​Histórico reconocimiento del lago Titicaca como sujeto de derechos

Ecología social

La Región de Puno (Perú) aprobó una ordenanza que declara como sujeto de derechos al Lago Titicaca y estableció la participación indígena en el organismo nacional de gestión de la cuenca. La medida fue impulsada por mujeres aymaras y quechuas ante el avance de la contaminación de las aguas y el perjuicio que esto genera para su cosmovisión y la producción campesina indígena.

El Consejo Regional de Puno (Perú) reconoció al Lago Titicaca como «sujeto de derechos», estableció el derecho a la participación indígena en la gestión de esa cuenca hídrica y el valor espiritual del lago. El Titicaca es el espejo de agua dulce más grande de Sudamérica y el más alto de los grandes lagos del mundo. La resolución que declara sus derechos fue impulsada por la Organización de Mujeres Aymaras y Quechuas Unidas por la Defensa del Agua y del Lago Titicaca de Puno. Su presidenta, Soraya Poma Cotrado, explica: “Como mujeres indígenas y campesinas el lago es nuestra ‘Qhuta mamá’ (madre lago), es vida y por eso hemos luchado”.

El Titicaca se ubica a 3810 metros sobre el nivel del mar, entre Perú y Bolivia, y cuenta con una superficie de 3300 kilómetros cuadrados. Es una enorme reserva de abastecimiento hídrico y cuna de saberes ancestrales de los pueblos indígenas andinos. Forma parte del sistema hídrico más grande de la región, conformado por el Titicaca y los ríos Desaguadero, Poopó y Salares. Poma Cotrado relata que la sanción de la ordenanza no fue fácil. El punto que generó más controversia fue el Artículo 5.

“Ese artículo indicaba que las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas íbamos a estar integradas en la participación. Fue una lucha, hemos tenido varias reuniones con las autoridades. Hemos hecho entender cuán importante es el Lago Titicaca, cómo deberíamos valorarlo y protegerlo”, puntualiza. La agrupación tiene bases en las trece provincias de la región Puno. En 2024 comenzaron el proceso de elaboración de la ordenanza y de incidencia política para su aprobación.

El 24 de abril, el órgano legislativo de Puno resolvió declarar “de preferente interés regional el reconocimiento del Lago Titicaca y sus afluentes como sujeto de derecho, con personalidad jurídica propia, garantizando su protección integral para la preservación de su equilibrio ecológico, biodiversidad y valores culturales, sociales y espirituales de los pueblos indígenas circundantes, comunidades locales y organizaciones vinculadas a su gestión y conservación en la región”.

Puno, la región que tiene jurisdicción sobre el Titicaca, reconoció también con la ordenanza que el lago tiene derecho a su existenciay al mantenimiento de su integridad ecológica, a la regeneración natural de sus ciclos hidrológicos y biodiversidad, a estar libre de contaminación y de actividades que alteren su estado natural, a ser restaurado en caso de afectación ambiental y a ser representado por entidades que velen por su protección y conservación.

La ordenanza reconoce al Gobierno Regional de Puno, a los pueblos indígenas circundantes y comunidades locales como guardianes y representantes del lago, asegurando un mecanismo de representación equitativo y con enfoque de género. Establece que las decisiones administrativas que afecten al Lago deberán someterse a consulta previa a los pueblos originarios, según lo establece el Convenio 169 de la OIT. La misma norma admite que “el reconocimiento de estos derechos se basa en el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y en los principios de la justicia ambiental”.

Saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas

Julio César Mejía Tapia es director del Instituto de Derecho, Participación Social y Medioambiente en Puno y asesor jurídico de la organización de mujeres indígenas que impulsó la ordenanza. Explicó a Tierra Viva que, tras la sanción, resta que el gobierno de Puno promulgue la ordenanza. Luego, tendrán 120 días para elaborar el reglamento que haga operativos los derechos reconocidos.

Sobre los aspectos técnicos, detalló: “Hemos hecho un diagnóstico y establecido los derechos que le corresponden al lago Titicaca, con la idea de descontaminarlo, conservarlo, protegerlo e involucrar a los pueblos originarios circundantes y a las organizaciones representativas que tengan como finalidad, protegerlo y cuidarlo”. Con esta ordenanza, la Región Puno se compromete a incorporar los valores y conocimientos ancestrales en las políticas y estrategias de conservación.

“En la fase de reglamentación se establecerán cuáles serán las sanciones para quienes contaminen y la participación de los pueblos originarios en el Consejo de Cuenca de la región Puno, dependiente de la Autoridad Nacional del Agua”, precisó.

Informó que en el lado boliviano también se está tramitando una ordenanza similar. Poma Cotrado comentó que, como mujeres indígenas peruanas, se encuentran trabajando con lideresas bolivianas en ese sentido.

Para Mejía Tapia este paso significa pagar “la deuda histórica que tienen los Estados latinoamericanos, como el peruano, con sus pueblos originarios porque está recogiendo o pretende recoger sus saberes ancestrales. Los pueblos originarios tienen una relación espiritual y cultural con la Pachamama y con las fuentes de agua. Esta ordenanza es parte de esto: de intentar saldar esta deuda histórica a través de recoger su sabiduría y su participación en la gestión estatal. Recoge otra forma de pensar, otra forma de hacer la gestión, otra mirada que es la que siempre han tenido los pueblos indígenas, tener una relación no solo económica, sino una relación más cercana con la naturaleza”.

Agua contaminada y salud en peligro

Estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizados en los últimos años concluyeron que existe una alta contaminación en el río Torococha, al contener sustancias tóxicas que sobrepasan los valores regulados por los estándares de calidad ambiental para el agua. Esto convierte al río, cuyas corrientes se unen con el Coata y desemboca en el lago Titicaca, en un peligro para la salud de las personas que habitan en las riberas.

Otro Informe técnico de la ANA advirtió la presencia de 15 fuentes contaminantes en el río Coata. Cuatro de ellas son aguas residuales de la minería y las demás son puntos de aguas servidas. El documento, además, indica altas concentraciones de metales, como manganeso, plomo, talio y zinc, y la presencia de coliformes fecales, provenientes del vertimiento de aguas residuales en las ciudades de Vilavila y Juliaca.

“En Perú, aunque existen normas contra la contaminación, el Titicaca sigue recibiendo desechos mineros e industriales porque, jurídicamente, no tiene quién lo defienda”, sostuvo Mejía Tapia. Además, precisó: “Hay presencia de minería artesanal no identificada y actividad minera que debe inventariar la contaminación. Está probado que la contaminación existe pero hay un déficit de parte del Estado de identificar las fuentes contaminantes”.En 2024, la Sala Civil de Juliaca ratificó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Juliaca (emitido en setiembre de 2023), que responsabiliza al gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por las condiciones insalubres e indignas que viven los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, al estar expuestos a la contaminación ambiental del río Torococha, la cuenca Coata y el lago Titicaca.

“La Qhuta mamá es nuestra doncellita y está muy enferma”, dice Poma Cotrado. En la cosmovisión indígena el lago se comunica con los cerros y en sus riberas crece “qhuta t’aurapa” (lana del lago) que les indica cuándo habrá buena cosecha. Cuando sus aguas se oscurecen, indica que habrá lluvia.

Las familias de la zona cultivan papa, cebada, quinoa y trigo. “Por la contaminación, el sabor de lo que cultivamos ya no es el mismo. Hay personas enfermas con metales pesados en su sangre. Esperamos que las autoridades competentes tomen conciencia. La isla de Uros, que está en medio del lago se ve para el turismo, pero desde allí tiran afluentes al lago”, lamenta la presidenta de la agrupación.

Precedentes jurídicos

En Perú, debido al reclamo de las mujeres del Pueblo Kukama, el Juzgado Mixto de Nauta marcó un precedente en 2022 al reconocer la importancia de los cuerpos de agua y la necesidad de mecanismos de protección efectiva, en ese caso para el río Marañón. Este reconocimiento fue un precedente significativo, en tanto adoptó un paradigma ecocéntrico en la gestión de la cuenca, garantizando su preservación a largo plazo y su restauración frente a amenazas ambientales. Además incluye la participación de las comunidades locales.

En 2008, Ecuador reconoció en su Constitución (artículo 71) que la “Pachamama” —la Madre Tierra— tiene derecho a existir, mantenerse y regenerarse. En 2010 Bolivia aprobó la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, declarando a la naturaleza como “sujeto colectivo de interés público”. Esta ley no protege ríos y bosques por su valor económico, sino por su valor sagrado en las cosmovisiones indígenas.

En 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al Río Atrato como sujeto de derechos, en respuesta a la minería ilegal que lo devastaba. Un paso similar dio Ecuador en 2024 con el Río Machángara. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-23, afirmó que el medio ambiente es un derecho autónomo, que merece protección por sí mismo, no solo por su utilidad para los humanos.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/historico-declaran-sujeto-de-derechos-al-lago-titicaca-en-peru/

https://www.leerydifundir.com/2025/05/historico-recono…-sujeto-derechos/

Indígenas y palestinas

Cecilia Méndez

"Aída Aroni era consciente de que la Constitución podía proteger sus derechos, pero no todos (...) Para Aroni, una ciudadanía plena no podía existir sin el derecho de todas y todos a hacer política”.

“No quieren que nosotros hablemos lo que está escrito en esta Constitución”, Aída Aroni. Marzo, 2023.

Aída Aroni está enferma y necesita ayuda. ¿Quién es Aída Aroni? Si asististe o estuviste al tanto de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte hace un año en Lima no puedes no haberla visto. En foto, al menos, porque es inconfundible. Aída Aroni es la mujer ayacuchana y quechuahablante de 53 años que asistía a las marchas en primera fila, vestida con polleras y sombrero huancapinos (de Huancapi, su pueblo) con una bandera peruana que hacía ondear muy cerca de los policías, increpándoles que no dispararan a la gente. Sus fotos ondeando su bandera frente a ejércitos de policías armados recorrieron el mundo y se convirtieron en memes simbolizando a las mujeres como ella que, sorteando insultos racistas o misóginos, maltrato físico y terruqueo, nunca se rindieron en su reclamo de justicia.  

Una vez, mientras Aída increpaba a unos policías, pasaron unos jóvenes y les dijeron mirando con el rabo del ojo a Aída Aroni: “Métele bala, hueón”. Pero Aída no se amilanó por eso, incluso cuando, poco después, fue detenida si explicaciones por exigir la renuncia de Boluarte y “pedir piedad” a los policías. Allí prosigue, le arrancharon su bandera, le “pegaron en la espalda” y le “jalaron todo el pelo”, según declaró a La República (9-2-2023). Aída fue retenida en el calabozo de una comisaría por 48 horas, pero salió con la voluntad inquebrantada: “Yo no lucho con palo, yo no lucho con piedras. No me importa que me discriminen, que me digan chola, serrana, india, lo que sea; yo me siento orgullosa. Yo lucho por mi país”, declaró al mismo medio. Su valor inspiró a más que fotoperiodistas. La historiadora Marissa Bazán le dedicó un poema.

Entre enero y marzo del año pasado miles de peruanas y peruanos como Aída Aroni llegaron a Lima desde diversos lugares del Perú para hacer oír su voz después de haber marchado en las capitales de sus provincias y departamentos sin éxito. Llegaron en caravanas de buses o camiones, sorteando insultos y maltratos en los controles de carreteras, pero también recibiendo aliento, agua, víveres y muestras de solidaridad a lo largo del camino. Los peruanos más pobres de las zonas rurales, los que habían apostado mayoritariamente por Pedro Castillo con la esperanza de un cambio no se resignarían así nomás. Llevaban demasiado tiempo esperando.

Primero protestaban por la traición de Dina, la vicepresidenta de Castillo, una mujer mendaz y sin escrúpulos. Luego de haber declarado con falaz emoción que si a Castillo lo vacaban ella se iría con él, fue ungida presidenta por el mismo Congreso que ayer nomás le decía terrorista y buscaba destituirla. Hasta que se dieron cuenta que le salía más a cuenta utilizarla para quedarse en el poder. No fue difícil convencerla de no llamar a elecciones tras la caída de Castillo, a quien estaban a punto de destituir cuando él se autoinmoló con su conato de golpe. Dina pensó en los banquetes, los Rolex, la ropa fina y viajes por el mundo… Era irresistible. Accedió.

Pero no había pasado una semana desde que se puso la banda presidencial cuando la sangre de campesinos empezó a correr. Los primeros asesinados con su inacción o consentimiento fueron adolescentes de Andahuaylas, su propia tierra. Luego vinieron los de Ayacucho, Juliaca, Macusani, Pichanaki, Arequipa, Cuzco, Lima, La Libertad, todo negado con cinismo por ella y su ministro y arquitecto de la brutal represión, Otárola. Fue así que Dina traidora devino en Dina asesina. A las consignas de “nuevas elecciones”, “renuncia, Dina” y  “nueva Constitución”, se sumaron las de justicia para a los muertos y heridos, el derecho a la vida.

En Lima los manifestantes fueron invisibilizados y terruqueados por autoridades, medios y políticos. El alcalde de Lima les cerró las plazas; la policía les cerró las calles, los golpeó tan brutalmente que uno de ellos, Manuel Quilla, murió, víctima de las torturas, cuando regresó a Puno. Fue el muerto número 50 de Dina. Muchos vimos, además, en videos, cómo un policía disparaba directamente a la cabeza a Víctor Santisteban Yacsavilca, que caminaba con la multitud, desarmado, matándolo. Pero en el discurso oficial y mediático, los manifestantes eran delincuentes  terroristas, narcotraficantes, “ponchos rojos”. Boluarte llegó a decir: “Se mataron entre ellos”. Un ministro dijo que las mujeres aimaras eran “peor que animales”

Aroni vivió y sufrió todo eso, pero fue mucho más que una víctima. A mediados de marzo participó en un conversatorio de mujeres lideresas organizado al calor de las protestas, en Lima, transmitido por Facebook. Sin desprenderse de su bandera, pero esta vez con la Constitución en la otra mano, Aroni reveló no tener primaria completa, pero dijo sentirse “contenta y feliz porque tengo mi cerebro”. Sobre los congresistas dijo: “No quieren que nosotros hablemos lo que está escrito en esta Constitución”. “Basta”, acotó, “yo también tengo hambre, yo también tengo derecho, yo también soy el Estado. Somos el Estado. No solamente 130 congresistas son el Estado”.

Aída Aroni era consciente de que la Constitución podía proteger sus derechos, pero no todos, y se encontraba entre el grupo mayoritario de peruanos que exigía una nueva Constitución, en la que mujeres como ella se vieran representadas. No iba a contentarse con “pedir obras” ni recibir caramelos, como hubiera deseado Boluarte. Para Aroni, una ciudadanía plena no podía existir sin el derecho de todas y todos a hacer política.

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A miles de kilómetros del Perú, a orillas del Mediterráneo, en Gaza, vive Bisan Owda, una periodista palestina de 24 años con más de 4 millones de seguidores en Instagram. A diferencia de Aída, Bisan ha leído muchos libros. Pero a semejanza de ella, vive con su ciudadanía recortada por ser indígena en un el régimen de apartheid impuesto por el ejército de ocupación de Israel, que ahora conduce un genocidio de palestinos.

No tengo espacio para explayarme en por qué es legítimo decir que los palestinos son indígenas, pero así los llaman los libros que empecé a leer después del 7 de Octubre para salir de mi ignorancia sobre su historia. Muchas de mis colegas palestinas y palestinos en la Universidad de California sienten la misma identificación debido a historias paralelas de despojo de tierras y exterminación.

En sus últimas transmisiones, Bisan ha empezado a contar la historia antigua de Palestina alrededor de una fogata en el campamento donde se haya refugiada.  Israel ha destruido todas las universidades, museos y archivos de Gaza. Bisan parece querer compensar la destrucción de la memoria material de su pueblo con la memoria del relato. El mensaje es de pertenencia e identidad, pero también de justicia. Porque sin memoria no hay justicia.  

Por eso he querido recordar hoy a Aída Aroni y a otros peruanos que luchan por sus derechos, que son los nuestros, aun a costa de sus vidas. Le deseo una pronta recuperación.

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/17/indigenas-y-palestinas-por-cecilia-mendez-1017246

https://www.leerydifundir.com/2024/03/indigenas-y-palestinas/

Abusos en los internados para menores indígenas en Canadá: ¿es suficiente una disculpa del papa?

Amy Goodman y Denis Moynihan

El papa Francisco visitó esta semana Canadá, en lo que llamó “una peregrinación penitencial” para pedir perdón por el papel que la Iglesia católica desempeñó en el brutal sistema de “escuelas residenciales para indígenas”, que estuvieron en funcionamiento desde 1831 hasta 1998. El Gobierno canadiense separó de sus familias a 150.000 niños y niñas indígenas que fueron colocados en internados lejos de sus hogares y obligados a asimilarse a la cultura eurocanadiense de la población blanca. El 60% de estas instituciones fueron administradas por la Iglesia católica. En los internados se prohibía a los menores indígenas hablar sus idiomas nativos y se los obligaba a abrazar el cristianismo y a seguir un estricto programa educativo y laboral destinado, según los misioneros, a “civilizarlos”. Muchos de estos niños y niñas también sufrieron abusos sexuales y maltratos físicos. Un análisis inicial estimó que más de 3.200 de ellos murieron en los internados y otros 1.000 fallecieron después de ser enviados a sus casas gravemente enfermos.

La búsqueda de los restos de los menores se aceleró en 2021, luego de que se identificaran varios sitios en los que podrían estar enterrados cientos de cadáveres de estudiantes de estos internados, a menudo en tumbas sin nombre y en cementerios olvidados de partes remotas de Canadá. Este escándalo se extendió más allá de las fronteras canadienses y llegó a Estados Unidos, donde se inició una investigación largamente esperada sobre los internados administrados por el Gobierno estadounidense, en donde los menores indígenas también sufrieron atrocidades y murieron a causa de las brutales prácticas de asimilación forzada a las que eran sometidos.

“Las escuelas residenciales han sido catastróficas. […] Lo que la fe cristiana nos dice es que fue un error devastador”, dijo el papa Francisco durante el encuentro que mantuvo con los pueblos indígenas de las Naciones Originarias de Canadá en la comunidad de Maskwacis, cerca de la ciudad de Edmonton, en Alberta. “Duele saber que ese terreno compacto de valores, lengua y cultura, que confirió a sus pueblos un sentido genuino de identidad, haya sido erosionado, y que ustedes siguen pagando los efectos. […] Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas”.

Evelyn Korkmaz pasó cuatro años en el internado para indígenas de St. Anne, en Fort Albany, provincia de Ontario y actualmente ayuda a otras personas sobrevivientes. Sobre las disculpas del pontífice católico, Korkmaz expresó:

“He esperado 50 años por esta disculpa y finalmente, hoy, la escuché. Por desgracia, muchos de mis familiares, amigos, compañeros de clase y miembros de mi comunidad que fueron enviados a estos internados no pudieron escucharla porque murieron por suicidio, por la adicción al alcohol o por el abuso de otras sustancias, ya que no pudieron soportar el trauma que sufrieron en esas instituciones”.

Pamela Palmater, una abogada y profesora de la tribu Mi’kmaq, tiene una visión diferente sobre el pedido de perdón del papa. En conversación con Democracy Now!, expresó: “Fue más o menos lo que me temía, que sería una de esas disculpas cuidadosamente redactadas en las que la Iglesia misma, la organización, no asume la responsabilidad por sus políticas y prácticas ni por los encubrimientos, a pesar de saber que miembros de su organización cometían delitos sexuales en diversas partes del mundo”.

Entre 2008 y 2015, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá documentó, mediante fuentes de archivo y testimonios de personas sobrevivientes, los abusos que se perpetraron en el sistema de internados indígenas.

Además de una disculpa genuina del papa, Pamela Palmater y otros activistas indígenas exigen un rechazo formal del Vaticano de la Doctrina del Descubrimiento, que data de una bula o edicto papal emitido en la década de 1450.

“[Esta doctrina] básicamente le dio un 'poder' a las naciones europeas para avanzar y conquistar cualquier territorio no habitado por los cristianos, territorios que eran denominados con [la expresión latina] “terra nullius”, “donde nadie vive”, una tierra de nadie, por así decirlo. Pero sabemos que no fue solo un poder para avanzar y apoderarse de esas tierras. También permitió el uso de la fuerza que fuera necesaria para librar los territorios de cualquier persona no cristiana que habitara América del Norte y del Sur. Millones y millones de personas fueron asesinadas, torturadas, abusadas, explotadas, esclavizadas”.

La Doctrina del Descubrimiento fue adoptada por Thomas Jefferson como base para la etapa inicial del colonialismo estadounidense y la expropiación violenta de tierras indígenas. Esto, con el tiempo, incluyó un sistema de internados escolares opresivos. Entre 1819 y 1969, el Gobierno de Estados Unidos gestionó 408 Escuelas Residenciales Indígenas en 37 estados o territorios.

En 2021, la secretaria del Interior, Deb Haaland, la primera indígena en ocupar un cargo en el gabinete presidencial de Estados Unidos, inició una investigación sobre esas escuelas. El informe inicial, emitido en mayo de este año, señala: “Estados Unidos implementó una política de asimilación cultural orientada a los menores indígenas de los pueblos originarios de América, de Alaska y de Hawái que coincidió con el despojo de las tierras indígenas. Se identificó que los internados federales para menores indígenas fueron utilizados como un medio para alcanzar esos fines y se localizaron al menos 53 sitios de enterramientos vinculados a este sistema de internados; se espera descubrir más sitios de enterramiento y más datos al respecto”.

El genocidio contra los pueblos indígenas del hemisferio norte es un crimen fundacional de Estados Unidos y Canadá. El “peregrinaje penitencial” del papa Francisco a través de Canadá debería impulsar una exhaustiva rendición de cuentas sobre el sistema de internados indígenas, para que las personas sobrevivientes y las comunidades indígenas afectadas obtengan justicia y reparación.

© 2022 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman. Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

https://www.leerydifundir.com/2022/07/abusos-los-internados-menores-indigenas-canada-suficiente-una-disculpa-del-papa/