácitamente su opuesto — lo “no occidental” — y esta dicotomía no hace justicia a siglos de intercambios, préstamos mutuos, identidades fluidas. Para  no mencionar el uso anacrónico que se hacer recurrentemente del término, proyectando a un  pasado  supuestamente antiguo separaciones y fracturas más bien recientes  Pero, como suele suceder con el lenguaje,  la repetición reiterada de una idea  termina creando sus propias realidades, sus propios binarismos,  jerarquías y exclusiones, como lo analizó brillantemente Edward Said, rastreando la idea  de “orientalismo” tal como se manifiesta en la producción académica y novelas europeas, y en películas de Hollywood, donde se presenta a los “orientales” o “árabes” como  “bárbaros”, “terroristas” y/o magnates corruptos, como veíamos en una columna anterior (17-2-2025). Un estereotipo que legitima a unos y deslegitiman a otros, afectando su derecho a la dignidad, al ejercicio político y a una humanidad plena.

Un mal historiador

Menos aún suelo recurrir al concepto de “civilización occidental” por razones que no tengo el espacio explicar, pero es inevitable hacerlo cuando se habla de Vargas Llosa, porque él mismo lo abrazó con ardor de cruzado y predicador, cual dogma; de él no parecía albergar dudas. Vargas Llosa asoció “civilización occidental” con “democracia”, que a su vez veía como consustancial al liberalismo económico, al que se refería únicamente como “liberalismo”, un concepto unívoco. En otras palabras, MVLL abrazó fervorosamente el mito de que el “libre mercado” crea democracia, sin diferenciar liberalismo económico de liberalismo político (el de los derechos ciudadanos y libertades democráticas), que la historia demuestra suelen ser mutuamente excluyentes, como en los casos del Chile de Pinochet y el Perú de Fujimori en el siglo XX. Aunque podemos ir mucho más atrás,  al periodo que los libros de texto de historia de América Latina llaman precisamente “La era liberal” ( écadas de 1870 a 1920), marcada por  un acelerado crecimiento económico, producto del boom de exportaciones, que se dio en contextos de dictadura, como la de  Porfirio Díaz en México (1871-1911), cuando no de violento de despojo de tierras a poblaciones indígenas, desde el norte de México hasta el sur de Chile y Argentina,  y que en muchos casos terminaron produciendo el genocidio de estas poblaciones, como ocurrió con la fiebre del caucho en nuestro propia Amazonia. La “democracia liberal” de EEUU, por su parte, convivió en su primer siglo con la esclavitud africana, y en el segundo con un régimen racista de apartheid, promoviendo también el despojo masivo de tierras indígenas desde 1830 en aras del “destino manifiesto”.

A diferencia de muchos, yo no separo al novelista del ensayista o el político.  Su concepción binaria de la “civilización occidental”, su exotización de los “no occidentales” a quienes suele asociar con “barbarie” y “atraso” siguen una línea clara en su novelística desde La guerra del fin del mundo (1981) hasta las novelas que escribió posteriormente a su participación en el Informe de Uchuraccay (1983), incluidas El hablador y La historia de Mayta, como lo he discutido en otra en otra oportunidad (El poder del nombre, Lima: IEP, 2002).

En  una columna publicada en  La República,  “La marcha del hambre “  (10-11-2018),  Vargas Llosa  comentaba la tragedia de los migrantes:  “Los millones de pobres que quieren llegar a trabajar en los países del Occidente rinden un gran homenaje a la cultura democrática, la que los sacó de la barbarie en que también vivían hace no mucho tiempo, y de la que fueron saliendo gracias a la propiedad privada, al mercado libre, a la legalidad, a la cultura, y a lo que es el motor de todo aquello: la libertad."  El texto fue comentado agudamente por el escritor y poeta Jorge Frisancho, quien ironizó “lo que […] hicieron los belgas en el Congo, o los franceses en Argelia o los ingleses en la India, es ‘cultura democrática’; ‘con ella sacaron a los nativos de su ‘barbarie’. ¿Hay alguna manera de decir semejante idiotez y llamarse ‘liberal’? Yo no la conozco, y no puedo imaginarla”, cierra Frisancho.  El marqués fue más allá: “Los países que aplican [ la “‘fórmula de la cultura democrática’], progresan. Los que la rechazan, retroceden […]. Buen número de países asiáticos lo ha entendido así y, por eso, la transformación de sociedades como la surcoreana, la taiwanesa o la de Singapur, es tan espectacular”.  Frisancho retruca nuevamente:  “Vagas Llosa atribuye ‘cultura democrática’ a un estado con larguísima historia de represión, golpes militares y tramas corruptas (Corea del Sur); a otro que desde su fundación en 1949 hasta los años 80 fue una dictadura militar hereditaria y después un régimen de partido único, y que tuvo su primer gobierno presidido por un partido distinto recién en 2008 (Taiwán); y finalmente a una ‘democracia vigilada’, famosa por sus aspectos represivos, antiliberales y autoritarios (Singapur). Más aún, silencia por completo la transformación más espectacular en Asia, la de China, pues sería bastante incómoda mencionarla en ese contexto (aunque sea real)”. Véase su columna de Facebook (11-11-2018)

El fin de una ilusión

De la brillante refutación de Frisancho solo discrepo en un punto. Después de Gaza, y hablando en términos más generales, ya no se puede decir que sea una contradicción profesarse “demócrata liberal” y apoyar regímenes autoritarios y hasta genocidas. Porque eso es lo que están haciendo en la práctica “las democracias occidentales” de EE. UU. y Europa dese hace 16 meses con su apoyo incondicional al brutal genocidio de palestinos en Gaza. Es un hecho objetivo que estas democracias apoyan el genocidio Israelí-estadounidense y el propio Netanyahu se han encargado recordárnoslo una y otra vez: “Israel está luchando en nombre de la civilización occidental”, dijo, como le recordaba la historiadora Sherene Seikaly a Hildebrandt en sus 13 (25-10-2024): “Quizá deberíamos tomárnoslo en serio, porque esto es lo que occidente [e Israel] ha[n] causado: la destrucción de civilizaciones […]. Gaza tiene más de 4,000 años y el sur del Líbano se remonta al tiempo de los fenicios”, comenta Seikaly.  Por su parte, el brillante caricaturista Joe Sacco, anota en su libro más reciente sobre su dibujo de un cráter ocasionado por una bomba de una tonelada (de las que EEUU prodiga a Israel) y una fila de palestinos que escapan: “Gaza fue donde el occidente fue a morir” (On Gaza, 2024, p. 23). De Vargas Llosa sobrevivirán sus mejores novelas, que desde mi punto de vista son las anteriores a 1980.   Pero sus ideas de la “civilización occidental y de la “democracia liberal” como faros para la humanidad han sido otra ficción, hoy sepultada bajo las ruinas de Gaza.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/04/21/vargas-llosa-y-la-civilizacion-occidental-por-cecilia-mendez-hnews-830382

https://www.leerydifundir.com/2025/04/vargas-llosa-la-…acion-occidental/

Fascismo y “obediencia anticipada”

Cecilia Méndez

“El fascismo es siempre el producto de un liberalismo en quiebra”

                                                            — Chris Hedges

Han sido semanas especialmente pavorosas aquí, en los Estados Unidos.  La destrucción de lo que queda del Estado de bienestar —es decir, de  las agencias estatales dedicadas a proporcionar un servicio público, desde educación hasta salud, pasando por pensiones de jubilación  e investigación científica—   han sufrido purgas, despidos en masa y recortes presupuestales que en apuntar a su desactivación y presumible reemplazo por corporaciones privadas. Ello hará que muchas personas  de escasos recursos o necesidades especiales ya no  perciban su jubilación, no puedan seguir estudiando, o pierdan el acceso a atención médica gratuita o de bajo costo. Su ejecutor  ha sido Elon Musk, el hombre más rico del mundo y brazo de derecho de Trump, otro millonario con déficit de ética, y criminal convicto convertido en presidente por segunda vez.  Este asalto a los bienes públicos esconde un obvio conflicto de interés y revela  el grado de bajeza moral del actual gobierno.

Escribo, entonces, como el escritor  Pankaj Mishra,  “para aliviar mi perplejidad desmoralizante  frente a una gran bancarrota moral y para invitar a los lectores a una búsqueda de clarificaciones”. Parafraseando al filósofo Karl Jaspers — quien se pregunta por responsabilidades diversas en la Segunda Guerra Mundial—  Mishra  siente una  “una  culpa metafísica” y escribe “con la aflicción  de quienes se vuelven impotentemente conscientes de una barbarie inconcebible en su entorno”. Existe, decía  Jaspers — prosigue Mishra— “una solidaridad entre los hombres como seres humanos que nos hace corresponsables los unos a los otros por cada mal e injusticia en el mundo, especialmente por crímenes cometidos en nuestra presencia o con nuestro conocimiento. Si fracaso en el intento de hacer todo lo que puedo para prevenirlos, yo también seré culpable” (The World After Gaza: A History, Nueva York: Penguin Press, 2025, p. 20).

Una bancarrota moral

Y es que la bancarrota moral a la que me refiero va mucho más allá de la demolición del Estado de bienestar fundado por F.D. Roosevelt  en los años 30 del siglo a  manos de  Trump y los multimillonarios  que lo rodean. Y tampoco empezó con Trump.  Este despojo de derechos a los ciudadanos es un proceso que inicia Reagan,  consolida Clinton y Trump acelera llevándolo a su forma más grotesca  en el marco de un asalto totalitario del  poder.

Me refiero  también, y más importante aún, a la perversión moral que supone  financiar y avalar un genocidio —el de los palestinos— con armas, distorsiones verbales y silencios; con apoyo político y blindaje diplomático, como en los innumerables vetos a resoluciones de cese al fuego por parte de EEUU en la ONU;  como cuando Biden suspendió los fondos para la  UNRWA, principal agencia humanitaria en Gaza para los refugiados palestinos, mientras aviones o drones soltaba bombas estadounidenses sobre escuelas, universidades,   almacenes con víveres y medicinas, hospitales con pacientes y doctores adentro, y mataban periodistas y familias enteras.

La abdicación de los  “liberales”

Me refiero a los vítores exaltados que los congresistas estadounidense ofrecieron al  Primer Ministro del Genocidio, Benjamin Netanyahu, invitado de Biden, en el Congreso hace unos meses, y los abrazos fraternos poco después en la Casa Blanca, ya con Trump. Todo ello, pese la orden internacional de captura que pesa sobre dicho Primer Ministro por crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional y un juicio por genocidio contra  estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia.  El establishment político de EEUU — republicanos y demócratas—  no ha mostrado la más leve intención de querer detener la exterminación de palestinos en curso,  pese a que Israel ha quebrado innumerables veces el último acuerdo de cese al fuego con Hamás  y ha bloqueado desde hace más de dos semanas el acceso a alimentos, víveres, agua, y electricidad.

Personalmente, siento que el establishment mediático supuestamente “liberal” y  del Partido Demócrata tienen la  mayor responsabilidad en la debacle moral que ha terminado conduciendo  al fascismo de Trump,  porque abdicaron de su responsabilidad de ofrecer una alternativa viable a Trump e informar con verdad.  Los congresistas trocaron cualquier principio democrático que podían haber tenido por los    millones del AIPAC   (la organización pro-Israelí de EEUU dedicada a la compra congresistas y políticos, digámoslo claro), que garantizaban la renovación de sus curules o cargos políticos.  Su complicidad con el silencio y distorsiones de los medios con respecto a la real situación de los palestinos y las responsabilidades de Israel (con raras excepciones como la Rashida Tlaib, la única palestina en el Congreso) debe ser sopesada. Los medios supuestamente  “liberales”,  por su parte, en lugar de ponerse firmes frente a Trump, como lo hicieron en su primer gobierno, ahora no solo se muestran complacientes sino que lo vienen  apoyado de maneras más o menos directas.   El New York Times se olvidó de indignarse y de contar escrupulosamente cada mentira de Trump, como lo hizo en su primer gobierno.  Bezos  y Zuckerberg han puesto el Washington Post y Meta, respectivamente, al servicio del dictador.

La traición  de Columbia

Pero es imposible tener una política imperialista y genocida en el frente externo, sin que afecte el frente interno, donde se ha empezado a perseguir severamente la disidencia,  violando el derecho a la libre expresión  y de cátedra con el falso mantra del  “antisemitismo”.  En “obediencia anticipada”,  muchas autoridades universitarias empezaron a ceder, ya desde el gobierno de Biden, reprimiendo brutalmente a sus  alumnos por  protestas pacíficas solidarias con Palestina y contra la política pro Israelí del gobierno de Biden,  realizadas en congruencia con los llamados de la ONU de que los países miembros  no deben colaborar con un Estado que está presumiblemente cometiendo genocidio.

Hace unos días  arrestaron a Mahmoud Khalil, un palestino recién graduado de la Universidad de Columbia y residente permanente  en EEUU, líder de las protestas de solidaridad con Palestina en ese campus.  Khalil  fue secuestrado de noche, por agentes de la ICE no uniformados, sin orden de arresto y frente a su esposa estadounidense, embarazada de 8 meses.  Mientras escribo sigue detenido sin explicaciones y sin que exista ningún cargo en su contra.  En las protestas que ocurrieron unos días después, en Nueva York,  había  muchos judíos en defensa de Khalil, entre ellos varias hijas y nietas de sobrevivientes  del Holocausto. Una de ellas le contó a una periodista cómo a su padre los agentes de la Gestapo lo  habían secuestrado de noche, sin explicaciones igual que a Khalil.

La ICE es la nueva Gestapo y los palestinos son los nuevos judíos. Está demasiado claro como para que alguien pueda darse el lujo de ser neutral.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/03/16/fascismo-y-obediencia-anticipada-por-cecilia-mendez-hnews-464304

https://www.leerydifundir.com/2025/03/fascismo-obediencia-anticipada/

Perú: Normalizando la barbarie

Cecilia Méndez

La normalización de la barbarie ocurre cuando los ilustrados le dan su aval (...) No espero más de gobernantes. En cambio, cifro mis esperanzas en lo que podemos hacer nosotros, los y las ciudadanas.

En mayo pasado, tras siete meses de bombardeos y destrucción incesantes, y cuando quedaba poco por devastar en la franja de Gaza, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí amenazó con invadir Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, en el extremo sur de Gaza. Para entonces, la población de Rafah había pasado de  275,000  a 1.4 millones, de acuerdo a las Naciones Unidas, debido al flujo de desplazados que huían de los bombardeos de sus hogares en otras partes de Gaza, mientras Israel declaraba Rafah “zona segura”. En un raro gesto de desafío a Netanyahu, Joe Biden declaró oponerse a la invasión, advirtiendo que reconsideraría seguir mandando armas a Israel, con lo que se abría un haz de esperanza para la paz. Pero el  efímero teatro de sanción no pasó de una pausa simbólica. Y pronto sucedió lo impensable: Israel procedió a invadir y bombardear esta ciudad sobrepoblada obligando a desplazarse a nuevos y antiguos habitantes a otro desplazamiento, destruyendo cerrando la más importante puerta de ingreso de ayuda humanitaria. La hambruna empezó a expandirse mientras  Israel impedía el ingreso a filas interminables de camiones con comida y otros bienes urgentes.  Las epidemias empezaron a ganar terreno, siendo los niños las principales víctimas.

Ante el agravamiento de las masacres y otras atrocidades israelíes, y habiendo este país desoído todas las sentencias e invocaciones la Corte Internacional de Justicia de la ONU que le ordenaban detener y prevenir cualquier acto de genocidio  en atención a la denuncia en curso de Sudáfrica, otra corte decidió actuar. El juez Karim Khan, de Corte Penal Internacional,  que a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, juzga personas y no Estados,  solicitó orden de captura internacional, entre otros, contra el Netanyahu , por crímenes de guerra y lesa humanidad. La medida sorprendió a muchos, por ser un juez puesto por el gobierno conservador de Inglaterra, otro aliado acérrimo de Israel.  La esperanza para la paz volvió a abrirse, en algo. Pero ni Biden ni los parlamentarios de EEUU se inmutaron y, en una suerte de burla a al mundo y a la justicia internacional, persistieron con su invitación con alfombra roja Netanyahu para que hablar en el Parlamento, donde congresistas republicanos y un nutrido grupo de demócratas lo ovacionado de pie, 53 veces en 55 minutos. Parlamentarios aplaudiendo a un hombre buscado por genocidio y crímenes de guerra, y sin conciencia de la ética y sin el temor del juicio de la historia. ¿Suena conocido?

Luego de este rendido acto de vasallaje y ridículo de su mayor aliado y  proveedor de armas, Netanyahu se sintió con la licencia para incendiar lo que quedaba de la pradera y ordenó una seguidilla de asesinatos de gran calibre, que incluyó el jefe de Hezbollá, un grupo armado importante de Líbano,  y el jefe político de Hamás Ismail Haniyeh,  principal negociador para el cese al fuego, cuando asistía a la toma de mando del nuevo presidente Irán. Tres provocaciones de guerra a tres países ya bastante enojados con el genocidio de palestinos en pocos días. Biden, lejos de contener los impulsos homicidas de su amigo “Bibi”,  los refuerza con una flota armada y el continuo envío de armas e intenta, más bien, disuadir una respuesta en represalias por parte de Irán y Líbano, y Hamás. Una perfecta ilógica en acción, consecuente con su sometimiento a la voluntad de Netanyahu en diez meses de desastrosa inacción.

Poniendo los cuerpos

Quedaba claro que Biden, un sionista confeso,  no pondría una línea roja a Netanyahu, cuya licencia para matar era ahora absoluta. Este límite lo puso desde el comienzo la ciudadanía, con sus propios cuerpos. El día anterior al arribo de Netanyahu al parlamento,  un grupo de 400 ciudadanos judíos de la organización civil  Jewish Voice for Peace (Voces Judías por la paz),  logró ingresar al lugar para protestar por su visita. Exigían de Biden un embargo inmediato de armas a Israel, dejándose arrestar mientras oraban cánticos de paz.  Otros miles, coreaban afuera en las calles “nosotros somos la línea roja” que Biden no puede cruzar, dando una lección cívica de humanidad al mundo.

Por esos mismos días, Biden había decidido renunciar a su candidatura a una segunda presidencia, cediendo la posta a Kamala Harris, quien no tardó en iniciar campaña. Su ausencia en la presentación de Netanyahu y sus anteriores afirmaciones que mostraban empatía para con los palestinos, hicieron pensar a muchos (me incluyo) que su posible presidencia traería un cambio en la política exterior.  Pero mis esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando en una presentación pública, Harris se impacientó ante un grupo  de palestinos que le gritaba: “te apoyaremos si dejas de enviar armas a Israel”, “para el genocidio”.  Un clamor que tendría que ser universal.  Pero Harris luego de declararse demócrata los mandó callar: “sigan así si quieren que gane Trump”.

Palestina y el Perú

Aunque la escala material de la violencia en Gaza y los territorios ilegalmente ocupados por Israel en Palestina  no es comparable a la del Perú, la escala moral sí lo es. Porque la impunidad, la arbitrariedad y las atrocidades no pueden avanzar sin límites, menos cuando son promovidas o avaladas por los propios gobernantes y  autoridades, no importa de qué país se trate.

Y, porque  aunque parezca que solo me he referido a Gaza, lo que me motivó a escribir  esta columna fue una columna Mirko Lauer el pasado 28 de junio en este mismo diario. En ella, el  reputado poeta decía no explicarse  por qué Boluarte era tan rechazada, afirmando: “no ha habido ni hay motivos para que deje del cargo”, porque “salvo esa matanza inaugural que cometió, sus faltas son más bien menores [sic]”. Reproduje esta cita en mi página de Facebook hace unos días con el siguiente comentario: “La normalización de la barbarie ocurre cuando los ilustrados   le dan su aval”.  Recibí varios comentarios, pero el que quisiera reproducir es el del siempre sagaz Farid Kahhat  que, valga la redundancia, me exime de mayores comentarios: “Es como cuando el gobierno de Viktor Orbán dice que, salvo por su participación en el Holocausto, el dictador de su país, Miklos Horthy, fue un "estadista excepcional””.

Como será obvio por lo dicho, yo no espero más de gobernantes y autoridades. En cambio, cifro mis esperanzas en lo que podemos hacer nosotros, los y las ciudadanas. En el Perú, sectores que permanecieron pasivos cuando los campesinos del sur se movilizaron exigiendo democracia y justicia por los muertos a manos de este gobierno,  ahora despiertan y se dan cuenta de que la barbarie les toca de cerca y está avanzando más de lo que están dispuestos a tolerar.  Hoy confrontan a las autoridades en los espacios públicos, incriminándoles y expresando su enojo en su propia cara, cerrándoles el paso, reclamando esos espacios -- lo único que nos queda-- para sí. La idea es simple, pero potente: se trata de no darles tregua  a los gobernantes y autoridades en su intento de normalizar la barbarie. ¿Existe causa más justa?

https://larepublica.pe/opinion/2024/08/18/normalizando-la-barbarie-por-cecilia-mendez-1753290

https://www.leerydifundir.com/2024/08/peru-normalizando-la-barbarie/

Perú: ¿Quién es el Estado hoy en el Perú?

Cecilia Méndez

"Hoy algunos mequetrefes que fungen de ministros se llenan la boca de ‘soberanía’ para desautorizar pactos que nuestro país ha suscrito, pero la olvidan cuando ven a barcos chinos depredar nuestras costas”.

En una reciente entrevista , la antropóloga y politóloga Carmen Ilizarbe, se refirió al gobierno fujimorista de los noventa como “un caso de neoliberalismo bien instalado”. Palabras bien puestas que merecen especial reflexión ahora que la jefa y heredera de la organización que lleva su apellido se encuentra en la extraña posición de ser simultáneamente la política más influyente en el presente gobierno y la principal acusada en un juicio por lavado de activos y otros delitos que comprometen a algunos de los empresarios, banqueros y medios de comunicación más poderosos del país. De allí el también atinado título de un elocuente artículo que la periodista Jacqueline Fowks publicó en la revista Brecha, de Uruguay: “El juicio a una empoderada”.

Se trata del juicio más importante en lo que va del siglo y que los acusados buscaron obstruir a toda costa, y lo siguen haciendo con distractores falaces pero efectivos, como el anunciar que el viejo exdictador y padre de la principal acusada va a candidatear el 2026, cosa que saben imposible. El juicio destruye el mito que de que son “víctimas de una persecución política” porque la Fiscalía cuenta con alrededor de mil involucrados, entre testigos y agraviados, que están revelando una verdad irrefutable. Tanto es así que los propios acusados se han visto obligados a admitir que han blanqueado millones de dinero sucio y comprado “aportantes fantasmas” (y dicen, sentido del ridículo, que no delito, que son donaciones que debían quedar en la “confidencialidad”). El desvelamiento de hechos delictivos irrefutables resulta incómodo para quienes los han negado sistemáticamente, tienen ambiciones políticas y se ha acostumbrado a actuar en la penumbra.

Dicha actuación en las penumbras es básicamente la práctica que el fujimorismo convirtió en política de Estado en la convicción de que el poder es un festín que otorga impunidad. Y tal vez no les faltaba razón pero, como lo demuestra el fiscal José Domingo Pérez –que ha resistido con tenacidad los embates del poder mediático, del Congreso y del propio Ministerio Público con la anterior fiscal de la Nación– solo hasta cierto punto.

La falsa soberanía

El juicio es importante no solo por ser un acto de justicia sino también por ser un acto pedagógico. Te dice que tus acciones tienen consecuencias y debes asumirlas, que los demás existen, que el país existe, que tienes que dar cuenta a los ciudadanos que han votado por ti, a los clientes que han confiado su dinero a tu institución, y a los que confían veracidad de tus noticias. Esto es relevante a propósito de que se cumplen 200 años de que conseguimos la soberanía del imperio español en Ayacucho.

Al respecto, vale recordar el primer artículo de nuestra Constitución de 1834: “La nación peruana es independiente; y no puede ser patrimonio de persona o familia alguna”. Vale recordarlo, digo, porque el fujimorismo más que un partido es un clan familiar que usó el aparato del Estado con fines delictivos –padre e hijo, Alberto y Kenji Fujimori, fueron condenados a 25 y 6 años respectivamente–. Ahora el fiscal Pérez ha pedido 30 años para la jefa del clan, Keiko Fujimori. Que se zurren en ello y no les dé vergüenza, es parte también del cinismo como política de Estado instalada con el fujimorismo y que tiene en Boluarte a una buena discípula. Y valga recordarlo, por último, porque hoy algunos mequetrefes que fungen de ministros se llenan la boca de “soberanía” para desautorizar pactos que nuestro país ha suscrito con organismos de internacionales y ningunear a prestigiosas organizaciones de derechos humanos, pero se olvidan de la soberanía cuando se trata de barcos chinos que pescan impunemente en nuestros mar; pedir cuentas a la empresa española Repsol por el peor derrame de petróleo de nuestra historia; o defender las fronteras amazónicas del ‘Tren de Aragua’, el ‘Comando Vermelho’, mafias del narcotráfico, tala y minería ilegal, que además de depredar nuestros recursos han asesinado a 34 defensores ambientales indígenas en los últimos 10 años. Hablan de soberanía, pero se dedican a promulgar leyes hechas a la mediada de esas y otras mafias, ayudando a corroer más el tejido social y el principio de autoridad. Pero no se pronuncian sobre el asesinato de Mariano Isacama, líder kakataibo cuyo cuerpo fue encontrado sin vida con un balazo en la cabeza, después de semanas de búsqueda por sus propios compañeros, sin que interviniera la policía pese a que, por semanas, denunciaron amenazas y pidieron apoyo del Estado.

La guardia indígena

Ante este abandono del Estado, los kakataibo han decidido tomar acción por sus propias manos movilizando su “guardia indígena” y se han declarado “en emergencia”. Esto implica, según un video propalado por Epicentro, controlar los caminos para detener el embate de los colonos aliados con narcotraficantes que están invadiendo sus tierras: un patrón histórico que nos remite a Bagua del 2009. Ante el abandono del Estado, los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos, corre sangre y luego ellos son los culpables, los “violentos”, los “terroristas”. Pero hoy la situación es peor porque criminalidad organizada está vinculada a bandas internacionales y el Congreso legisla su favor. Por eso, si una de las responsabilidades del Estado es defender el interés ciudadano, yo me siento más protegida por un líder kakataibo que por el ministro del interior que no solo amenaza a periodistas, sino que es un abogado defensor de hampones extraditables.

El mito de la reducción del Estado

El fujimorismo de los noventa fue una política exitosa desde que se instaló en un país en ruinas y logró vender una ilusión de presente y de futuro. Pero en su éxito están también las claves de nuestra desgracia actual por el tipo de cultura que se enquistó en la sociedad y en la política: la de un país con autoridades sin autoridad moral, sin otro norte que el aprovechamiento personal de sus cargos; el de la informalidad endémica, el del “sálvese quien pueda”, el del “qué me importan los otros”. En suma, el del individualismo extremo.

Heredamos también lo que Carlos Iván Degregori denominó la “antipolítica”, el entendimiento del opositor no como un rival a convencer, sino un enemigo a destruir y la estigmatización del que piense diferente al “modelo”. Heredamos el mito del “libre mercado” y las privatizaciones como panacea. La “desregulación económica” pasó a ser también la desregulación de la moral y de los principios. Todo era posible. En ese mercado desregulado puedes comprar tesis plagiadas o inexistentes, títulos falsos, y llegar a ser congresista, fiscal de la Nación y hasta presidente. Y el Estado se convirtió en una mala palabra, mientras se vivía de él. No es entonces cierto que buscaban que el Estado no intervenga en la economía, sino que lo haga solo para los grandes, como lo demuestra la ley de exoneración de impuestos a los agroexportadoras, vigente hasta hoy.

Pero el juicio a Keiko Fujimori está abriendo una esperanza de justicia que llega en el mismo momento que un contundente informe de Amnistía Internacional sobre las masacres cometidas por el presente Gobierno, que no puede ser apagada.

https://larepublica.pe/opinion/2024/07/21/quien-es-el-estado-hoy-en-el-peru-por-cecilia-mendez-1192420

https://www.leerydifundir.com/2024/07/peru-quien-estado-hoy-peru/

Perú: Apología de la historia: contra el desalojo del AGN

Cecilia Méndez

“La crisis del AGN es el resultado de tener un presidente por año, un ministro por mes, porque un buen día, a una facción política se le ocurrió no respetar los resultados electorales, el ritual mínimo de una democracia”.

El consenso es cada vez más amplio. Desde que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, firmó un acuerdo con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para entregarle el local que el Archivo General de la Nación (AGN) ha ocupado por más de ochenta años en el Palacio de Justicia el pasado 11 de abril (producto de un absurdo juicio en el que el Poder Judicial ha sido juez y parte), los pronunciamientos en contra de este atentado a la memoria nacional son cada vez más  numerosos. Desde la presidenta de la Academia Nacional de la Historia y cinco exjefes institucionales del AGN, hasta dos sindicatos de trabajadores del AGN, pasando por historiadoras, archiveros, académicos, conservacionistas y 5.000 ciudadanas y ciudadanos que nos hemos adherido a la campaña “El AGN no se va”, el sentir es unánime: doscientos años historia en 30.000 metros lineales de documentos que alberga la sede del Palacio de Justicia del AGN no pueden ser entregados a una empresa industrial para ir a parar en un almacén aduanero del Callao, colindante con una fábrica de lejía y productos químicos, a un metro y medio del aeropuerto y cuatro kilómetros del mar y con un tráfico cargado. Este despropósito es producto de la improvisación, de dar la espalda a los especialistas en el mantenimiento y custodia del patrimonio documental y de su servicio al público. El riesgo de pérdidas es enorme por estar los documentos solo parcialmente inventariados y catalogados. Los especialistas coinciden: AGN no debe moverse hasta que no se disponga de un lugar seguro y permanente.

¿Solo confundido?

El señor Ricardo Moreau, jefe institucional del AGN, está en una febril campaña mediática para justificar el traslado que piensa acometer en cuatro meses cuando los estudios de la propia procuraduría ¡recomiendan 36!, desoyendo a especialistas y a la sociedad civil, que se vienen manifestando desde antes de la sentencia de casación del 2002 con plantones, cartas y pronunciamientos. Para ello, el señor Moreau exagera el riesgo que corren los documentos  en el local del Palacio, que los historiadores conocemos bien. No es lo ideal, pero es mil veces preferible a un traslado suicida. Hace solo unas semanas, el señor Moreau decía en Canal N que los militares iban a ayudar en el traslado del archivo, pero solo unos días después se supo que ya se había contratado con la empresa Transel del Callao. ¿Y los militares? Más recientemente, como informa Epicentro, se dice que “pese a que fue entrevistado el 26 de abril, día en que fue adjudicado el servicio de alquiler al consorcio Transel, Moreau indicó que aún se estaban evaluando los locales de Villa El Salvador, Lurín y El Callao”. ¿Explicaciones? Ninguna.

Estas incongruencias despiertan suspicacias, especialmente porque están en juego S/12 millones del dinero público que se piensa entregar por el alquiler de tres años a una empresa industrial que nada sabe de archivos, más 5 millones solo por el traslado. Infobae ha revelado que en 2003 un documento interno del AGN calculó el precio de un alquiler por tres meses en 4 millones. ¿Como así 4 se convirtieron en 12?  Coincidiendo con otros especialistas, la Contraloría también opinó que lo más sensato era acelerar la construcción de un local estable. ¿Por qué no se hizo?

Hablan los trabajadores

En su pronunciamiento del 1 de Mayo, el Sindicato de Trabajadores del Archivo General de la Nación-SITAGN presentó uno de los alegatos más elocuentes contra el traslado de los documentos a un depósito industrial y reclama que “el fallo judicial con el que se perdió la posesión de la sede del Palacio de Justicia” no haya sido “aprovechado para encender las alertas y buscar el apoyo político necesario para impulsar la construcción e implementación del local propio para el AGN”. Más aún cuando el propio señor Moreau se pasea por los medios diciendo que “ya se encuentran con las observaciones subsanadas” para el nuevo local de Pueblo Libre del que se vienen hablando hace años. SITAGN cuestiona que Moreau desoiga las propuestas de especialistas y de la sociedad civil y no conteste un oficio que le enviaron en abril. Similar tenor es el del pronunciamiento de otro sindicato del AGN, SITRACAS-AGN, de los trabajadores CAS. Respuesta del jefe, ninguna.

Los reclamos de ambos grupos de trabajadores no solo son sensatos sino conmovedores. No piden nada para sí; más bien les preocupa lo que van a perder los otros, la sociedad, el país. Es perceptible el desprendimiento e interés genuino por algo que cuidan y sirve a los demás cotidianamente, no solo a historiadores, porque mucha gente va también por escrituras de tierras, propiedades, herencias, nacionalidad. Al final, el texto del sindicato SITAGN evoca los tiempos en que el mariscal Castilla fundó el Archivo General (hoy AGN) en 1861, cuando el archivo no tenía un local fijo. Al principio, dicen, estuvo en el Convento de la Merced, luego en el cuartel de Santa Catalina y luego en la Biblioteca Nacional, donde fue depredado por el ejército chileno. En 1940 se inició el traslado a un entonces nuevo Palacio de Justicia. Hoy, una vez más, peligra, como si hubiéramos vuelto a ese pasado de inestabilidad y guerras.

Una memoria de todos

A menudo se piensa que los archivos valen por sus documentos “importantes”, una firma, “el primer” algo o alguien. Pero ninguno de los pronunciamientos que cuestiona el inminente desalojo del AGN lo entiende así. Hay algo mucho más importante que el valor simbólico o comercial de un documento singular en juego. Está la memoria de un país (y más que un país, porque nuestras fronteras eran más porosas entonces que ahora) que está hecha de todos nosotros, de nuestros y nuestras antepasadas. Porque la historia no la hace mayoritariamente la gente “importante”, o todos lo somos. Tener un pasado es saber de dónde venimos, tener una sentido de sí. Por eso, las guerras y genocidios buscan reducir archivos y bibliotecas a escombros, como lo hace Israel en Gaza –mientras escribo– para que no quede memoria de quiénes son y fueron los palestinos, para que nunca puedan probar que tuvieron un país.

En el Perú no necesitamos guerras ni invasiones para destruir lo nuestro. Nuestro pasado lo destruimos nosotros mismos, pero –y esto es importante– no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. La crisis del AGN es el resultado de tener un presidente por año, un ministro por mes, porque un buen día, a una facción política se le ocurrió no respetar los resultados electorales, el ritual mínimo de una democracia. El costo de ese quiebre es no solo la muerte de la democracia y la indiferencia ante el pasado, sino también la imposibilidad de pensar el futuro, que es también la muerte de la política o la imposibilidad de imaginar un país.

En algún lugar leí que la democracia empieza por escuchar. Ojalá lo entiendan así quienes aún están a tiempo de detener lo que sin duda sería el más grande atentado contra la memoria de nuestra historia.

https://larepublica.pe/opinion/2024/05/26/apologia-de-la-historia-contra-el-desalojo-del-agn-por-cecilia-mendez-1653525

https://www.leerydifundir.com/2024/05/peru-apologia-la…desalojo-del-agn/

¿Ya podemos hablar de imperialismo?

Cecilia Méndez

"Mientras los judíos en la Alemania nazi eran arrancados de sus hogares para ser exterminados en los campos de concentración después de múltiples vejámenes, los palestinos mueren bombardeados en sus propias casas...”.

“El genocidio es un proceso que empieza con la deshumanización del otro”

— Francesca Albanese

La humanidad viene siendo testigo de un genocidio en tiempo real, gracias a la tecnología de nuestros teléfonos celulares. La campaña de exterminio y limpieza étnica que Israel ha desatado contra los palestinos ha superado el genocidio nazi de los judíos en tres sentidos aterradores. Primero, mientras este se llevó a cabo en campos de concentración, a puerta cerrada, y sus horrores se fueron conociendo progresivamente, por lo que no podía existir una respuesta inmediata, Israel se jacta abiertamente de su exterminio de palestinos. Luego de que Netanyahu y sus ministros anunciaran públicamente su intención genocida al decir que dejarían sin comida, agua, electricidad y medicinas a quienes se refirieron como “animales humanos”, en respuesta a los mortíferos ataques de Hamás del 7 de octubre, procedieron tal cual.  En los primeros meses, el  40% de los explosivos que arrojaron sobre Gaza fueron “bombas ciegas”, destinadas a causar el mayor daño posible. Sus programas de inteligencia artificial dan licencia para matar a 300 civiles como “daño colateral”, por cada  “jefe importante” de la resistencia armada, como ha revelado recientemente el periodista israelí Yuval Abraham. El toque  macabro lo da un programa  denominado ‘Where’s Daddy?’ (¿Dónde está papá?), diseñado para matar a hombres en el momento de entrar en su casas. De ese modo fueron ultimados incontables periodistas,  profesores, personal médico y familias enteras. Por su parte, los soldados israelíes se vanaglorian de las torturas y humillaciones infligidas a sus víctimas y prisioneros, exhibiéndolas  en las redes  sociales, convencidos de su impunidad.

Lo segundo es que Israel está asesinando deliberadamente a niños —uno cada 15 minutos—  y ya van 14.000 de un total de más de 33.000 palestinos asesinados; es decir, el  40% , sin contar los miles que yacen bajo los escombros de sus casas bombardeadas. Se calcula en más de 1.000 el  número de niños amputados, muchas veces sin anestesia, la cifra más alta en una guerra, mientras otros tantos han empezado a morir de hambruna.

La tercera diferencia es la destrucción sin precedentes de edificios residenciales y la infraestructura urbana de Gaza.  Mientras los judíos en la Alemania nazi eran arrancados de sus hogares para ser exterminados en los campos de concentración después de múltiples vejámenes,  los palestinos mueren bombardeados en sus propias casas, mientras comen o duermen, y hasta  ha surgido un neologismo  para este crimen: el domicidio. Añádase a ello la destrucción deliberada de tierras agrícolas, servicios de agua y desagüe, electricidad y energía, hospitales, escuelas y universidades. Como para que no quepa duda de que el mensaje es hacer de Gaza un lugar inhabitable, sin educación ni futuro. Un lugar donde ni los muertos están a salvo, pues hasta los cementerios han sido bombardeados por Israel.

Desde el 7 de octubre, todo ha cambiado para mí:  los periódicos que leo, los pódcast que escucho, los libros que busco, los programas y diarios que espontáneamente voy dejando de seguir.  Con el New York Times he revivido lo que sentí cuando este diario cubría la invasión de Estados Unidos en Irak en 2003. Su apoyo incondicional a la decisión del gobierno de George H. W. Bush a invadir aquel país, no obstante la ausencia de pruebas sobre su supuesta posesión de “armas de destrucción masiva” con la que la justificó, contra la opinión mayoritaria de estadounidenses, me llevaron a suspender temporalmente mi suscripción. Hoy, este mismo medio blanquea sistemáticamente la desinformación que emana del Gobierno de Netanyahu, como bien lo han demostrado las investigaciones de The Intercept. La verdad es un principio dudoso para este y otros importantes medios  estadounidenses  cuando se trata de Israel.  El autor palestino Mouin Rabbani  dio en el clavo al referirse al NY Times como  “la Pravda estadounidense” en una reciente y brillante entrevista.

Y es que la misma prensa liberal estadounidense que defendió la democracia ante la amenaza de Trump hoy exculpa el fascismo de Netanyahu, con quien Biden — después de más de 33.000 muertos, incontables atrocidades y una Gaza en ruinas y sumida en la hambruna—  tiene lazos de lealtad que bordean lo irracional. Para ello, cuenta con el apoyo de más de 300 congresistas que están dispuestos a dejar pasar un genocidio con tal de seguir aceitando sus chequeras con dinero del AIPAC, el poderoso lobby israelí que financia sus reelecciones. Si el proclamado deseo de Biden para que mejore la situación humanitaria en Gaza fuera sincero, le hubiera puesto un límite real, no retórico, a Netanyahu.  Un embargo de armas bastaría para poner fin al genocidio, siendo EEUU el principal proveedor de ellas a Israel, además de su primer financista. Pero su flujo no cesa, para no hablar del blindaje sistemático de EEUU a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU, contra la voluntad de la abrumadora mayoría de países del mundo y de una intensa movilización ciudadana a nivel global por el cese al fuego.

Otra cosa que ha cambiado para mí es la manera en que enseñaré la historia. El racismo científico, que se instaló entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX y terminó justificando el exterminio de judíos y otras minorías en Europa, no es solo pasado. Pero, en tanto la mayoría de judíos lograron mimetizarse con los blancos en Europa y EEUU y asumir posiciones de poder, es imperativo, a la luz del genocidio palestino, volcar la mirada a otros genocidios de  la humanidad olvidada. Por ejemplo, el perpetrado por Alemania en lo que hoy es Namibia, África, donde entre 1904 y 1908 los alemanes mataron a unos 100.000  herero y nama, tomaron sus tierras y se dedicaron a extraer diamantes  ¿Si esto no es colonialismo,  racismo, expansión capitalista —como ya había advertido ya Hannah Arendt — cómo llamarlo?

¿Y cómo explicar, si no es en similares términos, la amplia cobertura que tuvo la imperdonable matanza de siete trabajadores humanitarios del World Central Kitchen por misiles israelíes, frente a la nula cobertura que tuvieron los  asesinatos de 190 trabajadores humanitarios por Israel, la mayoría palestinos, desde el 7 de octubre, 176 de los cuales trabajaban para las propias Naciones Unidas?

¿Por qué seguir  evitando los términos que precisamente describen el poder omnímodo y la violencia  ejercidos por un país con cerca de  800 bases militares en el mundo? ¿No es ya tiempo de redimensionar en el Perú el término  “imperialismo”, rescatarlo de su abuso por una izquierda dogmática y anquilosada y una centro-derecha que lo sigue estigmatizando por eso?

¿Por qué recurrir a contorsiones del lenguaje  para evitar decir genocidio cuando lo estamos viendo en las pantallas de nuestros celulares, filmado por sus propias víctimas, incluidos más de cien periodistas palestinos asesinados por Israel desde el 7 de octubre, y sobre los que sus  colegas en el mundo no son capaces de condolerse públicamente?

https://larepublica.pe/opinion/2024/04/15/ya-podemos-hablar-de-imperialismo-por-cecilia-mendez-857325

https://www.leerydifundir.com/2024/04/ya-podemos-hablar-imperialismo/

Indígenas y palestinas

Cecilia Méndez

"Aída Aroni era consciente de que la Constitución podía proteger sus derechos, pero no todos (...) Para Aroni, una ciudadanía plena no podía existir sin el derecho de todas y todos a hacer política”.

“No quieren que nosotros hablemos lo que está escrito en esta Constitución”, Aída Aroni. Marzo, 2023.

Aída Aroni está enferma y necesita ayuda. ¿Quién es Aída Aroni? Si asististe o estuviste al tanto de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte hace un año en Lima no puedes no haberla visto. En foto, al menos, porque es inconfundible. Aída Aroni es la mujer ayacuchana y quechuahablante de 53 años que asistía a las marchas en primera fila, vestida con polleras y sombrero huancapinos (de Huancapi, su pueblo) con una bandera peruana que hacía ondear muy cerca de los policías, increpándoles que no dispararan a la gente. Sus fotos ondeando su bandera frente a ejércitos de policías armados recorrieron el mundo y se convirtieron en memes simbolizando a las mujeres como ella que, sorteando insultos racistas o misóginos, maltrato físico y terruqueo, nunca se rindieron en su reclamo de justicia.  

Una vez, mientras Aída increpaba a unos policías, pasaron unos jóvenes y les dijeron mirando con el rabo del ojo a Aída Aroni: “Métele bala, hueón”. Pero Aída no se amilanó por eso, incluso cuando, poco después, fue detenida si explicaciones por exigir la renuncia de Boluarte y “pedir piedad” a los policías. Allí prosigue, le arrancharon su bandera, le “pegaron en la espalda” y le “jalaron todo el pelo”, según declaró a La República (9-2-2023). Aída fue retenida en el calabozo de una comisaría por 48 horas, pero salió con la voluntad inquebrantada: “Yo no lucho con palo, yo no lucho con piedras. No me importa que me discriminen, que me digan chola, serrana, india, lo que sea; yo me siento orgullosa. Yo lucho por mi país”, declaró al mismo medio. Su valor inspiró a más que fotoperiodistas. La historiadora Marissa Bazán le dedicó un poema.

Entre enero y marzo del año pasado miles de peruanas y peruanos como Aída Aroni llegaron a Lima desde diversos lugares del Perú para hacer oír su voz después de haber marchado en las capitales de sus provincias y departamentos sin éxito. Llegaron en caravanas de buses o camiones, sorteando insultos y maltratos en los controles de carreteras, pero también recibiendo aliento, agua, víveres y muestras de solidaridad a lo largo del camino. Los peruanos más pobres de las zonas rurales, los que habían apostado mayoritariamente por Pedro Castillo con la esperanza de un cambio no se resignarían así nomás. Llevaban demasiado tiempo esperando.

Primero protestaban por la traición de Dina, la vicepresidenta de Castillo, una mujer mendaz y sin escrúpulos. Luego de haber declarado con falaz emoción que si a Castillo lo vacaban ella se iría con él, fue ungida presidenta por el mismo Congreso que ayer nomás le decía terrorista y buscaba destituirla. Hasta que se dieron cuenta que le salía más a cuenta utilizarla para quedarse en el poder. No fue difícil convencerla de no llamar a elecciones tras la caída de Castillo, a quien estaban a punto de destituir cuando él se autoinmoló con su conato de golpe. Dina pensó en los banquetes, los Rolex, la ropa fina y viajes por el mundo… Era irresistible. Accedió.

Pero no había pasado una semana desde que se puso la banda presidencial cuando la sangre de campesinos empezó a correr. Los primeros asesinados con su inacción o consentimiento fueron adolescentes de Andahuaylas, su propia tierra. Luego vinieron los de Ayacucho, Juliaca, Macusani, Pichanaki, Arequipa, Cuzco, Lima, La Libertad, todo negado con cinismo por ella y su ministro y arquitecto de la brutal represión, Otárola. Fue así que Dina traidora devino en Dina asesina. A las consignas de “nuevas elecciones”, “renuncia, Dina” y  “nueva Constitución”, se sumaron las de justicia para a los muertos y heridos, el derecho a la vida.

En Lima los manifestantes fueron invisibilizados y terruqueados por autoridades, medios y políticos. El alcalde de Lima les cerró las plazas; la policía les cerró las calles, los golpeó tan brutalmente que uno de ellos, Manuel Quilla, murió, víctima de las torturas, cuando regresó a Puno. Fue el muerto número 50 de Dina. Muchos vimos, además, en videos, cómo un policía disparaba directamente a la cabeza a Víctor Santisteban Yacsavilca, que caminaba con la multitud, desarmado, matándolo. Pero en el discurso oficial y mediático, los manifestantes eran delincuentes  terroristas, narcotraficantes, “ponchos rojos”. Boluarte llegó a decir: “Se mataron entre ellos”. Un ministro dijo que las mujeres aimaras eran “peor que animales”

Aroni vivió y sufrió todo eso, pero fue mucho más que una víctima. A mediados de marzo participó en un conversatorio de mujeres lideresas organizado al calor de las protestas, en Lima, transmitido por Facebook. Sin desprenderse de su bandera, pero esta vez con la Constitución en la otra mano, Aroni reveló no tener primaria completa, pero dijo sentirse “contenta y feliz porque tengo mi cerebro”. Sobre los congresistas dijo: “No quieren que nosotros hablemos lo que está escrito en esta Constitución”. “Basta”, acotó, “yo también tengo hambre, yo también tengo derecho, yo también soy el Estado. Somos el Estado. No solamente 130 congresistas son el Estado”.

Aída Aroni era consciente de que la Constitución podía proteger sus derechos, pero no todos, y se encontraba entre el grupo mayoritario de peruanos que exigía una nueva Constitución, en la que mujeres como ella se vieran representadas. No iba a contentarse con “pedir obras” ni recibir caramelos, como hubiera deseado Boluarte. Para Aroni, una ciudadanía plena no podía existir sin el derecho de todas y todos a hacer política.

* * *

A miles de kilómetros del Perú, a orillas del Mediterráneo, en Gaza, vive Bisan Owda, una periodista palestina de 24 años con más de 4 millones de seguidores en Instagram. A diferencia de Aída, Bisan ha leído muchos libros. Pero a semejanza de ella, vive con su ciudadanía recortada por ser indígena en un el régimen de apartheid impuesto por el ejército de ocupación de Israel, que ahora conduce un genocidio de palestinos.

No tengo espacio para explayarme en por qué es legítimo decir que los palestinos son indígenas, pero así los llaman los libros que empecé a leer después del 7 de Octubre para salir de mi ignorancia sobre su historia. Muchas de mis colegas palestinas y palestinos en la Universidad de California sienten la misma identificación debido a historias paralelas de despojo de tierras y exterminación.

En sus últimas transmisiones, Bisan ha empezado a contar la historia antigua de Palestina alrededor de una fogata en el campamento donde se haya refugiada.  Israel ha destruido todas las universidades, museos y archivos de Gaza. Bisan parece querer compensar la destrucción de la memoria material de su pueblo con la memoria del relato. El mensaje es de pertenencia e identidad, pero también de justicia. Porque sin memoria no hay justicia.  

Por eso he querido recordar hoy a Aída Aroni y a otros peruanos que luchan por sus derechos, que son los nuestros, aun a costa de sus vidas. Le deseo una pronta recuperación.

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/17/indigenas-y-palestinas-por-cecilia-mendez-1017246

https://www.leerydifundir.com/2024/03/indigenas-y-palestinas/

Una catástrofe moral

Cecilia Méndez

"EEUU sigue enviando armas a Israel y Biden sigue rehusándose a pedir el cese al fuego, siendo el único país que, como su principal proveedor de armas, podría parar el genocidio".

He perdido la cuenta de los días que despierto esperando leer la noticia de que, esta vez sí, alguien entró en razón. Anhelando encontrar un signo de que el bombardeo y las masacres indiscriminadas de infantes, niños, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos y la destrucción de sus viviendas, escuelas, universidades, templos, panaderías, hospitales, ambulancias, bibliotecas, museos, zoológicos y hasta cementerios en Gaza, vaya a detenerse pronto.

Que se terminen de una vez las ejecuciones cotidianas a sangre fría de médicos, enfermeros, trabajadores humanitarios, profesores y periodistas, gente que es asesinada mientras espera recibir su ración de comida o huye por donde el ejército israelí le dijo que estaría a salvo; mientras asiste a un herido, rescata el cuerpo de un familiar para sepultarlo dignamente.

Quiero que venga ya el día en que este horror se acabe por fin, e intento apoyar con lo que buenamente puedo para que eso ocurra, por poco que sea. Pero ese día no llega. Y la insania persiste, el genocidio no da tregua. Y cada día el gobierno de Israel parece estar más cerca de su objetivo final, que es el exterminio o expulsión de los palestinos del último reducto de tierra que les queda, bajo la consigna de estar “destruyendo a Hamás”. Y puede hacerlo gracias al manto de impunidad que le ofrecen sus aliados y proveedores de armas en EEUU y una Europa que dijo “nunca más” después del genocidio nazi, pero 75 años después se reserva el derecho admisión a la categoría de humano. De vuelta en círculo al racismo predicado como verdad científica de finales del siglo XIX y al fascismo la década de 1930.

Es hoy tristemente célebre la frase del ministro israelí que se refirió a los palestinos como “animales humanos”. Pero se ha dicho menos del artículo del periodista Thomas L. Friedman, en el que compara a los árabes con insectos: “Entendiendo el Oriente Medio a través del reino animal”, publicado el 2 de febrero en The New York Times, el diario tal vez más influyente del mundo,  hoy convertido en fuente de terruqueo internacional y una lavandería de la desinformación propalada por el gobierno de Netanyahu. Eso publica el NYT mientras en Gaza hay hambruna, la mayoría de hospitales han sido destruidos y el gobierno israelí mata a un niño cada 15 minutos. Los muertos y heridos suman alrededor de 100.000, el 5 % de la población de Gaza.

Hace unas semanas sentí esperanzas, cuando Sudáfrica, expresando un clamor mayoritario en el mundo, presentó ante a la Corte Internacional de Justicia una denuncia contra Israel por violación de la Convención de 1949 sobre el genocidio, solicitando medidas provisionales urgentes.  La Corte sentenció a favor de Sudáfrica ordenado a Israel que desista de cualquier acto que pueda considerarse genocidio y permita el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria en Gaza.

Aunque no ordenó expresamente el cese del fuego, como lo pedía Sudáfrica, fue una sentencia histórica que quedó, no obstante, opacada por una exitosa campaña mediática lanzada a pocas horas por Israel para desviar la atención sobre la sentencia que los incriminaba. Ahora los principales diarios del mundo se ocupaban de la denuncia de Israel según la cual algunos empleados de la UNRWA —la agencia de la ONU que proporciona servicios, trabajo y ayuda humanitaria a los refugiados en Gaza desde 1949— habrían participado en los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Pese a que la UNRWA separó de inmediato a los supuestamente implicados, ordenando una investigación, EEUU, el mayor aportante a la agencia, anunció la suspensión de sus donaciones y le siguieron 19 países mayormente europeos, sabiendo que la hambruna acecha en Gaza, en franco desacato de sus obligaciones internacionales. Mientras, Israel siguió bloqueando el acceso de embarcaciones con alimentos y bombardeando camiones de la UNRWA en pleno proceso de distribución de víveres, habiendo asesinado ya a cientos de sus empleados y destruido una gran cantidad de sus instalaciones y escuelas.

Pero los países que se rasgan las vestiduras por una denuncia no probada de Israel no se inmutan por eso. EEUU sigue enviando armas a Israel y Biden sigue rehusándose a pedir el cese al fuego, siendo el único país que, como su principal proveedor de armas, podría parar el genocidio, si quisiera, hoy mismo.

Hoy, Rafah, la única ciudad que queda en pie en la tierra arrasada que es Gaza, alberga 1,4 millones de palestinos refugiados en las condiciones más precarias, porque Israel les dijo que allí estarían a salvo. Pero ya están siendo bombardeados. No solo Israel ha ignorado la sentencia de la CIJ sino que la ha desafiado activamente. Y, en tanto la UNRWA es la principal fuente de apoyo y servicios a la población de Gaza, que consiste mayoritariamente en refugiados de la guerra que en 1948 los expulsó de sus tierras con la creación del Estado de Israel, de quedar desfinanciada tendría que dejar de operar, poniendo en riesgo la vida de más 2 millones de palestinos.

Para Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, esta guerra marca un punto de inflexión en el orden internacional, tal como lo hemos conocido desde la segunda guerra mundial. En un artículo publicado el 15 de febrero en la revista Foreign Affairs, dice: “Los gobiernos occidentales [que] condenaron los crímenes de Hamás y expresaron apoyo incondicional a Israel” inmediatamente después del 7 de octubre, “debieron haber cambiado su retórica una vez que quedó claro, como lo fue en el acto, que el bombardeo israelí de Gaza estaba matando a miles de civiles”.

Para Callamard,  “todos […], especialmente aquellos con influencia sobre Israel debieron haber denunciado públicamente las acciones ilegales de Israel y llamado un alto al fuego, a la entrega de todos los secuestrados y al rendimiento de cuentas por crímenes de guerra y otras violaciones en ambos lados. Eso no ocurrió”. Callamard considera que, si bien Gaza ha experimentado ya un “desprecio extremo” por  el derecho internacional, la presente guerra marca un giro. “El riesgo de genocidio, la gravedad de las violaciones que se vienen cometiendo, las endebles justificaciones  de los funcionarios electos en las democracias occidentales [….] advierten de un cambio de era”.

“El orden basado en reglas, que ha regido los asuntos internacionales desde la segunda guerra mundial, está de salida y puede no haber vuelta atrás”, concluye. Lo que no significa reducirnos a meros espectadores. De hecho, hoy hay gente movilizada en todo mundo para que se reconozca la humanidad de los palestinos y su derecho a la autodeterminación.

Hace unos días, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, declaró al medio Al Jazeera: “El derecho internacional sin política no es efectivo, pero la política sin el respeto al derecho internacional corre el riesgo de ser criminal”.  Los peruanos, que ya sufrimos esto último, deberíamos ser más capaces de expresar nuestra solidaridad y empatía para con los palestinos.

https://larepublica.pe/opinion/2024/02/18/una-catastrofe-moral-por-cecilia-mendez-1509294

https://www.leerydifundir.com/2024/02/una-catastrofe-moral/

Cuando las democracias matan

Cecilia Méndez

“¿Con qué tipo de acrobacias mentales debemos compatibilizar democracia y genocidio? Lo cierto es que no debemos, y toca decirlo”.

Vivimos una era de la perversión de los conceptos. Las máscaras se han caído y aparentar ya no parece necesario. Los escrúpulos son cosa del pasado. Hoy se puede afirmar ser demócrata mientras se apaña un genocidio, o justificar el genocidio como “defensa propia” y matar masivamente mientras se dice que se es “selectivo”. Hoy una ideología que promueve la exterminación de un pueblo aduciendo la superioridad del propio pasa a ser gobierno con el aval incondicional de quien se jacta de ser la mayor democracia del mundo.

El mundo vive una era de horror redoblado. Mientras escribo estas líneas, un Estado mata a un promedio de diez seres humanos por hora, casi la mitad niños, a punta de bombardeos o privándoles de lo básico para subsistir. Su delito es ser palestinos. En menos de tres meses Israel ha asesinado a más de 21.000, sin contar los aproximadamente 7.000 que yacen entre las ruinas de sus casas bombardeadas por el ejército invasor, vivos o muertos, muchos de ellos mutilados. No es una sino cientos de Guernicas. En un reportaje unos dedos atisban por una estrecha rendija entre bloques de concreto de un edificio derruido. Son los de una mujer que quedó atrapada; su hija conversa con ella, le toma la mano y dice que prefiere quedarse a morir con ella que abandonarla a su suerte entre los escombros. Otros cuerpos son comidos por los perros porque nadie los pudo rescatar. Los que llegan a los pocos hospitales que todavía operan esperan la muerte entre los pasillos porque no hay lugar ni cura para tantos. El ejército está ahora bombardeando barrios de refugiados, hospitales y ambulancias en el sur de la franja de Gaza, allí donde les dijo a los gazatíes del norte que debían evacuar porque era “zona segura”. Una atrocidad tras otra, pero la impunidad persiste, envalentonando al invasor.

UNICEF reporta que en Gaza 1.000 niños han sido amputados sin anestesia. Según otro informe, las cuatro de cada cinco personas más hambrientas del mundo están Gaza y el 90 por ciento de gazatíes solo ha comido una vez cada dos días. Los ataques de Israel contra la población civil desarmada no han hecho sino incrementar en ferocidad desde que su aliado, el gobierno de EE. UU., logró obstaculizar por enésima vez una resolución para el cese del fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU y ha seguido enviando armas a Israel con la que su ejército sigue matando palestinos, sin excluir el día de Navidad y en el mismo lugar donde nació Cristo. Mientras el mundo celebraba el nacimiento de Belén, Belén no celebró y estuvo del luto.

Los hechos demuestran que el objetivo de la invasión israelí en Gaza no es, como predica Netanyahu, “derrotar a Hamás” sino hacer de Palestina un lugar invivible para los palestinos, expulsarlos de su propia tierra cuando no puedan exterminarlos: genocidio o “limpieza étnica”. Y son los mismos líderes de Israel, empezando por el propio Netanyahu, quienes han dejado en claro su intención de exterminar al pueblo palestino, a quienes se han referido como “animales humanos”, privándoles de todos los medios de subsistencia, en declaraciones públicas que han circulado ampliamente. Con esta licencia, es posible que una periodista palestina sea amenazada de muerte en vivo en un canal de la TV israelí sin consecuencias, que un colono israelí de uno de los asentamientos ilegales diga por la radio que Gaza “debe ser vaciada y nivelada, como en Auschwitz” y convertirse en “museo”, como recoge Hildebrandt en su trece, el único medio peruano que viene cubriendo el tema.

Y por eso digo que el horror es redoblado. Pues si bien el mundo no ha vivido atrocidades comparables, como el genocidio judío de los nazis, este fue perpetrado de espaldas al mundo, que, cuando lo supo, reaccionó. Pero hoy que todo se conoce en tiempo real, la complacencia de los que tienen el poder para frenar las atrocidades y no lo hacen resulta más oprobiosa que las atrocidades en sí. Y me pregunto si no es un abuso del lenguaje que nos refiramos como “democracia” a un país que financia y facilita un genocidio, y si no es tiempo de zafarse del resignado formalismo con que cierta academia busca encasillar el concepto. ¿Con qué tipo de acrobacias mentales debemos compatibilizar democracia y genocidio? Lo cierto es que no debemos, y toca decirlo.

Pero hay otro concepto con el que está reñida la democracia, y es el de imperio. Sin embargo, es precisamente este el que hace inteligible el pacto de impunidad y sangre que EE. UU. ha sellado con Israel. Como bien apuntó un periodista político senior de Aljazeera, EE. UU. está dispuesto a dejar pasar el genocidio palestino con tal de hacer sentir su poderío en el Oriente Medio. La ostentación de fuerza no es para Israel sino para Rusia y China, prosigue. El imperio es la frontera donde se estrellan los derechos humanos y ciudadanos, muera quien muera. ¿Se puede ser una democracia cuando se es simultáneamente un imperio?

Esta historia, por cierto, no empezó el pasado 7 de octubre. En su libro Justice for Some: Law and the Question of Palestine (Stanford, 2019), la investigadora Noura Erakat señala cómo en la llamada declaración de Balfour de 1917 por la que el imperio Británico hace suya la demanda sionista de crear “un hogar judío” en Palestina, se refería a sus habitantes nativos –que constituían el 90 por ciento de la población– simplemente como “no judíos”, limitando sus derechos a “las libertades civiles y religiosas”, pero negando sus derechos políticos, especialmente el de la autodeterminación (p. 29). Salvando las distancias, me vino a la mente aquella ocasión en que Dina Boluarte les dijo a lxs ciudadanxs que protestaban contra su gobierno que pidan obras, pero que “no hagan política”. Recetas propias de regímenes autoritarios, pero también una oportunidad para practicar la solidaridad entre los pueblos más allá de las fronteras nacionales.

https://larepublica.pe/opinion/2024/01/01/cuando-las-democracias-matan-por-cecilia-mendez-2077806

https://www.leerydifundir.com/2024/01/cuando-las-democracias-matan/

Perú: La mafia y la privatización del Estado

Cecilia Méndez

“Benavides ha conseguido lo que el exfiscal Pedro Chávarry quiso, pero no pudo porque la movilización ciudadana lo obligó a dar marcha atrás”.

El espectáculo de los agentes de la Fiscalía cargando con las ánforas que contienen los votos de la última elección presidencial en Guatemala es uno los más grotescos, pero representativos de la degradación de la política y la democracia de que hemos sido testigos en los últimos años en el continente e inaugura una nueva modalidad de golpe de Estado y Gobierno autoritario, distinto no solo a las dictaduras militares de los tiempos de la Guerra Fría sino de aquellas instauradas por los caudillos que ganan elecciones para luego atrincherarse en el poder, que plagan la historia de la última centuria en Hispanoamérica.

Fujimori, Bukele, Ortega, Chávez y Maduro, son solo ejemplos recientes. Pero lo que destaca en el caso de Guatemala –y por eso es el espejo en que debemos mirarnos hoy– es que el latrocinio de los votos con el fin de subvertir un resultado electoral legítimo es perpetrado por los agentes de las propias instituciones del Estado encargadas de impartir justicia, en este caso, la Fiscalía, pervirtiendo su razón de ser, por no hablar del atentado contra el principio de separación de poderes sin el cual no hay democracia posible. En Guatemala la verdad es delito y por eso, periodistas y jueces probos han sido encarcelados u obligados a vivir en el exilio.

En el Perú, Patricia –alias Blanca Nélida– Benavides, que ostenta el título de fiscal de la Nación, pero que ejerce en la práctica como fiscal de la mafia, está llevando al Perú al despeñadero guatemalteco. En las últimas semanas, ha dado una estocada mortal a los equipos de fiscales que investigan los dos megacasos de corrupción más importantes del Perú: el de los Cuellos Blancos, o la mafia de los “hermanitos” enquistada en la administración de justicia, removiendo a tres fiscales que estaban a poco de formular acusación tras tres años de investigación; y la de Lava Jato, que involucra a expresidentes, políticos y empresarios, inhabilitando por ocho meses al jefe del equipo de fiscales, Rafael Vela, con argumentos insostenibles y más remociones de fiscales claves.

Puede hacerlo porque no está sola. La aplauden y celebran el Congreso, Ejecutivo y el TC, cierta prensa; la apoyan operadores de las antiguas mafias aprofujimoristas en los círculos judiciales, como lo muestra un reciente reportaje de Eloy Marchan en Hildebrandt en sus trece.

Benavides ha conseguido lo que el exfiscal Pedro Chávarry quiso, pero no pudo porque la movilización ciudadana lo obligó a dar marcha atrás, saliendo en defensa de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, y fue Chávarry el destituido. De eso hace menos de un lustro, pero parecen años luz. Hoy, Blanca Nélida II avanza arrolladoramente, y sin resistencia ciudadana, por la reconquista del Poder Judicial y la Fiscalía por las mafias, con la complicidad tácita de Boluarte y Otárola que, teniendo las manos manchadas de sangre, están igualmente internados en la impunidad.

No es que la gente esté feliz con este estado de cosas, como lo demuestran las encuestas, sino que la mafia –una confluencia de intereses delictivos unidos por el uso privado de sus cargos públicos y la búsqueda de impunidad– dispara por todos lados sembrando miedo, amordazando, amenazando con judicializar a sus críticos, intentando convertir derechos como el de la protesta y la información en delitos, hostigando a opositores, periodistas y “reglando” hasta sus propias víctimas, para evitar que la verdad que los compromete se conozca y puedan mantenerse en sus puestos impunemente.

Se necesitaría una alerta sobrehumana para responder a ese bombardeo cotidiano, ubicuo y degradante. Hablo de Lima, claro, y de sectores urbanos de clase media que antes solían movilizarse bajo las banderas del antifujimorismo. Hoy, la vanguardia política son los campesinos, especialmente del sur, y en particular Puno. Son ellos los que en sacrificadas marchas y aun a costa de vejámenes y hostigamiento despertaron a la anonadada Lima. Aunque a muchos no les guste reconocerlo, el campo despertó políticamente a la ciudad.

Más allá de la coyuntura, un tema de fondo que no se suele tocar cuando se habla de la muerte de la democracia y la degradación de la política es la extinción de los intelectuales, entendidos como el “sector ilustrado” que ejerce el pensamiento crítico; el que debería dar la voz de alerta contra el abuso del poder y las dicotomías fáciles que eliminan la necesidad de pensar y, por tanto, de hacer política.

No los veo y no los oigo desde hace tiempo, y esta virtual extinción creo que debe de ir más allá del efecto Twitter. El antiintelectualismo fue intrínseco al modelo de sociedad que se impuso en los noventa y que convirtió toda crítica al mismo en “terrorismo”. Tabú criticar el mito del emprendedurismo, no aplaudir el “mercado”, decir que el Estado debía velar por el bienestar social. La desregulación económica terminó desregulándolo hasta la ética. Pero aunque lo que hoy vivimos es el efecto lógico de este modelo del “sálvese quien pueda”, y el modelo está muerto, la minoría que lleva la batuta sigue apostando por él sin darse cuenta que alimenta un cadáver en avanzado proceso de descomposición.

El modelo privatizó todo, hasta el propio Estado, reemplazando la idea del servidor público por el del “tecnócrata”, y hoy ha devenido en poco más que un mercader de intereses privados, usualmente delictivos, siendo el Congreso el producto más extremo del modelo.

Por eso, cuando digo que Benavides es solo nominalmente la fiscal de la Nación, pero en la práctica es la fiscal de la mafia, no lo digo como hipérbole. Porque la nación somos todos, pero ella, como los otros miembros de la coalición que gobierna, parece trabajar para grupos privados y sin rendir cuentas. Tal vez haya que recordarles el artículo 2 de la primera Constitución del Perú, que este año cumple dos siglos frente al olvido generalizado: la nación “es independiente de la monarquía española, y de toda dominación extranjera; y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”.

https://larepublica.pe/opinion/2023/10/09/la-mafia-y-la-privatizacion-del-estado-por-cecilia-mendez-705176

https://www.leerydifundir.com/2023/10/peru-la-mafia-la-privatizacion-del-estado/

Perú: El gobierno de los muertos

Cecilia Méndez

"La violencia fundacional del régimen, y su afán de negarla con mendacidad audaz, es un factor clave para entender su ilegitimidad, su debilidad...".

El gobierno de Boluarte se inauguró matando. Es triste, pero cierto. Tres días después de recibir la banda presidencial de un Congreso que solo ayer la llamaba “terrorista” y planeaba desaforarla, seis jóvenes apurimeños de 15 a 21 años, hijos de campesinos de lengua materna quechua, fueron asesinados por proyectiles de arma de fuego disparados por la PNP en Andahuaylas y Chincheros (Apurímac).

Según el informe de Amnesty International, a David Atequipa Quispe, de 15 años, el proyectil le perforó el tórax desde atrás, lo mismo que a John Erik Enciso Arias, de 18 años, a quien los disparos le perforaron “el cráneo y la cara” por atrás, mientras observaba la protesta. Erik “soñaba con ser policía”. Junto él estaba Wilfredo Lizarbe, de 18, también baleado mientras observaba la protesta. Estudiaba en el internado de San Francisco de Abancay, revela La República, y quería ser enfermero.

Una suerte similar corrieron esos días otros tres jóvenes en Apurímac, y luego en otras regiones en las semanas siguientes, llegando a medio centenar los peruanos asesinados por su propio gobierno, entre manifestantes y transeúntes, siguiendo el mismo patrón. Los organismos internacionales han calificado las muertes, en su mayor parte, como ejecuciones extrajudiciales y, en algunos casos, masacres.

Por esos meses escuché decir a un comentarista en un podcast, en relación al gobierno de Boluarte, que había que separar “gestión” de “política”. Confieso mi perplejidad y preocupación de que alguien altamente instruido pudiera pretender separar en el “análisis” elementos de la realidad que están tan estrechamente entrelazados. En similar sentido, más recientemente, Augusto Álvarez Rodrich opinaba en este diario que impulsar la salida de Boluarte “por razones principistas vinculadas a las muertes de inicios de año” constituía un “activismo exagerado […] que mella la capacidad de análisis y de estrategia”.

Dejo a juicio de l@s lector@s decidir qué tan mellada pueda estar la “capacidad de análisis” de alguien por rehusarse a convertir un probable crimen de Estado en una simple “variable” a descartar, o si es posible ser “exagerado” cuando los derechos humanos están en juego. Pero sí estoy convencida de que nada de lo que ocurre políticamente en el Perú desde el 7 de diciembre no puede entenderse sin considerar las masacres y ejecuciones de los primeros meses del presente gobierno, que, además, repiten patrones históricos de violencia y racismo que debíamos haber superado, y en los cuales tendríamos que reflexionar con mayor intensidad estos días en que se cumplen 20 años de la entrega oficial del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Sin embargo, eso es precisamente lo que propone el gobierno: amnesia, y persiste en no reconocer su responsabilidad en los hechos. Pero las evidencias son demasiado copiosas como para pretender ocultarlos, y han producido suficiente dolor y agravio como para que se conformen los deudos, impactando al país entero y más allá de él. Este no es solo “su” problema, es el nuestro.

La violencia fundacional del régimen, y su afán de negarla con mendacidad audaz, es un factor clave para entender su ilegitimidad, su debilidad intrínseca, el repudio del 80 por ciento y la lógica con la intenta consolidarse en el poder.

Boluarte ha forjado un pacto de encubrimiento e impunidad –más que de gobierno– con diferentes poderes igualmente reacios a someterse a la justicia (aún dentro de las propias instituciones encargadas de administrarla): las FFAA y la Policía Nacional; grupos delincuenciales y de intereses privados que, con el nombre de “partidos”, operan en el Congreso; sus celadores en el TC y la Defensora del Pueblo; una fiscal de la nación con tesis fantasmas, grados académicos espurios y entregada a entorpecer las investigaciones que puedan comprometer a Boluarte y a las mafias que protege (aquí no entran las que involucran Pedro Castillo, por cierto); poderes mediáticos y empresariales. Es decir, el pacto es con los que perdieron la elección o nunca postularon.

De cara a la ciudadanía, la coalición de gobierno busca normalizar la barbarie ejerciendo una represión brutal en las marchas ciudadanas; con detenciones arbitrarias y hostigamiento a manifestantes y periodistas; mordaza para artistas disidentes, recortes presupuestales a las escuelas de arte; retiro de insumos para las investigaciones forenses; copamiento de entidades públicas con despidos arbitrarios y el remplazo de profesionales competentes con otros menos calificados, pero que ofrecen no “incomodar”.

Por su parte, el premier Otárola, responsable político de la masacre de Ayacucho, y negacionista acérrimo, ha puesto en marcha un plan para subsumir instituciones públicas de control en una todopoderosa PCM que él controlaría, a la usanza de Fujimori, como informa Hildebrandt en sus 13, mientras Boluarte busca quebrar la resistencia de las regiones con clientelismo y “divide y reinarás” característico de todo autoritarismo. A la coalición de gobierno solo le queda por tomar la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales para ejercer el control total del Estado.

En este marco, el Fondo Editorial del Congreso publica el libro Constitución política para escolares, donde presenta a Alberto Fujimori como un héroe salvador que nunca hizo un golpe de Estado. Se busca implantar una mentira oficial, irónicamente, en el preciso momento en el que se celebran los 20 años de la entrega oficial del Informe de la CVR ¿Mera coincidencia? Me parece positivo que se divulgue la Constitución vigente y sirva para propiciar debates informados y siempre que no se alteren sus contenidos ni el contexto.

Porque, aunque el fujimorismo que hoy cogobierna diga que defiende esa Constitución, son los que más la han modificado revelando que de lo que se trata es de impedir que la modifiquen otros…

¿Qué tal, entonces, si empezamos por practicar y hacer cumplir su artículo primero?: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

https://larepublica.pe/opinion/2023/08/29/el-gobierno-de-los-muertos-por-cecilia-mendez-1956630

https://www.leerydifundir.com/2023/08/peru-gobierno-los-muertos/