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5 de enero de 2025

Perú: Estado fallido y derechos de las mujeres

Jennie Dador Tozzini

Mientras más se amplía el poder del Congreso, más crece el desequilibrio entre poderes y menos alternativas se construyen para la igualdad real de las mujeres, porque lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres.

El Estado peruano es un Estado fallido, incapaz de garantizar su funcionamiento, servicios básicos y una vida sin violaciones de derechos humanos a su población, especialmente a las mujeres; aunque a decir de algunos, este Estado todavía conserva su capacidad represiva, lo que lo colocaría en uno de institucionalidad gravemente afectada.

El desarrollo neoliberal, sin regulaciones adecuadas ni capacidad real para fiscalizar y sancionar, no ha logrado transformarse en una posibilidad de vida digna para las personas. Vivimos en un microcosmos de feroces contradicciones. Mientras más crece el PBI, asistimos al crecimiento de todo tipo de violencias, empezando por la feminicida con su extremada crueldad, la sextorsión y la “sicariatización” de la sociedad, donde cualquier conflicto se resuelve aniquilando al rival; la ingobernabilidad, la corrupción, la presencia de economías criminales e ilegales y la ingobernabilidad de los territorios.

Las estadísticas registran una mayor presencia de mujeres en ocupaciones precarias, pero baja en puestos de decisión; acoso sexual en lo laboral, la educación y la política. Todo ello en un contexto en que el Congreso se niega a legislar sobre un sistema de cuidados que permita contar con servicios esenciales de cuidados (guarderías, escuelas con jornada extendida, casas para adultos mayores) y una corresponsable división sexual del trabajo.

No importa cuántos presidentes y Congresos se sucedan, cada vez más se apuesta por el control de nuestras vidas. Este año nos arrebataron a las mujeres la posibilidad de ser nombradas por el lenguaje inclusivo, instruidas y prevenidas con la educación sexual integral, y la opción de maternar con anticoncepción y aborto. Mientras más se amplía el poder del Congreso, más crece el desequilibrio entre poderes y menos alternativas se construyen para la igualdad real de las mujeres, porque lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres.

Jennie Dador Tozzini. Feminista. Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

https://larepublica.pe/opinion/2025/01/01/estado-fallido-y-derechos-de-las-mujeres-95816

8 de octubre de 2021

Perú: Inversión extranjera: ¿de dónde viene y adónde va?

Humberto Campodónico

Aunque usted no lo crea, nuestras estadísticas oficiales sobre la inversión extranjera directa (IED) no tienen una fuente homogénea y, por ello, transmiten mensajes distintos y contradictorios. Ello se debe al enfoque neoliberal que nos dice que ese tema es, básicamente, privado, y que, por tanto, el Estado no tiene por qué inmiscuirse.

Así, el organismo oficial de esa data, Proinversión, nos dice que, a diciembre del 2020, el stock acumulado de IED fue de US$ 26,806 millones. Pero el BCR, que lleva toda la contabilidad internacional, nos dice otra cosa. A diciembre del 2020, la IED alcanza los US$ 116,000 millones, cifra 4 veces superior a la de Proinversión.

¿Qué está pasando? Pues que Proinversión solo considera la “inversión registrada”, es decir, aquella que los inversionistas decidan registrar. Ellos deciden. Es por eso que, para Proinversión, los mayores inversionistas serían Reino Unido, España y Chile con US$ 4,642, 4,678 y 4,004 millones, respectivamente. Les siguen EE. UU. con US$ 2,700 millones y China aparece mucho más atrás, en el puesto 15 con US$ 304 millones. Esa es la inversión que “han querido” registrar.

Y es por eso que para encontrar la IED por países, se tiene que “bucear” la data que proporcionan… los organismos oficiales de los países inversores. Allí nos enteramos que China es el # 1, con US$ 29,250 millones, el 25% de los US$ 116,000 millones que consigna el BCR. Le siguen la Unión Europea, Chile, EE. UU. y Japón, con US$ 25,000, 13,000, 7,500 y 7,000 millones, respectivamente (1).

Qué tal diferencia. Repito, esos datos se encuentran en el Global Investment Tracker (China), organismos nacionales europeos, el Banco Central de Chile y el Survey of Current Business de EE. UU. Si alguien tiene una fuente directa, sería bueno que la haga de conocimiento público.

Quien sí tiene toda la información es el BCR, pero la proporciona de manera agregada, por sectores económicos. En sus Memorias hemos encontrado data del 2011 al 2020, por un total de US$ 75,000 millones de IED en ese periodo. Pero no encontramos la data desagregada por países.

El 40% de la IED se fue a la minería (ver cuadro), seguido de los servicios no sinancieros con el 28% (comercio mayorista y minorista, publicidad, puertos, transporte aéreo y marítimo, construcción, contabilidad, informática, turismo, salud, educación, entre otros). La IED financiera (bancos, AFP) fue 11,3% y manufactura tuvo el 8,3%. Cantidades menores ingresaron a manufactura e hidrocarburos (cabe resaltar que las inversiones relacionadas al gas de Camisea ocurrieron en el periodo 2001-2010, principalmente).

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Estas son las preferencias de la IED, las mismas que calzan con la definición del modelo PESER de Efraín Gonzales de Olarte: primario exportador y de servicios. Esta ausencia del Estado en la “contabilidad” de la IED contrasta con la de Chile que incluso tiene la data desagregada por regiones, lo que le permite tener una clara idea de cómo, dónde y cuándo las necesidades del país se pueden conjugar con la IED. Eso hizo Costa Rica cuando se propuso traer inversiones de alta tecnología, como Intel.

Pero el Estado peruano sí se ha preocupado en otorgar contratos de estabilidad jurídica (contratos-ley) que, además, están protegidos por la Constitución de 1993. Claramente hay allí dos varas y dos medidas. Esto debe cambiar. El Estado debe tener una política clara hacia la IED, dotándose de algunos de los instrumentos aquí reseñados. Y, también, poniéndose al día con los cambios legales en materia de transparencia y, sobre todo, de tributación, que ya se han adoptado en la OCDE.

Para comenzar, hay que saber, ya, las cifras, que nos digan de dónde viene y adónde está la IED.

1) Esta información proviene del artículo póstumo de Rafael Roncagliolo (en el que colaboré a pedido suyo): “El Perú, autonomía y no alineamiento activo”, que aparece en el libro El no alineamiento activo y América Latina: una doctrina para el nuevo siglo, de próxima publicación.