Mañana lunes, primero de julio, se inicia el juicio oral a Keiko Fujimori. La excandidata presidencial enfrenta una serie de acusaciones con respecto a la financiación de sus campañas de 2011 y 2016. La Fiscalía peruana ha solicitado treinta años de prisión por liderar una presunta organización criminal.
El denominado Caso Cocteles no se sustenta simplemente en que Keiko haya recibido, sin haberlos declarado, un millón de dólares procedentes de la famosa “caja dos” manejada por el consorcio brasilero Odebrecht, además de 3.6 millones de dólares del presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoleti. La acusación se basa además en que la encausada ocultó los aportes, declaró que habían venido de falsos aportantes, y hasta sus agentes llegaron a amenazar a algunas de las personas que supuestamente los habían llevado a cabo.
Keiko Fujimori ya ha estado en prisión preventiva en dos oportunidades por este caso: la primera, de noviembre de 2018 a noviembre de 2019; y la segunda, cuando en enero de 2020 le fueron dictaminados otros quince meses de prisión preventiva. En mayo de ese mismo año, un tribunal de apelaciones ordenó su excarcelación debido al temor a que se contagiara de coronavirus, previo desembolso de 20 500 dólares.
En el año 2021, volvió a postular a la presidencia de la República y estuvo muy cerca de ser elegida. Tras la victoria de su rival Pedro Castillo, Keiko Fujimori acusó a las autoridades electorales de haber organizado un fraude en su contra. A pesar de que no se encontró prueba alguna y de que en estos momentos gobierna quien fuera el número dos de esa fórmula electoral —paradójicamente con el apoyo de Fujimori y sus congresistas—, ahora que se inicia el juicio, la excandidata y acusada ha sacado a relucir una vez más las acusaciones de complot contra su figura, aduciendo que los fiscales que la investigan están coludidos con el fraude.
En los últimos meses, la arremetida contra los órganos judiciales, y en particular contra el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, se ha intensificado en grado sumo, ya que el Congreso busca dominar todas las instancias independientes que intentan hacer frente al fujimorismo. Fue por ello que la destitución de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, cesada por interferir en una investigación contra su hermana, ha resultado fundamental en el saneamiento y garantía de imparcialidad de nuestras instituciones.
Benavides era una pieza clave para impedir que varios casos sonados, entre ellos el de Fujimori, llegaran a juicio. Pero la imposibilidad de revertir ese proceso, así como la dificultad de desmantelar la Junta Nacional de Justicia, ente que regula la función de los miembros de la Fiscalía, han permitido que los juicios sigan su curso y que, finalmente, se vaya a iniciar la causa oral en contra de Keiko Fujimori y los casi cuarenta implicados en las acusaciones. En las últimas semanas hemos presenciado toda una serie de iniciativas para evitar lo inevitable.
Dado que se ha roto el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, a efectos prácticos la presidenta hace lo que se le manda desde el Congreso y únicamente desde la Fiscalía se le busca imponer límites. Es así que la mayoría de los legisladores han decidido dinamitar el estado de derecho con una serie de reformas constitucionales que son aprobadas a la velocidad del rayo en legislaturas extraordinarias. Algunas de esas reformas han sido validadas en clara oposición a disposiciones internacionales y tratados que ha firmado el Perú, como la propuesta de que prescriban los casos de lesa humanidad, desatino que atenta contra toda la jurisprudencia al respecto.
Es por ello que la Junta de Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales ha rechazado las medidas adoptadas por el Congreso, calificándolas de un atentado contra el Ministerio Público y advirtiendo de que ponen la democracia en peligro. Entre las medidas rechazadas, destaca la propuesta de hacer desaparecer la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura, además de la propuesta del partido Perú Libre de modificar el Código Penal para dificultar las investigaciones al crimen organizado. En una medida tan excepcional que nos debería advertir de lo alarmante de esta situación para el país, los fiscales exhortaron a los ciudadanos a defender la democracia, así como pidieron a la Presidenta Boluarte que cumpla con su obligación de no alentar aquellas leyes propuestas que pongan en riesgo la independencia de poderes.
Entre la legislación problemática que se trata de implementar en esta legislatura, nos encontramos también con el proyecto de normativa que permitiría a Alberto Fujimori presentarse a las próximas elecciones. Desde su irregular excarcelación en diciembre del año pasado, supuestamente por hallarse al borde de la muerte, el expresidente se ha involucrado de forma cada vez más activa tanto en redes sociales como en el espacio público. Lo milagroso de su recuperación habría influido sin duda en su decidida inscripción en el partido de su hija.
El aumento progresivo de su presencia en el ruedo político acabó la semana pasada cuando se habló de una rotura de cadera y una supuesta operación que pondría una vez más su salud en riesgo. A pesar de ello, las imágenes de Fujimori descendiendo ágilmente de la ambulancia que lo transportó a la clínica nos hacen sospechar que su estado no es tan grave. La nueva opereta melodramática coincidió además con la orden de una juez chilena garantizando que procedía la extradición del exmandatario por crímenes de lesa humanidad.
Se abre así un nuevo capítulo en este último tramo de la nefasta presidencia de la señora Boluarte: todos los indicios parecen confirmar que la familia Fujimori tendrá finalmente que enfrentar la justicia. Esto sucederá además en pleno teatrillo electoral en el que, de una manera u otra, también participarán padre e hija.
A nosotros solo nos queda hacernos una pregunta de respuesta largamente pospuesta con miles de artimañas: ¿por fin les habrá llegado a Alberto y Keiko la hora de la verdad?
https://jugo.pe/alberto-y-keiko-en-la-picota/
https://www.leerydifundir.com/2024/07/peru-alberto-keiko-la-picota/
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