Perú: No era Junta sino banda

Ronald Gamarra

"Vemos claramente la trama de una auténtica conjura que pretendió tomar por asalto el Ministerio Público"

La reciente crisis desatada por la JNJ contra el Ministerio Público tiene numerosas características y detalles que deben ser presentados en conjunto para apreciar que, en la pretendida restauración de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, finalmente abortada por la decisión de un juez valeroso, se ha actuado no solo irregularmente del todo en el plano administrativo, sino como banda y con verdadero dolo, que no puede ser pasado por alto. Vamos a los detalles.

- Avocarse a causa abierta en otro fuero. En el momento en que la JNJ decidió ocuparse del caso de Patricia Benavides, había causa en trámite sobre el mismo asunto en el Poder Judicial, y de esto fue informada la JNJ tanto por uno de sus integrantes, el doctor Francisco Távara, formalmente por escrito, como por la propia Patricia Benavides en audiencia pública, quien confirmó tener una acción de amparo pendiente. Avocarse a causa abierta en fuero judicial está prohibido expresamente.

- Ignorar y ocultar las observaciones de Francisco Távara. Cuando se pone sobre el tapete en la JNJ reabrir el caso de Patricia Benavides, el doctor Távara, el único de ese organismo con verdadera experiencia en Derecho sustantivo y procesal, advierte por escrito en documento dirigido a sus colegas y entregado al presidente de la JNJ, que tal posibilidad es ilegal. Sin embargo, su aviso es ignorado y ni siquiera diligenciado, pues el presidente de la JNJ no cumple con entregar la carta a la secretaria general de la JNJ para que proceda al trámite correspondiente, a fin de que las observaciones sean contempladas en el pleno de la JNJ.

- No citar al doctor Távara para la sesión del 9 de junio. Evidente consecuencia de lo anterior, este no fue avisado para participar en la sesión de esa fecha (si es que realmente se celebró) en la cual se “rehabilitó” a Patricia Benavides. En la práctica, se estableció en la JNJ una ilegal situación de incomunicación en su perjuicio, pues ella incluso llegó a declararse en sesión permanente sin comunicárselo.

- No citar a la secretaria general de la JNJ para la sesión y proceder sin su presencia y refrendo. La funcionaria no fue avisada de la reunión del pleno y no participó. Esto es ilegal. Es como prescindir del notario público en actos en los que su presencia es indispensable. La secretaria general renunció a su cargo con fecha 16 de junio.

- Filtración temprana de la resolución a Patricia Benavides. El lunes 14 de junio, alias Vane se presentó sorpresivamente en la sede del Ministerio Público, con medalla de Fiscal de la Nación más escolta de personal de seguridad, y con agresividad pretendió tomar posesión física del cargo. La notificación llegó después. Esto indica a las claras que la Benavides supo con gran antelación sobre la resolución de la JNJ, mucho antes que la Fiscalía.

- Notificación irregular mediante la sola firma del presidente de la JNJ. Este tipo de resoluciones exige la firma del total de integrantes de la JNJ porque la unanimidad es uno de sus requisitos, más el refrendo del secretario general. La Junta pretendía descabezar a la Fiscalía de la Nación con un simple papelito firmado por su nefasto presidente.

- Violación del principio de unanimidad. La unanimidad exige el acuerdo de todos, absolutamente todos, los integrantes del organismo, en este caso los siete miembros de la JNJ. No podía expedirse resolución favorable sin la participación y aquiescencia del doctor Francisco Távara.

- Ocultamiento de la resolución y su texto completo. Durante las dos semanas que duró la crisis, y a pesar de los reiterados pedidos de la Junta de Fiscales Supremos, la JNJ se negó a presentar el acta y la resolución debidamente firmada por todos sus miembros. Las resoluciones de los tribunales administrativos son tan públicas como las de las cortes judiciales, no son secreto de Estado.

- Haber pretendido que la legítima Fiscal de la Nación sea desalojada por la fuerza policial, sin contar con autoridad alguna para hacerlo. Los tribunales administrativos no tienen la facultad de disponer la intervención de la fuerza pública, salvo en casos muy acotados y específicos, como una cobranza coactiva municipal, por ejemplo. Esa facultad sólo corresponde a los jueces.

- Dudosa celebración de la sesión del 9 de junio. No haber citado al doctor Távara, no haber citado a la secretaria general ni contar con su refrendo del acta, no haber cumplido con grabar en video la sesión, el debate y la votación, más la escandalosa tardanza en exhibir el acta, nos llevan a una duda poderosa y legítima sobre si en verdad se celebró una reunión del pleno siquiera con los otros seis integrantes para decidir sobre el caso Benavides y si en realidad hubo un debate y exposición de argumentos. Todo adquiere el cariz de una maniobra oscura dirigida desde la presidencia de la JNJ. Muchos indicios apuntan a que el acta recién se elaboró hacia el 16 de junio, cuando le exigieron a la secretaria general que la refrendara y ella se negó, prefiriendo renunciar.

- Lo peor, que la dichosa acta no presenta motivación alguna de verdadero peso jurídico o de hecho para anular las sanciones impuestas con anterioridad a la Benavides por la JNJ, ni para fundamentar su reposición como fiscal suprema. Como tampoco fundamentan por qué restituyen a la hermana de Patricia Benavides como juez superior, anulando su destitución por las denuncias de favorecer judicialmente a narcotraficantes.

Todo lo anterior nos pone en evidencia que estamos ante el accionar de una banda, de un sexteto de malevos, y de un abrumador conjunto de maniobras e irregularidades que configuran inconducta administrativa de seis miembros de la JNJ, especialmente su presidente, el señor Ríos Patio, que ameritan destitución. Pero además vemos claramente la trama de una auténtica conjura que pretendió tomar por asalto el Ministerio Público derribando a su legítima Fiscal de la Nación, que va más allá de lo administrativo y entra de lleno en el terreno penal, lo cual exige investigación para establecer las responsabilidades por los delitos cometidos.

Claro que ahora, tras el fracaso de esta gavilla, el Ministerio Público tendrá que hacer frente a la arremetida de los dueños de la Junta Nació Mal de Justicia. Y esos, los del antro de la plaza Bolívar, bajan a matar.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025

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Perú: Noticias de la semana

César Hi​ldebrandt

"Que lo haga ahora, repudiada y más vil que nunca, es una manera de probarnos que no existimos"

La señora Enma Benavides, acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de gruesas sumas de dinero, regresa al poder judicial como presidenta de la décima sala penal de apelaciones de Lima. La resolución la firma Miluska Cano, que gozaba de una buena reputación.

El Congreso ha reanudado la batalla que podría terminar en la destitución definitiva de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, tal como lo anticipó este semanario amenazado por el pirateo. Es imperativo para la mafia que se ha apoderado del país que la Fiscalía sea un coto sumiso y disciplinado. Es eso o la cárcel para unas cuantas decenas de delincuentes que están ejerciendo el poder. Es claro que el fujimorismo, el Apra caleta, la derecha próxima al hampa, la izquierda cogotera nos gobiernan.

La señora que acude a Palacio y que no puede ir a Arequipa porque la apedrean y la insultan se sube el sueldo y llega a los 10,000 dólares. El presidente de Chile, que tiene un cociente intelectual estándar, gana 6,500 dólares.

Machu Picchu está en una lista negra internacional por maltratar a los turistas y cobrar en demasía. Responsables: las ruinas del Ministerio de Cultura y del Gobierno Regional del Cusco.

El diario “El Comercio” descubre que un funcionario del Congreso –Jorge de Lama– resulta ser vocero de los mineros informales, muchos de los cuales son castizamente ilegales.

El Congreso del hampa engaveta otra vez toda posible investigación que comprometa a la señora Boluarte en los asesinatos que ella mandó ejecutar en diciembre del 2022 y enero del 2023.

La Fuerza Aérea nos hará gastar 3,500 millones de dólares en la compra de 24 aviones caza de fabricación sueca. La señora ya aprobó la compra. No hay una sola razón práctica que justifique tamaño gasto, excepto la de los apetitos.

El alcalde de Lima quiere que los trémulos trenes que compró como sobra se luzcan pronto en una marcha blanca de fiestas patrias. Eso es inverosímil dado que las obras pertinentes ni siquiera han empezado. ¡Ni siquiera tienen expediente técnico! Hasta el limítrofe ministro de Transportes ha tenido que admitirlo.

El nuevo aeropuerto de Lima sufre de un grosero déficit de mangas y buses y los trámites migratorios se hacen más lentos porque el terminal dedicado a esa tarea es más chico que el del “Jorge Chávez” anterior. Los alemanes nos estafaron y nadie del gobierno sale a decir algo digno.

Renuncia la secretaria de la Junta Nacional de Justicia, Giovanna Díaz, porque no quiso prestarse a la ilegalidad perpetrada en el caso de la “restitución” de Patricia Benavides, que se hacía llamar “Vane” en el canal de mensajería que usaba para comunicarse con sus secuaces.

Ilich López, congresista que preside la Comisión de Economía, insiste en su propuesta: que el Estado compre el oro de la minería informal, con lo que ciertas operaciones de lavado de dinero adquirirían nuevas proporciones.

En Trujillo las bandas Los Pulpos y La Jauría alimentan el terror extorsivo y el sicariato al por mayor, según declaraciones del coronel PNP Johnny Farfán.

El testigo principal del caso Susana Villarán aparece degollado. Villarán, la pasionaria del dólar, es la gran favorecida con esa muerte. Por otro lado, el asesinato de la mujer que servía en el Congreso y que se había peleado con su mentor (a quien amenazó con decir algunas cosas en público) sigue siendo un absoluto misterio policial.

Estas son las noticias más importantes de los últimos días. Pertenecen a un país enfermo poblado por millones de sobrevivientes.

Nos hemos anestesiado para tolerar todo esto, para fingir que todo esto no nos concierne, para simular que somos ciudadanos libres y que vamos a unas elecciones pulcras el próximo año. Somos un meme, una parodia de país. Y el cuero duro que exhibimos no es sabiduría: es acostumbramiento. Nos blindamos con algo que se parece al cinismo pero que es, en realidad, podrida comodidad. Permitimos todo esto porque pensamos que quizá, algún día, nos toque algo de ese banquete vicioso. No tenemos capacidad de sanción y el olvido funciona como astucia exculpatoria. No perdonamos: nos embarramos en un mismo limo.

Que la conchuda de Boluarte se duplique el sueldo, es la medida de lo que somos: una mala comedia de Segura. Que lo haga ahora, repudiada y más vil que nunca, es una manera de probarnos que no existimos, que estamos civilmente muertos, que hemos elegido el silencio. Y el silencio es el hábitat de la cobardía. Seguimos siendo, en muchos sentidos, el pueblo que aceptó ser mandado por esperpentos: Gamarra, Echenique, Piérola (para citar a los ilustres). Seguimos siendo dulcemente serviles. No estamos desconcertados: la barbarie nos es familiar.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025

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Perú: Asaltantes frustrados (por ahora)

Ronald Gamarra

"Siento que buena parte de la jerarquía fiscal no ha defendido la institucionalidad como corresponde"

Hacia el martes pasado, el presidente de la actual Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, instrumento del pacto corrupto –no actúa por su cuenta, no tiene temple, ni correa para eso–, apostaba todo a una intervención por vías de hecho sobre la Fiscalía de la Nación para imponer por la fuerza a Patricia Benavides en ese alto cargo, del cual había sido debidamente destituida por encontrarse involucrada en varios delitos sobre los cuales hay investigaciones en curso.

Llamaba públicamente a la policía a asaltar el Ministerio Público. En privado, maldecía. El embate malandro era contra la legítima Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, elegida como corresponde por la Junta de Fiscales Supremos, la cual quedaría destituida de facto, a la mala, sin que medie proceso ni causa alguna, simplemente porque alias Vane debe regresar, sí o sí, según la absurda e ilegal decisión de la JNJ.

Ríos Patio se dirigió por escrito al comandante general de la Policía para que esta imponga el cumplimiento de la resolución de la JNJ que limpia de polvo y paja a Patricia Benavides y la entroniza como Fiscal de la Nación. Ya la policía había adelantado posición hace varios días, cuando dispuso otorgar custodia de seguridad oficial a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación y al dirigirse a la Fiscal de la Nación legítima como “fiscal superior”. El terreno, pues, estaba preparado para imponer por la fuerza, literalmente a mano armada, la toma de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público.

Pero en junio hay milagros y esto no ocurrió. Cuando todo estaba dispuesto para el crimen, en momentos en que el pacto corrupto se aprestaba a dar el zarpazo, Segismundo León, juez supremo de investigación preparatoria, suspendió en el ejercicio del cargo a Patricia Benavides, por 24 meses, por hechos perpetrados en su posición de Fiscal de la Nación, al constatar la existencia de un riesgo concreto, actual y grave de afectación al sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad. Es decir, de uso instrumental del poder institucional para fines ilícitos. Esta medida fue adoptada en el curso de una de las investigaciones que se le sigue por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento personal. La decisión suprema es de obligatorio cumplimiento, y aun cuando sea materia de impugnación, no será resuelta antes del 1 de julio, fecha hasta la que –en el mejor de sus sueños– Vane podría detentar el cargo de Fiscal de la Nación.

Claro que ahora los tiros se multiplicarán desde el Congreso. El Ministerio Público, visto como botín por la mugre, intentará la intervención de la entidad, de forma directa y desembozada, o a través de una reorganización, mayor limitación de facultades, procesos constitucionales, inhabilitaciones, destituciones y habilitaciones. Tendrá que prepararse para enfrentar lo que se viene, esquivar los cuchillos que le lanzarán y la basura que le tirarán.

Fracasada la intentona por parte de la presidencia de la JNJ, puesta allí como una de sus herramientas para eso, los verdaderos poderes tendrán que aparecer, abiertamente: el pacto corrupto articulado por el fujimorismo, en el Congreso, con la conspicua colaboración del cerronismo, y el gobierno de Dina Boluarte, obsecuente y servil a todos los apetitos de la mugre, a cambio de protección e impunidad para ella misma. Articularán y madurarán nuevos trapicheos. En este escenario, para el pacto corrupto todo es coordinable, incluso reconciliar a Dina Ercilia con la Vane. Recordemos que, cuando fue destituida, Patricia Benavides descargó su ira directamente contra la Boluarte, e incluso formalizó contra ella una acusación constitucional por los múltiples homicidios en las manifestaciones de diciembre 2022 y enero 2023. Ahora, si no lo han hecho ya, tendrán tiempo de explicarse, llorar juntas, darse cuenta de que les conviene compartir el mismo barco y afanarse la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público todo. Luego también irán por el Poder Judicial.

La maniobra con la cual el pacto corrupto insistirá en el asalto a la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público presentará las cosas como un conflicto entre dos señoras que se disputan un cargo, como una crisis en la cumbre del Ministerio Público, o a lo sumo como un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, en el cual el Ministerio Público aparece como la entidad rebelde, díscola, a la cual hay que “disciplinar” a punta de porrazo, pistola policial y chavetazo congresal.

Aún hoy, la resolución de la JNJ que restituye a Patricia Benavides continúa en el total misterio. Nadie la ha visto. Apenas se conoce un texto firmado por el presidente de la JNJ, cuando la ley exige que este tipo de decisión sea aprobado por unanimidad. Unanimidad, que no es igual a mayoría de los presentes. Se trata, hasta el momento, de una resolución fantasma, de la cual no se conoce ni siquiera que en realidad haya sido suscrita por los que estuvieron presentes en su aprobación. Me imagino a Ríos Patio persiguiendo a alguno de sus colegas de la JNJ que se niega a firmar la aberración que ha presentado. ¿Por eso también el apuro de recurrir a la policía antes de que se descubra que en realidad no hay resolución válida?

Un apunte final. En esta avanzada contra el Ministerio Público, siento que buena parte de la jerarquía fiscal no ha defendido la institucionalidad como corresponde, quizá a la espera de la consumación o no del asalto, sea para permanecer en sus sillas, conservar sus medallas y recibir la remuneración sin sobresaltos, sea para acomodarse con los otros supremos que vendrán, sea porque aspiran a ser promovidos a supremos, sea porque les gana el encono o la rivalidad interna. Los siempre locuaces, esta vez callaron. Los mediáticos, optaron por esconderse. Muchos otros –demasiados– solo fueron ajenos espectadores.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 27/06/2025

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Perú: La JNJ secuestrada

Ronald Gamarra

El cuestionado concurso público para cubrir las plazas titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia para los próximos cinco años terminó como debía: entre gallos y medianoche. Así lo anunció esta semana un comunicado de la comisión especial, emitido cuando casi todo el país se había ido a dormir, en el cual, además, se anunciaba la juramentación de los seleccionados para el día siguiente. Qué sigilosos y apuraditos. Ni siquiera dejan que la gente tenga tiempo de informarse y mucho menos de opinar, presentar un recurso, reaccionar de alguna manera. Han actuado así, furtivamente, de principio a fin de todo este proceso irregular denominado “concurso público”.

Pero han quedado registrados los pasos seguidos por la comisión especial guiada por Josué Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, nombrado Defensor del Pueblo por este congreso del pacto corrupto como cuota de Perú Libre precisamente. Improvisado en el cargo, se ha esmerado en destruir hasta los cimientos el prestigio, el reconocimiento, la prestancia técnica y la labor cotidiana de la institución, que ahora no cumple ningún papel relevante en los conflictos sociales y en la defensa de derechos atropellados cada día desde el poder. Josué Gutiérrez llega a lo más hondo de la servidumbre al llevar a cabo este concurso para designar miembros de una JNJ sometida al pacto fujicorrupto.

El proceso de este concurso ha incumplido de modo deliberado las más elementales condiciones de transparencia, publicidad y apertura a la participación ciudadana. No se permitió en ningún caso el acceso de observadores de la sociedad civil a las entrevistas con los candidatos. Tampoco se permitió el acceso a las hojas de vida de los candidatos, impidiendo en la práctica la posibilidad de formular observaciones y tachas. Estas condiciones elementales, básicas, de un proceso transparente, por sólo poner un par de ejemplos, sí se observaron y permitieron ampliamente en el proceso de elección de la primera JNJ, en el año 2019. Se trata de una costumbre democrática que solo se ha dejado de cumplir bajo este congreso avasallador y manipulador.

Por otro lado, este concurso no se ha desarrollado en un ambiente democrático favorable, sino bajo condiciones de abierta intimidación. Desde el poder se han asegurado de que prácticamente ningún profesional que valga la pena considere la posibilidad de participar. La experiencia de actuar en la función pública con autonomía y sin someterse se castiga con una persecución feroz bajo este congreso, tal como ha quedado claro con el trato vejatorio dispensado a la JNJ que está por cesar y la persecución incesante a que son sometidos algunos de sus integrantes. Tal ha sido el ambiente de violencia creado por el antro de la plaza Bolívar, que disuade a los mejores y alienta a los que están dispuestos a someterse y servir al poder de turno que tiraniza el país.

Por eso ya entre los candidatos inscritos casi no se reconocía a nadie que hubiera destacado en el mundo del derecho o del conocimiento en general. Todos los postulantes eran de una grisura sin mayor matiz. De ellos, seleccionaron a 15. Qué graciosos, 15 aspirantes para 14 plazas (siete titulares y siete suplentes). O sea que entraban todos, menos uno. ¿Qué clase de concurso competitivo es ese? Este hecho, más allá de hacer levantar una ceja al más inocente, hace legítima la presunción de que esos 15 ya estaban bien “evaluados y conversados” para que no signifiquen en modo alguno la posibilidad de una actuación divergente de los propósitos mezquinos y hegemonistas del congreso.

Y así, por fin, el congreso logra tener a su disposición su propia JNJ, desde la cual pondrá en jaque al Poder Judicial y el Ministerio Público, donde muchos parlamentarios y sobre todo sus líderes políticos son parte de decenas de investigaciones y procesos que podrían terminar con ellos en la cárcel. Con el control de la JNJ ya tienen en sus manos una palanca poderosa para intimidar y condicionar a jueces y fiscales y para nombrar a los suyos propios. Además, la JNJ designa a los titulares de los organismos electorales. Una jugada a tres bandas para lograr la impunidad al mismo tiempo que el dominio sobre las elecciones del 2026, en las cuales se hace previsible, esta vez sí, el fraude que proclamaron en 2021.

Vistos los antecedentes, no es de extrañar que, en el concurso organizado por Fuerza Popular, perdón, por Josué Gutiérrez, el primer lugar lo ocupe un candidato de antecedentes nada alentadores. Se trata del abogado Gino Ríos Patio, de quien se ha podido averiguar que publicó en la revista del Colegio de Abogados de Lima un artículo en el cual plagiaba 14 párrafos de un artículo escrito con anterioridad por otro colega, y que no contento con ello también lo publicó en un libro. Quién sabe cuántos plagios más habrá cometido, pues bien dice el dicho: gallina que come huevo… Pero eso no es todo, también se le acusa de haber hecho uso de los abogados del Estado en sus casos particulares cuando fue procurador público con Alan García.

El congreso del pacto fujicorrupto avanza en sus planes de copar los principales organismos del Estado. Primero se apoderó del Tribunal Constitucional, luego hizo lo propio con la Defensoría del Pueblo, después se hizo con el control del Poder Ejecutivo sometiendo desde el principio a Dina Boluarte. Ahora siguen la faena nombrando una JNJ a su entero gusto. A partir de aquí proseguirán con el ataque al Ministerio Público, pues ya iniciaron el trámite de la acusación constitucional para destituir a todos los fiscales supremos, incluida la Fiscal de la Nación recientemente designada. Paralelamente, pretenden imponerse en los organismos electorales. Finalmente, irán por el control de la Corte Suprema, presidida actualmente por un tímido magistrado. Salvo que el pueblo lo impida.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 707 año 14, del 01/11/2024

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Perú: Al asalto de la JNJ

Ronald Gamarra

La coalición congresal encabezada por el fujimorismo, que articula a la ultraderecha, el cerronismo y otros grupos mafiosos tras el gobierno de Dina Boluarte, se propone, ahora sí, tomar el control definitivo de la Junta Nacional de Justicia. El plazo de los actuales integrantes de la JNJ vence a fines de este año, indefectiblemente. Si bien el fujimorismo y sus aliados se jugaron a fondo para destituirlos sin motivo válido, no lo lograron gracias a amparos judiciales que corrigieron los atropellos aleves. No se puede descartar, sin embargo, que vuelvan a intentarlo aún en estos meses postreros, pues su capacidad para el acuchillamiento, la venganza y el agravio artero es imprevisible.

Ahora se trata de otra cosa. Hay que designar a los nuevos integrantes de la JNJ para ejercer el cargo durante los próximos cinco años. Ello se hace mediante concurso público convocado y definido por una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Conscientes de esto, los de la coalición fujimorista se han esmerado en estos años en digitar a los que forman parte de la comisión especial y asegurarse la mayoría en ella para hacerse con el manejo y la dirección de la nueva JNJ. Con ello lograrán ejercer un poder temible sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público, que les permitirá someter a jueces y fiscales a un control arbitrario, expulsar a los magistrados que se atrevan a investigarlos por los innumerables delitos por los cuales se indaga a congresistas y miembros del gobierno, y llenar la judicatura con jueces y fiscales mafiosos, como en los tiempos de sus tan defendidos “jueces hermanitos” encabezados por el prófugo juez supremo César Hinostroza, el de los servicios comprometidos a “la señora K”.

La comisión especial encargada de seleccionar a los nuevos integrantes de la JNJ está presidida por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la integran Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial; Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación; Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional; César Aguilar, Contralor General de la República; Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Félix Romero, rector de la Universidad Ricardo Palma.

Los nombres, y las historias, no dejan lugar a ninguna duda. Esta comisión especial no ofrece ninguna garantía de imparcialidad y objetividad, pues cuatro de sus siete integrantes responden directamente al mandato del bloque articulado por el fujimorismo. Recordemos que el presidente de la comisión, Josué Gutiérrez, fue nombrado Defensor del Pueblo sin ningún otro mérito que su obsecuencia incondicional a Vladimir Cerrón y, como resultado de la negociación y acuerdo establecido entre los Cerrones y el fujimorismo, fue puesto en el cargo para digitar precisamente este proceso de selección para la JNJ, entre otras tareas. Josué Gutiérrez no es un simple presidente formal. En la práctica, él tiene el control ejecutivo de todo el proceso de selección y su direccionamiento.

También son obvios y obsecuentes servidores de la coalición encabezada por el fujimorismo el presidente del TC, organismo nombrado por este Congreso, que se ha convertido en una mesa de partes de sus atropellos y legicidios; así como el Contralor General, designado por el Parlamento a propuesta de Dina –tu mamá– Boluarte, nada menos, que ha de ser tan funcional a la coalición gobernante como lo fue su antecesor Nelson Shack. Lo mismo cabe decir de la rectora de San Marcos, especialmente activa en la destrucción de la SUNEDU, objetivo alcanzado plenamente por la mafia “educativa” que tantos miembros tiene entre los actuales congresistas.

No hay razón para esperar nada bueno de una comisión conformada de este modo. Al contrario, de ella solo se puede esperar la venia y el chicheñó al naranjismo y su sueño de tener bajo su red a la administración de justicia. Por ello, respondiendo a la preocupación que desde hace ya tiempo existe en torno a las vulneraciones de la democracia y el estado de derecho en nuestro país, un conjunto de entidades de la sociedad civil de nuestro continente conformó una Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia (MIO-Perú), que desde hace meses evalúa con creciente preocupación el proceso que lleva adelante la comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Recientemente, la MIO concluyó su segunda visita de observación, y al término de ella advirtió con marcada inquietud el serio déficit de transparencia que muestran las primeras etapas del concurso para la selección de los nuevos miembros de la JNJ, en relación con la aprobación del reglamento y las bases del concurso, la convocatoria a las personas interesadas y la publicación de los antecedentes de los postulantes.

En resumen, la Misión Internacional de Observación constata que el proceso que lleva adelante la comisión especial carece de transparencia y no ofrece las garantías mínimas para producir nombramientos idóneos. Este domingo, prácticamente entre gallos y gatos ron ron, la comisión especial procedió a tomar el examen escrito de conocimientos entre los 51 postulantes y declaró aprobados a una veintena de ellos. Ninguno es un profesional conocido, ninguno tiene un récord en materia de derechos humanos, ninguno cumple con la ejecutoria necesaria e imprescindible en aquellos que van a cumplir las muy delicadas funciones de control sobre jueces y fiscales. Ya sabemos que los tunantes de Plaza Bolívar y este gobierno de sangre y rolex desprecian el mérito, el conocimiento y la ejecutoria. En su lugar, promueven, en cambio, la mediocridad, el caciquismo, la complicidad, la obsecuencia.

La Misión, a pesar de los obstáculos opuestos a su labor, proseguirá su tarea de observar y dejar constancia del proceso de selección seguido por la comisión especial. La integran cuatro juristas de primera línea, como Thelma Aldana, guatemalteca, Fiscal General de su país entre 2014 y 2018, y antes presidenta de la Corte Suprema, que se distinguió por su decidida lucha contra la corrupción desde las esferas más altas del poder y por ello fue perseguida por el “pacto de corruptos” que dominó Guatemala en los últimos años. Por su parte, Stephen McFarland es un destacado diplomático norteamericano, embajador en Guatemala entre 2008 y 2011, y alto funcionario de las embajadas de su país en varios países de América latina, incluido el Perú, país que conoce desde muy joven pues terminó la escuela secundaria en Lima.

También integra la MIO Jaime Arellano, jurista chileno, destacado miembro del Partido Demócrata Cristiano, que desempeñó altas funciones durante el período de recuperación de la democracia en su país, entre ellas el cargo de ministro de Justicia entre los años 2000 y 2006. Finalmente, Edison Lanza, jurista y comunicador uruguayo, desempeñó el alto cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2020, y es autor de varios libros, entre los cuales destaca el titulado “La corrupción y su freno: Ciudadanía, instituciones y normas”, tema tan pertinente a la realidad actual de nuestro país.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 698 año 14, del 30/08/2024

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Perú: Proceso delictivo

Ronald Gamarra

En su furioso ataque para tomar bajo su control la Junta Nacional de Justicia, el Congreso ha “destituido” e inhabilitado por diez años de toda función pública a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, con lo cual creen haber logrado sus objetivos mínimos. El propósito claramente establecido desde un principio y hasta la víspera de la votación decisiva era traerse abajo a toda la JNJ. Enterita. Querían las cabezas de todos sus magistrados, sin dejar sobrevivientes.

En las últimas semanas, sin embargo, se intensificaron las protestas dentro y fuera del país contra el atropello que se preparaba para aplastar a la JNJ y la grosera interferencia en el sistema judicial.

Mientras tanto, los tunantes de plaza Bolívar andaban en intensas negociaciones para conseguir los votos necesarios. El congreso fue más que nunca un mercado persa donde todos traficaban su voto. Finalmente, ante las dudas que despertaban las posibles reacciones que traería el avasallamiento de la JNJ, se decidieron por una medida intermedia, que de todas maneras les permite meter cuña en la Junta, humillarla públicamente y preparar el terreno para bloquear o paralizar las acciones más importantes que este organismo lleva adelante.

Tuvieron que conformarse con la cabeza de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. Pero ello, sumado a una maniobra en pared con el Tribunal Constitucional, que designó un nuevo miembro de la JNJ en reemplazo del magistrado Thornberry y convirtió a este en primer accesitario, apenas días antes de la votación, podría ser suficiente para bloquear su funcionamiento en asuntos clave o incluso la piedra angular para tomar el control y tener una Junta a su servicio.

Todo esto representa en sí mismo un fraude público y descarado que infringe abiertamente elementales principios constitucionales y del derecho en general, absolutamente válidos en todo país democrático. La manipulación y el tráfico de influencias se ha manifestado en todo el proceso, tal como lo sabemos por las investigaciones del equipo especial del Ministerio Público, que cuenta con sobrados y múltiples elementos de prueba y cargo.

Estas pruebas demuestran que la conspiración contra la JNJ fue tramada en pared por las principales bancadas congresales y sus líderes no parlamentarios con la complicidad de la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Los parlamentarios no han hecho sino consumar lo que habían acordado con Vane en chats explícitos, que ellos creían que no llegarían a ser conocidos por la opinión pública, sin sospechar que tenían dentro un colaborador del sistema de justicia.

El proceso de destitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez ha sido, en consecuencia, delictivo y fraudulento de principio a fin, perpetrado como resultado de una conspiración largamente planeada, para lo cual se han negociado voluntades institucionales e individuales, traficando influencias al mejor postor. Todo el proceso ha sido de una brutalidad grosera, no vista desde los años 90, precisamente desde la dictadura de Alberto Fujimori.

Pero el proceso también ha sido fraudulento en los detalles. Por ejemplo, dónde se ha visto que se pida y apruebe inhabilitación y se entienda que eso significa destitución. ¿De cuándo acá la chicha es limonada? Obviamente, son dos cosas diferentes. Error o no de la comisión permanente, el hecho es que al pleno no llegó ninguna propuesta de destitución y, sin embargo, es lo que decide la junta directiva del Congreso. Si lo que querían era destituir, entonces la acusación estaba pésimamente formulada y solo cabía archivarla. Pero deciden interpretar, por sí y ante sí, que “inhabilitar” es lo mismo que “destituir”. Esto es un escandaloso fraude procesal y sustantivo.

La causal invocada es también un fraude escandaloso a la Constitución. En ninguna parte consta que sea falta grave “permitir” que la magistrada Inés Tello siguiera cumpliendo su función pasados los 75 años. En el peor de los casos se trataría de un tema debatible. Pero no lo es. Está claro, tal como lo explicó en su momento Servir, organismo técnico del Estado, y lo establece una jurisprudencia que es de dominio público, que el límite de 75 años se aplica a la posibilidad de postular. Como todos saben, no hay verdadera causa grave. La edad de la doctora Tello solo es una excusa para el cojudeo, un pretexto para la toma de la Junta, una coartada para la guillotina, un atajo para la arbitrariedad.

¿O es que a la doctora Tello la nombraron para que ejerciera el cargo solo por ocho meses? ¿Tan irresponsable fue la comisión que la designó, de la cual formaba parte el señor Blume Fortini, que públicamente reconoció que, si era investida, la doctora Tello debía ejercer el cargo por cinco años? Quien debería ser sancionado es Blume Fortini por mentiroso, diciendo ahora que no dijo lo que todos claramente sabemos que dijo, no la doctora Tello.

Otro fraude descarado, la cereza de la torta envenenada, es la votación de miembros de la comisión permanente, que por ley y reglamento están impedidos de sufragar en el pleno. Este es el caso, por ejemplo, de Pepe Luna. La junta directiva del Congreso argumenta que un “acuerdo” de la junta de portavoces lo habilita. Se trata de un argumento chambón e inescrupuloso. La junta de portavoces es un organismo de coordinación parlamentaria, no un organismo normativo con capacidad de disponer en contra del reglamento del Congreso y la Constitución.

Un proceso fraudulento, en suma, llevado a cabo fríamente por quienes se llenaban la boca proclamando tongo en las últimas elecciones, sin que jamás pudieran exhibir ni un solo caso, ni uno solo, subrayado, de persona que fuese suplantada o su firma falsificada en aquellas elecciones, en las investigaciones que se llevaron adelante, con participación de los propios reclamantes, en el Ministerio Público. Fraudistas que cuentan con la servidumbre de Cerrón, el “ultra”.

Este proceso hechizo contra la JNJ es el anuncio del fraude que se prepara para las próximas elecciones. La fujiderecha no sabe ganar de otro modo. Esta vez quieren tener el control absoluto de todos los organismos electorales. Y también de la justicia, para librarse de las numerosas investigaciones y procesos por corrupción que deben afrontar. Para eso, a la primera que buscarán limpiar y reponer es a Patricia Benavides, una fiscal que ejerció su cargo a la altura de Blanca Nélida Colán.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 677 año 14, del 15/03/2024

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Perú: Crimen en vivo y en directo

Ronald Gamarra

Finalmente, los Pancho Malandro y los Juanito Alimaña de la Plaza Bolívar encontraron la vía y decidieron avanzar hacia la consumación del crimen. Lo habían intentado reiteradamente, con argumentos burdos y sin sustancia, pero la maniobra no les salía. La Junta Nacional de Justicia se salvaba una y otra vez cuando la suerte parecía echada. En diciembre, sin embargo, todo apuntaba a que de todos modos lo lograrían, pero la caída de Patricia Benavides, suspendida del cargo de Fiscal de la Nación unos días antes, introdujo el desconcierto entre los conspiradores. Entre mutuos reproches de las facciones comprometidas en la conjura contra la JNJ, el presidente del Congreso decidió, por el momento, postergar el asunto.

Había mucho que negociar antes de volver a proceder. La caída inesperada de la Fiscal de la Nación introducía cambios necesarios en la correlación de las bandas. El verano permitió que reajusten sus posiciones e intereses. Particularmente el fujimorismo, mientras maniobraba para sacar de prisión ilegalmente a Alberto Fujimori con la complicidad de la mayoría del TC y el Gobierno de Dina Boluarte, aprovechó para retomar la conducción de las facciones conspiradoras. Quedaba claro que son ellos, los fujimoristas, quienes están en capacidad de capitanear una coalición de intereses bastardos, desde el porkismo hasta el cerronismo.

Se trata claramente de la consumación de una maniobra delictiva largamente planeada y coordinada. Está documentada la conspiración en conjunto de las principales facciones del Congreso con la suspendida fiscal Patricia Benavides, especialmente con “la alta dirección de Fuerza Popular”, para traerse abajo cuanto antes a la JNJ en pleno. La coordinación delictuosa de los congresistas con la suspendida Fiscal de la Nación para esta y otras maniobras sucias consta en los chats puestos a disposición del equipo especial de la fiscal Marita Barreto por un congresista y en las declaraciones del asesor de Patricia Benavides, el “filósofo”.

Cuando este lunes la Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que destituye a los miembros de la JNJ y los suspende por diez años para el desempeño de la función pública no hizo otra cosa que avanzar decisivamente en la consumación de un crimen proyectado repetidamente con persistencia y negociaciones nada santas entre facciones y funcionarios que se valen de operadores para violar la ley. Ahora solo les queda lograr la aprobación en sesión plenaria del Congreso de la decisión de la Comisión Permanente para culminar el camino del delito.

Se trata de un crimen ejecutado con un descaro cuyos precedentes sólo pueden hallarse en la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Actúan con total descaro, sin el menor asomo de vergüenza, a pesar de que todo el país es testigo de sus pactos delincuenciales para derribar a la JNJ. No los detiene nada. Cuentan con un Gobierno hincado de rodillas, al cual le permiten mantenerse hasta el 2026, con un TC sometido, que nombraron para que sirva expresamente a sus intereses, y un Defensor del Pueblo igualmente sometido y sobre todo silencioso. Pero van por más.

El verdadero objetivo de esta conspiración es controlar el sistema electoral y el sistema de justicia del país. La JNJ es la llave para someter a los organismos electorales, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Los motivos son clarísimos. Necesitan someter al sistema de justicia para librarse de las investigaciones y procesos por delitos de corrupción en los cuales están involucrados de rey a paje, desde Keiko Fujimori, López Aliaga o Vladimir Cerrón, pasando por decenas y decenas de congresistas y altos funcionarios vinculados íntimamente con ellos, como César Hinostroza o Patricia Benavides.

Al mismo tiempo, necesitan de manera ineludible controlar el sistema electoral para asegurar su triunfo en las elecciones del 2026, ya que no pudieron ganar limpiamente en los procesos electorales anteriores. Los malos perdedores de siempre, que tanto denunciaban un fraude del que jamás presentaron ni una sola prueba, preparan ahora descaradamente el verdadero fraude que les permita reconquistar plenamente el poder hasta el 2031 y aun más allá, si cabe. Estos son los dos grandes y verdaderos objetivos tras la destitución exprés de la JNJ: impunidad por sus delitos y poder político sin control democrático.

Esta democracia ya no lo es más. En el plano internacional ya nos consideran desde hace buen tiempo como un régimen híbrido, una semidictadura. Con la destrucción de la JNJ se inicia el proceso hacia una dictadura de torvos intereses, articulada por ahora desde el Congreso, básicamente por el fujimorismo, con el porkismo y Acuña como socios menores y Boluarte de instrumento. El cerronismo no da para ser socio, solamente participa como sirvienta. Si sus planes se llegan a realizar, la dictadura se trasladará en 2026 a Palacio de Gobierno. Eso es lo que quieren para el Perú: una reedición del oprobio fujimontesinista de los años 90.

Por cierto, nada de lo aquí escrito atempera mi democrática crítica a una débil Junta Nacional de Justicia que está muy lejos de haber cumplido con solvencia su rol constitucional, que no supo ponerse a la altura de la Historia, y que ni siquiera ha sabido defenderse política y mediáticamente del acogotamiento del que ha sido víctima por los Pancho Malandro y Juanito Alimaña de la Plaza Bolívar. Además de la presencia en su seno de por lo menos dos magistrados cuestionados.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 675 año 14, del 01/03/2024

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Perú: El juego del descaro

Ronald Gamarra

La suspendida fiscal Patricia Benavides prepara su contragolpe. Esta vez confía en que sus aliados en el Congreso logren reunir una mayoría suficiente para derribar a la Junta Nacional de Justicia. Ese es el plan A. Pero tiene bajo la manga un plan B, de la mano con el Tribunal Constitucional, para que este organismo, copado por magistrados que se deben a la ultraderecha y el fujimorismo, la blinde declarando fundada una demanda competencial interpuesta por la ex fiscal de la nación para impedir que la JNJ la investigue.

El plan A, con el Congreso, debió imponerse por la fuerza el 15 de diciembre, último día de la legislatura. Ya una semana antes, el almirante de tina Jorge Montoya había anunciado, sin ambages, la intención de violentar toda norma de derecho para conseguir su objetivo: presentar una moción orientada a la inmediata remoción de los miembros de la Junta, por la suspensión temporal en sus funciones de la fiscal de la nación.

No obstante, las facciones congresales tienen sus propios intereses que no necesariamente han de coincidir siempre y en todo momento con los de algún aliado. Eso le ocurrió esta vez a Patricia Benavides, cuando el presidente del Congreso, con el respaldo silencioso de la mayoría congresal, decidió postergar el debate de la moción presentada por Montoya y su grumete Muñante. APP no juzgaba oportuno, por el momento, jugarse tan a fondo por la ex fiscal sindicada como cabecilla de una organización criminal.

La decepción de la facción aliada de Patricia Benavides en el Congreso, casi todos de Renovación Medieval, se expresó amargamente. Montoya escribió: “El presidente del congreso acaba de sucumbir ante un órgano independiente que no es ningún poder del Estado (...) ha permitido que la JNJ se burle del primer poder del estado”. Montoya añadió al día siguiente: “Es una lástima y penoso ver cómo el poder nubla la moral y los principios de las personas. Algunos congresistas ya no son dueños de sus decisiones, sino que obedecen a los pactos bajo la mesa de sus partidos por intereses subalternos ajenos a cualquier verdad y más bien oscuros por sus intenciones”.

El grumete Muñante, por su parte, se lamentó así, en tono concluyente: “Hoy no hay un bloque democrático en el Congreso, hoy existe una minoría patriota y una mayoría funcional a los poderes de turno”. Dos semanas más tarde, el 3 de enero, se quejaba a voz en cuello de que “en un hecho sin precedentes, el presidente del congreso (...) nos pide precisar las causas graves que motivaron nuestra moción N° 9525 (remoción de la JNJ)”. Es que así no más querían derribar a la JNJ, sin fundamentar ni precisar nada, con solo una sesión, como están acostumbrados a actuar.

En las últimas dos semanas, sin embargo, los porkistas se han reacomodado y han reajustado su táctica. El objetivo es obtener cuanto antes la convocatoria a un pleno extraordinario en el cual se imponga la destitución exprés de la JNJ. De ninguna manera quieren esperar hasta la apertura de la legislatura en marzo. En esas están: tratando de obtener 78 firmas para imponer la convocatoria al pleno extraordinario. Hace unos diez días, Montoya y Muñante anunciaron que ya tenían unas 60 firmas y es que ya cuentan con el respaldo del fujimorismo. No obstante, parece que tienen dificultades para reunir las pocas firmas faltantes, pues no han vuelto a abrir la boca. Es probable que no pocos congresistas prefieran seguir disfrutando de la buena vida y esperar a marzo.

Por su parte, el TC acaba de habilitar a un magistrado recientemente nombrado por la mayoría congresal fujiderechista para que pueda votar sobre la demanda competencial presentada por la exfiscal Patricia Benavides contra la JNJ, a pesar de que dicho tribuno no participó en la audiencia previa donde las partes presentaron sus alegatos. Se entiende que se trata de un paso más que dan en la vía de blindar a Patricia Benavides, pero tampoco es tan sencillo. Vistas las cosas objetivamente, es obvio que el TC preferiría que el Congreso le saque las castañas del fuego y se encargue de la operación de destrucción de la JNJ. Ya la operación de liberación de Alberto Fujimori, en violación abierta de las disposiciones del sistema interamericano, los ha desprestigiado mucho como para que quieran comprarse otro escándalo de inmediato.

Patricia Benavides tiene naipes como estos y otros para jugar y lo está haciendo, con el respaldo cerrado de los apristas, en primer lugar, convertidos ya hace mucho en un apéndice eficaz y solícito del fujimorismo. Pero no las tiene todas consigo. Los aliados no son palancas que se pueden mover a voluntad, menos aun cuando has caído en desgracia. Y alias Vane, vaya que ha tocado fondo. Ha perdido toda autoridad funcional, profesional y moral. ¿Con qué cara podría reasumir las riendas del Ministerio Público? Olvidaba que, en los tiempos que corren, el descaro se ha convertido en moneda corriente.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 669 año 14, del 19/01/2024

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Perú: La Junta Nacional de Justicia con las horas contadas

 

Carlos Rivera Paz

La correlación mafiosa que maneja el congreso de la república viene desarrollando un plan de demolición de la -débil y precaria- democracia. Si bien el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo intentó ejecutar un golpe de Estado, el hecho concreto es que los que sostienen a Boluarte en el poder son los que finalmente casi la han destruido por completo.

Es en ese contexto que el asunto de la Junta Nacional de Justicia se convirtió en un tema crucial para esa correlación mafiosa. Es importante tener muy presente que la JNJ es el órgano constitucional encargado de la designación y destitución de jueces y fiscales en nuestro país. Tiene, pues, una tarea fundamental en nuestra democracia. La JNJ existe como consecuencia de una modificación constitucional aprobada el 2018 luego de la desactivación del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura luego de acreditarse que sus integrantes estaban comprometidos en graves actos de corrupción.

¿Pero por qué razón esta correlación mafiosa del congreso tiene la decisión de liquidar a la JNJ?

El asunto en concreto. Se trata de garantizar -a como dé lugar- la presencia de Patricia Benavides a la cabeza del Ministerio Público. No cabe duda que Benavides ha jugado un papel fundamental en las investigaciones penales por casos de corrupción que se iniciaron contra el expresidente Pedro Castillo y en el pedido de prisión preventiva que ahora cumple en Barbadillo. Eso nadie lo debe negar. Pero la historia de Benavides en la Fiscalía de la Nación no solo está relacionada a Castillo, sino también a otras circunstancias muy complejas y legalmente inadmisibles.

Vamos a comentar solo una de ellas. La que es la más grave. Cuando Benavides postuló a fiscal suprema los miembros de la JNJ le preguntaron sobre qué habría en relación al caso de su hermana Emma Benavides que -en ese momento-ya se conocía estaba siendo procesada por casos graves de corrupción de funcionarios, en concreto por pedir coimas a narcotraficantes. La respuesta de Benavides fue tajante. Respondió que jamás tendría ningún tipo de injerencia. El hecho es que cuando fue elegida como fiscal de la nación, una de las primeras cosas que hizo fue sacar a la fiscal a cargo del caso de su hermana y colocar a un fiscal designado por ella, quien al poco tiempo archivó la investigación.

Aquí y en cualquier parte del mundo ese hecho sería, más que suficiente, para destituir a cualquier alto funcionario del sistema de justicia. En el Perú, la JNJ decidió abrir investigación contra Patricia Benavides y a partir de ese momento en el congreso se inició la campaña de demolición o liquidación de la Junta.

En el congreso se ha pretendido levantar cargos de supuestas faltas graves acusando a sus integrantes de una intromisión indebida en las funciones del sistema de justicia. Pero, además, el congreso inventó un procedimiento sumario -que de hecho no existe- contra los integrantes de la JNJ. Establecieron un plazo sumario de 14 días, que ellos mismos incumplieron. Citaron a los integrantes a rendir cuentas ante el congreso, sin que aquellos sepan con certeza cuál es el procedimiento al cual estaban siendo sometidos, pero, además, citaron al presidente del Poder Judicial y a varios jueces supremos y las intenciones -y también mediocridad- de los congresistas quedaron absolutamente evidentes. No existía ninguna falta grave ni nada. Solo se trataba de un linchamiento político.

El hecho es que esa maniobra les salió -como se dice- por la pata de los caballos y a los pocos días tuvieron que admitir que no existían faltas graves.

Pero como la legalidad importa un comino en el congreso la semana que pasó la Comisión de Justicia -controlada por esa mafia congresal- decidió volver al único objetivo que tiene sobre la JNJ: liquidarla y destituirla. Sin tener un dictamen y menos razones legales o evidencia alguna, aprobaron la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia porque -supuestamente-han incurrido en la comisión de faltas graves. Increíblemente, la Comisión aprobó semejante dictamen “con cargo a redacción”.

No me cabe ninguna duda que se trata de un golpe, no solo a la JNJ y con ello a la independencia del sistema de justicia, principio elemental que aquella debe proteger, sino también un golpe extremadamente grave a los más elementales fundamentos de un régimen democrático, el cual en el Perú se está extinguiendo. El siguiente paso será el asalto al sistema de justicia.  

https://otramirada.pe/la-junta-nacional-de-justicia-con-las-horas-contadas

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