Perú: Vizcarra y Castillo

César Hildebrandt

"Vizcarra y Castillo están en la cárcel. No seré yo quien lo lamente"

Si Martín Vizcarra pidió coimas, como dicen los empresarios corruptos que se las pagaron, está muy bien que sea condenado. Que pase en Barbadillo la temporada en el infierno que le corresponde. Que pague con la deshonra su codicia.

Lo increíble es que el sistema judicial permita a los constructores que pagaron plata sucia para obtener licitaciones estar en sus casas escuchando la sentencia de quien fue su socio criminal.

Lo que da grima es ver a Rafael Vela Barba felicitando a Germán Juárez Atoche después de la sentencia. Ambos consintieron en no aplicarles la ley a quienes también pecaron. Eligieron el método que permite privilegios excepcionales siempre y cuando se embarre al blanco principal.

Vizcarra está en cana. La derecha lo quería allí no porque haya sido un corrupto –no hay derecha con sentido ético en el Perú– sino porque cerró el Congreso donde el fujimorismo era mayoría aplastante y hacía de vientre cada vez que algún lobby le exigía una ley (o parar un proyecto). El cargamontón que asesinó simbólicamente a Vizcarra no nació de un prurito constitucionalista sino de un afán de escarmiento y venganza.

Vizcarra no le hace ascos al cinismo ni a la tergiversación de la verdad. Cerró el Congreso putrefacto no porque quisiera limpiar el país sino porque aspiraba a tener todo el poder que le fuera posible acumular. Vizcarra fue un fujimorista sin insignia. Y ha terminado como Fujimori.

Que la derecha pestífera festeje su encarcelamiento sí que es una paradoja. La derecha política y empresarial de este país vive del saqueo prebendario, de las amistades decisivas, de las licitaciones amañadas, de las coimas municipales para construir moles indebidas. La derecha peruana nació en gran parte del dinero del guano repartido en los lodos de la consolidación de Echenique y no ha abandonado ese origen. La derecha de mi país celebra la cárcel de Vizcarra pero pagaría lo que fuese necesario para impedir que la corrupta Keiko Fujimori termine, como tendría que ser, tras los barrotes. La heredera de la mafia fujimorista representa, a pesar de sus derrotas, la firmeza sin escrúpulos de los que sienten que el Perú les pertenece, que la cholería es una impertinencia del paisaje y que cualquier engaño es lícito con tal de que todo siga igual. Para esa derecha, la felicidad nace de la quietud y la morgue es el destino de los exaltados.

Esa derecha está feliz también con la condena de Pedro Castillo, el pobre diablo al que acorralaron fácilmente. Castillo ha sido condenado por conspiración para rebelarse y creo, sin ser abogado, que esa sentencia es justa. ¿Pero no conspiraron para rebelarse en contra del orden constitucional quienes durante meses intentaron demostrar que las elecciones habían sido un fraude y que era un deber desconocerlas? ¿No conspiraron contra el orden constitucional los que pagaron a famosos abogados grandes sumas para tejer la teoría de que Castillo era un presidente ilegítimo porque había nacido del cambio de actas, de la tachadura de cifras, del robo de la voluntad popular?

No, claro que no. Para esa gente, para ellos y sus compinches políticos sólo cabe la benevolencia, el olvido, la indulgencia. La inocencia los antecede. Su absolución es de antemano. Ellos no conspiraron. Ellos eran guardianes de la democracia, tal como la entiende la derecha inmortal de mi país: el viejo orden, las várices del privilegio hereditario, el prestigio del moho.

Vizcarra y Castillo están en la cárcel. No seré yo quien lo lamente. Lo que me da asco es ver a la derecha en pleno –los Baella, las Valenzuela y las tribus de Willax, para citar algunos ejemplos– brindar con champán esa carcelería al mismo tiempo que defienden la causa de Keiko Fujimori, las leyes pro crimen, el Congreso del hampa, la dictadura de un mercado plagado de oligopolios tramposos y monopolios con ganzúas al cinto. Quien sólo ama el dinero y tiene pata de palo y loro al hombro no tiene derecho de brindar por la aplicación de la justicia. Sobre todo cuando hace campaña por una justicia tuerta que hoy está en manos de una Junta de malandrines, un Tribunal Constitucional escorado y un Ministerio Público bajo acoso.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 760 año 16, del 28/11/2025

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Perú: Los empresarios deben cambiar

Pedro Francke

"No se oye ninguna voz empresarial reclamando que esta democracia ya no es democracia"

Los grandes grupos económicos, los monopolios y las transnacionales, como conjunto, respaldaron al cogobierno de Dina Boluarte con el Congreso y están muy a gusto con Jerí. Basta seguir sus pronunciamientos y sus silencios para darse cuenta. Como les regalaron miles de millones en exoneraciones tributarias especiales, aunque con ello se haya sacrificado el equilibrio fiscal, fueron claros defensores de este cogobierno congresal que hoy tiene continuidad. No es nueva la poca consideración de esta cúpula oligárquica hacia la democracia, el bien común y los derechos humanos. El Perú necesita que cambien y piensen más en el futuro del país.

Hace unos años se acuñó la idea de “demócratas precarios” para referirse a los débiles compromisos de partidos y líderes políticos peruanos con la democracia. Pero los grandes empresarios no han llegado ni a ese nivel: la democracia no es lo suyo.

Poderosos y destacados empresarios, como Dionisio Romero, del Banco de Crédito y Alicorp, los hermanos Rodríguez Banda, del grupo Gloria, y Roque Benavides, de Minas Buenaventura, mientras Fujimori maniobraba por su tercera reelección aplastando al Tribunal Constitucional de entonces y los estudiantes salían a las calles contra la dictadura, iban a la salita del SIN a pactar con Vladimiro Montesinos que se dieran leyes a su favor.

Montesinos movió sus tentáculos en la Corte Suprema, que en ese entonces la tenía sometida, para que Roque Benavides, junto a su socia Newmont, se quedaran con las acciones de la mina Yanacocha, acciones que pertenecían a su socio francés. José Chlimper, luego de la tercera, fraudulenta e inconstitucional reelección de Fujimori, fue su ministro y aprovechó para obtener la ley que exoneró impuestos a los agroexportadores como él, redujo sus contribuciones a la seguridad social y facilitó los abusos contra sus trabajadores.

A pesar de eso, tras la transición a la democracia en el año 2000, la política económica neoliberal continuó y los siguió favoreciendo. Recompusieron rápidamente buenas relaciones con gobiernos de corrupción recargada.  Toledo hizo un gran negociado de obras públicas con Odebrecht, con Pedro Pablo Kuczynski como su ministro cobrando millones por sus servicios. Jorge del Castillo y Alan García arreglaron con las grandes mineras para no cobrarles impuestos a sus sobreganancias mientras crecía la corrupción con el “club de la construcción”: Odebrecht y Graña y Montero (GyM), entonces la mayor y más destacada constructora nacional. Que una rama de los Miró Quesada fuera al mismo tiempo dueña de GyM y de “El Comercio” le daba una llegada muy especial al poder de turno.

En las elecciones del 2016 los más poderosos empresarios “invirtieron” millones de dólares en aportes para Keiko para asegurarse de que el modelo económico siguiera incólume. Tras ser elegido, Ollanta Humala traicionó sus posiciones y pactó con quienes concentran la riqueza y el poder económico, mantuvo exoneraciones y beneficios tributarios y dejó congeladas las leyes para controlar la elusión de impuestos, las fusiones monopólicas y la comida chatarra. Al mismo tiempo, obtenía coimas de Odebrecht y del “club de la construcción”. Grandes empresarios respiraban aliviados con renovada confianza: siempre podrían comprar el poder a su favor.

Entre 2016 y 2019 varios casos de corrupción salieron a la luz tras el escándalo Odebrecht y eso golpeó la reputación de los grandes empresarios nacionales. Pero en los años anteriores ellos habían logrado una acumulación de riqueza y poder mucho mayor, y siguieron haciendo lobby mientras buscaban cómo recomponer su imagen. Vizcarra prolongó a los agroexportadores sus exoneraciones tributarias y no hizo ninguno de los cambios que se necesitaban frente a la minería y las AFP. Sí sacó adelante la ley de alimentación saludable, el control previo de fusiones monopólicas y las medidas antielusivas, asuntos básicos de defensa del interés público y regulación de los mercados. Por eso cuando hubo un conflicto entre Vizcarra y el Congreso, que terminó con la disolución de este último, la Confiep se puso clara y tajantemente en favor del Congreso fujimorista.

Todos estos años la orientación de esta cúpula de gran poder económico fue anteponer sus intereses antes que el bien común. Ni siquiera aceptan algunas reformas tibias, defienden agresivamente su explotación abusiva de los recursos naturales, de los consumidores y de los trabajadores peruanos.

La elección de Pedro Castillo mostró una vez más el talante antidemocrático de la cúpula de poder económico. Muchos de ellos colaboraron con el fujimorismo en negar el resultado electoral y luego se aliaron al Congreso para frenar la reforma tributaria. Cuando Dina subió al poder, el que asesinara a cincuenta compatriotas no les importó. Además del interés de multiplicar sus riquezas, una buena dosis de racismo estaba presente. Hoy están felices con Jerí: saben que les mantendrá las exoneraciones y perdones tributarios que les dieron Dina y el Congreso por miles de millones. Aun cuando los homicidios por sicarios se multiplican, estos se concentran en los barrios populosos mientras los dueños de los grupos monopólicos viven en Estados Unidos o Europa. La democracia ha desaparecido: el Congreso manda y ya no hay separación de poderes, la justicia vía JNJ y TC son instrumentos de la derecha en el poder. Han asesinado a Trvco, dejado varios otros heridos de gravedad incluida una niña de 9 años que acompañaba a su madre en la venta ambulatoria. Ahora nos quitan libertades aprovechando el pretexto del estado de emergencia sin que eso resuelva en nada la inseguridad en las calles. Pero no se oye ninguna voz empresarial reclamando que esta democracia ya no es democracia.

Necesitamos que cambien. Nuestro país requiere una ciudadanía más activa y los jóvenes de hoy nos dan esa esperanza. También es indispensable que quienes concentran el poder económico se den cuenta de que, con ese racismo y clasismo negador de la democracia y el bien común, están empujando el Perú al abismo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 756 año 16, del 31/10/2025

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Perú: Las cojudeces de Rospigliosi

Ronald Gamarra

"El Congreso ha aprobado leyes manifiestamente inválidas y pretende que los jueces las apliquen ciegamente​"

Hace solo unos días, los agentes que atroz y ridículamente representaban al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentaban una y otra vez que en nuestro país los jueces tienen plena libertad para ignorar la ley de amnistía, aprobada recientemente para favorecer a violadores de derechos humanos, en virtud de los controles constitucional y convencional que estos tienen para no aplicar una ley al caso específico que conocen si la consideran anticonstitucional o contraria a los tratados internacionales firmados por nuestro país para el respeto de los derechos humanos. Por cierto, el argumento era tan flojo y contradictorio que hasta el más ingenuo tenía que preguntarse el porqué aprobaban entonces leyes que saben que son anticonstitucionales y anticonvencionales y que por ello mismo no serán aplicadas por los magistrados que respetan el derecho.

Pero la trama no solo era endeble y contradictoria, sino sobre todo cínica y mentirosa. Porque todos sabemos bien en qué clima político de intimidación y chantaje se tienen que desenvolver los jueces que quieren cumplir debidamente con su función en el país regido por el pacto parlamentario mafioso y su títere Boluarte. Una realidad en la que se quiere imponer la impunidad de un cártel político delincuencial, experto en coimas, lavado de activos, tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho, malversación y otros latrocinios, entre los cuales no pueden faltar las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Una realidad en que los jueces y fiscales viven bajo la permanente amenaza de ser intervenidos y reorganizados arbitrariamente por la mafia parlamentaria y el gobierno.

Es lo que acaba de ocurrir con el correcto juez Richard Concepción Carhuancho, a quien el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia para que sea destituido cuanto antes. Lo acusa de magistrado prevaricador por negarse a aplicar las leyes anticonstitucionales y contrarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos que el Perú se ha comprometido a cumplir. Rospigliosi quiere poner de rodillas a los jueces con este acto de prepotencia, para el cual pretende valerse de una entidad como la JNJ, desacreditada por su obsecuencia hacia la claque congresal y que no cesa de desenmascararse con la rehabilitación de oficio de fiscales y jueces merecidamente destituidos en su momento, como lo ha hecho con Patricia Benavides, a quien pretendió imponer como fiscal de la nación para tomar el control del Ministerio Público.

El juez Concepción Carhuancho actúa de manera irreprochable en el marco del Estado de derecho, ejerciendo sus atribuciones y obligaciones, entre las cuales se encuentra controlar que la justicia sea servida siempre en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y la normatividad internacional reconocida por nuestro país. Recordemos siempre que las disposiciones que surgen de esos tratados y de los organismos cuya jurisdicción internacional hemos admitido en decisión soberana, forman parte del derecho nacional, tal como lo establece la Constitución. Y si el magistrado, al administrar justicia en un caso concreto, encuentra una disposición contraria a la Constitución, está en la obligación legal y moral de imponer el control constitucional difuso y declarar los fundamentos correspondientes para dejar de lado la ley anticonstitucional, tal como lo hace escrupulosamente el juez Concepción Carhuancho.

El problema no es el juez, sino el Congreso que aprueba con desfachatez leyes írritas, brutalmente contrarias a la Constitución. En verdad, el juez es parte de una solución, de una enmienda, al estropicio legal propiciado por una mayoría ocasional, parcializada y corrupta del Congreso, que ha decidido hacer tabla rasa del Estado de derecho en nuestro país para imponer sus intereses espurios de casta, de clan o de banda. Efectivamente, el Congreso ha aprobado leyes manifiestamente inválidas y pretende que los jueces las apliquen ciegamente, servilmente, sin valoración jurídica y menos aún criterio de conciencia. Y si resulta que los jueces se niegan a hacerlo, pues a promover su destitución, a demandar la intervención del gobierno y el Congreso en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Ya ha anunciado el ministrol Santiváñez que su prioridad a corto plazo será la reforma judicial, es decir, apoderarse de estas entidades y ponerlas al servicio del pacto mafioso, tal como han hecho ya con la JNJ, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Y tiene cara de anunciarlo precisamente Santiváñez, ministro que carga con 12 procesos penales sobre sus bien rellenas espaldas. Por supuesto que esos 12 procesos en marcha son su gran incentivo personal para meter mano a fondo en casos que llevan adelante los organismos de la administración de justicia, como lo son las numerosas investigaciones penales de Dina Boluarte, Keiko Fujimori, Patricia Benavides y todos los integrantes de la mafia de los cuellos blancos del juez hermanito César Hinostroza, sus sostenedores y apoyos incondicionales.

Rospigliosi nunca pasó de ser un sociólogo menos que mediocre y ahora que pretende improvisarse como jurista no hace más que decir y hacer cojudeces. Por eso resbala con su denuncia por prevaricato contra el juez Concepción Carhuancho. Este es un delito que debe denunciarse ante el Ministerio Público y procesarse y sentenciarse en el Poder Judicial. La JNJ no tiene nada que ver en esa calificación penal. En tanto el juez observe la conducta funcional que corresponde, que en su caso es irreprochable, los amigotes de Rospigliosi en la JNJ no tienen por qué meter las narice

Peor burrada es que, a renglón seguido, Rospigliosi sostenga tan suelto de huesos que en el Perú no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Vamos, Rospi, que ni siquiera tú te lo crees, que hace apenas unos cuantos años reconocías el contexto y sostenías exactamente lo contrario. ¿Así que no son de lesa humanidad tantos crímenes como el de Accomarca, donde 67 campesinos, entre ellos 26 niños, fueron reventados deliberadamente con granadas y balas, después de ser encerrados en un galpón? ¿No son de lesa humanidad los crímenes del destacamento militar Colina, perpetrador de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, destacamento clandestino creado directamente desde la cúspide del poder y que operaba desde el mismo Pentagonito, todo ello en la época de tu actual tótem político Alberto Fujimori y sus cómplices Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza Ríos? Allá tú con tu conciencia, si algo te queda.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 747 año 16, del 29/08/2025

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Perú: No era Junta sino banda

Ronald Gamarra

"Vemos claramente la trama de una auténtica conjura que pretendió tomar por asalto el Ministerio Público"

La reciente crisis desatada por la JNJ contra el Ministerio Público tiene numerosas características y detalles que deben ser presentados en conjunto para apreciar que, en la pretendida restauración de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, finalmente abortada por la decisión de un juez valeroso, se ha actuado no solo irregularmente del todo en el plano administrativo, sino como banda y con verdadero dolo, que no puede ser pasado por alto. Vamos a los detalles.

- Avocarse a causa abierta en otro fuero. En el momento en que la JNJ decidió ocuparse del caso de Patricia Benavides, había causa en trámite sobre el mismo asunto en el Poder Judicial, y de esto fue informada la JNJ tanto por uno de sus integrantes, el doctor Francisco Távara, formalmente por escrito, como por la propia Patricia Benavides en audiencia pública, quien confirmó tener una acción de amparo pendiente. Avocarse a causa abierta en fuero judicial está prohibido expresamente.

- Ignorar y ocultar las observaciones de Francisco Távara. Cuando se pone sobre el tapete en la JNJ reabrir el caso de Patricia Benavides, el doctor Távara, el único de ese organismo con verdadera experiencia en Derecho sustantivo y procesal, advierte por escrito en documento dirigido a sus colegas y entregado al presidente de la JNJ, que tal posibilidad es ilegal. Sin embargo, su aviso es ignorado y ni siquiera diligenciado, pues el presidente de la JNJ no cumple con entregar la carta a la secretaria general de la JNJ para que proceda al trámite correspondiente, a fin de que las observaciones sean contempladas en el pleno de la JNJ.

- No citar al doctor Távara para la sesión del 9 de junio. Evidente consecuencia de lo anterior, este no fue avisado para participar en la sesión de esa fecha (si es que realmente se celebró) en la cual se “rehabilitó” a Patricia Benavides. En la práctica, se estableció en la JNJ una ilegal situación de incomunicación en su perjuicio, pues ella incluso llegó a declararse en sesión permanente sin comunicárselo.

- No citar a la secretaria general de la JNJ para la sesión y proceder sin su presencia y refrendo. La funcionaria no fue avisada de la reunión del pleno y no participó. Esto es ilegal. Es como prescindir del notario público en actos en los que su presencia es indispensable. La secretaria general renunció a su cargo con fecha 16 de junio.

- Filtración temprana de la resolución a Patricia Benavides. El lunes 14 de junio, alias Vane se presentó sorpresivamente en la sede del Ministerio Público, con medalla de Fiscal de la Nación más escolta de personal de seguridad, y con agresividad pretendió tomar posesión física del cargo. La notificación llegó después. Esto indica a las claras que la Benavides supo con gran antelación sobre la resolución de la JNJ, mucho antes que la Fiscalía.

- Notificación irregular mediante la sola firma del presidente de la JNJ. Este tipo de resoluciones exige la firma del total de integrantes de la JNJ porque la unanimidad es uno de sus requisitos, más el refrendo del secretario general. La Junta pretendía descabezar a la Fiscalía de la Nación con un simple papelito firmado por su nefasto presidente.

- Violación del principio de unanimidad. La unanimidad exige el acuerdo de todos, absolutamente todos, los integrantes del organismo, en este caso los siete miembros de la JNJ. No podía expedirse resolución favorable sin la participación y aquiescencia del doctor Francisco Távara.

- Ocultamiento de la resolución y su texto completo. Durante las dos semanas que duró la crisis, y a pesar de los reiterados pedidos de la Junta de Fiscales Supremos, la JNJ se negó a presentar el acta y la resolución debidamente firmada por todos sus miembros. Las resoluciones de los tribunales administrativos son tan públicas como las de las cortes judiciales, no son secreto de Estado.

- Haber pretendido que la legítima Fiscal de la Nación sea desalojada por la fuerza policial, sin contar con autoridad alguna para hacerlo. Los tribunales administrativos no tienen la facultad de disponer la intervención de la fuerza pública, salvo en casos muy acotados y específicos, como una cobranza coactiva municipal, por ejemplo. Esa facultad sólo corresponde a los jueces.

- Dudosa celebración de la sesión del 9 de junio. No haber citado al doctor Távara, no haber citado a la secretaria general ni contar con su refrendo del acta, no haber cumplido con grabar en video la sesión, el debate y la votación, más la escandalosa tardanza en exhibir el acta, nos llevan a una duda poderosa y legítima sobre si en verdad se celebró una reunión del pleno siquiera con los otros seis integrantes para decidir sobre el caso Benavides y si en realidad hubo un debate y exposición de argumentos. Todo adquiere el cariz de una maniobra oscura dirigida desde la presidencia de la JNJ. Muchos indicios apuntan a que el acta recién se elaboró hacia el 16 de junio, cuando le exigieron a la secretaria general que la refrendara y ella se negó, prefiriendo renunciar.

- Lo peor, que la dichosa acta no presenta motivación alguna de verdadero peso jurídico o de hecho para anular las sanciones impuestas con anterioridad a la Benavides por la JNJ, ni para fundamentar su reposición como fiscal suprema. Como tampoco fundamentan por qué restituyen a la hermana de Patricia Benavides como juez superior, anulando su destitución por las denuncias de favorecer judicialmente a narcotraficantes.

Todo lo anterior nos pone en evidencia que estamos ante el accionar de una banda, de un sexteto de malevos, y de un abrumador conjunto de maniobras e irregularidades que configuran inconducta administrativa de seis miembros de la JNJ, especialmente su presidente, el señor Ríos Patio, que ameritan destitución. Pero además vemos claramente la trama de una auténtica conjura que pretendió tomar por asalto el Ministerio Público derribando a su legítima Fiscal de la Nación, que va más allá de lo administrativo y entra de lleno en el terreno penal, lo cual exige investigación para establecer las responsabilidades por los delitos cometidos.

Claro que ahora, tras el fracaso de esta gavilla, el Ministerio Público tendrá que hacer frente a la arremetida de los dueños de la Junta Nació Mal de Justicia. Y esos, los del antro de la plaza Bolívar, bajan a matar.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025

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Perú: Asaltantes frustrados (por ahora)

Ronald Gamarra

"Siento que buena parte de la jerarquía fiscal no ha defendido la institucionalidad como corresponde"

Hacia el martes pasado, el presidente de la actual Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, instrumento del pacto corrupto –no actúa por su cuenta, no tiene temple, ni correa para eso–, apostaba todo a una intervención por vías de hecho sobre la Fiscalía de la Nación para imponer por la fuerza a Patricia Benavides en ese alto cargo, del cual había sido debidamente destituida por encontrarse involucrada en varios delitos sobre los cuales hay investigaciones en curso.

Llamaba públicamente a la policía a asaltar el Ministerio Público. En privado, maldecía. El embate malandro era contra la legítima Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, elegida como corresponde por la Junta de Fiscales Supremos, la cual quedaría destituida de facto, a la mala, sin que medie proceso ni causa alguna, simplemente porque alias Vane debe regresar, sí o sí, según la absurda e ilegal decisión de la JNJ.

Ríos Patio se dirigió por escrito al comandante general de la Policía para que esta imponga el cumplimiento de la resolución de la JNJ que limpia de polvo y paja a Patricia Benavides y la entroniza como Fiscal de la Nación. Ya la policía había adelantado posición hace varios días, cuando dispuso otorgar custodia de seguridad oficial a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación y al dirigirse a la Fiscal de la Nación legítima como “fiscal superior”. El terreno, pues, estaba preparado para imponer por la fuerza, literalmente a mano armada, la toma de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público.

Pero en junio hay milagros y esto no ocurrió. Cuando todo estaba dispuesto para el crimen, en momentos en que el pacto corrupto se aprestaba a dar el zarpazo, Segismundo León, juez supremo de investigación preparatoria, suspendió en el ejercicio del cargo a Patricia Benavides, por 24 meses, por hechos perpetrados en su posición de Fiscal de la Nación, al constatar la existencia de un riesgo concreto, actual y grave de afectación al sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad. Es decir, de uso instrumental del poder institucional para fines ilícitos. Esta medida fue adoptada en el curso de una de las investigaciones que se le sigue por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento personal. La decisión suprema es de obligatorio cumplimiento, y aun cuando sea materia de impugnación, no será resuelta antes del 1 de julio, fecha hasta la que –en el mejor de sus sueños– Vane podría detentar el cargo de Fiscal de la Nación.

Claro que ahora los tiros se multiplicarán desde el Congreso. El Ministerio Público, visto como botín por la mugre, intentará la intervención de la entidad, de forma directa y desembozada, o a través de una reorganización, mayor limitación de facultades, procesos constitucionales, inhabilitaciones, destituciones y habilitaciones. Tendrá que prepararse para enfrentar lo que se viene, esquivar los cuchillos que le lanzarán y la basura que le tirarán.

Fracasada la intentona por parte de la presidencia de la JNJ, puesta allí como una de sus herramientas para eso, los verdaderos poderes tendrán que aparecer, abiertamente: el pacto corrupto articulado por el fujimorismo, en el Congreso, con la conspicua colaboración del cerronismo, y el gobierno de Dina Boluarte, obsecuente y servil a todos los apetitos de la mugre, a cambio de protección e impunidad para ella misma. Articularán y madurarán nuevos trapicheos. En este escenario, para el pacto corrupto todo es coordinable, incluso reconciliar a Dina Ercilia con la Vane. Recordemos que, cuando fue destituida, Patricia Benavides descargó su ira directamente contra la Boluarte, e incluso formalizó contra ella una acusación constitucional por los múltiples homicidios en las manifestaciones de diciembre 2022 y enero 2023. Ahora, si no lo han hecho ya, tendrán tiempo de explicarse, llorar juntas, darse cuenta de que les conviene compartir el mismo barco y afanarse la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público todo. Luego también irán por el Poder Judicial.

La maniobra con la cual el pacto corrupto insistirá en el asalto a la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público presentará las cosas como un conflicto entre dos señoras que se disputan un cargo, como una crisis en la cumbre del Ministerio Público, o a lo sumo como un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, en el cual el Ministerio Público aparece como la entidad rebelde, díscola, a la cual hay que “disciplinar” a punta de porrazo, pistola policial y chavetazo congresal.

Aún hoy, la resolución de la JNJ que restituye a Patricia Benavides continúa en el total misterio. Nadie la ha visto. Apenas se conoce un texto firmado por el presidente de la JNJ, cuando la ley exige que este tipo de decisión sea aprobado por unanimidad. Unanimidad, que no es igual a mayoría de los presentes. Se trata, hasta el momento, de una resolución fantasma, de la cual no se conoce ni siquiera que en realidad haya sido suscrita por los que estuvieron presentes en su aprobación. Me imagino a Ríos Patio persiguiendo a alguno de sus colegas de la JNJ que se niega a firmar la aberración que ha presentado. ¿Por eso también el apuro de recurrir a la policía antes de que se descubra que en realidad no hay resolución válida?

Un apunte final. En esta avanzada contra el Ministerio Público, siento que buena parte de la jerarquía fiscal no ha defendido la institucionalidad como corresponde, quizá a la espera de la consumación o no del asalto, sea para permanecer en sus sillas, conservar sus medallas y recibir la remuneración sin sobresaltos, sea para acomodarse con los otros supremos que vendrán, sea porque aspiran a ser promovidos a supremos, sea porque les gana el encono o la rivalidad interna. Los siempre locuaces, esta vez callaron. Los mediáticos, optaron por esconderse. Muchos otros –demasiados– solo fueron ajenos espectadores.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 27/06/2025

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Perú: Asaltando la Fiscalía

Ronald Gamarra

"¿Desde cuándo la JNJ designa al fiscal de la nación?"

La coalición corrupta que ejerce el poder desde el Congreso se ha propuesto tomar por asalto y apoderarse, de una vez por todas, de la Fiscalía de la Nación, que es la máxima autoridad del Ministerio Público. Unos con chaira en la mano y proyectos ruines, otras con bisturí en la ñata y recorte de presupuesto, y terceros con resoluciones torcidas dictadas para causar el caos e imponer a una de las suyas. Todos lanzados a la intervención de la institución donde se ventilan importantes investigaciones contra ellos por graves delitos de corrupción en sus diversas formas y por la muerte de ciudadanos que hacían uso de su derecho a la protesta. Todos unidos en el objetivo –perseguido con encono y sin fatiga desde hace ya varios años– de acanallar y aplastar al Ministerio Público.

El llamado de Pedro Castillo a la ruptura del orden constitucional fue sucedido por una coalición de intereses corruptos que desarrollan un golpe de Estado continuado desde que se hicieron del poder. Incluso desde antes. El objetivo de apoderarse de los organismos autónomos del Estado y controlarlos directamente a través de personajes obsecuentes se vio desde el momento en que el fujimorismo y la ultraderecha consiguieron el apoyo incondicional de un cerronismo de ultraizquierda hipócrita. De la mano, muy juntitos, cumplieron su primer cometido al designar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, todos al servicio de la coalición congresal, con alguna excepción honrosa.

Luego no les fue difícil tomar el control de la Defensoría del Pueblo a través del abogado de Vladimir Cerrón, cuya gestión se ha caracterizado por el abandono total de la función de defender los derechos de las personas para convertirse en instrumento y vocero de las posiciones más reaccionarias y adversas al respeto a los derechos fundamentales. Controlar la Defensoría del Pueblo era un asunto clave, porque corresponde a esta entidad presidir y conducir el proceso de designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

A su vez, la Junta Nacional de Justicia fue objeto de una continua agresión por parte del Congreso, que se propuso destituir ilegalmente a todos sus integrantes. Al encontrar una inesperada resistencia de los miembros de aquella JNJ, trataron por todos los medios de destituir al menos a tres de ellos. Finalmente fracasaron. Pero allí entró entonces a tallar el inefable Defensor del Pueblo actualmente en funciones. Y este señor se encargó del proceso de nombramiento de una nueva JNJ, que es la actual, que al igual que el Tribunal Constitucional está conformada por gente alineada casi totalmente con la mayoría congresal.

Esta nueva JNJ está tan parcializada hacia los intereses nada santos que entre las primeras cosas que está aprobando se encuentra la rehabilitación y la pretendida reincorporación, al servicio, de magistrados lastrados por investigaciones y conductas culpables que en su momento justificaron plenamente la sanción que se les impuso. Esta última semana, por ejemplo, lo ha hecho con el exfiscal supremo Tomás Gálvez, que ahora tendría la vía expedita para volver a sentarse en la junta de fiscales supremos.

Pero la cereza de la torta es la anulación de la destitución impuesta a Vane, también conocida como Patricia Benavides, y su supuesta restitución como Fiscal de la Nación. Al mismo tiempo cancelan la expulsión de la exjuez superior Enma Benavides y ordenan su regreso. La JNJ se ampara para sus decisiones arbitrarias en supuestos vicios procesales, que inventan con torpeza y sin vergüenza. Pero no ven el prontuario que adorna la carrera de estos exmagistrados y el porqué se les destituyó. A esta JNJ parece no preocuparle que la exjuez superior Enma Benavides afronte ahora mismo investigaciones penales por favorecer a narcotraficantes en el ejercicio de su función. Tampoco le inquieta que Tomás Gálvez, al igual que Enma Benavides, formase parte conspicua del entorno del juez hermanito César Hinostroza, prófugo de la justicia, que parece conservar un enorme poder.

Patricia Benavides, por su parte, tiene un legajo de investigaciones penales en pleno trámite. Aun así, los integrantes de esta nueva JNJ, salvo el honorable doctor Francisco Távara, pretenden imponerla como Fiscal de la Nación. Al modo malandro, apuñalando la institucionalidad y el derecho. Resolución absurda, además de anticonstitucional, pues se pronuncia sobre una materia que está pendiente de exclusiva decisión en el Poder Judicial, ha sido adoptada sin la unanimidad de votos conformes exigida, y se atribuye una competencia que, de manera excluyente, es de la Junta de Fiscales Supremos. Así, la mayoría de la JNJ apunta a la destitución de hecho a la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, que actualmente ejerce el cargo, elegida de acuerdo al procedimiento constitucional hace menos de un año. ¿Desde cuándo la JNJ designa al fiscal de la nación? ¿Desde cuándo la JNJ destituye sin proceso a una fiscal de la nación debidamente elegida según los requisitos de la Constitución?

Al momento de cerrar este artículo, cinco días después de emitida la resolución que rehabilita y repone a Patricia Benavides, la JNJ no ha sido capaz de dar a conocer el texto de su resolución debidamente suscrita por todos sus miembros, los siete, pues la ley exige para amparar este tipo de recurso que la decisión sea unánime. Unánime. Y, sin embargo, sin contar con una resolución emitida de acuerdo con los requisitos mínimos, el lunes Vane, resguardada por matones y alentada por la pestilencia, intentó hacerse de la Fiscalía de la Nación mediante un golpe de mano.

A estas alturas no está claro en qué ha de quedar este caos creado y estimulado por la gente del pacto corrupto. La Fiscal de la Nación Delia Espinoza ha rechazado con decisión la supuesta resolución de la JNJ y ha denunciado que se intenta un golpe de Estado. Es cierto.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 20/06/2025

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Perú: La JNJ secuestrada

Ronald Gamarra

El cuestionado concurso público para cubrir las plazas titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia para los próximos cinco años terminó como debía: entre gallos y medianoche. Así lo anunció esta semana un comunicado de la comisión especial, emitido cuando casi todo el país se había ido a dormir, en el cual, además, se anunciaba la juramentación de los seleccionados para el día siguiente. Qué sigilosos y apuraditos. Ni siquiera dejan que la gente tenga tiempo de informarse y mucho menos de opinar, presentar un recurso, reaccionar de alguna manera. Han actuado así, furtivamente, de principio a fin de todo este proceso irregular denominado “concurso público”.

Pero han quedado registrados los pasos seguidos por la comisión especial guiada por Josué Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, nombrado Defensor del Pueblo por este congreso del pacto corrupto como cuota de Perú Libre precisamente. Improvisado en el cargo, se ha esmerado en destruir hasta los cimientos el prestigio, el reconocimiento, la prestancia técnica y la labor cotidiana de la institución, que ahora no cumple ningún papel relevante en los conflictos sociales y en la defensa de derechos atropellados cada día desde el poder. Josué Gutiérrez llega a lo más hondo de la servidumbre al llevar a cabo este concurso para designar miembros de una JNJ sometida al pacto fujicorrupto.

El proceso de este concurso ha incumplido de modo deliberado las más elementales condiciones de transparencia, publicidad y apertura a la participación ciudadana. No se permitió en ningún caso el acceso de observadores de la sociedad civil a las entrevistas con los candidatos. Tampoco se permitió el acceso a las hojas de vida de los candidatos, impidiendo en la práctica la posibilidad de formular observaciones y tachas. Estas condiciones elementales, básicas, de un proceso transparente, por sólo poner un par de ejemplos, sí se observaron y permitieron ampliamente en el proceso de elección de la primera JNJ, en el año 2019. Se trata de una costumbre democrática que solo se ha dejado de cumplir bajo este congreso avasallador y manipulador.

Por otro lado, este concurso no se ha desarrollado en un ambiente democrático favorable, sino bajo condiciones de abierta intimidación. Desde el poder se han asegurado de que prácticamente ningún profesional que valga la pena considere la posibilidad de participar. La experiencia de actuar en la función pública con autonomía y sin someterse se castiga con una persecución feroz bajo este congreso, tal como ha quedado claro con el trato vejatorio dispensado a la JNJ que está por cesar y la persecución incesante a que son sometidos algunos de sus integrantes. Tal ha sido el ambiente de violencia creado por el antro de la plaza Bolívar, que disuade a los mejores y alienta a los que están dispuestos a someterse y servir al poder de turno que tiraniza el país.

Por eso ya entre los candidatos inscritos casi no se reconocía a nadie que hubiera destacado en el mundo del derecho o del conocimiento en general. Todos los postulantes eran de una grisura sin mayor matiz. De ellos, seleccionaron a 15. Qué graciosos, 15 aspirantes para 14 plazas (siete titulares y siete suplentes). O sea que entraban todos, menos uno. ¿Qué clase de concurso competitivo es ese? Este hecho, más allá de hacer levantar una ceja al más inocente, hace legítima la presunción de que esos 15 ya estaban bien “evaluados y conversados” para que no signifiquen en modo alguno la posibilidad de una actuación divergente de los propósitos mezquinos y hegemonistas del congreso.

Y así, por fin, el congreso logra tener a su disposición su propia JNJ, desde la cual pondrá en jaque al Poder Judicial y el Ministerio Público, donde muchos parlamentarios y sobre todo sus líderes políticos son parte de decenas de investigaciones y procesos que podrían terminar con ellos en la cárcel. Con el control de la JNJ ya tienen en sus manos una palanca poderosa para intimidar y condicionar a jueces y fiscales y para nombrar a los suyos propios. Además, la JNJ designa a los titulares de los organismos electorales. Una jugada a tres bandas para lograr la impunidad al mismo tiempo que el dominio sobre las elecciones del 2026, en las cuales se hace previsible, esta vez sí, el fraude que proclamaron en 2021.

Vistos los antecedentes, no es de extrañar que, en el concurso organizado por Fuerza Popular, perdón, por Josué Gutiérrez, el primer lugar lo ocupe un candidato de antecedentes nada alentadores. Se trata del abogado Gino Ríos Patio, de quien se ha podido averiguar que publicó en la revista del Colegio de Abogados de Lima un artículo en el cual plagiaba 14 párrafos de un artículo escrito con anterioridad por otro colega, y que no contento con ello también lo publicó en un libro. Quién sabe cuántos plagios más habrá cometido, pues bien dice el dicho: gallina que come huevo… Pero eso no es todo, también se le acusa de haber hecho uso de los abogados del Estado en sus casos particulares cuando fue procurador público con Alan García.

El congreso del pacto fujicorrupto avanza en sus planes de copar los principales organismos del Estado. Primero se apoderó del Tribunal Constitucional, luego hizo lo propio con la Defensoría del Pueblo, después se hizo con el control del Poder Ejecutivo sometiendo desde el principio a Dina Boluarte. Ahora siguen la faena nombrando una JNJ a su entero gusto. A partir de aquí proseguirán con el ataque al Ministerio Público, pues ya iniciaron el trámite de la acusación constitucional para destituir a todos los fiscales supremos, incluida la Fiscal de la Nación recientemente designada. Paralelamente, pretenden imponerse en los organismos electorales. Finalmente, irán por el control de la Corte Suprema, presidida actualmente por un tímido magistrado. Salvo que el pueblo lo impida.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 707 año 14, del 01/11/2024

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Perú: Al asalto de la JNJ

Ronald Gamarra

La coalición congresal encabezada por el fujimorismo, que articula a la ultraderecha, el cerronismo y otros grupos mafiosos tras el gobierno de Dina Boluarte, se propone, ahora sí, tomar el control definitivo de la Junta Nacional de Justicia. El plazo de los actuales integrantes de la JNJ vence a fines de este año, indefectiblemente. Si bien el fujimorismo y sus aliados se jugaron a fondo para destituirlos sin motivo válido, no lo lograron gracias a amparos judiciales que corrigieron los atropellos aleves. No se puede descartar, sin embargo, que vuelvan a intentarlo aún en estos meses postreros, pues su capacidad para el acuchillamiento, la venganza y el agravio artero es imprevisible.

Ahora se trata de otra cosa. Hay que designar a los nuevos integrantes de la JNJ para ejercer el cargo durante los próximos cinco años. Ello se hace mediante concurso público convocado y definido por una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Conscientes de esto, los de la coalición fujimorista se han esmerado en estos años en digitar a los que forman parte de la comisión especial y asegurarse la mayoría en ella para hacerse con el manejo y la dirección de la nueva JNJ. Con ello lograrán ejercer un poder temible sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público, que les permitirá someter a jueces y fiscales a un control arbitrario, expulsar a los magistrados que se atrevan a investigarlos por los innumerables delitos por los cuales se indaga a congresistas y miembros del gobierno, y llenar la judicatura con jueces y fiscales mafiosos, como en los tiempos de sus tan defendidos “jueces hermanitos” encabezados por el prófugo juez supremo César Hinostroza, el de los servicios comprometidos a “la señora K”.

La comisión especial encargada de seleccionar a los nuevos integrantes de la JNJ está presidida por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la integran Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial; Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación; Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional; César Aguilar, Contralor General de la República; Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Félix Romero, rector de la Universidad Ricardo Palma.

Los nombres, y las historias, no dejan lugar a ninguna duda. Esta comisión especial no ofrece ninguna garantía de imparcialidad y objetividad, pues cuatro de sus siete integrantes responden directamente al mandato del bloque articulado por el fujimorismo. Recordemos que el presidente de la comisión, Josué Gutiérrez, fue nombrado Defensor del Pueblo sin ningún otro mérito que su obsecuencia incondicional a Vladimir Cerrón y, como resultado de la negociación y acuerdo establecido entre los Cerrones y el fujimorismo, fue puesto en el cargo para digitar precisamente este proceso de selección para la JNJ, entre otras tareas. Josué Gutiérrez no es un simple presidente formal. En la práctica, él tiene el control ejecutivo de todo el proceso de selección y su direccionamiento.

También son obvios y obsecuentes servidores de la coalición encabezada por el fujimorismo el presidente del TC, organismo nombrado por este Congreso, que se ha convertido en una mesa de partes de sus atropellos y legicidios; así como el Contralor General, designado por el Parlamento a propuesta de Dina –tu mamá– Boluarte, nada menos, que ha de ser tan funcional a la coalición gobernante como lo fue su antecesor Nelson Shack. Lo mismo cabe decir de la rectora de San Marcos, especialmente activa en la destrucción de la SUNEDU, objetivo alcanzado plenamente por la mafia “educativa” que tantos miembros tiene entre los actuales congresistas.

No hay razón para esperar nada bueno de una comisión conformada de este modo. Al contrario, de ella solo se puede esperar la venia y el chicheñó al naranjismo y su sueño de tener bajo su red a la administración de justicia. Por ello, respondiendo a la preocupación que desde hace ya tiempo existe en torno a las vulneraciones de la democracia y el estado de derecho en nuestro país, un conjunto de entidades de la sociedad civil de nuestro continente conformó una Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia (MIO-Perú), que desde hace meses evalúa con creciente preocupación el proceso que lleva adelante la comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Recientemente, la MIO concluyó su segunda visita de observación, y al término de ella advirtió con marcada inquietud el serio déficit de transparencia que muestran las primeras etapas del concurso para la selección de los nuevos miembros de la JNJ, en relación con la aprobación del reglamento y las bases del concurso, la convocatoria a las personas interesadas y la publicación de los antecedentes de los postulantes.

En resumen, la Misión Internacional de Observación constata que el proceso que lleva adelante la comisión especial carece de transparencia y no ofrece las garantías mínimas para producir nombramientos idóneos. Este domingo, prácticamente entre gallos y gatos ron ron, la comisión especial procedió a tomar el examen escrito de conocimientos entre los 51 postulantes y declaró aprobados a una veintena de ellos. Ninguno es un profesional conocido, ninguno tiene un récord en materia de derechos humanos, ninguno cumple con la ejecutoria necesaria e imprescindible en aquellos que van a cumplir las muy delicadas funciones de control sobre jueces y fiscales. Ya sabemos que los tunantes de Plaza Bolívar y este gobierno de sangre y rolex desprecian el mérito, el conocimiento y la ejecutoria. En su lugar, promueven, en cambio, la mediocridad, el caciquismo, la complicidad, la obsecuencia.

La Misión, a pesar de los obstáculos opuestos a su labor, proseguirá su tarea de observar y dejar constancia del proceso de selección seguido por la comisión especial. La integran cuatro juristas de primera línea, como Thelma Aldana, guatemalteca, Fiscal General de su país entre 2014 y 2018, y antes presidenta de la Corte Suprema, que se distinguió por su decidida lucha contra la corrupción desde las esferas más altas del poder y por ello fue perseguida por el “pacto de corruptos” que dominó Guatemala en los últimos años. Por su parte, Stephen McFarland es un destacado diplomático norteamericano, embajador en Guatemala entre 2008 y 2011, y alto funcionario de las embajadas de su país en varios países de América latina, incluido el Perú, país que conoce desde muy joven pues terminó la escuela secundaria en Lima.

También integra la MIO Jaime Arellano, jurista chileno, destacado miembro del Partido Demócrata Cristiano, que desempeñó altas funciones durante el período de recuperación de la democracia en su país, entre ellas el cargo de ministro de Justicia entre los años 2000 y 2006. Finalmente, Edison Lanza, jurista y comunicador uruguayo, desempeñó el alto cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2020, y es autor de varios libros, entre los cuales destaca el titulado “La corrupción y su freno: Ciudadanía, instituciones y normas”, tema tan pertinente a la realidad actual de nuestro país.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 698 año 14, del 30/08/2024

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Perú: Están destruyendo el país

Rodolfo Sánchez Aizcorbe

La labor destructiva del Congreso y sus satélites no se detiene. Toda institución que mostraba independencia y funcionaba relativamente bien ha sido copada ya o destruida. Si aún no lo han hecho, la tienen ya en la mira. Toda ley que favorezca sus intereses políticos o particulares, o los de sus redes clientelares, ha sido aprobada ya o existe como proyecto de ley.

Convirtieron a la Sunedu, pieza clave para la educación de los jóvenes y el desarrollo del país, en una institución fantasmal para beneficiar a los dueños de las universidades-cascarón en perjuicio de los estudiantes. En el festín subsiguiente se han abierto o están en proceso de abrirse cientos de carreras y escuelas sin ningún control de calidad. Mercantilismo puro.

Recientemente han logrado inutilizar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejándola sin quorum. Violando la ley y la Constitución removieron a Inés Tello y Aldo Vásquez con pretextos absurdos. La realidad es que Tello y Vásquez, por su independencia y su conducta sin tachas, eran un estorbo para un Congreso corroído por la corrupción y dominado por mafias.

Contaron para ello con la complicidad del Tribunal Constitucional (TC), al que habían capturado previamente. El TC facilitó además que un oscuro personaje, que antes había sido descalificado, integrara la JNJ. No sorprende que el magistrado en cuestión, una vez nombrado, fuera el único en oponerse a ratificar a Piero Corvetto como jefe de la ONPE.

Dado que la JNJ ha quedado con menos integrantes, ese voto fue decisivo. Todo salió a pedir de boca de los intereses turbios que dominan el Congreso. Ahora irán por el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas. Como en el caso de Tello y Vásquez, la conducta profesional e independiente de Corvetto y Arenas estorba al Congreso.

El corolario es sencillo: si se remueve a profesionales del sistema electoral que cumplen su deber bajo la acusación falsa de haber participado en un fraude, es evidente que lo que realmente se busca es controlar el sistema. Los partidos que dominan el Congreso saben perfectamente que sin elecciones amañadas no tendrán ninguna opción.

Y cómo podrían tener alguna opción si, a pesar del aumento de la pobreza, la recesión, el déficit fiscal y la baja en la calificación crediticia, ellos se suben el sueldo, se otorgan bonos y se aumentan el presupuesto. Es el descaro absoluto. Por eso tienen sólo un dígito de aprobación. Pero ellos no se dan por aludidos.

Lo mismo puede decirse del gobierno, socio de la mayoría congresal dominante. Estando el país en crisis y con 60 muertos encima, la presidenta Dina Boluarte se adornaba con lujosas joyas mal habidas y se hacía arreglos estéticos faciales abandonando temporalmente el cargo. Pero el Congreso no la vacará. Ambos se necesitan y se tapan mutuamente.

Precisamente para ese mismo fin de tapar corruptelas o crímenes requieren que Benavides vuelva a la Fiscalía de la Nación. Sólo personajes turbios y manchados son útiles a sus intereses. Una razón adicional para sacar de la JNJ a Tello y a Vásquez. La JNJ no tiene ahora miembros suficientes para destituir a Benavides.

En suma, el Congreso y el gobierno, al mismo tiempo que destruyen la democracia, sus instituciones y llevan al Perú al despeñadero, concentran más poder político en sus propias manos y se benefician económicamente del presupuesto nacional. Y ninguno llega al 10% de aprobación. Esto puede acabar muy mal.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 686 año 14, del 17/05/2024

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Perú: “Podemos terminar presos”

Ronald Gamarra

Si progresan las investigaciones contra Patricia Benavides, ella arrastrará en su caída a mucha gente complicada en sus enjuagues y manejos turbios dentro del Ministerio Público, naturalmente, pero sobre todo más allá de la fiscalía, en otras entidades del Estado. Porque ella, al fin y al cabo, solo es parte conspicua, una de las cabecillas, de una red de intereses non sanctos que se vale sistemáticamente de prácticas mafiosas para copar las principales instituciones democráticas, anularlas y beneficiarse ilegalmente del poder, sus privilegios y sus negociados por todo el tiempo que puedan, con impunidad.

Patricia Benavides, por ejemplo, planeaba quedarse como Fiscal de la Nación por lo menos hasta el 2027 y trabajaba activamente para ello. No hacía sino emular las ambiciones de Dina Boluarte y la mayoría fujiderechista del Congreso que, con el apoyo de la servidumbre cerronista, decidieron quedarse en el poder hasta el 2026 pasando por encima de una montaña de cadáveres, los de 50 peruanos asesinados con munición de guerra en las manifestaciones de diciembre a febrero, casos que la señora Benavides tenía convenientemente congelados hasta que echó mano de ellos en un intento desesperado de salvarse.

Todo lo avanzado y conquistado por la coalición mafiosa, y mucho más, está ahora en juego con la caída de Patricia Benavides, envuelta en una serie de escándalos que no deja de crecer cada día. Sobre todo, la deserción de su principal asesor, Jaime Villanueva Barreto, convertido en colaborador eficaz del equipo especial de fiscales a cargo del caso, le ha infligido un golpe tal vez irreparable en la línea de flotación. Es fácil suponer que la información que “el filósofo” ya está confirmando o poniendo a disposición del equipo especial de fiscales compromete gravemente a muchos poderosos que hasta solo unos días se sentían intocables.

De allí el miedo que se percibe en ámbitos muy bien demarcados del quehacer político actual, empezando por el Congreso. Miedo de no saber exactamente cuánta información pueden tener ya los fiscales y a quiénes alcanza. Miedo de no saber quién es el “agente especial” captado hace ya meses entre los mismos congresistas coludidos con la ex Fiscal de la Nación. Miedo de no saber ya si pueden seguir confiando entre ellos. Miedo de tener un topo sembrado en el núcleo duro del fujimorismo, por ejemplo, que los delata en tiempo real. Por eso, la reacción de los primeros días fue el silencio, esconderse de la prensa, el desconcierto.

Pronto, sin embargo, los elementos más audaces de la coalición mafiosa están promoviendo la necesidad de dar un contragolpe, llevándose de encuentro los restos de la caricatura democrática que han venido imponiendo al país. Concretamente, se proponen, como primer paso, destituir de inmediato, sin siquiera simular investigación ni proceso, a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Lo intentaron en la víspera de la decisión de la JNJ que suspendió a la señora Benavides y fracasaron. Esta vez repiten la maniobra con mayor ahínco para reunir los votos necesarios. Quién sabe si habrán logrado su objetivo para la fecha de circulación de este semanario.

Será una maniobra desesperada y finalmente inútil. Lo único que están revelando estos artificios ante todo el país es quiénes son los cómplices más agobiados de la ex Fiscal de la Nación, quiénes de entre ellos están a punto de estallar en pánico. El abogado Humberto Abanto, conocido defensor de acusados de corrupción, investigado a su vez por sus decisiones sospechosas como árbitro, lo expresó llanamente: “Si cae Patricia Benavides, vamos a terminar presos varios”. Por eso llamaba a actuar con decisión para evitarlo. Con mayor razón y premura procederán sus cofrades ahora que la Benavides ya cayó.

Ni siquiera tienen un buen pretexto para traerse abajo a la JNJ, pero van adelante con todo. La acusan de conflicto de interés porque la JNJ sería objeto de una investigación abierta por la ex Fiscal de la Nación. ¿Sobre qué asunto? Pues sobre la supuesta presión ejercida por miembros de la JNJ sobre el presidente de la Corte Suprema para pronunciarse en el caso de Zoraida Ávalos. Sí, la misma denuncia que fue desechada de plano por el propio presidente de la Corte Suprema, quien no dudó en calificarla de vulgar chisme. La misma denuncia que no se atrevió a ratificar el “periodista” que la publicó. Aquí no hay ningún caso, no hay nada que investigar.

Cuando lea este semanario, tal vez ya sabremos si los congresistas del montón, esos que han incurrido en delito, pero no son cabecillas, siguen el llamado de los promotores de la destitución exprés de la JNJ e incurren en un delito nuevo y más grave para intentar proteger a una ex Fiscal de la Nación tan embarrada e insalvable a estas alturas. O si, por el contrario, deciden evitarse mayores problemas y afrontar la posibilidad de colaborar con la justicia, delatando a los cabecillas, para aminorar su sanción. Porque tarde o temprano vamos a llegar a una de las dos alternativas. La historia y la experiencia lo demuestran.

Acerca de todo esto debería ir meditando el “defensor del pueblo” nombrado como resultado de un “arreglazo” entre los congresistas y la señora Benavides. ¿O quiere convertirse en un fugitivo como su jefe Vladimir Cerrón? Por lo pronto, se mantiene bien calladito. Lo cual también vale para los tres magistrados del TC que, sospechosamente, se dieron prisa para excarcelar contra todo derecho, prevaricando escandalosamente, a Alberto Fujimori, precisamente en estos días. ¿Quisieron adelantarse a cualquier nueva revelación que les hubiera impedido cumplir con una exigencia de su jefatura política?

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 666 año 14, del 15/11/2023

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