Perú: Comprendiendo a Dina

César Hildebrandt

Dina Boluarte es lo que merecemos.

Su ignorancia es la que cunde, su estupidez es la que abunda, su inmoralidad es la que atraviesa todas las capas de la sociedad peruana.

Dina es una auténtica criolla de balanza arreglada y tesis cosida con hurtos de computadora. Nos representa y es la imagen del Perú menos agradable.

Cuando Dina canta lo del gato ron ron se congracia con el cociente intelectual promedio y cuando dice “produció” la adora hasta Magaly Medina, que decía “ponido” en vez de puesto cuando empezó en la tele. Somos eso y no podemos negarlo.

Dina está emparentada con la muerte, como cualquiera de nuestros gobernantes. Los 49 esqueletos de su ropero la sitúan en la historia de los regímenes que mataron para durar y para que las oligarquías prosiguieran. Desde sus tumbas, la saludan Benavides y Odría. Sánchez Cerro la aprueba apenas con un gesto y eso se entiende: el macho de 1930, el machote de 1932, está muy por encima en cuanto a número de cadáveres y Dina debe parecerle un tímido remedo (por ahora).

Dina fue vicepresidenta de Pedro Castillo y ahora es busto parlante de Keiko Fujimori y César Acuña. Es decir, encontró su ventana de oportunidad, su cuarto de hora, su gran momento. Hasta en eso nos encarna: la traición está en las raíces de este país que amamos a pesar de todo. Desde Riva Agüero hasta los hermanos Gutiérrez, pasando por Torre Tagle, Agustín Gamarra o Felipe Santiago Salaverry, la historia del Perú ha sido el festín de un Judas patriarcal. ¿O acaso no es cierto que Alberto Fujimori, que se alió a la izquierda socialista para enfrentarse al derechista Vargas Llosa, secuestró el país que no era el suyo, se lo entregó a la derecha menos ilustrada y creó una dinastía que supura hasta hoy?

La señora que defiende a su sombrío hermano hace lo que sus predecesores solían hacer: sacar la cara por sus allegados. Y cuando invade fueros y encarga a sus esbirros que destituyan y bloqueen, ¿no imita a Alan García?

Dina Boluarte es lo que queda de la política peruana después de muchos años de ruina de los partidos y envilecimiento de las élites. Organizaciones que son meras siglas, cuevas de ladrones con ínfulas de figuración, pandillas de la economía del crimen pueblan el Congreso y son tratadas benévolamente por una prensa que es parte del problema. Si Fujimori y Acuña dan la voz de orden y Willax es el medio más exitoso de la derecha, ¿por qué Dina Boluarte no va a ocupar el puesto que le encargaron?
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Seamos coherentes: si la Defensoría del Pueblo está en manos de un pobre diablo y el gobernador de Ayacucho soborna públicamente a quien yace en Palacio, ¿qué nos falta para un ingreso triunfal en las filas de los países podridamente exóticos?

La degradación alcanza todo y los peruanos aceptan la decadencia como dato del destino. Como no saben de historia, no comparan ni se escandalizan con tanta interminable reincidencia. Como se nutren de los medios de comunicación expertos en lodo y nadería, agradecen haber sobrevivido un día más.

Somos el lento fracaso de una república que no cuajó, de una democracia declarativa, de un desgarro ancestral que nos separó. Somos la consecuencia de una derecha sin patria y de una izquierda sin grandeza.

Y Dina Boluarte es el brote espinudo de esa aridez. No sólo es lo que hay: es lo que construimos con empeño llamando política a una trama mafiosa, llamando instituciones a los espacios de autoridad copados por gente de malvivir, llamando futuro a lo que se insinuaba como repetición inexorable.

Dina viene de esos lodos. Mientras tanto, sigue lloviendo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 699 año 14, del 06/09/2024

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Perú: La esperanza difiere del optimismo

Jorge Bruce

Tiene sentido esperar que algo bueno suceda (...) Siempre las intentonas de golpe de Estado han terminado mal para sus perpetradores.

Hasta hace poco no había leído al filósofo coreano radicado en Berlín, Byung-Chul Han. Encontré por casualidad —si es que esos encuentros son casuales— un libro reciente, en el que se recopilan tres conferencias suyas: una en Leipzig y dos en Portugal. Una de estas, pronunciada en Oporto, se titula ‘Sobre la esperanza’. La leí con particular interés, dado que esa mirada parece tan extraña a los ojos de un peruano contemporáneo. Cada día nos trae un nuevo paquete de malas noticias, en su gran mayoría provenientes de lo que seguimos llamando política, pese a que ya es indistinguible de la crónica roja de cualquier medio de comunicación de masas.

Más bien se diría que lo nuestro es un mundo salido de las novelas de Kafka, quien levanta la vista y la enfoca “hacia lo que en apariencia era el vacío”. En su libro K., el pensador italiano Roberto Calasso apunta: “K. sabe que hay algo en ese vacío: el Castillo”. Quienquiera que haya leído a Kafka, o por lo menos esté enterado del medio ambiente de su obra, sabe que sus laberínticas descripciones del absurdo de la existencia humana se van concretando con ineluctable precisión. Sin encajar en la categoría de lo distópico, sus narraciones se van revelando cada día más precisas. El Castillo es una metáfora universal del poder despótico, ese que se puede hallar en cualquier dictadura o prisión. Como si el mundo —no solo nuestro país— se fuera adaptando a sus intuiciones y descripciones. De ahí que la frase “si Kafka fuera peruano, sería un escritor costumbrista” (atribuida a César Moro o a Jorge Basadre, no he podido autenticar el dato) suene tan apropiada.

Lo anterior no siempre ocurre de buenas a primeras. Los habitantes del Perú sabemos por experiencia que puede cocinarse a fuego lento, tal como lo estamos sufriendo hoy. Al constatar la disparidad de las fuerzas, puesto que la mayoría de poderes del Estado van cayendo en las redes de la corrupción, no hay razón para ser optimistas. De ahí que la huida sea la salida más apreciada por una creciente mayoría de personas. Alfredo Bryce comentó: “En el Perú solo se quedan los que no pueden irse y los cojudos”. Y no lo dijo ayer. Es en este punto preciso de máximo estrés que me topé con las conferencias del autor coreano. El título del libro es La tonalidad del pensamiento. Alude a la pasión del pensador por la música, en particular por las variaciones Goldberg de Bach, las cuales interpreta —estudió piano dos años para poder hacerlo— cada mañana, antes de ponerse a pensar y escribir.

En la referida a la esperanza, hace una distinción que me resultó iluminadora. Toma la idea de algo escrito por Václav Havel, cuando estaba preso precisamente en lo más cercano que la realidad pueda estar al Castillo: en la prisión de Praga. Irónicamente, cuando salió libre, ganó las elecciones y pasó a gobernar desde el Castillo, en realidad un conjunto arquitectónico en las alturas de la ciudad, hoy abierto a los turistas. En el calabozo, Havel escribió: “Cuanto más desfavorable sea la situación en la que pongamos a prueba nuestra esperanza, más profunda será esa esperanza. La esperanza no es lo mismo que el optimismo (las cursivas son mías). No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido. Independientemente de cómo salga”.

Byung Chul-Han comenta: “Havel no se considera a sí mismo ni optimista ni pesimista porque la esperanza es independiente del rumbo que tomen las cosas. La modalidad de la esperanza, añade, citando a San Pablo, es el “aún no”. Es la apertura “hacia lo venidero, hacia lo posible, hacia lo nuevo”. El espectáculo cotidiano de nuestras desventuras no ofrece muchos asideros para esa espera. Por el contrario, pareciera que todo está perdido y la frase de Bryce nos asigna un casillero lúgubre y frío. Está claro que no todos tenemos el temple de Havel o Gramsci, dos célebres escritores encarcelados. No obstante, el mero hecho de que los que nos gobiernan y pisotean la Constitución en su provecho están encarcelados en sus jaulas privilegiadas, pues no bien se exponen a la mirada pública, reciben merecidos abucheos y agravios.

Tiene, pues, sentido esperar que algo bueno pueda suceder. No sería la primera vez en nuestra historia. Por el contrario, siempre las intentonas de golpe de Estado, sean abruptas o paulatinas, han terminado mal para sus perpetradores. No es descabellado pensar que esta serie pueda repetirse. Si bien es cierto que la angustia y el miedo han desembocado en una reacción estuporosa, nadie puede asegurar que este sea el último capítulo. Vean lo que está ocurriendo en la frontera de Rusia y Ucrania o en las elecciones estadounidenses. Nadie, fuera de algunos visionarios, había previsto estos repentinos cambios de dirección.

Es decir, esto no está concluido y tiene todo el sentido del mundo pensar que puede alterarse el curso de lo que hoy parece una batalla perdida. De cualquier manera, es mil veces preferible pensar que esta prisión no es eterna, que lo contrario. El peor infierno es el de la tortura previa, aquella que nos hace revivir el tormento una y otra vez, antes de que este se apodere definitivamente de nosotros. Cuando ese repudio a esas figuras que están saqueando nuestro Estado se canalice de manera, aquí sí, política, puede que ese sentido que nada tiene de común produzca un cambio que hoy parece remoto o incluso impensable. Aunque no comparto la fe católica del pensador coreano, suscribo su lectura de San Pablo: aún no.

https://larepublica.pe/opinion/2024/08/27/la-esperanza-difiere-del-optimismo-por-jorge-bruce-2044278

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Perú: Al asalto de la JNJ

Ronald Gamarra

La coalición congresal encabezada por el fujimorismo, que articula a la ultraderecha, el cerronismo y otros grupos mafiosos tras el gobierno de Dina Boluarte, se propone, ahora sí, tomar el control definitivo de la Junta Nacional de Justicia. El plazo de los actuales integrantes de la JNJ vence a fines de este año, indefectiblemente. Si bien el fujimorismo y sus aliados se jugaron a fondo para destituirlos sin motivo válido, no lo lograron gracias a amparos judiciales que corrigieron los atropellos aleves. No se puede descartar, sin embargo, que vuelvan a intentarlo aún en estos meses postreros, pues su capacidad para el acuchillamiento, la venganza y el agravio artero es imprevisible.

Ahora se trata de otra cosa. Hay que designar a los nuevos integrantes de la JNJ para ejercer el cargo durante los próximos cinco años. Ello se hace mediante concurso público convocado y definido por una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Conscientes de esto, los de la coalición fujimorista se han esmerado en estos años en digitar a los que forman parte de la comisión especial y asegurarse la mayoría en ella para hacerse con el manejo y la dirección de la nueva JNJ. Con ello lograrán ejercer un poder temible sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público, que les permitirá someter a jueces y fiscales a un control arbitrario, expulsar a los magistrados que se atrevan a investigarlos por los innumerables delitos por los cuales se indaga a congresistas y miembros del gobierno, y llenar la judicatura con jueces y fiscales mafiosos, como en los tiempos de sus tan defendidos “jueces hermanitos” encabezados por el prófugo juez supremo César Hinostroza, el de los servicios comprometidos a “la señora K”.

La comisión especial encargada de seleccionar a los nuevos integrantes de la JNJ está presidida por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la integran Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial; Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación; Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional; César Aguilar, Contralor General de la República; Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Félix Romero, rector de la Universidad Ricardo Palma.

Los nombres, y las historias, no dejan lugar a ninguna duda. Esta comisión especial no ofrece ninguna garantía de imparcialidad y objetividad, pues cuatro de sus siete integrantes responden directamente al mandato del bloque articulado por el fujimorismo. Recordemos que el presidente de la comisión, Josué Gutiérrez, fue nombrado Defensor del Pueblo sin ningún otro mérito que su obsecuencia incondicional a Vladimir Cerrón y, como resultado de la negociación y acuerdo establecido entre los Cerrones y el fujimorismo, fue puesto en el cargo para digitar precisamente este proceso de selección para la JNJ, entre otras tareas. Josué Gutiérrez no es un simple presidente formal. En la práctica, él tiene el control ejecutivo de todo el proceso de selección y su direccionamiento.

También son obvios y obsecuentes servidores de la coalición encabezada por el fujimorismo el presidente del TC, organismo nombrado por este Congreso, que se ha convertido en una mesa de partes de sus atropellos y legicidios; así como el Contralor General, designado por el Parlamento a propuesta de Dina –tu mamá– Boluarte, nada menos, que ha de ser tan funcional a la coalición gobernante como lo fue su antecesor Nelson Shack. Lo mismo cabe decir de la rectora de San Marcos, especialmente activa en la destrucción de la SUNEDU, objetivo alcanzado plenamente por la mafia “educativa” que tantos miembros tiene entre los actuales congresistas.

No hay razón para esperar nada bueno de una comisión conformada de este modo. Al contrario, de ella solo se puede esperar la venia y el chicheñó al naranjismo y su sueño de tener bajo su red a la administración de justicia. Por ello, respondiendo a la preocupación que desde hace ya tiempo existe en torno a las vulneraciones de la democracia y el estado de derecho en nuestro país, un conjunto de entidades de la sociedad civil de nuestro continente conformó una Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia (MIO-Perú), que desde hace meses evalúa con creciente preocupación el proceso que lleva adelante la comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Recientemente, la MIO concluyó su segunda visita de observación, y al término de ella advirtió con marcada inquietud el serio déficit de transparencia que muestran las primeras etapas del concurso para la selección de los nuevos miembros de la JNJ, en relación con la aprobación del reglamento y las bases del concurso, la convocatoria a las personas interesadas y la publicación de los antecedentes de los postulantes.

En resumen, la Misión Internacional de Observación constata que el proceso que lleva adelante la comisión especial carece de transparencia y no ofrece las garantías mínimas para producir nombramientos idóneos. Este domingo, prácticamente entre gallos y gatos ron ron, la comisión especial procedió a tomar el examen escrito de conocimientos entre los 51 postulantes y declaró aprobados a una veintena de ellos. Ninguno es un profesional conocido, ninguno tiene un récord en materia de derechos humanos, ninguno cumple con la ejecutoria necesaria e imprescindible en aquellos que van a cumplir las muy delicadas funciones de control sobre jueces y fiscales. Ya sabemos que los tunantes de Plaza Bolívar y este gobierno de sangre y rolex desprecian el mérito, el conocimiento y la ejecutoria. En su lugar, promueven, en cambio, la mediocridad, el caciquismo, la complicidad, la obsecuencia.

La Misión, a pesar de los obstáculos opuestos a su labor, proseguirá su tarea de observar y dejar constancia del proceso de selección seguido por la comisión especial. La integran cuatro juristas de primera línea, como Thelma Aldana, guatemalteca, Fiscal General de su país entre 2014 y 2018, y antes presidenta de la Corte Suprema, que se distinguió por su decidida lucha contra la corrupción desde las esferas más altas del poder y por ello fue perseguida por el “pacto de corruptos” que dominó Guatemala en los últimos años. Por su parte, Stephen McFarland es un destacado diplomático norteamericano, embajador en Guatemala entre 2008 y 2011, y alto funcionario de las embajadas de su país en varios países de América latina, incluido el Perú, país que conoce desde muy joven pues terminó la escuela secundaria en Lima.

También integra la MIO Jaime Arellano, jurista chileno, destacado miembro del Partido Demócrata Cristiano, que desempeñó altas funciones durante el período de recuperación de la democracia en su país, entre ellas el cargo de ministro de Justicia entre los años 2000 y 2006. Finalmente, Edison Lanza, jurista y comunicador uruguayo, desempeñó el alto cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2020, y es autor de varios libros, entre los cuales destaca el titulado “La corrupción y su freno: Ciudadanía, instituciones y normas”, tema tan pertinente a la realidad actual de nuestro país.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 698 año 14, del 30/08/2024

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Perú: Depender de una rata

César Hildebrandt

Es peligroso salir de vacaciones. Puede uno volverse loco.

Porque, al regresar, todo está allí, impertérritamente: el dinosaurio, la presidenta idiota, el ministro especialmente turbio, el TC de los magistrados al peso, el congreso del crimen organizado, el herpes del fujimorismo, la prensa que anda de puntillas y farfulla solemnidades.

Es como si uno no se hubiese ido, como si todo hubiera sido una ilusión, como si despertáramos al día siguiente del mismo aburrimiento en el país inmóvil de las repeticiones.

Jorge Bruce aludía hace poco a aquella película que clonaba, hasta la exasperación, los días de una marmota reincidente.

Pues eso es. En el Perú, a falta de marmotas, una rata se asoma a la ventana de un solar polvoriento y profetiza: vivirás el mismo día.

Y en eso estamos. Siempre en el vestíbulo de la fábula, en el porche de las realizaciones, a las vísperas de las hazañas: un cuasi país de pasmados ciudadanos.  

¿Cuándo se jodió Zavalita?

Cuando se resignó, cuando normalizó lo inaceptable, cuando asumió la gran mentira de una historia contada por el patriotismo más infantil.

Un país que vende cerros y comidas y que, entre otros deméritos, ha depravado la educación pública universitaria no debería pensar en un futuro colosal. Y sin embargo, seguimos diciendo que el destino es nuestro y que derrotaremos a Goliat. “Los comentarios reales” son nuestra Torá.

La derecha nos hizo creer siempre que seríamos grandes obedeciendo. La izquierda propuso que la tortilla se volteara y que una dictadura inversa era la solución. El resultado siempre fue el mismo: cadáveres, resentimiento, frustración.

De la extrema incultura salen extremismos. De la educación pueden emanar centrismos más justos, soluciones más complejas, equidistancias sabias y quizá exitosas.

Del capitalismo salvaje nació Marx y del zarismo antisocial surgió Lenin. Si la burguesía de la revolución industrial no hubiese hecho de la codicia una diosa, habría sido Karl Kautsky, un socialdemócrata, el líder mundial de las izquierdas. Nos habríamos ahorrado millones de muertos y décadas de un experimento social que terminó desprestigiando la insumisión.

La actual polarización política del Perú nace de la pobreza de nuestra agenda, de la miseria de nuestra vida académica, de la indigencia de nuestros debates, de la fuga de nuestra inteligencia. Los argumentos que se leen o escuchan son banales y ad hominem porque las ideas parecen proscritas en la barbarie que hemos ido construyendo.

Sin partidos políticos, sin líderes, prescindiendo de visiones del mundo y de propuestas nacionales que merezcan ese título, el Perú se ha entregado a una mafia. Un puñado de delincuentes gobierna el país mientras el narcotráfico, la devastación forestal y la minería ilegal crecen a la sombra de este régimen repugnante.

No ha habido un golpe de estado formal ni se ha requerido de tanques o proclamas. Lo que se ha producido es que bandas de okupas han entrado al congreso y al palacio de la plaza de armas y han cambiado destino y cerraduras. Son ellos los que dictan las reglas y los que nos han convertido en este simulacro de país.

¿Hasta cuándo? Hasta que lo sigamos permitiendo. Dependemos de una rata asomada a la ventana de un solar polvoriento.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 698 año 14, del 30/08/2024

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Perú: La mafia en el Estado

Ronald Gamarra

En el Estado peruano mandan a sus anchas los malandros y los réditos privados. El bien público, los intereses de la gente, los derechos del pueblo a los servicios fundamentales, el respeto a la dignidad humana, ya no entran en modo alguno en la ecuación cuando se trata de decidir sobre el gasto público, es decir, sobre la distribución y ejecución del presupuesto del Estado. Porque, efectivamente, el desembolso público se ha convertido en una feria de la repartija, en la cual cada podre, cada mafia, cada sinvergüenza, trata de obtener en primer y exclusivo lugar “lo suyo”, su “mordida”, su parte del botín.

El perjudicado es el peruano que lucha cada día, y sobre todo los más vulnerables; todos los compatriotas que tenemos la desventura de sufrir los latrocinios del gobierno y el congreso, que son los que aprueban el presupuesto trozándolo como buitres, y de los funcionarios nacionales, regionales y locales que lo ejecutan. La corrupción campea entre todos ellos, junto con un absoluto desprecio por la gente, que en la mentalidad de ellos no merece servicios ni obras de calidad, que sirvan de manera efectiva para solucionar problemas, ayudar a los más vulnerables, facilitar el progreso de los trabajadores y emprendedores, mejorar la salud, la educación y todo aquello que pueda abrir una perspectiva de buen futuro.

Todos podemos comprobarlo a simple vista, dándonos una vuelta por la ciudad que habitamos. Pistas “reparadas” que no duran lo mínimo, puentes que se caen (perdón, se desploman) dos o tres años después de haber sido inaugurados con bombos y platillos, escuelas construidas a mínimo costo, sin servicios higiénicos, que ya tienen los muros y hasta las columnas cuarteadas, colas de adultos bastante mayores en la madrugada para obtener una cita incierta en la salud pública, veredas rotas una y otra vez por ausencia total de coordinación, absoluto desinterés en la vivienda popular, transporte público como latas de sardinas, obras abandonadas por años a la intemperie… la lista es interminable.

Y lo también escandaloso es que tras cada contrato del Estado casi siempre encontramos una empresa ejecutora improvisada, con frecuencia creada poco antes de la licitación, sin ninguna experiencia en la tarea o servicio que se le encarga. Se trata de compañías obviamente fraudulentas, tras las cuales están los inspiradores de la “obra pública” a la expectativa de embolsarse el dinero público, cuanto antes mejor. Y qué demonios importa si después el producto no cumple en absoluto con lo que se ofreció, si empieza a caerse a pedazos desde que se inaugura o se “desploma” en tiempo récord, o si queda abandonada indefinidamente. El Estado peruano bate récords en obras echadas al olvido por las cuales nadie asume nunca la menor responsabilidad.

De allí vemos la profunda y gravísima relación entre el bienestar y la política. Si uno no se ocupa de la política y no hace sentir su voz de protesta ante los abusos de las autoridades chorizas, será su víctima. Esa es la verdad. La calidad de los servicios públicos guarda relación íntima con la capacidad de la gente común y corriente para hacerse respetar, demandar sus derechos y, sobre todo, exigir responsabilidad efectiva. El apoliticismo juega a favor de la negligencia, la desidia, la corrupción, el caos administrativo, la indiferencia y el desprecio hacia el pueblo. La persona que se estima debe exigir la consideración que se merece.

Y al criticar el apoliticismo no me refiero a que usted deba inscribirse en uno de esos partidos ridículos que en realidad son ahora negocios privados donde se compran y se venden candidaturas y puestos públicos. No, todo lo contrario. Aludo al interés activo por lo público, por lo que nos afecta a todos, por aquello que por algo denominamos bien común, que a fin de cuentas es el bien de la colectividad, el bien de la patria. Debemos estar informados y actuar de muy diversas formas, pero siempre convergiendo, uniéndonos, a través de iniciativas ciudadanas, comités o movimientos congregados para fines precisos de defensa de nuestros derechos. Y si se trata de entrar en política seria, decente, para postular a cargos públicos, pues hacerlo con el compromiso y honestidad que hoy brillan por su ausencia en la política nacional. Pero por ahora no hablo de ello, sino de algo más básico y vinculado a la simple condición de cualquier ciudadano.

En el Perú de los años recientes, las cosas se han complicado gravemente debido a que el Estado ha sido tomado por asalto por los intereses mafiosos de grupos económicos ilegales que han hallado en ciertos partidos los instrumentos idóneos para hacer de las suyas y beneficiarse a bolsillos llenos, mientras perjudican el presente y sobre todo el futuro de los peruanos.

Pensemos solamente en la educación, donde la alianza del fujimorismo con la bancada magisterial (representante de la FENATE, sindicato trufado de senderistas) ha logrado aprobar una ley que permitirá el nombramiento automático de decenas de miles de maestros que no han aprobado el examen de aptitudes mínimas para serlo. Qué les importa la educación pobrísima, misérrima, que recibirán los niños de las escuelas estatales, a ellos solo les importa su conveniencia electoral. Lo mismo ocurre con la salud, donde el ministro, vasallo de César Acuña, se propone suspender el examen nacional de medicina, que pone una barrera al ingreso de “médicos” ineptos al servicio público, solo para facilitar la entrada de los médicos egresados de la universidad de su jefe político, la César Vallejo (qué agravio al poeta), que fracasan en ese examen en un 75%. Pero a esos ministros de salud y educación, a su gobierno y a su congreso ¡qué les importa la salud y la educación del pueblo y su niñez!

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 696 año 14, del 26/07/2024

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Perú: "El único freno que puede tener el Congreso de la República es la calle"

Eduardo Ballón    (Entrevista de Diego Quispe Sánchez - La República)

El antropólogo y analista político Eduardo Ballón considera que los congresistas están equivocados si creen que con las contrarreformas y sus maniobras autoritarias que aprueban, van a tener el camino allanado para reelegirse.

El juego en pared entre Dina Boluarte y el Congreso no es eterno. Según el antropólogo y analista político Eduardo Ballón esa alianza puede variar dependiendo de el desenlace de las protestas. Porque a medida que la calle se caliente y se acerque la campaña electoral, consideró, los partidos políticos que sostienen este régimen comenzarán a hecharle la culpa a Boluarte de la crisis que atraviesa el país.

* ¿A estas alturas no hay nada que pueda frenar al Congreso?

- Diría que el único freno que a estas alturas puede tener el Congreso de la República es la calle. Y es claro que la calle que se está empezando a activar lentamente tiene sus propios límites y dificultades, lo que me hace prever que en el corto plazo el Congreso busque acelerar la marcha en este afán absolutamente autoritario y conservador.

* ¿Cree que a largo plazo, cuando sean las elecciones, el ciudadano va a castigar con su voto a los representantes de este Congreso o habrá nuevamente una memoria frágil?

- El riesgo de la memoria frágil y del clientelismo de la última hora siempre existe. Sin embargo, tengo la impresión que los integrantes del Congreso están radicalmente equivocados si creen que por mucho autoritarismo que empleen van a tener el camino allanado para mantenerse en las posiciones que ocupan, para ser reelegidos o eventualmente ocupar cargos en regiones y municipalidades. De lo que se trata es de mantenerse prendidos de los sueldos y las ventajas que dan algunos de estos cargos de representación. Y en ese afán justamente por eso han querido o quieren eliminar los movimientos regionales.

* Hay una convocatoria para el 19 de julio y de una movilización para el 28 y 29 de julio. ¿Podrá encontrar la población en los representantes de los movimientos regionales esa ausencia de liderazgo frente a este régimen?

- Es difícil que los liderazgos y los movimientos regionales cubran el vacío que existe hoy en la política y en la propia sociedad. Los liderazgos se encarnan en figuras y por mucho esfuerzo que vienen haciendo, es evidente que su vinculación con las sociedades de sus territorios no tiene los lazos y la profundidad que se requerirían para que puedan cumplir un papel de liderazgo. Es claro, sin embargo, que también se están sumando a una lóbica que involucra a otros actores. He visto declaraciones de algunos de sus dirigentes sumándose al paro convocado por la CGTP para el 19 de julio, como parte de una estrategia donde buscan sumar fuerzas de diversos sectores y voces que están en contra de las decisiones del Congreso y del Ejecutivo.

* ¿Quién puede movilizar Lima?

- Es evidente que los movimientos regionales no van a movilizar Lima.

* ¿Cree que hasta el momento las movilizaciones no han tenido acogida, no solo por la ausencia de liderazgos, sino también porque la clase media no se ha comprometido? Y si es así, ¿por qué le cuesta tanto a la clase media comprometerse?

- Diría que las movilizaciones han estado en la situación de combinación de factores. En primer lugar, 69 muertos, una gran cantidad de heridos y una cantidad de judicializados por participar en las protestas. Es un argumento que abona en favor del miedo. En segundo lugar, los cotos de una protesta sostenida durante más de un año, con altas y bajas, y simultáneamente están los cotos económicos y los que suponen no haber conseguido los resultados que se buscaban. Tercero, la desconfianza que se genera y se profundiza como resultado del tiempo que vivimos. Y la cuarta razón tiene que ver efectivamente con sectores medios y la distancia entre una mirada limeña y la mirada que existe en el interior del país. Los sectores medios limeños son fundamentalmente conservadores, los sectores medios limeños han votado por Rafael López Aliaga y los sectores medios limeños sienten que tienen una cantidad de riesgos en un escenario en el que están dispuestos a cambiar espacios de libertad y decisión por seguridad.

* Volviendo al tema del Congreso. ¿Qué tan contraproducente puede ser para un partido político asumir la presidencia del Congreso? Se lo consulto porque el próximo mes es la elección de la nueva Mesa Directiva. ¿No es una sartén caliente tener la presidencia del Congreso?

- Es ambiguo. Sí, en un sentido es una sartén caliente, pero en el otro sentido es un poder significativo. A fin de cuentas, en la próxima legislatura, y esa es la hipótesis posible, el periodo de gracia que ha vivido Dina Boluarte se termina. Si la calle se calienta, el Congreso puede buscar cerrar el modelo que viene (construyendo) y cerradas las votaciones, como contra los movimientos regionales, en la segunda legislatura ya no la necesitarían (a Boluarte). Podrían transferirle a ella todas las culpas de las decisiones que han tomado ellos, podrían convertirla a ella en el chivo expiatorio que les permita tratar de limpiarse de la gigantesca responsabilidad que tienen de lo que estamos viviendo.

* ¿El Congreso puede a estas alturas deshacerse de Dina Boluarte? ¿No es una alianza que va a ser sólida hasta el 2026?

- Es una alianza en la cual el Congreso lleva la voz cantante. Lo que vivimos es un parlamentarismo autoritario y conservador y un Ejecutivo domesticado y que complace a ese parlamentarismo para permanecer en el gobierno y tratar de asegurar su impunidad. En ese marco, en ese contexto, no diga que inevitablemente vaya a ser así, pero ahí hay una posibilidad y es una que requiere el manejo del Congreso. Es evidente que las dos últimas gestiones del Congreso han sido particularmente torpes. El actual presidente del Congreso es francamente impresentable y no califica dado su nivel de ineptitud incluso para esconder sus intereses personales. En ese sentido, es evidente que dentro de las distintas derechas que comparten este parlamentarismo autoritario hay preocupación por ver quién se hace cargo del Congreso porque son conscientes de lo que puede estar en juego el próximo semestre.

https://larepublica.pe/politica/congreso/2024/06/28/congreso-eduardo-ballon-el-unico-freno-que-pueden-tener-los-congresistas-es-la-calle-movimientos-regionales-19-de-julio-dina-boluarte-1244264

https://www.leerydifundir.com/2024/07/peru-unico-freno…publica-la-calle/

Perú: Mentirosa

Ronald Gamarra

La facilidad con que la presidenta Dina Boluarte elude dar explicaciones claras o da respuestas erráticas, o no da ninguna, o simplemente miente con naturalidad en el asunto de los relojes de lujo y otros aspectos que indicarían enriquecimiento ilícito, nos lleva de inmediato a recordar cuántas veces negó tener responsabilidad alguna en las instrucciones, órdenes o planes operativos que llevaron a la política de disparar al cuerpo y a matar a decenas de manifestantes cuando ella asumió el gobierno y que se materializó en las masacres de Huamanga, Juliaca y otros lugares del sur hace poco más de un año.

Quien falta a la verdad sin esfuerzo sobre los lujosos signos de riqueza que exhibe, con mayor razón mentirá sobre hechos que implican haber dispuesto sobre la vida de decenas de personas y negará con vehemencia toda responsabilidad al respecto. La actitud y la línea de conducta demostrada públicamente en estas tres semanas por la presidenta, desde que una investigación periodística de La Encerrona dio a conocer que ella estaba en posesión de una colección de relojes de lujo, desbarata toda posibilidad de dar el menor crédito a sus palabras. La veracidad, la transparencia, no son virtudes que profese Dina Boluarte.

Quienquiera que haya abrigado dudas sinceras sobre la responsabilidad de la presidenta de la república en las masacres del inicio de su gobierno, tendrá que revisar el apresurado beneficio que le concedió. Ella, como jefe de estado y comandante suprema de las fuerzas armadas y policiales, no podía estar literalmente en la luna cuando se disparaba a matar contra la gente que protestaba a lo largo de más de dos meses. Necesariamente tenía que saber. En qué grado y con cuánto compromiso, es asunto que corresponde determinar a la Corte Suprema. Pero Dina Boluarte debe ir a juicio, sí o sí.

Sin embargo, en el tema de las masacres del sur, la presidenta de la república ha pasado indemne hasta el momento. La denuncia constitucional que presentó contra ella Patricia Benavides, como recurso desesperado para politizar su propio caso y eludir la suspensión de su cargo de Fiscal de la Nación, está archivada. El Ministerio Público les debe al país y a las víctimas de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023 una investigación real, que vaya a fondo en la averiguación de los hechos y las responsabilidades a todo nivel y que no se dilate más allá de un plazo razonable. Nada de esto está ocurriendo. El caso parece abandonado, olvidado.

Es una ironía, casi un sarcasmo, como ya lo han subrayado varios, que un caso por presumible enriquecimiento ilícito levante más indignación que la matanza impune de medio centenar de peruanos. Compartiendo ese punto de vista, creo a la vez que el gran interés suscitado por los relojes de nuevo rico de la presidenta puede representar un punto de quiebre para retomar como es debido la indagación del postergado caso de las masacres del sur. El Ministerio Público debe reivindicarse de la debacle moral infligida por la exfiscal Patricia Benavides y parte de ello es, sin duda, llevar a cabo como se espera esa investigación que le debe al país.

Ya sabemos bien que en esa, como en muchas otras investigaciones, el Ministerio Público tiene en el congreso a su mayor adversario. Específicamente, la mayoría congresal formada por el fujimorismo, el porkismo y sus mayordomos cerronistas. Banda que ha hecho de la protección a decenas de parlamentarios involucrados en diversos delitos su punto indisoluble de unidad. Bloque que avasalla y atropella instituciones y organismos autónomos del estado con la finalidad de favorecer sus negocios ilegales y asegurar su continuidad en el poder manipulando las próximas elecciones generales. Esa coalición de congresistas hampones son el principal obstáculo.

La única alternativa, frente al embate de los mafiosos, es enfrentarlos con decisión y con las armas de la ley, con la seguridad de que eso es lo que se corresponde con la naturaleza de la democracia y con los deseos de la abrumadora mayoría de la población que quiere la aplicación real e igualitaria de la justicia. Titubear o retroceder ante las amenazas de los clanes canallas es, a fin de cuentas, trabajar en beneficio de sus intereses espurios. La gavilla que promueve, por ejemplo, la destrucción de la Junta Nacional de Justicia es la misma que desde hace años protege al exjuez Hinostroza, el capo de los “jueces hermanitos”.

Por último, dos precisiones necesarias con respecto al reciente caso de los Rolex. La presidenta y su entorno político tratan de minimizar su importancia calificándolo como un mero “asunto personal” que sería ridículo hurgar. No es así. Los signos de riqueza de un funcionario público, sobre todo aquellos indicios de esplendor repentino, son de obligado interés público. El funcionario, trátese de la presidenta de la república o del más subalterno servidor, están obligados a declarar su incremento patrimonial y a justificarlo incluso bajo la obligación de prestar declaración jurada. No hacerlo es delito. No olvidemos que la coima es la enfermedad crónica de los políticos locales.

Por otro lado, la presidenta de la república no ha dado hasta ahora ninguna explicación al país, escudándose en el pretexto de que no puede hacerlo porque, primero, debe declarar ante el Ministerio Público y, segundo, porque está sujeta a la reserva de la investigación fiscal. Esto es, lo repetimos, un pretexto burdo. Reserva no significa secreto. La cautela y salvedades de la indagación implica que solo las partes concernidas directamente pueden tener acceso a las diligencias y a la propia carpeta fiscal. Punto. Eso no entraña que la persona sometida a averiguación se vea privada de su derecho a declarar públicamente su versión de los hechos que son materia de imputación. Al contrario, la libertad de expresión es el primer derecho de un investigado.

Dina Boluarte ha incumplido la más elemental de sus obligaciones como presidenta de la república, que es informar al país debidamente sobre los hechos que se le atribuyen. Por el contrario, mantiene un silencio culpable que ya va camino a durar un mes desde que se dio a conocer la denuncia periodística. Peor aún, ha enfrentado sus deberes en la investigación fiscal no como lo dispone la ley sino oponiendo su poder político a la acción del Ministerio Público, llegando al extremo de exhibirse de manera desafiante rodeada de los comandantes generales de las fuerzas armadas en el cambio de guardia de Palacio, actividad en la que esos generalotes normalmente no participan.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 680 año 14, del 05/04/2024

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Perú: Proceso delictivo

Ronald Gamarra

En su furioso ataque para tomar bajo su control la Junta Nacional de Justicia, el Congreso ha “destituido” e inhabilitado por diez años de toda función pública a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, con lo cual creen haber logrado sus objetivos mínimos. El propósito claramente establecido desde un principio y hasta la víspera de la votación decisiva era traerse abajo a toda la JNJ. Enterita. Querían las cabezas de todos sus magistrados, sin dejar sobrevivientes.

En las últimas semanas, sin embargo, se intensificaron las protestas dentro y fuera del país contra el atropello que se preparaba para aplastar a la JNJ y la grosera interferencia en el sistema judicial.

Mientras tanto, los tunantes de plaza Bolívar andaban en intensas negociaciones para conseguir los votos necesarios. El congreso fue más que nunca un mercado persa donde todos traficaban su voto. Finalmente, ante las dudas que despertaban las posibles reacciones que traería el avasallamiento de la JNJ, se decidieron por una medida intermedia, que de todas maneras les permite meter cuña en la Junta, humillarla públicamente y preparar el terreno para bloquear o paralizar las acciones más importantes que este organismo lleva adelante.

Tuvieron que conformarse con la cabeza de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. Pero ello, sumado a una maniobra en pared con el Tribunal Constitucional, que designó un nuevo miembro de la JNJ en reemplazo del magistrado Thornberry y convirtió a este en primer accesitario, apenas días antes de la votación, podría ser suficiente para bloquear su funcionamiento en asuntos clave o incluso la piedra angular para tomar el control y tener una Junta a su servicio.

Todo esto representa en sí mismo un fraude público y descarado que infringe abiertamente elementales principios constitucionales y del derecho en general, absolutamente válidos en todo país democrático. La manipulación y el tráfico de influencias se ha manifestado en todo el proceso, tal como lo sabemos por las investigaciones del equipo especial del Ministerio Público, que cuenta con sobrados y múltiples elementos de prueba y cargo.

Estas pruebas demuestran que la conspiración contra la JNJ fue tramada en pared por las principales bancadas congresales y sus líderes no parlamentarios con la complicidad de la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Los parlamentarios no han hecho sino consumar lo que habían acordado con Vane en chats explícitos, que ellos creían que no llegarían a ser conocidos por la opinión pública, sin sospechar que tenían dentro un colaborador del sistema de justicia.

El proceso de destitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez ha sido, en consecuencia, delictivo y fraudulento de principio a fin, perpetrado como resultado de una conspiración largamente planeada, para lo cual se han negociado voluntades institucionales e individuales, traficando influencias al mejor postor. Todo el proceso ha sido de una brutalidad grosera, no vista desde los años 90, precisamente desde la dictadura de Alberto Fujimori.

Pero el proceso también ha sido fraudulento en los detalles. Por ejemplo, dónde se ha visto que se pida y apruebe inhabilitación y se entienda que eso significa destitución. ¿De cuándo acá la chicha es limonada? Obviamente, son dos cosas diferentes. Error o no de la comisión permanente, el hecho es que al pleno no llegó ninguna propuesta de destitución y, sin embargo, es lo que decide la junta directiva del Congreso. Si lo que querían era destituir, entonces la acusación estaba pésimamente formulada y solo cabía archivarla. Pero deciden interpretar, por sí y ante sí, que “inhabilitar” es lo mismo que “destituir”. Esto es un escandaloso fraude procesal y sustantivo.

La causal invocada es también un fraude escandaloso a la Constitución. En ninguna parte consta que sea falta grave “permitir” que la magistrada Inés Tello siguiera cumpliendo su función pasados los 75 años. En el peor de los casos se trataría de un tema debatible. Pero no lo es. Está claro, tal como lo explicó en su momento Servir, organismo técnico del Estado, y lo establece una jurisprudencia que es de dominio público, que el límite de 75 años se aplica a la posibilidad de postular. Como todos saben, no hay verdadera causa grave. La edad de la doctora Tello solo es una excusa para el cojudeo, un pretexto para la toma de la Junta, una coartada para la guillotina, un atajo para la arbitrariedad.

¿O es que a la doctora Tello la nombraron para que ejerciera el cargo solo por ocho meses? ¿Tan irresponsable fue la comisión que la designó, de la cual formaba parte el señor Blume Fortini, que públicamente reconoció que, si era investida, la doctora Tello debía ejercer el cargo por cinco años? Quien debería ser sancionado es Blume Fortini por mentiroso, diciendo ahora que no dijo lo que todos claramente sabemos que dijo, no la doctora Tello.

Otro fraude descarado, la cereza de la torta envenenada, es la votación de miembros de la comisión permanente, que por ley y reglamento están impedidos de sufragar en el pleno. Este es el caso, por ejemplo, de Pepe Luna. La junta directiva del Congreso argumenta que un “acuerdo” de la junta de portavoces lo habilita. Se trata de un argumento chambón e inescrupuloso. La junta de portavoces es un organismo de coordinación parlamentaria, no un organismo normativo con capacidad de disponer en contra del reglamento del Congreso y la Constitución.

Un proceso fraudulento, en suma, llevado a cabo fríamente por quienes se llenaban la boca proclamando tongo en las últimas elecciones, sin que jamás pudieran exhibir ni un solo caso, ni uno solo, subrayado, de persona que fuese suplantada o su firma falsificada en aquellas elecciones, en las investigaciones que se llevaron adelante, con participación de los propios reclamantes, en el Ministerio Público. Fraudistas que cuentan con la servidumbre de Cerrón, el “ultra”.

Este proceso hechizo contra la JNJ es el anuncio del fraude que se prepara para las próximas elecciones. La fujiderecha no sabe ganar de otro modo. Esta vez quieren tener el control absoluto de todos los organismos electorales. Y también de la justicia, para librarse de las numerosas investigaciones y procesos por corrupción que deben afrontar. Para eso, a la primera que buscarán limpiar y reponer es a Patricia Benavides, una fiscal que ejerció su cargo a la altura de Blanca Nélida Colán.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 677 año 14, del 15/03/2024

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Perú: ¿La última oportunidad?

Hernán Chaparro

“Esta vez, estarían ensayando con sacar a una de las personas más asociadas a los asesinatos de diciembre del 2022 y enero del 2023 para ver si se logra algo nuevo”.

La salida del ahora expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y su reemplazo por alguien que sería de su confianza, o relativamente cercano a él, Gustavo Adrianzén, da la impresión de ser la expresión de una serie de decisiones y/o transacciones que se han tomado en el entorno de la presidenta Dina Boluarte. Estas apuntarían a tratar de mejorar un nivel de aprobación que preocupa cada vez más en el Ejecutivo, y sobre todo en el Congreso, en la medida que se acercan las elecciones. La coalición congresal ha apoyado el cambio, pero viendo lo que hasta ahora ha sido este proceso en el gabinete, tampoco han querido involucrarse y/u Otárola logró canjear algo que ellos no pudieron. De no haber otros nombramientos significativos, un “gabinete Adrianzén” será básicamente un gabinete para tratar de disolver en la memoria un nombre desgastado y asociado a injustas muertes. Salvo la presidenta, ¿alguien se lo creerá?

Todas las manifestaciones que se han dado en el país, incluso los cánticos celebratorios durante los carnavales o celebraciones en diversas regiones, han tenido como objeto de crítica y rechazo a la presidenta. Pero sabemos que la mandataria no va a renunciar de ninguna manera. Dado ese pie forzado, pareciera que en Palacio de Gobierno se convencieron de que una forma de tratar de refrescar la imagen del Ejecutivo era sacando a quien estaba en segundo lugar como lastre político.  La decisión de dejar de lado al que se vendió como el mejor escudero debe haberse tomado porque alguien, todo indica que el hermano de la presidenta, se ha logrado presentar con una mejor alternativa para los intereses de defensa de la gobernante. Por la forma en que se han presentado los hechos, esta no ha sido una decisión imprevista.

Los audios difundidos, que tristemente lograron lo que no pudieron tantos fallecidos y negligencia durante las protestas en el sur, son del 2021. Puede que nunca se sepa, pero está claro que primero fue la decisión de que Otárola ya no era útil, o que era más un problema que la solución que él decía encarnar, y luego vino la decisión de difundir unos videos y demás información comprometedora. No es que los videos, chats, o lo que sea, hayan generado una crisis imprevista.  En lo único que se podría coincidir con Alberto Otárola es que ahí hubo una decisión política de ya no contar con su apoyo, aunque él sostuviese lo contrario, y que esa era la forma de forzar su renuncia.

A pesar de ya no contar con la total confianza de la presidenta, algo logró en sus negociaciones porque, contra lo anunciado por el canciller sobre un relanzamiento del gabinete, lo que hasta ahora se ve no pasa de un cambio del protagonista por el extra más cercano.  En su presentación de ayer, Alberto Otárola dejó muy en claro que al hermanísimo no lo iba a tocar.  En un primer momento, varios pensaron, me incluyo, que Otárola saldría a la ofensiva y que eso podía terminar siendo negativo para los socios del Ejecutivo. Sin embargo, los secretos que mutuamente tienen que guardarse la presidenta y el expremier parecen haber disminuido la fuerza relanzadora que con entusiasmo se comunicó.  Una versión, con variantes obvias, de los secretos que durante buen tiempo se guardaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

¿Por qué la decisión de apartarlo? La mandataria sabe que es funcional a la coalición de diversos grupos de interés en el Congreso en la medida que les deje hacer todo lo que ellos quieran (hasta ahí, el Ejecutivo cumple), que la economía esté lo mejor posible y que su nivel de aprobación se ubique dentro de lo razonable.  Una economía a la deriva, un país donde la inseguridad ciudadana campee y un alto nivel de desaprobación del Congreso y del Ejecutivo (5% y 10% respectivamente, según la encuesta de enero del Instituto de Estudios Peruanos-IEP), no es negocio para ninguno de los dos. En un clima de tan alto nivel de desconfianza política las propuestas que podrían tener mayor adhesión electoral serán aquellas que rechacen todo lo que se vea hoy como responsable del caos y falta de norte que se vive, léase, los inquilinos de plaza Bolívar y plaza de Armas. En la cámara de eco del Parlamento y Ejecutivo, ¿quiénes serían estos peligrosos enemigos a combatir? Vizcarra, Antauro Humala, y cualquier otro que vaya por sus cabezas, apoyados en el inmenso descontento ciudadano.

Tanto en el hemiciclo como en la Presidencia consideran, por sus propios intereses, no por los del país, que la situación tiene que mejorar.  Y todo indicaría que se convencieron de que Otárola era ahí un problema. Diversos voceros de Fuerza Popular, Avanza País, APP, y medios de comunicación afines, rápidamente salieron para expresar su conformidad con el cambio.  El clima electoral revolotea en el ambiente político y estas agrupaciones necesitan lograr un equilibrio entre mantener un Ejecutivo que les deje hacer lo que mejor les convenga para reelegirse y a la vez tomar distancia de uno de los gobiernos más impopulares en la historia del país donde el pedido de rendición de cuentas por las injustas muertes y el rechazo ciudadano están instalados.

Hace poco hubo un tímido cambio de gabinete que, al no cambiar la cabeza que representa ese bajo nivel de popularidad, no pasó nada. Esta vez, estarían ensayando con sacar a una de las personas más asociadas a los asesinatos de diciembre del 2022 y enero del 2023 para ver si se logra algo nuevo. En paralelo, habrá que seguir observando qué ocurre con Nicanor Boluarte y las personas cercanas a él en el Gobierno.  Por ahí estamos viendo solo los inicios de otros movimientos que justifiquen la salida de quien siempre debe haber estado recordándole a la presidenta que él conoce mucho de ella.

Solo se puede conjeturar, pero hay una gran distancia entre el entusiasmo que había ayer en el Gobierno sobre lo que iba a ser, ahora sí, un renovado gabinete y la presencia de un personaje político que no es Otárola, pero que, al menos en estos días, solo hace recordar a Otárola. Diera la impresión que, una vez más, los intereses personales, la política menuda y el temor a los juicios por venir permitieron hicieron lo suyo. El expremier se tomó un buen tiempo en volver de Canadá, y logró dejar un nombre que, desde dentro, lo respalde. La gran pregunta es si los grupos en el Congreso, que necesitan que el Ejecutivo no deje que se incendie la pradera, van a tolerar más tiempo tanta incompetencia. Si el anunciado relanzamiento no funciona, ¿la próxima filtración podría comprometer a la misma presidenta? Esa película ya la hemos visto, en los últimos años, varias veces y en diferentes versiones.

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/07/la-ultima-oportunidad-por-hernan-chaparro-236988

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Perú: Crimen en vivo y en directo

Ronald Gamarra

Finalmente, los Pancho Malandro y los Juanito Alimaña de la Plaza Bolívar encontraron la vía y decidieron avanzar hacia la consumación del crimen. Lo habían intentado reiteradamente, con argumentos burdos y sin sustancia, pero la maniobra no les salía. La Junta Nacional de Justicia se salvaba una y otra vez cuando la suerte parecía echada. En diciembre, sin embargo, todo apuntaba a que de todos modos lo lograrían, pero la caída de Patricia Benavides, suspendida del cargo de Fiscal de la Nación unos días antes, introdujo el desconcierto entre los conspiradores. Entre mutuos reproches de las facciones comprometidas en la conjura contra la JNJ, el presidente del Congreso decidió, por el momento, postergar el asunto.

Había mucho que negociar antes de volver a proceder. La caída inesperada de la Fiscal de la Nación introducía cambios necesarios en la correlación de las bandas. El verano permitió que reajusten sus posiciones e intereses. Particularmente el fujimorismo, mientras maniobraba para sacar de prisión ilegalmente a Alberto Fujimori con la complicidad de la mayoría del TC y el Gobierno de Dina Boluarte, aprovechó para retomar la conducción de las facciones conspiradoras. Quedaba claro que son ellos, los fujimoristas, quienes están en capacidad de capitanear una coalición de intereses bastardos, desde el porkismo hasta el cerronismo.

Se trata claramente de la consumación de una maniobra delictiva largamente planeada y coordinada. Está documentada la conspiración en conjunto de las principales facciones del Congreso con la suspendida fiscal Patricia Benavides, especialmente con “la alta dirección de Fuerza Popular”, para traerse abajo cuanto antes a la JNJ en pleno. La coordinación delictuosa de los congresistas con la suspendida Fiscal de la Nación para esta y otras maniobras sucias consta en los chats puestos a disposición del equipo especial de la fiscal Marita Barreto por un congresista y en las declaraciones del asesor de Patricia Benavides, el “filósofo”.

Cuando este lunes la Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que destituye a los miembros de la JNJ y los suspende por diez años para el desempeño de la función pública no hizo otra cosa que avanzar decisivamente en la consumación de un crimen proyectado repetidamente con persistencia y negociaciones nada santas entre facciones y funcionarios que se valen de operadores para violar la ley. Ahora solo les queda lograr la aprobación en sesión plenaria del Congreso de la decisión de la Comisión Permanente para culminar el camino del delito.

Se trata de un crimen ejecutado con un descaro cuyos precedentes sólo pueden hallarse en la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Actúan con total descaro, sin el menor asomo de vergüenza, a pesar de que todo el país es testigo de sus pactos delincuenciales para derribar a la JNJ. No los detiene nada. Cuentan con un Gobierno hincado de rodillas, al cual le permiten mantenerse hasta el 2026, con un TC sometido, que nombraron para que sirva expresamente a sus intereses, y un Defensor del Pueblo igualmente sometido y sobre todo silencioso. Pero van por más.

El verdadero objetivo de esta conspiración es controlar el sistema electoral y el sistema de justicia del país. La JNJ es la llave para someter a los organismos electorales, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Los motivos son clarísimos. Necesitan someter al sistema de justicia para librarse de las investigaciones y procesos por delitos de corrupción en los cuales están involucrados de rey a paje, desde Keiko Fujimori, López Aliaga o Vladimir Cerrón, pasando por decenas y decenas de congresistas y altos funcionarios vinculados íntimamente con ellos, como César Hinostroza o Patricia Benavides.

Al mismo tiempo, necesitan de manera ineludible controlar el sistema electoral para asegurar su triunfo en las elecciones del 2026, ya que no pudieron ganar limpiamente en los procesos electorales anteriores. Los malos perdedores de siempre, que tanto denunciaban un fraude del que jamás presentaron ni una sola prueba, preparan ahora descaradamente el verdadero fraude que les permita reconquistar plenamente el poder hasta el 2031 y aun más allá, si cabe. Estos son los dos grandes y verdaderos objetivos tras la destitución exprés de la JNJ: impunidad por sus delitos y poder político sin control democrático.

Esta democracia ya no lo es más. En el plano internacional ya nos consideran desde hace buen tiempo como un régimen híbrido, una semidictadura. Con la destrucción de la JNJ se inicia el proceso hacia una dictadura de torvos intereses, articulada por ahora desde el Congreso, básicamente por el fujimorismo, con el porkismo y Acuña como socios menores y Boluarte de instrumento. El cerronismo no da para ser socio, solamente participa como sirvienta. Si sus planes se llegan a realizar, la dictadura se trasladará en 2026 a Palacio de Gobierno. Eso es lo que quieren para el Perú: una reedición del oprobio fujimontesinista de los años 90.

Por cierto, nada de lo aquí escrito atempera mi democrática crítica a una débil Junta Nacional de Justicia que está muy lejos de haber cumplido con solvencia su rol constitucional, que no supo ponerse a la altura de la Historia, y que ni siquiera ha sabido defenderse política y mediáticamente del acogotamiento del que ha sido víctima por los Pancho Malandro y Juanito Alimaña de la Plaza Bolívar. Además de la presencia en su seno de por lo menos dos magistrados cuestionados.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 675 año 14, del 01/03/2024

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Perú, más de lo mismo

Gustavo Espinoza M.

El «gatopardismo» es una expresión conocida, Se trata de una práctica que resume  Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y que alude a un juego político que refleja una idea: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie». Pero la cultura política de los actuales gobernantes, no da para tanto. Por eso no se atreven a “cambiar todo”, pero buscan dar la impresión que alientan ciertas reformas para mantener todo igual.

Si en  verdad en el escenario nacional se quisiera cambiar las cosas, tendría que comenzarse por convocar nuevas elecciones y asegurar que la ciudadanía resuelva una crisis artificialmente creada por la Clase Dominante, en el empeño de mantener en sus manos los resortes del Poder.

Sólo la salida de Dina Boluarte, podría considerarse un paso real para atisbar un camino de futuro.  Pero eso no lo entenderán quienes hoy pululan en esos predios, comenzando por Alberto Otárola. La salida de éste del Despacho que detenta, sería la antesala de ese cambio, que hoy todo el país demanda (los Carnavales celebrados en todo el país, lo confirman) . No obstante, hay que considerar algunos elementos claves que nos indican que las cosas, van para peor. El cambio del titular de Energía y Minas, por ejemplo, se produce cuando  arrecia una ofensiva destinada a  asegurar que los consorcios privados se alcen con el santo y la limosna.

Eso explica,  una campaña que alienta quebrar Petro Perú para que las empresas foráneas se lleven todo el petróleo; y poner en marcha los proyectos mineros pendientes sin tomar en cuenta la opinión ciudadana ni el Medio Ambiente. El nuevo titular del sector ya salió a asegurar que los proyectos de Conga y Tía María “se concretarán” de inmediato. ¿En beneficio de quién? De los consorcios más influyentes: Buenaventura y Souther. En otras palabras de Roque Benavides y sus socios, entre los que destaca Keiko Fujimori. Después de todo, no hay que olvidar que el señor Rómulo Mucho -el nuevo titular de esa Cartera-  integró el equipo de Gobierno de la Señora K.    

Algo parecido puede decirse en el Despacho de Economía y Fianzas. Es verdad que el ministro Contreras era lo más parecido a la Carabina de Ambrosio; pero su cambio no aporta nada. El más alto mérito del nuevo titular del MEF es haber desempeñado la función de Ministro en el “gobierno” de Manuel Merino, es decir, durante menos de tres días. Al cuarto, debió salir corriendo con todos sus colegas, perseguido por la ira popular. Pero, además, el señor José Arista registra cinco acusaciones penales y una de ellas, por peculado. ¿Es mérito suficiente para ser el titular de ese portafolio hoy?

El otro gran tema tiene que ver con las deposiciones del señor Jaime Villanueva, la estrella que fugara del Ministerio Público, para refugiarse en el sitial de “colaborador eficaz” y evitar la cárcel. Hoy, el citado funcionario ha complicado severamente a Patricia Benavides, la ex Fiscal de la Nación, confirmando a la legua su condición de cabeza de una red oscura en el Despacho de la Avenida Abancay.

Pero la acusación contra ella, no queda allí. Compromete también gravemente a numerosos congresistas entre los que destaca el mismo titular del Legislativo, Alejandro Soto, y las parlamentarias Martha Moyano y Patricia Chirinos, coludidas hasta el fin en torvos y repudiables manejos. Y pone en relieve la relación oscura y confidencial entre la Fiscal de la Nación y Dina Boluarte para enterrar las matanzas del pasado reciente.  Y también resalta el vínculo de la Benavides con la cúpula del APRA, a través de Hernán Garrido Lecca _”El Africano”  y Jorge del Castillo. Esos ahora quieren abogar también por Alan García pretendiendo presentarlo como “víctima” de un acoso indebido. Propósito vano, sin duda que no limpia la imagen de un Mandatario que se enriqueció en el Poder y que huyó de la vida para no dar cuenta de sucesivos latrocinios. Hay quienes no entienden aún lo que pasa. Y por eso se suman cándidos a los ataques contra Gustavo Gorriti y los Fiscales Vela y Pérez. No perciben la diferencia que existe entre cometer delitos, y realizar acciones para poner en evidencia y castigar esos delitos. Ayudar a esa campaña. no es sólo remar contra la corriente, sino también sumarse con candorosa inocencia a la grita de la Mafia que sabe muy próxima su caída. Cuanta turbamulta desate hoy, no tiene más propósito que mudar el escenario antes del 1 de julio, cuando se inicie el Mega Juicio a Keiko y sus 46 cómplices. No verlo, es ignorar al enemigo estratégico, y no   percibir el peligro principal que amenaza al Perú.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Perú: El juego del descaro

Ronald Gamarra

La suspendida fiscal Patricia Benavides prepara su contragolpe. Esta vez confía en que sus aliados en el Congreso logren reunir una mayoría suficiente para derribar a la Junta Nacional de Justicia. Ese es el plan A. Pero tiene bajo la manga un plan B, de la mano con el Tribunal Constitucional, para que este organismo, copado por magistrados que se deben a la ultraderecha y el fujimorismo, la blinde declarando fundada una demanda competencial interpuesta por la ex fiscal de la nación para impedir que la JNJ la investigue.

El plan A, con el Congreso, debió imponerse por la fuerza el 15 de diciembre, último día de la legislatura. Ya una semana antes, el almirante de tina Jorge Montoya había anunciado, sin ambages, la intención de violentar toda norma de derecho para conseguir su objetivo: presentar una moción orientada a la inmediata remoción de los miembros de la Junta, por la suspensión temporal en sus funciones de la fiscal de la nación.

No obstante, las facciones congresales tienen sus propios intereses que no necesariamente han de coincidir siempre y en todo momento con los de algún aliado. Eso le ocurrió esta vez a Patricia Benavides, cuando el presidente del Congreso, con el respaldo silencioso de la mayoría congresal, decidió postergar el debate de la moción presentada por Montoya y su grumete Muñante. APP no juzgaba oportuno, por el momento, jugarse tan a fondo por la ex fiscal sindicada como cabecilla de una organización criminal.

La decepción de la facción aliada de Patricia Benavides en el Congreso, casi todos de Renovación Medieval, se expresó amargamente. Montoya escribió: “El presidente del congreso acaba de sucumbir ante un órgano independiente que no es ningún poder del Estado (...) ha permitido que la JNJ se burle del primer poder del estado”. Montoya añadió al día siguiente: “Es una lástima y penoso ver cómo el poder nubla la moral y los principios de las personas. Algunos congresistas ya no son dueños de sus decisiones, sino que obedecen a los pactos bajo la mesa de sus partidos por intereses subalternos ajenos a cualquier verdad y más bien oscuros por sus intenciones”.

El grumete Muñante, por su parte, se lamentó así, en tono concluyente: “Hoy no hay un bloque democrático en el Congreso, hoy existe una minoría patriota y una mayoría funcional a los poderes de turno”. Dos semanas más tarde, el 3 de enero, se quejaba a voz en cuello de que “en un hecho sin precedentes, el presidente del congreso (...) nos pide precisar las causas graves que motivaron nuestra moción N° 9525 (remoción de la JNJ)”. Es que así no más querían derribar a la JNJ, sin fundamentar ni precisar nada, con solo una sesión, como están acostumbrados a actuar.

En las últimas dos semanas, sin embargo, los porkistas se han reacomodado y han reajustado su táctica. El objetivo es obtener cuanto antes la convocatoria a un pleno extraordinario en el cual se imponga la destitución exprés de la JNJ. De ninguna manera quieren esperar hasta la apertura de la legislatura en marzo. En esas están: tratando de obtener 78 firmas para imponer la convocatoria al pleno extraordinario. Hace unos diez días, Montoya y Muñante anunciaron que ya tenían unas 60 firmas y es que ya cuentan con el respaldo del fujimorismo. No obstante, parece que tienen dificultades para reunir las pocas firmas faltantes, pues no han vuelto a abrir la boca. Es probable que no pocos congresistas prefieran seguir disfrutando de la buena vida y esperar a marzo.

Por su parte, el TC acaba de habilitar a un magistrado recientemente nombrado por la mayoría congresal fujiderechista para que pueda votar sobre la demanda competencial presentada por la exfiscal Patricia Benavides contra la JNJ, a pesar de que dicho tribuno no participó en la audiencia previa donde las partes presentaron sus alegatos. Se entiende que se trata de un paso más que dan en la vía de blindar a Patricia Benavides, pero tampoco es tan sencillo. Vistas las cosas objetivamente, es obvio que el TC preferiría que el Congreso le saque las castañas del fuego y se encargue de la operación de destrucción de la JNJ. Ya la operación de liberación de Alberto Fujimori, en violación abierta de las disposiciones del sistema interamericano, los ha desprestigiado mucho como para que quieran comprarse otro escándalo de inmediato.

Patricia Benavides tiene naipes como estos y otros para jugar y lo está haciendo, con el respaldo cerrado de los apristas, en primer lugar, convertidos ya hace mucho en un apéndice eficaz y solícito del fujimorismo. Pero no las tiene todas consigo. Los aliados no son palancas que se pueden mover a voluntad, menos aun cuando has caído en desgracia. Y alias Vane, vaya que ha tocado fondo. Ha perdido toda autoridad funcional, profesional y moral. ¿Con qué cara podría reasumir las riendas del Ministerio Público? Olvidaba que, en los tiempos que corren, el descaro se ha convertido en moneda corriente.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 669 año 14, del 19/01/2024

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El Perú no olvida

Ronald Gamarra

Se cumple un año de las masacres perpetradas en el sur del país, principalmente, por el gobierno de Dina Boluarte, con la complicidad encubridora de la mayoría congresal y el Ministerio Público, bajo la gestión de Patricia Benavides. Un año desde la matanza de Juliaca, donde 18 personas fueron abatidas en un solo día por la policía con disparos al torso y la cabeza. Un año desde el aniquilamiento de Huamanga, que costó la vida a 10 personas, ultimadas por el ejército con armas de guerra. Un año desde la muerte de decenas más de peruanos en Andahuaylas, Abancay, Cusco y nuevamente en Huamanga y Puno.

El sur no olvida, el Perú entero evoca; es lo primero que cabe constatar en esta primera conmemoración del peor crimen de estado cometido desde la época de Alberto Fujimori, a quien precisamente acaban de excarcelar en abierto desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si este desafío torpe a la legalidad internacional les permitiera a ellos también eludir la justicia cuando les toque enfrentarla. Qué equivocados están. La liberación pirata de Alberto Fujimori, condenado por los asesinatos múltiples de Barrios Altos y La Cantuta, entre muchos otros crímenes, recuerda al mundo por qué deben responder quienes lo relevan de su encierro en la Diroes.

El sur recuerda y el Perú lo tiene en la memoria. No olvidará nunca la sangre brutalmente derramada, mientras no se haga justicia, y después lo tendrá presente. Aún tienen el poder, han logrado mantenerse en él quienes ordenaron disparar a la gente con armas y munición de guerra, y por eso se sienten inalcanzables, intocables, inmunes. Cuentan con la protección de la mayoría fujiderechista del congreso, de la cual se han convertido en sirvientes solícitos a cambio de asegurarse su propia impunidad. Pero todo eso es deleznable, frágil, pasajero, y se disolverá mucho antes de lo que ellos imaginan. Y entonces, sí o sí, tendrán que responder.

El Ministerio Público les sirvió eficazmente para amarrar las investigaciones durante casi un año. Pero Patricia Benavides tenía su propio juego, no daba puntada sin hilo. Ella no iba a hacerle servicios gratis a Dina Boluarte y Alberto Otárola. Mientras, por un lado, creaba obstáculos al avance concreto, real, de las indagaciones, al extremo que en casi un año no se formalizó denuncia contra ningún responsable de las masacres, por otro lado, se premunía de documentos para usarlos contra la presidenta en caso de enfrentamiento con ella, y fue lo que hizo con prisa cuando fue identificada como cabecilla de una organización criminal en el Ministerio Público, convencida de que el chivatazo provenía del gobierno.

Su denuncia fue desechada políticamente de inmediato por la mayoría congresal, aún dispuesta a proteger a Dina Boluarte y compañía, pero dejó al descubierto la naturaleza precaria y oportunista de la “protección” que se le garantiza a la actual mandataria. Al igual que Patricia Benavides, el parlamento solo sostendrá ese amparo mientras considere que Dina le es útil y obsequiosa. La ex vicepresidenta de Pedro Castillo lo sabe, por eso se desvive en multiplicar los actos de servicio y sometimiento a la fujiderecha, al extremo que ya casi ni se siente la presencia y la existencia de un gobierno en el país. Aquí manda la fujiderecha desde el congreso y Dina se somete.

Están convencidos de que la librarán, que lograrán la impunidad. Pero eso es imposible para el crimen más detestable cometido por un gobierno en casi tres décadas. No hay forma de que la falta de sanción pueda imponerse a largo plazo. Con cada año que pasa, la sombra del delito se agranda hasta aplastar a sus autores. Al final del camino, más pronto que tarde, llegará el momento de rendir cuentas públicamente ante la justicia. Es un destino ineludible y estoy persuadido de que arribará sin acudir a los organismos internacionales, por una reacción de las instituciones de justicia y sobre todo de nuestra sociedad que desprecia y condena abrumadoramente a gobierno y congreso.

De hecho, ya están sufriendo hoy mismo las consecuencias de la censura que espontáneamente les ha impuesto el pueblo. ¿O acaso no somos todos testigos de que a Dina le es imposible viajar y ser recibida en casi todo el país y sobre todo en el sur del Perú? ¿No ocurre lo mismo ya con numerosos congresistas, muy arrogantes en la Plaza Bolívar, pero que son expulsados con enojo por la gente apenas los reconocen, y prefieren pasar de incógnitos o protegerse con nutridas escoltas? ¿No pasa lo propio con Dina y los congresistas en la misma capital? ¿Acaso la gente no recuerda que fue en Lima donde una persona fue asesinada alevosamente de un disparo directo de bomba lacrimógena a la cabeza, a dos metros de distancia?

En el extranjero es lo mismo. El gobierno de Dina Boluarte es considerado con distancia sanitaria por numerosos gobiernos, pues nadie quiere contaminarse con un régimen que carga con las vidas de 50 personas asesinadas con armas de guerra. A lo cual se añade el abierto desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las movidas de un congreso ultrarreaccionario que pretende repudiar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es ya un régimen de impresentables desde que decidieron mancharse las manos con sangre.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 668 año 14, del 12/01/2024

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Perú: Que nos espera en el 2024

Salomón Lerner Ghitis

Ha transcurrido casi una década que en nuestro país no existe gobernanza, en términos populares no existe credibilidad entre gobernantes y gobernados.

El programa de la Gran Transformación que llevó al poder en 2011 a Ollanta Humala en sus inicios dio un giro de 180 grados -algunos más radicales dicen 360 grados- de lo ofrecido a las mayorías que le dieron sus votos en las elecciones donde derrotó a Keiko Fujimori.

El plan de gobierno que lo llevó al poder después de 13 años se sigue debatiendo, las irrigaciones de la costa que hubieran hecho producir alrededor de más de 400 mil hectáreas, 1 millón y medio de empleos y entre 5 a 6 mil millones de dólares aún no se llevan a cabo (Alto Piura, Transvase vía Huancavelica, Chavimochic 3, Villacurí, Majes Siguas, Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes).

El gran proyecto petroquímico de la Costa Sur duerme silenciado en los millones de tubos invertidos y sin usarlos en algún lugar esperando una decisión de las autoridades si se utilizaran o pasaran a algún cementerio sin usar, mientras cuestan al estado cientos de millones de dólares en juicios y paralización de proyectos.

El transporte público que debería iniciar una modernización de Lima y alrededores, con el funcionamiento de la línea 2 del Metro, solo un bajo porcentaje se ha materializado y lo que abunda son las enmiendas y el aumento del costo para su funcionamiento ocasionando millones de horas perdidas para la masa de trabajadores que se diluyen en costos y tiempos dejados de ganar y producir.

Los proyectos en minería paralizados por la inestabilidad política y reglas claras ambientales que hubiesen llevado al Perú a ser uno de los más grandes productores de cobre del mundo y aumentar los ingresos en la balanza comercial de más de 10 mil millones de dólares.

Con políticas de industrialización se hubiera logrado que de nuestras riquezas mineras se exporten con valor agregado la pesca de consumo humano y la acuicultura. La falta de planificación y una política permanente en el sector turismo, que hubiera podido alcanzar más de 5 millones de visitantes ingresando más de 3 o 4 mil millones de dólares y creando 500 mil puestos de trabajo.

El potencial es inmenso, dinero de peruanos en el exterior, suman alrededor de 20 mil millones de dólares y de inversión de AFP y otros tantos en lugar de invertirlo en nuestro propio suelo.

Los talentos humanos ante este panorama sucumben y optan por buscar otras oportunidades en el exterior. Hoy alcanzamos aproximadamente 4 millones de conciudadanos en diferentes lugares del mundo aportando su emprendimiento y talento humano.

Nuestras riquezas son innumerables necesitamos planificar nuestras prioridades, dejar de lado las diferencias respetándonos unos a otros.

No podemos seguir con ratios de pobreza de 34%, anemia de 35% o 40%, con desnutrición del 14% e informalidad del 75%. Abandono de la educación y del sistema de salud pública.

Mientras tanto la gente deja de aspirar a un futuro mejor porque no se puede imaginar otra alternativa. Es entonces cuando la existencia se convierte en un vegetar, la vida se achica y con ella el sueño, la ilusión y la esperanza.

El 2024 es la consolidación del Bicentenario de nuestra independencia, y por ello nos hacemos la pregunta, ¿No merecemos los peruanos una clase dirigente honesta que sirva al país y no lleguen a la política a servirse del país?

Mientras tanto, aquellos que nos negamos a ver al país fraccionado, racista o autoritario, seguiremos nadando durante todo el tiempo que haga falta hasta que asome un nuevo horizonte.

Nadar si es preciso contra la corriente, y seguir nadando durante todo el tiempo que haga falta para que otros nadadores se unan al esfuerzo conjunto para que la corriente cambie de dirección.

Después de todo, todas las conquistas sociales se hicieron realidad porque algunos lo soñaron primero y nosotros no dejaremos de soñar, porque mientras quede un puñado de soñadores, tenemos esperanza. La historia tiene sus flujos y reflujos, sus pliegues y repliegues. Allí donde acechan tempestades se juntan las esperanzas, nuestros hijos se lo merecen.

https://otramirada.pe/que-nos-espera-en-el-2024

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