Delia Espinoza: Un hito y una fiscal valiente

Cecilia Méndez

"El mensaje que deja Espinoza es que los ciudadanos tenemos voz y que el Ministerio Público está para servirnos. Que las leyes son un arma para defender nuestros derechos, pero no se activan solas"

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acaba de hacer historia, en más de un sentido.  Su solicitud a la Corte Suprema para declarar ilegal al partido fujimorista, Fuerza Popular, es inédita. No porque sea la primera vez que el Ministerio Público solicita algo así —lo hizo, y con éxito, con el partido de Antauro Humala— sino porque esta vez no se trata de una organización política marginal, sino de una en el centro del poder político, con tentáculos en el poder económico, mediático y varios organismos del estado desde hace más de tres décadas.

Enfrentarse a este de poder en un contexto de profundo deterioro institucional y criminalidad desbordada promovida desde el propio parlamento, en un pacto de impunidad con el ejecutivo que lleva casi 3 años, es muy valiente y prueba de su independencia.  ‘Soy muy incómoda” reconoce Espinoza, recordándonos que su mandato como Fiscal de la Nación es perseguir el delito y velar por los derechos vulnerados de la ciudadanía.

Pedagogía cívica

Pero su solicitud de ilegalizar a Fuerza Popular ha sido también un acto —acaso fundacional— de pedagogía cívica, por la claridad con la que la fiscal Espinoza ha fundamentado sus propuestas, tanto verbalmente, como por escrito.  Lejos del lenguaje técnico al que nos tienen acostumbrados los abogados, el alegato, al menos, a juzgar por la primera de las 364 páginas de texto (y más 3,500 páginas de anexos), que es lo único que ha estado a mi alcance directamente, rebosa en claridad.  La fiscal solicita (cito, respetando las letras en negrita, que corresponden literalmente a la ley, y el uso de las mayúsculas): la “DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD de la organización política  FUERZA POPULAR, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nro. 28094 - Ley de Organizaciones Políticas, por desarrollar actividades contrarias a los principios  democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales: i) promoviendo atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas, medios de prensa independiente, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas,  por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión; ii) promoviendo la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política /libertad de conciencia, iii) exculpando atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000) [sic]; y iv) legitimando la violencia como método para la consecución del objetivos políticos; todas estas acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto de la norma citada.

Y prosigue: “en mérito a la CONDUCTA ANTIDEMOCRÁTICA atribuida a la organización política Fuerza Popular”, la fiscal solicita que se disponga: “a). La CANCELACIÓN de la inscripción de la organización política Fuerza popular…”.

La ciudadanía vindicada

Leer este texto y lo que trascendió públicamente sobre el resto del documento, suscitó en mí una mezcla de vindicación y asombro. Vindicación, porque se trata de la propia cabeza del Ministerio Público la que se enfrenta a un poder tan enorme y vetusto, para defender a la ciudadanía de una serie de atropellos, vejámenes y acoso que hemos sufrido como sociedad, y que han sufrido magistrados de la ONPE y el JNE, periodistas, candidatos presidenciales más. Ya va a ser una década desde que Keiko Fujimori no fue capaz de reconocer su derrota electoral ante PPK (2016) y arrastró al país a una espiral de ingobernabilidad e intentonas golpistas abusando de una cláusula constitucional decimonónica referida la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, de la que, ahora que tenemos el gobierno más moralmente inepto desde la primera era fujimorista, irónicamente, ya nadie se acuerda... Buscó arrollar, más allá de ideologías, a  quien no se sometiera a sus ambiciones de gobernar país, pese a haber perdido las elecciones, siendo Castillo el mayor depositario de los agravios autoritarios, desde antes que asumiera la presidencia, con la campaña del falso fraude y, después, con los numerosos intentos de vacancia, hasta que el propio Castillo se les ofreció en bandeja con un patético gesto golpista, aunque diminuto frente al golpe que sí ocurrió cuando el parlamento comandado por el fujimorismo lo aprovechó  para  hacerse de un poder que no había ganado en elecciones, gracias al pacto con Boluarte, cimentado en la impunidad y la traición.

En este segundo sentido, el pedido de Espinoza a la Corte Suprema para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular también hace historia: nos ayuda a rememorar un pasado de afectaciones severas a nuestra sociedad y a los derechos ciudadanos, que sigue vigente, pero no debería tener cabida en el ordenamiento político.

Por último, la solicitud me trajo a la mente un artículo que publiqué en marzo de 2012, en la revista Ideele, comentando cuando el MOVADEF quiso inscribirse como partido, lo que fue denegado. Me preguntaba entonteces por qué el argumento de que el MOVADEF era antidemocrático no se aplicaba a otros partidos: “Se le increpó asimismo al Movadef”, escribí, “el no cumplir con el acápite 2 de Ley de Partidos, que exige que estos tengan como uno de sus objetivos la defensa de los ‘derechos humanos […], el sistema democrático y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado’.  Pero, si ese es el caso, con la misma lógica que hoy se rechaza al Movadef no se debió permitir la inscripción de Fuerza 2011, el partido de Keiko Fujimori, que ha avalado un golpe de Estado y escuadrones de la muerte, que busca liberar a un preso condenado por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y que al igual que Movadef no se ha arrepentido de sus crímenes, y los llama más bien ‘excesos’”.

Tomó una fiscal valiente y catorce años más aplicar la ley de partidos en su integridad, caiga quien caiga. Pero no menos importante es el hecho de que Espinoza formó este expediente en respuesta al pedido que una ciudadana formulara en marzo. Fueron seis meses de meticuloso trabajo.

Un nuevo contexto de movilización

El mensaje que deja Espinoza es que los ciudadanos tenemos voz y que el Ministerio Público está para servirnos. Que las leyes son un arma para defender nuestros derechos, pero no se activan solas; tenemos que hacerlo día a día, y una buena muestra de que se puede y se debe hacer es el efecto que ha tenido muy recientemente la movilización de jóvenes contra la ley de las AFP, que atenta contra sus derechos económicos y una vida digna.

Ayer, la Junta Nacional de Justicia, dirigida por un condenado por violencia familiar, ha suspendido de sus funciones como Fiscal de la Nación a Delia Espinoza, sin razón que lo amerite.  La mafia puede haber dado un paso a favor del hampa que anida en este gobierno. Pero la fiscal Espinoza ha ganado la batalla moral, lo que no es poca cosa.  Ella no se va a callar. Tampoco debemos hacerlo nosotros.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/09/22/delia-espinoza-un-hito-y-una-fiscal-valiente-por-cecilia-mendez-hnews-1975864

https://www.leerydifundir.com/2025/09/delia-espinoza-h…-fiscal-valiente/

Perú: Mafia conjurada ataca otra vez

Ronald Gamarra

"La infamia se aprobó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por una mayoría de 11 votos"

El asalto del pacto corrupto para controlar el Ministerio Público no da tregua. El mes pasado lo intentaron con descaro a través de la JNJ, mediante un ardid, pero fracasaron después de tres semanas de brutal presión. La legítima Fiscal de la Nación permaneció en su puesto, mientras la destituida Patricia Benavides se quedó deshojando margaritas. Pero solo por el momento, porque sus designios se tienen que cumplir sí o sí; de lo contrario, no serían la mafia conjurada que son.

Esta vez, la diferencia es que interviene directamente el Congreso, sede del pacto corrupto por excelencia, que pretendió conseguir sus objetivos sin mostrarse abiertamente ante la opinión pública. Pero ante el fracaso de sus operadores de la JNJ, y en especial del torpe presidente de este organismo, los congresistas que articulan el pacto corrupto se ven obligados a dar la cara, a figurar, y se encargan de llevar adelante el objetivo de descabezar el Ministerio Público y apoderarse de él, llenándolo con su gente obsecuente y servil.

Y es que lo que está en juego para esa costra es muy importante. Les va la vida en ello. Se trata de “arreglar” de una vez por todas sus problemas judiciales, sus asuntos penales. Deben cerrar cuanto antes los cientos de investigaciones que tienen abiertas en el Ministerio Público por casos de corrupción de la más variada especie, y otros delitos peores, que llegan al homicidio y la violación sexual.

Son más de 60 los congresistas con indagaciones en curso en el Ministerio Público y el número de expedientes en giro contra ellos se acerca a mil. Pero además están los casos penales de sus líderes partidarios, de sus amigotes y testaferros, de sus cómplices y sobre todo las causas de sus clientes y financistas, los intereses nada santos de las mafias y negocios ilegales que se han apoderado del país.

Para resolver los problemas judiciales de toda esa tropa de impresentables, los integrantes del pacto corrupto necesitan ya de manera impostergable intervenir cuanto antes el Ministerio Público. Y el modo en que han decidido hacerlo es mediante la destitución de sus máximos representantes –la Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos– para reemplazarlos por alguien en quien confían plenamente: Patricia Benavides.

La Vane ha dado mil pruebas de su entera disposición a jugar el rol que Blanca Nélida Colán cumplió en la dictadura de Fujimori y Montesinos en los años 90. Lo ha demostrado desde que asumió el cargo y hasta el momento mismo en que fue destituida y aún con más ahínco, después. Su vínculo con el partido aprista facilita y garantiza su utilidad para el pacto corrupto. Lo que otros no están dispuestos a hacer, lo hará ella.

Por eso, esta semana, el pacto corrupto impuso en el Congreso el informe que aprueba la acusación que les permita destituir a la Fiscal de la Nación. La acusación fue presentada por Renovación Popular, el partido de López Aliaga, que ahora aspira a la presidencia de la república y esta semana trató de impresionar con unos trenes que en Estados Unidos habían sido dados de baja como desecho por ser contaminantes y tener casi medio siglo de uso.

La infamia se aprobó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por una mayoría de 11 votos, emitidos por representantes de Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Honor y Democracia, Bloque Magisterial y Alianza para el Progreso. Todos los partidos de los malevos y chorizos, en pleno.

La presidenta de la subcomisión, María Acuña, tiene sus propias perlas. Es integrante de Alianza para el Progreso y hermana de César Acuña, líder de esa facción, ampliamente conocido por el alias de Plata Como Cancha gracias a sus negocios en el sector educativo mediante universidades basura, la primera de las cuales es la César Vallejo.

María Acuña, solo en el último mes, protagonizó dos sucesos vergonzosos. Primero, se alegó que sus tesis de maestría y doctorado, conseguidos en la universidad propiedad de su hermano, habían desaparecido a causa de una inundación. Cuando finalmente un periodista pudo hallar copias en otro archivo, resultó que ambas tesis estaban llenas de plagios de principio a fin. Días antes, el alcalde del distrito de Surco la había denunciado por usurpar 120 metros cuadrados de un parque público para anexarlos a su propiedad. Esta es la presidenta de la subcomisión que ha aprobado esta misma semana la acusación constitucional contra la Fiscal de la Nación.

Pero no es lo único. La misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó otra contra todo el pleno de la Junta de Fiscales Supremos, con la intención de destituir a cuatro de sus integrantes: Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Villena. ¿El motivo? No haber acatado la orden de la JNJ para restituir como Fiscal de la Nación a su protegida. La acusación también fue presentada por el partido de López Aliaga, aunque el operador decisivo siempre es el fujimorismo.

No hace falta recordar que la “orden” de la JNJ estaba plagada de vicios, empezando por haber sido muy mal notificada. La Junta de Fiscales Supremos se limitó a pedir a la JNJ el texto completo de la resolución y el acta respectiva, puesto que el papel que le llegó se limitaba a un breve escrito firmado únicamente por su presidente. Tremenda irregularidad para una situación que exigía unanimidad de firmantes de todos los integrantes de la JNJ. Ahora todos sabemos que no existía tal unanimidad y que ni siquiera hubo sesión regular, como lo demuestra el hecho de que se demoraran tres semanas para, por fin, exhibir la supuesta acta de la reunión, un documento escuálido de dos carillas, sin reseña de ningún debate ni fundamento.

El mundo al revés. Los que deberían ser destituidos por sus irregularidades funcionales y penales son los integrantes de la JNJ, empezando por su presidente. Pero el Congreso, que tiene bien claro su objetivo de conseguir la impunidad del pacto corrupto, enfila contra la dirección del Ministerio Público. La ciudadanía no debe bajar la guardia y debe responder desde ya a esta nueva intentona que tiene el propósito de ser definitiva.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 742 año 16, del 18/07/2025

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Perú: No era Junta sino banda

Ronald Gamarra

"Vemos claramente la trama de una auténtica conjura que pretendió tomar por asalto el Ministerio Público"

La reciente crisis desatada por la JNJ contra el Ministerio Público tiene numerosas características y detalles que deben ser presentados en conjunto para apreciar que, en la pretendida restauración de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, finalmente abortada por la decisión de un juez valeroso, se ha actuado no solo irregularmente del todo en el plano administrativo, sino como banda y con verdadero dolo, que no puede ser pasado por alto. Vamos a los detalles.

- Avocarse a causa abierta en otro fuero. En el momento en que la JNJ decidió ocuparse del caso de Patricia Benavides, había causa en trámite sobre el mismo asunto en el Poder Judicial, y de esto fue informada la JNJ tanto por uno de sus integrantes, el doctor Francisco Távara, formalmente por escrito, como por la propia Patricia Benavides en audiencia pública, quien confirmó tener una acción de amparo pendiente. Avocarse a causa abierta en fuero judicial está prohibido expresamente.

- Ignorar y ocultar las observaciones de Francisco Távara. Cuando se pone sobre el tapete en la JNJ reabrir el caso de Patricia Benavides, el doctor Távara, el único de ese organismo con verdadera experiencia en Derecho sustantivo y procesal, advierte por escrito en documento dirigido a sus colegas y entregado al presidente de la JNJ, que tal posibilidad es ilegal. Sin embargo, su aviso es ignorado y ni siquiera diligenciado, pues el presidente de la JNJ no cumple con entregar la carta a la secretaria general de la JNJ para que proceda al trámite correspondiente, a fin de que las observaciones sean contempladas en el pleno de la JNJ.

- No citar al doctor Távara para la sesión del 9 de junio. Evidente consecuencia de lo anterior, este no fue avisado para participar en la sesión de esa fecha (si es que realmente se celebró) en la cual se “rehabilitó” a Patricia Benavides. En la práctica, se estableció en la JNJ una ilegal situación de incomunicación en su perjuicio, pues ella incluso llegó a declararse en sesión permanente sin comunicárselo.

- No citar a la secretaria general de la JNJ para la sesión y proceder sin su presencia y refrendo. La funcionaria no fue avisada de la reunión del pleno y no participó. Esto es ilegal. Es como prescindir del notario público en actos en los que su presencia es indispensable. La secretaria general renunció a su cargo con fecha 16 de junio.

- Filtración temprana de la resolución a Patricia Benavides. El lunes 14 de junio, alias Vane se presentó sorpresivamente en la sede del Ministerio Público, con medalla de Fiscal de la Nación más escolta de personal de seguridad, y con agresividad pretendió tomar posesión física del cargo. La notificación llegó después. Esto indica a las claras que la Benavides supo con gran antelación sobre la resolución de la JNJ, mucho antes que la Fiscalía.

- Notificación irregular mediante la sola firma del presidente de la JNJ. Este tipo de resoluciones exige la firma del total de integrantes de la JNJ porque la unanimidad es uno de sus requisitos, más el refrendo del secretario general. La Junta pretendía descabezar a la Fiscalía de la Nación con un simple papelito firmado por su nefasto presidente.

- Violación del principio de unanimidad. La unanimidad exige el acuerdo de todos, absolutamente todos, los integrantes del organismo, en este caso los siete miembros de la JNJ. No podía expedirse resolución favorable sin la participación y aquiescencia del doctor Francisco Távara.

- Ocultamiento de la resolución y su texto completo. Durante las dos semanas que duró la crisis, y a pesar de los reiterados pedidos de la Junta de Fiscales Supremos, la JNJ se negó a presentar el acta y la resolución debidamente firmada por todos sus miembros. Las resoluciones de los tribunales administrativos son tan públicas como las de las cortes judiciales, no son secreto de Estado.

- Haber pretendido que la legítima Fiscal de la Nación sea desalojada por la fuerza policial, sin contar con autoridad alguna para hacerlo. Los tribunales administrativos no tienen la facultad de disponer la intervención de la fuerza pública, salvo en casos muy acotados y específicos, como una cobranza coactiva municipal, por ejemplo. Esa facultad sólo corresponde a los jueces.

- Dudosa celebración de la sesión del 9 de junio. No haber citado al doctor Távara, no haber citado a la secretaria general ni contar con su refrendo del acta, no haber cumplido con grabar en video la sesión, el debate y la votación, más la escandalosa tardanza en exhibir el acta, nos llevan a una duda poderosa y legítima sobre si en verdad se celebró una reunión del pleno siquiera con los otros seis integrantes para decidir sobre el caso Benavides y si en realidad hubo un debate y exposición de argumentos. Todo adquiere el cariz de una maniobra oscura dirigida desde la presidencia de la JNJ. Muchos indicios apuntan a que el acta recién se elaboró hacia el 16 de junio, cuando le exigieron a la secretaria general que la refrendara y ella se negó, prefiriendo renunciar.

- Lo peor, que la dichosa acta no presenta motivación alguna de verdadero peso jurídico o de hecho para anular las sanciones impuestas con anterioridad a la Benavides por la JNJ, ni para fundamentar su reposición como fiscal suprema. Como tampoco fundamentan por qué restituyen a la hermana de Patricia Benavides como juez superior, anulando su destitución por las denuncias de favorecer judicialmente a narcotraficantes.

Todo lo anterior nos pone en evidencia que estamos ante el accionar de una banda, de un sexteto de malevos, y de un abrumador conjunto de maniobras e irregularidades que configuran inconducta administrativa de seis miembros de la JNJ, especialmente su presidente, el señor Ríos Patio, que ameritan destitución. Pero además vemos claramente la trama de una auténtica conjura que pretendió tomar por asalto el Ministerio Público derribando a su legítima Fiscal de la Nación, que va más allá de lo administrativo y entra de lleno en el terreno penal, lo cual exige investigación para establecer las responsabilidades por los delitos cometidos.

Claro que ahora, tras el fracaso de esta gavilla, el Ministerio Público tendrá que hacer frente a la arremetida de los dueños de la Junta Nació Mal de Justicia. Y esos, los del antro de la plaza Bolívar, bajan a matar.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025

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