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9 de diciembre de 2025

Perú: Por nuestras niñas

Marisa Glave

Aún podemos recuperar los pequeños avances que logramos para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes del país. No nos rindamos. Reaccionemos.

Sólo en el primer semestre del año los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 6,677 casos de violación sexual. Eso quiere decir que en un día cerca de 40 mujeres son violadas. Mientras usted lee esta columna, alguna mujer está siendo violada en el país.

Digo mujeres y no uso el genérico “personas” porque el 94% de casos son mujeres. Hay también dramáticos y lamentables casos de violación sexual contra hombres, sobre todo niños, pero la realidad es que en 9 de cada 10 casos la víctima es una mujer. Y esta columna hace un llamado de defensa a nuestras niñas, porque 6 de cada 10 víctimas son menores de 17 años.

Los datos son escalofriantes. El incremento de casos entre el 2021 y el 2025 es aterrador. El 2021 cerró con 10,251 casos de violación sexual atendidos por los CEM, el 2024 con 12,924 y por la tendencia actual superaremos los 13 mil este año. El incremento en estos años se condice con el aumento del ataque público al enfoque de género.

Estos años hemos sido testigos de la agresión permanente de los principales grupos políticos en el parlamento al enfoque de género. Su desesperación ideológica por combatirlo lleva también un trasfondo de legitimación de la violencia de género en el país. Las mujeres estamos en una situación muy delicada, sobre todo nuestras niñas y es fundamental que reaccionemos.

Contubernio conservador

La malsana convivencia entre supuestos congresistas de izquierda y centro con los de derecha conservadora en el Congreso tiene serias consecuencias para nuestras vidas. Lanzados en una estrafalaria cruzada contra la “ideología de género” o contra “los caviares”, Milagros Jáuregui de Renovación Popular, comulga con Waldemar Cerrón, de Perú Libre, Roberto Chiabra congresista por APP y líder del partido Unidad y Paz, Adriana Tudela de Avanza País, Martha Moyano de Fuerza Popular, Guido Bellido ahora en Podemos Perú y Alfredo Azurín de Somos Perú, conocido por ser el único que votó en contra del debate de vacancia de Dina Boluarte.

Como queda claro, congresistas como Chiabra y bancadas como Somos Perú supuestamente ubicadas en el centro del espectro político, con partidos que se reclaman “liberales” como Avanza País, en alianza con parlamentarios como Bellido y bancadas como Perú Libre que se proclaman de izquierda, suscriben, sostienen y defienden planteamientos retrógrados de la derecha más conservadora hoy en el parlamento, representada por Renovación Popular, partido que ha logrado eclipsar a Fuerza Popular en varios aspectos pero que sigue recibiendo su apoyo en proyectos de ley cuyo objetivo final es borrar cualquier avance en materia de igualdad de género.

De las 12 bancadas existentes 9 votaron íntegramente o por amplísima mayoría a favor de la derogación de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Reemplazando la norma por otra que, si bien mantiene el mismo título, tergiversa de manera violenta el contenido original de la norma. Lo que fue un gran avance para las mujeres en el 2007 se vuelve ahora un retroceso preocupante.

#SinGéneroNoHayIgualdad

Quieren borrar a como dé lugar la categoría género del marco jurídico peruano. Pero el problema de fondo es que el género no es el nombre de una ideología, es una categoría de análisis que pone en evidencia la desigualdad de poder que hoy existe entre hombres y mujeres.

No se trata de las diferencias biológicas que puedan existir entre ambos sexos y por tanto las distintas necesidades que podamos tener, sino de la manera en que se organizan roles y funciones en la sociedad que colocan a las mujeres en situación de vulnerabilidad, con menor poder – político, económico, social y cultural – cargando prácticamente solas con las responsabilidades de la reproducción social a la par que siendo objeto de violencia por el hecho de ser mujeres.

Pretender reducir la desigualdad en clave de sexo biológico reduce la magnitud del problema, en términos de poder y violencia como he señalado, pero también en término de agresión a la diversidad sexual. Las mujeres y los hombres no somos sólo heterosexuales y cisgénero. Tenemos orientaciones e identidades diversas. Esto no es un invento de la globalización, ni un efecto pernicioso de alguna ideología. Es una realidad humana registrada en todas las etapas de nuestra historia. No es tampoco una imposición occidental, de hecho, podemos encontrar registro gráfico en huacos pre-incas.

Borrar una categoría no borrará la realidad de la diversidad, sólo generará oscurantismo y propiciará un mayor espacio de violencia, en particular para quienes empiezan a descubrir su sexualidad y son víctimas de bullying.

La vivencia de la sexualidad para que sea responsable a la vez que gratificante requiere de información y de reflexión, en el marco del respeto y cuidado por el desarrollo pleno de la persona. No podemos seguir viviendo en una sociedad en la que nuestras niñas son violadas TODOS LOS DÍAS. En el 65% de los casos por alguien de su entorno familiar. En muchos casos descubrimos los casos de violación de menores cuando quedan embarazadas. Pero podría detectarse antes, incluso evitarse, si las niñas y niños supieran claramente qué supone una agresión sexual y cómo protegerse. Pero se necesita hablar, se necesita conocer, preguntar. Esto sólo puede darse en un ambiente de libertad, no en uno de represión y tabús.

La norma aprobada borra la Educación Sexual Integral (ESI). Se reemplaza por una educación “científica, biológica y ética” vinculada a las convicciones parentales. Estamos retrocediendo años en la lucha por la igualdad real. Costó muchísimo introducir la ESI para luchar contra el embarazo adolescente, contra la violencia sexual, contra la represión violenta que genera traumas.

Aún podemos recuperar los pequeños avances que logramos para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes del país. No nos rindamos. Reaccionemos.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/11/30/por-nuestras-ninas-por-marisa-glave-hnews-1554900

3 de agosto de 2025

Perú: Niñas doblemente condenadas

Ronald Gamarra

"Empezaron una campaña de intimidación al personal médico y sanitario"

Cada día, en nuestro país, cuatro niñas entre 10 y 14 años de edad pasan precozmente a convertirse en madres. En total, 1,611 niñas de este rango de edad se convirtieron en madres en el año 2022. No solo eso. Cada día, 9 niñas de esa edad quedan embarazadas. Es decir, 3,285 en un año. Estos datos estadísticos provienen del registro de la oficina de la UNFPA en el Perú, entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva. Como todos sabemos, las relaciones sexuales con menores de 14 años están prohibidas por ley penal y configuran el delito de violación. Cada año se perpetran alrededor de 10 mil violaciones sexuales de niñas.

Esta estadística del abuso y la vergüenza se mantendrá o incluso se incrementará gracias al celoso fanatismo ultrarreligioso de la congresista Milagros Jáuregui, que hace apenas unas semanas celebraba eufóricamente haber logrado bloquear la actualización del protocolo de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, de manera que no incluya el aborto terapéutico de las niñas embarazadas por violación que, por lo mismo, sufren afectación en su salud mental. Qué tal crueldad infligida desde el Congreso, con Jáuregui como cabecilla, contra niñas a las que obliga a ser madres después de una violación, niñas cuyos cuerpos y desarrollo psíquico no están preparados para la dura prueba de gestar y parir. Niñas que deberían seguir siendo niñas, no madres a la fuerza por violación.

La congresista Jáuregui proclama haber conseguido “un histórico logro provida”. No hay duda de que se trata de un resultado a favor de su agenda ideológica. Lo que no tiene presente es que su logro ideológico se levanta sobre la ruina de la vida de niñas indefensas, que no han llegado a la madurez. Se trata de algo que puede agradar a seres privados de compasión. Dicen, en su extremo fanatismo, que lo hacen por su convicción de defender la vida humana desde la concepción. Para aquellos a quienes un cigoto, que está muy lejos de ser un feto, vale más que la vida y la salud de una niña de diez años.

El embarazo de las niñas por violación es una de las peores formas de tortura que algunos fanáticos trabajan por normalizar socialmente. Para personas como la congresista Jáuregui, la niña violada está obligada a gestar y parir el hijo de su violador, y para ello está forzada a arrostrar todo el perjuicio del embarazo precoz para su salud física y mental, a sufrir en silencio el peligro para su propia vida y su integridad corporal y psíquica. Esto demuestra a qué extremos de ensañamiento hacia la infancia están dispuestos a llegar los sectarios autodenominados provida en su “lucha ideológica”.

El “logro” de la congresista Jáuregui es parte de una campaña que los llamados grupos provida vienen llevando a cabo contra los derechos de la infancia, muy especialmente contra la aplicación del aborto terapéutico, que en nuestro país está admitido desde el Código Penal de 1924, hace más de un siglo. Sin embargo, en todo este tiempo su aplicación estuvo mediatizada y hasta neutralizada por la falta de normas reglamentarias, en particular el denominado protocolo médico. Esta norma reglamentaria, se aprobó finalmente a mediados de la década pasada, gracias a la presión de la sociedad civil y de los organismos internacionales de defensa de los derechos del niño.

La ofensiva de los extremistas provida no tardó en llegar. Y no solo se trata de que expongan sus argumentos. No, nada de debate. Directamente empezaron una campaña de intimidación al personal médico y sanitario, amenazándolos con demandas judiciales si acataban las normas del protocolo médico. Esta campaña logró que varios equipos médicos de diversos hospitales del país se nieguen a practicar el aborto terapéutico a las niñas embarazadas por violación, por temor a las amenazas de represalias judiciales de estos grupúsculos de fanáticos. Pero esta vez han ido más allá, al someter a su campaña al propio Instituto Nacional Materno Perinatal, que es algo así como la entidad rectora del subsistema de salud materno infantil. En todo esto, ha colaborado el silencio pusilánime de las autoridades del Ministerio de Salud. Es evidente que este ministerio ha caído en manos del oscurantismo, pues en ningún momento ha apoyado a su personal médico, como debía y estaba obligado a hacerlo.

La congresista Milagros Jáuregui controla su propia secta fundamentalista, llamada “La Casa del Padre”. Un reportaje del periodista Alessandro Azurín narra con detalle el control que la congresista y su familia ejercen sobre esta supuesta asociación civil religiosa desde hace ya casi 20 años. Dominio que, entre otros beneficios, les habría permitido amasar un importante patrimonio familiar.

Es sabido que gran parte de estas sectas son en realidad vías para el enriquecimiento de supuestos pastores que se aprovechan de la candidez de los fieles. Por último, no puede extrañar que la señora Jáuregui sea militante de Renovación Popular, el partido de López Aliaga, otro fanático que dice usar cilicio, que dice aplicarse azotes como penitencia y que está enamorado de la virgen María. Cada loco con su tema, pero eso no les da patente de corso para abusar de las niñas embarazadas por violación y negar su derecho a una infancia normal.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 743 año 16, del 01/08/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

2 de mayo de 2025

Perú: Los enemigos de las niñas

Indira Huilca

No es suficiente que en el Perú se haya registrado una violación sexual cada 40 minutos durante los primeros tres meses de este año. Ni que en 2023, 1357 niñas menores de 14 años hayan sido obligadas a dar a luz producto de una violación sexual. Y mucho menos que el Estado peruano haya sido sancionado por instancias internacionales en tres ocasiones —2005, 2011 y 2023—,  por violar los derechos de tres menores al impedirles acceder al aborto terapéutico en el sistema de salud pública, a pesar de que este se encuentra despenalizado desde 1924.

Para grupos religiosos ultraconservadores y personajes como la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), esta tragedia que vivimos con miles de mujeres y niñas peruanas violentadas sexualmente no es suficiente, por eso han emprendido una campaña de ataques, mentiras y presión política contra la Maternidad de Lima para dejarnos aún más desprotegidas. El objetivo es que esta entidad pública no siga implementando su Guía de Aborto Terapéutico.

Lo que buscan Jáuregui y sus operadores antiderechos, como el grupo autodenominado “padres peruanos”, es impedir, por ejemplo, que niñas como “Mila”, quien a los 11 años quedó embarazada luego de ser abusada sexualmente por su padrastro desde los 6 años, no accedan al aborto terapéutico. En su caso, la junta médica del Hospital Regional de Loreto rechazó realizarle el aborto terapéutico señalando que ese embarazo no representaba una afectación para su vida o su salud. Tras una nueva evaluación, fue la Maternidad de Lima la que realizó este procedimiento, argumentando que la gestación sí representaba un riesgo grave para su salud física y mental: como lo es para toda niña de 10, 11, 12, 13, 14 o 15 años. Usaron un criterio básico de salud pública que incluye considerar el impacto en la salud mental y un enfoque desde la niñez. Y esto es lo que para la señora Jáuregui es inadmisible, lo califica de “ilegal” y la ha motivado a citar al director de la Maternidad de Lima al Congreso, frente al silencio cómplice del Ministro de Salud, el acuñista César Vásquez.

No es ético ni humano obligar a una niña a gestar. Sostener que una niña con depresión, tras ser violentada sexualmente por el padre, padrastro, abuelo u otro abusador, puede llevar un embarazo que no represente un grave riesgo para su vida y su salud es pura hipocresía y maldad. No permitamos más retrocesos. Son niñas, no madres.

https://larepublica.pe/opinion/2025/05/01/los-enemigos-de-las-ninas-por-indira-huilca-hnews-59381

https://www.leerydifundir.com/2025/05/peru-los-enemigos-las-ninas/ 

16 de junio de 2024

Perú: ¡No es un tema cultural, es un delito!

Marisa Glave

“La violencia sexual en centros escolares es una terrible realidad. No es un dato nuevo, lastimosamente. Es una práctica delictiva que ha sido denunciada múltiples veces en el país, como parte de la violencia que nuestras niñas y niños sufren”.

Morgan Quero no puede aludir confusión ni desconocimiento tras el amplio rechazo que han generado sus declaraciones. Pretender un relativismo cultural para esbozar una línea de justificación a las violaciones de niñas Awajún por parte de docentes es inaceptable.

Sus créditos académicos, como graduado en la Universidad de Grenoble y con un doctorado en la Universidad Autónoma de México, no le permiten invocar ignorancia. Sabía perfectamente lo que estaba diciendo y no le importó. Estaba agrediendo al pueblo Awajún y su cultura, a las mujeres awajún que se han organizado para denunciar esta práctica y, sobre todo, a las niñas awajún víctimas de violación, a las que él está obligado a proteger como ministro de Educación, pues eran alumnas en instituciones educativas públicas.

Esta actitud racista y colonial del señor Quero es un reflejo de la manera en que este Gobierno, el de su jefa, la señora Boluarte, trata a los pueblos originarios, no solo desentendiéndose de sus responsabilidades básicas, sino violentando en el camino a quienes no consideran ciudadanos plenos.

El señor Quero, así como la señora Boluarte, deberían irse. Es inaceptable que Quero siga siendo ministro de Educación, pero este congreso no lo censurará.

La violencia sexual en colegios en Condorcanqui

El 2017, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui alertó que había más de 90 denuncias de violación sexual en los centros educativos. Esta realidad ya había sido señalada por un informe del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán que el 2005 hizo públicos casos de violación por parte de profesores a alumnas awajún en el 2003, poniendo en evidencia la realidad de violencia a la que estaban sometidas las niñas, así como la impunidad de la que gozaban los docentes y directores responsables de los hechos.

La Defensoría del Pueblo mostró cifras alarmantes de denuncias de violencia sexual en instituciones educativas de Condocanqui, particularmente las ubicadas en comunidades nativas. Entre el 2012 y el 2017 se recibieron más de 200 denuncias. De ellas, el 73% simplemente no habían sido procesadas y, por tanto, habían prescrito. La cultura de la violación funciona en nuestro país porque está hermanada con la cultura de la impunidad.

Estos datos, junto con testimonios dolorosos de niñas víctimas de violación en Condorcanqui, están recogidos en el informe aprobado por la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad, presidida por el congresista Alberto de Belaunde en el 2019.

El informe presenta un paquete completo de conclusiones en este caso, siendo una de los más alarmantes la ausencia de mecanismos básicos de acceso a la justicia. Realizar una denuncia para un padre o una madre awajún es un vía crucis que termina dañando a toda la familia y revictimizando a las niñas que, en muchos casos, hicieron las denuncias porque habían quedado embarazadas.

La violencia sexual en centros escolares es una terrible realidad. No es un dato nuevo, lastimosamente. Es una práctica delictiva que ha sido denunciada múltiples veces en el país, como parte de la violencia que nuestras niñas y niños sufren. Un ministro de Educación que no asuma como cruzada hacerle frente a esta realidad en la escuela, sea esta urbana o rural, no puede seguir en el cargo bajo ninguna excusa.

Es una niña de 8 años, señor Quero

El último caso de violación que se ha conocido es el de una niña de 8 años. En su desesperación, las mujeres de la comunidad han grabado en video el momento en que la niña llega a pedir que la sanen, que la curen. Este video, que ha sido enviado a organizaciones de DDHH que van a acompañar a la víctima y a las mujeres que hacen esta denuncia, muestra a la pequeña, ensangrentada, así como a quienes están tratando de atenderla. El dolor es demasiado.

Cómo se pretende decir que hay intentos de consolidar familias como razón para justificar casos de violación, cuando se trata de una ¡niña de 8 años! Paren un segundo y piensen, por favor, en una niña de esa edad. El infeliz que la ha violado no está pretendiendo crear una familia con ella, es simplemente un delincuente de la peor especie que vive en un ambiente que apaña este tipo de delitos.

Pero en casos en los que hubiera incluso una aceptación comunal de “convivencia” o de “intento de formación de familia” con una menor de edad, el TC ya ha dejado claro que, siendo especialmente relevante la jurisdicción comunal, esta no supone la relativización o desconocimiento de otros bienes jurídicos. Expresamente señala que no puede colisionar con derechos fundamentales. En su sentencia, el TC afirma que los delitos de violación sexual a niñas “no pueden verse en el fuero comunal pues, no solo repercuten sobre el contenido de derechos fundamentales esenciales, sino que comprometen a personas de condición especial como son sin duda los menores de edad”.

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) ha denunciado el relativismo cultural con el que el ministro pretende apañar delitos. Organizaciones feministas, como las agrupadas en las Lilas, han exigido su salida. Lo mismo han hecho diversas organizaciones de sociedad civil.

El intento del señor Quero de pedir disculpas y decir que se le ha malinterpretado es una burla. Como empecé este artículo, sus credenciales académicas no le permiten aludir confusión o desconocimiento. Su agresión puede ser pasada por alto por la señora Boluarte, pero no por la sociedad. Su presencia en el ministerio es inaceptable.

https://larepublica.pe/opinion/2024/06/15/no-es-un-tema-cultural-es-un-delito-por-marisa-glave-461160


5 de mayo de 2024

Perú: Cómo evitar ser cómplices

Ronald Gamarra

Los niños, las niñas y los adolescentes son únicos, diversos e irrepetibles. Esenciales por naturaleza. Saben lo que quieren y lo expresan con frescura innata. En sus pechos palpitan ilusiones, deseos y amor. Son titulares de derechos y no solo objetos de protección. Son actores con características propias y predicamento, personajes con potencialidades e iniciativa, sujetos que ejercen sus derechos de manera progresiva, protagonistas sociales con niveles cada vez mayores de autonomía personal. Seres que, precisamente, en el marco de esa ascendente autonomía de su voluntad y en ejercicio de su capacidad en constante crecimiento, pueden comprender su entorno y realidad, asumir responsabilidades sobre las decisiones que los afectan y desarrollar su propio plan de vida. Ocupan un primerísimo lugar en la familia y la sociedad. En suma, son ciudadanos. No son el futuro –dicho esto sin negar su poder para crear y recrear realidades con el transcurso del tiempo– sino el presente.

La niñez comprende una parte muy grande de nuestra población, la parte más prometedora y llena de futuro, la que un día habrá de tomar la posta de la responsabilidad en la sociedad. Esto, en principio, no es retórica o no debería serlo. El hecho es que un día, los niños y las niñas de hoy serán adultos y asumirán el rol que hoy desempeñamos. Deberíamos asegurarnos, entonces, de que cuando llegue ese momento se encuentren debidamente preparados, gozando de salud, con sus dotes desplegadas y desarrolladas, con la creatividad y el entusiasmo al tope. Tal como las cosas van, sin embargo, estamos preparando para la niñez un futuro adverso.

Las niñas y los niños son la última rueda del coche social. Esta es la realidad sin tapujos. Basta ver cómo están ellas y ellos en nuestros barrios, nuestras poblaciones, donde reinan la falta de salubridad y limpieza, la falta de agua y desagüe, la comida escasa y mal balanceada en los hogares, las escuelas precarias y la pésima calidad de la educación pública, la carencia de atención médica, la anemia y la muerte por enfermedades prevenibles, la falta abrumadora de áreas verdes y de recreación, el aire contaminado y tóxico que los niños respiran, el nivel ramplón de los medios de comunicación a los que están expuestos, la indiferencia absoluta de las autoridades hacia su problemática específica.

Aún no he mencionado lo peor. La niñez, nuestra niñez, es víctima directa y recurrente de un ambiente de violencia moral, física y sexual como no tiene igual en otros países de la región latinoamericana. Estamos entre los que viven una situación gravísima, de auténtica emergencia, y muy poco o nada efectivo se hace al respecto. Las niñas y los niños peruanos son víctimas de la violencia sexual en índices escandalosos para cualquier país de la región, sin contar con el subregistro de casos de esta naturaleza. La violencia física permanece constante, así como el tráfico y la explotación de niños.

El Estado tiene una parte gravísima en esta situación socioestructural y en esta violencia contra la niñez. Recordemos solamente, a manera de ejemplo, el trato dispensado por las autoridades de salud a las niñas embarazadas, producto de la violación impune que por lo general se perpetra en el propio hogar, niñas a las cuales los servicios públicos de salud se niegan a facilitarles el aborto terapéutico, condenándolas a correr el riesgo de una maternidad inaceptable a su corta edad, a veces inferior a los 10 años, que pone claramente en riesgo la propia vida y la salud de la niña. Solo en contados casos, la protesta ha obligado a las autoridades a cumplir con su obligación.

La niñez no hace marchas de protesta, no toma carreteras, no organiza lobbies y no vota. No tiene poder. Esa es la madre del cordero. Dominado nuestro país por políticos que transitan entre el oportunismo y la delincuencia, nada puede esperarse de ellos en bien de la infancia. Esos tunantes están allí para llenarse los bolsillos y saquear al Estado, al extremo que ya han conseguido devaluar la confiabilidad del país como sujeto de crédito internacional. Para esta clase política, todo existe solo en el corto plazo, el que les toque a ellos medrar del erario y sus privilegios. La niñez no entra en sus cálculos en absoluto. ¿Cómo hacer, entonces, para avanzar en los derechos de los cuales deberían gozar las niñas y los niños?

Es en esta circunstancia extrema que vivimos que debemos recurrir vigorosamente a las posibilidades civilizadoras del Derecho, con mayúscula. No el “derecho” de los picapleitos que se esmeran en enredar los conflictos para su propio beneficio, ni el “derecho” que los poderosos y los políticos manipulan gracias al poder y el dinero. El Derecho, en su sentido verdadero y profundo, puede ser un arma moral y jurídicamente poderosa, si se forma a su alrededor una opinión pública que respalde decididamente sus valores. El Derecho, con mayúscula moral, es el único instrumento que tienen de su lado aquellos que carecen de poder y dinero, aquellos que no votan porque no los dejan, porque no les reconocen capacidad para ello, porque dizque no tienen la edad suficiente, como ocurre en el caso de los niños y las niñas.

Tratándose de los niños, el Derecho ha desarrollado una serie de conceptos y procedimientos jurídicos en las últimas décadas, que aún están en proceso de ser conocidos, difundidos y aplicados. Nuestro país tiene a su favor que ha suscrito la mayoría de los más importantes instrumentos jurídicos internacionales sobre la protección y los derechos de la niñez y los ha incorporado formalmente a su ordenamiento jurídico, aunque no los aplique con la debida consecuencia y el necesario celo. En este campo, se aplica el dicho “por fuera flores, por dentro temblores”. Nuestro gran problema es la aplicación efectiva de las normas.

El gran obstáculo, actualmente, es la acción tóxica de una contracorriente antiderechos que se opone a gran parte de estas normas protectoras de la niñez por oscurantismo, fanatismo, prejuicios o simplemente por mera necedad. Como en el caso de su cerrada oposición a facilitar el aborto terapéutico a las niñas menores violadas y embarazadas. Como en el caso de su cerrada oposición a la educación sexual como parte del currículo educativo. Enfrentar y vencer este obstáculo costará un gran esfuerzo, pero hay que desplegarlo sin dudar. La niñez lo necesita para estar protegida como es debido.

En el campo de los derechos de la niñez, un principio fundamental, esencial, que es necesario conocer a fondo y difundir con la mayor amplitud posible es el Principio del Interés Superior del Niño, tema sobre el cual hemos desarrollado un libro en colaboración invalorable con el doctor Juan Pablo Pérez-León Acevedo, que pretende premunir de información teórica y práctica a los profesionales del derecho y a los activistas por los derechos del niño.

Debemos comprarnos el pleito de los derechos de la niñez porque, si no lo hacemos, seremos cómplices. La única manera de no serlo es contribuyendo activamente a hacer realidad sus derechos. Porque todos queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes lo mejor que podamos darles.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 684 año 14, del 03/05/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/