T*rr0rist@s israelíes y gamonales andinos

Cecilia Méndez

Mientras el gamonalismo era un problema “doméstico”, el despojo que sufren los palestinos ocurre con la venia o complicidad de un orden internacional fundado y liderado por Occidente, que nació precisamente para evitar que todo esto ocurriera.

Hace unos meses en Masafer Yatta, pueblo de Cisjordania, Palestina Ocupada, pudo observarse la siguiente escena: unos hombres de piel blanca, altos, con actitud empoderada, empujaban a otros más bajos y morenos, profiriendo interjecciones, como quien da órdenes, mientras a lo lejos unos camellos eran arreados a toda velocidad por un hombre del grupo de los blancos. Se está consumando el robo de unos treinta camellos, denuncia el escritor palestino Mosab Abu Toha, quien posteó el video en sus redes.  Los morenos eran pastores y agricultores palestinos; los blancos, settlers o colonos israelíes o, más propiamente, para juzgarlos por sus actos, terroristas, que es como los llama Abu Toha, y concuerdo. Porque, literalmente, se dedican a sembrar el terror en las comunidades palestinas de Cisjordania: saquean y demuelen sus viviendas, destruyen o se roban sus pertenencias y sus cultivos; disparan a matar a quien se resiste. Todo, con el fin de hacer su vida tan miserable que no les queda otra opción que irse y así apoderare de sus tierras.  La escena trajo a mi mente las denuncias de. robo de camélidos de los comuneros de Puno, publicadas por el periódico puneño El Registro Oficial del 23 de marzo de 1869, sobre lo cual volveré.

Hechos como el que acabo de referir han venido ocurriendo por décadas en Cisjordania, pero con mayor asiduidad y vesanía después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, más de 700,000 nuevos “colonos” israelíes se han establecido ilegalmente en tierras palestinas de Cisjordania, premunidos con la impunidad que les otorgan el gobierno israelí y sus aliados y la inacción de los demás Estados. Israel hace caso omiso también a las resoluciones de la ONU, que reafirmó formalmente en 2024 que los asentamientos formados por colonos israelíes en Cisjordania son ilegales, dándoles un plazo para desalojarlos que venció hace unos meses, del cual éstos hicieron caso omiso.  Por el contrario, empoderados por la impunidad sistémica de la que goza el Estado de Israel desde su fundación en 1948, su parlamento votó recientemente por “anexar” Cisjordania, aunque, como lo han afirmado varios (por más que Trump pretenda negarlo) ha sido anexada de facto.

“Sin otra tierra”

Masafer Yatta es solo uno entre los muchos pueblos de la Cisjordania rural que están siendo arrasados por el terrorismo de los colonos israelíes y donde el ejército de ocupación ha establecido una base para “ejercicios militares”.  Pero su historia se visibilizó a los ojos del mundo gracias la película No other Land (“Sin otra tierra”), que ganó el Oscar al mejor documental en 2025 y fue rodada íntegramente en el mencionado pueblo. La película, codirigida por Basel Adra y Hamdam Ballal, palestinos nacidos en el pueblo y residentes en él; y los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, registra la cotidianidad del terrorismo de los colonos israelíes: cómo estos hostigan diariamente a los residentes, les demuelen sus casas, obligándolos hasta a vivir en cuevas; los secuestran; disparan al que se resiste hasta dejarlo muerto, y no hay policía que los defienda. Al contrario, la única autoridad del lugar, el ejército israelí, protege o avala a los terroristas. Así y todo, los residentes se organizan persistentemente para defenderse.

El Oscar sembró ilusión en el pueblo. Cualquiera pensaría que el prestigio mundial del galardón podría inmunizarlo de futuros ataques. Pero sucedió lo inverso:  el ensañamiento continuó imperturbable y los israelíes, envalentonados por su impunidad, volvieron al Masafer Yatta no mucho después de la celebración del Oscar; secuestraron y torturaron al codirector Hamdam Ballal, sin aparentemente sufrir ninguna consecuencia.  Un par de meses después, otro colono israelí se dirigió al pueblo armado con un revolver; bloqueó la carretera con un enorme auto y, vociferando fuera de sí, mató frente a cámaras, a un activista que también había participado en la producción de la película.  Los soldados israelíes liberaron al asesino luego de una breve detención; retuvieron el cuerpo del asesinado y detuvieron a sus parientas que clamaban por que se les devuelva el cuerpo — el mundo al revés—, lo que solo ocurrió después de que estas hicieran una huelga de hambre en protesta.

En otro video se oye declarar, entre llantos, a un a agricultor palestino de otro lugar de Cisjordania, que los israelíes le robaron todo: sus mangueras, su generador, su bomba de agua, y todas sus cosechas, además de agredirlo físicamente y humillarlo. Según el programa estadounidense Democray Now! se registran ocho ataques terroristas diarios de israelíes en Cisjordania, con características similares a las que acabo de describir.  En una forma más sutil, pero no menos insidiosa de violencia, otro reciente documental palestino, Foragers, da cuenta de cómo Israel prohíbe a los palestinos de Cisjordania recoger yerbas silvestres comestibles para su comercialización, un derecho ahora exclusivo de ciudadanos israelíes, en consonancia la lógica de apartheid

Gamonalismo andino

Resulta imposible para mí conocer estas historias de despojo de tierras, robo de ganado, del maltrato que llega a la muerte, del pisoteo de la dignidad de los palestinos del campo, y no relacionarlas con los despojos que han sufrido históricamente el campesinado andino a manos de gamonales, particularmente en Puno desde que sus tierras ganaderas fueron altamente cotizadas en el mercado internacional debido el auge lanero a partir de la década de 1860. Retomando lo dicho al comienzo, en marzo de 1869, El Registro Oficial reportaba que comuneros de cuatro ayllus de Puno denunciaron a los hacendados Chamorro por haberles  robado “cinco o seis mil alpacas, e igual número de llamas”. En palabras del gobernador del distrito de Huacullani (provincia de Chucuito): “les han quitado su ganado y cuanto han tenido”, y “que los jueces no les hacen caso y más bien se adhieren a los Chamorros [sic]” . Lejos de una excepción, ese era precisamente el modus operandi del gamonalismo. Muchas veces, como en este caso con el gobernador de un distrito vecino, hacendados y autoridades eran parte de la misma familia.

En otro paralelo, a semejanza de los denunciantes de la violencia israelí en Cisjordania, los denunciantes de la violencia gamonal en Puno la definieron como “terrorismo” , como he argumentado en “Los senderos del terrorismo en el Perú” (ahora disponible en castellano en el libro Violencias fundacionales). En otro símil, los móviles detrás de ambos terrorismos son el lucro capitalista y se justifican con la fabricación, activa y constante, de una ideología que coloca los agraviados en un rango inferior de humanidad, cuando no fuera de ella. Llamémosle colonialidad capitalista.  Pero, mientras el gamonalismo era un problema “doméstico”, el despojo que sufren los palestinos ocurre con la venia o complicidad de un orden internacional fundado y liderado por Occidente, que nació precisamente para evitar que todo esto ocurriera.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/11/16/trrorists-israelies-y-gamonales-andinos-por-cecilia-mendez-hnews-944288

https://www.leerydifundir.com/2025/11/trr0rists-israel…amonales-andinos/

Delia Espinoza: Un hito y una fiscal valiente

Cecilia Méndez

"El mensaje que deja Espinoza es que los ciudadanos tenemos voz y que el Ministerio Público está para servirnos. Que las leyes son un arma para defender nuestros derechos, pero no se activan solas"

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acaba de hacer historia, en más de un sentido.  Su solicitud a la Corte Suprema para declarar ilegal al partido fujimorista, Fuerza Popular, es inédita. No porque sea la primera vez que el Ministerio Público solicita algo así —lo hizo, y con éxito, con el partido de Antauro Humala— sino porque esta vez no se trata de una organización política marginal, sino de una en el centro del poder político, con tentáculos en el poder económico, mediático y varios organismos del estado desde hace más de tres décadas.

Enfrentarse a este de poder en un contexto de profundo deterioro institucional y criminalidad desbordada promovida desde el propio parlamento, en un pacto de impunidad con el ejecutivo que lleva casi 3 años, es muy valiente y prueba de su independencia.  ‘Soy muy incómoda” reconoce Espinoza, recordándonos que su mandato como Fiscal de la Nación es perseguir el delito y velar por los derechos vulnerados de la ciudadanía.

Pedagogía cívica

Pero su solicitud de ilegalizar a Fuerza Popular ha sido también un acto —acaso fundacional— de pedagogía cívica, por la claridad con la que la fiscal Espinoza ha fundamentado sus propuestas, tanto verbalmente, como por escrito.  Lejos del lenguaje técnico al que nos tienen acostumbrados los abogados, el alegato, al menos, a juzgar por la primera de las 364 páginas de texto (y más 3,500 páginas de anexos), que es lo único que ha estado a mi alcance directamente, rebosa en claridad.  La fiscal solicita (cito, respetando las letras en negrita, que corresponden literalmente a la ley, y el uso de las mayúsculas): la “DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD de la organización política  FUERZA POPULAR, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nro. 28094 - Ley de Organizaciones Políticas, por desarrollar actividades contrarias a los principios  democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales: i) promoviendo atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas, medios de prensa independiente, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas,  por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión; ii) promoviendo la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política /libertad de conciencia, iii) exculpando atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000) [sic]; y iv) legitimando la violencia como método para la consecución del objetivos políticos; todas estas acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto de la norma citada.

Y prosigue: “en mérito a la CONDUCTA ANTIDEMOCRÁTICA atribuida a la organización política Fuerza Popular”, la fiscal solicita que se disponga: “a). La CANCELACIÓN de la inscripción de la organización política Fuerza popular…”.

La ciudadanía vindicada

Leer este texto y lo que trascendió públicamente sobre el resto del documento, suscitó en mí una mezcla de vindicación y asombro. Vindicación, porque se trata de la propia cabeza del Ministerio Público la que se enfrenta a un poder tan enorme y vetusto, para defender a la ciudadanía de una serie de atropellos, vejámenes y acoso que hemos sufrido como sociedad, y que han sufrido magistrados de la ONPE y el JNE, periodistas, candidatos presidenciales más. Ya va a ser una década desde que Keiko Fujimori no fue capaz de reconocer su derrota electoral ante PPK (2016) y arrastró al país a una espiral de ingobernabilidad e intentonas golpistas abusando de una cláusula constitucional decimonónica referida la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, de la que, ahora que tenemos el gobierno más moralmente inepto desde la primera era fujimorista, irónicamente, ya nadie se acuerda... Buscó arrollar, más allá de ideologías, a  quien no se sometiera a sus ambiciones de gobernar país, pese a haber perdido las elecciones, siendo Castillo el mayor depositario de los agravios autoritarios, desde antes que asumiera la presidencia, con la campaña del falso fraude y, después, con los numerosos intentos de vacancia, hasta que el propio Castillo se les ofreció en bandeja con un patético gesto golpista, aunque diminuto frente al golpe que sí ocurrió cuando el parlamento comandado por el fujimorismo lo aprovechó  para  hacerse de un poder que no había ganado en elecciones, gracias al pacto con Boluarte, cimentado en la impunidad y la traición.

En este segundo sentido, el pedido de Espinoza a la Corte Suprema para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular también hace historia: nos ayuda a rememorar un pasado de afectaciones severas a nuestra sociedad y a los derechos ciudadanos, que sigue vigente, pero no debería tener cabida en el ordenamiento político.

Por último, la solicitud me trajo a la mente un artículo que publiqué en marzo de 2012, en la revista Ideele, comentando cuando el MOVADEF quiso inscribirse como partido, lo que fue denegado. Me preguntaba entonteces por qué el argumento de que el MOVADEF era antidemocrático no se aplicaba a otros partidos: “Se le increpó asimismo al Movadef”, escribí, “el no cumplir con el acápite 2 de Ley de Partidos, que exige que estos tengan como uno de sus objetivos la defensa de los ‘derechos humanos […], el sistema democrático y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado’.  Pero, si ese es el caso, con la misma lógica que hoy se rechaza al Movadef no se debió permitir la inscripción de Fuerza 2011, el partido de Keiko Fujimori, que ha avalado un golpe de Estado y escuadrones de la muerte, que busca liberar a un preso condenado por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y que al igual que Movadef no se ha arrepentido de sus crímenes, y los llama más bien ‘excesos’”.

Tomó una fiscal valiente y catorce años más aplicar la ley de partidos en su integridad, caiga quien caiga. Pero no menos importante es el hecho de que Espinoza formó este expediente en respuesta al pedido que una ciudadana formulara en marzo. Fueron seis meses de meticuloso trabajo.

Un nuevo contexto de movilización

El mensaje que deja Espinoza es que los ciudadanos tenemos voz y que el Ministerio Público está para servirnos. Que las leyes son un arma para defender nuestros derechos, pero no se activan solas; tenemos que hacerlo día a día, y una buena muestra de que se puede y se debe hacer es el efecto que ha tenido muy recientemente la movilización de jóvenes contra la ley de las AFP, que atenta contra sus derechos económicos y una vida digna.

Ayer, la Junta Nacional de Justicia, dirigida por un condenado por violencia familiar, ha suspendido de sus funciones como Fiscal de la Nación a Delia Espinoza, sin razón que lo amerite.  La mafia puede haber dado un paso a favor del hampa que anida en este gobierno. Pero la fiscal Espinoza ha ganado la batalla moral, lo que no es poca cosa.  Ella no se va a callar. Tampoco debemos hacerlo nosotros.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/09/22/delia-espinoza-un-hito-y-una-fiscal-valiente-por-cecilia-mendez-hnews-1975864

https://www.leerydifundir.com/2025/09/delia-espinoza-h…-fiscal-valiente/

“Me defino como ex-humana”

Cecilia Méndez

Pero, ¿puede el interés económico y la conveniencia política explicar tanta indiferencia, que, valga la aclaración, es de los gobiernos y no de los ciudadanos, quienes más bien se movilizan en solidaridad y son brutalmente reprimidos?

“Me defino como ex-humana”, dice Rita Segato, la afamada intelectual argentina en una reciente entrevista.  “Porque no quiero pertenecer a esta especie siniestra, genocida”. Y prosigue: “después de Gaza me queda muy difícil sentir optimismo en relación a nuestra especie”.  Luego cita a Francesca Albanese, relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados: “Gaza es el último clavo en el ataúd de la carta de los derechos humanos”. 

Un genocidio que nos involucra a todos

He discrepado alguna vez públicamente con Segato, pero ahora no puedo estar más de acuerdo con ella. Hay dos razones que hacen al genocidio palestino distinto a otros, al punto de poner a prueba la catadura moral de humanidad que sugiere la drástica sentencia de Segato. La primera es que  nadie  puede decir que no  sabe lo que está pasando, a no ser que sea desee no saberlo(wishful ignorance), ya que se trata del primer genocidio transmitido en vivo, y por  sus propias víctimas , quienes filman su propia exterminación desde las pantallas de su teléfono, enviando mensajes tan desesperados  como desoídos para que dejen de masacrarlos y que se abran las fronteras y puedan ingresar la ayuda humanitaria bloqueada por Israel desde marzo, en que rompió unilateralmente el último cese al fuego. La segunda razón es que la economía del país perpetrador del genocidio, Israel, está a vinculada prácticamente a todo el orbe, sea como proveedor de armas y de entrenamiento militar y de inteligencia (sin excluir el Perú, y gran parte de América Latina); tiene en la Unión Europea a su principal sociocomercial, y es dependiente de EEUU para al menos el 70 % de las armas que usa en el genocidio de Gaza y para despojar a los palestinos de sus tierras en Cisjordania.   El entramado de empresas y estructura económica que financia, posibilita y lucra con el genocidio de palestinos (y eso incluye a Elbit Systems, la más importante empresa de armas israelí, con la que el Ejército Peruano acaba de firmar una licitación, como informa un puntilloso reportaje de Elia Y. Diz en Hildebrandt en sus 13), está detallado en el  informe de Francesa Albanese “De la economía de ocupación a la economía del genocidio”, de julio de 2025.

Pero, ¿puede el interés económico y la conveniencia política explicar tanta indiferencia, que, valga la aclaración, es de los gobiernos y no de los ciudadanos, quienes más bien se movilizan en solidaridad y son brutalmente reprimidos? 

Deshumanización, invisibilización, apartheid

Un genocidio nunca ocurre de un momento a otro, dice Albanese, en un texto que he citado antes en este espacio: “es un proceso que empieza con la deshumanización del otro”.  Si bien Israel lleva deshumanizando a los palestinos desde su fundación como un Estado de apartheid en 1948 sería tal vez más apropiado decir que la deshumanización de los palestinos fue la​ condición de la creación del Estado de Israel. Esto es, sino nos ceñimos a la definición de humanidad de Hannah Arendt. Para esta pensadora judía alemana, cuando en Francia se da “la declaración de los derechos de hombre” en 1789, estos se pensaron “en abstracto” como si el hombre fuera independiente de la historia, en singular, despojado de la pluralidad y de la comunidad política (The Origins of Totalitarianism, ed., 1968 p. 298). Pero en la práctica los derechos humanos nunca funcionaron así porque “el mundo no encontró nada sagrado en la desnudez abstracta de ser humano” (p. 299). Es decir, Arendt, percibió que los derechos humanos solo podrían ser reclamados por, o reconocidos a, quienes eran parte de un Estado nacional, de allí que Hitler decidió despojar a los judíos de su ciudadanía antes de mandarlos a los campos de concentración. En otras palabras, “la perdida de los derechos nacionales (…)  significó la pérdida de los derechos humanos”, tanto así que un criminal tenía más derechos que un judío​desnacionalizado. Los judíos desciudadanizados salía de la esfera de la ley, no se les atacaba por algo que hubieran hecho sino por ser quienes eran.  

Esta idea, que “solo la pérdida de una comunidad política expulsa al hombre de su humanidad” (p. 298) nos da la clave irónica para entender la deshumanización de los palestinos hoy, y antes y después, de 1948.  Y este derecho a la pertenencia una comunidad política, a un Estado, o siquiera a formar una​ resistencia armada que el derecho internacional considerad legitimo cuando se está bajo una ocupación ilegal armada, como es el caso de Palestina, se les sigue negando. Los palestinos, como decía Arendt de los judíos, no tienen que ser culpables de nada para ser exterminados; simplemente ser.

Terrorismo, el poder silenciador de un término 

Por ello, tampoco los periodistas pueden hacer su trabajo sin ser acusados de terroristas, “militantes de Hamás”, como lo prueba el brutal asesinato de cinco periodistas palestinos de la cadena Aljazeera en un ataque aéreo de Israel, estando su tienda de campaña que fungía de oficina de prensa, elevándose a más de 269 la cifra de periodistas palestinos asesinados por Israel en Gaza desde el 7 de Octubre de 2023.  No tardaron en salir los titulares en The New York Times y Reuters replicando la acusación infundada de Israel de que el más conocido entre ellos, Anas al-Sharif, era un combatiente de Hamás. En Gaza, como dijo visiblemente incómodo el analista palestino Ahmed​ Najar en una entrevista en Aljazeera, parafraseo: “los doctores no pueden ser doctores, ni los maestros maestros, ni los médicos médicos, ni sus hijos son sus hijos, ni los colegios colegios”.  Para Israel no son tampoco humanos; son “Hams”.  Dijo además Najar cómo una entrevista en ABC cuando no habían pasado ni 24 horas del asesinato de sus coterráneos, todo el marco de la entrevista giro en torno a si al-Sharif era de “Hamás”

Omar el Akkad, escritor egipcio, sugirió en su libro One Day, Every One Will Have Always Been Against This, que el término terrorismo tiene “un poder silenciador” y se aplicaselectivamente a la “gente marrón”. No solo deshumaniza al “terruqueado” sino a quien quiera decir que es un simple humano. Según el analista palestino Mouin Rabbani, Israel no pretende a estas alturas convencer a nadie de que al-Sharif era de Hamás; o dice porque sabe que los medios occidentales harán eco de la acusación y sembrarán la duda. Eso basta para deshumanizarlos.

¿Cómo acabar con un genocidio?

Najar, dijo por último, que históricamente los genocidios solo han acabado de dos formas:  intervención militar o sanciones drásticas. Creo pues que los gobiernos que han permitido, apoyado o co-perpetrado los horrores que hemos visto en Gaza, no van a moverse por sí mismos.  Toca, como ciudadan@s, seguir movilizándonos colectivamente con todas nuestras fuerzas para empujarlos a hacerlo e individualmente, desligarnos de cualquier empresa que lucra con el genocidio, teniendo en mente las palabras del historiador israelí Ilan Pappé: “El mal  no avanza sólo por los que hacen el mal sino por los que no hacen nada para evitarlo”.

https://larepublica.pe/opinion/2025/08/17/me-defino-como-exhumana-por-cecilia-mendez-hnews-967266

https://www.leerydifundir.com/2025/09/me-defino-ex-humana/

El mundo entre Bogotá y Bruselas

Cecilia Méndez

Entre marzo y mayo, las atrocidades se volvieron tan descarnadas que algunos países europeos empezaron a sentir resquemor de su imagen y emitieron por primera vez condenas enérgicas a Israel.

“No estoy bien”, dice la mujer.  “Hace cinco días que no como”. Sentada en una vereda, responde al reportero.  “Estoy sola, no tengo a nadie, mis padres murieron”.  No pude retener su nombre, ni tengo palabras para transmitir la enorme tristeza de su expresión. Su rostro es pálido, cadavérico. Solo sé que ahora veo en mi teléfono, cada vez más rostros y cuerpos similarmente desvalidos, sobre todo de niños, a medida que se prolonga el criminal bloqueo de alimentos, medicinas, agua, y todo lo que pueda mantener con vida a los palestinos de Gaza desde que Israel rompió unilateralmente, a comienzos de marzo, la frágil tregua establecida en enero en la franja, matando en una sola noche a unas 300 personas.

Los bombardeos, la destrucción de lo poco que quedaba de infraestructura se reanudaron aún con mayor intensidad, gracias a impunidad que le deparan a Israel sus aliados de la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos:  el salvaje Occidente, para decirlo sin hipérbole.   Escenas de niños y gente de toda edad devorados por las llamas mientras dormían en sus tiendas de refugiados; cuerpos despedazados por el aire; secuestro, tortura y matanzas de médicos, paramédicos periodistas; ataques a ambulancias, escuelas, hospitales, panaderías, mercados…

 Entre marzo y mayo, las atrocidades se volvieron tan descarnadas que algunos países europeos empezaron a sentir resquemor de su imagen y emitieron por primera vez condenas enérgicas a Israel.  Macron programó un cónclave con Arabia Saudita para hablar del reconocimiento del estado palestino. Por esos mismos días se aproximaba a Gaza, tras zarpar de Italia, la embarcación Madleen de la coalición Flotilla de la libertad, tripulada por activistas de alto perfil, como Greta Thunberg, llevando alimentos, fórmula para bebé, medicinas, y otra ayuda humanitaria, en un intento simbólico por romper el cerco de hambre en Gaza ante la abdicación de los estados de asumir esas responsabilidades. Nunca llegaron a su destino; fueron secuestrados por Israel en aguas internacionales y deportados. La Flotilla hizo titulares en el mundo, poniendo a Israel como lo que es: además de un Estado genocida, piratas de mar.

Y fue en ese preciso momento, con su imagen por los suelos, que, en un alarde de genialidad psicopática, Netanyahu decidió bombardear Irán, matando a unas mil personas, incluyendo científicos y altos funcionarios del gobierno y a sus familias mientras dormían.  Irán contraatacó y, a diferencia de Israel, no apuntó deliberadamente a blancos civiles.  EEUU se sumó al cargamontón, bombardeando una planta nuclear de Irán, sin tampoco ser provocado.  La UE se olvidó de las posibles sanciones a Israel y Macron dejó de aparentar escrúpulos cancelando el cónclave a con Arabia Saudita y alineándose firmemente con Netanyahu.  Gaza salió de los titulares, que empezaron a ocuparse del supuesto “peligro de Irán” y la “guerra nuclear”.  Una jugada perfecta.

Matando a los muertos

A partir de ese momento, con Trump y la UE en el bolsillo de un Netanyahu sin líneas rojas, el lenguaje de los defensores del Estado sionista adquirió un tinte cada vez más orwelliano.  Una súbita amnesia hizo que se olvidaran de que fue Israel quien atacó a Irán y empezaron a referirse a Israel como la víctima; Irán pasó a ser el agresor y la realidad un detalle sin importancia; los iraníes asesinados por Israel no existían. Semanas después, en Washington, en una escena que pasará a la historia universal del absurdo, el cinismo o la infamia, el criminal de guerra con orden de arresto obsequio a su co-perpetrador una nominación para el premio Nobel de la paz, no sin antes haber atravesado el espacio aéreo de Italia, Francia, y Grecia, sin que ninguno esos estados se dignara a arrestarlo como era su deber, de acuerdo con lo ordenado por la CPI.

Desde entonces los ataques en Gaza se han intensificado. Los muertos diarios por ataques israelíes oscilan entre 100 y 130 y una parte de ellos son causados por la orwellianamente llamada “Gaza Humanitarian Foundation” (GHF) una entidad de contratistas privados, mercenarios estadounidenses y ex agentes de la CIA que coordina con el ejército israelí para entregar magras raciones de comida a la población, reemplazando a la ONU, a la que Israel ya no le permite operar en la franja;  en realidad la GHF es pieza de un engranaje para desplazar forzadamente y ejecutar palestinos. Desde Mayo, unos 850 han sido asesinados mientras esperaban comida.  Norman Finkelstein las ha comparado con trampas para ratones y las “duchas” de los nazis.  Con razón dijo Francesca Albanese: “Israel mata a la gente que se está muriendo de hambre”.

Bogotá y el Grupo de La Haya

Para poner fin a la impunidad histórica de Israel se constituyó en enero de este año el Grupo de La Haya, conformado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica y acaban de tener un cónclave de emergencia en Bogotá, al que asistieron un total de 30 países, entre ellos Brasil, China y España. El grupo se compromete a realizar acciones efectivas para que los estados cumplan con las recientes disposiciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para poner fin al genocidio y la ocupación ilegal de Israel de los territorios palestinos y que los estados cumplan con facilitar las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Yoav Galant por crímenes de guerra, como provocar hambruna y otros delitos de lesa humanidad.

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para de los territorios palestinos ocupados, que está muy comprometida con esta iniciativa y asistió Bogotá, dijo, según cita The Guardian: “por mucho tiempo la ley internacional ha sido tratada como si fuera opcional: aplicada selectivamente a aquellos percibidos como débiles e ignorada por los que actúan como los poderosos. Este doble estándar ha erosionado los verdaderos fundamentos del orden legal. Esta era debe terminar”.

Bruselas y el blindaje a la impunidad

No obstante, simultáneamente, en Bruselas, la UE decide mantener su asociación y tratados económicos con Israel, pese a que sus estatutos les impiden comerciar con países que estén violando los derechos humanos. Esta abdicación de la UE de sus responsabilidades provocó una enérgica respuesta de organizaciones de derechos humanos. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, dijo que se trata “de una cruel e ilegal traición al proyecto y visión europeos, basados en la defensa del derecho internacional (…) y de las propias reglas de la UE y los derechos humanos de los palestinos (…) que será recordada como uno de los momentos más vergonzosos de la Unión Europea”.

Si bien el Grupo de la Haya es todavía pequeño, y su poder es limitado en comparación con el de EEUU y la UE, que insisten en avalar la ilegalidad, la criminalidad y la impunidad cuando se trata de Israel, el sentir de la ciudadanía global se acerca más a Bogotá que a Bruselas.  Da qué pensar, considerando la gravedad de lo que está en juego, que el cónclave bogotano no haya hecho noticia en el Perú… O quizá no tanto…

https://larepublica.pe/opinion/2025/07/21/el-mundo-entre-bogota-y-bruselas-por-cecilia-mendez-hnews-638967

https://www.leerydifundir.com/2025/07/mundo-bogota-bruselas/

¿Qué significaría una Palestina libre?

Cecilia Méndez

Lo insólito, lo chocante, lo incomprensible es el grado de impunidad que goza Israel tras más de un año y medio de un genocidio transmitido en vivo por sus propias víctimas.

“El colonialismo es un estado mental”
— Rula Jebreal

“¿Qué significaría una Palestina libre? Me pregunta Patricia Salas, exministra de Educación, en una entrevista desde Arequipa. No soy especialista en el Oriente Medio, está de más decir, pero llevo varias columnas escribiendo sobre Gaza y hablo de Gaza, cualquiera sea el tema que trate, si se trata del momento actual.  Porque como dice mi colega, la historiadora palestina Sherene Seikaly en su último editorial de the Journal of Palestine Studies, “Gaza está en todas partes”. Y está en todas partes, pese a que también se está encogiendo... Porque mientras por un lado, el ejército de ocupación destruye todo resquicio de vida en Gaza y ensancha la zona que ha tomado militarmente, empujado a la población que sobrevive a sus brutales bombardeos a un espacio cada vez más  reducido —en la práctica, creando un campo de concentración—   los ciudadanos del mundo, indignados ante la inacción o complicidad de sus gobiernos, llenan calles y plazas flameando la bandera palestina y convocando cada  vez a un número mayor de personas y lugares para reclamar el fin del bloqueo, del genocidio, y de la ocupación. Ya sea una flotilla por el mar o marchas de gente de múltiples países por tierra para abrir las fronteras de Gaza con ayuda humanitaria, la gente común arriesga su vida, por lo que están obligados a hacer sus gobiernos.

Lo insólito, lo chocante, lo incomprensible es el grado de impunidad que goza Israel tras más de un año y medio de un genocidio transmitido en vivo por sus propias víctimas.  Israel ha batido todos los récords en capacidad destructora de un pueblo: más periodistas asesinados que en seis guerras internacionales del siglo XX y la guerra civil de EEUU juntas, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Brown (230 periodistas de acuerdo a algunos cálcuos); incontables paramédicos, médicos  y rescatistas, incluyendo 300 trabajadores de la ONU, cuyos colegios, centros de almacenamiento y ambulancias Israel bombardea cada día; ha vetado a la UNRWA de Israel y declarado al  jefe de la ONU “persona non grata”. Desde marzo, más de dos millones de gazatíes están en riesgo de morir de hambre, bombardeos o por enfermedades. Lo que eran 400 centros de abastecimiento que organizaciones humanitarias independientes, incluida la ONU, operaban con eficiencia, han pasado a ser cuatro puntos caóticos y letales de distribución de comida inadecuada, que obligan a los gazatíes a caminar kilómetros con el riesgo de morir abaleados, como ha ocurrido con al menos unos 140, incluyendo niños buscando qué comer.

Pese a todo ello, y pese a que Israel está en juicio por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y  que Netanyahu tienen orden de captura internacional por crímenes de guerra y  otras atrocidades por la Corte Penal Internacional, y que el año pasado la ONU falló declarando ilegal de la ocupación israelí y ordenó el retiro de todos los asentamientos Israel en Gaza y Cisjordania para setiembre de este año, ni Europa, y menos EEUU, han impuesto a Israel ninguna sanción efectiva. No han pasado de palabras, mostrando de qué fibra están hechas las “democracias liberales” de los países más afluentes.

¿Qué puede resultar tan amenazante de la idea de una Palestina libre para que sea preferible defender un genocidio? Incluso, está a punto de ser votada en la Cámara de Representantes de EEUU una resolución para declarar “Palestina libre” un lema “antisemita”.  ¿Por qué en EEUU se secuestra, se encarcela, se deporta a residentes legales, se les revocan sus visas a estudiantes por haber escrito un editorial o hablado contra el genocidio y en defensa de los derechos de los palestinos?  ¿Por qué resulta un delito tan temerario pedir para los palestinos lo mismo que se pide para el resto de la humanidad sin que cause escándalo?: comida agua, salud, higiene, derecho a una familia, a una casa, a escuelas universidades, a templos, a parques, a agua potable, a calles donde caminar, a museos y biblioteca y hasta un lugar para llorar a sus muertos, porque hasta los cementerios son blanco de las bombas israelíes?

¿Por qué los medios más prestigios de Europa y EEUU facilitan, por acción omisión, este genocidio; por ejemplo, negándose a publicar las declaraciones públicas genocidas de los lideres israelíes y reproduciendo como información válida la propaganda oficial de su ejército? ¿Por qué no se publica en primera plana las masacres diarias de hasta 150 palestinos, dando pie a un parlamentario israelí  a decir  (parafraseo): “podemos hacer lo que queramos y a nadie le importa; podemos matar a cien palestinos en una noche y a nadie le importa”?

Cualquiera sea respuesta, tendría que contemplar la historia de impunidad que no es de ahora. Se remonta 1948, el año de la creación misma del Estado de Israel, dice Rula Jabreal, escritora y periodista palestina residente en Italia, en conversación con Naomi Kelin en el portal Zeteo, sobre su reciente libro en italiano Genocidio. Jabreal habla de la temprana violación del derecho al retorno, porque cuando terminó la guerra ese año y se discutió en la ONU la posibilidad del retorno de los 750,000 palestinos expulsados de sus hogares con la creación Israel, un grupo paramilitar sionista asesinó al funcionario suizo de la ONU encargado de tramitar este proceso, Folke Bernadotte, y no hubo sanción alguna. Desde entonces la impunidad persiste y se agrava a la par de los crímenes.

No es asunto de derecha o izquierda

Sin descartar los intereses comerciales, económicos y estratégicos de Europa con Israel, un enclave occidental en las puertas del mundo árabe, a los sus políticos parece costarles no seguir viendo a esos pueblos como dominios coloniales; la idea de una Palestina libre parece resultarles inquietante,  lo mismo que a EEUU, el imperio informal.  Pero no se trata de una pugna entre derecha e izquierda. Se trata, como bien afirma Jabreal, de una diferencia entre “humanistas y la gente que (…)  cree en un orden mundial en el que las protecciones no aplican a gente como yo”.  Naomi Klein la interrumpe: “supremacistas y fascistas”.  Pero Jebreal retruca: “Supremacistas y fascistas, pero también gente que es liberal, pero piensa que el orden liberal es para liberales y no para los otros, como quiera que quiera llamarlos. Entonces, la colonización es un estado mental. No es ni siquiera geográfico o político (…); es una cosa cultural”, prosigue.  Y aduce que por eso “mucha gente en nuestro campo cree que Occidente puede hacer lo que quiera dentro de sus fronteras, pero lo que está afuera de las fronteras es la jungla”. Y concluye: “esa es la manera en que abres el camino al fascismo…”

Si bien el futuro no se ve auspicio, Jabreal nota cómo en Italia ha virado la opinión considerablemente a favor de los palestinos (como ha sucedido en muchas partes del mundo) y dice:  “Las acciones  que tomemos hoy decidirán si Gaza es el modelo donde la ley internacional es reforzada o se convierte un modelo para exportar” O, podríamos añadir, como lo puso el caricaturista Joe Sacco, “el lugar donde fue a morir Occidente” .

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/06/15/que-significaria-una-palestina-libre-por-cecilia-mendez-hnews-1347915

https://www.leerydifundir.com/2025/06/significaria-una-palestina-libre/

 

Las Cartas de Fernando Túpac Amaru

Cecilia Méndez

Sus cartas son el testimonio humano de un joven que habiendo sido obligado a someterse y depender de un Estado que mató a sus padres y a su hermano, lo separó de su país y de su familia, defendió su nombre, su derecho al trabajo, y su humanidad con dignidad.

Hay cosas del pasado que nunca podremos conocer.  Porque los silencios, como dijo el maestro haitiano Michel-Rolph Trouillot, entran en la historia desde el momento mismo de la constitución de los archivos.  Pero silenciar es también una forma de ejercer poder, empezando por el poder de narrar el pasado, como arguye en su célebre libro, Silenciando el Pasado, de 1995.

Fernando Túpac Amaru, el hijo menor de José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas, que fue obligado a presenciar la  tortura y ejecución de sus padres y su hermano mayor Hipólito,  en la plaza mayor del Cuzco un día como hoy, hace 244 años siendo un adolescente, sufrió la condena del silencio en carne propia. Porque, aunque fue condenado al destierro, sin haber cometido otro delito que “ser hijo del padre” , o “el de haber nacido”, como él mismo lo puso en una de sus sentidas cartas al rey de España,  su sentencia mayor,  porque se proyecta a la posteridad, fue al silencio.  Una condena contra  su familia, contra una estirpe, contra los caciques y descendientes de los incas que osaron levantarse contra la monarquía hispánica tras 250 años de  dominio colonial. Esto es más que una metáfora.  En cumplimiento del ritual macabro de la sentencia del visitador José Antonio de Areche que Fernando fue obligado a presenciar cuando aún no había cumplido los 13 años, a todos los reos debía cortárseles la lengua antes de su ejecución. Pero su madre Micaela “no quiso dar la lengua, y se la cortó el berdugo [sic] después de muerta”,  según  “La Relación de las últimas actuaciones judiciales obradas por el señor visitador del Cuzco [Areche]  del  19 de mayo de 1781.  La elocuencia simbólica del acto nos ahorra mayor explicación. Pero la desobediencia de Micaela, su rechazo a ser silenciada, tendría que ser mejor valorada, como siento que lo hizo su hijo, el joven Fernando, después de haber leído detenidamente las 16 cartas inéditas que este escribió  durante su destierro en España, desde que tenía  19 años en 1787  hasta su muerte, solo,  pobre y enfermo, en Madrid, a la edad de 30 años, en 1798. Estas acaban de ser publicadas  por la nueva editorial peruana Isole, como Las Cartas de Fernando Túpac Amaru, 1782-1798.

 El material, que estudié para  escribir el “Estudio introductorio” del libro — y que me tomo la libertad de  parafrasear extensamente en esta columna —  incluye, además, otras dos cartas de Fernando previamente publicadas, las respuestas de las autoridades y sus deliberaciones relacionadas con sus pedidos. La publicación, producto del trabajo colectivo de varias personas animadas por la fundadora de Isole,  Viola Varotto, quien encontró los documentos en el Archivo General de Indias de Sevilla, no es solo el  portal de ingreso a una vida de indudable importancia histórica  que ha permanecido silenciada por más de dos siglos,  sino que nos permite conocer las reverberaciones menos conocidas de la   “Gran rebelión” de 1780-1783, particularmente las jurídicas, para no hablar de su evidente actualidad. El libro, además, constituye en sí mismo,  una subversión al silencio que el poder colonial quiso imponer sobre los descendientes biológicos y potenciales herederos  políticos del cacique rebelde,  y a todos quienes osaran subvertir la autoridad colonial.

Más  allá de la tortura y ejecución pública ejemplarizadoras ejercidas sobre cuerpos de los acusados por la rebelión,  la  sentencia de Areche,  como es bastante conocido en la historiografía, incluía la destrucción de  retratos, pinturas, vestidos y música y otras expresiones culturales que pudieran revivir la memoria de los incas. Pero   lo que se ha subrayado menos es que la sentencia  buscó también suprimir la memoria insurgente en la palabra escrita, concretamente sus archivos.  Si en el cuerpo, como blanco punitivo de la violencia del Estado, la lengua era la palabra hablada, la sentencia de Areche buscó también destruir la palabra escrita, los archivos que daban fe de un linaje y una descendencia. Ordenó así recolectar e incinerar en plaza pública de Lima todos los autos y documentos presentados por José Gabriel en la Audiencia de dicha ciudad para probar su linaje inca (como descendiente de Felipe Túpac Amaru, el último Inca, ejecutado por el virrey Toledo en 1572), “para que no quede memoria de tales  documentos (citado en el “Estudio Introductorio” p.  40).

Por ello, de alguna manera, la publicación de este libro constituye un ejercicio de restitución, que más allá de su valor histórico intrínseco es de especial actualidad en un contexto en que ya no son las autoridades coloniales, sino las propias autoridades republicanas encargadas por velar nuestro patrimonio documental y cultural, quienes lo ponen en peligro, como demuestra el inminente desalojo y desmembramiento de nuestro archivo más importante, el Archivo General de la Nación ahora en curso, replicado desmembramiento que sufrieron los rebeldes tupacamaristas, y el propio Tupac Amaru, hace casi dos siglos y medio, como bien lo puso Hans Cuadros en una columna aptamente titulada “La cultura desmembrada” en este diario (25/04/2025).

Dos de los hallazgos más significativos de la investigación que realicé para el “Estudio introductorio” tienen que ver con la edad de Fernando y con su condición jurídica. Aunque generaciones de historiadores han dicho que tenía 10 años y medio al momento de la ejecución de sus padres, Fernando estaba  próximo  a cumplir los 13. El error, que se origina en los propios  documentos generados por Areche, no es un detalle menor, porque fue probablemente parte de la estrategia legal de su defensa para declararlo inimputable por minoría de edad. Ello nos remite a una pregunta que no deja de ser actual, ¿desde cuándo se puede decir que alguien es niño, y, por tanto, penalmente inimputable? Hoy, el congreso peruano busca rebajar la imputabilidad penal hasta a los menores de 14.  Hoy, en Israel, se encarcela y se juzga en tribunales militares a niños de hasta 12 y 13 años.

Finalmente,  a  Fernando la corona  lo mantuvo deliberadamente en un limbo jurídico, para privarlo de derechos, pese sus insistentes reclamos de que se le diera siquiera condición oficial de preso.  Porque como tan bien argumentó Hannah Arendt en su célebre  Los Orígenes del Totalitarismo,  un criminal que es ciudadano de un Estado,  tenía más derechos que un judío despojado de su nacionalidad en la Alemania de los años treinta, y, podríamos añadir, que un palestino después de 1948.  Ese era también el joven Fernando.  ¿Cuántos Fernando Túpac Amaru existen hoy en el mundo? ¿A cuántos se les detiene, destierra y tortura, se les priva de la libertad por ser hijos “de tal padre” o simplemente “por el delito de haber nacido”?

Sus cartas son el testimonio humano de un joven que habiendo  sido obligado a someterse y depender de  un Estado que mató a sus padres y a su hermano, lo separó de su país y de su familia, defendió su nombre, su derecho al trabajo, y su humanidad con dignidad.

https://larepublica.pe/opinion/2025/05/18/las-cartas-de-fernando-tupac-amaru-por-cecilia-mendez-hnews-1570032

https://www.leerydifundir.com/2025/05/las-cartas-fernando-tupac-amaru/

Perú: Artículo 46

Cecilia Méndez

Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
​(Artículo 46, Constitución Política del Perú, 1993.​)

Me pregunta el periodista César Hildebrandt con qué momento de la historia podría compararse el Gobierno de Dina Boluarte. Me sorprende este lugar común, viniendo de un periodista nada común. Nunca sé qué contestar ante esa pregunta “clásica”; mi conocimiento de nuestros gobiernos en 200 años está lejos de ser enciclopédico, tampoco soy historiadora presidencialista (una especialidad de la Historia que existe en los EEUU…). Y aunque si me hubiera preguntado lo mismo hace unos meses, no hubiera dudado en decir que este tiempo se parece a fines de los ochenta e inicios de los noventa —por el nivel de descomposición institucional y social, la violencia rampante, la dificultad de diferenciar a un policía de un delincuente la desmoralización generalizada, el éxodo de peruanos—, le respondí algo así como: “El Gobierno de Boluarte no se parece a ninguno”, movida (tal vez) más por el horror que por la certeza; por la repugnancia y virtual incredulidad que me causa — y sé que no estoy sola en esto— el ser testigo y víctima de una degradación social, moral y política que parece no tener fondo,  abominable y perversa, de un Gobierno que legisla para, y no contra,  el crimen, lo que, en su empoderamiento, ni siquiera tienen vergüenza de ocultar. Una degradación que no solo se expresa en cada acto  de desprecio por la vida y el bienestar de los ciudadanos, que es la mayor obra cotidiana de este Gobierno, sino en cada gesto, silencio o palabra.

Porque la degradación empieza con lo que la coalición criminal que gobierna ha hecho con las palabras. Porque hoy, solo para mencionar lo que ha trascendido más recientemente, cuando se dice “jefe de la Oficina Legal y Constitucional” del Congreso, hay que pensar en proxeneta; cuando se dice Congreso, en “burdel”; cuando se dice ministro de Educación, en “ser humano que animaliza a sus semejantes” —o miserable fascista (hay sinónimos)— y no solo el actual, que aludió a las víctimas de los asesinatos de los que es responsable Boluarte  de como ratas, sino su predecesor,  que dijo que las mujeres aimaras eran peor que animales. Hágase una pausa para pensar lo que implican estas palabras de la boca de quien es responsable máximo de la educación en el país, con el agravante de que siga en su puesto sin inmutarse . Y porque, hoy, decir “discurso a la nación” no es un discurso de interés público para los ciudadanos, sino una perorata de la presidenta para ventilar una queja personal o justificar o negar una conducta delictiva. Como cuando salió a quejarse indignada porque el Congreso no le autorizó un viaje a Nueva York; o para decir que los Rolex que recibió del gobernador Oscorima no fueron regalados sino prestados; que no se operó la cara, que todos vimos transformada, por vanidad, sino por salud en un intento torpe, impúdico y cínico de negar la realidad que está a la vista de todos, lo que delata sus limitaciones narcisistas y sus propios delitos.

Cuando se la compara con algunos de sus predecesores inmediatos, como Castillo, Vizcarra, Merino y PPK, y hasta Alan García , todos ellos en algún momento escucharon y cedieron. Castillo se retractó varias veces y dio marcha atrás cambiando ministros,  Vizcarra cerró el Congreso constitucionalmente y llamó a plebiscito por reformas políticas, PPK anuló la ley Pulpín, y hasta un desafiante Alan García anuló los decretos que ocasionaron derramamiento de sangre en Bagua. Boluarte, en cambio, desde que empezó su Gobierno ha hecho gala de una cerrada inflexibilidad y una actitud tiránica que no ha cambiado un ápice. Su primer acto de Gobierno fue autorizar la masacre de peruanos y peruanas, tan jóvenes como de 15 años; culparlos de sus propias muertes y negarlo todo hasta el día de hoy. Además de perseguir a sus oponentes  y servir de lacaya a un Congreso con el que pactó,  traicionando al expresidente Castillo, y a un fujimorismo que perdió las elecciones y con el que hoy cogobierna junto con los otros traidores con los que postuló como es  el partido Perú libre.

Porque hay que decirlo claramente. El poder de Boluarte no es suyo. Dina es el epígono de una era que empezó en los noventa y el principal instrumento de la restauración fujimorista. Un fujimorismo que, despojado de su tecnocracia y sin un “Sendero Luminoso” del cual “salvarnos” (por eso necesita constantemente  inventar “terroristas”), ha quedado al desnudo en su esencia delictiva noventera. Esta no es una opinión. Es un hecho comprobable, entre otras cosas, por las 67 modificaciones de la Constitución que el Congreso ha realizado en dos años y la seguidilla de excarcelaciones que viene sentenciando el  Tribunal Constitucional de mayoría fujimorista a los condenados por crímenes de lesa humanidad, entre otros, del régimen de los noventa, gracias a las leyes perpetradas por el actual Congreso.

¿Hay remedio?

Yo creo que sí. El historiador Enzo Traverso dijo en una reciente entrevista que “la revolución es la invención del futuro”. Pero esta invención no es obra de intelectuales ni políticos, quienes más bien deben escuchar a los ciudadanos movilizados desde abajo, pues la revolución es el momento en que estos cobran consciencia de su poder.
 
En el Perú, este cambio pasa por dar algunos pasos osados, empezando por el reconocimiento de lo que los movilizados contra Dina desde diciembre de 2023 ya sabían, y decenas fueron acribillados por eso: que vivimos bajo  un Gobierno usurpador. Y que, por virtud del artículo 46 de la Constitución, no tiene derecho de permanecer más en el poder y, por tanto,  ”la población civil  tiene derecho de insurgencia”.  Es un Gobierno usurpador porque el Congreso, valiéndose de una hemorragia de modificaciones inconsultas a la Constitución —este diario ha reportado que son 67 en dos años—, ha cambiado la estructura jurídica del Estado y viene usurpando las tareas del Ejecutivo y otros poderes en su intento de capturar todas las instituciones  y poderes del Estado, en flagrante violación a la separación de poderes establecida en el artículo 43.

Además, el Congreso, que fue elegido asamblea legislativa, se ha convertido de facto en una asamblea constituyente  —y más propiamente por lo que ha trascendido, prostituyente— después de haberle negado a la ciudadanía el derecho de convocar a una asamblea constituyente democrática  para asegurar la participación de todos.

Por último, es un Gobierno no solo usurpador sino golpista. Porque aunque haya sido Castillo quien leyó una proclama golpista, su golpe nunca se materializó como sí lo hizo el que perpetró y perpetra cada sí del Congreso con el aval de Boluarte.

Al Perú, no lo van a cambiar las encuestas ni la indiferencia. Solo la acción.

https://larepublica.pe/opinion/2024/12/22/articulo-46-por-cecilia-mendez-1792846

https://www.leerydifundir.com/2024/12/peru-articulo-46-2/

EE. UU.: Fascistas y confederados

Cecilia Méndez

Desde el comienzo de su gobierno, Trump dio muestras de su vocación fascista. Esto quedó evidenciado, en primer lugar, en su lenguaje divisivo impregnado de racismo: “ellos” contra “nosotros” –parafraseando a Jason Stanley— donde “ellos” son los inmigrantes marrones y los estadounidenses negros, y “nosotros” los blancos. De allí las primeras leyes: construir muros y cerrar fronteras a los percibidos como no blancos.

En segundo lugar, está su vocación antidemocrática, expresada en un ataque sistemático a la división de poderes y a las instituciones de un Estado que él mismo debía liderar. Trump inauguró su régimen denigrando a funcionarios FBI, de la CIA, del Departamento de Estado, y destruyendo o debilitando agencias estatales, y lo concluyó dinamitando el Parlamento, el corazón mismo de la democracia representativa, con la idea de perpetuarse en e l poder, contra los resultados electorales. Este ataque al Capitolio por hordas de supremacistas blancos alentados por su prédica mendaz, machacada obsesivamente, de que las elecciones fueron fraguadas, no solo fue una afrenta a la voluntad de millones de estadounidenses expresada en las urnas, sino de los tribunales de justicia, incluyendo la Corte Suprema, que, uno a uno, desestimaron sus más de 60 demandas de fraude electoral. Trump desconoció los poderes legislativo, judicial y electoral, y también a los fiscales generales de los estados en los que creía podría torcer los resultados a su favor. Como nada resultó, y como el ejército no iba a acompañar su aventura golpista, arengó a sus seguidores para que marchasen al Capitolio a impedir por la fuerza la certificación de los votos, en un espectáculo macabro que horrorizó al mundo. Trump nunca reconoció su responsabilidad ni expresó empatía por las cuatro personas que murieron vivando su nombre, ni por el policía asesinado; ni siquiera por los congresistas o por su incondicional vicepresidente, cuyas vidas estuvieron en juego en el ataque. Nada hizo por detener la violencia.

Y esta vocación por la violencia, de la que Trump hizo siempre alarde con sus guiños de aprobación a los grupos de supremacistas blancos y neonazis, aun después de los asesinatos que estos perpetraron en ocasiones, constituye un tercer aspecto que tipifica a los fascismos, de acuerdo al historiador Federico Finchelstein (A Brief History of Fascist Lies, UC Press, 2020).

En cuarto lugar está el uso sistemático de la mentira, a la que Trump no dio tregua. Si hay quienes consideran a la mentira un elemento constitutivo de la política, aquella es central en el fascismo, dice Finchelstein. Y, parafraseando a Arendt, prosigue: “el fascismo es la mentira organizada”; “no se trata solo de ocultar la verdad si no de destruirla”. De allí el ataque incesante de Trump a la prensa como “noticias falsas “. En el fascismo la verdad no emana de los hechos sino del poder, del líder que crea el mito fascista de la “gran nación” que, en el caso de Trump, es una nación de blancos.

Pese a que estos cuatro rasgos del fascismo estuvieron presentes desde el comienzo en el reinado de Trump, son pocos los académicos estadounidenses que lo han llamado fascista. Esto puede deberse a la acendrara autopercepción de su país como el adalid de la democracia en el mundo, cosa que dudamos muchxs latinoamericanxs: EEUU apoyó a dictaduras y destruyó democracias en América Latina durante buena parte del siglo XX. También lo dudan muchxs afroamericanxs, cuyas luchas por ser considerados ciudadanxs desde 1865, en que la causa esclavista de la Confederación fue derrotada, se enfrentaron con brutal violencia, que recrudece cada vez que un negrx asume un puesto de poder, como ocurrió durante la Reconstrucción (1865-1877). Y como volvió a ocurrir con Obama. El trumpismo podría entenderse como una reacción “NeoConfederada” a Obama, visto como una amenaza al privilegio racial blanco. Las banderas confederadas que se vieron flamear en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero no fueron casuales, como tampoco lo es que Trump será juzgado por “incitar a la insurrección”. Esta enmienda fue añadida a la Constitución después de la Guerra Civil de 1861-1865, para evitar una nueva insurrección confederada. Pues, en su momento, dicha guerra se conoció precisamente como “insurrección”.

Cecilia Méndez.  Dra. en Historia por Stony Brook University y Lic. por la PUCP. Prof. Historia y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de California-Santa Barbara. Autora de La república plebeya, Incas sí, indios no. Ver más: https://www.history.ucsb.edu/faculty/mendez/

https://www.leerydifundir.com/2021/01/ee-uu-fascistas-confederados/

San Martín no debe estar en el centro de la memoria de la Independencia

​Cecilia Méndez

En comparación con otros países, los peruanos hemos construido una memoria oficial de la independencia como un proceso venido de afuera y minimizando la participación de los peruanos, señala la reconocida historiadora.

Por muchas generaciones los peruanos hemos venido conmemorando el 28 de julio de 1821 como “el día de nuestra independencia”. La fecha en que José de San Martín proclama la independencia en Lima está firmemente anclada como la efemérides nacional por antonomasia ¿Pero es el 28 de julio el día más lógico para conmemorar nuestra independencia del imperio español? ¿Hasta qué punto se trata de una celebración más limeña que nacional?

Si bien el 28 de julio se estableció tempranamente como día oficial la independencia, no fue el único. En 1833, el presidente Agustín Gamarra promulgó un decreto para conmemorar anualmente las batallas de Junín y Ayacucho del 6 de agosto y 9 de diciembre 1824, “como parte de los sucesos memorables de nuestra emancipación”. Gamarra buscaba así poner en relieve la participación del ejército peruano, del que él era parte, en la consecución de la independencia. Significativamente, y aunque tal vez Gamarra no se lo propusiera así, esta pluralidad celebratoria realzaba también el lugar de la sierra sur y central andina en el proceso de la independencia. Pero pese al alcance continental de la batalla de Ayacucho, que se reconoce mundialmente como el hito definitivo de independencia hispanoamericana, la multiplicidad de celebraciones se fue desvaneciendo en el calendario oficial para destacar, si no exclusivamente, sí de manera central, la proclama de San Martín en Lima.

Esta decisión tuvo otro efecto paradójico. El fijar como hito conmemorativo central de la independencia la proclama limeña de San Martín, invisibilizaba el proceso de independencia en sí, es decir, los movimientos insurgentes y separatistas ocurridos en distintas partes del Perú previamente a la llegada del general rioplatense. Los peruanos construimos, por ende, una memoria oficial de la independencia como un proceso cuasi providencial, venido de fuera y hasta teñido de elementos oníricos, como cuando se les enseña a los niños ¡que la bandera peruana se originó en un sueño de San Martín! En este sentido, somos una anomalía continental: escogimos un momento tardío, un momento hito comparativamente desprovisto de carga insurgente, además de propiciado desde fuera, para conmemorar nuestra independencia.

El Perú es, en efecto, virtualmente el único país de América Latina que conmemora su independencia el día en que ésta se proclamó y no el día en que (se asume) se inició este proceso. Por ello, el Perú será también el último país latinoamericano en conmemorar el bicentenario de su independencia. Los demás países escogieron celebrar sus independencias rememorando hechos insurgentes que marcan el inicio de una revolución política, como la formación de juntas de gobierno que desconocieron a las autoridades españolas en las colonias en el marco de la crisis política provocada por la invasión de las tropas de Napoleón Bonaparte en Península Ibérica entre 1808 y 1814. México, por ejemplo, obtuvo su independencia, al igual que el Perú, en 1821, pero, la celebra el día en que el cura Manuel Hidalgo lanzó una masiva insurgencia popular en 1810. Por ello México no esperará el 2021 para su bicentenario, lo celebró en el 2010 . Chile proclama su independencia en la batalla de Maipú en 1818, pero también ya celebró su bicentenario porque conmemora como el día de su independencia su junta de gobierno de 1810. Las Provincias Unidas de Sudamérica, como se llamó la futura Argentina, proclamaron su independencia en 1816, pero Argentina celebra la revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires como el día de su independencia y por tanto celebró su bicentenario el 2010. Bolivia y Ecuador lo hicieron incluso antes, en el 2009, porque conmemoran sus juntas insurgentes de 1809 en las audiencias de Quito y la Paz, respectivamente, como sus aniversarios patrios.

El Perú no careció de insurgencias y juntas antiespañolas antes de la llegada de San Martín, análogas a las que otros países americanos escogieron para celebrar sus independencias. Las hubo en Tacna en 1811 y 1813, en Huánuco en 1812 y especialmente en Cuzco entre en 1814 y 1815. Aquí, la revolución liderada por los hermanos Mariano, José y Vicente Angulo y el cacique Mateo Pumacahua fue tan vasta que llegó hasta La Paz, y tuvo un contenido separatista aún más marcado que la rebelión de Hidalgo de 1810, que México considera el inicio de su proceso de independencia. Los rebeldes cuzqueños establecieron un calendario revolucionario que declaraba 1814 como “año primero de la libertad”, que fue evocado por las poblaciones del sur del Perú hasta bien entrada la república. Pero la memoria oficial del país dejó estos acontecimientos en las márgenes, si acaso los consideró.

No es entonces descabellado suponer que la fijación del 28 de julio como el hito central de la independencia fuera una manera de evitar referirse a las mencionadas insurgencias regionales, de fuerte componente indígena. Y en ello la historia oficial “criolla” es más parecida a la historiografía marxista, supuestamente contestataria, de la década de 1970, de lo que ésta quisiera admitir. Ambas minimizan la participación de los peruanos en el proceso de independencia, al que conciben como venido de fuera, y ambas ven a los indios como masas manipuladas. Pero la versión sanmartinocéntrica de la independencia, lejos de ser fortuita, fue delineada cuidadosamente a mediados del siglo XIX por el historiador Mariano Felipe Paz Soldán, cuya Historia del Perú Independiente (1868) asume que la independencia peruana se inició literalmente en 1819, con los preparativos de la expedición de San Martín en Río de la Plata. Esta versión de la independencia fue refutada en lo inmediato por el liberal y veterano de la independencia Francisco Javier Mariátegui, y en el siglo XX por el historiador José de la Riva Agüero. Pero no por ello dejó de ser la “versión oficial” y hegemónica.

Esta larga historia oficial se desestabilizó por primera vez cuando el gobierno militar izquierdista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) proclamó a Túpac Amaru II como el iniciador, con su rebelión de 1780, de una independencia culminada en los campos de Ayacucho, cuarenta y cuatro años después. Velasco desplazó así por primera vez del centro a San Martín para privilegiar a un héroe indígena. Sin embargo, Velasco, no estaba creando una nueva historia, tanto como oficializando una memoria de la independencia que había existido en las márgenes, paralela y anteriormente a la historia sanmartiniana de Paz Soldán, y cuyos orígenes se remontan al periodismo cuzqueño de la década 1830, aunque el espacio no permite expandirme en ello.

Y aunque la versión velasquista de la independencia pueda sonar hoy herética y hasta demasiado “radical” para las sensibilidades del Perú neoliberal, fue avalada, nada menos que por el diario más antiguo e importante del país, antes de ser expropiado por Velasco. La portada que El Comercio de los Miró Quesada dedica al sesquicentenario de la independencia muestra en el centro a un Túpac Amaru enorme con el torso desnudo rodeado de personajes de menor tamaño, entre ellos, San Martín.

Una portada impensable hoy, sin duda, pero que nos invita a pensar, junto con todo lo que he expresado hasta aquí, que la independencia no es una historia acabada y que la memoria de lo que ésta constituye y significa, y cómo se debe representar, aún a nivel oficial, lejos de ser estática, ha estado en constante disputa.

Ha sido una memoria moldeada por los acontecimientos y tensiones propios de cada época, y lo sigue siendo hoy. 

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* Cecilia Méndez.  Historiadora y catedrática

http://www.leerydifundir.com/2016/07/peru-san-martin-no-estar-centro-la-memoria-la-independencia/