Perú: Somos minoría

César Hildebrandt

"Pero nos duele aún más saber, con la ciencia cierta del repaso histórico, que todo habrá de empeorar"

La democracia es lo que pudimos tener.

¿Pero la merecíamos?

Creo que no.

Una democracia se hace con ciudadanos, con gente que aspire a un contrato social basado en la meritocracia, por un lado, y en la compasión social, por el otro. La primera permitirá el éxito de los mejores. La segunda impedirá que los menos dotados sean castigados con la incertidumbre y la miseria.

Debe haber una voluntad plural para crear un sistema de convivencia regido por el orden que emana de la justicia.

Pero en el Perú esa voluntad no existe. Somos una federación de tribus enemistadas. Y la democracia nunca ha sido nuestra preocupación. Es más: cuando la democracia arroja resultados que no nos agradan, gritamos que hay fraude, como en el caso de Castillo, o bloqueamos el Congreso, como en el caso de Bustamante y Rivero.

Hoy vivimos una etapa especialmente gris de nuestra existencia. Al desamor por los modales democráticos se suma una suerte de aceptación nacional de la barbarie.

¿La Junta Nacional de Justicia es una banda de delincuentes que se zurran en el poder judicial? Claro que sí. ¿Y a quién le importa?

¿El Tribunal Constitucional es una patota de fujimoristas disfrazados de tribunos que acatarán lo que salga de la Yakuza anaranjada? Claro que sí. ¿Y a quién le importa?

¿La Fiscalía en manos de Tomás Aladino Gálvez es hoy una covacha de encubridores y cómplices del crimen? Claro que sí. ¿A alguien le importa?

¿El Congreso es el Tren de Porky y medran en sus filas rateros y canallas de todos los colores? ¡No hay duda! ¿Pero a alguien le importa?

Cosas parecidas podríamos decir de la Defensoría del Pueblo, de la Policía, de los jueces provisionales que reciben órdenes y de los fiscales de pacotilla que reciben dólares. Y cóleras semejantes se merecen los partidos que murieron pero siguen predicando, la prensa que murmura, las redes sociales que añaden idiotez a la confusión.

Me ha costado admitir que pertenecemos a una minoría, pero mi salud mental me exigía dar el paso. Sí: pertenecemos a una minoría quizá en trance de extinción. Somos lo que quedó de aquella clase media que compraba libros, trataba de entender los problemas desde la raíz, se equivocaba con la misma frecuencia con la que se hacía preguntas. Somos las sobras del banquete republicano que pudo ser. Y sí: nos cuesta tolerar el español que se escribe en los periódicos, el que se maltrata en las radios, el que se masacra en el habla popular de los rotafonos. Nos duele ver las consecuencias de la catástrofe cultural de estas últimas décadas.

Pero nos duele aún más saber, con la ciencia cierta del repaso histórico, que todo habrá de empeorar. No hay ninguna posibilidad –ninguna– de que salgamos de este letargo multitudinario y suicida con el elenco político y social que tenemos al frente.

No hay subsuelo que no nos espere. No hay pesadilla que no nos sueñe. No hay fracaso que no nos quiera. Tenemos los políticos que toleramos, los partidos que se volvieron males crónicos, los sinvergüenzas que prohijamos.

Y allí está la mayor creación de nuestro masoquismo –el fujimorismo– gobernando desde las sombras y deseando volver a gobernar –no importa el cómo– en 2026. El fujimorismo interpretó la picaresca peruana, le dio estatuto de himno y emblema, la convirtió en credo. Siempre nos gustó ser taimados, pero con el fujimorismo esa debilidad fue nombrada virtud cardinal. Nunca nos hemos mentido más que ahora. Nunca hemos sido más cínicos y procaces. Nunca hemos amado tanto la impostura, la coartada de la palabra y la terapia del olvido. El Perú es hoy un homenaje al barro. Lo decimos desde esa minoría que no teme morir diciendo lo que cree.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 761 año 16, del 05/12/2025

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Perú: Gutiérrez deshonra la Defensoría

Ronald Gamarra

"Añade una nueva cuenta al rosario de actos antidemocráticos por los cuales deberá responder un día no lejano"

Al sin luces Josué Gutiérrez Cóndor le regalaron la Defensoría del Pueblo en mayo de 2023, tres meses después de las masacres de Huamanga, Juliaca y otros lugares en los que el régimen de Dina Boluarte, apoyado por la alianza congresal articulada por el fujimorismo, ordenó disparar a matar contra manifestantes desarmados que exigían nuevas elecciones, cobrando la vida de 49 personas. Esta terrible masacre es la partida de nacimiento del período de Gutiérrez como supuesto Defensor del Pueblo, cargo público que ha deshonrado y desprestigiado en estos dos años, al punto que la gente lo ha bautizado ya como Ofensor del Pueblo.

El nombramiento de Josué Gutiérrez fue uno de los primeros frutos de la alianza reaccionaria a la cual se incorporaba ya con toda desfachatez la falsa ultraizquierda de Vladimir Cerrón. El personaje colocado en tan importante cargo de control y contrapeso frente al poder carecía de todo mérito y trayectoria para ser siquiera considerado. Salvo una cosa: Josué Gutiérrez era íntimo colaborador de Vladimir Cerrón, era su abogado. En el negociado mediante el cual Perú Libre se vendió a la alianza del fujimorismo y la ultraderecha, parte del precio fue la Defensoría del Pueblo. Como buen cacique, Cerrón puso allí a su gente, con la aprobación y los votos de sus nuevos socios.

Desde entonces, el opaco Josué Gutiérrez no ha hecho más que cumplir con su rol de atento mayordomo de la alianza fujiderechista en nombre de su mentor y protector, el propietario de Perú Libre. Y en ese empeño ha consumado fechorías no menores. La primera ha sido desmantelar la Defensoría del Pueblo de su personal especializado y comprometido con la dignidad de las personas. Ahora pululan por allí unos tipos impresentables, antiderechos, que nada tienen que aportar a la misión que antes cumplió dicha entidad del Estado y más bien tienen grave responsabilidad en el desmanejo institucional y financiero de una Defensoría virtualmente saqueada.

Otro servicio de gran importancia prestado por Josué Gutiérrez al pacto político mafioso que gobierna el país lo cumplió al llevar a cabo, de manera metódica, el copamiento de la Junta Nacional de Justicia con nuevos integrantes, que, salvo uno solo, resultan incondicionales de la mayoría congresal fujiderechista. Él se encargó de manejar y controlar personalmente todo el proceso de selección y nombramiento y logró parir esta nueva JNJ que ya está muy activa tratando de imponer a como dé lugar el retorno triunfal de los antiguos cómplices del caso “cuellos blancos” al Ministerio Público para controlar la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación. Precisamente hoy, viernes 19, los angelitos de esta JNJ hechura de Gutiérrez tienen prevista la audiencia en la que se proponen suspender a la legítima Fiscal de la Nación.

Pero Josué Gutiérrez no descansa en su trama reaccionaria. Se trata ahora de imponer, de una vez por todas, el acatamiento de la inconstitucional y nada convencional ley de amnistía para graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que el Congreso aprobó hace poco más de un mes y que hasta el momento se ha revelado como un completo y resonante fracaso que hace rabiar de furia a Rospigliosi, prepotente operador fujimorista, y su caterva de momios que la impulsaron e impusieron al caballazo, prometiendo la más segura impunidad a tanto forajido y criminal que deshonra el uniforme.

Sucede que la infame ley de amnistía se ha encontrado con el rechazo de la gran mayoría de jueces que, en uso de su facultad jurisdiccional de control difuso de la validez constitucional y convencional de las leyes, han determinado su carácter inaplicable, precisamente por tratarse de una aberración jurídica contraria a la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú. Ante esto, las denuncias de Rospigliosi y compañía contra los jueces por supuesto prevaricato son de una ridiculez penosa, que no les está llevando a ningún resultado, salvo quedar como los payasos de un mal circo que ni siquiera saben hacer reír.

Josué Gutiérrez se cree Pepe El Vivo y aparece ahora como titular de una acción de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que él presenta como Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. En el escrito, el tipo se despacha en una aparente crítica de la amnistía, pero su objetivo es otro. Él sabe muy bien, como todo el mundo, que este TC siempre vota en función de los deseos de la mayoría fujiderechista. Gutiérrez es consciente de que el TC declarará que la ley de amnistía es constitucional. Ese es su juego. Eso pretende. Este es el verdadero objetivo del inescrupuloso Josué Gutiérrez, confirmar a través de una acción aparentemente contraria a la amnistía que esta sea ratificada y convalidada, de manera que los jueces se vean obligados a acatar, sin más, la aplicación de la amnistía.

Pobre Gutiérrez, ni siquiera es original. Lo único que hace es repetir como un mono la jugada de tinterillo que en el año 2022 hicieron decenas de congresistas del pacto mafioso, cuando demandaron ante el TC, que acababan de nombrar, la inconstitucionalidad de la ley 31520 que ellos mismos habían aprobado días antes. Tal como esperaban, el TC “rechazó” su demanda y declaró la constitucionalidad de esa ley que consumaba el asalto a la SUNEDU y consagraba la contrarreforma de la educación superior, con el regreso de las universidades basura. De ese modo, la alianza de la ultraderecha, el fujimorismo y el cerronismo pudo tomar el control de la SUNEDU y el sistema universitario.

El avivato Gutiérrez cree que con esta jugada de rábula ganará la partida. Se equivoca. Solamente añade una nueva cuenta al rosario de actos antidemocráticos por los cuales deberá responder un día no lejano. Los familiares de las víctimas no lo olvidarán nunca. No, señores, un fallo del TC contrario al orden constitucional y convencional no enerva ni neutraliza la facultad de los jueces para ejercer el control difuso porque esta es parte esencial e irrenunciable de la función de todo juez. Y también porque, no lo duden, se recurrirá de todos modos ante la jurisdicción internacional, a la cual estamos vinculados jurídicamente aun cuando este régimen termine por patear el tablero y desconozca las normas y los tratados internacionales. No pasarán.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 750 año 16, del 19/09/2025

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Perú: Asaltando la Fiscalía

Ronald Gamarra

"¿Desde cuándo la JNJ designa al fiscal de la nación?"

La coalición corrupta que ejerce el poder desde el Congreso se ha propuesto tomar por asalto y apoderarse, de una vez por todas, de la Fiscalía de la Nación, que es la máxima autoridad del Ministerio Público. Unos con chaira en la mano y proyectos ruines, otras con bisturí en la ñata y recorte de presupuesto, y terceros con resoluciones torcidas dictadas para causar el caos e imponer a una de las suyas. Todos lanzados a la intervención de la institución donde se ventilan importantes investigaciones contra ellos por graves delitos de corrupción en sus diversas formas y por la muerte de ciudadanos que hacían uso de su derecho a la protesta. Todos unidos en el objetivo –perseguido con encono y sin fatiga desde hace ya varios años– de acanallar y aplastar al Ministerio Público.

El llamado de Pedro Castillo a la ruptura del orden constitucional fue sucedido por una coalición de intereses corruptos que desarrollan un golpe de Estado continuado desde que se hicieron del poder. Incluso desde antes. El objetivo de apoderarse de los organismos autónomos del Estado y controlarlos directamente a través de personajes obsecuentes se vio desde el momento en que el fujimorismo y la ultraderecha consiguieron el apoyo incondicional de un cerronismo de ultraizquierda hipócrita. De la mano, muy juntitos, cumplieron su primer cometido al designar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, todos al servicio de la coalición congresal, con alguna excepción honrosa.

Luego no les fue difícil tomar el control de la Defensoría del Pueblo a través del abogado de Vladimir Cerrón, cuya gestión se ha caracterizado por el abandono total de la función de defender los derechos de las personas para convertirse en instrumento y vocero de las posiciones más reaccionarias y adversas al respeto a los derechos fundamentales. Controlar la Defensoría del Pueblo era un asunto clave, porque corresponde a esta entidad presidir y conducir el proceso de designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

A su vez, la Junta Nacional de Justicia fue objeto de una continua agresión por parte del Congreso, que se propuso destituir ilegalmente a todos sus integrantes. Al encontrar una inesperada resistencia de los miembros de aquella JNJ, trataron por todos los medios de destituir al menos a tres de ellos. Finalmente fracasaron. Pero allí entró entonces a tallar el inefable Defensor del Pueblo actualmente en funciones. Y este señor se encargó del proceso de nombramiento de una nueva JNJ, que es la actual, que al igual que el Tribunal Constitucional está conformada por gente alineada casi totalmente con la mayoría congresal.

Esta nueva JNJ está tan parcializada hacia los intereses nada santos que entre las primeras cosas que está aprobando se encuentra la rehabilitación y la pretendida reincorporación, al servicio, de magistrados lastrados por investigaciones y conductas culpables que en su momento justificaron plenamente la sanción que se les impuso. Esta última semana, por ejemplo, lo ha hecho con el exfiscal supremo Tomás Gálvez, que ahora tendría la vía expedita para volver a sentarse en la junta de fiscales supremos.

Pero la cereza de la torta es la anulación de la destitución impuesta a Vane, también conocida como Patricia Benavides, y su supuesta restitución como Fiscal de la Nación. Al mismo tiempo cancelan la expulsión de la exjuez superior Enma Benavides y ordenan su regreso. La JNJ se ampara para sus decisiones arbitrarias en supuestos vicios procesales, que inventan con torpeza y sin vergüenza. Pero no ven el prontuario que adorna la carrera de estos exmagistrados y el porqué se les destituyó. A esta JNJ parece no preocuparle que la exjuez superior Enma Benavides afronte ahora mismo investigaciones penales por favorecer a narcotraficantes en el ejercicio de su función. Tampoco le inquieta que Tomás Gálvez, al igual que Enma Benavides, formase parte conspicua del entorno del juez hermanito César Hinostroza, prófugo de la justicia, que parece conservar un enorme poder.

Patricia Benavides, por su parte, tiene un legajo de investigaciones penales en pleno trámite. Aun así, los integrantes de esta nueva JNJ, salvo el honorable doctor Francisco Távara, pretenden imponerla como Fiscal de la Nación. Al modo malandro, apuñalando la institucionalidad y el derecho. Resolución absurda, además de anticonstitucional, pues se pronuncia sobre una materia que está pendiente de exclusiva decisión en el Poder Judicial, ha sido adoptada sin la unanimidad de votos conformes exigida, y se atribuye una competencia que, de manera excluyente, es de la Junta de Fiscales Supremos. Así, la mayoría de la JNJ apunta a la destitución de hecho a la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, que actualmente ejerce el cargo, elegida de acuerdo al procedimiento constitucional hace menos de un año. ¿Desde cuándo la JNJ designa al fiscal de la nación? ¿Desde cuándo la JNJ destituye sin proceso a una fiscal de la nación debidamente elegida según los requisitos de la Constitución?

Al momento de cerrar este artículo, cinco días después de emitida la resolución que rehabilita y repone a Patricia Benavides, la JNJ no ha sido capaz de dar a conocer el texto de su resolución debidamente suscrita por todos sus miembros, los siete, pues la ley exige para amparar este tipo de recurso que la decisión sea unánime. Unánime. Y, sin embargo, sin contar con una resolución emitida de acuerdo con los requisitos mínimos, el lunes Vane, resguardada por matones y alentada por la pestilencia, intentó hacerse de la Fiscalía de la Nación mediante un golpe de mano.

A estas alturas no está claro en qué ha de quedar este caos creado y estimulado por la gente del pacto corrupto. La Fiscal de la Nación Delia Espinoza ha rechazado con decisión la supuesta resolución de la JNJ y ha denunciado que se intenta un golpe de Estado. Es cierto.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 20/06/2025

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Perú: No era la cara

César Hildebrandt

El problema no era su cara. Ni la edad. Ni los kilos que sobraban. Ni la ignorancia que derramaba cada vez que abría la boca. Ni esos trajes que parecían fundas de almohada. Ni los relojes y pulseras que funcionaban como brillo y tintineo distractivo.

El problema fue siempre su capacidad de ser moralmente miserable. El problema fue su capacidad de deshonrar cada promesa, de olvidar cada compromiso, de prevalecer caminando entre charcos y bosta.

La señora venía de la izquierda y debió caer al lado del presidente de pacotilla que la hizo famosa.

Lo que le tocaba era asumir fugazmente la presidencia heredada y convocar a nuevas elecciones.

Eso es lo que habría hecho alguien que no despreciara la decencia.

Pero la señora es indecente. Y por eso se vendió al hampa. El fujimorismo y sus aliados la compraron al peso y le prometieron protección, impunidad, cofres diversos. El contrato era muy claro: ella no gobernaría, ella sería una pantalla, ella y unos cuantos payasos frecuentarían Palacio y mandarían al diario “El Peruano” las leyes que el Congreso del hampa redactaría y que ella y sus payasos suscribirían como puro formalismo.

¿Pero eso no significaba acaso que gobernaría, de facto y con la complicidad de un sentenciado y de gente como Luna y Acuña, Keiko Fujimori, la dueña de esa Cooperativa AELU de la política que es Fuerza Popular?

¿No era que Keiko Fujimori había perdido las elecciones del 2021?

Dos obscenidades se juntaron, se sintieron mutuamente necesarias. La señora que había perdido las elecciones y la señora que debía convocarlas porque su presidente había intentado un golpe de Estado de ópera bufa se reunieron en la cima de la desvergüenza y decidieron coordinar esfuerzos para dar, ellas sí efectivamente, un golpe de Estado de verdad. Y lo dieron.

Ese es el gobierno que los peruanos hemos aceptado indignamente.

Ese es el gobierno que ha legislado para la prosperidad del crimen, para dificultar la tarea de jueces y fiscales, para hacer del sistema electoral un anexo de sus propósitos, para corromper la Defensoría del Pueblo, para garantizar en lo posible la impunidad de sus congresistas implicados en fechorías.

Ese es el gobierno que legisla para los agroexportadores y que ha acrecentado las cifras del hambre y el número de desempleados.

Ese es el gobierno que empezó con cincuenta muertos y que ahora intenta retomar el control absoluto del Tribunal Constitucional elevando a nueve el número de sus magistrados.

Ese es el gobierno congresal de la prescripción de los delitos de lesa humanidad, de los cambios constitucionales hechos para destruir instituciones y perturbar la función punitiva del Estado, de los mochasueldos y el macropresupuesto para sí mismos.

Ese es el gobierno que los peruanos –herederos de quienes le rogaron a Bolívar que sea dictador, descendientes de quienes miraron con miedo la resistencia andina de Cáceres, remotos sucesores de quienes entregaron Arequipa sin disparar un solo tiro– hemos aceptado porque la derecha nos dice que es lo mejor, que no hay otra salida, que eso es lo que hay, que callao boca.

No era un asunto de operarse la cara ni de quitarse unos años. El asunto era librarse del estigma de la debilidad y la traición. Y para eso no hay cinceles ni cirujanos.

Aceptar la dictadura del Congreso del hampa nos asoma al abismo moral y a la erosión sin retorno de la arquitectura democrática basada en la separación de poderes y en la contención recíproca de prerrogativas.

Vivir bajo esta dictadura nos embarra a todos. Alguien, en el futuro, nos preguntará, con toda razón, cómo fue que toleramos que la derecha más en paños menores, la de Erasmo Wong y Fernando Rospigliosi, la de Keiko Fujimori y Porky, nos gobernara y nos condujera a esta humillación. No sabremos cómo responder.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 712 año 15, del 06/12/2024

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Perú: La JNJ secuestrada

Ronald Gamarra

El cuestionado concurso público para cubrir las plazas titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia para los próximos cinco años terminó como debía: entre gallos y medianoche. Así lo anunció esta semana un comunicado de la comisión especial, emitido cuando casi todo el país se había ido a dormir, en el cual, además, se anunciaba la juramentación de los seleccionados para el día siguiente. Qué sigilosos y apuraditos. Ni siquiera dejan que la gente tenga tiempo de informarse y mucho menos de opinar, presentar un recurso, reaccionar de alguna manera. Han actuado así, furtivamente, de principio a fin de todo este proceso irregular denominado “concurso público”.

Pero han quedado registrados los pasos seguidos por la comisión especial guiada por Josué Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, nombrado Defensor del Pueblo por este congreso del pacto corrupto como cuota de Perú Libre precisamente. Improvisado en el cargo, se ha esmerado en destruir hasta los cimientos el prestigio, el reconocimiento, la prestancia técnica y la labor cotidiana de la institución, que ahora no cumple ningún papel relevante en los conflictos sociales y en la defensa de derechos atropellados cada día desde el poder. Josué Gutiérrez llega a lo más hondo de la servidumbre al llevar a cabo este concurso para designar miembros de una JNJ sometida al pacto fujicorrupto.

El proceso de este concurso ha incumplido de modo deliberado las más elementales condiciones de transparencia, publicidad y apertura a la participación ciudadana. No se permitió en ningún caso el acceso de observadores de la sociedad civil a las entrevistas con los candidatos. Tampoco se permitió el acceso a las hojas de vida de los candidatos, impidiendo en la práctica la posibilidad de formular observaciones y tachas. Estas condiciones elementales, básicas, de un proceso transparente, por sólo poner un par de ejemplos, sí se observaron y permitieron ampliamente en el proceso de elección de la primera JNJ, en el año 2019. Se trata de una costumbre democrática que solo se ha dejado de cumplir bajo este congreso avasallador y manipulador.

Por otro lado, este concurso no se ha desarrollado en un ambiente democrático favorable, sino bajo condiciones de abierta intimidación. Desde el poder se han asegurado de que prácticamente ningún profesional que valga la pena considere la posibilidad de participar. La experiencia de actuar en la función pública con autonomía y sin someterse se castiga con una persecución feroz bajo este congreso, tal como ha quedado claro con el trato vejatorio dispensado a la JNJ que está por cesar y la persecución incesante a que son sometidos algunos de sus integrantes. Tal ha sido el ambiente de violencia creado por el antro de la plaza Bolívar, que disuade a los mejores y alienta a los que están dispuestos a someterse y servir al poder de turno que tiraniza el país.

Por eso ya entre los candidatos inscritos casi no se reconocía a nadie que hubiera destacado en el mundo del derecho o del conocimiento en general. Todos los postulantes eran de una grisura sin mayor matiz. De ellos, seleccionaron a 15. Qué graciosos, 15 aspirantes para 14 plazas (siete titulares y siete suplentes). O sea que entraban todos, menos uno. ¿Qué clase de concurso competitivo es ese? Este hecho, más allá de hacer levantar una ceja al más inocente, hace legítima la presunción de que esos 15 ya estaban bien “evaluados y conversados” para que no signifiquen en modo alguno la posibilidad de una actuación divergente de los propósitos mezquinos y hegemonistas del congreso.

Y así, por fin, el congreso logra tener a su disposición su propia JNJ, desde la cual pondrá en jaque al Poder Judicial y el Ministerio Público, donde muchos parlamentarios y sobre todo sus líderes políticos son parte de decenas de investigaciones y procesos que podrían terminar con ellos en la cárcel. Con el control de la JNJ ya tienen en sus manos una palanca poderosa para intimidar y condicionar a jueces y fiscales y para nombrar a los suyos propios. Además, la JNJ designa a los titulares de los organismos electorales. Una jugada a tres bandas para lograr la impunidad al mismo tiempo que el dominio sobre las elecciones del 2026, en las cuales se hace previsible, esta vez sí, el fraude que proclamaron en 2021.

Vistos los antecedentes, no es de extrañar que, en el concurso organizado por Fuerza Popular, perdón, por Josué Gutiérrez, el primer lugar lo ocupe un candidato de antecedentes nada alentadores. Se trata del abogado Gino Ríos Patio, de quien se ha podido averiguar que publicó en la revista del Colegio de Abogados de Lima un artículo en el cual plagiaba 14 párrafos de un artículo escrito con anterioridad por otro colega, y que no contento con ello también lo publicó en un libro. Quién sabe cuántos plagios más habrá cometido, pues bien dice el dicho: gallina que come huevo… Pero eso no es todo, también se le acusa de haber hecho uso de los abogados del Estado en sus casos particulares cuando fue procurador público con Alan García.

El congreso del pacto fujicorrupto avanza en sus planes de copar los principales organismos del Estado. Primero se apoderó del Tribunal Constitucional, luego hizo lo propio con la Defensoría del Pueblo, después se hizo con el control del Poder Ejecutivo sometiendo desde el principio a Dina Boluarte. Ahora siguen la faena nombrando una JNJ a su entero gusto. A partir de aquí proseguirán con el ataque al Ministerio Público, pues ya iniciaron el trámite de la acusación constitucional para destituir a todos los fiscales supremos, incluida la Fiscal de la Nación recientemente designada. Paralelamente, pretenden imponerse en los organismos electorales. Finalmente, irán por el control de la Corte Suprema, presidida actualmente por un tímido magistrado. Salvo que el pueblo lo impida.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 707 año 14, del 01/11/2024

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Perú: Infectando la Defensoría

Ronald Gamarra

El próximo martes 9 de mayo, el Congreso procederá a designar al nuevo Defensor del Pueblo. Para ello, la comisión seleccionadora ha propuesto una terna de candidatos, cada uno peor que el otro. Cualquiera que sea elegido será todo lo contrario a un Defensor y pasará a tomar el control de la institución como instrumento de la mayoría congresal encabezada por la ultraderecha y el fujimorismo. Estos solo buscaban un personaje a su medida, opuesto a los derechos de las mujeres y las minorías, a los derechos humanos en general. Cualquiera de los tres puede ser el sobón que necesitan.

Jorge Rioja, por ejemplo, no registra ningún antecedente en la defensa efectiva de los derechos de ningún sector social, de ningún grupo humano. Lleva más de 20 años apoltronado como burócrata del Congreso, un lugar sacudido cotidianamente por escándalos que niegan garantías y dignidades. ¿Alguna vez abrió la boca para decir algo, por ejemplo, sobre la violación de una colega o el robo sistemático de parte de los sueldos de los empleados por acción de los chorizos de plaza Bolívar? Quien no es capaz de abogar por sus compañeros de trabajo, menos podrá resguardar los derechos de la gente.

Rioja se presenta como doctor en Derecho. Sí, pues, es un doctor de Alas Peruanas, universidad-negocio de triste fama, titulado bajo la sospechosa modalidad de presentarse sólo para el cartón, habiendo hecho los estudios en la Villarreal. ¿Existirá su tesis doctoral? Asimismo, registra grado en comunicación por la San Martín de Porres, el feudo apristón de José Antonio Chang, el ministro favorito de Alan García. Por otro lado, en el momento del concurso también listaba deudas coactivas por impuestos, que la Sunat le reclamaba inútilmente. ¿Se habrá puesto al día?

Peor aún, Rioja es un enemigo declarado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de su órgano central, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Quienes construimos y cultivamos el derecho constitucional en los últimos tiempos nos hemos visto sometidos a un escenario de dictadura de las decisiones de la CIDH. Soy de la opinión de que nuestra Constitución prevé en sus artículos 55 y 56 vigentes, en lo que yo denomino la soberanía jurídica del Estado: ningún tratado internacional puede someter a la Constitución”.

Sobre la acción de amparo promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo para que el proceso de designación del Defensor del Pueblo cumpla con las garantías de transparencia, apertura, participación ciudadana y calificación objetiva de la idoneidad de los candidatos, acción que fue acogida por un juez constitucional con una medida cautelar, Rioja respondió alineado al milímetro con la posición del Congreso, acusando al juez de cometer un delito: “Es una evidente intromisión y un prevaricato del juez que admitió el amparo promovido por un tercero sin legitimidad”.

Ante preguntas específicas del congresista Muñante, conocido extremista antiderechos, Rioja se despachó exactamente en la línea de aquel, afirmando que el aborto terapéutico “no correspondería a la naturaleza propia de la existencia de la especie, de la vida humana”. Del mismo modo, sobre el enfoque de género en la educación, Rioja hizo el coro servilmente a Muñante: “Las evidencias están en que nada de eso funciona. Yo creo que la naturaleza del ser humano es una sola, la biológica”. En resumen: al tacho los derechos de las mujeres. La misoginia y la homofobia sueltas en plaza.

Por su parte, Pedro Cartolín Pastor es magíster en Derecho por la universidad no licenciada Inca Garcilaso de la Vega. La Sunedu determinó que no cumplía con las condiciones mínimas para funcionar como centro académico. Era, por cierto, la Sunedu de antes del asalto por los lobbies de las universidades basura. En enero fue nombrado juez provisional de la Corte Suprema. ¿Qué clase de juez supremo es quien acepta que lo proponga como candidato a Defensor, de puño y letra, un personaje como el curtido Pepe Luna Gálvez, investigado por los casos Lava Jato y Los Gangsters de la Política?

El candidato Josué Gutiérrez tiene antecedentes por tráfico de influencias desde que, siendo congresista, viajó a Rusia indebidamente para oscuras gestiones, sin tener competencia ni autoridad para ello, junto a Alexis Humala, hermano del presidente de entonces Ollanta Humala. Su trayectoria evidencia que se trata de un tránsfuga consuetudinario que ha recalado en diferentes partidos, siempre a la caza de algún cargo público. Su postulación actual a la Defensoría del Pueblo sólo es una intentona más de una larga carrera por ubicarse.

Entre 2011 y 2016 fue congresista por el partido de Ollanta Humala, pero después, en 2018, no tuvo el menor empacho en candidatear por el partido de Luis Castañeda Lossio, que hoy está en manos de Rafael López Aliaga, fracasando en el intento. Recientemente recaló en Perú Libre, el cacicazgo de Vladimir Cerrón. Gracias a esta afiliación agarró chamba de burócrata en el Congreso desde agosto de 2021, apenas los cerronistas llegaron al poder. Es que antes fue abogado de Vladimir Cerrón en casos de corrupción abiertos contra el exgobernador regional de Junín.

Hace unos días, el candidato Pedro Cartolín renunció a su postulación. Quedan en carrera los otros dos, Jorge Rioja y Josué Gutiérrez. Ninguno de los dos da la talla para el delicado cargo de Defensor del Pueblo. Son los seleccionados por un Congreso donde abundan los mochadores de sueldos de los trabajadores, los traficantes de influencias y otras especies dañinas, hasta hubo por allí un violador que fue tratado con guantes de seda y tolerado por largos meses. Son tiempos difíciles para la democracia y los derechos humanos. Vamos a ver si logran reunir los 87 votos mínimos para decidir.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 634 año 14, del 05/05/2023,  p12

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