Había mucho que negociar antes de volver a proceder. La caída inesperada de la Fiscal de la Nación introducía cambios necesarios en la correlación de las bandas. El verano permitió que reajusten sus posiciones e intereses. Particularmente el fujimorismo, mientras maniobraba para sacar de prisión ilegalmente a Alberto Fujimori con la complicidad de la mayoría del TC y el Gobierno de Dina Boluarte, aprovechó para retomar la conducción de las facciones conspiradoras. Quedaba claro que son ellos, los fujimoristas, quienes están en capacidad de capitanear una coalición de intereses bastardos, desde el porkismo hasta el cerronismo.
Se trata claramente de la consumación de una maniobra delictiva largamente planeada y coordinada. Está documentada la conspiración en conjunto de las principales facciones del Congreso con la suspendida fiscal Patricia Benavides, especialmente con “la alta dirección de Fuerza Popular”, para traerse abajo cuanto antes a la JNJ en pleno. La coordinación delictuosa de los congresistas con la suspendida Fiscal de la Nación para esta y otras maniobras sucias consta en los chats puestos a disposición del equipo especial de la fiscal Marita Barreto por un congresista y en las declaraciones del asesor de Patricia Benavides, el “filósofo”.
Cuando este lunes la Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que destituye a los miembros de la JNJ y los suspende por diez años para el desempeño de la función pública no hizo otra cosa que avanzar decisivamente en la consumación de un crimen proyectado repetidamente con persistencia y negociaciones nada santas entre facciones y funcionarios que se valen de operadores para violar la ley. Ahora solo les queda lograr la aprobación en sesión plenaria del Congreso de la decisión de la Comisión Permanente para culminar el camino del delito.
Se trata de un crimen ejecutado con un descaro cuyos precedentes sólo pueden hallarse en la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Actúan con total descaro, sin el menor asomo de vergüenza, a pesar de que todo el país es testigo de sus pactos delincuenciales para derribar a la JNJ. No los detiene nada. Cuentan con un Gobierno hincado de rodillas, al cual le permiten mantenerse hasta el 2026, con un TC sometido, que nombraron para que sirva expresamente a sus intereses, y un Defensor del Pueblo igualmente sometido y sobre todo silencioso. Pero van por más.
El verdadero objetivo de esta conspiración es controlar el sistema electoral y el sistema de justicia del país. La JNJ es la llave para someter a los organismos electorales, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Los motivos son clarísimos. Necesitan someter al sistema de justicia para librarse de las investigaciones y procesos por delitos de corrupción en los cuales están involucrados de rey a paje, desde Keiko Fujimori, López Aliaga o Vladimir Cerrón, pasando por decenas y decenas de congresistas y altos funcionarios vinculados íntimamente con ellos, como César Hinostroza o Patricia Benavides.
Al mismo tiempo, necesitan de manera ineludible controlar el sistema electoral para asegurar su triunfo en las elecciones del 2026, ya que no pudieron ganar limpiamente en los procesos electorales anteriores. Los malos perdedores de siempre, que tanto denunciaban un fraude del que jamás presentaron ni una sola prueba, preparan ahora descaradamente el verdadero fraude que les permita reconquistar plenamente el poder hasta el 2031 y aun más allá, si cabe. Estos son los dos grandes y verdaderos objetivos tras la destitución exprés de la JNJ: impunidad por sus delitos y poder político sin control democrático.
Esta democracia ya no lo es más. En el plano internacional ya nos consideran desde hace buen tiempo como un régimen híbrido, una semidictadura. Con la destrucción de la JNJ se inicia el proceso hacia una dictadura de torvos intereses, articulada por ahora desde el Congreso, básicamente por el fujimorismo, con el porkismo y Acuña como socios menores y Boluarte de instrumento. El cerronismo no da para ser socio, solamente participa como sirvienta. Si sus planes se llegan a realizar, la dictadura se trasladará en 2026 a Palacio de Gobierno. Eso es lo que quieren para el Perú: una reedición del oprobio fujimontesinista de los años 90.
Por cierto, nada de lo aquí escrito atempera mi democrática crítica a una débil Junta Nacional de Justicia que está muy lejos de haber cumplido con solvencia su rol constitucional, que no supo ponerse a la altura de la Historia, y que ni siquiera ha sabido defenderse política y mediáticamente del acogotamiento del que ha sido víctima por los Pancho Malandro y Juanito Alimaña de la Plaza Bolívar. Además de la presencia en su seno de por lo menos dos magistrados cuestionados.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 675 año 14, del 01/03/2024
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