Perú: Por nuestras niñas

Marisa Glave

Aún podemos recuperar los pequeños avances que logramos para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes del país. No nos rindamos. Reaccionemos.

Sólo en el primer semestre del año los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 6,677 casos de violación sexual. Eso quiere decir que en un día cerca de 40 mujeres son violadas. Mientras usted lee esta columna, alguna mujer está siendo violada en el país.

Digo mujeres y no uso el genérico “personas” porque el 94% de casos son mujeres. Hay también dramáticos y lamentables casos de violación sexual contra hombres, sobre todo niños, pero la realidad es que en 9 de cada 10 casos la víctima es una mujer. Y esta columna hace un llamado de defensa a nuestras niñas, porque 6 de cada 10 víctimas son menores de 17 años.

Los datos son escalofriantes. El incremento de casos entre el 2021 y el 2025 es aterrador. El 2021 cerró con 10,251 casos de violación sexual atendidos por los CEM, el 2024 con 12,924 y por la tendencia actual superaremos los 13 mil este año. El incremento en estos años se condice con el aumento del ataque público al enfoque de género.

Estos años hemos sido testigos de la agresión permanente de los principales grupos políticos en el parlamento al enfoque de género. Su desesperación ideológica por combatirlo lleva también un trasfondo de legitimación de la violencia de género en el país. Las mujeres estamos en una situación muy delicada, sobre todo nuestras niñas y es fundamental que reaccionemos.

Contubernio conservador

La malsana convivencia entre supuestos congresistas de izquierda y centro con los de derecha conservadora en el Congreso tiene serias consecuencias para nuestras vidas. Lanzados en una estrafalaria cruzada contra la “ideología de género” o contra “los caviares”, Milagros Jáuregui de Renovación Popular, comulga con Waldemar Cerrón, de Perú Libre, Roberto Chiabra congresista por APP y líder del partido Unidad y Paz, Adriana Tudela de Avanza País, Martha Moyano de Fuerza Popular, Guido Bellido ahora en Podemos Perú y Alfredo Azurín de Somos Perú, conocido por ser el único que votó en contra del debate de vacancia de Dina Boluarte.

Como queda claro, congresistas como Chiabra y bancadas como Somos Perú supuestamente ubicadas en el centro del espectro político, con partidos que se reclaman “liberales” como Avanza País, en alianza con parlamentarios como Bellido y bancadas como Perú Libre que se proclaman de izquierda, suscriben, sostienen y defienden planteamientos retrógrados de la derecha más conservadora hoy en el parlamento, representada por Renovación Popular, partido que ha logrado eclipsar a Fuerza Popular en varios aspectos pero que sigue recibiendo su apoyo en proyectos de ley cuyo objetivo final es borrar cualquier avance en materia de igualdad de género.

De las 12 bancadas existentes 9 votaron íntegramente o por amplísima mayoría a favor de la derogación de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Reemplazando la norma por otra que, si bien mantiene el mismo título, tergiversa de manera violenta el contenido original de la norma. Lo que fue un gran avance para las mujeres en el 2007 se vuelve ahora un retroceso preocupante.

#SinGéneroNoHayIgualdad

Quieren borrar a como dé lugar la categoría género del marco jurídico peruano. Pero el problema de fondo es que el género no es el nombre de una ideología, es una categoría de análisis que pone en evidencia la desigualdad de poder que hoy existe entre hombres y mujeres.

No se trata de las diferencias biológicas que puedan existir entre ambos sexos y por tanto las distintas necesidades que podamos tener, sino de la manera en que se organizan roles y funciones en la sociedad que colocan a las mujeres en situación de vulnerabilidad, con menor poder – político, económico, social y cultural – cargando prácticamente solas con las responsabilidades de la reproducción social a la par que siendo objeto de violencia por el hecho de ser mujeres.

Pretender reducir la desigualdad en clave de sexo biológico reduce la magnitud del problema, en términos de poder y violencia como he señalado, pero también en término de agresión a la diversidad sexual. Las mujeres y los hombres no somos sólo heterosexuales y cisgénero. Tenemos orientaciones e identidades diversas. Esto no es un invento de la globalización, ni un efecto pernicioso de alguna ideología. Es una realidad humana registrada en todas las etapas de nuestra historia. No es tampoco una imposición occidental, de hecho, podemos encontrar registro gráfico en huacos pre-incas.

Borrar una categoría no borrará la realidad de la diversidad, sólo generará oscurantismo y propiciará un mayor espacio de violencia, en particular para quienes empiezan a descubrir su sexualidad y son víctimas de bullying.

La vivencia de la sexualidad para que sea responsable a la vez que gratificante requiere de información y de reflexión, en el marco del respeto y cuidado por el desarrollo pleno de la persona. No podemos seguir viviendo en una sociedad en la que nuestras niñas son violadas TODOS LOS DÍAS. En el 65% de los casos por alguien de su entorno familiar. En muchos casos descubrimos los casos de violación de menores cuando quedan embarazadas. Pero podría detectarse antes, incluso evitarse, si las niñas y niños supieran claramente qué supone una agresión sexual y cómo protegerse. Pero se necesita hablar, se necesita conocer, preguntar. Esto sólo puede darse en un ambiente de libertad, no en uno de represión y tabús.

La norma aprobada borra la Educación Sexual Integral (ESI). Se reemplaza por una educación “científica, biológica y ética” vinculada a las convicciones parentales. Estamos retrocediendo años en la lucha por la igualdad real. Costó muchísimo introducir la ESI para luchar contra el embarazo adolescente, contra la violencia sexual, contra la represión violenta que genera traumas.

Aún podemos recuperar los pequeños avances que logramos para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes del país. No nos rindamos. Reaccionemos.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/11/30/por-nuestras-ninas-por-marisa-glave-hnews-1554900

https://www.leerydifundir.com/2025/12/peru-nuestras-ninas/

Que sepa coser, que sepa bordar

Patricia del Río

¿Será que a este paso las mujeres perderemos el derecho a votar?

A las mujeres, las cosas nunca se nos han dado fáciles. Cada conquista por nuestros derechos ha implicado movilizaciones, largas batallas y extenuantes campañas para convencer primero al Estado, y a la Iglesia después, de que tenemos derechos que deben ser reconocidos y respetados. El derecho al voto, por ejemplo, lo obtuvimos después de casi un siglo de lucha: los movimientos sufragistas se iniciaron en Estados Unidos en 1848, y no fue hasta 1956 que las mujeres pudimos votar por primera vez en el Perú. Desde la década del 60 se distribuyen píldoras anticonceptivas y la Iglesia todavía considera que su uso es pecado. Ni qué decir de la píldora del día siguiente, cuya aprobación y distribución gratuita por parte del Estado siguen siempre en riesgo.

Lo mismo ocurre hoy con avances como la tipificación del delito de feminicidio, el uso del lenguaje inclusivo o la necesidad de contar con ministerios dedicados a velar por los derechos de las mujeres. El argumento que suele emplearse para dar marcha atrás es que, gracias al feminismo, las mujeres gozamos ahora de un “trato preferente”. Se nos acusa de exigir puestos laborales “solo por ser mujeres”, se nos enrostra que los ministerios de la mujer discriminan a los hombres, se nos machaca con que “la violencia es una” y que “da igual” que maten a un hombre o a una mujer. Y así se pretende invisibilizar la inmensa cantidad de situaciones de peligro, abuso e injusticia que seguimos soportando en el Perú y en el mundo.

Tal vez lo más monstruoso de esta nueva realidad es que, mientras se retrocede escandalosamente en conquistas ya adquiridas, se avanza a pasos agigantados en nuevas formas de violencia y discriminación. ¿Cómo pueden presidentes como Milei o Trump afirmar que las mujeres no necesitan protecciones adicionales cuando hemos sido testigos, en Francia, del juicio en el que Michelle Pellicott enfrentó a más de cincuenta hombres que la violaron repetidamente, facilitados por su propio marido, quien la drogaba para prostituirla? ¿Cómo se puede seguir argumentando que gozamos de privilegios que no nos corresponden cuando en Italia se acaba de abrir una investigación contra más de 32 mil miembros de un grupo de Facebook donde hombres compartían fotos de sus esposas, hermanas, primas o exparejas desnudas, duchándose o vistiéndose? Fotos tomadas sin su permiso, acompañadas de títulos como “Esta es mi esposa, ¿qué le harían?”, “¿Qué les parece mi mujer? Quiero verla con otro hombre” o “A mi mujer le gusta andar así cuando llegan mis amigos, miren qué buena está”. Y lo mismo ha ocurrido con grupos de Telegram cerrados recientemente en China, Portugal y Argentina.

Con las redes sociales y la hiperconectividad, el espacio de socialización se agranda y con él aumentan las oportunidades para  que la mujer sea vulnerable. Pero, en lugar de legislar para sancionar estas nuevas formas de violencia, los congresos de muchos países —capturados por posiciones conservadoras— avanzan en dirección contraria. Actualmente, en Estados Unidos existe un grupo bastante activo cuyo lema es “Repeal the 19th” —aludiendo a la enmienda 19 a su Constitución—, que propone quitarles a las mujeres el derecho al voto. El argumento: que somos “demasiado emocionales” y que nos dejamos seducir por “retóricas melosas” como la de Zohran Mamdani, recientemente elegido alcalde de Nueva York con amplio apoyo del electorado femenino.

Y, para completar este breve cuadro de los peligros que enfrentamos, Internet se está llenando de influencers que habitan Instagram y TikTok y se autodenominan tradwives. ¿Qué significa esto? Son chicas, mujeres jóvenes y hasta adolescentes que ensalzan los valores de la esposa tradicional; valores que no son malos en sí, pero que son enclaustrantes si se les toma como única aspiración. Para ellas no es importante estudiar, tener una carrera ni trabajar fuera de casa. Lo suyo son los delantales, las recetas caseras y los consejos maternales y conyugales. En España, la influencer Roro —con 2.5 millones de seguidores— se encarga de todas las necesidades culinarias y domésticas de su novio: desde prepararle espaguetis caseros con pesto a la genovesa, hasta encuadernarle un libro hecho por ella misma. En Estados Unidos e Inglaterra, referentes del movimiento como Ayla Stewart o Estee Williams difunden mensajes idénticos para millones de seguidoras.

Resulta increíble lo poco que cuesta desandar lo avanzado. Hace menos de ocho años, las mujeres nos organizábamos para salir masivamente a reclamar nuestros derechos, como ocurrió con las marchas mundiales del Me Too; hoy, en cambio, corremos el riesgo de convertirnos en personajes de novelas distópicas como El cuento de la criada.

Fuente: https://jugo.pe/retrocesos-derechos-mujeres/

https://www.leerydifundir.com/2025/11/sepa-coser-sepa-bordar/

Qué nos jugamos en Belém: tres miradas a la COP30

Vari@s autor@s   (Ecología social)

La cumbre debe servir para diseñar una transición justa con derechos laborales, proteger y restaurar los ecosistemas y hacer pagar a los responsables

Las noticias que llegaban de la cumbre de Naciones Unidas, este junio en Bonn, no invitaban al optimismo. El último encuentro preparatorio antes de la COP30 de Belém certificaba lo que ya se temía: el proceso de negociación climática internacional está bloqueado. No hay avances en financiación, adaptación ni pérdidas y daños, y los países petroleros siguen dinamitando cualquier compromiso de abandonar los combustibles fósiles.

En esta parálisis persiste una guerra de reproches entre norte y sur global que complica cualquier posibilidad de consenso. Los países del Sur exigen –con toda la legitimidad histórica– una financiación climática que nunca llega y usan su capacidad de veto en mitigación como moneda de cambio. Algunos, además, se aferran a modelos económicos fósiles que agravarán la vulnerabilidad de sus poblaciones. Por su parte, el norte global, incapaz de asumir sus reparaciones históricas, intenta centrar el debate exclusivamente en la reducción de emisiones.

Y la cosa no mejora en casa. La Unión Europea ha sido incapaz de ponerse de acuerdo sobre sus objetivos para 2040. Gobiernos negacionistas o retardistas, como el checo, están dinamitando los escasos logros de legislaturas anteriores. En la cumbre de Naciones Unidas de septiembre pasado, la UE sólo pudo presentar una vaga declaración de intenciones.

Así que en este contexto de caos diplomático os planteamos desde tres miradas distintas del activismo climático qué nos jugamos en Belém. Las respuestas dibujan un mapa donde convergen justicia social, protección de ecosistemas y fiscalidad redistributiva. Tres piezas de un mismo puzle que, de no encajarse en la Amazonía, podría certificar el fracaso definitivo de la arquitectura climática global.

Manuel Riera, sindicalismo: “Sin derechos laborales, la transición será una estafa”.

En el movimiento sindical integrado en la Alianza por el Clima llevamos años insistiendo: no habrá justicia climática sin justicia social, y no habrá justicia social sin garantizar los derechos de las personas trabajadoras. La Transición Justa no es un eslogan para adornar discursos, sino una herramienta concreta para asegurar que la acción climática no la paguen los de siempre.

El posible Mecanismo de Acción para la Transición Justa que se podría aprobar en la COP30 es la oportunidad de dar contenido real a los compromisos de Dubái. Ahí se acordó poner fin a los fósiles, pero sin un marco que relacione ese objetivo con la solidaridad internacional, las condiciones laborales justas y la erradicación de la pobreza, ese acuerdo no vale nada.

Los derechos laborales fundamentales –libertad sindical, negociación colectiva, seguridad y salud en el trabajo– forman parte del mandato de la Organización Internacional del Trabajo desde hace más de un siglo. Pero en las negociaciones climáticas se ignoran sistemáticamente o se diluyen bajo etiquetas vagas. La COP27 de Sharm el Sheikh fue un paso histórico al reconocer explícitamente estos derechos. En la COP28 se formalizó con el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Pero en la COP29 ese programa se convirtió en moneda de cambio. El resultado: ningún acuerdo.

De cara a Belém, la exigencia sindical es clara: las políticas climáticas deben negociarse desde los territorios, con participación real de las personas trabajadoras. El riesgo es que voces interesadas vacíen de contenido el concepto. Si no hay unidad, la Transición Justa acabará siendo otro lavado de cara.

Ana Márquez, naturaleza: “Los bosques no son decorado, son la solución”.

Que la COP30 se celebre en la Amazonía no es casualidad. Es poner el foco en el territorio que concentra la mayor parte de la solución al problema climático. Por algo empiezan a llamarla “la COP de los Bosques”.

En la Alianza sabemos que estamos inmersos en una triple crisis ambiental –cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación– que avanza a pasos agigantados. El cambio climático ha pasado a estar entre las tres primeras amenazas para la biodiversidad según el IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas). Sus impactos son dramáticos: glaciares derritiéndose, océanos acidificándose, especies desplazándose, incendios forestales más intensos.

Pero la biodiversidad juega un papel clave en la lucha climática por dos vías: como sumidero de carbono, y como barrera natural que puede aumentar la resiliencia. La naturaleza no es solo una estrategia ambiental. Es una solución climática esencial. Sin ecosistemas sanos, limitar el calentamiento a 1,5 grados es inalcanzable.

En la COP28 se reconoció la necesidad de detener la deforestación para 2030. Pero desde el conservacionismo se exige que Belém vaya más allá: reconocer el compromiso de proteger el 30% del planeta para 2030 y restaurar todos los ecosistemas degradados para 2050. Esta cumbre debe subrayar las sinergias entre biodiversidad y cambio climático de una vez por todas. Los ecosistemas naturales no son una preocupación secundaria. Son la primera línea de defensa.

Pedro Zorrilla, fiscalidad verde: “Que paguen quienes provocaron el desastre”.

Hay una pregunta que nos persigue: ¿con la emergencia climática todo el mundo sale perdiendo? No. Hay un pequeño grupo de irreductibles egoístas que están haciendo su agosto.

Mientras las familias ven arrasadas sus casas por danas e incendios, la industria fósil alcanza récords históricos de beneficios. Mientras España sufre olas de calor extremo en puestos de trabajo, colegios y residencias, los accionistas del carbón ven crecer sus cuentas. Nuestra vida está cambiando. Nuestros hijos no pueden jugar al aire libre. La crisis climática les está robando la infancia, mientras aumenta la mortalidad de nuestros mayores. Esto no es justo.

Por eso es inaplazable cambiar las reglas fiscales. La industria fósil y otros grandes contaminadores tienen que pagar más impuestos. Deben aprobarse nuevos tipos impositivos a la extracción de combustibles fósiles, a los beneficios extraordinarios, a los jets privados y a la clase business. El dinero está ahí. Solo falta valor político.

En las COPs, el norte global siempre pone la misma excusa: no tienen fondos públicos para aportar al sur global. Pero ese dinero sí existe. Está en los bolsillos de la industria fósil. Sobra capital para financiar la adaptación climática, las pérdidas y daños, y la transición energética. Lo que falta es voluntad política.

Por justicia con el planeta y con quienes menos han provocado el cambio climático y más sufren sus consecuencias, la COP30 no puede cerrarse sin un acuerdo claro para aprobar una fiscalidad justa a la industria fósil.

Belém: ¿punto de inflexión o epitafio?

Tres ámbitos del activismo, un mismo diagnóstico: el sistema de negociaciones climáticas está al borde del colapso. Y tres propuestas convergentes: transición justa con derechos laborales, protección y restauración de ecosistemas, fiscalidad que haga pagar a los responsables.

Las organizaciones de la Alianza por el Clima seguiremos aprovechando el encuentro de Belém para demandar justicia climática. La COP30 debe ser el momento en que los gobiernos comprendan que no hay más tiempo para dilaciones. Necesitamos un Mecanismo de Transición Justa ambicioso, un compromiso real con los ecosistemas, y una fiscalidad que haga pagar a quienes provocan la crisis.

Si conseguimos unir las luchas por la justicia social, ambiental y fiscal, Belém puede marcar un punto de inflexión. De lo contrario, seguiremos asistiendo al espectáculo de cumbres que prometen mucho y entregan poco, mientras el planeta y las personas más vulnerables pagan el precio. Y entonces, la COP30 no pasará a la historia como la cumbre de los bosques, sino como el epitafio del multilateralismo climático.

Autor@s:

Javier Andaluz. Miembro de Alianza por el Clima.

Manuel Riera. Miembro de UGT.

Ana Márquez. Miembro de SEO Birdlife.

Pedro Zorrilla. Miembro de Greenpeace.

Fuente: https://ctxt.es/es/20251101/Firmas/50895/Javier-Andaluz-Manuel-Riera-Ana-Marquez-Pedro-Zorrilla-cop30-belem.htm

https://www.leerydifundir.com/2025/11/nos-jugamos-bele…miradas-la-cop30/

Perú: La calle, esa jungla para las mujeres

Patricia del Río

Si acosan sexualmente a la presidenta de México, ¿se entiende el peligro para el resto?

Martes 4 de noviembre, mediodía. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió del Palacio Nacional hacia las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, en el centro de la capital. Tenía que caminar unos 500 metros. Como en otras ocasiones, la mandataria fue rodeada por personas que se acercaban a saludarla o tomarse fotografías. Ella, que cultiva una imagen de cercanía con la ciudadanía, se detuvo a conversar, escoltada por su equipo de seguridad. De pronto, un hombre aprovechó la aglomeración para acercarse por detrás, demasiado cerca, demasiado intimidante. Luego intentó besarle el cuello y, no contento con eso, la rodeó con los brazos y le manoseó los pechos.

Las imágenes son indignantes. La presidenta, que estaba concentrada en atender a la gente, luce desconcertada, sin entender lo que acaba de ocurrirle. Algunos testigos reaccionan con rechazo, pero nadie detiene al agresor. Nadie lo enfrenta.

A eso lo llamamos acoso sexual callejero, un término que describe actos de connotación sexual en espacios públicos: comentarios ofensivos, silbidos, miradas lascivas, tocamientos, persecución o exhibicionismo. No conozco a una sola mujer que no lo haya sufrido al menos una vez. Hasta hace poco, este tipo de comportamientos se consideraban simples “piropos”, gestos de “galantería” o libertades que se tomaban los hombre que debíamos tolerar. Nuestras caras de miedo no importaban. A nadie le interesaba que subiéramos a los buses muertas de asco sabiendo que alguien se nos pegaría más de la cuenta, que nos tocarían sin poder identificar al mañoso.

Hoy sabemos que no se trata de anécdotas ni de exageraciones. Nueve de cada diez mujeres en Lima y Callao han sido víctimas de acoso sexual en espacios públicos, según la Municipalidad de Lima. Y los datos oficiales confirman la gravedad del problema: el Ministerio de la Mujer atendió 257 casos de acoso sexual callejero solo entre enero y julio de 2024, el 96 % de ellos contra mujeres, y más de la mitad de las víctimas eran menores de edad. No es una rareza latinoamericana: a nivel mundial, el 65 % de las mujeres ha sufrido acoso callejero, de acuerdo con la ONG Stop Street Harassment.

Por eso, seguimos caminando con miedo. Antes de salir, muchas mujeres revisan qué ropa ponerse, eligen rutas más seguras para desplazarse, evitan las horas punta, no transitan por calles oscuras. Si un hombre nos mira con lascivia, cruzamos la vereda. En un taxi, preferimos sentarnos detrás del piloto y con los seguros desbloqueados, por si tenemos que huir. Son precauciones automáticas, aprendidas casi sin darnos cuenta. Forman parte de nuestra educación emocional, de ese instinto de supervivencia que hemos debido incorporar para movernos en un mundo que no fue pensado para nosotras.

Y lo peor es que esta realidad no mejora. Vivimos tiempos en que los derechos conquistados por las mujeres retroceden: gobiernos conservadores de todo el mundo eliminan el enfoque de género en las escuelas, restringen el derecho al aborto, reducen presupuestos de programas para la igualdad e, incluso, cierran ministerios de la mujer. Lo hacen en nombre de una supuesta “igualdad” entre hombres y mujeres que no se debe contaminar con medidas que nos privilegien a nosotras.

La pregunta es: ¿somos iguales, realmente? ¿Ocupamos el espacio público del mismo modo? ¿Gozamos de los mismos derechos y beneficios? Está claro que no. Las mujeres seguimos saliendo a la calle como quien entra en una jungla: alertas, tensas, listas para escapar. Le pasó a la presidenta de México, le pasa cada día a millones de mujeres anónimas. Y mientras no se entienda que el acoso no es un gesto inocente, sino una forma de violencia, nos seguirá pasando a todas.

Fuente: https://jugo.pe/acoso-callejero-mujeres/?_gl=1*jxubn8*_ga*MjEwMjMzNzc1OC4xNzYyOTAxODE5*_ga_YW51KEZ9LB*czE3NjI5MDE4MTgkbzEkZzAkdDE3NjI5MDE4MTgkajYwJGwwJGgw

https://www.leerydifundir.com/2025/11/peru-la-calle-es…ngla-las-mujeres/

Perú: Analfabetos funcionales

Mónica Muñoz-Nájar

El Banco Mundial afirma que un niño peruano nacido hoy será, en promedio, solo un 61% tan productivo como podría serlo si tuviera acceso a educación y salud de calidad.

La gran victoria educativa del Perú esconde una peligrosa paradoja: hemos llenado las aulas, pero no hemos asegurado el aprendizaje. Aunque la matrícula en primaria y secundaria se ha vuelto casi universal en las últimas tres décadas, las evaluaciones revelan una crisis persistente. El problema no es el analfabetismo clásico. La Encuesta de Habilidades de Adultos (PIAAC) de la OECD de 2018 demostró que la mayoría de peruanos puede decodificar palabras y entender oraciones simples. El mal es más sutil y dañino: el analfabetismo funcional.

Según este estudio, más del 60% de los adultos en el país se encuentra en el nivel más bajo de lectura, lo que les impide comprender textos complejos o ejecutar tareas que requieran varios pasos. Esta brecha entre la escolaridad y la competencia real impone un lastre a la productividad económica y una fragilidad a nuestro ejercicio ciudadano, comprometiendo el futuro del país.

En el campo económico, esta crisis de aprendizaje funciona como un freno de mano que impide el desarrollo. El dato del Banco Mundial es contundente: un niño peruano nacido hoy será, en promedio, solo un 61% tan productivo como podría serlo si tuviera acceso a educación y salud de calidad. Esta cifra se materializa en el concepto de “años de escolaridad efectivos”. De los casi trece años que un joven pasa en el sistema educativo, la calidad real del aprendizaje equivale a solo 8,6 años.

Esta brecha de más de cuatro años de aprendizaje perdido tiene consecuencias directas. Explica en gran medida por qué la productividad total de los factores en el Perú se mantiene baja y por qué nuestra economía no logra dar el salto cualitativo. La falta de habilidades consolida un mercado laboral precario y mayoritariamente informal, pues una gran parte de la fuerza laboral no está preparada para los empleos más complejos y mejor remunerados del sector formal, que exigen aprendizaje continuo y adaptabilidad. Asimismo, una economía basada en la innovación es inviable sin un capital humano capaz de investigar, procesar información y generar nuevo conocimiento. La deficiencia en la competencia más básica nos condena a depender de sectores primarios.

Las consecuencias de esta crisis trascienden lo económico y erosionan nuestra vida cívica. El debate público en una democracia moderna se nutre de textos, datos y argumentos. Cuando el sistema educativo falla en proveer herramientas universales de lectura y razonamiento matemático, no limita quién es ciudadano, pero sí crea una profunda desigualdad en la capacidad de ejercer esa ciudadanía.

Se deja a una gran parte de la población en desventaja para analizar un plan de gobierno más allá del eslogan, para evaluar la viabilidad de una promesa económica o para cuestionar un presupuesto público. Las competencias lectoras y matemáticas no son un requisito para tener derechos; son las herramientas que el Estado tiene la obligación de entregar para que todos puedan defenderlos en igualdad de condiciones. Al no hacerlo, la escuela no solo limita el futuro individual, sino que debilita la calidad de nuestra democracia en su conjunto.

Nuestra fragilidad no es una discusión abstracta; es una realidad que se está forjando hoy en nuestras aulas. Los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2023 son, en la práctica, un censo de las capacidades de nuestra futura fuerza laboral y de nuestro futuro electorado. Que apenas un 14,4% de los estudiantes de segundo de secundaria de colegios públicos alcance un nivel satisfactorio en Lectura significa que estamos graduando ciudadanos con una capacidad limitada para analizar propuestas, fiscalizar al poder o resistir la manipulación.

Si a esto le sumamos el desolador 8,8% de logro satisfactorio en Matemáticas, tenemos un indicador directo de nuestra futura productividad. Representa una generación que ingresará al mercado laboral sin las habilidades de razonamiento lógico y resolución de problemas que exige la economía moderna. No son dos crisis separadas; son la misma. El joven que no puede interpretar un texto complejo es el mismo trabajador que no podrá capacitarse para una nueva tecnología. El ciudadano que no entiende un argumento basado en cifras es el mismo profesional que no podrá innovar. Estas cifras no son solo estadísticas escolares; son el plano de una economía menos productiva y una democracia más precaria.

Frente a este panorama, es fácil caer en el pesimismo. Sin embargo, existen rutas para empezar a cambiar esta realidad. Desde la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en colaboración con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), hemos desarrollado un Indicador de Posibilidad. Este indicador muestra cómo le podría ir a cada región si todos sus colegios públicos alcanzaran los resultados del 10% de los mejores colegios públicos de esa misma región.

A nivel nacional, si se lograra esta meta, el porcentaje de estudiantes con rendimiento satisfactorio en Lectura podría más que duplicarse, pasando de 14,4% a 30,8%. En Matemáticas, el salto sería aún mayor: de 8,8% a 21,2%. El indicador también revela enormes diferencias regionales: en Lectura, Madre de Dios podría crecer 37,2 puntos porcentuales, mientras que, en el otro extremo, Tumbes solo crecería 8,8. Esto demuestra que el potencial de mejora no es uniforme y requiere estrategias diferenciadas. Este enfoque plantea un escenario más realista que aspirar de inmediato al 100%, y constituye un llamado a la acción directo a los gobernadores regionales y al Ministerio de Educación para fijar metas ambiciosas, pero logrables, basadas en la evidencia de que la mejora es posible dentro de sus propias jurisdicciones.

El analfabetismo funcional no es una estadística más; es una emergencia nacional y silenciosa que define nuestra viabilidad como república. Para afrontarla, necesitamos un cambio de paradigma. Debemos transitar a una obsesión nacional por la calidad del aprendizaje real y medible. Herramientas como el Indicador de Posibilidad nos demuestran que no es necesario esperar soluciones mágicas; la excelencia ya existe en pequeños bolsones dentro de nuestro sistema.

El reto es identificar qué están haciendo bien esos colegios y convertir sus éxitos en política pública escalable. La prosperidad y la fortaleza democrática del Perú no se medirán por la cantidad de certificados de estudios que entreguemos, sino por cuántos de nuestros ciudadanos pueden, efectivamente, comprender el complejo mundo en el que deben actuar.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/08/24/analfabetos-funcionales-por-monica-munoznajar-hnews-2015232

https://www.leerydifundir.com/2025/10/peru-analfabetos-funcionales-2/

Delia Espinoza: Un hito y una fiscal valiente

Cecilia Méndez

"El mensaje que deja Espinoza es que los ciudadanos tenemos voz y que el Ministerio Público está para servirnos. Que las leyes son un arma para defender nuestros derechos, pero no se activan solas"

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acaba de hacer historia, en más de un sentido.  Su solicitud a la Corte Suprema para declarar ilegal al partido fujimorista, Fuerza Popular, es inédita. No porque sea la primera vez que el Ministerio Público solicita algo así —lo hizo, y con éxito, con el partido de Antauro Humala— sino porque esta vez no se trata de una organización política marginal, sino de una en el centro del poder político, con tentáculos en el poder económico, mediático y varios organismos del estado desde hace más de tres décadas.

Enfrentarse a este de poder en un contexto de profundo deterioro institucional y criminalidad desbordada promovida desde el propio parlamento, en un pacto de impunidad con el ejecutivo que lleva casi 3 años, es muy valiente y prueba de su independencia.  ‘Soy muy incómoda” reconoce Espinoza, recordándonos que su mandato como Fiscal de la Nación es perseguir el delito y velar por los derechos vulnerados de la ciudadanía.

Pedagogía cívica

Pero su solicitud de ilegalizar a Fuerza Popular ha sido también un acto —acaso fundacional— de pedagogía cívica, por la claridad con la que la fiscal Espinoza ha fundamentado sus propuestas, tanto verbalmente, como por escrito.  Lejos del lenguaje técnico al que nos tienen acostumbrados los abogados, el alegato, al menos, a juzgar por la primera de las 364 páginas de texto (y más 3,500 páginas de anexos), que es lo único que ha estado a mi alcance directamente, rebosa en claridad.  La fiscal solicita (cito, respetando las letras en negrita, que corresponden literalmente a la ley, y el uso de las mayúsculas): la “DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD de la organización política  FUERZA POPULAR, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nro. 28094 - Ley de Organizaciones Políticas, por desarrollar actividades contrarias a los principios  democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales: i) promoviendo atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas, medios de prensa independiente, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas,  por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión; ii) promoviendo la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política /libertad de conciencia, iii) exculpando atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000) [sic]; y iv) legitimando la violencia como método para la consecución del objetivos políticos; todas estas acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto de la norma citada.

Y prosigue: “en mérito a la CONDUCTA ANTIDEMOCRÁTICA atribuida a la organización política Fuerza Popular”, la fiscal solicita que se disponga: “a). La CANCELACIÓN de la inscripción de la organización política Fuerza popular…”.

La ciudadanía vindicada

Leer este texto y lo que trascendió públicamente sobre el resto del documento, suscitó en mí una mezcla de vindicación y asombro. Vindicación, porque se trata de la propia cabeza del Ministerio Público la que se enfrenta a un poder tan enorme y vetusto, para defender a la ciudadanía de una serie de atropellos, vejámenes y acoso que hemos sufrido como sociedad, y que han sufrido magistrados de la ONPE y el JNE, periodistas, candidatos presidenciales más. Ya va a ser una década desde que Keiko Fujimori no fue capaz de reconocer su derrota electoral ante PPK (2016) y arrastró al país a una espiral de ingobernabilidad e intentonas golpistas abusando de una cláusula constitucional decimonónica referida la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, de la que, ahora que tenemos el gobierno más moralmente inepto desde la primera era fujimorista, irónicamente, ya nadie se acuerda... Buscó arrollar, más allá de ideologías, a  quien no se sometiera a sus ambiciones de gobernar país, pese a haber perdido las elecciones, siendo Castillo el mayor depositario de los agravios autoritarios, desde antes que asumiera la presidencia, con la campaña del falso fraude y, después, con los numerosos intentos de vacancia, hasta que el propio Castillo se les ofreció en bandeja con un patético gesto golpista, aunque diminuto frente al golpe que sí ocurrió cuando el parlamento comandado por el fujimorismo lo aprovechó  para  hacerse de un poder que no había ganado en elecciones, gracias al pacto con Boluarte, cimentado en la impunidad y la traición.

En este segundo sentido, el pedido de Espinoza a la Corte Suprema para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular también hace historia: nos ayuda a rememorar un pasado de afectaciones severas a nuestra sociedad y a los derechos ciudadanos, que sigue vigente, pero no debería tener cabida en el ordenamiento político.

Por último, la solicitud me trajo a la mente un artículo que publiqué en marzo de 2012, en la revista Ideele, comentando cuando el MOVADEF quiso inscribirse como partido, lo que fue denegado. Me preguntaba entonteces por qué el argumento de que el MOVADEF era antidemocrático no se aplicaba a otros partidos: “Se le increpó asimismo al Movadef”, escribí, “el no cumplir con el acápite 2 de Ley de Partidos, que exige que estos tengan como uno de sus objetivos la defensa de los ‘derechos humanos […], el sistema democrático y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado’.  Pero, si ese es el caso, con la misma lógica que hoy se rechaza al Movadef no se debió permitir la inscripción de Fuerza 2011, el partido de Keiko Fujimori, que ha avalado un golpe de Estado y escuadrones de la muerte, que busca liberar a un preso condenado por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y que al igual que Movadef no se ha arrepentido de sus crímenes, y los llama más bien ‘excesos’”.

Tomó una fiscal valiente y catorce años más aplicar la ley de partidos en su integridad, caiga quien caiga. Pero no menos importante es el hecho de que Espinoza formó este expediente en respuesta al pedido que una ciudadana formulara en marzo. Fueron seis meses de meticuloso trabajo.

Un nuevo contexto de movilización

El mensaje que deja Espinoza es que los ciudadanos tenemos voz y que el Ministerio Público está para servirnos. Que las leyes son un arma para defender nuestros derechos, pero no se activan solas; tenemos que hacerlo día a día, y una buena muestra de que se puede y se debe hacer es el efecto que ha tenido muy recientemente la movilización de jóvenes contra la ley de las AFP, que atenta contra sus derechos económicos y una vida digna.

Ayer, la Junta Nacional de Justicia, dirigida por un condenado por violencia familiar, ha suspendido de sus funciones como Fiscal de la Nación a Delia Espinoza, sin razón que lo amerite.  La mafia puede haber dado un paso a favor del hampa que anida en este gobierno. Pero la fiscal Espinoza ha ganado la batalla moral, lo que no es poca cosa.  Ella no se va a callar. Tampoco debemos hacerlo nosotros.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/09/22/delia-espinoza-un-hito-y-una-fiscal-valiente-por-cecilia-mendez-hnews-1975864

https://www.leerydifundir.com/2025/09/delia-espinoza-h…-fiscal-valiente/

Estas democracias pervertidas

Luis Pásara

Cuando se designa periódicamente a alguien que frustrará expectativas.

La aprobación de la reelección indefinida en El Salvador, que abre el camino para que Nayi Bukele se perpetúe en el cargo, y la pantomima mediante la cual Nicolás Maduro se ha proclamado como ganador en las recientes elecciones venezolanas —así como el incalificable comportamiento de Legislativo y Ejecutivo en el Perú— nos ponen de cara a aquello que son los regímenes políticos en la región. ¿Son democracias? Si la democracia consiste en algo más que depositar un voto periódicamente, no lo son.

Al someter a pruebas relativamente simples aquello que hemos padecido en la región, los resultados suscitan muy serias dudas acerca de su supuesto carácter democrático. Tomemos el equilibrio de los poderes del Estado. ¿En qué países de la región el poder judicial ha servido como contralor al ejercicio del poder por el parlamento y el ejecutivo? En la Costa Rica de otra época ocurría pero ahora no es tan claro. Ni siquiera en Uruguay —país al que usualmente se le adjudica una tradición democrática sin recordar el negro periodo dictatorial entre 1973 y 1985— los jueces han estado a la altura de su función. En el Perú la tradición ha sido de sumisión y solo recientemente han aparecido algunas decisiones judiciales dignas de una democracia.

Tomemos un caso de mayor rango: la igualdad de derechos, que es un componente indiscutible de la noción de democracia. ¿Qué grado de igualdad de derechos han alcanzado los ciudadanos en nuestros países? Si no nos basta la respuesta que surja de constituciones y leyes mentirosas sino que vamos a la realidad, la igualdad de derechos es una meta muy lejana en todos o casi todos los países latinoamericanos. Pobreza, niveles rudimentarios de educación y otros obstáculos formidables —entre los cuales asoma la discriminación étnica o social— impiden ejercer derechos en condiciones de igualdad.

Y allí donde se ha dado pasos hacia esa meta, con frecuencia lo avanzado ha sido posible gracias a gobiernos que nos resistiríamos a considerarlos democráticos. Perón en Argentina abrió paso a ciertos niveles de igualdad social mediante el fortalecimiento del poder sindical —al que, desde luego, cooptó y mantuvo bajo control político—. Un gobierno nacido de un golpe militar y un fraude electoral subsiguiente, como el de Odría en el Perú, introdujo el derecho a voto de las mujeres y estableció la seguridad social pública.

El cansancio ciudadano con “la democracia”

Si lo que hemos tenido difícilmente han sido algo más que regímenes en los que, durante ciertos periodos, se ha podido votar, ¿por qué sostener, pues, como está de moda decir, que estamos ante “democracias fatigadas”? Más bien, la tendencia que comprueban reiteradamente las encuestas es el crecimiento de los ciudadanos fatigados. Esto es, hombres y mujeres que se declaran insatisfechos con la “democracia” que tienen, una que simplemente les permite designar periódicamente a quien frustrará sus expectativas.

En ese cansancio han surgido y se extienden las democracias pervertidas. Que son regímenes que mantienen el sufragio y responden a alguna demanda social extendida al tiempo que pretenden, con buenos o malos manejos, eliminar cualquier oposición. El crecimiento del delito y la inseguridad han dado oxígeno a propuestas como la de Bukele que, a cambio de contrarrestar la delincuencia a cargo de las maras, está extinguiendo los derechos básicos de los salvadoreños.

El caso de Ortega y el de Maduro son ejemplos de hasta dónde puede llegarse en formas de perversión a las que, de buena fe, nadie podría considerar democracias. Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, no conocen límites. Ni siquiera guardan las apariencias y, sin disimulo, proceden a encarcelar a quien se atreva a oponérseles. Nicolás Maduro se mantiene en el cargo echando mano a cualquier recurso, a costa de millones de venezolanos que han dejado el país no solo por razones políticas sino, sobre todo, por motivos económicos. Y de Cuba no resulta necesario ocuparse en este triste repaso.

En el Perú el curso degenerativo del régimen político puede seguirse en el periodo de 45 años inaugurado con la restitución del sufragio en 1980. Uno a uno, los gobiernos elegidos han sido incapaces de resolver problemas básicos de la población, al tiempo que han generado escándalos de corrupción en el ejercicio del poder. Adicionalmente, Alberto Fujimori incurrió en violaciones de derechos humanos e intentó perpetuarse en el poder.

Con la elección del dueto Castillo-Boluarte en 2021 las instituciones políticas han entrado en trompo, conforme muestran los insólitos niveles de desaprobación ciudadana que recogen las encuestas. Quienes ocupan lugares en el Congreso y en el Ejecutivo actúan en beneficio propio, o de quienes alquilan sus servicios, con absoluta desfachatez. ¿En eso consiste la democracia?

El caso peruano permite notar que, incluso en los ejemplos degenerativos de perversión, el origen no ha estado en “democracias fatigadas” sino en democracias fracasadas que no ofrecen resultados positivos para la vida de sus ciudadanos. De allí que, junto a la insatisfacción, las encuestas detecten la pérdida de fe democrática entre los ciudadanos y la creciente disposición a contar con un gobierno, cual sea su signo, capaz de resolver los problemas que vive la población. Ese es el panorama.

https://luispasara.lamula.pe/2025/08/15/estas-democracias-pervertidas/luispasarapazos/

https://www.leerydifundir.com/2025/08/estas-democracias-pervertidas/

​Histórico reconocimiento del lago Titicaca como sujeto de derechos

Ecología social

La Región de Puno (Perú) aprobó una ordenanza que declara como sujeto de derechos al Lago Titicaca y estableció la participación indígena en el organismo nacional de gestión de la cuenca. La medida fue impulsada por mujeres aymaras y quechuas ante el avance de la contaminación de las aguas y el perjuicio que esto genera para su cosmovisión y la producción campesina indígena.

El Consejo Regional de Puno (Perú) reconoció al Lago Titicaca como «sujeto de derechos», estableció el derecho a la participación indígena en la gestión de esa cuenca hídrica y el valor espiritual del lago. El Titicaca es el espejo de agua dulce más grande de Sudamérica y el más alto de los grandes lagos del mundo. La resolución que declara sus derechos fue impulsada por la Organización de Mujeres Aymaras y Quechuas Unidas por la Defensa del Agua y del Lago Titicaca de Puno. Su presidenta, Soraya Poma Cotrado, explica: “Como mujeres indígenas y campesinas el lago es nuestra ‘Qhuta mamá’ (madre lago), es vida y por eso hemos luchado”.

El Titicaca se ubica a 3810 metros sobre el nivel del mar, entre Perú y Bolivia, y cuenta con una superficie de 3300 kilómetros cuadrados. Es una enorme reserva de abastecimiento hídrico y cuna de saberes ancestrales de los pueblos indígenas andinos. Forma parte del sistema hídrico más grande de la región, conformado por el Titicaca y los ríos Desaguadero, Poopó y Salares. Poma Cotrado relata que la sanción de la ordenanza no fue fácil. El punto que generó más controversia fue el Artículo 5.

“Ese artículo indicaba que las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas íbamos a estar integradas en la participación. Fue una lucha, hemos tenido varias reuniones con las autoridades. Hemos hecho entender cuán importante es el Lago Titicaca, cómo deberíamos valorarlo y protegerlo”, puntualiza. La agrupación tiene bases en las trece provincias de la región Puno. En 2024 comenzaron el proceso de elaboración de la ordenanza y de incidencia política para su aprobación.

El 24 de abril, el órgano legislativo de Puno resolvió declarar “de preferente interés regional el reconocimiento del Lago Titicaca y sus afluentes como sujeto de derecho, con personalidad jurídica propia, garantizando su protección integral para la preservación de su equilibrio ecológico, biodiversidad y valores culturales, sociales y espirituales de los pueblos indígenas circundantes, comunidades locales y organizaciones vinculadas a su gestión y conservación en la región”.

Puno, la región que tiene jurisdicción sobre el Titicaca, reconoció también con la ordenanza que el lago tiene derecho a su existenciay al mantenimiento de su integridad ecológica, a la regeneración natural de sus ciclos hidrológicos y biodiversidad, a estar libre de contaminación y de actividades que alteren su estado natural, a ser restaurado en caso de afectación ambiental y a ser representado por entidades que velen por su protección y conservación.

La ordenanza reconoce al Gobierno Regional de Puno, a los pueblos indígenas circundantes y comunidades locales como guardianes y representantes del lago, asegurando un mecanismo de representación equitativo y con enfoque de género. Establece que las decisiones administrativas que afecten al Lago deberán someterse a consulta previa a los pueblos originarios, según lo establece el Convenio 169 de la OIT. La misma norma admite que “el reconocimiento de estos derechos se basa en el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y en los principios de la justicia ambiental”.

Saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas

Julio César Mejía Tapia es director del Instituto de Derecho, Participación Social y Medioambiente en Puno y asesor jurídico de la organización de mujeres indígenas que impulsó la ordenanza. Explicó a Tierra Viva que, tras la sanción, resta que el gobierno de Puno promulgue la ordenanza. Luego, tendrán 120 días para elaborar el reglamento que haga operativos los derechos reconocidos.

Sobre los aspectos técnicos, detalló: “Hemos hecho un diagnóstico y establecido los derechos que le corresponden al lago Titicaca, con la idea de descontaminarlo, conservarlo, protegerlo e involucrar a los pueblos originarios circundantes y a las organizaciones representativas que tengan como finalidad, protegerlo y cuidarlo”. Con esta ordenanza, la Región Puno se compromete a incorporar los valores y conocimientos ancestrales en las políticas y estrategias de conservación.

“En la fase de reglamentación se establecerán cuáles serán las sanciones para quienes contaminen y la participación de los pueblos originarios en el Consejo de Cuenca de la región Puno, dependiente de la Autoridad Nacional del Agua”, precisó.

Informó que en el lado boliviano también se está tramitando una ordenanza similar. Poma Cotrado comentó que, como mujeres indígenas peruanas, se encuentran trabajando con lideresas bolivianas en ese sentido.

Para Mejía Tapia este paso significa pagar “la deuda histórica que tienen los Estados latinoamericanos, como el peruano, con sus pueblos originarios porque está recogiendo o pretende recoger sus saberes ancestrales. Los pueblos originarios tienen una relación espiritual y cultural con la Pachamama y con las fuentes de agua. Esta ordenanza es parte de esto: de intentar saldar esta deuda histórica a través de recoger su sabiduría y su participación en la gestión estatal. Recoge otra forma de pensar, otra forma de hacer la gestión, otra mirada que es la que siempre han tenido los pueblos indígenas, tener una relación no solo económica, sino una relación más cercana con la naturaleza”.

Agua contaminada y salud en peligro

Estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizados en los últimos años concluyeron que existe una alta contaminación en el río Torococha, al contener sustancias tóxicas que sobrepasan los valores regulados por los estándares de calidad ambiental para el agua. Esto convierte al río, cuyas corrientes se unen con el Coata y desemboca en el lago Titicaca, en un peligro para la salud de las personas que habitan en las riberas.

Otro Informe técnico de la ANA advirtió la presencia de 15 fuentes contaminantes en el río Coata. Cuatro de ellas son aguas residuales de la minería y las demás son puntos de aguas servidas. El documento, además, indica altas concentraciones de metales, como manganeso, plomo, talio y zinc, y la presencia de coliformes fecales, provenientes del vertimiento de aguas residuales en las ciudades de Vilavila y Juliaca.

“En Perú, aunque existen normas contra la contaminación, el Titicaca sigue recibiendo desechos mineros e industriales porque, jurídicamente, no tiene quién lo defienda”, sostuvo Mejía Tapia. Además, precisó: “Hay presencia de minería artesanal no identificada y actividad minera que debe inventariar la contaminación. Está probado que la contaminación existe pero hay un déficit de parte del Estado de identificar las fuentes contaminantes”.En 2024, la Sala Civil de Juliaca ratificó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Juliaca (emitido en setiembre de 2023), que responsabiliza al gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por las condiciones insalubres e indignas que viven los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, al estar expuestos a la contaminación ambiental del río Torococha, la cuenca Coata y el lago Titicaca.

“La Qhuta mamá es nuestra doncellita y está muy enferma”, dice Poma Cotrado. En la cosmovisión indígena el lago se comunica con los cerros y en sus riberas crece “qhuta t’aurapa” (lana del lago) que les indica cuándo habrá buena cosecha. Cuando sus aguas se oscurecen, indica que habrá lluvia.

Las familias de la zona cultivan papa, cebada, quinoa y trigo. “Por la contaminación, el sabor de lo que cultivamos ya no es el mismo. Hay personas enfermas con metales pesados en su sangre. Esperamos que las autoridades competentes tomen conciencia. La isla de Uros, que está en medio del lago se ve para el turismo, pero desde allí tiran afluentes al lago”, lamenta la presidenta de la agrupación.

Precedentes jurídicos

En Perú, debido al reclamo de las mujeres del Pueblo Kukama, el Juzgado Mixto de Nauta marcó un precedente en 2022 al reconocer la importancia de los cuerpos de agua y la necesidad de mecanismos de protección efectiva, en ese caso para el río Marañón. Este reconocimiento fue un precedente significativo, en tanto adoptó un paradigma ecocéntrico en la gestión de la cuenca, garantizando su preservación a largo plazo y su restauración frente a amenazas ambientales. Además incluye la participación de las comunidades locales.

En 2008, Ecuador reconoció en su Constitución (artículo 71) que la “Pachamama” —la Madre Tierra— tiene derecho a existir, mantenerse y regenerarse. En 2010 Bolivia aprobó la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, declarando a la naturaleza como “sujeto colectivo de interés público”. Esta ley no protege ríos y bosques por su valor económico, sino por su valor sagrado en las cosmovisiones indígenas.

En 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al Río Atrato como sujeto de derechos, en respuesta a la minería ilegal que lo devastaba. Un paso similar dio Ecuador en 2024 con el Río Machángara. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-23, afirmó que el medio ambiente es un derecho autónomo, que merece protección por sí mismo, no solo por su utilidad para los humanos.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/historico-declaran-sujeto-de-derechos-al-lago-titicaca-en-peru/

https://www.leerydifundir.com/2025/05/historico-recono…-sujeto-derechos/

Perú: Ataques ideológicos de la ultraderecha son respuesta a las conquistas de derechos

Paul E. Maquet

Lo que vivimos ahora tiene un nombre: se llama reacción. Y si existe una reacción, es porque antes hubo una acción. Es natural que estemos preocupados por el auge de estos grupos autoritarios que quieren imponer una agenda de retrocesos generalizados. Pero no hay que perder la perspectiva histórica: la virulencia de estos ataques es directamente proporcional a los avances que hemos conquistado en los últimos años. El odio antiderechos de estos grupos “libertarios” ultraconservadores es, en realidad, un indicador del éxito que ha tenido la lucha por los derechos.

Años atrás, cuando yo era aún estudiante, el acoso machista contra las mujeres era algo absolutamente normalizado. Silbidos en la calle, metidas de mano en el trasero, hombres abusando de mujeres en situación de embriaguez, o aprovechando una situación de poder o jerarquía para hacer avances sexuales: todo esto no solo no estaba legalmente prohibido, sino que ni siquiera era “mal visto”. Pero desde los años 2015-2016, una nueva ola de feminismo sacudió el mundo, con manifestaciones gigantescas y éxitos notables en las leyes y -lo más importante- en la opinión pública.

Normas contra el acoso sexual; avances en paridad y participación política; tipificación de los “crímenes pasionales” (sic) como delitos de feminicidio, es decir, un tipo de homicidio agravado por ser expresión de la violencia machista; cambios normativos en relación a la interrupción del embarazo: todos estos son solo algunos de los éxitos legales que logró este movimiento en distintos lugares del mundo. Pero lo más importante de todo: comportamientos que antes estaban “normalizados” empezaron a ser mal vistos y a ser objeto de denuncias públicas. Una naciente regulación social -más allá de la legal- empezó a golpear los “usos y costumbres” del machismo cotidiano.

Ahora se hace muy fácil criticar esta ola de feminismo, y todos los días se encuentran cuestionamientos en las redes sociales. Que si “se le pasó la mano”, que si el lenguaje inclusivo, que si las denuncias falsas o el “yo te creo hermana”. Lo cierto es que fue un terremoto y que las garantías legales y percepciones públicas favorables a la igualdad de derechos están hoy mejor que hace 20 años.

Lo que vemos ahora es la rebelión de los “incels”, como ellos mismos se han denominado. La contraofensiva del conservadurismo de género, de los que quieren volver a los tiempos en que el acoso estaba normalizado, de las “trad wifes” que quieren regresar a los tiempos en que el ideal social era que la mujer se quedara en casa, dependiera del sueldo del marido y lo sirviera.

Lo mismo podemos decir si miramos la lucha por los derechos de las comunidades sexualmente diversas. Hoy, un presidente puede insultar a las personas homosexuales en la tribuna del foro de Davos, y otro puede zanjar que “solo existen dos géneros” -incluso contra toda la evidencia de la ciencia biológica, que demuestra muchos matices. Pero esta comunidad -que siempre ha existido, desde que el ser humano es ser humano, y que siempre va a existir, aunque la quieran proscribir o aunque le quieran imponer “tratamientos” para “curarla”- ha conquistado derechos concretos en las últimas décadas. Matrimonio y reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, incluyendo el derecho de adoptar; tipificación como crímenes de odio de los actos de violencia contra las personas homosexuales; reconocimiento de la identidad de género en documentos oficiales: estos son logros que se han producido gracias a las luchas de esta comunidad en muchos países del mundo.

Aún más importante: ahora ya no están tan normalizados como antes los actos de discriminación cotidianos, como la hostilización por personal de seguridad de las parejas del mismo sexo que se expresan cariño en espacios públicos. La propia opinión pública es cada vez más abierta a reconocer la igualdad de derechos de las personas independientemente de su orientación sexual. El apoyo público a la comunidad LGTBI es mucho amplio que hace 20 años, y muestra clara de ello es que las marchas del orgullo se han convertido en actos de masas, cuando décadas atrás eran acciones muy marginales y muy polémicas.

En este caso también, la discusión se suele centrar en supuestos “casos extremos”: que si la participación de personas trans en competencias deportivas, que si los tratamientos con hormonas en personas que no tienen la mayoría de edad, que si los baños “neutros”. Al margen de la posición en cada uno de estos debates, lo que todos deberíamos tener claro es que son casos muy excepcionales estadísticamente, que son usados para hacer escándalo. Pero cada vez más gente responde afirmativamente a la pregunta de si todas las personas deben tener los mismos derechos independientemente de sus preferencias sexo-afectivas, y ese es un logro inimaginable hace dos o tres décadas.

La homofobia violenta y virulenta de los autodenominados “libertarios” (que en realidad militan por el recorte de las libertades) es una respuesta directa a estos avances. Hoy parecen poderosos e insultan impunemente. Causarán mucho dolor. Legitimarán la homofobia social, empoderarán a los violentos, derogarán leyes. Pero dudo mucho que, a largo plazo, puedan imponer su odio por encima del derecho al amor.

Otro campo en el que la reacción es respuesta muy clara a avances recientes es el de las políticas ambientales. Años atrás, éstas prácticamente no existían. Las empresas extractivas podían tirar desechos tóxicos en cualquier parte con mínima fiscalización, los autos podían tirar humo con plomo, los agrotóxicos no tenían ninguna regulación. No existía ningún plan y ningún compromiso concreto para reducir las emisiones de CO2. Los territorios de los pueblos indígenas no tenían ningún nivel de protección frente a la tala o las actividades mineras o petroleras.

Si bien aún los retos son enormes y, de hecho, estamos en una emergencia climática y ambiental, también es cierto que en los últimos 20 o 30 años se han multiplicado las regulaciones ambientales. Y ello ha sido gracias a la organización y lucha de grupos ambientalistas, personas afectadas por la contaminación, científicos conscientes, pueblos indígenas, jóvenes… De acuerdo: estas regulaciones son insuficientes, no se cumplen por completo, la naturaleza se sigue destruyendo a pesar de todo ello… pero aún así son una “molestia”. Por eso los sectores empresariales dicen que hay “demasiadas regulaciones” y en EEUU quieren tirarse abajo las entidades reguladoras federales y en Perú se quejan de la “tramitología ambiental”.

Hoy, Trump quiere retroceder en la transición energética, explotar más gas y petróleo mediante el fracking y eliminar muchas regulaciones ambientales. Parece dispuesto a cargarse toda la agenda ambientalista a la que considera parte del “virus woke” (cuando es simplemente hacer caso a la ciencia).

En igualdad de género, en diversidad sexual, en protección ambiental y en otros temas vemos este movimiento: avances destacables en los últimos años, y una violenta respuesta que quiere restaurar el estado de cosas anterior.

Sí pues: también después de que la revolución francesa decapitara a los reyes fue coronado Luis XVIII durante la restauración borbónica, también después de la Independencia sudamericana España trató de recuperar sus colonias y fracasó en el combate de 2 de mayo que aún celebramos.

Todo avance engendra al mismo tiempo una reacción, de allí la palabra “reaccionario”. Esa reacción, eventualmente, parecerá ser capaz de imponer una restauración conservadora. Es el movimiento de la historia. Pero, cuando uno tiene una mirada dialéctica, entiende que esa misma restauración conservadora engendra al mismo tiempo nuevas conquistas y una lucha aún más profunda por los derechos.

La resistencia de hoy será la revolución de mañana. Una vez que los seres humanos han abrazado el sueño de la igualdad y la libertad, es difícil pensar que las botas de los fachos podrán apagar esa llama.

https://wayka.pe/ataques-de-la-ultraderecha-son-respuesta-a-las-conquistas-de-derechos/

https://www.leerydifundir.com/2025/02/peru-ataques-ide…quistas-derechos/

Perú: Estado fallido y derechos de las mujeres

Jennie Dador Tozzini

Mientras más se amplía el poder del Congreso, más crece el desequilibrio entre poderes y menos alternativas se construyen para la igualdad real de las mujeres, porque lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres.

El Estado peruano es un Estado fallido, incapaz de garantizar su funcionamiento, servicios básicos y una vida sin violaciones de derechos humanos a su población, especialmente a las mujeres; aunque a decir de algunos, este Estado todavía conserva su capacidad represiva, lo que lo colocaría en uno de institucionalidad gravemente afectada.

El desarrollo neoliberal, sin regulaciones adecuadas ni capacidad real para fiscalizar y sancionar, no ha logrado transformarse en una posibilidad de vida digna para las personas. Vivimos en un microcosmos de feroces contradicciones. Mientras más crece el PBI, asistimos al crecimiento de todo tipo de violencias, empezando por la feminicida con su extremada crueldad, la sextorsión y la “sicariatización” de la sociedad, donde cualquier conflicto se resuelve aniquilando al rival; la ingobernabilidad, la corrupción, la presencia de economías criminales e ilegales y la ingobernabilidad de los territorios.

Las estadísticas registran una mayor presencia de mujeres en ocupaciones precarias, pero baja en puestos de decisión; acoso sexual en lo laboral, la educación y la política. Todo ello en un contexto en que el Congreso se niega a legislar sobre un sistema de cuidados que permita contar con servicios esenciales de cuidados (guarderías, escuelas con jornada extendida, casas para adultos mayores) y una corresponsable división sexual del trabajo.

No importa cuántos presidentes y Congresos se sucedan, cada vez más se apuesta por el control de nuestras vidas. Este año nos arrebataron a las mujeres la posibilidad de ser nombradas por el lenguaje inclusivo, instruidas y prevenidas con la educación sexual integral, y la opción de maternar con anticoncepción y aborto. Mientras más se amplía el poder del Congreso, más crece el desequilibrio entre poderes y menos alternativas se construyen para la igualdad real de las mujeres, porque lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres.

Jennie Dador Tozzini. Feminista. Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

https://larepublica.pe/opinion/2025/01/01/estado-fallido-y-derechos-de-las-mujeres-95816

https://www.leerydifundir.com/2025/01/peru-estado-fall…chos-las-mujeres/

América Latina, democracia sin demócratas

Juan De la Puente

La idea de hace dos décadas sobre que el país está bien, pero no la economía y bienestar personal, parece haber sido reemplazada por otra, que “el país está mal, pero yo estoy mejor”.

En A. Latina, el año que termina no tuvo grandes hitos. No hasta las recientes declaraciones del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de recuperar el canal de Panamá (en realidad forzar una renegociación), relanzar la guerra contra las drogas con los ojos puestos en México y desatar una guerra comercial contra China, Canadá y México.

Es probable que las amenazas de Trump recuperen una nueva forma de antiimperialismo regional, aunque las otras polarizaciones impedirán un corte transversal tradicional norte/sur o centro/periferia. La sola perspectiva de estos anuncios —difíciles de cumplir en su totalidad y aún en un modo relativo— agrega mayor desorden a una región en la que, para disgusto de los analistas, las piezas conocidas ya no encajan.

Es que hay nuevas piezas y, en el desorden, las piezas locales resultan más decisivas que las tendencias regionales. De hecho, a pesar de que la mayoría de las elecciones realizadas en A. Latina en 2024 cumplieron los estándares electorales (Panamá, R. Dominicana, México y Uruguay), no lograron proyectar la imagen general de buena salud de la democracia en la región.

Las elecciones continúan siendo la fórmula para dilucidar la titularidad del Gobierno, aunque las claves del ejercicio del poder están atravesadas por altas cuotas de incertidumbre, sorpresa e ineficiencia de la que casi ninguna administración se libra. La rápida erosión de los Gobiernos es impresionante y son cada vez más los que fracasan en un plazo muy breve.

El fracaso inmediato se agrega al fenómeno de la erosión de los partidos tradicionales, que se vuelve más aguda (México, Panamá, El Salvador y R. Dominicana en 2024) en una región donde se combina abiertamente la dura crítica al sistema liberal de representación, derechos y libertades y la debacle del llamado centro político. Esta complejidad supone el fracaso de la promesa liberal desde dentro y desde fuera.

Dilucidar lo que es de “dentro” y cuáles son los ataques “desde fuera” es un ejercicio que se revela desafiante. Desde las filas demócratas se absolutiza la reflexión sobre que los ataques a la democracia se producen desde tendencias no democráticas ubicadas fuera del sistema. No obstante, hay evidencias de un proceso en tenaza donde lo de fuera y dentro se dan la mano a través del encuentro entre la captura autoritaria/mafiosa del Estado y la actividad de la sociedad —movilizada o desmovilizada— que cambia la política democrática.

En varios países, con distinta intensidad se resignifica la democracia reduciéndola a un procedimiento electoral que ve estrechada su pluralidad y su garantía de renovación del sistema (Ecuador y Guatemala 2023, El Salvador y Venezuela 2024 y muy probablemente Bolivia 2025 y Perú 2026).

Aún con elecciones que pueden superar la evaluación de lo mínimo aceptable, avanzó en 2024 la desdemocratización. Los datos del reciente Latinobarómetro (“La democracia resiliente”) permiten apreciar el progreso de ese proceso. Es cierto que se registra un avance de 4 puntos (52%) respecto al año anterior de apoyo a la democracia, pero al correr la cremallera de los datos convencionales o profundizar en las percepciones con nuevas preguntas aparecen las claves de la desdemocratización.

Es relevante la contradicción entre la sensación de bienestar, en apariencia con cifras en azul, y la necesidad de cambios. Según el estudio, la satisfacción con la vida alcanzó su nivel más alto desde 1997 en 2024, de modo que el 79% se considera que está muy o bastante satisfecho con su vida, con Costa Rica, Uruguay y Guatemala entre los más satisfechos; y Chile, Perú y Bolivia entre los menos satisfechos.

No obstante, el estudio señala que quienes perciben que su país está progresando alcanza solo el 28%, en tanto el 25% considera que su país está “en retroceso” y el 45% cree que su país “está estancado”.

El reclamo en relación Estado/sociedad, es decir, más democracia, derechos y libertades, tiene otras claves. La idea de hace dos décadas sobre que el país está bien, pero no la economía y bienestar personal, parece haber sido reemplazada por otra, que “el país está mal, pero yo estoy mejor”. En los entresijos de esa percepción se encuentra la profunda brecha entre la sociedad y el Estado y entre la política democrática y otras formas de antipolítica. Por lo mismo, se entiende que en algunos territorios de varios de los países de la región no se exija más Estado, sino menos Estado y que se amplíen los territorios liberados por las economías informales e ilegales y el crimen organizado.

Las citadas brechas aparecen cuando se contrasta el apoyo a la democracia con la demanda de cambio que, según el estudio, presenta tres tercios: 35% a favor de “pequeños cambios”, 29% a favor de “reformas profundas”, y 26% a favor del cambio “radical”. Una recomposición de las opciones señalaría que los que postulan un cambio profundo y/o de gran calado se acercan al 60%. Esta percepción supera los dos tercios en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú.

La cuestión de la región está dejando de ser el continuo democracia-cambio, y se sitúa solo en el cambio, sin que se asegure que ese cambio sea necesariamente democrático. Hay un añadido: los retrocesos autoritarios y vaciamiento de la democracia pueden ser vistos, a diferencia de los años 60 y 70, como procesos democráticos, como en El Salvador, Argentina y Perú, y antes en los países del ALBA.

La idea de una democracia sin democracia no parece ser un oxímoron en varios países de la región. Según el mismo Latinobarómetro, a 1 de 4 ciudadanos de A. Latina le da igual que un régimen sea democrático o no, en 10 países de los 17 estudiados, más del 50% no apoya la democracia y en tres (El Salvador, Ecuador y Paraguay), la mitad está de acuerdo con que el presidente de la República pase por encima de la leyes, el Congreso y las instituciones.

Las tesis que sostienen que el vaciamiento de la democracia es un proceso que se sitúa en las élites y en el Gobierno de las instituciones (la idea de la centralidad de la agencia) debe ser debatida. En cinco países de la región (Ecuador, Colombia, Paraguay, Panamá y Perú), más de la mitad de los ciudadanos creen que la democracia puede funcionar sin partidos, en tanto que en países que han protagonizado la recuperación de la democracia en las últimas décadas es baja la convicción de que no hay democracia sin partidos, en Chile el 50%, Brasil 46% y Guatemala 40%. En Panamá este dato es consistente con otros: la primera fuerza del Congreso son los parlamentarios de libre postulación, en tanto que el partido ganador de las elecciones tiene fuertes vínculos con la corrupción.

https://larepublica.pe/opinion/2024/12/29/a-latina-democracia-sin-democratas-por-juan-de-la-puente-1788662

https://www.leerydifundir.com/2025/01/america-latina-d…a-sin-democratas/

Perú: Las defensoras del río Marañón

Miguel Fernández Ibáñez

Un grupo de mujeres kukamas ha conseguido que la Justicia reconozca este río de la Amazonia peruana como sujeto de derechos y a la comunidad kukama como su representante.

Santa Rita de Castilla (Perú) | Para el pueblo kukama, el río es sagrado. Es un ser vivo en el que habitan sus antepasados y las criaturas del agua, o karwara, que dan sentido a su cosmovisión. Para esta comunidad, el río fluye al ritmo de la purawa, la boa que forma la ribera y provoca inundaciones, y el primer hombre, Kémarin, es hijo de la gran boa hembra. Por esta relación espiritual, los y las kukamas no consideran el río como un simple recurso a explotar, sino que ven en él a un ser vivo con el que convivir y que, en función de cómo se le cuide, se alegra, enoja o enferma.

«Mis bisabuelos eran chamanes, a los que llamamos ‘bancos’, porque manejan bancos de espíritus, y decían que, cuando había derrames de petróleo, los karwara se preocupaban porque tenían enfermedades. El petróleo les estaba dañando la vista y algunos estaban enfermando con vómitos y diarrea. Allá también se muere», relata Mariluz Canaquiri Murayari, presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana. «Los karwara nos culpan a nosotros porque les estamos dañando. Y cuando reaccionan, empiezan a derrumbar [las viviendas] y nos tenemos que trasladar. En mi comunidad, ¡cuántas veces nos hemos trasladado!», añade, sobre las crecidas del río que provocan inundaciones, esta mujer de pelo liso, ojos achinados, voz suave y movimientos sutiles.

Afectado por la minería ilegal, la deforestación, los derrames de crudo, el tránsito de barcos y las aguas residuales que se vierten sin tratamiento alguno, el río Marañón está enfermo, contaminado. Lo están los espíritus y también lo están las personas que habitan en su ribera. «Las empresas petroleras, madereras y mineras no nos traen desarrollo, sino antidesarrollo: nos traen enfermedades, plagas y miseria. Nuestros niños y ancianos enferman y nosotras mismas estamos llenas de metales pesados. No somos personas sanas, vivimos enfermas, y no sabemos qué enfermedades tenemos porque no hay hospitales ni personal especializado», lamenta la vicepresidenta de Huaynakana, Emilse Flores, que asegura que las comunidades carecen de agua potable y que la contaminación reduce la productividad de las tierras y dificulta la captura de peces grandes como los pajos o las gamitanas. «Queremos que se respete nuestra cosmovisión, la vida, el medioambiente, que se respete todo lo que tenemos en nuestros ríos, en nuestros bosques», sentencia.

El pueblo kukama tiene presencia en Perú, Colombia y Brasil. Transfronterizo, en Perú es una comunidad numerosa en la región amazónica de Loreto, en las ciudades de Nauta e Iquitos y en la ribera del río Marañón. Emilse y Mariluz son del distrito de Parinari, donde las aldeas cambian ligeramente de ubicación debido a las crecidas y embestidas del río.

1.700 kilómetros de caudal

El río Marañón nace en la cordillera de los Andes y recorre más de 1.700 kilómetros hasta confluir con el río Ucayali; de esta unión nace el río Amazonas. En su cuenca, de 358.000 kilómetros cuadrados, la séptima cuenca tributaria de la Amazonia, viven dos millones de personas y es hogar de centenares de especies endémicas. Un espacio idílico que Huaynakana lleva años intentando proteger de la contaminación. Su último movimiento fue interponer un recurso de amparo constitucional contra Petroperú, que opera el oleoducto que sufre derrames constantes, y varias entidades públicas. Entre otras demandas, huaynakana reclamaba que se reconozca el Marañón como sujeto de derechos y se acepte un comité de representantes kukamas que decida sobre los proyectos. El pasado marzo, en una sentencia histórica, un juzgado de Nauta les dio la razón, aunque las entidades condenadas por contaminar apelaron y el caso pasó a la Corte Superior de Justicia de Loreto, que en octubre refrendó la sentencia. Desde entonces, el río Marañón es sujeto de derechos y la decisión no puede impugnarse.

«No nos vamos a quedar de brazos cruzados, continuaremos hasta que nos den la razón porque es un derecho lo que estamos pidiendo», decía confiada Mariluz antes de conocerse la sentencia definitiva. «Si no podemos acá, acudiremos a otras instancias, podría ser una instancia internacional. No nos vamos a dar por vencidas. Las mujeres somos fuertes y tenemos una estrategia para lograr nuestro objetivo», insistía en conversación con La Marea, en la ciudad de Iquitos.

¿Pero cómo han llegado las comunidades nativas de una región aislada de la Amazonia peruana a encontrar resquicios legales con los que confrontar al Estado valiéndose de una causa incipiente como los derechos de la naturaleza? Pues gracias a su relación con la Iglesia católica, concretamente con el Vicariato Apostólico de Iquitos y su misión evangelizadora en Loreto.

Los «curas rojos», esos clérigos y laicos que se afincaron en regiones remotas y que han terminado siendo parte de las comunidades nativas, mantienen cierta influencia en la vida de los indígenas. Son vistos como autoridades que escuchan los problemas y buscan las soluciones. Además, al menos hasta la llegada de los teléfonos móviles, estos religiosos eran una ventana al mundo, una de las pocas formas de obtener información. En la parroquia de Santa Rita de Castilla, una ciudad ribereña del río Marañón en el distrito de Parinari, Mariluz abrazó el cristianismo y el inconformismo de muchos de esos misioneros.

«Cuando tuve mis dos primeros hijos, la parroquia capacitó a un grupo de casi 200 mujeres en áreas de salud y prevención para niños desde la gestación hasta los cinco años en tres zonas: Parinari, Urarinas y en algunas comunidades que pertenecen a Nauta. Me formé aquí, y luego el Vicariato nos invitó a una reunión de participación ciudadana y nos hablaron de la situación nacional e internacional y de las amenazas. Esto nos abrió los ojos», recuerda Mariluz, quien en 2001 fue parte del equipo fundacional de Huaynakana y que es su cuarta presidenta.

El proceso legal

Con la ayuda del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización de abogados y abogadas que colabora con el Vicariato, el pueblo kukama ha interpuesto varias demandas contra el Estado y las empresas extractivas. Juan Carlos Ruiz es uno de sus representantes legales, y nos recibe en un edificio de varias plantas de un exclusivo barrio de Lima: hay espacios verdes y calles limpias, en contraste con el polvo y la suciedad con la que conviven en los cerros y en otros barrios desatendidos de la capital de Perú.

«Para los pueblos indígenas, la naturaleza no es una cosa, es un ser vivo; para el derecho romano, la naturaleza es una cosa. Si va a Cusco y toma cerveza con un cusqueño, lo primero que va a hacer es derramar unas gotas en la tierra y va a decir “gracias Pacha Mama porque la vida viene de ti”. En realidad, no hemos inventado nada: intentamos que se reconozca la mirada que los pueblos indígenas tienen de la naturaleza», explica Ruiz.

Junto al pueblo kukama, Ruiz consiguió una sentencia condenatoria contra Petroperú y la reparación económica para las víctimas del derrame de crudo ocurrido por falta de mantenimiento en Cuninico en 2014. Valiéndose de la ausencia de un estudio de impacto medioambiental adecuado, pudo detener el proyecto Hidrovía, por el cual se pretendía convertir el río Marañón en una autopista fluvial. Y en el ámbito legislativo, sustentó la constitucionalidad de un proyecto de ley que defendía la necesidad de proteger la naturaleza y sus derechos, aunque el Parlamento no lo votó y quedó en papel mojado.

Del incipiente reconocimiento de los derechos de la naturaleza hay referencias en Bolivia, Australia, Uganda o Ecuador, y un caso en Colombia guarda similitud con el del Marañón: en 2016, la Corte Constitucional de Colombia consideró el río Atrato como sujeto de derechos, tras certificar que estaba siendo afectado por la minería ilegal, y justificó la decisión en los derechos bioculturales, que apuntan a la relación de dependencia recíproca entre la naturaleza y los pueblos originarios. Sin embargo, las sentencias de terceros países no son vinculantes en Perú.

Sin base legal, no fue posible interponer el recurso de amparo constitucional para declarar el río Marañón como sujeto de derechos hasta el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2020 en el caso de las comunidades indígenas de la asociación Lhaka Honhat contra Argentina. «Sostuvo que hay que proteger la naturaleza no porque sea útil, que es el enfoque antropogénico, sino porque en sí misma tiene un valor intrínseco, que es el fundamento del enfoque biocéntrico o ecocéntrico», subraya Ruiz. Como las sentencias de la CIDH sí son vinculantes, los jueces peruanos tienen que tenerlas en cuenta a la hora de emitir sus veredictos. Una vez Ruiz encontró el referente, preparó el caso y presentó la demanda en 2021.

El enfoque ecocéntrico

«Hemos ganado casos como el de Punchana, el caso William Navarro, en el que Tribunal Constitucional peruano reconoció que no se pueden excluir los enfoques ecocéntricos que consideran a un río como sujeto de derechos. No es algo aislado, y los pueblos indígenas están batallando para defender sus ríos», destaca Ruiz.

En el recurso de amparo, Huaynakana alegó que se han vulnerado derechos fundamentales de las personas: a un medioambiente equilibrado y adecuado a la vida; a participar en la gestión de los recursos naturales de los indígenas, como estipula el Convenio 169 de la OIT; a tener fuentes de agua; a la identidad cultural; a la libertad de credo. Además, argumentó que el Estado está incumpliendo su obligación constitucional de conservar la diversidad biológica y promover el desarrollo sostenible de la Amazonia.

Las demandantes culpabilizan a varias entidades públicas, incluido el Ministerio del Ambiente, y consideran que el causante principal de la contaminación es el oleoducto Norperuano, operado por la empresa pública Petroperú, que desde hace más de medio siglo transporta petróleo del corazón de la Amazonia a la costa de Perú. Las tuberías van en paralelo al río Marañón durante cientos de kilómetros y, por la falta de mantenimiento, sufren derrames constantes. Por ello, Huaynakana demandó un plan de mantenimiento integral del oleoducto y que se actualice su instrumento de gestión, que tendría que renovarse cada cinco años, lo cual no ocurre desde hace dos décadas; reclamó que se implemente la ley y se establezca un comité de gestión de la cuenca del río; pidió agua potable en las comunidades; y solicitó declarar el río Marañón como sujeto de derechos y que su representante sea el pueblo kukama, que tendría la última palabra en los proyectos futuros.

En la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos, elaborada por Earth Law Center en colaboración con International Rivers, se les reconocen a los ríos los siguientes derechos: a fluir; a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema; a no estar contaminado; a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; a conservar la biodiversidad autóctona; a ser restaurado. Según se expone en la demanda, existen dos formas de reconocer los derechos del río Marañón: con el desarrollo de un nuevo derecho fundamental innominado o, como prefieren las demandantes, con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y en particular los del río Marañón, como parte del derecho fundamental de las personas a disfrutar de un medioambiente equilibrado y adecuado a la vida, un derecho recogido en el artículo 2.22 de la Constitución peruana.

Un modelo destructor

«De alguna manera, el río no quedaría indefenso y habría gente que hablaría en su nombre. El tema de fondo es la protección de los ríos, porque hay una situación de indefensión. Por ejemplo, se planean 24 presas en el río Marañón y, si pones un muro, sabemos que no pasan los sedimentos que dan de comer a los peces y fertilizan las orillas. ¿Qué van a hacer los peces que desovan en las nacientes? No van a poder ir. En realidad, este modelo de sociedad amenaza y destruye los ríos», lamenta Ruiz, quien destaca que en 2017 se analizaron al menos 52 comunidades en el Marañón y 49 de ellas tenían niveles altos de hidrocarburos, metales pesados y, por la ausencia de sistemas de aguas residuales, de restos fecales. «Y, si te vas a la zona andina, es igual. En este país no se cuidan los ríos», sentencia. El octubre pasado, el veredicto favorable a Huaynakana en una corte de Nauta fue una alegría para estas mujeres, que marcan el camino a seguir en otros casos similares en Perú.

Este reportaje se publicó originalmente en el número 102 de la revista de La Marea.

Fuente: https://climatica.coop/las-guardianas-del-rio-maranon/

https://www.leerydifundir.com/2024/12/peru-las-defenso…-del-rio-maranon/