Protestar en el Perú

Indira Huilca

No podemos pasar por alto esta arremetida en momentos en que la movilización popular es la principal fuerza para enfrentar el autoritarismo.

Un fallo de la Corte Suprema que alude al derecho a la protesta ha generado comprensible preocupación esta semana. Si bien se trata de una sentencia específica en el marco del conflicto minero Las Bambas, está claro que la suspicacia que despertó no es gratuita y debe ser entendida teniendo en cuenta las condiciones reales para el ejercicio del derecho a la protesta en nuestro país.

En primer lugar, es innegable que protestar en el Perú es una actividad de riesgo, desprotegida, estigmatizada y mortalmente reprimida. Los informes de los organismos de derechos humanos lo han corroborado para el reciente ciclo de manifestaciones. La CIDH ha enumerado situaciones de uso excesivo de la fuerza y uso irregular de armamento por parte de las fuerzas de seguridad, con saldos fatales tanto de manifestantes como de personas que no participaban en las protestas. Ha recomendado además que se investiguen incidentes que podrían configurar ejecuciones extrajudiciales y masacres. También el relator especial ONU para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Voule, ha alertado sobre estos aspectos en su reciente visita al país.

Este alto riesgo para la vida y la integridad física que supone protestar en nuestro país no es reciente. A fines de 2020, la movilización contra el Gobierno de Manuel Merino dejó no solo dos víctimas mortales —Inti y Bryan— sino también decenas de personas heridas, sobre todo jóvenes. En ese momento, la represión contra la protesta fue alentada por el mismo sector que hoy sostiene en el poder a Dina Boluarte, sector que además blindó a los responsables desde el Congreso, bloqueando la posibilidad de investigación judicial. El caso de la represión contra el paro agrario, también en 2020, no marcó una diferencia significativa respecto a cómo se responde desde el poder estatal a los reclamos de la ciudadanía.

Como vemos, no se trata solo de la amenaza contra la vida y la integridad física, muchas veces realizada, sino también de la impunidad que le sigue. Realmente nunca se sanciona a quienes atacan este derecho. Si seguimos, podemos encontrar en la historia reciente incontables casos de estigmatización, ninguneo, vulneración o represión directa al derecho a la protesta. Desde las continuas ilegalidades en que incurren empresarios y funcionarios que combaten el derecho a la sindicalización y al reclamo por razones laborales, hasta la respuesta estándar que se ha dado a los conflictos entre comunidades y empresas extractivas, prácticamente no hay protesta que no pase por el ciclo de uso desproporcionado de la fuerza y posterior criminalización y persecución a dirigentes y defensores legales. De hecho, en las últimas décadas se ha configurado, en la normativa y en la práctica, una mayor libertad de acción de las fuerzas policiales, una mayor presión sobre quienes organizan protestas y sobre quienes actúan como sus defensores legales, así como una mayor frecuencia de heridos y fallecidos por impactos de proyectil de arma de fuego entre quienes participan en una protesta.

Así, cuando hablamos de protesta, hablamos de un derecho constantemente vulnerado, perseguido, amenazado con muerte. Si bien este diagnóstico viene de años atrás, dada la naturaleza ilegítima de este Gobierno y su entraña autoritaria, la tendencia se ha acelerado y radicalizado. En esa medida, y como ha señalado el IDL, la sentencia puede verse como un intento de validación de discursos y prácticas autoritarias vigentes. Podemos agregar que se trata también de una sentencia con argumentos problemáticos que empujan a la ilegalidad los aspectos más confrontacionales de la protesta. No podemos pasar por alto esta arremetida en momentos en que la movilización popular es la principal fuerza para enfrentar el autoritarismo.

https://larepublica.pe/opinion/2023/05/21/protestar-en-el-peru-por-indira-huilca-463932

https://www.leerydifundir.com/2023/05/protestar-en-el-peru/

Perú: Infectando la Defensoría

Ronald Gamarra

El próximo martes 9 de mayo, el Congreso procederá a designar al nuevo Defensor del Pueblo. Para ello, la comisión seleccionadora ha propuesto una terna de candidatos, cada uno peor que el otro. Cualquiera que sea elegido será todo lo contrario a un Defensor y pasará a tomar el control de la institución como instrumento de la mayoría congresal encabezada por la ultraderecha y el fujimorismo. Estos solo buscaban un personaje a su medida, opuesto a los derechos de las mujeres y las minorías, a los derechos humanos en general. Cualquiera de los tres puede ser el sobón que necesitan.

Jorge Rioja, por ejemplo, no registra ningún antecedente en la defensa efectiva de los derechos de ningún sector social, de ningún grupo humano. Lleva más de 20 años apoltronado como burócrata del Congreso, un lugar sacudido cotidianamente por escándalos que niegan garantías y dignidades. ¿Alguna vez abrió la boca para decir algo, por ejemplo, sobre la violación de una colega o el robo sistemático de parte de los sueldos de los empleados por acción de los chorizos de plaza Bolívar? Quien no es capaz de abogar por sus compañeros de trabajo, menos podrá resguardar los derechos de la gente.

Rioja se presenta como doctor en Derecho. Sí, pues, es un doctor de Alas Peruanas, universidad-negocio de triste fama, titulado bajo la sospechosa modalidad de presentarse sólo para el cartón, habiendo hecho los estudios en la Villarreal. ¿Existirá su tesis doctoral? Asimismo, registra grado en comunicación por la San Martín de Porres, el feudo apristón de José Antonio Chang, el ministro favorito de Alan García. Por otro lado, en el momento del concurso también listaba deudas coactivas por impuestos, que la Sunat le reclamaba inútilmente. ¿Se habrá puesto al día?

Peor aún, Rioja es un enemigo declarado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de su órgano central, la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Quienes construimos y cultivamos el derecho constitucional en los últimos tiempos nos hemos visto sometidos a un escenario de dictadura de las decisiones de la CIDH. Soy de la opinión de que nuestra Constitución prevé en sus artículos 55 y 56 vigentes, en lo que yo denomino la soberanía jurídica del Estado: ningún tratado internacional puede someter a la Constitución”.

Sobre la acción de amparo promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo para que el proceso de designación del Defensor del Pueblo cumpla con las garantías de transparencia, apertura, participación ciudadana y calificación objetiva de la idoneidad de los candidatos, acción que fue acogida por un juez constitucional con una medida cautelar, Rioja respondió alineado al milímetro con la posición del Congreso, acusando al juez de cometer un delito: “Es una evidente intromisión y un prevaricato del juez que admitió el amparo promovido por un tercero sin legitimidad”.

Ante preguntas específicas del congresista Muñante, conocido extremista antiderechos, Rioja se despachó exactamente en la línea de aquel, afirmando que el aborto terapéutico “no correspondería a la naturaleza propia de la existencia de la especie, de la vida humana”. Del mismo modo, sobre el enfoque de género en la educación, Rioja hizo el coro servilmente a Muñante: “Las evidencias están en que nada de eso funciona. Yo creo que la naturaleza del ser humano es una sola, la biológica”. En resumen: al tacho los derechos de las mujeres. La misoginia y la homofobia sueltas en plaza.

Por su parte, Pedro Cartolín Pastor es magíster en Derecho por la universidad no licenciada Inca Garcilaso de la Vega. La Sunedu determinó que no cumplía con las condiciones mínimas para funcionar como centro académico. Era, por cierto, la Sunedu de antes del asalto por los lobbies de las universidades basura. En enero fue nombrado juez provisional de la Corte Suprema. ¿Qué clase de juez supremo es quien acepta que lo proponga como candidato a Defensor, de puño y letra, un personaje como el curtido Pepe Luna Gálvez, investigado por los casos Lava Jato y Los Gangsters de la Política?

El candidato Josué Gutiérrez tiene antecedentes por tráfico de influencias desde que, siendo congresista, viajó a Rusia indebidamente para oscuras gestiones, sin tener competencia ni autoridad para ello, junto a Alexis Humala, hermano del presidente de entonces Ollanta Humala. Su trayectoria evidencia que se trata de un tránsfuga consuetudinario que ha recalado en diferentes partidos, siempre a la caza de algún cargo público. Su postulación actual a la Defensoría del Pueblo sólo es una intentona más de una larga carrera por ubicarse.

Entre 2011 y 2016 fue congresista por el partido de Ollanta Humala, pero después, en 2018, no tuvo el menor empacho en candidatear por el partido de Luis Castañeda Lossio, que hoy está en manos de Rafael López Aliaga, fracasando en el intento. Recientemente recaló en Perú Libre, el cacicazgo de Vladimir Cerrón. Gracias a esta afiliación agarró chamba de burócrata en el Congreso desde agosto de 2021, apenas los cerronistas llegaron al poder. Es que antes fue abogado de Vladimir Cerrón en casos de corrupción abiertos contra el exgobernador regional de Junín.

Hace unos días, el candidato Pedro Cartolín renunció a su postulación. Quedan en carrera los otros dos, Jorge Rioja y Josué Gutiérrez. Ninguno de los dos da la talla para el delicado cargo de Defensor del Pueblo. Son los seleccionados por un Congreso donde abundan los mochadores de sueldos de los trabajadores, los traficantes de influencias y otras especies dañinas, hasta hubo por allí un violador que fue tratado con guantes de seda y tolerado por largos meses. Son tiempos difíciles para la democracia y los derechos humanos. Vamos a ver si logran reunir los 87 votos mínimos para decidir.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 634 año 14, del 05/05/2023,  p12

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Perú: La primera mujer presidenta y el patriarcado colonial

Angélica Motta Ochoa

Desde que comenzó su Gobierno, y con él las protestas, Dina Boluarte ha desplegado un desprecio negacionista que no permite un mínimo de escucha a las justas demandas de la ciudadanía. Para ello ha apelado a diversos y disparatados argumentos: desde calificar a los manifestantes de terroristas, manipulados por Evo Morales y los ponchos rojos -entre otros-, hasta decir que no la quieren por mujer: “yo puedo entender que es una venganza política machista de que miran a la mujer disminuida”[1]. Esta instrumentalización de su condición de mujer para colocarse en el lugar de víctima ha sido permanente y es de un oportunismo burdo, pues ella ha tomado la decisión de encarnar un proyecto político de extrema derecha, altamente patriarcal y racista.

A falta de legitimidad, se sostiene en la fuerza de la violencia y la represión, por lo que le ha encargado el manejo del país al ejército y la policía. Vamos más de 60 muertos y al menos 48 son producto de balas y bombas lacrimógenas, según reporte de la Defensoría del Pueblo. Si entendemos el patriarcado, en sencillo, como un régimen político jerárquico que sostiene la supremacía unos (varones) sobre otrxs (mujeres y seres feminizados) con el uso de violencias de diverso tipo, ¿qué puede ser más patriarcal que gobernar desde la violencia militarizada y policiaca?, ¿qué puede ser más patriarcal que exterminar en lugar de escuchar y dialogar?

Una característica importante del patriarcado es que funciona en la lógica de pacto con mandato de lealtad entre iguales y sometimiento de los considerados inferiores. Quienes no acatan el mandato de lealtad en la línea de los iguales también son castigados ejemplarmente. Es el caso del policía Jhon Torres, quien luego de la masacre en Juliaca renunció a la policía y ahora el fuero militar policial está pidiendo prisión contra él. Otro claro ejemplo de las lógicas patriarcales que avala el Gobierno de Boluarte.

Además, como en el caso de la violencia machista, Boluarte y su coalición golpean y matan para intentar restablecer el poder y no porque lo tengan plenamente. Su fragilidad, como en la masculinidad tóxica, requiere del alarde y el exceso, tal como lo evidenció la exhibición de más de 10 mil policías en el paseo de los héroes navales o la violación del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde entraron con una tanqueta que destrozó una puerta y parte del muro perimétrico, cuando la puerta del costado estaba abierta[2].

La violencia letal del Gobierno de Boluarte se ha ensañado particularmente con las regiones del sur andino, las más indígenas y empobrecidas, llevando al extremo el desprecio histórico racista y de clase que nos impide ser un país viable. Con todo y lo colonialista de su accionar, ha pretendido también instrumentalizar su manejo del quechua y su procedencia provinciana (Abancay). Sin embargo, desde su lugar de misti[3], ha logrado lo opuesto. Como dice Sofía Mauricio, activista por los derechos de las trabajadoras del hogar: “es de la provincia, pero es de la ciudad de los que siempre miran de arriba hacia abajo a los que somos del campo […] nos mira de arriba hacia abajo como si fuéramos sus súbditos, fuéramos sus esclavos, que nos tiene que ordenar, que nos tiene que llamar la atención, una cosa que me molesta mucho es cuando nos resondra en quechua […] nos llama la atención como si fuéramos niños”[4].

Además, el proyecto político al que Dina Boluarte sirve se sustenta en una coalición con el sector anti-derechos de mujeres y diversidades más recalcitrante. Así, por ejemplo, hace pocos días sus aliados en el Congreso presentaron un proyecto de Ley para eliminar el lenguaje inclusivo de los textos escolares. Demostrando una vez más que la agenda de los autoritarismos es la agenda patriarcal. En eso los autoritarismos de derecha e izquierda suelen encontrarse.

Las afectaciones de la violencia estatal desde una mirada de género

En contextos de conflictividad, hombres y mujeres se ven afectados de maneras diferentes por la violencia. La mayor participación de los varones en la primera línea y en las confrontaciones directas, y su mayor presencia en el espacio público en general -todos elementos asociados a los mandatos de masculinidad- suelen vincularse con una mayor cantidad de heridos de gravedad y fallecidos. Así, en este escenario de protestas y represión letal, de 48 víctimas mortales 46 fueron varones y 2 mujeres, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Aun cuando las mujeres mueren en menor medida, estas muertes traen enormes consecuencias para madres y esposas. Como dice Marcela Gonzales de la Asociación de Mujeres Campesinas (ADEMUC) de Puno: “Hijos se han quedado sin padre, madres se han quedado sin hijos, se han quedado viudas […] hoy no sale ni el ministerio de la mujer no dice nada sobre esta matanza, estas muertes, ni tampoco el programa Aurora que nos debería hacer el acompañamiento […] No tenemos derecho a nada, como cualquier cosa nos están matando a nuestros hijos”[5].

Ruth Barcenas de la organización de familiares de víctimas de la masacre militar en Ayacucho sufrió un terrible periplo con su esposo agonizante por herida de bala, con dificultades para ser atendido en los servicios de salud. Él acabó muriendo, ella se encontraba embarazada de mellizos, a los pocos días de estos eventos traumáticos los perdió[6]. Apolonia Huarancca, ayacuchana, madre de un joven víctima letal de la masacre, era paciente de cáncer, según su testimonio, su hijo le proporcionaba cuidados y la sostenía. Luego de su muerte, la condición de Apolonia se agravó y falleció[7].

Por otro lado, la violencia y el disciplinamiento por parte del Gobierno de Boluarte se vienen dando sobre las mujeres también de manera directa. Así, se han visto formas de violencia sexual, como las revisiones injustificadas de partes íntimas de detenidas en la intervención de la UNMSM, lo mismo que tocamientos indebidos, tal como lo ha reportado la Coordinadora de Derechos Humanos.

También se viene consolidando la criminalización de prácticas de organización y solidaridad que sostienen el derecho a la protesta, siendo el caso más escandaloso el de la profesora Yaneth Navarro a quien se le han dado 30 meses de prisión preventiva. Ha sido acusada de ser financista de una organización criminal porque portaba 1,916 soles y un cuaderno que da cuenta de gastos en movilidad, alimentación y salud de manifestantes. Para el proyecto político al que sirve Boluarte, las lógicas vinculares, organizativas, políticas y hasta humanitarias se tornan crimen. Cabe llamar la atención sobre la semejanza entre esta criminalización y la que se aplica en los conflictos eco-territoriales, en algunas zonas mineras, cuando las comunidades resisten proyectos que consideran dañinos para sus territorios y sus vidas. En esos contextos, se ha llegado a considerar a ollas comunes de mujeres organizadas como indicios de organización criminal[8].

En el caso de Navarro, la jueza Margarita Salcedo ha dictado la prisión preventiva bajo el argumento de “falta de arraigo”, justificándolo en estereotipos sobre la conducta femenina, altamente patriarcales. Ha dicho Salcedo en la lectura de la sentencia: “En su DNI figura como soltera” (mujer no sujeta a un hombre), “se encontraba en un espacio-tiempo distinto a su domicilio” (mujer fuera de su casa), “el día de los hechos no se encontraba a cargo de sus hijos y tampoco […] a cargo de sus progenitores” (mujer que no cuida a su familia), además que no había “razones plausibles como trabajo o enfermedad” para que esté en Lima (mujer de Andahuaylas no puede desplazarse libremente fuera de su región a la ciudad y no puede expresarse políticamente). Finalmente, también argumentó la falta de contrato de trabajo (como si el Perú fuera el reino de la estabilidad laboral). Así de clarita la trenza de la opresión de género, racista y de clase en el disciplinamiento que el Estado hace con esta mujer de Andahuaylas.

No basta con ser mujer

Boluarte ha hecho un llamado a las mujeres a sentirse “orgullosas” de tener una presidenta mujer. Desde los feminismos, en pronunciamiento titulado: “No es la primera mujer presidenta, es la primera dictadora del Perú”, suscrito por más de 130 organizaciones y colectivas, la respuesta ha sido deslindar tajantemente de ella, denunciar las violencias de su Gobierno y suscribir las amplias demandas ciudadanas que piden: su renuncia, nuevas elecciones generales y un referéndum para decidir sobre una Asamblea Constituyente[9]. Las feministas tenemos claro que lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres y viceversa.

Es muy lamentable que la primera presidenta del Perú encarne un proyecto político de opresión patriarcal y racista, colocándose al servicio de las elites del poder económico[10]. Pero hay que tener cuidado con los discursos que pretenden desacreditar a “las mujeres” en el ejercicio de las esferas más altas del poder político por el desastroso desempeño de Boluarte. Una larga historia de presidentes varones, con todo tipo de falencias, delitos y autoritarismos en su haber, nunca ha llevado a cuestionar el lugar de los hombres en el ejercicio del poder.

Ocupar las posiciones subalternas en las estructuras de poder, con todas las desventajas que trae, tiene también el potencial de generar conciencia desde la propia experiencia respecto a lo que debe transformarse para una sociedad más justa. En ese sentido, la presencia de mujeres en la política podría tener el potencial de significar un cambio, no por una “naturaleza” de las mujeres, sino por la experiencia acumulada producto de un largo camino histórico en el que hemos estado más vinculadas, por ejemplo, al cuidado de lxs otrxs o por haber sufrido en nuestros cuerpos las violencias machistas. Claramente, el desarrollo de una mirada crítica y propositiva desde este posicionamiento no es el caso de Boluarte, lo suyo es ser más papista que el papa. Porque no basta con ser mujer, hay que cuestionar(se) el orden patriarcal, el racismo, el despojo económico y todas las opresiones que le dan forma a los autoritarismos y a la política como la conocemos.

NOTAS:

[1] Dina Boluarte en entrevista en programa Cuarto Poder (diciembre 2022).

[2] A propósito de esto, cabe decir que es muy lamentable el papel de la primera rectora de la UNMSM Jerí Ramón quien solicitó la presencia de la policía en la Universidad, otra mujer autoritaria que debe renunciar al cargo.

[3] Ramón Pajuelo la ha caracterizado así, definiendo misti como: “palabra que designa entre los campesinos quechuas a quienes no lo son, pero además se consideran superiores y buscan aprovecharse de esa condición”.

[4] Testimonio en evento de la Red de Mujeres Defensoras

[5] Testimonio en evento de la Red de Mujeres Defensoras

[6] Caso relatado por Rocio Silva Santisteban en evento de la Red de Mujeres Defensoras

[7] Testimonio de hermano de la víctima, reportado por Wayka

[8] Por ejemplo, en acusación fiscal presentada en contexto de protestas en el Valle del Tambo en Arequipa en 2015.

[9] Ver: https://www.facebook.com/AwqaFeministaLaFirme/photos/pcb.1352147122303906/1352146965637255

[10] No sería la primera, hay ejemplos varios:  Margaret Thatcher en el Reino Unido, Jeanine Añez en Bolivia y, sin haber sido presidenta, Keiko Fujimori o también Malcricarmen en nuestro país, entre otras.

Angélica Motta Ochoa. Antropóloga feminista, magister en género y doctora en salud colectiva. Investigadora especializada en género y sexualidad. Profesora asociada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autora de "La biología del odio, retóricas fundamentalistas y otras violencias de género".

https://www.revistaideele.com/2023/02/21/la-primera-mujer-presidenta-y-el-patriarcado-colonial/

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-la-primera-mujer-presidenta-patriarcado-colonial/

Perú: ¿Hay salida?

Antonio Zapata

A continuación del fracasado autogolpe de Pedro Castillo ha explotado un volcán que tardará en apagarse. La profundidad de esta protesta estaba anunciada en la encuesta del IEP, donde el 85% manifestaba su rechazo a la continuidad del Congreso si vacaba a Castillo. Es decir, la inmensa mayoría desea que este Congreso también desaparezca. Sin embargo, ahí sigue alimentando la indignación, ofreciendo espectáculos bochornosos y buscando quedarse lo más que pueda.

Por su lado, no hay duda que Castillo buscó violar la Constitución y en consecuencia ha sido vacado en forma justa y legítima. Es imposible pedir su reposición. Además, su gobierno fue pésimo. Completamente improvisado como administración, cero ideas audaces en favor del pueblo, corruptelas y favores a grupos de interés, empezando por su familia y gremio de maestros. Un desastre.

Sin embargo, sus derechos han sido vulnerados y ha comenzado una persecución política. Esa ruta es inadmisible y la señora fiscal debería contenerse. Todo el país sabe que ha favorecido a su hermana y nadie cree en su imparcialidad. Pero ahora está bajo la lupa del sistema interamericano que no va a permitir que se encauce a Castillo con procedimientos de excepción. Hace ya tiempo que la justicia y el Ministerio Público lucen parcializados y poco efectivos. Ahora están ante una gran prueba y por ahora su rumbo es deficiente.

Castillo también se comporta de manera irresponsable. Ha sido un gobernante para el olvido y ahora se hace la víctima. Peor aún, ha decidido jugar la carta de la identificación étnica. Acusa a la elite de Lima de haber impedido su gobierno por razones racistas. Trae a colación asuntos que son ciertos, como la absurda campaña del fraude, la cantidad de mociones de vacancia y el hostigamiento de la gran prensa. Pero calla que él mismo ha dado pie a estas acusaciones, por la evidente corrupción de su entorno y la ausencia de un mínimo de eficiencia para gobernar.

Ahora bien, la demanda étnica que agita Castillo, y quienes han decidido lucrar con su imagen, está haciendo estallar el país, porque es verdadera y muy profunda. El Perú se ha construido sobre una gran fractura y nunca ha superado el colonialismo interno. Una parte del país se siente superior y mira con desprecio a la otra.

Ese desprecio, al que aludía hace unos días Juan Carlos Agüero, constituye la esencia de la peruanidad. No vemos al otro como a un igual sino como a un cholo del cual desconfiar. Por ello, la línea de Castillo es especialmente peligrosa. Pretende mantener su puesto en el imaginario popular a costa de una explosión social y sin importar el número creciente de muertos.

Dina también ha empezado mal, nombrando un gabinete apolítico, que ha sido capturado por los planes conspirativos elaborados por las FFAA y la Policía. Para empezar, el fundamento legal del estado de emergencia es un documento policial reservado que nadie conoce. Su pretensión es apagar el incendio a palos y no conversando. Mientras que Dina podría separar la paja del trigo, identificar interlocutores y llegar a acuerdos positivos que tranquilicen y no enerven a la población con más represión.

¿Hay salida? Siempre la hay en la vida de los pueblos. En la actualidad implica convocar elecciones generales al más breve plazo posible, satisfaciendo la consigna más repetida de la protesta: ¡que se vayan todos! Eso significa elecciones con las reglas actuales, que sabemos son bastante malas. Pero darle a este Congreso la responsabilidad de cambiarlas es aceptar que se quede para volverlas peores.

Más bien, las próximas elecciones generales podrían incluir preguntas adicionales sobre asamblea constituyente y cambios políticos, para que la ciudadanía decida en libertad cómo modificar el ineficiente y podrido régimen actual.

https://www.leerydifundir.com/2022/12/peru-hay-salida/

Perú: El presupuesto es sólo un paso

Pedro Francke

La nueva ley de presupuesto 2023 debe aprobarse antes de fin de mes. Me hace recordar cuando hace un año estaba en ese mismo trajín. Era un tema crucial, puesto que había que asegurar recursos para la salud en momentos en que se anunciaba una cuarta ola y, aunque la vacunación avanzaba rapidísimo, todavía tenía un tramo por recorrer. También había que garantizar presupuesto para otras prioridades, como educación, agricultura, protección social e inversión pública.

El reto fue grande. La Constitución establece que el proyecto de ley de presupuesto debe presentarlo el Poder Ejecutivo al Congreso antes de que termine agosto. Es decir, apenas un mes desde que asumí el cargo, así que tuvimos poquísimo tiempo. El equipo liderado en Hacienda por Gustavo Guerra-García, junto al entonces director de política macroeconómica (hoy viceministro de Economía) Álex Contreras, trabajó a todo dar. Mantuvimos un tono conservador en las proyecciones de ingresos y restablecimos una meta de déficit fiscal, porque aunque seguía la pandemia era ya necesario restituir reglas mínimas de sostenibilidad fiscal. Dentro del plazo, presentamos el proyecto de ley de presupuesto 2022.

MEDIDAS INCLUIDAS QUE DEBIERAN SEGUIR

En las concertaciones posteriores con el Congreso incluimos varias medidas que ojalá se mantengan. La ley vigente establece que los gobiernos regionales y municipalidades han debido dedicar al menos 1 por ciento de su presupuesto para apoyar a las personas con discapacidad y hacer obras que faciliten su acceso y movilidad. Otorgamos 50 millones adicionales para enfrentar la contaminación por metales pesados mediante acciones de prevención y atención a las personas afectadas. También aprobamos el presupuesto necesario para la subvención a los niños y niñas huérfanos del Covid.

La ley incluyó fondos adicionales para ejecución rápida de algunas medidas en el mismo mes de diciembre del 2021. Uno fue para el pago de 1,000 millones de soles de deudas a los maestros, que han ganado centenares de juicios por preparación de horas de clase no pagadas. Otros pagos hechos ese mismo mes fueron para poner al Perú al día con sus cuotas en organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y varios otros a los que estábamos debiendo años de obligaciones.

También se aprobaron 203 millones para otorgar un bono de fin de año de 350 soles a 580 mil pensionistas de la ONP que reciben pensiones sumamente bajas. En justicia pensionaria ya habíamos iniciado la entrega de pensiones a quienes tenían 10 y 15 años de aportes. Esto era algo nuevo ya que antes quienes habían contribuido hasta 19 años y 11 meses no recibían nada; ahora ya hay 20 mil adultos mayores beneficiados con este mecanismo. La ley de presupuesto 2022 también estableció que, en vez de dejar a los jubilados en el aire mientras esperan que se apruebe su derecho a una pensión, se les otorgue una pensión provisional. Con esta medida se han beneficiado más de 33 mil personas. Siendo avances, en este tema se requiere una reforma integral del sistema. Gabriel Boric, en Chile, ha presentado su propuesta al Congreso para acabar con las AFP y elevar las pensiones básicas de cobertura universal, algo hacia donde nosotros también debiéramos apuntar.

LA CONCERTACIÓN ES POSIBLE

Logramos que la Ley de Presupuesto 2022 se aprobara en el Congreso con 107 votos a favor y apenas 2 en contra, con todas las bancadas respaldándola, lo que parece increíble hoy que entre Ejecutivo y Congreso parecen jugar a matarse el uno al otro en medio de acusaciones de corrupción. Ese amplio consenso se logró concertando con la Comisión de Presupuesto del Congreso. Con el entonces presidente de la comisión, Héctor Acuña, dialogamos a lo largo de varias semanas, en las que fuimos conociéndonos hasta ir construyendo confianza y –yo diría– cierto grado de amistad. Felizmente, su principal pedido era algo en lo que nosotros también creíamos: una mayor descentralización del presupuesto, adelantando la entrega de 2 puntos del IGV a los gobiernos regionales mediante el llamado FONCOR, Fondo de Compensación Regional. Esa medida ha significado 1,600 millones de soles adicionales para obras de los gobiernos regionales este año, lo que ha ayudado a compensar la lentitud en la ejecución de las inversiones del gobierno central.

El trabajo de aprobación del presupuesto se aceleró la última semana con jornadas hasta altas horas de la noche. Había decenas de propuestas de congresistas que evaluar y discutir, contando con el respaldo de los capaces profesionales del MEF y la Comisión de Presupuesto del Congreso. Aprendí allí que para asegurar el principio de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, cada artículo adicional del proyecto de ley de presupuesto aprobado por esta comisión debe estar respaldado por la firma del ministro de Economía. En mi caso, yo firmaba sólo luego del visto bueno de la directora de presupuesto público y del viceministro de Hacienda, manteniendo el principio de que la línea técnica debe ser respetada.

GESTIÓN Y PRESUPUESTO

La aprobación de la ley de presupuesto, sin embargo, es sólo el primer paso en la maquinaria del gasto público. Luego, cada institución gubernamental tiene que decidir qué proyectos priorizar, hacer su plan de compras, proceder a las licitaciones, supervisar la obras y entrega de materiales, para recién luego efectuar el gasto que el presupuesto habilitó. El caso de la compra de fertilizantes, analizado en esta revista la semana pasada, muestra cómo la asignación de presupuesto debe ir acompañada de un mínimo de gestión para que pueda ejecutarse oportunamente. Muchos proyectos han sufrido un destino similar a los fertilizantes, con postergación tras postergación, restando eficacia al presupuesto aprobado.

Un análisis del conjunto de la inversión pública muestra que una medida que ha ayudado este 2022 ha sido la aprobación de un presupuesto más descentralizado hacia instancias regionales y municipales. Estando en su último año de gestión, gobiernos regionales y municipales han acelerado su ejecución de obras, algo hecho posible por el mayor presupuesto que se les facilitó. Gracias a eso este año la inversión pública en su conjunto, sumando todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local), ha mantenido su ritmo, lo que ha sostenido el crecimiento económico. Mirando al futuro próximo preocupa que con el cambio de gobernadores regionales y alcaldes, el año que viene las obras a su cargo irán más lento, lo que ha sucedido siempre que hay nuevas autoridades. El manejo presupuestal del 2023 debiera responder a esa realidad abriendo nuevos canales y mejores procesos para la inversión pública.

Al mismo tiempo, las trafas hechas para robar los dineros públicos direccionando obras a empresarios inescrupulosos acentúan la necesidad de un control estricto en la ejecución del gasto. Dimos un paso adelante en ese sentido al habilitar los mecanismos presupuestales para que la Contraloría pueda hacer control concurrente, es decir, en tiempo real y no una vez que la leche ya está derramada. La corrupción es un mal que sólo podremos derrotar uniendo fuerzas, con vigilancia ciudadana y cerrando el paso a la impunidad.

En estos días que se está aprobando un nuevo presupuesto, vale la pena recordar que se trata de una herramienta importante para mantener unas cuentas fiscales sanas e implementar estrategias de desarrollo. Pero por sí solo no resuelve los problemas. Si se carece de políticas y planes de mediano y largo plazo basados en mínimos de consenso y de una gestión eficaz y honesta, su utilidad se ve limitada.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 613 año 13, del 25/11/2022, p13

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