18 de diciembre de 2023

Perú: “Podemos terminar presos”

Ronald Gamarra

Si progresan las investigaciones contra Patricia Benavides, ella arrastrará en su caída a mucha gente complicada en sus enjuagues y manejos turbios dentro del Ministerio Público, naturalmente, pero sobre todo más allá de la fiscalía, en otras entidades del Estado. Porque ella, al fin y al cabo, solo es parte conspicua, una de las cabecillas, de una red de intereses non sanctos que se vale sistemáticamente de prácticas mafiosas para copar las principales instituciones democráticas, anularlas y beneficiarse ilegalmente del poder, sus privilegios y sus negociados por todo el tiempo que puedan, con impunidad.

Patricia Benavides, por ejemplo, planeaba quedarse como Fiscal de la Nación por lo menos hasta el 2027 y trabajaba activamente para ello. No hacía sino emular las ambiciones de Dina Boluarte y la mayoría fujiderechista del Congreso que, con el apoyo de la servidumbre cerronista, decidieron quedarse en el poder hasta el 2026 pasando por encima de una montaña de cadáveres, los de 50 peruanos asesinados con munición de guerra en las manifestaciones de diciembre a febrero, casos que la señora Benavides tenía convenientemente congelados hasta que echó mano de ellos en un intento desesperado de salvarse.

Todo lo avanzado y conquistado por la coalición mafiosa, y mucho más, está ahora en juego con la caída de Patricia Benavides, envuelta en una serie de escándalos que no deja de crecer cada día. Sobre todo, la deserción de su principal asesor, Jaime Villanueva Barreto, convertido en colaborador eficaz del equipo especial de fiscales a cargo del caso, le ha infligido un golpe tal vez irreparable en la línea de flotación. Es fácil suponer que la información que “el filósofo” ya está confirmando o poniendo a disposición del equipo especial de fiscales compromete gravemente a muchos poderosos que hasta solo unos días se sentían intocables.

De allí el miedo que se percibe en ámbitos muy bien demarcados del quehacer político actual, empezando por el Congreso. Miedo de no saber exactamente cuánta información pueden tener ya los fiscales y a quiénes alcanza. Miedo de no saber quién es el “agente especial” captado hace ya meses entre los mismos congresistas coludidos con la ex Fiscal de la Nación. Miedo de no saber ya si pueden seguir confiando entre ellos. Miedo de tener un topo sembrado en el núcleo duro del fujimorismo, por ejemplo, que los delata en tiempo real. Por eso, la reacción de los primeros días fue el silencio, esconderse de la prensa, el desconcierto.

Pronto, sin embargo, los elementos más audaces de la coalición mafiosa están promoviendo la necesidad de dar un contragolpe, llevándose de encuentro los restos de la caricatura democrática que han venido imponiendo al país. Concretamente, se proponen, como primer paso, destituir de inmediato, sin siquiera simular investigación ni proceso, a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Lo intentaron en la víspera de la decisión de la JNJ que suspendió a la señora Benavides y fracasaron. Esta vez repiten la maniobra con mayor ahínco para reunir los votos necesarios. Quién sabe si habrán logrado su objetivo para la fecha de circulación de este semanario.

Será una maniobra desesperada y finalmente inútil. Lo único que están revelando estos artificios ante todo el país es quiénes son los cómplices más agobiados de la ex Fiscal de la Nación, quiénes de entre ellos están a punto de estallar en pánico. El abogado Humberto Abanto, conocido defensor de acusados de corrupción, investigado a su vez por sus decisiones sospechosas como árbitro, lo expresó llanamente: “Si cae Patricia Benavides, vamos a terminar presos varios”. Por eso llamaba a actuar con decisión para evitarlo. Con mayor razón y premura procederán sus cofrades ahora que la Benavides ya cayó.

Ni siquiera tienen un buen pretexto para traerse abajo a la JNJ, pero van adelante con todo. La acusan de conflicto de interés porque la JNJ sería objeto de una investigación abierta por la ex Fiscal de la Nación. ¿Sobre qué asunto? Pues sobre la supuesta presión ejercida por miembros de la JNJ sobre el presidente de la Corte Suprema para pronunciarse en el caso de Zoraida Ávalos. Sí, la misma denuncia que fue desechada de plano por el propio presidente de la Corte Suprema, quien no dudó en calificarla de vulgar chisme. La misma denuncia que no se atrevió a ratificar el “periodista” que la publicó. Aquí no hay ningún caso, no hay nada que investigar.

Cuando lea este semanario, tal vez ya sabremos si los congresistas del montón, esos que han incurrido en delito, pero no son cabecillas, siguen el llamado de los promotores de la destitución exprés de la JNJ e incurren en un delito nuevo y más grave para intentar proteger a una ex Fiscal de la Nación tan embarrada e insalvable a estas alturas. O si, por el contrario, deciden evitarse mayores problemas y afrontar la posibilidad de colaborar con la justicia, delatando a los cabecillas, para aminorar su sanción. Porque tarde o temprano vamos a llegar a una de las dos alternativas. La historia y la experiencia lo demuestran.

Acerca de todo esto debería ir meditando el “defensor del pueblo” nombrado como resultado de un “arreglazo” entre los congresistas y la señora Benavides. ¿O quiere convertirse en un fugitivo como su jefe Vladimir Cerrón? Por lo pronto, se mantiene bien calladito. Lo cual también vale para los tres magistrados del TC que, sospechosamente, se dieron prisa para excarcelar contra todo derecho, prevaricando escandalosamente, a Alberto Fujimori, precisamente en estos días. ¿Quisieron adelantarse a cualquier nueva revelación que les hubiera impedido cumplir con una exigencia de su jefatura política?

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 666 año 14, del 15/11/2023

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