El Perú y la institución del asilo: la racionalidad democrática

Manuel Rodríguez Cuadros

Si se tratase de introducir en la Convención un mandato para que el Estado territorial pueda calificar la solicitud de asilo, sería sencillamente anular el asilo como institución.

Las dictaduras del general Augusto Pinochet y de Jorge Rafael Videla fueron las primeras en cuestionar la validez y el alcance de la institución del asilo. Cuestionaron la calificación del Estado asilante. Inauguraron, también, la práctica dilatoria de demorar el otorgamiento de los salvoconductos, durante semanas y hasta meses. Finalmente, los expidieron en todos los casos. Chile reconoció el asilo y extendió salvoconductos en cerca de 500 solicitudes. La Argentina lo hizo en 56. No obstante que ni uno ni otro habían ratificado la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

El asilo es una institución de derechos humanos. Consiste en que un Estado, el asilante, otorga protección a una persona que, a su juicio, es objeto de acusación por delitos políticos o es perseguida. Está dirigida a preservar la vida y la libertad.

La diplomacia peruana estuvo en el nacimiento de esta institución de tutela de los derechos humanos. En 1865 se realizó, en Lima, la primera reunión para discutir una Convención de asilo, bajo el liderazgo de Toribio Pacheco. El Perú ha sido un consistente y coherente defensor del asilo desde esos tempranos años. La excepción fue la dictadura de Odría, que negó el asilo a Haya de la Torre, para posteriormente reconocerlo y expedir el salvoconducto luego de un juicio en la Corte Internacional de Justicia.

La Convención de Asilo Diplomático de 1954, que es el derecho internacional vigente y que tiene rango constitucional en el ordenamiento jurídico peruano, otorga única y exclusivamente al Estado asilante la facultad de calificar si se trata de un caso político o de un delito común (Art. IV). Al mismo tiempo, dispone, en el artículo III, que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas en forma competente ante tribunales ordinarios por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político.

Conforme a estas disposiciones, el Estado asilante, en función de la apreciación que hace de los hechos, posee la facultad de determinar si se trata de un delito común —en cuya hipótesis no otorga el asilo— o si se está frente a un delito o persecución política que amerita la concesión del asilo. En el caso de Alan García, el gobierno del Uruguay determinó, conforme a la Convención, que se trataba de una acusación por delito común y no otorgó el asilo.

Independientemente de los argumentos políticos o ideológicos que diversos actores internos o los propios Estados territoriales puedan oponer a la calificación unilateral que hace el Estado asilante, esta es la única con valor jurídico conforme a las obligaciones del derecho internacional. La Constitución coincide con la Convención de 1954 al disponer de manera imperativa que “El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante.” (Art. 36). Esta norma se inspiró en el artículo I de la Convención, que obliga al Estado territorial a respetar el asilo de personas que lo soliciten por motivos o delitos políticos.

El Estado asilante concede el asilo si, en su apreciación, se trata de motivos o delitos políticos. Es esencial diferenciar estos dos conceptos. La motivación política no tiene una connotación jurídica. Se sustenta en una situación de disidencia o contradicción con el poder, en la que —siempre a juicio del Estado asilante— la persona solicitante se encuentra en riesgo, con temor fundado o en situación de amenaza por sus opiniones, actividades, vínculos, militancia, expresiones, cargos, funciones o identidad política, de modo que su seguridad personal solo puede ser garantizada buscando la protección del asilo.

Por el contrario, los “delitos políticos”, cuya existencia o presunción de existencia fundamentan el asilo, sí poseen una naturaleza jurídica. El derecho penal diferencia entre los delitos comunes y los delitos políticos. El delito común está dirigido contra bienes ordinarios (vida, propiedad, integridad, libertad, patrimonio), mientras que los delitos políticos son conductas dirigidas exclusivamente contra el orden político del Estado. Son delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Como anota Bramont Arias, en el Código Penal peruano están tipificados como aquellos que “atacan al organismo político del Estado o a los derechos políticos ciudadanos”. Sus tipos son la rebelión, la sedición, el motín, la conspiración y la seducción de tropas.

A estos delitos se refiere la Convención de Asilo Diplomático de 1954, en su interrelación normativa y constitucional con el Código Penal peruano. Por esta razón, el asilo otorgado en los casos de Lilia Paredes, Nadine Heredia y Betsy Chávez no presentan características similares. En el primero, Heredia fue objeto de un juicio, con sentencia, por un delito común (lavado de activos). El gobierno del Brasil, conforme al derecho que le otorga la Convención de 1954, al calificar el hecho estimó que el juicio y la sentencia estaban vinculados con una persecución política que ameritaba una respuesta humanitaria y concedió el asilo.

En el segundo caso, la esposa del expresidente Castillo no estuvo procesada por la presunta comisión de ningún delito; el gobierno de México también, en estricto cumplimiento de la Convención de 1954, concedió el asilo, pues consideró que, a su juicio, existía o podía configurarse una persecución política.

En el caso de Betsy Chávez, no se encuentra procesada por delito común de ninguna naturaleza, sino por el delito político de rebelión y, alternativamente, por el de conspiración. Tipificados como políticos por el Código Penal (artículos 346 y 349). En razón de la naturaleza política de estos delitos y de la presunción de persecución, el gobierno de México, en ejecución de las normas de asilo vigentes, ha concedido el asilo.

En los dos primeros casos, el gobierno del Perú procedió a otorgar el salvoconducto en estricto cumplimiento de la Constitución, sus obligaciones internacionales y el respeto al derecho internacional. Una conducta propia del Estado de derecho. En el asilo de la señora Chávez, el gobierno ha pospuesto el otorgamiento del salvoconducto, vinculando esta decisión a una gestión en la OEA para modificar la Convención de 1954.

Esta vinculación no está prevista en la Convención y es ajena a la institución del asilo. Es una decisión estrictamente política, que no justifica el incumplimiento del artículo XII de la Convención, que manda la inmediata entrega del salvoconducto. La demora injustificada —la voluntad de renegociar la Convención no puede ser, no es, una causa de fuerza mayor— pone al Estado peruano en el límite del incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

En términos procesales y legales, no se puede establecer interrelación alguna entre el asilo concedido por México y un interés de revisar la Convención. Son materias jurídicamente desvinculadas. En todo caso, el artículo XIII de la Convención ya regula el derecho del Estado territorial para entregar al Estado asilante toda la información, administrativa o judicial, que estime pertinente para sustentar su propia apreciación del caso.

Si se tratase de introducir en la Convención un mandato para que el Estado territorial pueda calificar la solicitud de asilo, sería sencillamente anular el asilo como institución. Lo que, además de ser un contrasentido jurídico, sería  de suyo inviable, reñido con los valores de toda sociedad democrática y con la tradición jurídica y diplomática del Perú.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/11/23/el-peru-y-la-institucion-del-asilo-la-racionalidad-democratica-por-manuel-rodriguez-cuadros-hnews-983158

https://www.leerydifundir.com/2025/12/peru-la-instituc…idad-democratica/ 

Estas democracias pervertidas

Luis Pásara

Cuando se designa periódicamente a alguien que frustrará expectativas.

La aprobación de la reelección indefinida en El Salvador, que abre el camino para que Nayi Bukele se perpetúe en el cargo, y la pantomima mediante la cual Nicolás Maduro se ha proclamado como ganador en las recientes elecciones venezolanas —así como el incalificable comportamiento de Legislativo y Ejecutivo en el Perú— nos ponen de cara a aquello que son los regímenes políticos en la región. ¿Son democracias? Si la democracia consiste en algo más que depositar un voto periódicamente, no lo son.

Al someter a pruebas relativamente simples aquello que hemos padecido en la región, los resultados suscitan muy serias dudas acerca de su supuesto carácter democrático. Tomemos el equilibrio de los poderes del Estado. ¿En qué países de la región el poder judicial ha servido como contralor al ejercicio del poder por el parlamento y el ejecutivo? En la Costa Rica de otra época ocurría pero ahora no es tan claro. Ni siquiera en Uruguay —país al que usualmente se le adjudica una tradición democrática sin recordar el negro periodo dictatorial entre 1973 y 1985— los jueces han estado a la altura de su función. En el Perú la tradición ha sido de sumisión y solo recientemente han aparecido algunas decisiones judiciales dignas de una democracia.

Tomemos un caso de mayor rango: la igualdad de derechos, que es un componente indiscutible de la noción de democracia. ¿Qué grado de igualdad de derechos han alcanzado los ciudadanos en nuestros países? Si no nos basta la respuesta que surja de constituciones y leyes mentirosas sino que vamos a la realidad, la igualdad de derechos es una meta muy lejana en todos o casi todos los países latinoamericanos. Pobreza, niveles rudimentarios de educación y otros obstáculos formidables —entre los cuales asoma la discriminación étnica o social— impiden ejercer derechos en condiciones de igualdad.

Y allí donde se ha dado pasos hacia esa meta, con frecuencia lo avanzado ha sido posible gracias a gobiernos que nos resistiríamos a considerarlos democráticos. Perón en Argentina abrió paso a ciertos niveles de igualdad social mediante el fortalecimiento del poder sindical —al que, desde luego, cooptó y mantuvo bajo control político—. Un gobierno nacido de un golpe militar y un fraude electoral subsiguiente, como el de Odría en el Perú, introdujo el derecho a voto de las mujeres y estableció la seguridad social pública.

El cansancio ciudadano con “la democracia”

Si lo que hemos tenido difícilmente han sido algo más que regímenes en los que, durante ciertos periodos, se ha podido votar, ¿por qué sostener, pues, como está de moda decir, que estamos ante “democracias fatigadas”? Más bien, la tendencia que comprueban reiteradamente las encuestas es el crecimiento de los ciudadanos fatigados. Esto es, hombres y mujeres que se declaran insatisfechos con la “democracia” que tienen, una que simplemente les permite designar periódicamente a quien frustrará sus expectativas.

En ese cansancio han surgido y se extienden las democracias pervertidas. Que son regímenes que mantienen el sufragio y responden a alguna demanda social extendida al tiempo que pretenden, con buenos o malos manejos, eliminar cualquier oposición. El crecimiento del delito y la inseguridad han dado oxígeno a propuestas como la de Bukele que, a cambio de contrarrestar la delincuencia a cargo de las maras, está extinguiendo los derechos básicos de los salvadoreños.

El caso de Ortega y el de Maduro son ejemplos de hasta dónde puede llegarse en formas de perversión a las que, de buena fe, nadie podría considerar democracias. Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, no conocen límites. Ni siquiera guardan las apariencias y, sin disimulo, proceden a encarcelar a quien se atreva a oponérseles. Nicolás Maduro se mantiene en el cargo echando mano a cualquier recurso, a costa de millones de venezolanos que han dejado el país no solo por razones políticas sino, sobre todo, por motivos económicos. Y de Cuba no resulta necesario ocuparse en este triste repaso.

En el Perú el curso degenerativo del régimen político puede seguirse en el periodo de 45 años inaugurado con la restitución del sufragio en 1980. Uno a uno, los gobiernos elegidos han sido incapaces de resolver problemas básicos de la población, al tiempo que han generado escándalos de corrupción en el ejercicio del poder. Adicionalmente, Alberto Fujimori incurrió en violaciones de derechos humanos e intentó perpetuarse en el poder.

Con la elección del dueto Castillo-Boluarte en 2021 las instituciones políticas han entrado en trompo, conforme muestran los insólitos niveles de desaprobación ciudadana que recogen las encuestas. Quienes ocupan lugares en el Congreso y en el Ejecutivo actúan en beneficio propio, o de quienes alquilan sus servicios, con absoluta desfachatez. ¿En eso consiste la democracia?

El caso peruano permite notar que, incluso en los ejemplos degenerativos de perversión, el origen no ha estado en “democracias fatigadas” sino en democracias fracasadas que no ofrecen resultados positivos para la vida de sus ciudadanos. De allí que, junto a la insatisfacción, las encuestas detecten la pérdida de fe democrática entre los ciudadanos y la creciente disposición a contar con un gobierno, cual sea su signo, capaz de resolver los problemas que vive la población. Ese es el panorama.

https://luispasara.lamula.pe/2025/08/15/estas-democracias-pervertidas/luispasarapazos/

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Perú: La letra con sangre entra

Gustavo Espinoza M.

Cuando un gobernante acumula excesivo Poder y lo usa con fines protervos, recusables o personales, se dice que estamos ante un Dictador.

La historia de nuestro país nos ha brindado numerosos casos de ese tipo de gentes, desde Leguía hasta Fujimori, pasando ciertamente por Sánchez Cerro, Benavides, Odría y algunos más.  Pero el escenario continental ha sido aún más notorio: Batista,  Trujillo, Somoza,  Pérez Jiménez, Rojas Pinilla  y hasta Javier Milei, en  nuestros días.  

Todos ellos tuvieron un rasgo distintivo al margen de su origen como mandatarios. Ejercieron la tarea de manera impositiva, caprichosa, arbitraria y abusaron de su función gubernativa para imponer su voluntad a las grandes mayorías. Adicionalmente, registraron la tendencia a ensañarse particularmente con sus enemigos personales.

Todos ellos, tuvieron otro elemento común:  fueron varones, y actuaron de manera “machista” como un modo de confirmar su arrojo y su capacidad de decisión. En otras palabras, no conocimos en el pasado el caso de mujeres que tuvieran ese perfil.

Aunque Keiko Fujimori diseña esa imagen con alucinante nitidez, Dina Boluarte, lo encarna y lo luce en su condición de Mandataria.  Es dictadora neta. Con ella, ocurre por primera vez.    

Las personas de este signo están marcados con rasgos sicopáticos: no distinguen el bien y el mal, no les importa la opinión del entorno, no muestran la menor empatía, carecen por completo de escrúpulos, pero también de valores, y muestran absoluta indiferencia ante el daño que causan.  Sienten una avidez desmedida por el dinero, y son propensas a ceder ante las tentaciones del lujo y la ostentación. Actúan por capricho, que algunos confunden con tenacidad La riqueza, los obnubila. Pero, además, guardan rencores. Incuban odios profundos con respecto a quienes “obstruyen” sus designios o “les hacen sombra”

Adicionalmente, no les importa lo que ocurra a partir de sus acciones y no se sienten en el deber de justificar su conducta. En el fondo, son indiferentes al juicio que les genere su conducta. Suelen usar el ataque como su “mejor defensa” y prestos pasan a la ofensiva para evitar cuestionamientos ajenos.

Para los peruanos, el caso de la Boluarte es singular porque es la primera mujer que ejerce tan alta función. Y ella no la admite como producto de una casualidad de la historia, sino como un reconocimiento expreso a sus supuestas calidades personales. Como si ella misma hubiese sido elegida para cumplir una determinada misión que le depara el destino.

En América Latina, y también en otros continentes, hemos tenidos mujeres que han cumplido funciones similares, pero lo han hecho de otro modo. Michelle Bachelet, en Chile, Cristina Kirchner en Argentina, o Dilma Rousseff en Brasil; han desempeñado sus funciones con sencillez y altura, como actualmente lo vienen haciendo la Presidenta de México Claudia Sheinbaum o la mandataria de Honduras, Xiomara Castro.

Todas hicieron honor   a su condición de mujeres, tal como antes ocurriera con Angela Merkel, la Canciller alemana que tuvo durante 16 años las riendas del Poder en sus manos.

En contrario, en nuestra región se han presentado dos casos que merecen atención. Jeaninne Añez, en Bolivia, constituye el antecedente más inmediato de Dina Boluarte. Ambas fueron el corolario de un confuso Golpe Blando concretado para derribar a gobiernos considerados populares o incluso de Izquierda: Evo Morales y Pedro Castillo.

La Añez ya está tras las rejas, y sin duda la Boluarte seguirá ese mismo camino, pero las dos encarnan el mismo perfil de dictadoras surgido a la luz del modelo Neoliberal que nos oprime.

Que no le importa nada, la confirma la precaria inquilina de Palacio cuando recuerda sin resuello la herencia de la vieja escuela: la letra, con sangre entra.

Es por esa idea que se atrevió a explicar por qué se atenuó la violencia en las movilizaciones de masas ejecutadas recientemente por la población. Los peruanos -dijo. “han aprendido la lección”. Si hacen disturbios, los matamos, pareció añadir.  Y es que, en efecto, y como antes, la letra con sangre entra. Lo´ prueban más de 60  muertos

Esa “enseñanza”, para que nadie la olvide, fue actualizada y recobró vigencia con el asesinato de Alexander Checa Montalvo, caído en Chala con  un balazo en pleno rostro cuando protestaba al lado de los mineros.  

Es claro que ahora las “autoridades” dirán dos cosas: que fue él quien provocó su muerte, y que quien disparo lo hizo “en defensa de su propia vida”. Después de todo, la ley lo ampara. Ella dice que la policía tiene derecho a hacer uso de armas letales cuando considere que está en riesgo su seguridad.

Por lo pronto, lo adelanto ya el ministro del Interior, quien aseguró que el abatido estaba “entre los manifestantes”, y que obraba agresivamente “contra las fuerzas del orden”. Bien muerto está, entonces,.

Por si eso fuera poco, acaba de “renovarse” esta idea cuando se atacó a balazos en Iquitos a los trabajadores que enarbolaban banderas de la CGTP. 19 heridos dejaron estas manifestaciones de repudio efectuada por la población amazónica que se expresó abiertamente con motivo de la presencia en la ciudad, de la espuria mandataria.  

¿Algún pesar por lo ocurrido? ¿Algún lamento, acaso?  No. Nada. Para la señora fue quizá apenas como una tenue lluvia en una región del país donde llueve con frecuencia.  Es claro que ni siquiera preguntó por el estado de salud de los afectados, ni se preocupó por la angustia de sus familiares, ni le importó saber si podrían ser atendidos en alguna posta o centro hospitalario.

Nada de eso. Para ella, lo importante se produjo: estuvo ella donde se habla propuesto.

En los últimos días hemos visto los vejámenes que ha sufrido Betsy Chávez Chino, indebidamente encarcelada desde hace dos años en el Penal de Chorrillos. A ella la odia desde antes, incluso durante el gobierno de Castillo. Hoy, la detesta. Eso explica el trato que recibe.

Y éste se muestra también con el médico Cabani, a quien consideraba algo así como su “wayki”, pero al que ahora aborrece. Y es que es muy temperamental. Incuba odios.        
Coincidiendo con las Fiestas Patrias las organizaciones sociales y políticas representativas de la sociedad peruana, han programado diversas movilizaciones y protestas. Se proyecta un Paro en el Transporte, demandas mineras, acciones regionales orientadas a expresar la voluntad ciudadana, Marchas y Mítines.

El aparato represivo del Estado estará presto a servir los designios de quien manda, Y la dictadora dirá sin rubor: “es que todavía hay quienes no han aprendido la lección”.

En el fondo, lo que ocurre, es que la sangre que se derrama no es la de ella, es la del pueblo. Por eso no le importa.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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América Latina, democracia sin demócratas

Juan De la Puente

La idea de hace dos décadas sobre que el país está bien, pero no la economía y bienestar personal, parece haber sido reemplazada por otra, que “el país está mal, pero yo estoy mejor”.

En A. Latina, el año que termina no tuvo grandes hitos. No hasta las recientes declaraciones del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de recuperar el canal de Panamá (en realidad forzar una renegociación), relanzar la guerra contra las drogas con los ojos puestos en México y desatar una guerra comercial contra China, Canadá y México.

Es probable que las amenazas de Trump recuperen una nueva forma de antiimperialismo regional, aunque las otras polarizaciones impedirán un corte transversal tradicional norte/sur o centro/periferia. La sola perspectiva de estos anuncios —difíciles de cumplir en su totalidad y aún en un modo relativo— agrega mayor desorden a una región en la que, para disgusto de los analistas, las piezas conocidas ya no encajan.

Es que hay nuevas piezas y, en el desorden, las piezas locales resultan más decisivas que las tendencias regionales. De hecho, a pesar de que la mayoría de las elecciones realizadas en A. Latina en 2024 cumplieron los estándares electorales (Panamá, R. Dominicana, México y Uruguay), no lograron proyectar la imagen general de buena salud de la democracia en la región.

Las elecciones continúan siendo la fórmula para dilucidar la titularidad del Gobierno, aunque las claves del ejercicio del poder están atravesadas por altas cuotas de incertidumbre, sorpresa e ineficiencia de la que casi ninguna administración se libra. La rápida erosión de los Gobiernos es impresionante y son cada vez más los que fracasan en un plazo muy breve.

El fracaso inmediato se agrega al fenómeno de la erosión de los partidos tradicionales, que se vuelve más aguda (México, Panamá, El Salvador y R. Dominicana en 2024) en una región donde se combina abiertamente la dura crítica al sistema liberal de representación, derechos y libertades y la debacle del llamado centro político. Esta complejidad supone el fracaso de la promesa liberal desde dentro y desde fuera.

Dilucidar lo que es de “dentro” y cuáles son los ataques “desde fuera” es un ejercicio que se revela desafiante. Desde las filas demócratas se absolutiza la reflexión sobre que los ataques a la democracia se producen desde tendencias no democráticas ubicadas fuera del sistema. No obstante, hay evidencias de un proceso en tenaza donde lo de fuera y dentro se dan la mano a través del encuentro entre la captura autoritaria/mafiosa del Estado y la actividad de la sociedad —movilizada o desmovilizada— que cambia la política democrática.

En varios países, con distinta intensidad se resignifica la democracia reduciéndola a un procedimiento electoral que ve estrechada su pluralidad y su garantía de renovación del sistema (Ecuador y Guatemala 2023, El Salvador y Venezuela 2024 y muy probablemente Bolivia 2025 y Perú 2026).

Aún con elecciones que pueden superar la evaluación de lo mínimo aceptable, avanzó en 2024 la desdemocratización. Los datos del reciente Latinobarómetro (“La democracia resiliente”) permiten apreciar el progreso de ese proceso. Es cierto que se registra un avance de 4 puntos (52%) respecto al año anterior de apoyo a la democracia, pero al correr la cremallera de los datos convencionales o profundizar en las percepciones con nuevas preguntas aparecen las claves de la desdemocratización.

Es relevante la contradicción entre la sensación de bienestar, en apariencia con cifras en azul, y la necesidad de cambios. Según el estudio, la satisfacción con la vida alcanzó su nivel más alto desde 1997 en 2024, de modo que el 79% se considera que está muy o bastante satisfecho con su vida, con Costa Rica, Uruguay y Guatemala entre los más satisfechos; y Chile, Perú y Bolivia entre los menos satisfechos.

No obstante, el estudio señala que quienes perciben que su país está progresando alcanza solo el 28%, en tanto el 25% considera que su país está “en retroceso” y el 45% cree que su país “está estancado”.

El reclamo en relación Estado/sociedad, es decir, más democracia, derechos y libertades, tiene otras claves. La idea de hace dos décadas sobre que el país está bien, pero no la economía y bienestar personal, parece haber sido reemplazada por otra, que “el país está mal, pero yo estoy mejor”. En los entresijos de esa percepción se encuentra la profunda brecha entre la sociedad y el Estado y entre la política democrática y otras formas de antipolítica. Por lo mismo, se entiende que en algunos territorios de varios de los países de la región no se exija más Estado, sino menos Estado y que se amplíen los territorios liberados por las economías informales e ilegales y el crimen organizado.

Las citadas brechas aparecen cuando se contrasta el apoyo a la democracia con la demanda de cambio que, según el estudio, presenta tres tercios: 35% a favor de “pequeños cambios”, 29% a favor de “reformas profundas”, y 26% a favor del cambio “radical”. Una recomposición de las opciones señalaría que los que postulan un cambio profundo y/o de gran calado se acercan al 60%. Esta percepción supera los dos tercios en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú.

La cuestión de la región está dejando de ser el continuo democracia-cambio, y se sitúa solo en el cambio, sin que se asegure que ese cambio sea necesariamente democrático. Hay un añadido: los retrocesos autoritarios y vaciamiento de la democracia pueden ser vistos, a diferencia de los años 60 y 70, como procesos democráticos, como en El Salvador, Argentina y Perú, y antes en los países del ALBA.

La idea de una democracia sin democracia no parece ser un oxímoron en varios países de la región. Según el mismo Latinobarómetro, a 1 de 4 ciudadanos de A. Latina le da igual que un régimen sea democrático o no, en 10 países de los 17 estudiados, más del 50% no apoya la democracia y en tres (El Salvador, Ecuador y Paraguay), la mitad está de acuerdo con que el presidente de la República pase por encima de la leyes, el Congreso y las instituciones.

Las tesis que sostienen que el vaciamiento de la democracia es un proceso que se sitúa en las élites y en el Gobierno de las instituciones (la idea de la centralidad de la agencia) debe ser debatida. En cinco países de la región (Ecuador, Colombia, Paraguay, Panamá y Perú), más de la mitad de los ciudadanos creen que la democracia puede funcionar sin partidos, en tanto que en países que han protagonizado la recuperación de la democracia en las últimas décadas es baja la convicción de que no hay democracia sin partidos, en Chile el 50%, Brasil 46% y Guatemala 40%. En Panamá este dato es consistente con otros: la primera fuerza del Congreso son los parlamentarios de libre postulación, en tanto que el partido ganador de las elecciones tiene fuertes vínculos con la corrupción.

https://larepublica.pe/opinion/2024/12/29/a-latina-democracia-sin-democratas-por-juan-de-la-puente-1788662

https://www.leerydifundir.com/2025/01/america-latina-d…a-sin-democratas/

Perú: Muerto sin honor

Juan Manuel Robles

Y finalmente, Alberto Fujimori murió. Fingió tantas veces estar cerca de la muerte que ya no lo creíamos, pero esta vez era cierto. Fue cierto desde bien empezada la tarde del miércoles, y hasta a alguno de sus felpudos de Twitter se le escapó un comentario lamentando su partida (que tuvo que borrar inmediatamente por órdenes de quién sabe quién). Era muy feo morir el mismo día que otro hombre nefasto: el 11 de septiembre de 2021 falleció Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso a quien el tiempo, la autoría mediata de matanzas y el repudio de millones de peruanos lo han ido hermanando con Fujimori. Y así pasaron las horas, con la muerte como un secreto a voces; Alejandro Aguinaga, el carnicero procesado por las esterilizaciones forzadas —otro crimen de Fujimori— salió a decir que el ingeniero “está luchando por su vida”. Los fujimoristas siempre fueron burdos para los eufemismos.

¿Hay razones para alegrarse? Creo que sí. Yo me alegro mucho de que su libertad obtenida con chanchullo no le haya durado ni diez meses. O sea, la justicia logró hacer que el hombre pasara, desde que lo capturaron y extraditaron, casi el resto de su vida en la cárcel. Burlada la ley por poderes oscuros y magistrados de dudosa reputación, a veces es el destino lo que detiene una impunidad tan grande, y este fue el caso. Fue también el destino —la muerte— lo que cortó de golpe el beneficio humillante de la pensión presidencial, que fue posible porque vivimos en tiempos del descaro absoluto (la pensión no se podía dar a quien tuviera una sentencia condenatoria, pero eso no importó).

Como Fujimori no tiene esposa ni hijos menores de edad, esa pensión no le corresponde ya a nadie, aunque todos sospechamos que algo podrán hacer al respecto. Es la impronta Fujimori, su legado: tomar lo que no es suyo y sentarse olímpicamente en la ley.

Murió el autor de La Cantuta y Barrios Altos, el responsable de colocar a Vladimiro Montesinos en el poder —un abogado de narcos, un traidor a la patria— y así organizar la red de corrupción y extorsión más grande de la historia peruana. Murió el promotor de la Ley de Amnistía para que los militares asesinos salgan libres e impunes. El que hizo secuestrar a Gustavo Gorriti y destinó fondos para que los diarios chicha difamaran a sus oponentes. Murió el hombre que se fugó en medio de un festival de vladivideos —llevándose algunos casetes—, y quiso reconstruir su vida postulando al senado de Japón (confirmando que había mentido sobre su nacionalidad). Murió quien llegó a ser el séptimo presidente más corrupto del planeta, en medio del desgobierno, la crisis y el caos.

Porque claro, muchos hablan de los males que detuvo pero no de los que generó. Ven los momentos luminosos en contraste con los ochenta de Alan García, pero mencionan menos del país que Alberto Fujimori dejó, el de sus últimos años de gobierno. Un país sumido en una recesión económica brutal, con una imagen internacional deplorable y una juventud idiotizada por la televisión basura (bien alineada con el poder gracias al dinero fresco). Un país desmoralizante en todo sentido. El fujimorismo es la historia de la apertura de la economía pero también la de un montón de iniciativas de peruanos creativos truncadas por lobbies, leyes con nombre propio, importadores con influencias y sin ganas de competir, monopolios explícitos y caletas, reyezuelos que negociaron su licencia con Montesinos. Fue la historia breve de la libertad con letra chiquita.

Fue tan nefasto el resultado que en esos años una facción importante de grandes empresarios —esos que no son precisamente democráticos— le dio la espalda cuando quedó clara su intención de perpetuarse en el poder.

Ha muerto Fujimori pero ojo: ese hecho no cierra un capítulo ni da vuelta a una página. No es el pasado de lo que hablamos. Me dio risa que algunos se preguntaran si le darían honores de Estado al expresidente, tratándose de un delincuente sentenciado. ¿De verdad se lo preguntaban? Sucede que este es, más que nunca desde los noventa, el país de Fujimori.

El país en que vivimos no solo es el resultado de la enfermedad que él le inoculó, sino que ahora ese dominio es explícito. Luego de más de veinte años tratando de contenerlos, han retomado el poder y parte de esa operación ha sido lavarle la cara al líder. El congreso está tomado por los seguidores de Fujimori y su hija mayor, y legislan siguiendo el muy fujimorista modelo del lucro a toda costa (el lucro con sangre si es necesario). Esas alianzas con sectores de la economía que carecen de escrúpulos —y son nocivos— son también herencia de Fujimori. La gente suele hablar de las combis como una expresión de la informalidad peruana. Todo lo contrario, fueron el resultado directo de una ley, fueron el orden, la nueva formalidad. Podemos imaginar al sátrapa disparando la pistola al aire para decir “preparados, listos, ¡fuera!” y así lanzar la carrera motorizada por el dinero y el sálvese quien pueda. Esa hipérbole liberal provocó lo inevitable: jugar con máquinas que podían matar. Y mataron. Otro crimen del fujimorismo: las decenas de miles de víctimas del transporte público liberalizado a lo bestia, pensando solo en reactivar.

Por cosas como esa gran parte del país lo rechaza. No sé cuántos lo apoyan pero sí me queda claro que quienes lo repudian en esta hora lo hacen con más intensidad y sentimientos más reales. La derecha, en cambio, usa su cadáver como estandarte en la guerrita ideológica. Digo: no lo quieren, siempre fue el instrumento de los grupos de poder, un profesor japonés al que un mes antes de las elecciones no hubieran dejado entrar en La Tiendecita Blanca. En los últimos meses, su cuerpo moribundo de 86 años fue usado en el ajedrez político: se dijo que podía ser el candidato presidencial de Fuerza Popular y hasta apareció en un video. Su entorno cercano se prestó para eso aun sabiendo que su condición era terminal. Qué conveniente: el expresidente aparece en el Jockey Plaza. Transformen este cuerpo decadente en una campaña de intriga.

Sería algo tristísimo si no recordáramos que ese anciano es el hombre que le enseñó al país que la compasión no tiene ningún valor. Alberto Fujimori fue lo que Javier Milei solo podría soñar. El argentino es la caricatura, que da risa. Fujimori significó la implementación real de todas esas ideas excesivas, gracias a un contexto histórico único que le permitió actuar. Fujimori tuvo un momento más favorable incluso al que tuvo Pinochet. Tuvo que usar la fuerza y el terror, pero su imperio no hubiera prosperado si no hubiera sido porque había tanta gente dispuesta a un sacrificio que supuestamente nos llevaría al edén. Quién no quisiera lo que tuvo Fujimori: un país dispuesto a ajustar lo que hubiera que ajustar. Un país dispuesto a abnegarse y creer, a dejarse llevar. Un montón de hombres y mujeres sintiendo que haber sido despedidos era lo correcto, porque no querían ser una “carga” en ese Perú que querían ver renacer.

Eso para mí es parte de lo más monstruoso. Haber dilapidado esa fe, haberla usado para amasar poder y dinero sucio y copar las instituciones, tomar el Ministerio Público, darle más atribuciones a Montesinos para extorsionar y convertirnos en lo que nos convertimos. Haber usado la buena disposición de tanta gente —que se creyó el cuento de la meritocracia y la apertura— para robar, asesinar y seguir robando.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 700 año 14, del 13/09/2024

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https://www.leerydifundir.com/2024/09/peru-muerto-sin-honor/

Perú: La Constitución del año 2023

Pedro Francke

Hace unos años se discutía sobre si la Constitución de 1993 era buena o mala y sobre esa base se diferenciaban las posiciones a favor o en contra de cambiarla. Sobre la economía, en particular, había posturas muy polarizadas al respecto. Me encuentro entre los críticos haciendo frente a la defensa cerrada de los neoliberales. En la campaña pasada, Keiko también hizo de esta defensa uno de los temas centrales de su campaña, alineada con la Confiep. Pero ahora la situación es muy distinta, aunque parece que no hay mayor consciencia de ello. Tenemos, de facto, una nueva Constitución, que podemos llamar la Constitución de 2023, bastante peor que la anterior. Salvo los cuatro partidos mafiosos que controlan el Congreso –APP, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País– con una política de ultraderecha, el rechazo a los cambios constitucionales son totales.

El equilibrio de poder entre Ejecutivo y Congreso ha sido roto y se ha establecido de facto que quien manda es el Congreso. ¿Cómo? Primero hicieron trizas la disposición constitucional que permitía al Ejecutivo disolver el Congreso y convocar de inmediato a elecciones cuando este rechazaba dos cuestiones de confianza. Lo hicieron aprobando una ley que dice que el Congreso es quien debe decir si realmente hubo o no ese “rechazo”, y es obvio que quien corre el riesgo de ser disuelto jamás decidirá que lo que hizo permite tal disolución. Nadie le entrega una pistola cargada a quien podría dispararle con ella. De esta manera se ha impuesto un cambio constitucional profundo, pero este Congreso repudiado por la ciudadanía lo ha aprobado simplemente como una ley, lo cual viola lo que dice la propia Constitución. El Tribunal Constitucional (TC), que esa misma coalición mafiosa de fujimoristas, acuñistas, ultraderechistas y cerronistas eligieron, la convalidó sin ningún criterio jurídico. Quienes se decían defensores de la Constitución de 1993 y rechazaban cualquier cambio, son los que la han violado sin ningún reparo para modificarla.

El segundo gran cambio se dio cuando el TC estableció que el Congreso puede vacar al presidente cuando quiera, sin procesos ni requisitos establecidos, sólo porque considera por sí y ante sí que tiene “incapacidad moral”. No requiere ningún proceso ni prueba, sólo la votación del Congreso. Con estas dos medidas el presidente está permanentemente con la soga al cuello, mientras al Congreso nadie lo puede tocar. Si hoy por hoy este Congreso aún no ha vacado a Boluarte y puesto a uno de ellos de presidente (como se hizo en 2020 con Manuel Merino) es sólo por su propia conveniencia: Dina asesina hace todo lo que ellos quieren, y mientras tanto la coalición mafiosa se abre paso a controlar el Jurado Nacional de Elecciones para que el 2026 tengan asegurado un resultado favorable más allá de la voluntad ciudadana.

Añadamos a esto el cambio constitucional de establecer un Senado. El 90 por ciento de la ciudadanía, más de 13 millones de peruanos, dijeron que No a esta reforma en el referéndum de 2018. Aún peor es la forma como han decidido conformar el Senado: al tener su mayoría elegida por distrito electoral único va a estar claramente dominado por los grandes medios de comunicación y poderes económicos que son los únicos capaces de sostener campañas a nivel nacional más allá de las presidenciales. Va a ser también muy centralista, dominado por Lima, como ya se vio en la experiencia previa 1980-1992, siendo que en Lima la ciudadanía ha venido votando mucho más a la derecha que el resto del país. Este Senado capturado, centralista y sesgado a la derecha va a tener la voz cantante en las leyes, ya que tendrá la facultad exclusiva de aprobar las versiones finales de todos los proyectos, y será también quien podrá destituir presidentes, jueces y fiscales, contralores y superintendentes. Como para que no quede duda del tenor antidemocrático de estos cambios, también se ha impedido que el Ejecutivo insista en torno a consultar a la ciudadanía mediante referéndum haciendo cuestión de confianza en ello, como hizo Vizcarra para el referéndum del 2018. Todo esto es la obra de un trabajo en pared entre el actual Congreso y su Tribunal Constitucional, controlados por el pacto de los partidos mafiosos.

EL MANEJO ECONÓMICO

Sobre el tema fiscal, la Constitución de 1993 en su artículo 79 dice muy claramente que “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos” y así lo defendieron quienes conformaban el TC durante treinta años. Era una buena disposición. Pero ahora este Tribunal Constitucional ha establecido exactamente lo contrario y dice que los congresistas sí pueden hacer lo que la Constitución prohíbe sin ambages. Lo han hecho ya multitud de veces y lo acaban de hacer recién al aprobar la reforma de pensiones del fujimorismo que hace exactamente eso, mandata una serie de gastos públicos favoreciendo a las AFP. Junto con esto el TC ha perdonado deudas tributarias de las grandes empresas por 12 mil millones de soles y los congresistas han aprobado una docena de exoneraciones tributarias y regalado a las grandes agroexportadoras 500 millones de soles anuales en las contribuciones que deben hacer a EsSalud. El resultado es una caída de la presión tributaria de más de 2,7% del PBI, o 2,700 millones de soles anuales, y un déficit fiscal que supera los 4 mil millones de soles anuales que se está tirando los ahorros públicos y endeuda al país por muchos años.

En política económica está muy claro quién decide ahora: ya no es el Ministerio de Economía, es este Congreso. Hay varios grandes problemas en este cambio. El primero es que no hay una persona responsable del manejo económico nacional, hay ciento treinta (y desde el 2026 serán ciento noventa). Todos sabemos que una institución, empresa u organización no funciona con decenas de jefes, necesita que haya sólo uno dirigiendo. El segundo problema es que se trata de un congreso fragmentado sin que haya partidos reales detrás, de tal manera que resulta imposible pensar en un gobierno parlamentario basado en un pacto programático al estilo de las democracias europeas. Lo que tenemos acá son varios grupos mafiosos, inestables, que pactan entre sí intercambiando favores –de poder político, de normas para su protección ante la justicia y económicos–. El grupo A vota para darle ventajas al grupo B a cambio de lo cual B votará regalando otros millones para A, e igual actúan con C y D. En cada grupo, además, muchos congresistas se concentran sólo en sus propios intereses. Es probable que nada de eso cambie el 2026. En todo el milenio no ha pasado ni una sola vez que un solo grupo gane la presidencia y la mayoría del Congreso. La única vez que un solo partido tuvo la mayoría del Congreso, el fujimorismo el 2016, se dividió y dejó de tener esa mayoría dos años después: a pesar del férreo control de Keiko sobre la bancada, varios congresistas prefirieron buscar otras formas de sacar ventaja. En ese entonces, sin embargo, la vigencia del artículo 79 de la Constitución les ponía un límite fuerte y defendía el equilibrio fiscal. Ese límite ya no existe.

Hace tiempo sabemos que estamos bien fregados. Lamento traer malas noticias, pero la dificultad va más allá de este gobierno. Se han traído abajo la democracia y las posibilidades de tener un gobierno mínimamente razonable. Recuperarla va a ser una tarea hercúlea.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 698 año 14, del 30/08/2024

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Prohibición de libros en el «país de la libertad»

Renán Vega Cantor

Estados Unidos es el país que se autoproclama como el reino de la libertad y cuya historia está plagada de agresiones a su propia población y a la del resto del mundo para imponer, a sangre y fuego, sus pretendidos ideales de justicia, libertad y derechos humanos. En ese país se ha impuesto en los últimos años la prohibición de libros, la censura cultural y educativa, la expulsión de profesores de las escuelas y universidades por no someterse a los dictados de los padres de familia, de empresas o de grupos de presión, a la cabeza de los cuales se encuentra el poderoso lobby sionista.

Esas prácticas de censura se activaron en 1982, cuando un Consejo Escolar de Nueva York retiró unos libros de texto por considerar que sus autores eran «antiamericanos, anticristianos, antisemitas y simplemente asquerosos». Desde ese momento se fue incrementando la prohibición de libros y autores a lo largo y ancho de los Estados Unidos, hasta el punto de que en 2023 fueron retirados en las bibliotecas de las escuelas 4240 títulos, lo que representó un incremento del 65% respecto a 2022 cuando fueron prohibidos 2571 títulos. En 41 Estados se han prohibido libros, lo que afecta en forma directa a millones de niños y jóvenes.

El ataque a los libros se ha convertido en parte del programa político de grupos organizados, que están ligados al Partido Republicano. En menor medida, existe la censura a nombre de lo políticamente correcto (del llamado liberalismo woke) con respecto a ciertos temas de género y de sexo.

En diversos estados, entre los que sobresalen Texas, Oklahoma y Florida, se han dictado leyes en las que se restringe oficialmente libros en las escuelas cuyo contenido sea considerado obsceno o peligroso en materia de raza, género, clase o sexo. Se prohíben libros en los que se aborde el racismo, la exclusión de la población negra, la violencia sexual o, simplemente, se hable de relaciones sexuales, consumo de alcohol o desigualdad social.

Quienes promueven la censura se organizan en grupos, en principio formados por pocas personas beligerantes e ignorantes, que señalan los libros que quieren que sean retirados de las escuelas. Estos nuevos inquisidores han desarrollado un estilo de manual, con un listado de libros en cada uno de los cuales subrayan los “pasajes obscenos u ofensivos”, por los cuales deben ser sacados de circulación en las instituciones escolares. Cuando un padre denuncia como inapropiado, pornográfico o peligroso a un libro, en forma inmediata debe ser retirado de la biblioteca escolar, hasta que el Consejo Escolar determine si el texto es inadecuado o no.

El movimiento nacional que comenzó como un grupo de Facebook en La Florida se denomina “Mamás por la Libertad”. Su objetivo es luchar “por la sobrevivencia de América (Estados Unidos), unificando, educando y empoderando a los padres a defender sus derechos parentales a todo nivel de gobierno¨ y eso implica escoger candidatos que las representen en los Comités Educativos en cada escuela. Sus intereses son los de la extrema derecha, con concepciones retrogradas en materia social, cultural y educativa, a partir de las cuales defienden el racismo, la discriminación, la desigualdad, la violencia y la opresión en sus múltiples formas y expresiones.  

Los censores modernos, que se valen de las sofisticadas tecnologías digitales, invitan a los padres a crear una cuenta en las redes (anti)sociales en la que documenten ejemplos de adoctrinamiento para que la comunidad se entere de las ideas “perversas y malvadas” que propugnan esas obras. Les proporcionan un modelo de carta para enviar a diferentes instancias educativas, lo que tiene efectos inmediatos, puesto que, por ejemplo, en las escuelas de Florida cualquier persona puede solicitar que se retire un libro y debe procederse de inmediato a quitarlo de la estantería.

Prohibir libros pasó a formar parte de los programas electorales de los candidatos a gobernador del Partido Republicano, y algunos de ellos han ganado. Así, en 2020 fue elegido Glenn Youngkin gobernador de Virginia, quien en campaña electoral anunció que prohibiría lecciones sobre racismo en el currículo escolar del Estado.  Este ejemplo fue retomado después por otros candidatos, y luego gobernadores.

Ron DeSantis, actual gobernador de La Florida y quien fue precandidato presidencial del Partido Republicano, lleva la delantera en su campaña contra los libros y la educación. En marzo de 2022 promulgó Ley de Derechos Paternos en la Educación más conocida por Ley Don’t Say Gay (No digas Gay), en la que se prohíbe distribuir información y hablar de orientación sexual antes de los once años, se ha restringido hablar de racismo y esclavitud y se ha prohibido una catedra en historia afroamericana para menores de 18 años. Esa ley estipula que los padres pueden demandar a los profesores que incumplan las disposiciones establecidas en dicha ley.

Esto genera miedo y autocensura entre los profesores que ya no pueden hablar prácticamente de nada ni mostrar objetos que puedan ser considerados inapropiados. Al respecto, y en un caso tragicómico, en una escuela de Tallahasee, capital del Estado de Florida, echaron de su puesto a una profesora que mostró unas fotografías de El David, la escultura de Miguel Ángel, en una clase de arte.  

La lista de los libros y autores prohibidos es extensa y las razones para restringir la lectura de algunas o todas sus obras son llamativas por lo ridículas y estúpidas, lo que pone de presente a dónde llega el nivel intelectual en los Estados Unidos, el país de la “libertad”. Entre los autores que en ese país se han prohibido hay una lista que no tiene nada que envidiarle a la que elaboraba la Santa Inquisición, y allí se encuentran autores universales de la talla de William Shakespeare, Gabriel García Márquez, Mark Twain. Gustave Flaubert, John Milton, Aldous Huxley, Fiódor Dostoievski. La mayor parte de los autores prohibidos son de Estados Unidos y entre los casos más infames está el de Toni Morrison, mujer y negra que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1992.

El nivel de los censores se mide por las razones invocadas para prohibir libros, como lo muestran algunos ejemplos: Caperucita Roja porque lleva vino en la cesta que porta para la abuelita; Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, porque es moralmente cuestionable; “Demasiado sexo” se argumenta para prohibir Romeo y Julieta de Shakespeare; Ojos azules, escrito por Toni Morrison, fue censurado por considerarse sexualmente explícito y porque habla del abuso sexual infantil… En contraposición, Mi Lucha de Adolfo Hitler nunca ha sido retirado de circulación, ni prohibido en las escuelas.

En la prohibición de libros predominan los de no ficción, aquellos que hablan de la pobreza, la diferencia de clases, el racismo y observan la historia y la sociedad de Estados Unidos con perspectivas críticas. En la lógica de los censores, no puede cuestionarse ni el capitalismo, ni el libre mercado, ni las variadas formas de opresión que existen en Estados Unidos y este país impone al resto del mundo. La mayor parte de los padres de los estudiantes están convencidos, a partir de sus creencias conservadoras y sus prejuicios ideológicos y culturales, que no pueden ofrecerse puntos de vista alternativos a los estudiantes que cuestionen la forma cómo funciona Estados Unidos y estén informados sobre esa otra historia del “país de la libertad”, es decir, el de la opresión, la injusticia y la desigualdad.

Publicado en papel en El Colectivo (Medellín), abril de 2024

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Bukele, el bukelismo y los bukelianos

Alberto Vergara

Nayib Bukele y sus políticas de seguridad en El Salvador se han convertido en un fenómeno político internacional. En este artículo, el autor propone diez ideas sobre la cuestión.

De Lula a Bukele

Hace quince años, los ídolos políticos latinoamericanos eran Lula da Silva, Hugo Chávez y Pepe Mujica. Además de carismáticos, navegaron sus presidencias a bordo de un boom económico que los hizo figuras mundiales.

Hoy la estrella es Nayib Bukele. Sin plata, pero con cárceles. Adonde se llegue en América Latina existe una legión ávida de su propio Bukele. Sospecho que desde Fidel Castro no había un fervor latinoamericano semejante. En la encuesta Latinobarómetro del 2023 realizada en toda la región, Bukele resultó el presidente mejor valorado por mucho: consiguió una calificación promedio de 6,7 sobre 10 (el segundo, Joe Biden, tenía 4,9%).

Sus redes tienen más seguidores que la población de El Salvador. Políticos de todas partes peregrinan a El Salvador en busca de una fotito con el azote de las maras. Y este año Bukele fue uno de los oradores principales en la convención conservadora más importante de los Estados Unidos.      

Lo nuevo

Bukele encarna varias novedades. No las ha inventado ni es el único que carga con ellas, pero las hace particularmente visibles. De un lado, un tipo de líder muy crítico de la democracia heredada y de los pactos que la fundaron en los años noventa. A su manera, encontramos estridencias semejantes en Jair Bolsonaro, Javier Milei o Rodrigo Chaves en Costa Rica. A diferencia de hace 15 años, ahora está permitido mostrar abiertamente deslealtad al sistema democrático. Por otro lado, es probable que esto esté vinculado con algunos cambios generacionales. Una encuesta del 2023 en toda la región encontró que la disminución en el respaldo a la democracia en los menores de 25 años es 12 puntos más alta que en los mayores de 55. Y las redes. En un estudio realizado con mi colega Manuel Meléndez encontramos que el mejor predictor de un Bukele lover es la utilización de redes sociales, incluso más que la inseguridad del país.

Lo de siempre

Se calcula que 212 municipios salvadoreños (de un total de 262) tenían presencia de maras el 2015. Ese mismo año, la tasa de homicidios superaba los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes: el país más violento del mundo. 70% de los negocios pagaban extorsión. Unas 70.000 personas pertenecían a las pandillas, en un país de 6 millones. En cuanto a la vida cotidiana, así la describía un especialista en 2019: “Negarse a pagar la extorsión es muerte, negarse a colaborar es muerte, rechazar ser miembro de la pandilla es muerte, rechazar los pedidos sexuales es muerte, platicar con un policía es muerte” (Joaquín Villalobos).

Las políticas de Bukele acabaron con eso. Con los métodos menos democráticos, construyó la capacidad estatal más básica: que la violencia no esté en manos privadas. El año 2023, El Salvador tuvo la tasa más baja de homicidios de América Latina. La ciudadanía redescubre sus ciudades y respira fuera de la pesadilla pandillera. No sé si existe un pueblo tan pero tan liberal que enjuiciaría a Bukele por sus métodos en lugar de celebrarlo por sus logros. No es la primera ni la última vez que una sociedad abraza el trueque fáustico de seguridad por libertad.

¿Y cómo lo hizo?

Suele creerse que Bukele habría acabado con la democracia salvadoreña gracias a la popularidad amasada tras arruinar a las pandillas. En realidad, es al revés. Como ha explicado Manuel Meléndez, investigador en la Universidad de Harvard, Bukele ya había sometido a la democracia cuando estableció el régimen de excepción. De hecho, su contenido es tan drástico que una democracia funcional lo hubiera rechazado.

Se realizaron más de 70.000 arrestos sin garantías judiciales ni derecho a la defensa, la edad para las detenciones se redujo a 12 años, se creó un sistema kafkiano de acusaciones anónimas, las FFAA tuvieron manos libres para actuar. Como consecuencia, ahora el 2% de la población está en prisión, la mitad recluidos durante el régimen de excepción. Nadie sabe con exactitud cuántos han sido apresados, desaparecidos o torturados, ni el número de inocentes encarcelados. Las violaciones de derechos humanos se amontonan sin respuestas.

Todo eso pudo ocurrir porque Bukele ya había maniatado la democracia. En marzo del 2021, Bukele había utilizado su mayoría parlamentaria para, entre otras cosas, destituir al fiscal de la nación, guillotinar a la corte constitucional y, obviamente, reconstruirlas con acólitos. El régimen de excepción se ha renovado más de veinte veces mientras las instituciones y recursos caen sin transparencia en manos del clan Bukele. En febrero de este año se reeligió como presidente contra la prohibición constitucional. Las autoridades electorales fueron amenazadas. Redibujó las circunscripciones electorales a su favor. Mucha de la prensa independiente ha partido al exilio; los líderes sociales amedrentados o detenidos; los partidos políticos acosados. ¡Y era una elección que Bukele tenía en el bolsillo! Un día, el popular y joven presidente dejará de ser joven y popular, pero está cantado que será difícil de que deje de ser presidente.

A la caída de las maras debería haber seguido el esfuerzo por establecer un Estado de derecho. Pero no lo hubo. En algún tiempo, la población reconocerá que transitó de la inseguridad criminal a la arbitrariedad del Estado ilimitado. Más que un sistema de políticas públicas, lo de Bukele resulta un esquema de acumulación de poder. En cualquier caso, El Salvador ha quedado “sin maras y sin democracia”, para usar la formulación precisa del valiente medio El Faro.

Revolución de las expectativas

En tanto peruanos, la historia de amor con Bukele es simple de entender. Después de todo, el Perú estuvo enamorado de su chino salvador por razones semejantes. Pero hay algo específico que emparenta a nuestro expresidente con Bukele. Cuando Fujimori llegó al poder, la creencia mayoritaria era que Sendero Luminoso era imbatible: o bien ganaría o bien el conflicto se prolongaría de manera indefinida, sin derrotado ni vencedor. Y, entonces, claro, si Fujimori consiguió lo que se afirmaba era imposible, resulta normal que la gente se entregara. Algo parecido sucede con Bukele. Los científicos sociales hemos repetido y repetimos (con razón) que la criminalidad y la violencia son un problema muy complejo y muy difícil de solucionar y que no es razonable esperar resultados inmediatos con políticas puramente represivas. Pero ahí está Bukele desafiando ese conocimiento. Es más: desafiando la experiencia. El salvadoreño no es el inventor de la “mano dura”. Sabemos bien que estas iniciativas no suelen dar resultado. El caso paradigmático es la guerra contra el narco que lanzó en México Felipe Calderón. El país devino una gran fosa común. Y en El Salvador tres presidentes previos intentaron políticas similares sin resultados.

Adonde quiero llegar es que la ciudadanía latinoamericana ha sido testigo de un caso tremendo de eficacia antidemocrática. Algo que la experiencia y el conocimiento sugerían era casi imposible. Entonces, se han revolucionado las expectativas en la región: sí era posible. “Yo también quiero”. Lo cual es un legado terrible para la democracia y los derechos humanos.

América Latina produce el 39% de los asesinatos en el mundo, aunque ahí solo viva el 9% de la población global. La demanda por seguridad no va a amainar. El reclamo no es de derecha ni de izquierda. La prueba es que en los últimos dos años surgen bukelianos por izquierda (Xiomara Castro en Honduras), por la derecha (Daniel Noboa en Ecuador) y hasta centristas como el gobernador de Rosario en Argentina.

Yo soy tu Bukele (electoral)

Con excepción de Brasil, en todas las elecciones latinoamericanas del 2022 a hoy algún candidato utilizó a Bukele en la campaña. Pero a casi nadie le sirvió. El presidente salvadoreño es tan admirado que cuando alguien asegura ser el Bukele nacional, probablemente, es percibido como a una imitación barata. Si un jugador del descentralizado peruano asegura ser Messi, recibirá tomatazos.

Yo soy tu Bukele (presidencial)

Electoralmente, el bukelismo no ha dado resultados. ¿Y en el Gobierno? Los casos por seguir son Honduras y Ecuador. En ambos se ha decretado estados de excepción, suspendido garantías constitucionales, brindado un papel protagónico a las Fuerzas Armadas e iluminado la teatralidad de los tatuajes. Habrá que ver cómo prosigue aquello. En Ecuador, luego de un par de meses con una reducción importante de homicidios, durante la Semana Santa las bandas criminales cometieron 137 asesinatos. Reportes aseguran que la extorsión no ha retrocedido. Y no falta quien sostiene que el bukelismo de Daniel Noboa no está destinado a derrotar al crimen sino a reelegirse en febrero del 2025.  

Mujeres

Ya dije más arriba que en nuestro análisis estadístico el mejor predictor de apoyo a Bukele es el uso de redes sociales. Ahora bien, lo que mejor predice no apoyar a Bukele es ser mujer. Y es un fenómeno regional. Elección tras elección, las mujeres prefieren a candidatos más democráticos.

Descriminalización democrática

No creo que haya imperativo más grande en la región que producir algún tipo de modelo democrático de combate a la inseguridad ciudadana. De otra manera, el magnetismo autoritario del bukelismo seguirá operando. El miedo cotidiano de la ciudadanía suspende las consideraciones más básicas para la convivencia. Sin alternativas, la gente seguirá reclamando su Bukele. Lo cual es perturbador porque muchas veces se le reclama en países que… ¡no tienen maras! Algo parecido a pacientes sin cáncer exigiendo quimioterapia.

De Hobbes a Foucault

Ahora los salvadoreños descubren el miedo a hablar. Lo recogen reportes, lo afirman entrevistados y lo encuentra una encuesta de este año en la que 67% asegura que se cuida de hablar de política en público. En otra, 34% afirma conocer a algún preso sin relación con las maras. A la pesadilla hobbesiana sigue la distopía foucaultiana: las prácticas, normas y miedos del panóptico se propagan por la ciudad.

https://larepublica.pe/opinion/2024/05/05/bukele-el-bukelismo-y-los-bukelianos-por-alberto-vergara-229510

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Perú 2024: La caída de las instituciones

Omar Cairo

“Ya no se puede negar que la democracia en el Perú se está desmoronando. En esta circunstancia resultan inútiles las múltiples invocaciones o exhortaciones al Gobierno y al Congreso para que retornen a la senda del equilibrio de poderes y del respeto a los derechos”.

Como nunca había ocurrido en este siglo, el actual Gobierno comenzó con una matanza. Su represión contra las movilizaciones realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 causó la muerte de 49 personas. En ese momento, el Congreso debió censurar a los ministros políticamente responsables (artículo 132 de la Constitución), y destituir a la presidenta de la República por infracción constitucional mediante el juicio político previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Una vez separada del cargo presidencial, la justicia penal habría podido determinar si era o no culpable de esa grave violación de los derechos humanos.

Pero ningún ministro fue censurado ni la presidenta destituida, porque los congresistas estaban decididos a conservar, a cualquier costo, sus puestos hasta el 28 de julio de 2026. Sabían que, por mandato del artículo 115 de la Constitución, ante la inexistencia de vicepresidentes, la destitución de la gobernante pondría fin a sus cargos parlamentarios.

Más adelante, como reacción ante el arresto de uno de sus principales asesores, la fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta de la República por homicidio calificado. Probablemente, olvidó que el artículo 117 de la Constitución prohíbe procesarla penalmente mientras se encuentre en el ejercicio de su cargo, salvo por cuatro delitos (traición a la patria, impedir la realización de elecciones, clausurar el Congreso, e impedir la reunión o funcionamiento de las instituciones del sistema electoral).

El Congreso, por su parte, ya estaba tratando de capturar el mando de la justicia y del sistema electoral. En setiembre pasado, el Pleno encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizar una “investigación sumaria” contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por la “causa grave” mencionada en el artículo 157 de la Constitución como causal de remoción. A pesar de que ninguna norma regula el procedimiento para esa “investigación” ni define cuáles son las conductas que constituyen “causa grave”, dicha Comisión “investigó” y luego propuso al Pleno que remueva a todos los miembros del órgano constitucionalmente encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales; y de nombrar a los Jefes de la ONPE y del Reniec.

Antes de que se reuniera el Pleno, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, como medida cautelar, ordenó al Congreso suspender la “investigación sumaria” y todos los actos derivados de esta. Los congresistas, obedeciendo esta decisión judicial, no realizaron la votación de la propuesta de remoción presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Casi al terminar el año 2023, dos congresistas volvieron a la carga. Propusieron la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, arguyendo que estos habían incurrido en “causa grave” por haber suspendido a la fiscal de la Nación. La votación de esta propuesta fue programada para la sesión del Pleno del 15 de diciembre, pero finalmente no se realizó.

El 7 de marzo del presente año, en un procedimiento de juicio político, el Pleno del Congreso, de forma fraudulenta, aprobó la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, hasta por 10 años, de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia: Inés Tello y Aldo Vásquez. El fraude consistió en que, para construir esa aprobación, se incluyeron los votos de dos congresistas que, por pertenecer a la Comisión Permanente, estaban impedidos de votar. No olvidemos que tanto el artículo 100 de la Constitución como el artículo 89 del Reglamento del Congreso establecen que en la votación del Pleno correspondiente al juicio político no pueden participar los miembros de la Comisión Permanente.

Inicialmente, el Poder Judicial puso freno a este abuso. El 22 de marzo, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, en el marco del proceso de amparo iniciado por Inés Tello y Aldo Vásquez, expidió una medida cautelar mediante la cual suspendió su inhabilitación y ordenó su reposición inmediata. La apelación interpuesta por el Congreso contra esta medida fue concedida sin efecto suspensivo. Esto significa que, por mandato judicial, el trámite de esta impugnación no suspendía el retorno de Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia.

Como respuesta, el Congreso inició un proceso competencial contra el Poder Judicial. En este proceso, el Tribunal Constitucional dispuso que —contra lo ordenado por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima— la apelación contra la medida cautelar que restituyó a Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia sí tenga efecto suspensivo y, por lo tanto, que su reincorporación se suspenda hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelva dicha apelación. Esta decisión constituyó una interferencia en un proceso judicial en trámite, prohibida por el artículo 139 inciso 2 de la Constitución.

La resolución del Tribunal Constitucional no podía generar ninguna obligación a la Junta Nacional de Justicia ni a su presidente. Solo obliga a las partes del proceso competencial: el Congreso y el Poder Judicial. Sin embargo, pese a no estar obligado, y sin que nadie se lo hubiera ordenado, el presidente de la Junta Nacional de Justicia restableció la vacancia de Inés Tello y Aldo Vásquez, es decir, materialmente los expulsó de esta institución.

Como consecuencia del error de su presidente, hoy la Junta Nacional de Justicia se encuentra conformada tan solo por cinco miembros. Bastará que se acepte la inhibición de uno de ellos para que —por disposición del artículo 26 de su Ley Orgánica— esta institución quede impedida, por falta de quorum, de ejercer sus principales funciones (nombramiento, evaluación parcial de desempeño, ratificación, procesos disciplinarios y destitución).

Para resolver este problema, el Congreso ha encontrado la peor de las “soluciones”. Acaba de aprobar, en primera votación, un proyecto de ley que dispone que los puestos de Inés Tello y de Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia sean cubiertos por dos postulantes perdedores del concurso realizado el año 2019.

Ya no se puede negar que la democracia en el Perú se está desmoronando. En esta circunstancia resultan inútiles las múltiples invocaciones o exhortaciones al Gobierno y al Congreso para que retornen a la senda del equilibrio de poderes y del respeto a los derechos. Si queremos encontrar otras herramientas válidas para rescatarla, no debemos olvidar que, según el artículo 46 de la Constitución, nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la norma constitucional y de las leyes.

https://larepublica.pe/opinion/2024/05/13/peru-2024-la-caida-de-las-instituciones-por-omar-cairo-757812

https://www.leerydifundir.com/2024/05/peru-2024-la-cai…as-instituciones/

El fascismo libertario

Carlos Alberto Rozanski

Entender las razones profundas que posibilitaron la irrupción de Javier Milei como opción de “salvación” de nuestra sociedad en crisis, es una tarea compleja pero imprescindible. Igualmente necesario es preguntarse cómo un personaje de esas características, que anunciaba tragedias, sufrimiento, y sobre todo, violencia, pudo llegar a ganar una elección presidencial. Finalmente hay que interrogarse acerca de los espacios en los que pudo insertarse el grupo de inadaptados que hoy ocupan la casa rosada y que abrevaron en los principios más estereotipados del racismo y la discriminación.

Se trata de un nuevo y peligroso escenario político-social que intentan instalar en el corazón mismo de la comunidad. Es aquel en el cual los hoy gobernantes diferencian dos sectores muy marcados: “la gente de bien” (los libertarios) y “el resto”.

Es bueno recordar que el grupo negacionista libertario comenzó su actividad pública hace poco más de dos años con apariciones esporádicas durante la pandemia. Desde la apología de la dictadura genocida, la negación de la existencia del virus covid 19 y la denostación de la vacuna hasta la quema de barbijos en alguna vereda, el grupo inició el camino hacia el actual discurso único de los “unos” y “los otros”. En esa primera etapa, los actos aparentaron desvinculación entre sí, asemejándose más a un producto del azar o la casualidad que a un plan organizado.

Bolsas mortuorias en el frente de la Casa de Gobierno con nombre de personalidades y guillotinas en la Plaza de Mayo, eran noticias en algunos medios, las que, aún dispersas, comenzaban a impregnarse en la mente de los telespectadores. Se trataba aún de una primera etapa en la cual las agresiones aparecen fragmentadas simulando agotarse en cada acto.

En esos momentos -2021-, irrumpió en esa escena el personaje de Javier Milei que terminaría canalizando esos impulsos aparentemente dispersos, hacia un verdadero movimiento político. En ese contexto el 1 de septiembre de 2022, se produjo el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Así, las manifestaciones esporádicas y en apariencia desconectadas pasaron a la etapa siguiente de la secuencia, lo cual se materializó en un partido político (La Libertad Avanza) cuyo fundador luego ganaría las elecciones presidenciales en el Balotaje de 2023.

Se trataba de un personaje extraño, de cabellos revueltos y labia agresiva que desde su particular desaliño personal anunciaba la superioridad “moral, productiva y estética” de su agrupación libertaria. A partir de allí, la demonización de un sector variado y creciente de la comunidad monopolizó la mayor parte de su discurso político.

Una vez instalado en las redes sociales y mediáticas, Milei comenzó de ese modo una brutal agresión expresiva hacia objetivos específicos. Calificó de “imbécil” y de “representante del maligno en la tierra” al Papa Francisco y de “zurdos de mierda” a los militantes y dirigentes de la izquierda política de quienes dijo reiteradamente que había que destruir. Sin embargo, el objetivo central y obsesivo de Javier Milei fue el movimiento nacional justicialista. Comenzando por su figura más representativa, la primera etapa de estigmatización se centró en Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento vicepresidenta de la nación y en el “Kirchnerismo” a quienes tanto Milei como sus socios atribuyeron la mayor parte de los males del universo. Ese espectro demonizante se fue ampliando al resto del partido político mayoritario en nuestro país y al mismo tiempo el que mayores conquistas sociales logró a través de leyes que ahora el presidente se propone derogar.

Es útil recordar que el peronismo ha basado su doctrina y lucha política en el concepto de “justicia social”. La mejor síntesis de ese principio trascendente es la idea de equidad, solidaridad, bien común, igualdad de oportunidades, en suma, el respeto por la dignidad humana.

En sentido opuesto y como parte de su estrategia destructiva, Milei ha definido reiteradamente la justicia social como una “aberración”. Con ese sustantivo, el presidente intenta demoler aquello que durante muchas décadas ha encabezado las luchas no sólo del peronismo, sino de toda la clase política progresista argentina. De hecho que la extensa lista de víctimas del genocidio de la última dictadura se ha nutrido de un colectivo políticamente heterogéneo en un abanico que va desde el radicalismo hasta la izquierda trotskista pasando, por supuesto, por el peronismo.

Actualmente, a escasas semanas de haber asumido el nuevo presidente, estamos entrando en una tercera etapa de avance de la extrema derecha que excede la actividad específica partidaria. Milei está tratando de instalar los conceptos centrales de su discurso reaccionario y violento, en el corazón mismo de gestión comunitaria que es el propio Estado. Ese Estado que cínicamente demonizó en cada discurso, anunciando su desaparición al igual que la de la mayoría de las dependencias ministeriales desde las que en los gobiernos anteriores -exceptuando el de Macri-, se impulsaban las políticas de contención y ayuda social. Su real intención al respecto nunca fue la de extinción del Estado. El objetivo real de Javier Milei y de quienes están detrás, es el reemplazo de un Estado presente y solidario por uno prebendario y orientado a una entrega de recursos humanos y naturales como nunca se vio en la historia de nuestro país.

Esta tercera etapa en marcha prevé un estado organizado en base a la exclusión absoluta del sector social que los libertarios consideren que no son “argentinos de bien”.

Al respecto, con la claridad que lo caracteriza Rocco Carbone señaló que “…cuando se nos dice que se gobernará para “los argentinos de bien” se está trazando un límite que va a separar a millones de seres del reconocimiento de su condición humana. En ese gesto segregatorio yace un núcleo del pensamiento fascista”. Agrega sobre el poder que ganó las elecciones que “… Está animado por lógicas mafiosas y por un catalizador fascista”. (1)

Esa vinculación estrecha que Carbone plantea entre la mafia -representada por Mauricio Macri- y el fascismo en la lógica de los discursos y actos de Javier Milei, resulta esencial para comprender el momento actual.

Es bueno recordar también que Milei afirmó públicamente por televisión: “Entre el Estado y la Mafia me quedo con la Mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple” (SIC). (2)

Y en esa disyuntiva planteada, Milei optó por la construcción de un Estado mafioso. Se convirtió así en el primer presidente electo en un país luego de afirmar su devoción por una organización criminal como es la mafia.

Macri, a su vez, fue denunciado por citas textuales de “mi Lucha” de Adolfo Hitler. El ex presidente definió públicamente a los alemanes como “raza superior” (SIC). Como señala un reconocido autor, Mauricio Macri es el primer político en el mundo fuertemente sospechado de pertenecer de manera orgánica a una organización mafiosa (la ‘Ndrangheta calabresa) que llega a la presidencia de un país. (3)

En el actual escenario, hay cuestiones que por su aparente extravagancia deben llamar nuestra atención y sobre todo la de nuestros dirigentes responsables de dar respuesta. Así, en el programa de la televisión chilena antes citado, Milei propuso privatizar las calles de nuestras ciudades para que quienes viven en cada cuadra puedan tener ingresos cobrando peaje. Igualmente, sus pintorescos diputados se han manifestado públicamente impulsando por ejemplo alambrar y privatizar los océanos o asegurando que los hombres que tuvieron relaciones sexuales con una mujer, deberían tener 15 dias de tiempo después de notificados del embarazo de sus parejas, para decidir si se harán cargo o no de las obligaciones parentales respecto del futuro hijo recien concebido. Por su parte, la actual canciller propuso la creación de un “mercado de órganos” (sic).

Baste para completar la idea recordar que el presidente eligió como Procurador del Tesoro (abogado del país) a un ex Nazi que participó del ataque a una sinagoga.

Como se sintetizó, la estrategia libertaria tanto para llegar al gobierno como para intentar sostenerse en él se erige sobre una sucesión de propuestas tan violentas como inverosímiles. La alianza mafioso-fascisita que describe Carbone es inédita en el país y eso explica algunas de las situaciones extrañas que se están viviendo. La magnitud del absurdo y lo bizarro de los personajes, permiten pensar que estamos ante la posibilidad de un saqueo sin precedentes con final abierto.

El actual escenario representa un desafío tan grave como la alianza que lo nutre. En él, es muy difícil determinar si la Argentina está presidida por un perverso, un desequilibrado o simplemente un megalómano. Lo que sí es posible afirmar es que los riesgos a los que el personaje en cuestión está sometiendo a una nación de 47 millones de habitantes, son superlativos.

La esperanza está hoy depositada en aquel sector de la política que supo luchar contra la dictadura genocida hasta recuperar la democracia. En aquellos jueces y fiscales decentes que no se doblegan ante la corrupción más reaccionaria de la corporación. En ese maravilloso pueblo que en las calles y sin vacilar, va a seguir poniendo el cuerpo para apoyar a sus dirigentes e impedir nuevos y brutales atropellos.

(1) La Tecl@ Eñe, 30/11/2023

(2) Programa Vía Pública Santiago de Chile 18/12/2019.

(3) “El lado oculto de la Famiglia Macri”. Edit. Ciccus. Jorge Beinstein, Daniel Cieza, 2019

https://www.pagina12.com.ar/701609-el-fascismo-libertario

 https://www.leerydifundir.com/2024/01/el-fascismo-libertario/

Perú: Las dictaduras y el neoliberalismo

Pedro Francke

Esta semana se recordaron 50 años del golpe de Augusto Pinochet. Su dictadura duró 17 años, mató o hizo desaparecer a más de 3 mil personas, produjo 30 mil víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos y 300 mil exiliados. Fue brutal.  El golpe tuvo el apoyo de los Estados Unidos, las grandes empresas transnacionales y chilenas y medios de comunicación tradicionales muy cercanos a ellas como “El Mercurio”. El aplastamiento de cualquier protesta le permitió a Pinochet hacer una política económica neoliberal extrema, con la asesoría del gran gurú neoliberal Milton Friedman, eliminando derechos laborales, privatizando las pensiones con las AFP y la seguridad social en salud, desregulando la economía y dando todas las facilidades a las transnacionales y grandes grupos financieros.

Hay varios parecidos en esta historia de Chile con la del Perú de ayer y hoy. Fujimori también dio un golpe que acabó con la democracia e implantó una dictadura que asesinó e hizo desaparecer cientos de personas. Gracias a su control militar pudo aplastar sindicatos y organizaciones populares, matando líderes como Pedro Huilca y Saúl Cantoral, recortar al mínimo los derechos laborales y los salarios reales, imponer su política neoliberal, eliminar el crédito agrario e, igual que Pinochet, promulgar una Constitución a su medida.

En el Perú de hoy, como en Chile, hay quienes justifican el golpe, la dictadura, los asesinatos y las violaciones de derechos humanos. Uno de sus argumentos fundamentales es que la economía estaba en crisis, iba por mal rumbo, y por eso dicen ellos que era y sigue siendo indispensable aplicar el neoliberalismo a rajatabla, así se acumulen daños ambientales, corrupción y descontento. Debido a que un gobierno matando gente se ve pésimo, algunos buscan separar las dos cosas: rechazan el golpe pero aplauden el neoliberalismo, o analizan la economía de manera aislada y se olvidan de la dictadura. Sin embargo, ambas historias muestran nítidamente que sin dictadura no habríamos tenido un neoliberalismo tan extremo y su Constitución, ni en Perú ni en Chile. En ambos países, también, aunque se ha recuperado la democracia, no se ha logrado un cambio de fondo del modelo económico ni de la Constitución. Las dictaduras de Pinochet y Fujimori lograron que el neoliberalismo perdurara en el tiempo hasta mucho después de que los pueblos los botaran del poder.

Los balances sobre el resultado de décadas de neoliberalismo también muestran discusiones similares en Chile y Perú. En ambos casos, el crecimiento económico fue importante pero con un alto grado de desigualdad y con derechos sociales a la educación, a la salud y a la seguridad social negados para muchos. Para algunos, el crecimiento es todo lo que importa y este por sí solo traerá todo lo bueno, sólo hay que esperar con paciencia. Para otros, entre los que me cuento, la equidad y los derechos sociales son imperativos éticos cuya atención no puede postergarse, y además su negación genera conflictos sociales crecientes y crisis de las democracias. Las protestas masivas en Chile hace pocos años y las de los peruanos contra este gobierno tienen como base un similar rechazo a la desigualdad y la discriminación.

EL PERÚ DE HOY

Tanto en Chile como en el Perú dictaduras extremadamente autoritarias y corruptas lograron por varios años, en base al uso brutal de la fuerza, impedir toda protesta social. A un sector de la clase empresarial, de las transnacionales y los grandes capitalistas, eso les gustó mucho: contar con “cholo barato”, bajos impuestos y contactos cercanos al poder para resolver cualquier traba les resultaba muy conveniente. Esto no es algo que sea ajeno al Perú de hoy, cuando matando sesenta peruanos han logrado generar miedo a protestar (¡cómo no tenerlo!), la represión sigue fuerte frente a cualquier movilización opositora, los derechos laborales se vuelven a recortar, los salarios reales se reducen y los privilegios de las grandes empresas se refuerzan.

Comenzando este año, uno de los voceros oficiosos de la Confiep, Diego Macera, dijo “hay condiciones para que el 2023 sea un año bueno”, habiendo “una buena oportunidad para retomar indicadores de confianza”. Recordemos que para esa fecha ya el gobierno Boluarte-Otárola había dejado varias decenas de muertos en diversas regiones del Perú y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) tras un análisis in situ consideró que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y calificarse como una masacre”. A este economista neoliberal le parecía que, luego de que el régimen había herido y asesinado a decenas de compatriotas (varios por la espalda), la “confianza” de los grandes inversionistas se recuperaría y por eso este sería un buen año para la economía. Es obvio que su pronóstico fue errado, pero vale la pena preguntarse:  ¿ese guion en el que tras tremendas masacres se “recupera la confianza empresarial” no recuerda a unos dictadores sudamericanos cuyos apellidos empiezan con P y con F?

Hoy Macera se ha visto obligado a reconocer que “es muy difícil encontrar otro período en la historia económica nacional reciente en el que las expectativas hayan caído tan fuerte y tan rápido sin que medie una crisis financiera internacional, un fenómeno natural devastador o una pandemia”. Pasados estos meses, ya este sector podría empezar a darse cuenta de que las masacres pueden haber generado una calma temporal pero ahondan la justa demanda histórica de nuestros pueblos oprimidos, erosionan la democracia y agravan la incertidumbre respecto a cómo será nuestro gobierno en los años venideros, afectando así la inversión y el crecimiento.

Sin embargo, es notorio el respaldo de la derecha empresarial más dura, de la Confiep y la Sociedad de Minería a la reciente ofensiva del fujicerronismo y la ultraderecha por controlar el Poder Judicial y los organismos electorales (JNE y ONPE) mediante la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Su silencio total frente a este atentado a la democracia es un verdadero estruendo. El presidente de la Confiep en un artículo reciente no dice ni una palabra sobre cómo este Congreso repudiado está destruyendo el equilibrio de poderes al buscar destituir a la Junta Nacional de Justicia, como ya lo hizo antes al impedir la “cuestión de confianza” del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Ese silencio también se puede ver diariamente en las primeras planas de sus diarios “El Comercio” y “Perú 21”. La Confiep sigue dominada por los grandes exportadores de materias primas y no les importa el mercado interno, la industria nacional ni la construcción, que están en profunda recesión gracias a este gobierno. Sólo quieren explotar nuestros recursos pagando los menores impuestos posibles.

Hasta el momento de escribir estas líneas, estos grandes empresarios apoyan una línea de ultraderecha que busca copar el poder para así tener más políticas económicas en su favor. En este septiembre, a 50 años de que Salvador Allende ofrendara su vida en defensa de la democracia, ojalá puedan darse cuenta de que apoyar violaciones masivas de derechos humanos y promover dictaduras es algo que carece de ética y que, por más balas que nos disparen, “mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 653 año 14, del 15/09/2023, p13

https://www.leerydifundir.com/2023/09/peru-las-dictaduras-neoliberalismo/