Perú: ¿Dina irá presa?

Luis Pásara

La mitad de los encuestados así lo creen pero…

Una reciente encuesta de CPI encontró que 50.7% de los consultados pronostican que la actual presidenta irá a prisión tarde o temprano. Aparte de la sorprendente confianza en la justicia peruana que está en la base de tal vaticinio, diversas contingencias intervinientes lo hacen, cuando menos, prematuro.

No vale la pena discutir ahora si es justo o no que se le procese por diversos asuntos, chicos o grandes: desde los relojes recibidos a cambio de incluir determinadas asignaciones presupuestales hasta la responsabilidad por las muertes en el Sur, pasando por el abandono del cargo para someterse a intervenciones estéticas. En fin, motivos para procesarla no faltan. La pregunta es si resulta factible hacerlo.

Hacerlo durante su mandato —al que le restan menos de doce meses— parece casi imposible. No solo por razones de tiempo en un sistema judicial irremediablemente lento sino debido a que su alianza con varios grupos parlamentarios —a quienes ha facilitado todo cuanto han querido aprobar y aprueban— probablemente la blinde durante el tiempo que le queda. A ningún grupo político que tiene expectativas de controlar parte del poder como resultado de las elecciones de 2016 le conviene introducir, a estas alturas, un factor disruptivo como sería la batalla entre ellos para poner en el cargo a un presidente transitorio o, más realistamente, para impedir que un grupo adversario lo ponga.

De modo que la cuestión es si Dina podrá ser sometida a proceso y encarcelada después del 28 de julio de 2026. Descartada por impensable la evasión que Alan García logró de manera expeditiva mediante un balazo, ¿qué alternativas le quedan?

Podría pensar en fugar. Más aún, lo debe haber pensado: en alguno de esos viajes inútiles —que parecen ser uno de sus placeres en el cargo— que el Congreso autorice en estos meses, tomar las de Villadiego y, simplemente, no volver. Lo ha hecho exitosamente ese exjuez supremo que avergüenza a nuestro sistema de justicia, se llama César Hinostroza y vive en Bélgica, país con el cual el Perú no tiene convenio de extradición. ¿Dina se instalará en ese país, acaso cerca de ese otro sujeto reprobable?

De cualquier otro país se le podría extraditar, como bien ha tenido que aprender “el cholo sano y sagrado” quien, a diferencia de su mujer, Eliane Karp, no se benefició de la protección del Estado de Israel para evitar la acción de la justicia. Dina tampoco tiene aliados políticos en el plano internacional, a diferencia de Nadine Heredia, quien se ha refugiado en Brasil con las seguridades que puede darle el presidente Lula… mientras esté en el cargo.

Vistas las dificultades que plantea una fuga del país, a Dina Boluarte le quedan sus vínculos internos, que no son precisamente sólidos. En esas condiciones enfrenta a un aparato judicial que, en sentido contrario a una larga tradición de sumisión al poder, ha dado algunas señales que indican que esta vez está dispuesto a ejercer su responsabilidad de oficiar como contralor del ejercicio del poder.

En particular, la Fiscalía de la Nación —una vez que se libró de Patricia Benavides— ha dado pasos en la dirección que le corresponde. Y, aunque hasta ahora solo ha hecho algunos gestos significativos de actuación independiente del poder político, han sido suficientes como para que el Congreso y ese organismo degradado en el que se ha convertido la Junta Nacional de Justicia estén amenazando con descabalgar a los fiscales supremos a quienes consideran un riesgo para la forma en la que los políticos actuales hacen uso del poder.

Por supuesto que entre las razones de tal intervención la suerte judicial de Dina Boluarte no ocupa un lugar de importancia. Suficientes congresistas tienen problemas con la justicia como para apetecer desesperadamente controlarla y salvar el pellejo. Pero, si la operación política se culminara exitosamente, ella podría ser una beneficiaria; menor, pero beneficiaria, siempre y cuando pueda ofrecer, en estos meses, algo a cambio de que un Ministerio Público con gentes de confianza de sus aliados pueda limpiarla de polvo y paja.

Esa partida se juega ahora y tendrá que definirse antes del 28 de julio. Si la jugada contra el Ministerio Público no fuera exitosa o si lo fuese pero Boluarte se hubiera convertido en una pieza sin interés ni valor para sus actuales aliados políticos, ella tendría que vérselas con la justicia.

Empezaría entonces otro capítulo, el del enjuiciamiento en el Poder Judicial. Allí, como sabemos, unas son de cal y otras de arena. Pero todavía estamos lejos de eso. Antes hay mucho por definir. Lo suficiente para que entretanto Boluarte, con la fachada remodelada y la agotadora disyuntiva de qué reloj ponerse hoy, no pueda dormir bien.

https://luispasara.lamula.pe/2025/07/31/dina-ira-presa/luispasarapazos/

https://www.leerydifundir.com/2025/09/peru-dina-ira-presa/

Perú: Asaltantes frustrados (por ahora)

Ronald Gamarra

"Siento que buena parte de la jerarquía fiscal no ha defendido la institucionalidad como corresponde"

Hacia el martes pasado, el presidente de la actual Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, instrumento del pacto corrupto –no actúa por su cuenta, no tiene temple, ni correa para eso–, apostaba todo a una intervención por vías de hecho sobre la Fiscalía de la Nación para imponer por la fuerza a Patricia Benavides en ese alto cargo, del cual había sido debidamente destituida por encontrarse involucrada en varios delitos sobre los cuales hay investigaciones en curso.

Llamaba públicamente a la policía a asaltar el Ministerio Público. En privado, maldecía. El embate malandro era contra la legítima Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, elegida como corresponde por la Junta de Fiscales Supremos, la cual quedaría destituida de facto, a la mala, sin que medie proceso ni causa alguna, simplemente porque alias Vane debe regresar, sí o sí, según la absurda e ilegal decisión de la JNJ.

Ríos Patio se dirigió por escrito al comandante general de la Policía para que esta imponga el cumplimiento de la resolución de la JNJ que limpia de polvo y paja a Patricia Benavides y la entroniza como Fiscal de la Nación. Ya la policía había adelantado posición hace varios días, cuando dispuso otorgar custodia de seguridad oficial a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación y al dirigirse a la Fiscal de la Nación legítima como “fiscal superior”. El terreno, pues, estaba preparado para imponer por la fuerza, literalmente a mano armada, la toma de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público.

Pero en junio hay milagros y esto no ocurrió. Cuando todo estaba dispuesto para el crimen, en momentos en que el pacto corrupto se aprestaba a dar el zarpazo, Segismundo León, juez supremo de investigación preparatoria, suspendió en el ejercicio del cargo a Patricia Benavides, por 24 meses, por hechos perpetrados en su posición de Fiscal de la Nación, al constatar la existencia de un riesgo concreto, actual y grave de afectación al sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad. Es decir, de uso instrumental del poder institucional para fines ilícitos. Esta medida fue adoptada en el curso de una de las investigaciones que se le sigue por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento personal. La decisión suprema es de obligatorio cumplimiento, y aun cuando sea materia de impugnación, no será resuelta antes del 1 de julio, fecha hasta la que –en el mejor de sus sueños– Vane podría detentar el cargo de Fiscal de la Nación.

Claro que ahora los tiros se multiplicarán desde el Congreso. El Ministerio Público, visto como botín por la mugre, intentará la intervención de la entidad, de forma directa y desembozada, o a través de una reorganización, mayor limitación de facultades, procesos constitucionales, inhabilitaciones, destituciones y habilitaciones. Tendrá que prepararse para enfrentar lo que se viene, esquivar los cuchillos que le lanzarán y la basura que le tirarán.

Fracasada la intentona por parte de la presidencia de la JNJ, puesta allí como una de sus herramientas para eso, los verdaderos poderes tendrán que aparecer, abiertamente: el pacto corrupto articulado por el fujimorismo, en el Congreso, con la conspicua colaboración del cerronismo, y el gobierno de Dina Boluarte, obsecuente y servil a todos los apetitos de la mugre, a cambio de protección e impunidad para ella misma. Articularán y madurarán nuevos trapicheos. En este escenario, para el pacto corrupto todo es coordinable, incluso reconciliar a Dina Ercilia con la Vane. Recordemos que, cuando fue destituida, Patricia Benavides descargó su ira directamente contra la Boluarte, e incluso formalizó contra ella una acusación constitucional por los múltiples homicidios en las manifestaciones de diciembre 2022 y enero 2023. Ahora, si no lo han hecho ya, tendrán tiempo de explicarse, llorar juntas, darse cuenta de que les conviene compartir el mismo barco y afanarse la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público todo. Luego también irán por el Poder Judicial.

La maniobra con la cual el pacto corrupto insistirá en el asalto a la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público presentará las cosas como un conflicto entre dos señoras que se disputan un cargo, como una crisis en la cumbre del Ministerio Público, o a lo sumo como un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, en el cual el Ministerio Público aparece como la entidad rebelde, díscola, a la cual hay que “disciplinar” a punta de porrazo, pistola policial y chavetazo congresal.

Aún hoy, la resolución de la JNJ que restituye a Patricia Benavides continúa en el total misterio. Nadie la ha visto. Apenas se conoce un texto firmado por el presidente de la JNJ, cuando la ley exige que este tipo de decisión sea aprobado por unanimidad. Unanimidad, que no es igual a mayoría de los presentes. Se trata, hasta el momento, de una resolución fantasma, de la cual no se conoce ni siquiera que en realidad haya sido suscrita por los que estuvieron presentes en su aprobación. Me imagino a Ríos Patio persiguiendo a alguno de sus colegas de la JNJ que se niega a firmar la aberración que ha presentado. ¿Por eso también el apuro de recurrir a la policía antes de que se descubra que en realidad no hay resolución válida?

Un apunte final. En esta avanzada contra el Ministerio Público, siento que buena parte de la jerarquía fiscal no ha defendido la institucionalidad como corresponde, quizá a la espera de la consumación o no del asalto, sea para permanecer en sus sillas, conservar sus medallas y recibir la remuneración sin sobresaltos, sea para acomodarse con los otros supremos que vendrán, sea porque aspiran a ser promovidos a supremos, sea porque les gana el encono o la rivalidad interna. Los siempre locuaces, esta vez callaron. Los mediáticos, optaron por esconderse. Muchos otros –demasiados– solo fueron ajenos espectadores.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 27/06/2025

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Perú: Asaltando la Fiscalía

Ronald Gamarra

"¿Desde cuándo la JNJ designa al fiscal de la nación?"

La coalición corrupta que ejerce el poder desde el Congreso se ha propuesto tomar por asalto y apoderarse, de una vez por todas, de la Fiscalía de la Nación, que es la máxima autoridad del Ministerio Público. Unos con chaira en la mano y proyectos ruines, otras con bisturí en la ñata y recorte de presupuesto, y terceros con resoluciones torcidas dictadas para causar el caos e imponer a una de las suyas. Todos lanzados a la intervención de la institución donde se ventilan importantes investigaciones contra ellos por graves delitos de corrupción en sus diversas formas y por la muerte de ciudadanos que hacían uso de su derecho a la protesta. Todos unidos en el objetivo –perseguido con encono y sin fatiga desde hace ya varios años– de acanallar y aplastar al Ministerio Público.

El llamado de Pedro Castillo a la ruptura del orden constitucional fue sucedido por una coalición de intereses corruptos que desarrollan un golpe de Estado continuado desde que se hicieron del poder. Incluso desde antes. El objetivo de apoderarse de los organismos autónomos del Estado y controlarlos directamente a través de personajes obsecuentes se vio desde el momento en que el fujimorismo y la ultraderecha consiguieron el apoyo incondicional de un cerronismo de ultraizquierda hipócrita. De la mano, muy juntitos, cumplieron su primer cometido al designar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, todos al servicio de la coalición congresal, con alguna excepción honrosa.

Luego no les fue difícil tomar el control de la Defensoría del Pueblo a través del abogado de Vladimir Cerrón, cuya gestión se ha caracterizado por el abandono total de la función de defender los derechos de las personas para convertirse en instrumento y vocero de las posiciones más reaccionarias y adversas al respeto a los derechos fundamentales. Controlar la Defensoría del Pueblo era un asunto clave, porque corresponde a esta entidad presidir y conducir el proceso de designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

A su vez, la Junta Nacional de Justicia fue objeto de una continua agresión por parte del Congreso, que se propuso destituir ilegalmente a todos sus integrantes. Al encontrar una inesperada resistencia de los miembros de aquella JNJ, trataron por todos los medios de destituir al menos a tres de ellos. Finalmente fracasaron. Pero allí entró entonces a tallar el inefable Defensor del Pueblo actualmente en funciones. Y este señor se encargó del proceso de nombramiento de una nueva JNJ, que es la actual, que al igual que el Tribunal Constitucional está conformada por gente alineada casi totalmente con la mayoría congresal.

Esta nueva JNJ está tan parcializada hacia los intereses nada santos que entre las primeras cosas que está aprobando se encuentra la rehabilitación y la pretendida reincorporación, al servicio, de magistrados lastrados por investigaciones y conductas culpables que en su momento justificaron plenamente la sanción que se les impuso. Esta última semana, por ejemplo, lo ha hecho con el exfiscal supremo Tomás Gálvez, que ahora tendría la vía expedita para volver a sentarse en la junta de fiscales supremos.

Pero la cereza de la torta es la anulación de la destitución impuesta a Vane, también conocida como Patricia Benavides, y su supuesta restitución como Fiscal de la Nación. Al mismo tiempo cancelan la expulsión de la exjuez superior Enma Benavides y ordenan su regreso. La JNJ se ampara para sus decisiones arbitrarias en supuestos vicios procesales, que inventan con torpeza y sin vergüenza. Pero no ven el prontuario que adorna la carrera de estos exmagistrados y el porqué se les destituyó. A esta JNJ parece no preocuparle que la exjuez superior Enma Benavides afronte ahora mismo investigaciones penales por favorecer a narcotraficantes en el ejercicio de su función. Tampoco le inquieta que Tomás Gálvez, al igual que Enma Benavides, formase parte conspicua del entorno del juez hermanito César Hinostroza, prófugo de la justicia, que parece conservar un enorme poder.

Patricia Benavides, por su parte, tiene un legajo de investigaciones penales en pleno trámite. Aun así, los integrantes de esta nueva JNJ, salvo el honorable doctor Francisco Távara, pretenden imponerla como Fiscal de la Nación. Al modo malandro, apuñalando la institucionalidad y el derecho. Resolución absurda, además de anticonstitucional, pues se pronuncia sobre una materia que está pendiente de exclusiva decisión en el Poder Judicial, ha sido adoptada sin la unanimidad de votos conformes exigida, y se atribuye una competencia que, de manera excluyente, es de la Junta de Fiscales Supremos. Así, la mayoría de la JNJ apunta a la destitución de hecho a la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, que actualmente ejerce el cargo, elegida de acuerdo al procedimiento constitucional hace menos de un año. ¿Desde cuándo la JNJ designa al fiscal de la nación? ¿Desde cuándo la JNJ destituye sin proceso a una fiscal de la nación debidamente elegida según los requisitos de la Constitución?

Al momento de cerrar este artículo, cinco días después de emitida la resolución que rehabilita y repone a Patricia Benavides, la JNJ no ha sido capaz de dar a conocer el texto de su resolución debidamente suscrita por todos sus miembros, los siete, pues la ley exige para amparar este tipo de recurso que la decisión sea unánime. Unánime. Y, sin embargo, sin contar con una resolución emitida de acuerdo con los requisitos mínimos, el lunes Vane, resguardada por matones y alentada por la pestilencia, intentó hacerse de la Fiscalía de la Nación mediante un golpe de mano.

A estas alturas no está claro en qué ha de quedar este caos creado y estimulado por la gente del pacto corrupto. La Fiscal de la Nación Delia Espinoza ha rechazado con decisión la supuesta resolución de la JNJ y ha denunciado que se intenta un golpe de Estado. Es cierto.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 20/06/2025

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Perú: ALBERTO Y KEIKO EN LA PICOTA

Natalia Sobrevilla

Mañana lunes, primero de julio, se inicia el juicio oral a Keiko Fujimori. La excandidata presidencial enfrenta una serie de acusaciones con respecto a la financiación de sus campañas de 2011 y 2016. La Fiscalía peruana ha solicitado treinta años de prisión por liderar una presunta organización criminal.

El denominado Caso Cocteles no se sustenta simplemente en que Keiko haya recibido, sin haberlos declarado, un millón de dólares procedentes de la famosa “caja dos” manejada por el consorcio brasilero Odebrecht, además de 3.6 millones de dólares del presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoleti. La acusación se basa además en que la encausada ocultó los aportes, declaró que habían venido de falsos aportantes, y hasta sus agentes llegaron a amenazar a algunas de las personas que supuestamente los habían llevado a cabo.

Keiko Fujimori ya ha estado en prisión preventiva en dos oportunidades por este caso: la primera, de noviembre de 2018 a noviembre de 2019; y la segunda, cuando en enero de 2020 le fueron dictaminados otros quince meses de prisión preventiva. En mayo de ese mismo año, un tribunal de apelaciones ordenó su excarcelación debido al temor a que se contagiara de coronavirus, previo desembolso de 20 500 dólares.

En el año 2021, volvió a postular a la presidencia de la República y estuvo muy cerca de ser elegida. Tras la victoria de su rival Pedro Castillo, Keiko Fujimori acusó a las autoridades electorales de haber organizado un fraude en su contra. A pesar de que no se encontró prueba alguna y de que en estos momentos gobierna quien fuera el número dos de esa fórmula electoral —paradójicamente con el apoyo de Fujimori y sus congresistas—, ahora que se inicia el juicio, la excandidata y acusada ha sacado a relucir una vez más las acusaciones de complot contra su figura, aduciendo que los fiscales que la investigan están coludidos con el fraude.

En los últimos meses, la arremetida contra los órganos judiciales, y en particular contra el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, se ha intensificado en grado sumo, ya que el Congreso busca dominar todas las instancias independientes que intentan hacer frente al fujimorismo. Fue por ello que la destitución de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, cesada por interferir en una investigación contra su hermana, ha resultado fundamental en el saneamiento y garantía de imparcialidad de nuestras instituciones.

Benavides era una pieza clave para impedir que varios casos sonados, entre ellos el de Fujimori, llegaran a juicio. Pero la imposibilidad de revertir ese proceso, así como la dificultad de desmantelar la Junta Nacional de Justicia, ente que regula la función de los miembros de la Fiscalía, han permitido que los juicios sigan su curso y que, finalmente, se vaya a iniciar la causa oral en contra de Keiko Fujimori y los casi cuarenta implicados en las acusaciones. En las últimas semanas hemos presenciado toda una serie de iniciativas para evitar lo inevitable.

Dado que se ha roto el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, a efectos prácticos la presidenta hace lo que se le manda desde el Congreso y únicamente desde la Fiscalía se le busca imponer límites. Es así que la mayoría de los legisladores han decidido dinamitar el estado de derecho con una serie de reformas constitucionales que son aprobadas a la velocidad del rayo en legislaturas extraordinarias. Algunas de esas reformas han sido validadas en clara oposición a disposiciones internacionales y tratados que ha firmado el Perú, como la propuesta de que prescriban los casos de lesa humanidad, desatino que atenta contra toda la jurisprudencia al respecto.

Es por ello que la Junta de Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales ha rechazado las medidas adoptadas por el Congreso, calificándolas de un atentado contra el Ministerio Público y advirtiendo de que ponen la democracia en peligro. Entre las medidas rechazadas, destaca la propuesta de hacer desaparecer la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura, además de la propuesta del partido Perú Libre de modificar el Código Penal para dificultar las investigaciones al crimen organizado. En una medida tan excepcional que nos debería advertir de lo alarmante de esta situación para el país, los fiscales exhortaron a los ciudadanos a defender la democracia, así como pidieron a la Presidenta Boluarte que cumpla con su obligación de no alentar aquellas leyes propuestas que pongan en riesgo la independencia de poderes.

Entre la legislación problemática que se trata de implementar en esta legislatura, nos encontramos también con el proyecto de normativa que permitiría a Alberto Fujimori presentarse a las próximas elecciones. Desde su irregular excarcelación en diciembre del año pasado, supuestamente por hallarse al borde de la muerte, el expresidente se ha involucrado de forma cada vez más activa tanto en redes sociales como en el espacio público. Lo milagroso de su recuperación habría influido sin duda en su decidida inscripción en el partido de su hija.

El aumento progresivo de su presencia en el ruedo político acabó la semana pasada cuando se habló de una rotura de cadera y una supuesta operación que pondría una vez más su salud en riesgo. A pesar de ello, las imágenes de Fujimori descendiendo ágilmente de la ambulancia que lo transportó a la clínica nos hacen sospechar que su estado no es tan grave. La nueva opereta melodramática coincidió además con la orden de una juez chilena garantizando que procedía la extradición del exmandatario por crímenes de lesa humanidad.

Se abre así un nuevo capítulo en este último tramo de la nefasta presidencia de la señora Boluarte: todos los indicios parecen confirmar que la familia Fujimori tendrá finalmente que enfrentar la justicia. Esto sucederá además en pleno teatrillo electoral en el que, de una manera u otra, también participarán padre e hija.

A nosotros solo nos queda hacernos una pregunta de respuesta largamente pospuesta con miles de artimañas: ¿por fin les habrá llegado a Alberto y Keiko la hora de la verdad?

https://jugo.pe/alberto-y-keiko-en-la-picota/

https://www.leerydifundir.com/2024/07/peru-alberto-keiko-la-picota/

Perú: Artículo 46

César Hildebrandt

Creí que todo estaba perdido, pero no. En el túnel en el que languidecemos ha aparecido, otra vez, una luz.

Empieza a entrar en vigencia el artículo 46 de la Constitución, ese que nos libera de obedecer a un gobierno usurpador.

Es la Fiscalía la que se suma a la hasta hoy discreta trinchera de resistencia frente al hampa legisladora acovachada en el Congreso.

Resulta que la Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú, en representación de todos los miembros del Ministerio Público, han salido a decir, en un comunicado, que algunas de las últimas medidas tomadas por el Congreso golpista “colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y las funciones asignadas al Ministerio Público…”.

Así de claro.

El Ministerio Público se refiere a las inminentes “leyes” que proceden del antro congresal y que tienen que ver con la reorganización de la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía, el predictamen que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional en desmedro de los fueros fiscales.

No sólo eso. La Junta de Fiscales Supremos, en otro valeroso gesto de legítima insumisión, afirma que la ley que intenta la prescripción de los delitos de lesa humanidad es abiertamente inconstitucional e “inviable jurídicamente”. Y señala que su aplicación significaría el injusto archivamiento de unos 600 procesos en curso, incluidos los de Chuschi, Huanta, Accomarca, Putis o Cantuta-Pativilca.

El 2 de junio el Fiscal de la Nación ya había sostenido que el pandillero dictamen aprobado en torno al crimen organizado “afectaría la eficacia de los allanamientos y lesionaría las facultades de la Fiscalía para perseguir el delito”.

Mientras tanto, la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma afirma que “la población tiene el derecho a la insurgencia” como rechazo a la pretensión del Congreso de secuestrar los sistemas judicial y electoral.

Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preocupa y vigila.

Y la relatora de Naciones Unidas observa desconfiada la situación del Perú capturado por los partidos-maras.

El hampa congresal está preocupada. Por eso ha salido a rechazar el comunicado de los fiscales unidos.

Lo que más le duele son los puntos tres, cuatro y cinco del trascendental pronunciamiento:

“3.- EXIGIR a los integrantes del Congreso de la República el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país.

4.- CONVOCAR a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que se pretende socavar, de aprobarse los Proyectos de Ley.

5.- EXHORTAR al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación”.

¡Apuntaron a la madre del cordero!

Porque aquí el problema es que el Congreso de los delincuentes puede gobernar porque así lo ha decidido la protodelincuente que tenemos en Palacio. Ni siquiera lo ha decidido: se lo impuso la alianza de la derecha pútrida, encabezada por el fujimorismo, la izquierda nicaragüense de los Cerrón y sus judas andinos y las patotas de César Acuña, los nosequienes de Somos Perú, las Pompadour de Avanza País y los Cochrane de lo que fue Renovación Popular.

El constitucionalista Omar Cairo también cita, como posible salida democrática, el artículo 46 de la Constitución. ¡No estamos solos!

La señora Boluarte está nerviosa.

Ella estaba convencida de que todo se había arreglado, que el camino a la indignidad tenía alfombra roja, ramos de flores, sobones que cobran cual ministros, edecanes.

Ahora ve que no es así y que los primeros asomos de rebeldía constitucional acaban de brotar.

Los peruanos, empezando por los fiscales, han decidido actuar y sublevarse.

Es lo que cabe frente a un régimen que encarna el crimen en sus múltiples facetas.

No hay nada político que discutir con las organizaciones que han copado el Congreso. No son partidos los que están allí al frente de las comisiones claves y tomando decisiones en las juntas de portavoces. Son siglas que nada significan, franquicias que pueblan, mayoritariamente, forajidos salidos de las ruinas de la partidocracia.

No hay debate racional posible con quienes han dado un golpe de Estado congresal para lograr que el crimen cunda, la informalidad se normalice y la impunidad se extienda, cual máquina del tiempo, retroactivamente.

Y no puede haber consideración democrática alguna con una señora que va a Palacio a fingir que gobierna. Estamos frente a un gobierno ilegal, socialmente repudiado y probadamente vinculado a sórdidos intereses. Un régimen al que se treparon, para coparlo, los derrotados en las últimas elecciones.

Los fiscales nos han dado el ejemplo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 690 año 14, del 14/06/2024

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Perú: Están destruyendo el país

Rodolfo Sánchez Aizcorbe

La labor destructiva del Congreso y sus satélites no se detiene. Toda institución que mostraba independencia y funcionaba relativamente bien ha sido copada ya o destruida. Si aún no lo han hecho, la tienen ya en la mira. Toda ley que favorezca sus intereses políticos o particulares, o los de sus redes clientelares, ha sido aprobada ya o existe como proyecto de ley.

Convirtieron a la Sunedu, pieza clave para la educación de los jóvenes y el desarrollo del país, en una institución fantasmal para beneficiar a los dueños de las universidades-cascarón en perjuicio de los estudiantes. En el festín subsiguiente se han abierto o están en proceso de abrirse cientos de carreras y escuelas sin ningún control de calidad. Mercantilismo puro.

Recientemente han logrado inutilizar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejándola sin quorum. Violando la ley y la Constitución removieron a Inés Tello y Aldo Vásquez con pretextos absurdos. La realidad es que Tello y Vásquez, por su independencia y su conducta sin tachas, eran un estorbo para un Congreso corroído por la corrupción y dominado por mafias.

Contaron para ello con la complicidad del Tribunal Constitucional (TC), al que habían capturado previamente. El TC facilitó además que un oscuro personaje, que antes había sido descalificado, integrara la JNJ. No sorprende que el magistrado en cuestión, una vez nombrado, fuera el único en oponerse a ratificar a Piero Corvetto como jefe de la ONPE.

Dado que la JNJ ha quedado con menos integrantes, ese voto fue decisivo. Todo salió a pedir de boca de los intereses turbios que dominan el Congreso. Ahora irán por el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas. Como en el caso de Tello y Vásquez, la conducta profesional e independiente de Corvetto y Arenas estorba al Congreso.

El corolario es sencillo: si se remueve a profesionales del sistema electoral que cumplen su deber bajo la acusación falsa de haber participado en un fraude, es evidente que lo que realmente se busca es controlar el sistema. Los partidos que dominan el Congreso saben perfectamente que sin elecciones amañadas no tendrán ninguna opción.

Y cómo podrían tener alguna opción si, a pesar del aumento de la pobreza, la recesión, el déficit fiscal y la baja en la calificación crediticia, ellos se suben el sueldo, se otorgan bonos y se aumentan el presupuesto. Es el descaro absoluto. Por eso tienen sólo un dígito de aprobación. Pero ellos no se dan por aludidos.

Lo mismo puede decirse del gobierno, socio de la mayoría congresal dominante. Estando el país en crisis y con 60 muertos encima, la presidenta Dina Boluarte se adornaba con lujosas joyas mal habidas y se hacía arreglos estéticos faciales abandonando temporalmente el cargo. Pero el Congreso no la vacará. Ambos se necesitan y se tapan mutuamente.

Precisamente para ese mismo fin de tapar corruptelas o crímenes requieren que Benavides vuelva a la Fiscalía de la Nación. Sólo personajes turbios y manchados son útiles a sus intereses. Una razón adicional para sacar de la JNJ a Tello y a Vásquez. La JNJ no tiene ahora miembros suficientes para destituir a Benavides.

En suma, el Congreso y el gobierno, al mismo tiempo que destruyen la democracia, sus instituciones y llevan al Perú al despeñadero, concentran más poder político en sus propias manos y se benefician económicamente del presupuesto nacional. Y ninguno llega al 10% de aprobación. Esto puede acabar muy mal.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 686 año 14, del 17/05/2024

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Perú: La mafia y la privatización del Estado

Cecilia Méndez

“Benavides ha conseguido lo que el exfiscal Pedro Chávarry quiso, pero no pudo porque la movilización ciudadana lo obligó a dar marcha atrás”.

El espectáculo de los agentes de la Fiscalía cargando con las ánforas que contienen los votos de la última elección presidencial en Guatemala es uno los más grotescos, pero representativos de la degradación de la política y la democracia de que hemos sido testigos en los últimos años en el continente e inaugura una nueva modalidad de golpe de Estado y Gobierno autoritario, distinto no solo a las dictaduras militares de los tiempos de la Guerra Fría sino de aquellas instauradas por los caudillos que ganan elecciones para luego atrincherarse en el poder, que plagan la historia de la última centuria en Hispanoamérica.

Fujimori, Bukele, Ortega, Chávez y Maduro, son solo ejemplos recientes. Pero lo que destaca en el caso de Guatemala –y por eso es el espejo en que debemos mirarnos hoy– es que el latrocinio de los votos con el fin de subvertir un resultado electoral legítimo es perpetrado por los agentes de las propias instituciones del Estado encargadas de impartir justicia, en este caso, la Fiscalía, pervirtiendo su razón de ser, por no hablar del atentado contra el principio de separación de poderes sin el cual no hay democracia posible. En Guatemala la verdad es delito y por eso, periodistas y jueces probos han sido encarcelados u obligados a vivir en el exilio.

En el Perú, Patricia –alias Blanca Nélida– Benavides, que ostenta el título de fiscal de la Nación, pero que ejerce en la práctica como fiscal de la mafia, está llevando al Perú al despeñadero guatemalteco. En las últimas semanas, ha dado una estocada mortal a los equipos de fiscales que investigan los dos megacasos de corrupción más importantes del Perú: el de los Cuellos Blancos, o la mafia de los “hermanitos” enquistada en la administración de justicia, removiendo a tres fiscales que estaban a poco de formular acusación tras tres años de investigación; y la de Lava Jato, que involucra a expresidentes, políticos y empresarios, inhabilitando por ocho meses al jefe del equipo de fiscales, Rafael Vela, con argumentos insostenibles y más remociones de fiscales claves.

Puede hacerlo porque no está sola. La aplauden y celebran el Congreso, Ejecutivo y el TC, cierta prensa; la apoyan operadores de las antiguas mafias aprofujimoristas en los círculos judiciales, como lo muestra un reciente reportaje de Eloy Marchan en Hildebrandt en sus trece.

Benavides ha conseguido lo que el exfiscal Pedro Chávarry quiso, pero no pudo porque la movilización ciudadana lo obligó a dar marcha atrás, saliendo en defensa de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, y fue Chávarry el destituido. De eso hace menos de un lustro, pero parecen años luz. Hoy, Blanca Nélida II avanza arrolladoramente, y sin resistencia ciudadana, por la reconquista del Poder Judicial y la Fiscalía por las mafias, con la complicidad tácita de Boluarte y Otárola que, teniendo las manos manchadas de sangre, están igualmente internados en la impunidad.

No es que la gente esté feliz con este estado de cosas, como lo demuestran las encuestas, sino que la mafia –una confluencia de intereses delictivos unidos por el uso privado de sus cargos públicos y la búsqueda de impunidad– dispara por todos lados sembrando miedo, amordazando, amenazando con judicializar a sus críticos, intentando convertir derechos como el de la protesta y la información en delitos, hostigando a opositores, periodistas y “reglando” hasta sus propias víctimas, para evitar que la verdad que los compromete se conozca y puedan mantenerse en sus puestos impunemente.

Se necesitaría una alerta sobrehumana para responder a ese bombardeo cotidiano, ubicuo y degradante. Hablo de Lima, claro, y de sectores urbanos de clase media que antes solían movilizarse bajo las banderas del antifujimorismo. Hoy, la vanguardia política son los campesinos, especialmente del sur, y en particular Puno. Son ellos los que en sacrificadas marchas y aun a costa de vejámenes y hostigamiento despertaron a la anonadada Lima. Aunque a muchos no les guste reconocerlo, el campo despertó políticamente a la ciudad.

Más allá de la coyuntura, un tema de fondo que no se suele tocar cuando se habla de la muerte de la democracia y la degradación de la política es la extinción de los intelectuales, entendidos como el “sector ilustrado” que ejerce el pensamiento crítico; el que debería dar la voz de alerta contra el abuso del poder y las dicotomías fáciles que eliminan la necesidad de pensar y, por tanto, de hacer política.

No los veo y no los oigo desde hace tiempo, y esta virtual extinción creo que debe de ir más allá del efecto Twitter. El antiintelectualismo fue intrínseco al modelo de sociedad que se impuso en los noventa y que convirtió toda crítica al mismo en “terrorismo”. Tabú criticar el mito del emprendedurismo, no aplaudir el “mercado”, decir que el Estado debía velar por el bienestar social. La desregulación económica terminó desregulándolo hasta la ética. Pero aunque lo que hoy vivimos es el efecto lógico de este modelo del “sálvese quien pueda”, y el modelo está muerto, la minoría que lleva la batuta sigue apostando por él sin darse cuenta que alimenta un cadáver en avanzado proceso de descomposición.

El modelo privatizó todo, hasta el propio Estado, reemplazando la idea del servidor público por el del “tecnócrata”, y hoy ha devenido en poco más que un mercader de intereses privados, usualmente delictivos, siendo el Congreso el producto más extremo del modelo.

Por eso, cuando digo que Benavides es solo nominalmente la fiscal de la Nación, pero en la práctica es la fiscal de la mafia, no lo digo como hipérbole. Porque la nación somos todos, pero ella, como los otros miembros de la coalición que gobierna, parece trabajar para grupos privados y sin rendir cuentas. Tal vez haya que recordarles el artículo 2 de la primera Constitución del Perú, que este año cumple dos siglos frente al olvido generalizado: la nación “es independiente de la monarquía española, y de toda dominación extranjera; y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”.

https://larepublica.pe/opinion/2023/10/09/la-mafia-y-la-privatizacion-del-estado-por-cecilia-mendez-705176

https://www.leerydifundir.com/2023/10/peru-la-mafia-la-privatizacion-del-estado/

Perú: No era ese el camino

César Hildebrandt

En este semanario, como les consta, le hemos pedido varias veces al presidente de la república que renuncie.

Lo he escrito más de una vez, hasta la náusea: Castillo tuvo la oportunidad de su vida y decidió portarse como un truhancillo.

García sustrajo recursos aduanales, Fujimori abrió bóvedas de la reserva monetaria, Castillo se quedó con los vueltos y fue el foraja del cajón sin llave. Igualito es: más allá de los montos y ambiciones, el maestro que encarnaba la esperanza ha terminado en su breve muladar. Le dieron un gobierno y él creyó que estaba administrando la bodeguita del medio (pelo).

Pero esto ya lo sabemos desde hace meses y los lectores de este semanario se han enterado en sus páginas de todas las pillerías tramadas con el consentimiento o gracias a la inspiración del señor Castillo Terrones. Eso está claro.

Pero también está claro que lo perpetrado por la Fiscal de la Nación y sus incondicionales no es la Acusación Constitucional que prometieron entregar. El documento ofrecido era una pieza argumental que demostraría de modo suficiente que Castillo había incurrido en encubrimiento y obstrucción de la justicia, lo que habría hecho posible que se le atribuyera una infracción constitucional digna de un juicio político y –eso dependía del Congreso– de una consiguiente destitución.

Ese era el camino limpio, claro, constitucional, democrático, civilizado. La Fiscal Benavides, sin embargo, ha optado por la oscuridad y ha construido un alegato digno del jirón Azángaro.

He leído algunas de sus páginas más significativas y lo que encuentro es una sucesión de decires que provienen de gente sometida a prisión y ansiosa por obtener indulgencias procesales. La Fiscalía ha ensuciado el juicio constitucional que merece el señor Castillo con una retahíla de delaciones zurcidas que en muchos casos plantean escenarios inverosímiles y contradictorios. ¿Es creíble, por ejemplo, que Nicolás Maduro le dijera a Castillo, por teléfono, que contaba con todo su respaldo para asilar a Bruno Pacheco y a dos de sus sobrinos, tal como lo sostiene el colaborador eficaz de Código CE03-2022? ¿Quién pudo asistir a ese diálogo espinoso? Y si eso fue cierto, ¿por qué no se dio, al final, el tal asilo? ¿Es razonable aceptar, tal como lo dice otro delator premiado, que el prófugo Pacheco, acosado y furioso, admitió como compensación a su silencio la oferta de Castillo de nombrar al jefe de la Autoridad Nacional del Agua? Y si eso fue así, ¿por qué, a los pocos días, salió Pacheco a decir que estaba dispuesto a colaborar con la justicia? El dueño de la clínica La Luz ha dicho que le entregó 50,000 soles a Bruno Pacheco y Yober Sánchez, sobrino de Juan Silva, afirma que fue testigo de esa dádiva mugrienta. Hasta allí, todo bien. Entonces aparece, de la manga de la Fiscal Benavides, un añadido colaborador eficaz que dice: “Yo sé que 30,000 de esos 50,000 eran para el presidente Castillo”. ¿Cómo? ¿Así se levanta el edificio de una acusación en contra del presidente de la república? ¿A falta de váucheres e investigación efectiva, la magia de los testimonios, los eslabones forzados?

Esto no es serio. No es digno. Da vergüenza. Lo que hubiera podido ser una gran misión higiénica, a partir de hechos públicos que tenían peso específico y resultaban devastadores para Castillo, se convierte en un texto chiflado y odioso redactado por abogados de tercera y fiscales vicarios.

El país necesita una salida honorable. Nos urge abandonar el callejón asfixiante en el que nos han metido. Pero como estamos marcados por alguna maldición, resulta que quien nos viene a salvar es la doctora Benavides, la que protege a su hermana acusada de favorecer a grandes narcos por dinero, la que paporretea discursos ciceronianos con ademanes de velada escolar.

O sea que al presidente lumpen lo persigue ahora una Fiscal de los arrabales de la magistratura. Y su segunda de a bordo, la doctora Barreto, disfrazada de amante de Atila, sale a decir que los inocentes tienen que probar su inocencia. Un grito de huno la celebra.

Y va el señor Vela, que funge de comedido, y felicita a la doctora Benavides. Como si estuviéramos en el Brasil de Moro y Lula.

A mí no me cabe duda de que la Fiscalía de la doctora Benavides actúa ahora concertadamente con la oposición más dura. Los que amaron a Blanca Nélida Colán, coautora al lado de Fujimori de algunas hazañas de la indecencia, deben estar felices. Los que apañaron a Peláez Bardales, el que sacramentó a Alan García, deben estar percibiendo las diferencias que hay entre un político profesional de grandes atracos y un infeliz que se roba las propinas de la misa.

No creo, en suma, que la corporación de “El Comercio” esté preocupada por la salud moral de este país que es el nuestro. No creo que el canal del mafioso González, el que fue y es de los Schütz maletineros, los canales de los Miró Quesada, el que viene de los Winter, no creo, digo, que esas firmas representen la indignación ciudadana.
No me sumaré jamás a la “campaña ética” de quienes, a lo largo de muchos años, demostraron optar por la indiferencia o la complicidad.

Los que negaron las elecciones por “fraudulentas” y fracasaron dos veces en organizar la vacancia eligieron ahora el camino sórdido de artillar el Ministerio Público y festejar escombros e inminencias.  El país que requería un gran gesto de defensa propia se encuentra con la señora Benavides, esa Pasionaria de la poquedad. No era ese el camino para librarnos del picabolsos que tenemos en Palacio. Ya no es ira lo que podemos sentir: es tristeza.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 607 año 13, del 14/10/2022, p16

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2022/10/peru-no-ese-camino/