El cuestionado concurso público para cubrir las plazas titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia para los próximos cinco años terminó como debía: entre gallos y medianoche. Así lo anunció esta semana un comunicado de la comisión especial, emitido cuando casi todo el país se había ido a dormir, en el cual, además, se anunciaba la juramentación de los seleccionados para el día siguiente. Qué sigilosos y apuraditos. Ni siquiera dejan que la gente tenga tiempo de informarse y mucho menos de opinar, presentar un recurso, reaccionar de alguna manera. Han actuado así, furtivamente, de principio a fin de todo este proceso irregular denominado “concurso público”.
Pero han quedado registrados los pasos seguidos por la comisión especial guiada por Josué Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, nombrado Defensor del Pueblo por este congreso del pacto corrupto como cuota de Perú Libre precisamente. Improvisado en el cargo, se ha esmerado en destruir hasta los cimientos el prestigio, el reconocimiento, la prestancia técnica y la labor cotidiana de la institución, que ahora no cumple ningún papel relevante en los conflictos sociales y en la defensa de derechos atropellados cada día desde el poder. Josué Gutiérrez llega a lo más hondo de la servidumbre al llevar a cabo este concurso para designar miembros de una JNJ sometida al pacto fujicorrupto.
El proceso de este concurso ha incumplido de modo deliberado las más elementales condiciones de transparencia, publicidad y apertura a la participación ciudadana. No se permitió en ningún caso el acceso de observadores de la sociedad civil a las entrevistas con los candidatos. Tampoco se permitió el acceso a las hojas de vida de los candidatos, impidiendo en la práctica la posibilidad de formular observaciones y tachas. Estas condiciones elementales, básicas, de un proceso transparente, por sólo poner un par de ejemplos, sí se observaron y permitieron ampliamente en el proceso de elección de la primera JNJ, en el año 2019. Se trata de una costumbre democrática que solo se ha dejado de cumplir bajo este congreso avasallador y manipulador.
Por otro lado, este concurso no se ha desarrollado en un ambiente democrático favorable, sino bajo condiciones de abierta intimidación. Desde el poder se han asegurado de que prácticamente ningún profesional que valga la pena considere la posibilidad de participar. La experiencia de actuar en la función pública con autonomía y sin someterse se castiga con una persecución feroz bajo este congreso, tal como ha quedado claro con el trato vejatorio dispensado a la JNJ que está por cesar y la persecución incesante a que son sometidos algunos de sus integrantes. Tal ha sido el ambiente de violencia creado por el antro de la plaza Bolívar, que disuade a los mejores y alienta a los que están dispuestos a someterse y servir al poder de turno que tiraniza el país.
Por eso ya entre los candidatos inscritos casi no se reconocía a nadie que hubiera destacado en el mundo del derecho o del conocimiento en general. Todos los postulantes eran de una grisura sin mayor matiz. De ellos, seleccionaron a 15. Qué graciosos, 15 aspirantes para 14 plazas (siete titulares y siete suplentes). O sea que entraban todos, menos uno. ¿Qué clase de concurso competitivo es ese? Este hecho, más allá de hacer levantar una ceja al más inocente, hace legítima la presunción de que esos 15 ya estaban bien “evaluados y conversados” para que no signifiquen en modo alguno la posibilidad de una actuación divergente de los propósitos mezquinos y hegemonistas del congreso.
Y así, por fin, el congreso logra tener a su disposición su propia JNJ, desde la cual pondrá en jaque al Poder Judicial y el Ministerio Público, donde muchos parlamentarios y sobre todo sus líderes políticos son parte de decenas de investigaciones y procesos que podrían terminar con ellos en la cárcel. Con el control de la JNJ ya tienen en sus manos una palanca poderosa para intimidar y condicionar a jueces y fiscales y para nombrar a los suyos propios. Además, la JNJ designa a los titulares de los organismos electorales. Una jugada a tres bandas para lograr la impunidad al mismo tiempo que el dominio sobre las elecciones del 2026, en las cuales se hace previsible, esta vez sí, el fraude que proclamaron en 2021.
Vistos los antecedentes, no es de extrañar que, en el concurso organizado por Fuerza Popular, perdón, por Josué Gutiérrez, el primer lugar lo ocupe un candidato de antecedentes nada alentadores. Se trata del abogado Gino Ríos Patio, de quien se ha podido averiguar que publicó en la revista del Colegio de Abogados de Lima un artículo en el cual plagiaba 14 párrafos de un artículo escrito con anterioridad por otro colega, y que no contento con ello también lo publicó en un libro. Quién sabe cuántos plagios más habrá cometido, pues bien dice el dicho: gallina que come huevo… Pero eso no es todo, también se le acusa de haber hecho uso de los abogados del Estado en sus casos particulares cuando fue procurador público con Alan García.
El congreso del pacto fujicorrupto avanza en sus planes de copar los principales organismos del Estado. Primero se apoderó del Tribunal Constitucional, luego hizo lo propio con la Defensoría del Pueblo, después se hizo con el control del Poder Ejecutivo sometiendo desde el principio a Dina Boluarte. Ahora siguen la faena nombrando una JNJ a su entero gusto. A partir de aquí proseguirán con el ataque al Ministerio Público, pues ya iniciaron el trámite de la acusación constitucional para destituir a todos los fiscales supremos, incluida la Fiscal de la Nación recientemente designada. Paralelamente, pretenden imponerse en los organismos electorales. Finalmente, irán por el control de la Corte Suprema, presidida actualmente por un tímido magistrado. Salvo que el pueblo lo impida.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 707 año 14, del 01/11/2024
No hay comentarios:
Publicar un comentario