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13 de diciembre de 2025

Perú: Perú, el golpe del 7 de diciembre

Gustavo Espinoza M.


Han tenido que pasar 3 años, desde el 7 de diciembre del 2022 hasta la fecha para que tanto el Poder Judicial cuanto el Congreso de la República se hayan visto obligados a reconocer que Pedro Castillo no hizo ningún “golpe de Estado”, de lo que sistemáticamente se le ha venido acusando.

La decisión dejó virtualmente sin habla a los voceros de la mafia en los grandes medios de comunicación. Y es que Omar Mariluz, Milagros Leiva, Mávila Huerta, Guillermo Thorndike y algunos más nunca pudieron olvidar el epíteto de “golpista” en cada ocasión que aludía a Castillo.  

En el caso del Poder Judicial el reconocimiento se ha dado a través de la sentencia dictada hace algunos días y mediante la que se condena al hoy mandatario condenado a 11 años y 5 meses de prisión. Dicha sentencia, que se hace extensiva a Betssy Chávez, no se dicta por un hipotético “golpe de Estado” ni por el delito de “rebelión”.

Apenas se le sitúa en el plano de “conspiración” que, ridículamente se fundamenta en el hecho que Castillo y Betssy Chávez se abrazaran al fin del sorpresivo “mensaje” leído esa mañana por el jefe del Estado.  

Tan vigorosa prueba de afecto sustenta el trato que se ha dado hasta hoy al caso: secuestro, confinamiento, juicio regimentado, acallamiento del acusado, expulsión de su defensa y otros latrocinios absolutamente antijurídicos que descalifican cualquier procedimiento judicial.  

En cuanto el Congreso, en votación inobjetable se rechazó “inhabilitar” al ciudadano Pedro Castillo por diez años bajo el alegato de haber ejecutado un “golpe de Estado”. Tal rechazo acredita fehacientemente que ese tal “golpe”, nunca se produjo.

Claro que eso de “nunca”, es mucho decir, porque en verdad sí hubo un golpe de Estado sólo que fue dado contra él y sirvió para derrocarlo. Lo consumó entonces la “mayoría parlamentaria” que sin seguir las pautas normativas correspondientes “vacó” a Castillo y puso en su lugar a Dina Boluarte, quien se mantuvo en el poder durante 34 meses, completamente a espaldas del país entero y de la legalidad.

En ese periodo Dina -recordemos- se triplicó su sueldo, viajó 6 veces al exterior, dio la mano al Papa Francisco y se tomó fotos con León XIV. También con Biden, Lula y otros mandatarios, se arregló la nariz, dio 80 millones de soles a su “amigo” Oscorima, nombró a su hijo en Naciones Unidas y colocó en puestos expectantes a todos los “suyos”. No hizo poco, sin duda.    

No está de más, sin embargo, recordar que ese “golpe” del 7 de diciembre del 2022 no sólo fue efectivo, sino también sangriento. Costó la vida a casi 80 peruanos y hasta un millar de heridos, sin que nadie haya sancionado tal crimen.

Los caídos en Juliaca. Ayacucho. Apurímac, Huancavelica. Arequipa y otras ciudades -incluyendo la ciudad capital- dejaron su sangre sembrada en la tierra y ella hoy da sus frutos incluso en los predios del enemigo.

Si se trata de precisar la naturaleza del golpe del 7 de diciembre, hay que recurrir a una investigación elemental que los órganos pertinentes simplemente han eludido investigar. Por ejemplo, al fugaz ministro de Defensa, el general Bobbio, cuya única “actividad oficial” fue en sus escasas horas de gestión ministerial, recibir a la embajadora de los Estados Unidos el 6 de diciembre para “coordinar acciones” que nunca se han precisado.    

Investigar también al general William Zapata, en ese momento presidente del Congreso, quien según todas las fuentes “centralizó las informaciones destinadas a garantizar el éxito de la tarea”, es decir la caída de Castillo y el ascenso de Boluarte, “movidas” que llevaban a la práctica el accionar golpista que realmente tuvo lugar.

Hoy, cuando Estados Unidos prepara abiertamente un operativo militar sangriento destinado a asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y liberarse al mismo tiempo de todo su entorno, puede advertirse más claramente el sentido del golpe del 7 de diciembre del 2022: no fue otro que asegurar que Washington tenga “amigos seguros” en estos predios para fundamentar y ejecutar una acción militar contra Venezuela, su pueblo y su Gobierno.

Por eso se explica, sin duda, que el Congreso de la República haya aprobado hace muy poco una nueva Resolución Legislativa mediante la cual se concede a los Estados Unidos la anuencia de Perú para desembarcar en nuestro territorio tropas norteamericanas y hacer aquí ejercicios de guerra y prácticas militares.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://www.leerydifundir.com/2025/12/peru-peru-golpe-del-7-diciembre/

6 de junio de 2025

Perú: El juicio a Castillo se cae

Gustavo Espinoza M.

Cuando se inició el juicio a Pedro Castillo, en los primeros días de marzo, dijimos dos cosas que se han confirmado plenamente. Que se trataba de una parodia de juicio dado que las “autoridades competentes” tenían todo arreglado para condenar al presidente derrocado el 2022; y que éste era absolutamente inocente de los cargos formulados por el Ministerio Público dado que las cosas habían ocurrido exactamente al revés.

En efecto, el cacareado Golpe de Estado esgrimido como pretexto para derribar al presidente Constitucional de la República había sido ejecutado por la ultraderecha fascista desde el Congreso, contando con la complicidad del empresariado, la cúpula militar, la dirección de los “partidos” reaccionarios y la Prensa Grande al servicio del Gran Capital. Todo ello hoy ha quedado plenamente confirmado.

Al inicio del proceso judicial las encuestas registraban, sin embargo, que sólo un 33% de la ciudadanía creía en esa versión. El 57% en cambio admitía la idea vendida por los medios de comunicación y pensaba que Castillo había accionado el resorte golpista que había culminado con su caída.

Hoy las encuestas arrojan un cambio radical en la percepción ciudadana: el 59% cree que el Golpe fue dado contra Castillo y sólo el 33% sostiene la idea original.

Este giro, no es casual. Es el resultado natural de los acontecimientos que se han percibido en el proceso y que no han podido ser ocultados por la inmensa propaganda desatada por los enemigos del pueblo.  

Y es que en cada audiencia han sido desbaratadas las acusaciones contra el presidente depuesto y, al contrario, ha salido a flote, una realidad indiscutible: las acciones golpistas fueron perpetradas por quienes hoy usurpan el Poder.

Se dijo, por ejemplo, que el presidente Castillo había ordenado “el cierre del Congreso”. En la audiencia se demostró que fue Martha Moyano -vicepresidente del Congreso y fujimorista reconocida- la que ordenó el cierre del Legislativo.  Ella misma lo admitió.

También se dijo que Castillo había ordenado la detención de los parlamentarios, pero los acusadores no pudieron presentar un solo caso de un Parlamentario que hubiese sido detenido o al que se hubiese intentado detener.

Se dijo que “el Golpista” había ordenado a la Fuerza Armada sublevarse contra los poderes instituidos, y la Fiscalía no pudo presentar un solo testimonio de un militar o policía que hubiese cumplido -o siquiera recibido- tal orden.

Por lo demás, pudo establecerse que, a comienzo de la tarde del 7 de diciembre del 2022, Castillo salió de Palacio de Gobierno siendo jefe de Estado. En tal condición, se le abrió paso oficial, se le brindó custodia y se le acompañó como era el protocolo formal.

No obstante, veinte minutos más tarde, unidades policiales y militares rodearon el “Cofre” que se desplazaba por la avenida Wilson y encañonaron al presidente y a su familia obligando al mandatario a descender.

¿Como puede admitirse que salió de Palacio siendo presidente y poco después perdió su condición de tal sin que mediara ningún hecho o disposición de organismo constitucional alguno?

En el juicio quedó absolutamente demostrado que Pedro Castillo fue detenido siendo jefe de Estado, violándose en forma flagrante la inmunidad constitucional que lo amparaba. Por lo demás, no pudo establecerse quién dio la orden para el cumplimiento de tamaño despropósito, ni qué investidura lo arropaba en ese instante.

También pudo establecerse que Castillo fue forzado a trasladarse a la prefectura de Lima donde quedó recluido. Allí fue visitado por la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que poco después fue destituida por graves delitos de función.

En paralelo -y estando ya privado de su libertad- Castillo fue destituido por el Congreso de la República sin que se estableciera -de acuerdo con la ley- el antejuicio correspondiente a su investidura. El Legislativo -como se recuerda- obró ilegalmente violando todos los procedimientos, y sin reunir siquiera los requisitos elementales que le exigían un número mayor de votos que los alcanzados para procedimientos como el ejecutado. En otras palabras, el presidente fue destituido ilegalmente violándose los procedimientos constitucionales establecidos.

Los jueces a cargo del procedimiento iniciado en marzo sabían todo esto, pero les ha sido confirmado en cada audiencia de tal modo que ahora enfrentan un hecho consumado: no pueden probar lo que les habían encomendado.  Ante sí, sólo tienen dos posibilidades reales: o declaran nulo el proceso y absuelto al acusado, o se empinan sobre su propia miseria y confirman la sentencia que ya tienen escrita.

Por lo pronto, están absolutamente desamparados. Incluso juristas de reconocida ejecutoria penal, y que nadie podría acusar de parcialidad en favor del acusado, como es el caso de Elio Riera, César Nakasaki o Benjj Espinoza han admitido la absoluta inviabilidad del juicio.

Este juicio ha tenido lugar en circunstancias extrañas. Se ha desarrollado en una sala especialmente acondicionada en el Penal en el que está recluido Castillo, para que “no vea la calle” y -obviamente- para que la calle no lo vea a él.

Las sesiones han transcurrido “en privado” y el evento no ha sido transmitido. La ciudadanía ha podido enterarse de las cosas por pequeños fragmentos recogidos por algunos programas o gracias a las redes sociales, pero no ha existido una versión oficial de nada.

Dicho de otro modo, se ha tratado de un proceso incoado a un reo virtualmente secuestrado, y privado de los más elementales derechos. Aleatoriamente, Castillo asumió la táctica de ignorar el proceso para descalificarlo, con la idea de cuestionar sus resultados en el escenario internacional, como habrá de ocurrir.    

Por lo demás, los jueces a cargo del proceso no constituyen garantía de probidad. Una de las integrantes del tribunal adelantó opinión contra Castillo hasta en 13 oportunidades por lo que fue recusada.

No obstante, fue amparada por los otros miembros de la Sala.  Y los otros miembros del Colectivo, no han mostrado imparcialidad.

En suma, una pila de irregularidades que descalifican el accionar de un Poder sometido a la influencia de un escenario adverso a la justicia y a la ley. Y es que el juicio a Castillo se cae ante la impotencia real de jueces en un callejón sin salida.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

6 de diciembre de 2024

Perú: No era la cara

César Hildebrandt

El problema no era su cara. Ni la edad. Ni los kilos que sobraban. Ni la ignorancia que derramaba cada vez que abría la boca. Ni esos trajes que parecían fundas de almohada. Ni los relojes y pulseras que funcionaban como brillo y tintineo distractivo.

El problema fue siempre su capacidad de ser moralmente miserable. El problema fue su capacidad de deshonrar cada promesa, de olvidar cada compromiso, de prevalecer caminando entre charcos y bosta.

La señora venía de la izquierda y debió caer al lado del presidente de pacotilla que la hizo famosa.

Lo que le tocaba era asumir fugazmente la presidencia heredada y convocar a nuevas elecciones.

Eso es lo que habría hecho alguien que no despreciara la decencia.

Pero la señora es indecente. Y por eso se vendió al hampa. El fujimorismo y sus aliados la compraron al peso y le prometieron protección, impunidad, cofres diversos. El contrato era muy claro: ella no gobernaría, ella sería una pantalla, ella y unos cuantos payasos frecuentarían Palacio y mandarían al diario “El Peruano” las leyes que el Congreso del hampa redactaría y que ella y sus payasos suscribirían como puro formalismo.

¿Pero eso no significaba acaso que gobernaría, de facto y con la complicidad de un sentenciado y de gente como Luna y Acuña, Keiko Fujimori, la dueña de esa Cooperativa AELU de la política que es Fuerza Popular?

¿No era que Keiko Fujimori había perdido las elecciones del 2021?

Dos obscenidades se juntaron, se sintieron mutuamente necesarias. La señora que había perdido las elecciones y la señora que debía convocarlas porque su presidente había intentado un golpe de Estado de ópera bufa se reunieron en la cima de la desvergüenza y decidieron coordinar esfuerzos para dar, ellas sí efectivamente, un golpe de Estado de verdad. Y lo dieron.

Ese es el gobierno que los peruanos hemos aceptado indignamente.

Ese es el gobierno que ha legislado para la prosperidad del crimen, para dificultar la tarea de jueces y fiscales, para hacer del sistema electoral un anexo de sus propósitos, para corromper la Defensoría del Pueblo, para garantizar en lo posible la impunidad de sus congresistas implicados en fechorías.

Ese es el gobierno que legisla para los agroexportadores y que ha acrecentado las cifras del hambre y el número de desempleados.

Ese es el gobierno que empezó con cincuenta muertos y que ahora intenta retomar el control absoluto del Tribunal Constitucional elevando a nueve el número de sus magistrados.

Ese es el gobierno congresal de la prescripción de los delitos de lesa humanidad, de los cambios constitucionales hechos para destruir instituciones y perturbar la función punitiva del Estado, de los mochasueldos y el macropresupuesto para sí mismos.

Ese es el gobierno que los peruanos –herederos de quienes le rogaron a Bolívar que sea dictador, descendientes de quienes miraron con miedo la resistencia andina de Cáceres, remotos sucesores de quienes entregaron Arequipa sin disparar un solo tiro– hemos aceptado porque la derecha nos dice que es lo mejor, que no hay otra salida, que eso es lo que hay, que callao boca.

No era un asunto de operarse la cara ni de quitarse unos años. El asunto era librarse del estigma de la debilidad y la traición. Y para eso no hay cinceles ni cirujanos.

Aceptar la dictadura del Congreso del hampa nos asoma al abismo moral y a la erosión sin retorno de la arquitectura democrática basada en la separación de poderes y en la contención recíproca de prerrogativas.

Vivir bajo esta dictadura nos embarra a todos. Alguien, en el futuro, nos preguntará, con toda razón, cómo fue que toleramos que la derecha más en paños menores, la de Erasmo Wong y Fernando Rospigliosi, la de Keiko Fujimori y Porky, nos gobernara y nos condujera a esta humillación. No sabremos cómo responder.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 712 año 15, del 06/12/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

6 de agosto de 2024

Todo lo que necesita saber sobre las elecciones venezolanas y no encontrará en los medios

Pascual Serrano

Tras la jornada electoral del pasado 28 de julio en Venezuela, ustedes habrán visto, escuchado y leído en los medios muchos comentarios de este tipo: “El Gobierno venezolano ha cometido fraude porque no ha mostrado las actas de las votaciones”, “La oposición ha enseñado unas actas que muestran que ganó las elecciones”, “El Gobierno y el ejército están reprimiendo a los opositores que se manifiestan en contra del fraude electoral”, “Maduro no dejó entrar a representantes de la UE como observadores electorales”, “Los gobiernos de izquierda de América Latina están exigiendo a Maduro que presente las actas electorales”. Vayamos por partes.

La primera cuestión a aclarar es que la autoridad electoral en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral (CNE), un poder, a diferencia de nuestros países, independiente de los demás. Y, por tanto, autónomo en su funcionamiento, no depende del Gobierno, ni para organizar las elecciones, ni para hacer el recuento, ni para difundirlo.

La jornada electoral del 28 de julio se desarrolló con normalidad, como confirmaron los observadores de la ONU, del Centro Cárter y el millar de observadores y veedores invitados por el CNE. Efectivamente, no hubo observadores de la Unión Europea invitados. Como tampoco hay observadores latinoamericanos en la elecciones europeas. Con más motivo en Venezuela, país al que la UE tiene sancionados a sus dirigentes, ni siquiera dejan entrar en Europa a miembros del Gobierno venezolano. Si malamente respetan al Gobierno venezolano, tampoco respetarían sus elecciones.

A las pocas horas el CNE, la autoridad electoral, emitió un primer boletín con un 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia “contundente e irreversible”. En él anunció que Maduro fue reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, un 51,20% y el siguiente era Edmundo González, que habría logrado 4.445.978 votos, un 44,2%. También informaron de que estaban siendo víctimas de un hackeo que retrasaría los resultados definitivos.

En Venezuela, como en la mayoría de las elecciones de nuestro entorno, tras el final de la votación y el recuento, se elabora un acta por cada mesa electoral donde se detallan el número de votos totales y los obtenidos para cada candidatura. Ese documento es firmado por los miembros de la mesa electoral, testigos y representantes de los partidos, que se llevan una copia para su organización.

Este documento no se suele difundir en nuestros países. Seguramente usted no habrá visto nunca un acta de votación de mesa de las elecciones de su país con la firma y número de documento de identidad de los miembros de la mesa y representantes. Ese documento es el que las diferentes partes presentan ante las autoridades electorales o judiciales si consideran que hay alguna discrepancia con el escrutinio que sí se hace público. Un escrutinio detallado por mesas electorales, es decir, perfectamente cotejable con el acta.

Ante el retraso del CNE para presentar ese escrutinio detallado, la candidatura de Edmundo González pone en marcha una página web donde dice presentar las actas electorales, primero dijo que el 30%, luego el 80%, según quién hiciese las declaraciones. Hacen su propio recuento de sus propias actas y llegan a su propio resultado, que han ganado ellos.

Esta candidatura, a diferencia del resto, ya dejó claro que no iba a reconocer a la autoridad electoral y sus resultados, por tanto, lo único que hizo fue declararse en rebeldía antes la institucionalidad electoral y presentar sus propios resultados para adjudicarse vencedores.

Mientras tanto la candidatura de Maduro, que también disponía de sus actas, como todos los candidatos, optó para aceptar la normativa electoral y esperar los datos oficiales del CNE.

El panorama que se vendía ante la comunidad internacional era de un Gobierno que no enseñaba las actas ni las pruebas de su victoria y la de una oposición que sí estaba mostrando las pruebas del fraude y de su victoria. Algo absolutamente erróneo. Era un Gobierno esperando los datos oficiales y una oposición tirándose al monte y boicoteando las elecciones.

Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro vuelve a recurrir a las instituciones y a la ley y presenta ante el Tribunal Supremo, un recurso de amparo para que sean los jueces los que diriman, conforme a la ley vigente, el conflicto abierto. El Tribunal convoca a todos los candidatos y les requiere para que presenten la información que dispongan sobre los resultados, actas incluidas. Y, por supuesto, también requiere al CNE para que presente los datos pormenorizados que todavía está pendiente de difundir.

A esta cita de los jueces se presentan todos los candidatos con la información electoral que poseen menos, precisamente, el candidato que decía estar difundiendo las actas que mostraban su victoria.

El presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, posteriormente revela que el sitio web del partido de Edmundo González solo contiene 9.468 presuntas actas de las más de 36.000 mesas instaladas el domingo, lo cual desmiente las declaraciones sobre que tenían «más del 70 por ciento».

También señaló que la oposición hacía pasar por actas documentos que no lo eran, por ejemplo «actas cero», que se imprimen al inicio de la votación, como si fueran actas finales, «actas» en las cuales faltan las firmas de los operadores de mesa, o de los testigos, incluyendo testigos del PSUV, a pesar de tener este partido testigos en todas las mesas o la utilización de cédulas de identidad de personas fallecidas. Todo ello, recuerda Rodríguez, es constitutivo de delito y puede explicar la ausencia del candidato en los juzgados para presentar la documentación.

El siguiente paso de la candidatura opositora es llamar a la violencia y la sublevación. Para ello basta con movilizar a unos cientos de violentos. De este modo se engaña y se presenta ante la comunidad internacional un supuesto fraude del Gobierno de Maduro, la ocultación de los resultados, la presentación de los verdaderos por ellos, y un levantamiento ciudadano que se revela contra el Gobierno.

El Gobierno venezolano detalló el balance de la violencia contra las elecciones. Se contabiliza el destrozo en más de 70 centros educativos, 37 centros de salud con el personal sanitario dentro y 38 unidades de transporte. Dañaron 12 universidades públicas, decenas de colegios e institutos, estaciones de metro, diez sedes del partido del Gobierno y varias alcaldías. Las fuerzas de seguridad debieron proteger de la violencia a unos 60 observadores electorales. Fueron asesinados dos miembros de las fuerzas del orden y decenas resultaron heridos.

Esa violencia explica la detención de cientos de personas. Todas ellas ligadas a hecho violentos, ninguna por expresar su oposición o protesta por el resultado electoral. Al contrario de lo que anunciaban algunos medios.

Las autoridades capturaron e identificaron a personas, algunas procedentes de otros países, que reconocieron haber sido contratadas para generar violencia y disturbios.

Por supuesto, es necesario para terminar el proceso electoral que el CNE publique los datos segmentados y detallados por municipios, parroquias, colegios y mesas electorales. Eso es lo que han pedido los gobiernos de México, Colombia o Brasil. Y también, recordemos, los jueces del Tribunal Supremo. Ha pasado solo una semana, son muchos los países que necesitan semanas para su recuento electoral definitivo, recordemos el caso estadounidense en la victoria de Trump.

Como siempre que se respeta la democracia, la clave está en aceptar la labor de las instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo. Sin embargo, los sublevados y violentos que no aceptan la democracia recurrirán, dentro y fuera de Venezuela, al discurso de que todas esas instituciones están “controladas por el chavismo”. El mantra con el que justifican su violencia para subvertir el orden y no reconocer los resultados electorales.

Con ese mismo criterio, podríamos decir que en España el “sanchismo” controla la Junta Electoral Central, puesto que la preside el presidente del Congreso de los Diputados, controla la fiscalía, porque el fiscal general lo nombra el Gobierno, y controla el Tribunal Constitucional porque su composición se hace a propuesta de las mayorías parlamentarias. Y de igual modo en el resto de los países democráticos, donde, el partido gobernante, el que más apoyos ciudadanos tiene, es el que tiene un papel significado en el nombramiento de muchas instituciones. Se llama democracia.

Por supuesto no ha faltado en esta crisis el departamento de Estado de Estados Unidos. Allí lo tienen claro, no necesitan esperar a los resultados del CNE, ni a la decisión de los jueces, ni necesitan ver actas de ningún otro partido. EEUU “ha nombrado” presidente a Edmundo González con las actas que ha presentado… Edmundo González.

Todo ello ha llevado al Gobierno venezolano a calificar de intento de golpe de Estado liderado por Estados Unidos, lo que se estaba desarrollando en el país.

Quizá hay que recordar que si Estados Unidos aceptase las elecciones y la democracia de Venezuela tendría que retirar las sanciones con las que intenta destruir la economía venezolana y devolver la empresa CITGO que ha robado al Estado venezolano, valorada en 13.000 millones de dólares. Algo similar les pasaría a los amigos de Estados Unidos como el Reino Unido, que debería devolver los mil millones de oro venezolano que tiene retenidos en la bóveda de su Banco Central.

Pascual Serrano. Periodista y escritor. Su último libro es “Prohibido dudar. Las diez semanas en que Ucrania cambió el mundo”

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

5 de octubre de 2023

Perú: Volver a la normalidad

Eloy Jáuregui

"Ya en horas de la noche, la confusión seguía. ¿Y ahora quién es el cabecilla de la rebelión? De pronto alguien dijo su nombre: "Es el general Juan Velasco Alvarado"".


Ese 3 de octubre de 1968, por la radio se informaba que esa madrugada se había producido un golpe militar y que las Fuerzas Armadas detuvieron al presidente constitucional Fernando Belaunde Terry –a quien lo habían sorprendido mientras dormía en Palacio de Gobierno– y que ahora estaba en pleno viaje a Buenos Aires en calidad de deportado. Lima estaba sembrada de soldados que cerraban las calles y los transeúntes apenas alcanzaban a mirar la casa de gobierno donde se habían asentado dos viejos tanques de guerra.

Al mediodía, en el atrio de la Catedral recién me uní a un reducido grupo de personas e intentamos gritar algo a favor de la democracia. La protesta fue corta. La policía nos detuvo y en unos portatropas nos llevaron hasta la Prefectura de la av. España, donde me soltaron a las horas por ser menor de edad. Cuando regresé a la plaza al atardecer, todo lucía como si nada hubiese ocurrido.

El experimentado periodista Abraham Lama habría de recordar a Martín Adán que esa noche, cuando se despedía de sus amigos del Bar Palermo después de una juerga de endecasílabos, y al enterarse de la noticia comentó: “El Perú volvió a la normalidad”. La frase recorrió las redacciones de los diarios, que celebraron otra muestra del ingenio cáustico del poeta. Pero esta vez estaba equivocado el rapsoda iluminado.

Lo que vendría después de aquella captura a Palacio de Gobierno no sería otro golpe militar “normal” propio de la voluntad sigilosa de un caudillo e históricamente perpetrado en nombre de la oligarquía terrateniente para salvar el orden amenazado por las convulsiones sociales. No. Esa vez la historia del Perú había cambiado para siempre.

Ya en horas de la noche, la confusión seguía. ¿Y ahora quién es el cabecilla de la rebelión? De pronto alguien dijo su nombre: “Es el general Juan Velasco Alvarado”. Mutis, ni en pelea de perros. A todos los hombres de prensa que se acercaban a Palacio de Gobierno les costaba trabajo recordar a ese nombre y a ese hombre. Velasco, piurano, había guardado su imagen media caña ultra caleta.

Fue uno de los once hijos de una familia mestiza y que había escalado con la sola ayuda de sus estudios y decisión toda la escala militar, desde soldado raso a general de división, ocupando como último cargo militar la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Era lo que se dice un cholo, como Sánchez Cerro u Odría, otros “cachacos” golpistas, tal como lo señaló un comentarista en La Prensa. Esa es nuestra historia.

https://larepublica.pe/opinion/2023/10/03/volver-a-la-normalidad-por-eloy-jauregui-196300

https://www.leerydifundir.com/2023/10/peru-volver-la-normalidad/


25 de junio de 2023

Perú: No al golpe

César Hildebrandt

Un golpe de estado fabricado en covachas, perpetrado por miserables, aplaudido por el hampa periodística, está en pleno proceso de consolidación y, sin embargo, el silencio cunde.

Mi país asiste resignadamente al encumbramiento de lo peor que ha parido la política sin partidos.

Nos hemos quedado sin Tribunal Constitucional, sin Defensoría del Pueblo, sin Fiscalía de la Nación independiente, sin meritocracia en el sistema educativo, sin contrapesos democráticos. El congreso y la señora Boluarte son pareja. No se han juntado para la gobernabilidad, como dicen, sino para dar un golpe de estado en cámara lenta.

Lo están logrando. Y como gritaba Chavela Vargas, quieren más. Quieren todo.

Ahora van por la Junta Nacional de Justicia, a la que acusarán de no haber sancionado a Zoraida Ávalos, a quien acaban de abatir sin razón jurídica alguna.

La banda del Chino está interesada en meterle el diente a la JNJ porque así –están seguros– lograrán librar a su cabecilla, la señora Fujimori, de la condena que la amenaza por lavar dinero y fingir donaciones altruistas. Y a la carne de presidio que puebla el Congreso le interesa canjear impunidad por votos. En eso están la derecha momia de siempre, la izquierda que habría hecho vomitar a José Carlos Mariátegui y los furgones del acuñismo, Somos Perú, Podemos y la escombrera de Acción Popular.

El Perú hiede.

Está en la cárcel, merecidamente, el campesino que traicionó al destino y a su clase. Está entre rejas por bribón y por golpista fallido. Pero tras ese episodio el Perú se ha hundido en otra infamia: una analfabeta funcional, desde Palacio, ha convertido al fujimorismo, a la derecha arcaica y a ciertos sectores de la izquierda lumpen en eventuales cogobernantes. Y el golpe cómico de Castillo ha devenido golpe real con la concentración de poder a la que estamos asistiendo. La derecha manda y el congreso gobierna. Una dictadura parlamentaria ha tomado el poder a espaldas del país.

¿Quién juzgará a quienes están destruyendo lo que quedaba de institucionalidad democrática? Por ahora, nadie. La Fiscalía de la Nación es el patio trasero del proyecto antidemocrático concebido por la derecha que perdió las elecciones e inventó la teoría del fraude para desconocerlas. Y el poder judicial, más corrompido que nunca, tiembla de sólo pensar en enfrentarse a tamaña maquinaria.

Estamos atrapados. Y lo estaremos más cuando de la cloaca congresal salga el instrumento “legal” que permita enjuiciar “políticamente” a los miembros del poder electoral. El tema está en agenda y el propósito es hacer del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec otro baño público donde los Cueto y las Chirinos hagan lo que más saben hacer.

En el segundo lustro de los años noventa, el Perú exhalaba una variada fetidez. Esos vapores han vuelto. Y proceden de los mismos crímenes, el mismo desamor por el país, la misma codicia.

¿Podemos hacer algo?

Que cada uno responda por sí mismo. En nuestro caso, hemos dejado constancia, desde hace largas semanas, del golpe de estado en marcha. Ahora podemos decir que el quebrantamiento de la Constitución se ha consumado.

La señora que dice ser la presidenta ya era ilegítima al suceder a Castillo sin respetar la esencia del gobierno del que fue vicepresidenta. La señora que pregunta cuántas más muertes quieren los que van a protestar, pudo hacer un gobierno de centro que fuera relativamente coherente con el mensaje emanado del pueblo en las elecciones del 2021. Pero no fue así. La señora que permitió la matanza de Huamanga y Juliaca se ha aliado con la derecha más procaz y ha construido el gobierno por el que la gente no votó. El gobierno de la señora Boluarte ya no sólo es ilegítimo sino que empieza a ser, abiertamente, anticonstitucional.

Ahora resulta que el balbuceo del almirante Montoya es discurso oficial y que el programa conjunto del fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País es el pensamiento guía en el régimen de quien fue ministra y colaboradora de Castillo. Es que en la farsa democrática que vivimos, la derrota puede ser victoria y el pueblo es la vieja comparsa de los caballeros. Nuestra condena histórica es que si ayer, con Sendero Luminoso, tuvimos la izquierda armada más salvaje que el marxismo-leninismo pudo imaginar,  hoy nos gobierna la derecha más rupestre de este continente.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 641 año 14, del 16/06/2023, p16

https://www.hildebrandtensustrece.com/

15 de abril de 2023

Perú: Hablemos de los golpes en serio

Sinesio López

En su opinión, ¿el expresidente Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso fue destituido o fue más bien víctima de un golpe de Estado del Congreso que lo destituyó para poner en el poder a Dina Boluarte?, preguntó Ipsos a los peruanos el 19 de febrero del 2023. El 51% en el nivel nacional, el 56% de las ciudades (excluida Lima) y 69% de las zonas rurales contestaron que fue un golpe del Congreso y solo el 43% en el nivel nacional afirmó que fue un golpe de Castillo.

¿Mientras más lejos de Lima, los peruanos están mejor informados? ¿La mayoría de los peruanos no lee ni escucha a los medios limeños, no les cree o ambas cosas a la vez? Dejo a los lectores la respuesta.

Castillo estaba harto de las amenazas de golpe del Congreso. Cuando la ultraderecha del Legislativo comenzó a preparar la tercera propuesta de vacancia y ante las frecuentes demandas del cierre del Congreso por parte de varias regiones, Castillo pidió (en dos oportunidades) la opinión a los altos mandos militares sobre esa posible medida y ellos respondieron que no estaban de acuerdo porque era inconstitucional.

Castillo decidió entonces seguir el camino constitucional de las dos negaciones del voto de confianza al gabinete. La primera fue la renuncia de Aníbal Torres por negación de confianza del Congreso y la segunda era la posible negación de confianza a Betssy Chávez. Pero el Congreso y su congénere TC dijeron que la negación de confianza a Torres no era válida.

Castillo pensó entonces que todos los caminos para mantenerse en el Gobierno —el de autogolpe y el constitucional— se le cerraban y creyó que el Congreso lo vacaría el 7 de noviembre, pero se preparó para responderle hasta la víspera del 7 de diciembre.

¿Qué pasó ese día? Leyó un descuidado discurso golpista y suicida sin haber expedido un decreto legislativo, sin haber ordenado a la Policía que cierre el Congreso y sabiendo que no tenía el apoyo de las FF.AA. ¿Fue un golpe de Estado? ¿Qué es un golpe? Bobbio, el gran jurista, filósofo y politólogo, lo define así: “El golpe de Estado es un acto llevado a cabo por parte de órganos del mismo Estado” (Diccionario de política, p. 724).

¿El discurso de Castillo fue un acto golpista? No hubo decreto legislativo, no hubo toma del Congreso por la Policía, no hubo respaldo de las FF.AA. No hay un acto de golpe. En el Gobierno y en el Estado nada se mueve si no hay una previa medida legislativa. No se gobierna con discursos ni con Twitter. Fujimori leyó el decreto legislativo del golpe el 5 de abril de 1992, la Policía tomó el Congreso y las FF.AA. lo respaldaron. El discurso golpista de Castillo fue un suicidio político.

Mi hipótesis es que Castillo quiso morir matando políticamente. Dina Boluarte y el Congreso son muertos vivientes que pronto van a morir (políticamente) de verdad. No se hagan ilusiones.

El suicidio político de Castillo facilitó el contragolpe del Congreso que desde 2016 vive en estado de golpe permanente para entregar el Gobierno a los que perdieron las elecciones. Los formalismos constitucionales son taparrabos de los golpes parlamentarios

https://larepublica.pe/opinion/2023/04/13/hablemos-de-los-golpes-en-serio-por-sinesio-lopez-586638

12 de abril de 2023

Argentina: Memoria, golpe e intelectuales

Aram Aharonian

Vamos a dejar las cosas en claro, decía Osvaldo Bayer: Ni Hitler fue un accidente de trabajo, ni las dictaduras de las fuerzas armadas en la Argentina se dieron por casualidad, sino que fueron el resultado de una sociedad insolidaria, superficial, egoísta, falta de ética, exitista, donde el poder económico impuso a sangre y fuego el plan económico diseñado en Estados Unidos, que daba espacio, también a sus apetencias de riqueza y control.

Se cumplieron 47 años del sanguinario golpe de Estado en Argentina, que dejó más de 30 mil desaparecidos y al que pocos intelectuales enfrentaron. Las estadísticas sobre intelectuales asesinados, secuestrados, apresados o expulsados del país por la Junta Militar argentina, desde marzo de 1976, no explican en absoluto la sistemática destrucción de una cultura, porque –como sucede a menudo, como en este caso-, ocultan más de lo que revelan.

Explicar que en el lapso de 18 meses centenares de físicos, químicos y matemáticos, de periodistas y ensayistas, de narradores y poetas fueron arrancados de sus camas en medio de la noche, arrastrados desde el vestíbulo de los cinematógrafos hasta los automóviles policiales (o militares) ante el estupor y el silencio de las muchedumbres o abandonados en tierras baldías y pasajes sin salida con 40 balazos en el cuerpo, es explicar demasiado poco.

Idéntica suerte padecieron, en el mismo lapso, miles de jefes obreros, de huelguistas, de estudiantes, de marginales sin nombre. Hay infinitas formas de tormento que tampoco aparecen en las estadísticas, y testimonios de horror que se habrán perdido para siempre en las mordazas de los oprimidos.

Listas negras que incluían a Julio Cortázar, María Elena Walsh, Héctor Alterio, Federico Luppi y Mercedes Sosa; planes para perpetuarse en el poder; órdenes para cambiar de manos la única fábrica argentina de papel para periódicos; instrucciones para contestar las preguntas de los organismos internacionales sobre las personas desaparecidas figuran en unos 1.500 archivos secretos que halló personal de la Fuerza Aérea en 2013.

Las aguas quedaron divididas de una vez para siempre en la Argentina: de un lado se situaron los escritores que, como Jorge Luis Borges o Víctor Massuh (un especialista en filosofía de la religión a quien la Junta Militar encomendó la Embajada ante la Unesco), sostenían que la matanza era una cruzada de caballeros y la aniquilación nacional de la cultura, una obra necesaria de salud pública.

Junto a ellos se colocó el coro de los que asintieron en silencio o se amurallaron tras la convicción de que aún son posibles las torres de incontaminada literatura en estas tierras de desastre: Manuel Mujica Láinez, Eduardo Mallea, Victoria Ocampo, Sara Gallardo, Silvina Bullrich. Del otro lado fueron cayendo los impuros, los que creen que en la literatura o en la vida no está comprometida solo una parte del ser: Julio Cortázar, David Viñas, Daniel Moyano, Antonio Di Benedetto, Haroldo Conti.

Cortázar fue el argentino que se puso a la par de un intelectual como Thomas Mann, quien había conmovido al mundo con sus denuncias a los crímenes del nazismo, con sus vibrantes discursos de la serie «Oíd, alemanes».

En 1979, cuando Cortázar hace esa declaración sobre los asesinatos de la dictadura, la opinión pública del exterior había sido sacudida por el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA acerca de la verdad de la cruel represión argentina. Un documento oficial, incontrastable, redactado por representantes de los países americanos, que descarta totalmente la teoría de los dos demonios. La dictadura respondía “los argentinos somos derechos y humanos”. Las paredes respondían “los argentinos somos deshechos humanos”.

Bastaría leer las declaraciones de Mujica Láinez, en el diario español La Vanguardia del 10 de octubre de 1979, donde rechazaba las aseveraciones de Cortázar que había acusado al gobierno de Videla de cometer un genocidio cultural en la Argentina, con el asesinato de escritores, la quema de libros y las listas prohibitivas de hombres y mujeres de la cultura.

Como ejemplo de que en la Argentina no sucedía eso, Mujica Láinez señaló: «En la Argentina estamos allí muy tranquilos. Estamos todos, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, todos los grandes. –y agregó con humorismo– Nada nos hubiera costado ir a París, como los reprimidos de otros países, nadie nos lo impide, nos dan el pasaporte en cuanto lo pidamos». El 11 de octubre de 1979 el escritor colombiano Gabriel García Márquez, en el diario El País de Madrid, le escribió una carta abierta a Mujica Láinez.

Gabo decía: «si interpretamos bien sus palabras, hay que entender que sólo ustedes, los escritores grandes, están muy tranquilos en la Argentina. Sin embargo hay dos, que yo considero muy grandes y que no están tan tranquilos como ustedes: me refiero a Rodolfo Walsh y a Haroldo Conti que hace ya varios años que fueron secuestrados por patrullas de la represión oficial y que nunca más se ha sabido de ellos. Usted y todos los escritores grandes que cita, serían todavía mucho más grandes si sacrificaran un poco de su tranquilidad y su grandeza y le pidieran al gobierno argentino un par de esos pasaportes tan fáciles para Rodolfo Walsh y Haroldo Conti».

Ninguno de los “grandes escritores” fue capaz de denunciar en el exterior el tema de los desaparecidos o de la represión cultural. Silvina Bullrich atacó también a Cortázar, escribiendo que «ni Borges, ni Mallea, ni Sábato se fueron». Asimismo, Ernesto Sábato escribió en Clarín, el 5 de julio de 1980: «En la Argentina la inmensa mayoría de sus escritores, de sus pintores, de sus músicos, de sus hombres de ciencia, pensadores, están en el país, y trabajan. Cometen una gran injusticia los que están afuera del país pensando que acá no pasa nada y que es un tremendo cementerio».

El viernes 25 de marzo de 1977, cuando la Junta Militar argentina cumplió un año en el poder, Rodolfo Walsh distribuyó en la puerta de la Casa de Gobierno, en la sede de la embajada estadounidense, en las oficinas de la Curia Eclesiástica y en las agencias internacionales de noticias una Carta Abierta que es, desde entonces, un clásico en la literatura política de América Latina, y uno de los más incontestables documentos de denuncia contra los horrores del régimen.

Sobre esta realidad llegamos en Argentina a este 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y en feriado nacional, no laborable e inamovible desde que la promulgó por ley del Congreso el presidente Néstor Kirchner.

Un 24 de marzo cuando el país aún cruje por la asfixia del Fondo Monetario Internacional y sus cómplices de la oligarquía agropecuaria y empresarial, esos que remarcan los precios de los alimentos todos los días, los que se quedan con el capital acumulado, los que achican los salarios como nunca antes, esos que se amparan en el lawfare de una justicia putrefacta –desde antes y después de la dictadura- a medida de los poderosos. Esos que odian todo lo que suene a progresismo pero se valen de él cuando lo ven temeroso y concesivo …

Hoy se tiende a colocar el eje en la recuperación de las libertades democráticas. Pero las libertades democráticas, si no van acompañadas de un mínimo hecho de justicia social, son por demás limitadas. Sin duda, valiosas, importantes, por las cuales vale la pena seguir peleando todo lo necesario, pero falta completarlas con otro ciclo, el de la justicia que falta en el país, de la cual obviamente se habla muy poco, y se ve mucho menos.

Aquellos grupos económicos organizaron el golpe de 1976 con la intención de destruir el aparato productivo desarrollado a partir de la década peronista de 1945 a 1955 que transformó al “granero”, que ayer (y todavía hoy) desean las potencias y los agroexportadores locales, en una Nación con sustitución de exportaciones, valor agregado industrial y derechos laborales y sociales.

Los grupos golpistas son las corporaciones dueñas del país actual, que tras impulso recibido durante el gobierno neoliberal y entreguista de Mauricio Macri, empobrecen, hambrean, endeudan al pueblo, manejan el mercado y producen una inflación que ya convirtió en “lujos” a la leche y el pan, el gas, el agua y la electricidad.

Esta democracia tiene límites muy serios, muy profundos, que de alguna manera hasta hace unos años todavía reconocía formas de “salvataje”, bajo algún mecanismo de fórmula reformista, un paso previo, un escalón para mejorar la situación. Pero ese escalón no es para subir, ese escalón es para bajar.

Por eso es necesario valorar cómo fue que el Estado argentino llegó a pedir perdón por todos los crímenes cometidos durante la dictadura, para luego escribir la política de Estado -Memoria, Verdad y Justicia- y anuló las leyes de impunidad y los indultos y se descolgaron los cuadros de los genocidas y se abrieron las puertas de los tribunales para juzgar los crímenes de lesa humanidad y las puertas de las cárceles para que ingresen, tras un juicio justo, (algunos de) los mayores criminales de la historia. Fue con y por la lucha popular.

Sobre este mundo llegamos hasta aquí y sobre este país que también cruje por la asfixia a la que lo somete el FMI y sus cómplices de cabotaje, esos que remarcan los precios de los alimentos a cuatro manos, esos que se quedan con el capital acumulado

Ocurre que hay una consigna que está dando vueltas. Que estos 40 años de democracia, con un 43 y pico de pobreza en el país, no es la razón por la que las y los 30.000 compañeros desaparecidos dieron todo lo que tenían. Que acá hay otras cuestiones que están pasando, de las cuales no se habla.

La socialdemocracia insiste en colocar el eje en la recuperación de las libertades democráticas. Pero las libertades democráticas, si no van acompañadas de un mínimo hecho de justicia, llamémosle justicia social, son libertades muy limitadas por cierto. Valiosas, importantes que deben completarse con otro ciclo, el de la justicia que falta en el país, de la cual obviamente se habla muy poco, y se ve mucho menos.

El paso del tiempo, lo que va comprobando, es que ese escalón no es para subir, ese escalón es para bajar. Y cada vez estamos bajando más y más escalones. Entonces, lo que nos tenemos que poner a pensar es, qué está pasando.

La memoria significa precisamente eso, preguntarnos el por qué de la violencia de abajo en respuesta a la violencia de arriba, el estudio de la sociedad argentina y sus reiteradas traiciones a la democracia y al pueblo. Dilucidar el por qué del fracaso de esa violencia realizada desde abajo, y el por qué de la increíble y tal vez ya insuperable crueldad de la represión militar argentina.

Para los socios del Pen Club, inventar demonios es mucho más fácil que preguntarse el por qué de las órdenes brutales de represión. La memoria en nosotros es imprescindible para que no se nos vuelva a sorprender con la desaparición y la tortura en la defensa de denominados valores occidentales y cristianos, decía Osvaldo Bayer.

El poeta español León Felipe ya lo decía: Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas ¡y los mismos, los mismos poetas! ¡Qué pena, que sea así todo siempre, siempre de la misma manera!

Aram Aharonian. Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fotografía: Quema de miles de libros del CEAL (Centro Editor de América Latina) para cumplir la orden judicial. La orden la ejecuta la Policía Bonaerense. 26/06/1980. Foto: Ricardo Figueira. Fuente: CLAE

Fuente: https://estrategia.la/2023/03/26/memoria-golpes-e-intelectuales/

16 de enero de 2023

Perú: El gobierno de Dina Boluarte está sacrificando a los peruanos. Su renuncia debe ser inmediata


Jonathan Castro Cajahuanca
 (The Washington Post)

El lunes 9 de enero la presidenta de Perú, Dina Boluarte, confesó que no entendía por qué el país llevaba un mes de protestas en su contra, y escondió la cabeza durante las horas más amargas de su aún breve gestión. Más tarde, luego de que se confirmara una matanza a tiros de 17 civiles ese día en Puno, en el sur del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, justificó el comportamiento de las fuerzas del orden argumentando que hubo violentos que los atacaron e intentaron tomar el aeropuerto de esa ciudad.

Ni la abultada cantidad de muertes les hacía entender que su respuesta no debía ser policial-militar, sino política. No hay orden sin respeto por la vida.

Otárola —un exministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala, quien dejó el cargo por un desastroso operativo de rescate de rehenes— tuvo una segunda oportunidad en la vida para convertirse en héroe democrático, pero recogido ser un canalla.

Con el peso de una gestión que lleva casi 50 muertos en poco más de un mes, se presentó ante el Congreso para pedir el voto de confianza que necesita antes de cumplir 30 días en el puesto. Otárola heredó el cargo de su fugaz antecesor, Pedro Angulo, y también heredó la estrategia de acusar a agentes externos de incitar a la violencia y no reconocer responsabilidad alguna en las muertes.

Cuánto pueden durar las denuncias de que quienes protestan son manipulados por Sendero Luminoso, Evo Morales, el izquierdismo radical o las economías ilegales si entre los muertos civiles se cuentan a un mecánico que salió de su taller para ayudar a un herido, a un ambulante que ganaba unos centavos en la aglomeración, a un estudiante de medicina que socorría heridos, ya seis menores de edad. No está en discusión la participación de actores violentos o criminales, pero eso por sí solo no explica el descontento que ebulle principalmente en el sur del país. Lo que enerva a los manifestantes es la generalización, la ceguera desde Lima.

Otárola, adepto de la mano dura, hizo todo lo posible para que el conflicto escale tratando de imponer el orden, y la derecha y el centro parlamentario aprobaron darle la confianza. Pero esa “virilidad” es solo una apariencia.

Sería desproporcionado atribuir —sin investigación previa— la responsabilidad de todas las muertes al gobierno. Entre los manifestantes también hay actitudes antidemocráticas, golpistas y violentas. Una turba aún sin identificar asesinó y quemó a un policía en Puno; otros han impedido la circulacion de ambulancias (lo que ha generado al menos la muerte de un bebe ); han atacado a comerciantes que se rehusaban a paralizar, y han incendiado edificios públicos, cuanto menos.

Pero en un conflicto de esta naturaleza, antes que la superioridad de las armas el Estado debe mantener la superioridad moral, y eso es algo que ha olvidado. No solo para garantizar justicia en lugar de venganza, sino para no agrietar más la desconfianza social: el desprecio moviliza y toma rumbos que la represión no puede gobernar a largo plazo en democracia. La corta vida política de nuestros líderes les impide ver que, más allá de su rol en la historia, lo que debe prevalecer son las instituciones por el impacto que tienen en el largo plazo.

Boluarte y Otárola han hecho observar en las facilidades que le harán a la justicia para investigar y sancionar los asesinatos. Pero esas palabras solo son parte de un protocolo rutinario. Han pasado más de dos años desde el asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino y las investigaciones judiciales se encuentran estancadas. Si eso pasó en Lima, ¿qué esperanza hay de encontrar justicia en provincias con más precariedades? Ha pasado lo mismo con las víctimas del Baguazo, con los restos del alcalde Felipe Bazán, e innumerables conflictos en las últimas décadas.

Las fuerzas del orden han repetido la misma violencia en varias ciudades. Puede haber sido consecuencia de lanzarlos al conflicto sin planes operativos adecuados, sin inteligencia mínima, sin armas ni preparación para responder proporcionalmente. O pueden haberles dado carta libre. Esto es algo que la Fiscalía de la Nación debería investigar al milímetro, pues el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado no puede ser discrecional, así como el gobierno tampoco puede exponer al peligro a sus propios subordinados.

El Perú está atravesando una protesta bastante inédita. Los conflictos sociales son abundantes en el país, pero casi todos están asociados a asuntos sectoriales: socioambientales (los más numerosos desde 2007), laborales, limítrofes, etc. Suelen estallar de forma aislada —aunque algunas veces se ha visto coordinación— y adormecerse en negociaciones en mesas de trabajo del gobierno nacional o los gobiernos locales. Pero esta es una de las pocas ocasiones en los que la agenda es completamente política, extendida en varias regiones, y en la que la participación de Lima es marginal.

Los principales puntos han sido la renuncia de Boluarte —primero por traición al golpista expresidente Pedro Castillo y ahora por las muertes—, el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo. La reacción del gobierno y de sus aliados en el Parlamento ante el carácter político de la agenda ha sido querer ningunearla, y pedirles que hagan reclamos materiales en salud, educación, etc. o criminalizarla por su convocatoria. “Los cuatro políticos no están en mis manos(…) Lo que están pidiendo es pretexto para seguir puntos provocando el caos”, dijo Boluarte a inicios de esta semana.

Antes de empezar a contar los cuerpos de casi medio centenar de peruanos muertos, las cuatro demandas me parecían descabelladas, ilegales y perjudiciales para el país. Pero luego de lo que hemos visto, la primera de ellas brinda la posibilidad —no certeza— de aliviar algunas tensiones que evitan más cadáveres hasta las elecciones, que se realizarán este año y lo antes posible.

La renuncia de Boluarte abriría escenarios complejos sobre sucesión a manos del presidente del Congreso, sea el actual o algún nuevo que elijan. Difícilmente la gobernabilidad sería mucho mejor, pero tal como estamos, no hay futuro con la mano dura de Boluarte. Hubiese sido ideal entrar a un nuevo ciclo electoral con algunas reformas políticas que el Congreso apruebe, pero ni ha sido su prioridad ni hay esperanza de que las hagan bien. Además, cualquier cambio que aprueben que beneficie a los legisladores —reelección, bicameralidad, etc.— podría intensificar las protestas. Se debe ganar tiempo ya que nuestro elenco de gobierno no le hizo estimulación temprana a sus destrezas políticas.

La única alternativa es que Boluarte destituya a Otárola, pida perdón a nombre del Estado, procese y expurgue a los responsables de los crímenes que se cometieron desde las fuerzas del orden, encuentre y sancione a los responsables de la violencia de las protestas, y se acelere la organización del proceso electoral. Pero eso es pedir un imposible: que el Perú funcione bien. La decisión está en la soledad de su conciencia.

Jonathan Castro. Periodista peruano y editor general de 'La Encerrona'.

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2023/01/13/protestas-peru-dina-boluarte-muertos-renuncia/

11 de enero de 2023

Perú: La Inteligencia en acción

Gustavo Espinoza M.

Aún se recuerda el caso de una destacada figura del Fujimorismo que se preciaba de contar con una prodigiosa inteligencia.

Jorge Trelles  fue ministro en 1994, paseó su imagen por los predios parlamentarios, vivió virtualmente en Palacio de Gobierno y fungió siempre en su condición de elevado “asesor” presidencial.  Fue tanto, en la materia que sus áulicos -que los tuvo-, le llamaban “la inteligencia en acción”.

No obstante, este singular prodigio de la naturaleza cayó desde lo más alto del níspero en el que habitaba cuando en una presentación en la Tele, Beto Ortiz le habló de los a asesinados en el régimen fujimorista, y  los comparó con las que corrieron la misma suerte en los años de Alan García. “Si –dijo- Pero nosotros, matamos menos”.

Su frase dio la vuelta al mundo; y mediante ella el Perú entero pudo tener una idea de lo que significaba para esa dictadura el tema de los derechos humanos, la democracia y las libertades públicas. Luego de tan letal expresión, el sabio de marras cayó en desgracia. Ni la apoltronada “Prensa Grande”, pudo cobijarlo. Hoy vive en el olvido. Nadie lo entrevista.

La frase viene a la memoria porque hace muy poco otro espécimen de inteligencia superdotada acuñó una frase referida a la protesta ciudadana registrada a lo largo y ancho del país en diciembre pasado. Era “una insurrección terrorista”, dijo el Jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINI, ante el asombro de los peruanos.

Así, este personaje que desempeñaba los más altos cargos en la materia, se dispuso enfrentarla con lo que tenía a mano: los Galil de la Policía Nacional y el armamento de guerra de la Fuerza Armada. ¿El resultado? El país lo conoce, aunque aún de manera insuficiente: 30 muertos, y más de 250 heridos de bala.

De ese modo pasó a la historia el coronel Juan Carlos Liendo O’Connor, calificado “experto” en materia de inteligencia, coordinador del Comando Sur de los Estados Unidos con la Fuerza Armada Peruano; hombre del staff del SIN en los años prodigiosos en inteligencia de Alberto Fujimori, subordinado del hasta hoy reo en cárcel general Julio Salazar Moroe, asesor de la Comisión de Defensa del Congreso de la República y descollante   eminencia gris de Willax TV precisamente como opinólogo en la materia.

La frase, le costó el cargo. Ni siquiera Dina Boluarte que lo había nombrado pomposamente asegurando que se rodearía de los “técnicos más capaces", pudo soportarlo. Ante el asombro de propios y extraños, la versión peruana de Lenin Moreno, simplemente le cortó el cuello.

Es curioso. El improvisado y precario gobierno que dirige Alberto Otárola tras interpósita persona, sostuvo después del 7 de diciembre, que en el Perú reinaba la más absoluta tranquilidad. Luego de las manifestaciones de los días siguientes, aseguró que fueron “pequeños grupos” –“no más de ocho mil personas en todo el país”- los que generaron resistencia.

Cuando lo dijo, el Otárola en cuestión, sabía que mentía. Y tanto lo sabía, que dictó medidas punitivas. Declaró el Estado de Emergencia, primero en las regiones, y luego en todo el territorio nacional. Inmediatamente después, dispuso la intervención militar para enfrentar a esos “pequeños grupos”.

A la sombra de tan desconcertante conducta, los canales de la Tele informaron, por ejemplo, que cinco mil “vándalos” habían tomado por asalto el aeropuerto de Huamanga. Nadie podría entender de dónde habría surgido ese nutrido ejército de “vándalos”, capaz de emprender una acción de ese signo en una pequeña ciudad del interior Un reto no sólo a la inteligencia, sino también al sentido común.

El asunto es que la acción de esos “pequeños grupos de vándalos” no solo persiste, sino que se incrementa. Incluso soldados en algunas poblaciones, se han unido a la protesta, y se han sumado al cierre de caminos y a otras modalidades de lucha, aunque todo eso ha sido ocultado por la “Prensa Grande” y sólo conocido a través de las redes sociales. Eso explica que hoy la inamovilidad absoluta, es decir, el Toque de Queda en varias ciudades.

Los contrastes, son notables: las autoridades organizan y promueven una “Marcha por la paz” en la que desfilan policías de civil acompañados de sus familiares, luego que mataran peruanos; e izan, con desparpajo, una bandera blanca clamando: no más muertos. Quizá expresaban su decisión de guardar las armas; pero en todo caso, no lo hicieron.

El mismo día que hablaron de paz y permitieron a los suyos una concentración en la Plaza San Martín, que negarían a sus críticos al día siguiente; molieron a palos a un periodista, y a los pobladores que ocupaban la Plaza Manco Capac en La Victoria. Adicionalmente, arrastraron con vileza a una combativa mujer, Zaida Arias, a la que amenazaron de muerte. Qué más da. Todos, son terroristas. Por eso, usaron el hecho con fines intimidatorios. La cara del terror muy bien mostrada.

Como otra expresión democrática, anunciaron nuevo juicio contra el congresista Guillermo Bermejo. Como salió absuelto en los dos primeros, iniciaron un tercero, a ver si en éste, de una vez lo condenan. Lo   harían diez veces, hasta encontrar un juez que lo sentencie

Por si fuera poco, con 93 votos a favor, autorizaron el ingreso al país de un navío yanqui con personal de guerra armado en territorio nacional; arreciaron sus ataques contra Evo Morales por “opinar” sobre temas peruanos; y presentaron proyectos de ley para defenestrar al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al Jefe de la ONPE.

Lo quieren todo, y a su manera. La Inteligencia en acción.

10 de enero de 2023

Brasil: Crónica de un ensayo anunciado

Atilio A. Boron

En este artículo el autor analiza ‘el clima de esta época’, en la que la intentona golpista en Brasil es el resultado de un acontecimiento largamente preparado y en sintonía con la estrategia neofascista internacional.

Lo ocurrido en Brasil es algo inédito en la historia de ese país. Pero, paradójicamente, era algo previsible. Hubo muchas señales de que la derecha radical, neofascista o neonazi, no estaba dispuesta a permitir que se consumara en paz y ordenadamente la asunción de Lula como nuevo presidente del Brasil. Claros indicios de que apostaba a un golpe militar, para lo cual golpeaban la puerta de los cuarteles y acusaban públicamente de cobardes a los militares por no “rescatar al país” de las garras del comunismo y su arma mortal, “la ideología de género”.

Lo mismo que se hizo en Chile en los meses finales del gobierno de Salvador Allende. La receta es la misma, “made in America”: movilizar a un segmento de la “sociedad civil”, ganar las calles, precipitar la intervención militar y tumbar al Gobierno indeseable. Por eso lo ocurrido era algo que estaba presente en el nefasto “clima de época” alimentado por la inexorable declinación de Estados Unidos como superpotencia mundial y su recargada virulencia.

El signo de esa revuelta bolsonarista guarda una notable similitud con lo acaecido casi exactamente dos años antes en el Capitolio de Estados Unidos. En este país tuvo lugar el 6 de enero, en Brasil el 8. La coincidencia no es casual, habida cuenta de la existencia de una muy activa y muy bien financiada internacional neofascista que tiene como su gurú ideológico y organizacional a Steve Bannon, exasesor de Donald Trump. Pero las coincidencias no terminan allí. El objetivo fue el mismo: demostrar cómo un grupo decidido y relativamente pequeño (en Brasil unas cuatro mil personas) puede apoderarse a voluntad de la sede de los tres poderes del Estado y, si algunas condiciones maduran, hacer que las fuerzas armadas den un paso al frente y consumen la reedición del infausto golpe de Estado de 1964. Por eso lo ocurrido es un ensayo, una prueba. Seguramente volverán a la carga para crear una situación que finalmente termine por convertir en inevitable un arbitraje militar.

Claro que lo anterior depende en gran medida de lo que haga el Gobierno de Lula. Para empezar tendrá que decretar la intervención de la gobernación de Brasilia, cómplice necesaria por su pasividad ante los revoltosos. Tendrá también que reemplazar a la cúpula de los servicios de inteligencia del Estado, que fueron incapaces –o no quisieron- anticipar esta situación y advertir a las autoridades del peligro que se avecinaba. Y otro tanto tendrá que hacer con las fuerzas armadas. Por otra parte, el presidente Lula tendrá que convencerse que deberá movilizar y organizar a su base electoral y recuperar el control de calles y plazas. En caso contrario, la estabilidad de su Gobierno podría llegar a verse muy comprometida. Ni las instituciones ni las diversas ramas del aparato estatal le responden tal cual manda la Constitución. Su único reaseguro es la movilización popular.

Hablábamos más arriba del “clima de época” en el que hay que enmarcar lo sucedido. Repasemos: en 2021 se produjo lo del Capitolio; el 2022 fue pródigo en acontecimientos similares. En julio, miles de manifestantes en Sri Lanka tomaron por asalto la residencia oficial y la oficina del presidente e incendiaron la del primer ministro. El signo político no era reaccionario, pero la forma de la protesta sí lo fue. En diciembre se frustró un intento neonazi de ocupar violentamente el Bundestag y varios parlamentos de los Landers alemanes. En septiembre se produjo el frustrado intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, aún lejos de estar esclarecido; en diciembre la destitución de Pedro Castillo en Perú; ahora la tentativa en Brasil. Y antes, a no olvidarlo, tal vez inaugurando este ciclo, el cruento golpe neofascista en Bolivia.

El obvio pero sistemáticamente negado “déficit democrático” de los sistemas políticos que se pretenden democracias (¡y que no lo son!) se combina con los efectos de la crisis capitalista y los desquiciantes movimientos de las placas tectónicas del sistema internacional en Ucrania y Taiwán. Y esto, políticamente hablando, es dinamita. Para desactivar esta bomba de tiempo se requerirá de mucha habilidad política, inteligencia y fuerza, para tomar decisiones difíciles que provocarán encendidos debates. Ojalá que Lula pueda demostrar que posee esas virtudes.

8 de enero de 2023

Perú: «Las masas se apoderaron de la figura de Castillo teniendo la ilusión de satisfacer las reivindicaciones de los pueblos olvidados»

Ricardo Napurí   (Entrevista de Mario Hernández)

- Quisimos comunicarnos hoy con Ricardo Napurí porque lo consideramos la persona adecuada para analizar los acontecimientos que está viviendo Perú en este momento. Ya lo habíamos hecho la semana pasada, pero desde ese momento se han producido una serie de acontecimientos que merecen un nuevo análisis. Continúan las movilizaciones, 27 muertos, una convocatoria a comicios en abril del 2024, renuncia del Primer Ministro, designado por la presidenta Boluarte, 10 días después de su asunción, expulsan al embajador mexicano en Lima, algunos de los acontecimientos que se han producido en los últimos días. ¿Qué nos podés comentar al respecto?

-Bueno, en el breve tiempo que tengo para exponer, la pregunta es un desafío, pero voy a intentarlo. Yo en todas las entrevistas que tuve contigo respecto a Perú siempre puse el centro de que el problema de Perú no era Castillo, sino que Castillo es un epifenómeno. ¿Por qué epifenómeno? Porque Castillo era un profesor que no era de izquierda, que había calificado por una huelga y que había sido invitado a una lista de presuntos extremistas, porque no tenían una figura. Y esa lista, con 19%, había ganado en la primera vuelta y en la segunda había alcanzado la victoria definitiva.

Entonces, dije ‘ojo’, advertí que no era Castillo. Cuando digo epifenómeno es que Castillo expresa, a través del programa que levantó su candidatura, ilusiones que tenía la gente de un gran sector de sectores marginados del país, los olvidados de la tierra, los provincianos, los campesinos. Ellos, en medio de una crisis donde la oligarquía peruana se había olvidado de los pobres, se apoderaron de la candidatura de Castillo, de tal manera que las ilusiones de ellos eran enormes.  

Pero eran ilusiones concretas porque esa plataforma llevaba como consigna la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente que era difícil de ver para todos, no lo era en Perú porque ya había habido una campaña que habíamos realizado todos aquellos que intervenimos para la Asamblea Constituyente en 1980 y la gente entendía a la Asamblea Constituyente como la reivindicación que ellos sentían, reforma agraria que ahora no había, contra la corrupción que ellos veían, por un cambio de sistema que ellos veían. Es decir, que la gente no necesitaba de los libros para decir qué era la Asamblea Constituyente, para ellos era un lema que expresaba lo que ellos necesitaban.  

En ese momento esa lista la puso en su programa. Además, lógicamente otras cosas como ‘contra la corrupción’, ‘contra el sistema político’, etc. Castillo asumió esas posiciones a pesar de que no era un hombre de izquierda. Ser sindicalista no quiere decir que él fuera un hombre de izquierda. Había sido candidato en la lista de Toledo que es de derecha. De tal manera que había que rever todos los elementos. Yo avisé. Por eso dije que es un epifenómeno. Un hombrecito se ha metido en una cosa donde es un elemento secundario. Lo fundamental acá es que las masas se apoderaron de la candidatura teniendo la ilusión de que a través de esas consignas ellos iban a poder satisfacer un montón de reivindicaciones de esos pueblos olvidados.

Las acusaciones contra Castillo son reales porque llegó a la presidencia y no sabía para qué llegó, no tenía partido propio, la lista que lo llevó lo expulsó por traidor, también a la vicepresidenta. De tal manera que no podía gobernar, no tenía partido, no tenía antecedentes, no tenía la formación que hace a alguien comprometido con ideas que las lleva a la práctica mediante un partido u otras organizaciones. Se metió en algo que no era lo suyo y a eso agregaba directamente que todo el grupo familiar, de gente pobre con los problemas de los pobres que en todas partes se defienden cuando pueden, llegaron a una presidencia sin saber qué hacer y comenzaron a hacer ilícitos, eso está probado. Están probados montones de ilícitos porque ellos consideraban que era correcto conversar con uno u otro, concederle al otro, entonces probadamente él hizo un montón de pequeños ilícitos comparados con los anteriores seis presidentes ladrones en Perú que han robado miles de millones de dólares.  

Por otro lado, Castillo siempre tuvo una oposición salvaje, como tenía minoría en el Congreso y se quedó sin parlamentarios, esa mayoría congresal era un Congreso salvaje de gente primitiva, en tanto que no hay partidos políticos orgánicos en el Parlamento. En el Congreso hay 18 partidos y van a haber 40 para las próximas elecciones. De tal manera que su grupo familiar, corroborado por la fiscalía, cometió una serie de ilícitos menores de costumbre de la gente de juntarse y conversar con alguien, prometerle esto y recibir sobornos. Pero mucho menores en comparación del desastre de los seis presidentes ladrones anteriores.  

¿Ahora qué ha pasado? Castillo, lógicamente, un pobre hombre que se metió donde no sabía, que no tenía equipo, que no sabía con quién gobernar, entró en una crisis personal. De tal manera que lo que ocurrió cuando la fiscalía comprobó una serie de ilícitos e iba a ser detenido por dolo, asume la posición de disolver el Parlamento.  

Nadie sabe qué va a decir, por qué lo hizo. Lo que llaman ahora un golpe de Estado. Entonces Castillo se comunicó con el gobierno de México y les pidió asilo político y México aceptó porque es un presidente que se llamaba progresista. Eso fue un poquito antes que la fiscalía lo acusara de dolo, de hechos que parece que van a ser probados. Entonces él desesperadamente tomó la medida de acudir al medio de prensa fundamental y rescatar las consignas que había abandonado como la Asamblea Constituyente, el cierre del Parlamento, etc., para despedirse porque corría para la embajada de México.  

Esos son los hechos reales, lo fundamental aquí no es el episodio de un pobre hombre que como consecuencia de los elementos ya señalados entró en una crisis personal, cometió dolo probado por la justicia, y como iba a ser encausado por la probatoria de dolo decidió irse a través de eso que se ha llamado un golpe de Estado diciendo ‘bueno, hagan esto, yo me voy’ y se iba a la Ciudad de México.  

De tal manera, que yo dije que Castillo era un epifenómeno, ahora la realidad lastimosamente me da la razón. La realidad peruana es más profunda que lo que ha hecho este pobre hombre que por casualidad llegó al gobierno, no ha sabido qué hacer y en una crisis personal ha cometido estos delitos políticos del tipo formal, digamos. Es decir, formal desde el punto de vista de las instituciones del Estado.  

El hecho central de la realidad de este momento es el siguiente: la derecha tiene el pleno dominio de la situación, el pleno dominio del Parlamento, Boluarte, que era vicepresidenta ha probado también ser un personaje de 5ª categoría, porque cada uno va probándose a partir de la desgracia de Toledo. Esta pobre mujer que era de Derechos Humanos ahora ha auspiciado la represión, no se da cuenta directamente que hasta por principios tiene que decir que las Fuerzas Armadas no pueden ser invitadas a reprimir y que, si hay 27 muertos, puede haber muchos más. Esos pretextos de que hay desmanes… en la Revolución Francesa hubo desmanes, en toda revolución hay desmanes, en todo movimiento hay 10 o 12 tipos que hacen desmanes… el problema central no es ese. El problema central es que todas las relaciones de fuerza son a favor de la derecha, pero una derecha degenerada. Y la Boluarte, ahora que no es la vicepresidenta de Castillo se siente una Bonaparte mujer y cree que puede organizar una transición ordenada.  

El hecho central es que van a buscar una salida de tipo política porque se acaba de aprobar en el Congreso la convocatoria a elecciones para abril del 2024. Protestará la minoría rebelde porque no aguantan más al Congreso degenerado. El Congreso en Perú no tiene ni el 10% de apoyo, parece mentira, pero es un Congreso de un primitivismo extraordinario. Ellos quieren, aunque parezca una calumnia, mantener su sueldo. Ganan 20.000 dólares y en la calle no ganarían ni 800. De tal manera que por estas razones quieren alargar como sea su permanencia en el Congreso.  

Pero seguramente ya están actuando operadores extra como las Fuerzas Armadas, la presión de EE UU y los más inteligentes actores burgueses diciendo ‘no, acá hay que buscarle un curso legal para canalizar la rebeldía popular y para adormecerla por la línea de una salida política’. Han sabido convocar oficialmente las elecciones para abril del 2024. No se sabe directamente si los rebeldes, diríamos, la gente que de alguna forma está oponiéndose a todo lo que está siendo la estructura de poder en el país, lo va a aceptar. Los diarios están diciendo que levantan la bandera de Castillo, levantan la bandera primigenia de Asamblea Constituyente, tierra para nosotros, que se vayan todos, que se vaya el Congreso corrupto, etc., etc. Esa es la situación, si tú quieres, en el país y que es necesario clarificar.

El hecho central es que hay una especie de duda, de cuestionamiento de la idea de que Castillo sería la víctima de una situación determinada donde la derecha quiere terminar con la izquierda. No es así. No hay una confrontación de izquierda y derecha en el país. Lo que hay en el país es la permanencia de los actores de poder reaccionarios, instituciones reaccionarias que vienen de lejos. Seis presidentes corruptos, la justicia corrupta, Fuerzas Armadas corruptas, burocracia corrupta, medios de prensa corruptos.  

Y apareció esta figura simpática, casi de realismo mágico, de un maestrito que podía llevar la pureza. Pero el maestrito no resultó lo que ellos querían y entonces lo que ahora tenemos es la misma escena política de las divisiones de clase donde los de abajo salieron a protestar como ellos quisieron, con las exageraciones de tomar aeropuertos o lo que se quiera, porque siempre es así la rebeldía de todos los hombres desesperados que no encuentran otro medio de hacerlo para ver si de alguna forma cambian algo.  

La situación es esa. Tienden a canalizarla a través del dominio, de la dominación reaccionaria en la forma peruana con las elecciones para abril del próximo año y esperamos el balance para ver si la rebelión popular, la incidencia popular se va atenuando por la canalización de las elecciones que signifique una especie de apaciguamiento de la situación. Si habrá más muertos por la resistencia popular, si esos muertos serán expresados fríamente por la oligarquía reaccionaria y el gobierno sucio de Perú, o tendremos una situación impensada.  
Mi opinión es que la realidad se va a canalizar a través de un proceso electoral en abril del 2024, o si la presión popular lo atrae un año antes con el elemento degenerativo que yo digo, se presentarían 40 partidos inexistentes y la realidad de los propios pueblos, la miseria del pueblo y la desgracia del pueblo no van a ser expresados en unas elecciones donde montones de personas miserables van a tratar de buscar un sueldo superior mil veces a lo que podrían ganar, es decir, una democracia bastarda y corrompida mientras el pueblo seguirá sufriendo sus desgracias, condenados a sus propias armas de lucha, en este caso la resistencia popular. Ese es el signo de la etapa según mi alegato coral en este momento.

- Bueno, Ricardo, vamos a apelar a tu análisis en la medida que esta situación se mantenga. Quiero mandarte un fuerte abrazo, agradecerte la colaboración a lo largo de este año y espero repetirla en el próximo.  

-Tú eres un compañero, pero fundamentalmente un amigo y a través de ese amigo y compañero yo me expreso con los oyentes para decirles algo de lo que aprendí en la vida como luchador social, político y revolucionario. Abrazos grandes y por un mejor año a pesar de la tragedia que imponen los que mandan en el país en este capitalismo salvaje de nuestro tiempo.  

6 de enero de 2023

Perú: El largo golpe congresal, uno más

Jorge Lora Cam

Perú vive un golpe más del Congreso promovido por el poder real, por el Estado profundo, por la mafia aprofujimorista.

Pedro Pablo Kucsinsky, Martín Vizcarra fueron sus primeras víctimas por jugar su propio juego, y ahora es Castillo que usó otra estrategia frente a ese poder: concilió, retrocedió, abandonó el programa inicial. Pero sus culpas eran otras, radicaban en ser parte del pueblo, ser campesino indígena, aliado del sindicalismo clasista cuatro años atrás. El no conspiró, ni cerró el Congreso, solo lanzó como arenga de despedida la tarea pendiente: cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente.

Luego de dos semanas de una rebelión popular contra la ilegal destitución y apresamiento del Presidente Pedro Castillo por los grupos de poder real, las grandes corporaciones y la oligarquía plutocrática criolla y extranjera, mediante sus instrumentos políticos (Congreso), jurídicos (el sistema judicial) y militares (FFAA y PP) que rompiendo todos los parámetros legales en una clara politización de la justicia lo vacan sin proceso legislativo y vulnerando los códigos y procedimientos básicos de los procesos judiciales. El nuevo gobierno usurpador recurrió a una violenta represión en más de la mitad del país que habría dejado alrededor de 30 muertos y centenas de heridos.[1]

La tensión entre lo legal y lo que no lo es, nos lleva inevitablemente a examinar cómo fue la imposición del proyecto neoliberal del despojo hace tres décadas que generó a través de un autogolpe una Constitución irrita, nula, que sin embargo es la rige el Estado de derecho y toda la trama legal. Igualmente,[2] De este mismo modo existen los otros organismos del sistema judicial: Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc de los que depende el sistema electoral, que en estos días quieren hacer cambios por que existen funcionarios probos que los incomodan.

Tras estos poderes existen algunos mitos y fetiches que ocultan su verdadera naturaleza. Uno de ellos es la “defensa de la democracia” en un país que apenas conoce sus rudimentos hace 40 años cuando aceptaron el voto universal y que se reduce al voto casi siempre controlado, violado y manipulado; o la separación de poderes y su mecanismo de ‘checks and balances’ o frenos y contrapesos que se reduce más a un contubernio de poderes para lograr sus fines. Ello es así porque, más allá de las disputas que puedan surgir entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la realidad es que todo es un sistema que se asienta sobre el capital, por lo que cualquier disputa siempre se resolverá en favor de éste. Otro mito es que la ley está por encima de todo, cuando esta se ajusta a los objetivos del capital. Los fetiches también ayudan a encubrir la realidad del saqueo y despojo permanentes cuando usan la necesidad del crecimiento económico y de la inversión privada en aras del bienestar general y la estabilidad económica. Cuando en realidad no solo evitan pagar sus impuestos sino que además buscan recibir ayuda estatal que sale de los impuestos a las rentas de trabajadores y todos los habitantes.

La rebelión, es una más de los cientos en 500 años de colonialismo y neocolonialismo. Una más en 200 años de falso republicanismo, del poder de los criollos y españoles que retornaron que siempre se basaron en el rentismo y el parasitismo estatal. En el 2022 tenemos un país riquísimo en recursos, en progresiva destrucción con una economía subordinada al capital financiero global, a la creciente producción de derivados y extractivista basada en la minería del despojo y ecocida, en una agroindustria de la sobreexplotación y monopolizadora de las tierras arables de la costa, incluyendo irrigaciones y en la construcción de infraestructura para las grandes corporaciones y viviendas para las nuevas clases medias residentes en la capital. En el otro extremo un 80% en la economía informal, en gran parte de sobrevivencia, que incluye una minoría en un extremo que incluye la minería ilegal, el cultivo de coca, la manufactura del vestido y otras industrias pequeñas y medianas sin registro y en el otro los que tienen trabajo ganando menos de un dólar la hora y los excluidos de las ciudades, los pueblos y de los andes apenas sobrevivientes. Las personas que viven con menos de 3 dólares al día suman el 28.6% de la población y 10 millones son calificados como pobres. Con criterios más integrales, incluyendo salud, educación y vivienda aumentan a 41.7%, que en su mayoría sufren de desnutrición y son víctimas de enfermedades careciendo de servicios de salud. La crisis educativa se expresa en que el 59% de las escuelas en estado calamitoso y muchas de ellas sin agua, deben ser demolidas. En los dos últimos años se calcula en un millón de niños y adolescentes que no se matricularon, por falta de ingresos, enfermedades o la opción laboral.

En el otro extremo, entre los intermediarios en el poder, dominación y explotación la corrupción está generalizada y ocurre en todas las esferas gubernamentales. Durante el periodo 2017 al 2020, la Defensoría del Pueblo registró más de 27,000 casos en todo el país. En 5 años, Perú ha tenido 7 presidentes y las pérdidas por corrupción en tres décadas ascienden a más de 200 mil millones de dólares. Los responsables son 6 expresidentes del país: Alberto Fujimori (preso), Alejandro Toledo, Alan García (suicidado), Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski y Martín Vizcarra, están presos, condenados, investigados, prófugos o perseguidos por una justicia que elige a quienes castigar según intereses y la correlación de fuerzas, en seis años solo uno está preso (allí Faltan Merino, Sagasti y Castillo).

Sin embargo las razones morales, subjetivas, considero que fueron y son las mas poderosas causas coyunturales de esa respuesta movilizada de cientos de miles rechazando al neoliberalismo, a la corrupción, sus instrumentos políticos como el Congreso y el sistema de injusticia, el racismo y la discriminación autoritaria Todo ello condensado por unos medios que saturaron durante 16 meses las mentes de la población con discursos de odio, con persecución de personas a condenar públicamente, con sumar procesos para lograr la vacancia, con la acusación de terroristas a cualquier resistencia al orden de sistema. Recordemos que la primera acusación contra Castillo de un supuesto cohecho fue la de Karelyn Lopez, una reconocida lobista de inversionistas que según la abogada Giuliana Pacheco confesó que fue un montaje. Ante las dudas de la opinión pública sobre la culpabilidad de Castillo, lograron armar hasta 50 libretos sin prueba alguna. Al respecto muchos creen dos cosas, la primera es que se Castillo se encontró en medio de un sistema de corrupción heredado que abarcaba todas las actividades presidenciales, una administración inepta porque preferían parasitar al Estado que atender necesidades populares y segundo, se rodeó de familiares y paisanos como asesores y funcionarios, que pretendieron aprovechar de sus lugares de poder; con Ministros y personal de los mismos impuestos por partidos de izquierda corruptos que querían saldar cuentas del apoyo en campaña. En síntesis llegó a un laberinto de intereses privados al que se integró por que así funciona el sistema.

Notas:

[1]  “Los asesinatos en protestas no son un hecho nuevo en el Perú. Desde el 2003 al 2020 se produjeron 167 muertes a manos de las fuerzas armadas. Las situaciones más graves se han dado cuando interviene el Ejército. La tasa de impunidad en estos asesinatos es cercana al 100%”, dijo Mar Pérez, abogada de la CNDDHH. A los que hay que sumar los cientos de asesinados durante el gobierno de Fujimori 1990-2000. La mayoría, tuvieron que ver con balas represivas en defensa de la gran minería y el ecocidio.

[2]  El “estado profundo” para controlar el poder judicial incurrió en ilegalidades al nombrar en muy debatido procedimiento una Junta nacional de Justicia, (ante el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura por graves casos de corrupción) con endebles requisitos meritocráticos para los cargos . Hoy su Presidenta está acusada por no cumplir con la edad requerida para el cargo y la Fiscal de la Nación es sindicada por la prensa alternativa por haber retirado a la fiscal que investigaba a su hermana por liberar narcotraficantes a cambio de cientos de miles de dólares y por haber llegado a ese cargo con un currículum “construido” con una maestría y doctorado nunca registrados en una universidad “Chicha” o “patito” en la que aparece haber cursado esos estudios.