Perú 2024: La caída de las instituciones

Omar Cairo

“Ya no se puede negar que la democracia en el Perú se está desmoronando. En esta circunstancia resultan inútiles las múltiples invocaciones o exhortaciones al Gobierno y al Congreso para que retornen a la senda del equilibrio de poderes y del respeto a los derechos”.

Como nunca había ocurrido en este siglo, el actual Gobierno comenzó con una matanza. Su represión contra las movilizaciones realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 causó la muerte de 49 personas. En ese momento, el Congreso debió censurar a los ministros políticamente responsables (artículo 132 de la Constitución), y destituir a la presidenta de la República por infracción constitucional mediante el juicio político previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Una vez separada del cargo presidencial, la justicia penal habría podido determinar si era o no culpable de esa grave violación de los derechos humanos.

Pero ningún ministro fue censurado ni la presidenta destituida, porque los congresistas estaban decididos a conservar, a cualquier costo, sus puestos hasta el 28 de julio de 2026. Sabían que, por mandato del artículo 115 de la Constitución, ante la inexistencia de vicepresidentes, la destitución de la gobernante pondría fin a sus cargos parlamentarios.

Más adelante, como reacción ante el arresto de uno de sus principales asesores, la fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta de la República por homicidio calificado. Probablemente, olvidó que el artículo 117 de la Constitución prohíbe procesarla penalmente mientras se encuentre en el ejercicio de su cargo, salvo por cuatro delitos (traición a la patria, impedir la realización de elecciones, clausurar el Congreso, e impedir la reunión o funcionamiento de las instituciones del sistema electoral).

El Congreso, por su parte, ya estaba tratando de capturar el mando de la justicia y del sistema electoral. En setiembre pasado, el Pleno encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizar una “investigación sumaria” contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por la “causa grave” mencionada en el artículo 157 de la Constitución como causal de remoción. A pesar de que ninguna norma regula el procedimiento para esa “investigación” ni define cuáles son las conductas que constituyen “causa grave”, dicha Comisión “investigó” y luego propuso al Pleno que remueva a todos los miembros del órgano constitucionalmente encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales; y de nombrar a los Jefes de la ONPE y del Reniec.

Antes de que se reuniera el Pleno, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, como medida cautelar, ordenó al Congreso suspender la “investigación sumaria” y todos los actos derivados de esta. Los congresistas, obedeciendo esta decisión judicial, no realizaron la votación de la propuesta de remoción presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Casi al terminar el año 2023, dos congresistas volvieron a la carga. Propusieron la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, arguyendo que estos habían incurrido en “causa grave” por haber suspendido a la fiscal de la Nación. La votación de esta propuesta fue programada para la sesión del Pleno del 15 de diciembre, pero finalmente no se realizó.

El 7 de marzo del presente año, en un procedimiento de juicio político, el Pleno del Congreso, de forma fraudulenta, aprobó la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, hasta por 10 años, de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia: Inés Tello y Aldo Vásquez. El fraude consistió en que, para construir esa aprobación, se incluyeron los votos de dos congresistas que, por pertenecer a la Comisión Permanente, estaban impedidos de votar. No olvidemos que tanto el artículo 100 de la Constitución como el artículo 89 del Reglamento del Congreso establecen que en la votación del Pleno correspondiente al juicio político no pueden participar los miembros de la Comisión Permanente.

Inicialmente, el Poder Judicial puso freno a este abuso. El 22 de marzo, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, en el marco del proceso de amparo iniciado por Inés Tello y Aldo Vásquez, expidió una medida cautelar mediante la cual suspendió su inhabilitación y ordenó su reposición inmediata. La apelación interpuesta por el Congreso contra esta medida fue concedida sin efecto suspensivo. Esto significa que, por mandato judicial, el trámite de esta impugnación no suspendía el retorno de Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia.

Como respuesta, el Congreso inició un proceso competencial contra el Poder Judicial. En este proceso, el Tribunal Constitucional dispuso que —contra lo ordenado por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima— la apelación contra la medida cautelar que restituyó a Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia sí tenga efecto suspensivo y, por lo tanto, que su reincorporación se suspenda hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelva dicha apelación. Esta decisión constituyó una interferencia en un proceso judicial en trámite, prohibida por el artículo 139 inciso 2 de la Constitución.

La resolución del Tribunal Constitucional no podía generar ninguna obligación a la Junta Nacional de Justicia ni a su presidente. Solo obliga a las partes del proceso competencial: el Congreso y el Poder Judicial. Sin embargo, pese a no estar obligado, y sin que nadie se lo hubiera ordenado, el presidente de la Junta Nacional de Justicia restableció la vacancia de Inés Tello y Aldo Vásquez, es decir, materialmente los expulsó de esta institución.

Como consecuencia del error de su presidente, hoy la Junta Nacional de Justicia se encuentra conformada tan solo por cinco miembros. Bastará que se acepte la inhibición de uno de ellos para que —por disposición del artículo 26 de su Ley Orgánica— esta institución quede impedida, por falta de quorum, de ejercer sus principales funciones (nombramiento, evaluación parcial de desempeño, ratificación, procesos disciplinarios y destitución).

Para resolver este problema, el Congreso ha encontrado la peor de las “soluciones”. Acaba de aprobar, en primera votación, un proyecto de ley que dispone que los puestos de Inés Tello y de Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia sean cubiertos por dos postulantes perdedores del concurso realizado el año 2019.

Ya no se puede negar que la democracia en el Perú se está desmoronando. En esta circunstancia resultan inútiles las múltiples invocaciones o exhortaciones al Gobierno y al Congreso para que retornen a la senda del equilibrio de poderes y del respeto a los derechos. Si queremos encontrar otras herramientas válidas para rescatarla, no debemos olvidar que, según el artículo 46 de la Constitución, nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la norma constitucional y de las leyes.

https://larepublica.pe/opinion/2024/05/13/peru-2024-la-caida-de-las-instituciones-por-omar-cairo-757812

https://www.leerydifundir.com/2024/05/peru-2024-la-cai…as-instituciones/

Perú: Percepción de la corrupción

Humberto Campodónico

"¿Hasta dónde puede llegar el contragolpe de la corrupción (que sucede hoy en Perú)? Se está destruyendo el andamiaje legal e institucional que garantiza los derechos y la convivencia en democracia”.

En su última edición, la revista inglesa The Economist trae un largo reportaje sobre la corrupción en América Latina, tomando cifras elaboradas por Transparencia Internacional (TI). Las noticias no son nada halagüeñas para el Perú, pues en el 2023 estamos en el puesto 121 de 180 países analizados. En solo un año, hemos bajado 20 puestos en el ranking, pues en el 2022 estábamos en el 101. Y si vamos un poco más lejos, encontramos que en el 2012 estábamos en el puesto 83; o sea, la caída es de 38 puestos, nada menos.

Comparados con nuestra vecindad, en el 2023 estamos mejor que Guatemala y Venezuela, que están en los puestos 154 y 177, respectivamente. Pero por delante del Perú están Colombia (87), Argentina (98), Brasil (104, cayó 10 puestos) y Ecuador (115). Uruguay es el mejor rankeado (puesto 16), seguido de Chile (29).

He dejado para el final la data sobre El Salvador, pues aparece en el puesto 126, por debajo de Perú. Se podría pensar que, bajo Bukele, la corrupción habría descendido pues se tiende a asociarla con la delincuencia, que eso son las “maras salvatruchas”, la mayoría actualmente en prisión.

La cuestión es que el índice de TI mide la percepción de la corrupción solo en el sector público, a través de encuestas dirigidas, esencialmente, a empresarios y “expertos”. En su elaboración se toma en cuenta data del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial (Davos) y consultoras independientes. Se pregunta sobre las coimas y la apropiación indebida de fondos públicos. Y también si hay una persecución efectiva de los acusados, en marcos legales adecuados, donde haya protección a los denunciantes y a la prensa.

Eso está bien. Nos dice qué piensa el sector empresarial acerca de la corrupción en el sector público. Pero es también importante saber qué es lo que piensa la población acerca de esos mismos temas.

El monitoreo de la gobernanza

Como sabemos, las ENAHO, realizadas anualmente a más de 35.000 hogares, “normalmente” preguntan sobre las condiciones de vida y pobreza de la población para generar indicadores que permitan conocer la realidad económica o social de los hogares del Perú. También se hacen preguntas sobre los programas sociales de alimentos y los programas de transferencias monetarias (como Juntos y Pensión 65). De allí salen los indicadores de pobreza.

Pero desde el 2001, cuando comenzaba la transición a la democracia, el INEI decidió incorporar a las ENAHO módulos de Gobernanza y Democracia, que incluyen preguntas sobre corrupción, falta de empleos, calidad de los servicios educativos, entre otros.

En estas encuestas encontramos las respuestas de la población peruana, por sectores, por niveles de ingresos, sexo y edades. Las respuestas son directas, a diferencia de las encuestas de percepción de TI. Incluyen, además, no solo la percepción de la corrupción en el sector público, sino de la corrupción en todos sus niveles.

Dice Javier Herrera: “Hay que distinguir entre la gran corrupción que afecta a la clase política (en particular el escándalo Odebrecht que estalló durante este período) y la pequeña corrupción que tiene un impacto directo en los hogares”. Y agrega: “Si bien la gran corrupción había sido objeto de mucha atención, con el enjuiciamiento y encarcelamiento de muchas figuras políticas del régimen anterior, hasta ahora se había pasado por alto relativamente la corrupción menor.

No se ha puesto en marcha ningún mecanismo serio para hacer frente a la pequeña corrupción. Es esta forma de corrupción la que afecta a la población a diario, ya que las personas solo pueden acceder a los servicios públicos si ofrecen “regalos” y otros sobornos a funcionarios de nivel inferior o medio poco delicados, de los que son víctimas” (1).

Como conclusión de la “encuesta directa”, la percepción de la corrupción y la del crimen aparecen como los mayores problemas del país, por encima de aquellos que “normalmente” son los más importantes: empleo, pobreza, inflación. Da para un análisis de fondo, sobre todo si tomamos en cuenta que son 35.000 los hogares encuestados, 20 veces más que los considerados en las encuestas habituales.

Más allá de la forma con que se mida la corrupción, queda claro que, junto con la inseguridad, constituyen los problemas mayores. Y coinciden de manera directa con la caracterización de “país fracturado”, con tres economías: la formal, la informal y la delictiva. Es esta última la que causa mayor preocupación a la población. Ciertamente, la corrupción mayor está asociada al sector formal, de cuello blanco. Pero también afecta a la mayoría de la población.

El dilema de América Latina

Volviendo al principio. El fondo de la cuestión, dice The Economist (ya no TI), es que los avances en la lucha contra la corrupción de mediados de la década pasada están atravesando un “volteretazo”. Y da como ejemplo los casos de Brasil, Perú, Honduras, México y Guatemala, entre otros.

En Brasil, las investigaciones sobre Lava Jato y Odebrecht se han cambiado por su contrario. Hace poco el juez supremo José Dias Toffoli suspendió el pago de una multa a la empresa J&F —que ya había aceptado haber coimeado a funcionarios— diciendo que “había dudas razonables de que esos acuerdos hubieran sido firmados voluntariamente”.

Y añadió: “Los jueces que administran esas causas podrían haberse coludido con los fiscales”. En el Perú, en el Congreso “se va a votar si se remueve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que designa a los fiscales y jueces, a pesar de que numerosos legisladores están actualmente siendo investigados por corrupción”.

¿Hasta dónde puede llegar el contragolpe de la corrupción?  Se está destruyendo el andamiaje legal e institucional que garantiza los derechos de la sociedad y la convivencia en democracia. Y esto se hace con un Congreso y un Poder Ejecutivo que buscan la sobrevivencia, con tan solo aprobaciones del 8% al 10%.  Agreguemos, no solo la sobrevivencia, sino la impunidad y la posibilidad de continuar con sus “privilegios”. Para ello, tienen en mente controlar el JNE y la ONPE para “evitar” candidaturas que les sean “inapetentes” y quedarse en el poder (lo que no es gobernar) más allá del 2026.

El antiguo régimen de los 90 no ha aprendido nada ni olvidado nada. Dice The Economist: “Han estado ganando batallas”. Pero deben tener cuidado. En una encuesta nacional publicada el 3 de marzo, una pluralidad de brasileños dijo que Lava Jato fue cerrada debido a intereses políticos. El 74% de los encuestados cree que las recientes decisiones de la Corte Suprema “fomentan la corrupción” (ídem).

Lo mismo sucede aquí, donde seguimos cayendo en la percepción de la corrupción, tanto en la encuesta de TI como en la de la ENAHO. Lo que falta es pasar de la percepción a la acción, antes que sea muy tarde.

Referencias

1) Javier Herrera (et al), Midiendo la gobernanza, la democracia y la participación: Lecciones de dos décadas de experiencia en el Perú, 2022

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/15/percepcion-de-la-corrupcion-por-humberto-campodonico-921855

https://www.leerydifundir.com/2024/03/peru-percepcion-la-corrupcion/

Perú: ¿Al garete?

Diego García Sayán

“Solo enmendando rumbos se podría despejar el panorama. Como dicen en Colombia, ‘amanecerá y veremos’”.

¿Está el Perú “al garete”?

Se sabe, en lo esencial, qué se entiende por “estar al garete”. Buscando una definición/interpretación en el sacrosanto GPT se le define como “algo que está desordenado, fuera de control o sin dirección clara”.

A primera vista, la realidad cotidiana, pues, no parece ofrecer dudas. No solo por una serie de rasgos evidentes en cuanto a falta de objetivos y metas declaradas, sino por la obvia incapacidad gubernamental/estatal de fijar metas y producir resultados concretos que beneficien a la economía nacional, la salud o la seguridad ciudadana y, en general, a la población.

Dos ejemplos ilustrativos.

Primero, las amenazas constantes para demoler la independencia judicial. Tras la guerra declarada contra la independiente Junta Nacional de Justicia, el trasfondo una institucionalidad sistemáticamente magullada. Con la impune e inconstitucional destitución por el Congreso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos (simplemente porque no les gustó una decisión de esa fiscal). O, luego, con la actuación de la suspendida fiscal Benavides, hoy investigada como cabeza de una red de organización criminal que incluiría a congresistas.

Segundo, la brutal ineficiencia en la ejecución del presupuesto público. Llegamos a fines de diciembre con uno de los más bajos niveles de ejecución presupuestal del siglo. No se puede “tirar la pelota” a los Gobiernos regionales y locales, como si el Gobierno central gobernase otro país. Hay responsabilidad y, por cierto, es un tema pendiente que los anteriores Gobiernos también dejaron en el aire.

Experiencias eficaces en ejecución presupuestal las hay incluso en Estados federales como Brasil: el diligente Ministerio do Desenvolvimento (Ministerio de Desarrollo) supervisa y monitorea eficazmente, tanto la inversión del Gobierno federal como la de los locales y estatales (con autonomías mayores que los de las regiones o municipios en el Perú).

Pero el telón de fondo y la esencia de la cuestión en el Perú no está solo –ni tanto– en eso de estar “al garete”. Está en la venalidad que plaga al Congreso y en su esencial y permanente confrontación con los valores democráticos. En ello no hay nada “al garete”. A esa lógica se suma activamente, ahora, el Ejecutivo al colocar al país, en los hechos, fuera del sistema interamericano de derechos humanos, más allá de lo declarativo.

Lo de estar “al garete”, pues, no describe el grave mal que hoy corroe al Perú: cuestionamiento sistemático, en los hechos, a la división de poderes y un Congreso atravesado por la corrupción o al servicio de intereses privados (por ejemplo, los recientes y abruptos cambios a la ley forestal). Con todo esto, obviamente, ya ha pasado al ámbito de la ilusión el objetivo declarado de hacer al Perú miembro de la OCDE, la crucial Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Así nunca.

Por otro lado, confrontando lo que la Corte Interamericana había dispuesto en el tema Fujimori. El Gobierno optó por no acatar y enfrentarse. Si en posterior y surrealista declaración desde la Cancillería se dijo –oficialmente, y sin rubor– que no había existido desacato alguno, los hechos hablan por sí solos. Atrás va quedando, pues, la Cancillería que otrora o en la transición democrática promovió la democracia: Carta Democrática Interamericana o reconociendo en la transición democrática la responsabilidad internacional del Perú en graves casos de violación a los derechos humanos.

Grave involución y al servicio de intereses oscuros la demolición en curso de la institucionalidad. Destaca, en ello, el Congreso, pero no se queda allí. Por ello, guarda preocupantes semejanzas de fondo con evoluciones producidas en otro país de la región como Guatemala. Lo que viene ocurriendo en el Perú no solo se equipara, sino que hasta supera el llamado “Pacto de los Corruptos” sufrido en nuestra hermana nación centroamericana. Que condujo, como se sabe, a la reciente decisión del Gobierno estadounidense de retirarle la visa a más de 300 congresistas, políticos y empresarios de ese país.

Cuidado, pues, con el anhelo de quienes hoy hunden al Perú de visitar al ratón Mickey y amigos en Florida. De pronto, se les podría desvanecer a congresistas corruptos y antidemocráticos y a otros responsables de graves pasos en la demolición democrática. Como diría nuestro recordado Humberto Martínez Morosini, “… se sienten pasos”.

Solo enmendando rumbos se podría despejar el panorama. Como dicen en Colombia, “amanecerá y veremos”.

https://larepublica.pe/opinion/2023/12/28/al-garete-por-diego-garciasayan-2142560

https://www.leerydifundir.com/2024/01/peru-al-garete/