"Siento que buena parte de la jerarquía fiscal no ha defendido la institucionalidad como corresponde"
Hacia el martes pasado, el presidente de la actual Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, instrumento del pacto corrupto –no actúa por su cuenta, no tiene temple, ni correa para eso–, apostaba todo a una intervención por vías de hecho sobre la Fiscalía de la Nación para imponer por la fuerza a Patricia Benavides en ese alto cargo, del cual había sido debidamente destituida por encontrarse involucrada en varios delitos sobre los cuales hay investigaciones en curso.
Llamaba públicamente a la policía a asaltar el Ministerio Público. En privado, maldecía. El embate malandro era contra la legítima Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, elegida como corresponde por la Junta de Fiscales Supremos, la cual quedaría destituida de facto, a la mala, sin que medie proceso ni causa alguna, simplemente porque alias Vane debe regresar, sí o sí, según la absurda e ilegal decisión de la JNJ.
Ríos Patio se dirigió por escrito al comandante general de la Policía para que esta imponga el cumplimiento de la resolución de la JNJ que limpia de polvo y paja a Patricia Benavides y la entroniza como Fiscal de la Nación. Ya la policía había adelantado posición hace varios días, cuando dispuso otorgar custodia de seguridad oficial a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación y al dirigirse a la Fiscal de la Nación legítima como “fiscal superior”. El terreno, pues, estaba preparado para imponer por la fuerza, literalmente a mano armada, la toma de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público.
Pero en junio hay milagros y esto no ocurrió. Cuando todo estaba dispuesto para el crimen, en momentos en que el pacto corrupto se aprestaba a dar el zarpazo, Segismundo León, juez supremo de investigación preparatoria, suspendió en el ejercicio del cargo a Patricia Benavides, por 24 meses, por hechos perpetrados en su posición de Fiscal de la Nación, al constatar la existencia de un riesgo concreto, actual y grave de afectación al sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad. Es decir, de uso instrumental del poder institucional para fines ilícitos. Esta medida fue adoptada en el curso de una de las investigaciones que se le sigue por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento personal. La decisión suprema es de obligatorio cumplimiento, y aun cuando sea materia de impugnación, no será resuelta antes del 1 de julio, fecha hasta la que –en el mejor de sus sueños– Vane podría detentar el cargo de Fiscal de la Nación.
Claro que ahora los tiros se multiplicarán desde el Congreso. El Ministerio Público, visto como botín por la mugre, intentará la intervención de la entidad, de forma directa y desembozada, o a través de una reorganización, mayor limitación de facultades, procesos constitucionales, inhabilitaciones, destituciones y habilitaciones. Tendrá que prepararse para enfrentar lo que se viene, esquivar los cuchillos que le lanzarán y la basura que le tirarán.
Fracasada la intentona por parte de la presidencia de la JNJ, puesta allí como una de sus herramientas para eso, los verdaderos poderes tendrán que aparecer, abiertamente: el pacto corrupto articulado por el fujimorismo, en el Congreso, con la conspicua colaboración del cerronismo, y el gobierno de Dina Boluarte, obsecuente y servil a todos los apetitos de la mugre, a cambio de protección e impunidad para ella misma. Articularán y madurarán nuevos trapicheos. En este escenario, para el pacto corrupto todo es coordinable, incluso reconciliar a Dina Ercilia con la Vane. Recordemos que, cuando fue destituida, Patricia Benavides descargó su ira directamente contra la Boluarte, e incluso formalizó contra ella una acusación constitucional por los múltiples homicidios en las manifestaciones de diciembre 2022 y enero 2023. Ahora, si no lo han hecho ya, tendrán tiempo de explicarse, llorar juntas, darse cuenta de que les conviene compartir el mismo barco y afanarse la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público todo. Luego también irán por el Poder Judicial.
La maniobra con la cual el pacto corrupto insistirá en el asalto a la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público presentará las cosas como un conflicto entre dos señoras que se disputan un cargo, como una crisis en la cumbre del Ministerio Público, o a lo sumo como un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, en el cual el Ministerio Público aparece como la entidad rebelde, díscola, a la cual hay que “disciplinar” a punta de porrazo, pistola policial y chavetazo congresal.
Aún hoy, la resolución de la JNJ que restituye a Patricia Benavides continúa en el total misterio. Nadie la ha visto. Apenas se conoce un texto firmado por el presidente de la JNJ, cuando la ley exige que este tipo de decisión sea aprobado por unanimidad. Unanimidad, que no es igual a mayoría de los presentes. Se trata, hasta el momento, de una resolución fantasma, de la cual no se conoce ni siquiera que en realidad haya sido suscrita por los que estuvieron presentes en su aprobación. Me imagino a Ríos Patio persiguiendo a alguno de sus colegas de la JNJ que se niega a firmar la aberración que ha presentado. ¿Por eso también el apuro de recurrir a la policía antes de que se descubra que en realidad no hay resolución válida?
Un apunte final. En esta avanzada contra el Ministerio Público, siento que buena parte de la jerarquía fiscal no ha defendido la institucionalidad como corresponde, quizá a la espera de la consumación o no del asalto, sea para permanecer en sus sillas, conservar sus medallas y recibir la remuneración sin sobresaltos, sea para acomodarse con los otros supremos que vendrán, sea porque aspiran a ser promovidos a supremos, sea porque les gana el encono o la rivalidad interna. Los siempre locuaces, esta vez callaron. Los mediáticos, optaron por esconderse. Muchos otros –demasiados– solo fueron ajenos espectadores.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 27/06/2025
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