PROTESTA DE AGRICULTORES EUROPEOS

Milciades Ruiz

Al iniciar el año 2024, en realidad para el pueblo no hay año nuevo. La situación sigue igual de indignante porque mientras la población llora sus muertos, los gobernantes celebran aumentando sus ingresos con bonificaciones antojadizas y otras arbitrariedades. Las protestas sociales han sido acalladas, pero mientras en Alemania los agricultores bloquean carreteras en protesta contra el gobierno, acá se prohíbe como en los tiempos coloniales.

Este lunes, miles de agricultores alemanes, en pleno invierno, pese a la cobertura de hielo, han comenzado una semana de protestas contra el gobierno en todo el país, incluida la capital, Berlín por el solo anuncio de la intención de las autoridades de eliminar las subvenciones agrícolas como parte de un paquete de medidas para combatir el déficit multimillonario del presupuesto federal agravado por la ayuda a Ucrania.

La prensa informa que, en las puertas de la capital, ya se han concentrado unos 550 vehículos agrícolas, entre ellos 200 tractores, 100 camiones, 100 coches y unas 100 furgonetas. En Sajonia se han cortado los accesos a las autopistas y se han bloqueado numerosos cruces. Según la Policía, ya se han concentrado 1.000 vehículos agrícolas. En el estado de Brandemburgo también se han bloqueado las carreteras de acceso a casi todas las autopistas. La Policía de Múnich reporta unos 5.500 tractores se dirigen al centro de la ciudad desde distintas direcciones.

A diferencia del área andina, los movilizados no son agricultores pobres, que no los hay en Alemania. Casi el 36 por ciento de los empleados en la agricultura trabajan como empresarios independientes y el resto son empresas agrícolas. No llevan la maldición del coloniaje que mantiene segregada a la población autóctona, sin acceso al poder.

Alrededor del 90% de Alemania es rural, por las buenas condiciones de vida descentralizada. Alrededor del 57% de los habitantes viven en el área rural. El gobierno federal está obligado a tomar medidas compensatorias evitando el subsidio del campo a la ciudad en los precios, a fin de lograr una remuneración adecuada sin disparidades con otros sectores. La agricultura es rentable porque los precios cubren los costos de producción y renta.

Pese a ello, la Asociación Alemana de Agricultores promete continuar con las protestas hasta que el Gobierno abandone por completo las medidas. Los agricultores alegan que algunos recortes previstos en las subvenciones causarán pérdidas de ingresos inaceptable". Las acciones terminarán el 15 de enero y culminarán con una manifestación masiva en la capital.

Para el presidente de esa entidad: “Los agricultores somos agricultores del futuro, garantes de un suministro alimentario de alta calidad, ... El futuro de la agricultura es, en última instancia, también la base de la viabilidad futura de nuestra economía y sociedad”. “Después del médico y el enfermero, la profesión de agricultor será en el futuro la tercera profesión más importante para la sociedad”.

La diferencia con la situación de los agricultores andinos es abismal. Estos subsidian el consumo de los citadinos, a pesar de su extrema precariedad. El 99.4% de las UA, está conducida por personas muy pobres, que solo produce para sobrevivir. La cuarta parte de los productores agrarios tiene menos de media hectárea y el valor de la cosecha no alcanza para la alimentación familiar durante todo el año agrícola. Consecuentemente, no tiene dinero para sufragar gastos escolares, medicinas, tecnologías, vestimenta, etc.

El 97.6% de los productores agrarios recurren al sistema de agricultura familiar, porque no tienen otra opción. No obstante, 88% de las UA familiares, son de agricultura de subsistencia, en la que nadie tiene un salario, ni beneficios sociales. Pero, en esta precariedad productiva, descansa el sistema alimentario nacional y el PBI del agro peruano. La población peruana y de inmigrantes extranjeros sigue creciendo y no tenemos las garantías de un agro sostenible a largo plazo

Es un abuso de gobierno, que el sector de mayor valor estratégico para el desarrollo nacional, que cubre la tercera parte del territorio nacional, que representa un tercio de la población nacional, el de mayor cobertura laboral y, presente en el 95% de los distritos del país, no reciba un trato justo. El 80% de la oferta turística está en el área rural, pero el lucro no le pertenece.

En el año 2022, lo que los gobiernos regionales destinaron al agro fue:

¿No les parece que deberíamos solidarizarnos con el proletariado campesinos que nos subsidia los alimentos? ¿Por qué, no asumir su protesta como nuestra? ¿Por qué, no acompañarlos en sus marchas reivindicativas? ¿Por qué no acoger sus demandas en nuestras plataformas de lucha? Frente al abuso histórico, el que calla, está aprobándolo. O no. ¿Te animas a opinar?

Enero 8/2024

Mayor información en https://wordpress.com/view/republicaequitativa.wordpress.com

Milciades Ruiz.  Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/

Agradecemos a Milciades Ruiz por permitirnos compartir su publicación con nuestras lectoras y lectores.

: https://www.leerydifundir.com/2024/01/protesta-agricultores-europeos/ 

Perú: Las zonas grises de la protesta

César Azabache

Hace poco, la Corte Suprema publicó la sentencia del 17 de abril del caso Las Bambas. La sentencia trata sobre la protesta. Distintos observadores, me incluyo, hemos denunciado que el texto contiene límites que dañan el ejercicio de este derecho. Gonzalo Zegarra (EC 20/5/23) e Iván Meini (PUCP 24/5/23) lo han negado. El debate está abierto. Y creo que importa, porque afecta el alcance de una de las construcciones más recientes y complejas del catálogo de derechos humanos.

Parto reconociendo en la protesta un derecho. La ONU y la Corte Interamericana ya lo han hecho. Gonzalo e Iván también. La sentencia no. Parto además por asumir que la protesta no justifica ninguna forma de violencia física contra personas ni contra cosas. Encuentro que nadie lo ha puesto en duda. Pero la Corte cree que sí y se detiene en ello.

El caso que la Corte tenía entre manos trata sobre la ocupación a una vía por la que transitaban camiones que retiraban mineral de Las Bambas. Era mayo de 2016 y los manifestantes protestaban porque la idea original del proyecto era que el mineral se retire por un ducto cerrado, no por carreteras abiertas. Los vehículos cuyo paso fue interrumpido eran precisamente los camiones que transportaban ese mineral.

La sentencia afirma que las manifestaciones que producen consecuencias sobre terceros son por sí mismas violentas. Que ocupar vías constituye por sí mismo un delito. Agrega que la ocupación de mayo de 2016 cumple ambos requisitos y no dejó libres vías alternas para los transeúntes, sin notar que ese es un criterio que la Corte Europea de DDHH estableció para la ocupación de autopistas, no para casos de este tipo. Confirma la condena que se impuso a los manifestantes. Ahí termina.

La cuestión era más difícil. El debate sobre protestas supone aceptar que no todas las consecuencias colaterales que se originan en una manifestación merecen ser consideradas violentas o delictivas de manera automática. Las discusiones sobre protestas ante los tribunales de justicia tratan de identificar criterios que justifiquen tolerar unas manifestaciones y rechazar otras. Aquí interesan las diferencias, las particularidades de cada caso y las cargas que deben respetar los manifestantes. No es lo mismo ocupar las calles que rodean una plaza que ocupar autopistas o vías de propósito exclusivo. No es lo mismo hacerlo caprichosamente que por un motivo claro. No es lo mismo hacerlo indefinidamente que por plazos limitados. No es lo mismo hacerlo respetando a personas vulnerables o ambulancias que hacerlo con absoluta indiferencia hacia ellas.

Consecuencias colaterales. Las protestas son tales porque generan resultados de este tipo. Las manifestaciones que no las originan, como pintar grafitis o lanzar proclamas en público, están ya protegidas por la libertad de expresión. No necesitan una construcción adicional. La protesta, como construcción, aparece en los instrumentos de las relatorías de la ONU y de la CIDH, que la sentencia ni siquiera menciona, porque la libertad de expresión no basta para discutir estos colaterales. Las discusiones sobre protestas tratan de establecer si las consecuencias colaterales de determinadas manifestaciones consideradas en sus propias características, caso por caso, merecen o no esa tolerancia. La idea no es nueva: las huelgas generan consecuencias colaterales y ya han obtenido ese margen de tolerancia. Las protestas piden lo mismo.

Siempre tendrá sentido estar a favor o en contra de una protesta en particular. De cualquiera. No pretendo que respaldemos todas las protestas que se organicen de manera mecánica. Pero pido que no discutamos cosas tan complejas con tanta ligereza.

https://larepublica.pe/opinion/2023/05/28/las-zonas-grises-de-la-protesta-por-cesar-azabache-604212

https://www.leerydifundir.com/2023/05/peru-las-zonas-grises-la-protesta/

Protestar en el Perú

Indira Huilca

No podemos pasar por alto esta arremetida en momentos en que la movilización popular es la principal fuerza para enfrentar el autoritarismo.

Un fallo de la Corte Suprema que alude al derecho a la protesta ha generado comprensible preocupación esta semana. Si bien se trata de una sentencia específica en el marco del conflicto minero Las Bambas, está claro que la suspicacia que despertó no es gratuita y debe ser entendida teniendo en cuenta las condiciones reales para el ejercicio del derecho a la protesta en nuestro país.

En primer lugar, es innegable que protestar en el Perú es una actividad de riesgo, desprotegida, estigmatizada y mortalmente reprimida. Los informes de los organismos de derechos humanos lo han corroborado para el reciente ciclo de manifestaciones. La CIDH ha enumerado situaciones de uso excesivo de la fuerza y uso irregular de armamento por parte de las fuerzas de seguridad, con saldos fatales tanto de manifestantes como de personas que no participaban en las protestas. Ha recomendado además que se investiguen incidentes que podrían configurar ejecuciones extrajudiciales y masacres. También el relator especial ONU para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Voule, ha alertado sobre estos aspectos en su reciente visita al país.

Este alto riesgo para la vida y la integridad física que supone protestar en nuestro país no es reciente. A fines de 2020, la movilización contra el Gobierno de Manuel Merino dejó no solo dos víctimas mortales —Inti y Bryan— sino también decenas de personas heridas, sobre todo jóvenes. En ese momento, la represión contra la protesta fue alentada por el mismo sector que hoy sostiene en el poder a Dina Boluarte, sector que además blindó a los responsables desde el Congreso, bloqueando la posibilidad de investigación judicial. El caso de la represión contra el paro agrario, también en 2020, no marcó una diferencia significativa respecto a cómo se responde desde el poder estatal a los reclamos de la ciudadanía.

Como vemos, no se trata solo de la amenaza contra la vida y la integridad física, muchas veces realizada, sino también de la impunidad que le sigue. Realmente nunca se sanciona a quienes atacan este derecho. Si seguimos, podemos encontrar en la historia reciente incontables casos de estigmatización, ninguneo, vulneración o represión directa al derecho a la protesta. Desde las continuas ilegalidades en que incurren empresarios y funcionarios que combaten el derecho a la sindicalización y al reclamo por razones laborales, hasta la respuesta estándar que se ha dado a los conflictos entre comunidades y empresas extractivas, prácticamente no hay protesta que no pase por el ciclo de uso desproporcionado de la fuerza y posterior criminalización y persecución a dirigentes y defensores legales. De hecho, en las últimas décadas se ha configurado, en la normativa y en la práctica, una mayor libertad de acción de las fuerzas policiales, una mayor presión sobre quienes organizan protestas y sobre quienes actúan como sus defensores legales, así como una mayor frecuencia de heridos y fallecidos por impactos de proyectil de arma de fuego entre quienes participan en una protesta.

Así, cuando hablamos de protesta, hablamos de un derecho constantemente vulnerado, perseguido, amenazado con muerte. Si bien este diagnóstico viene de años atrás, dada la naturaleza ilegítima de este Gobierno y su entraña autoritaria, la tendencia se ha acelerado y radicalizado. En esa medida, y como ha señalado el IDL, la sentencia puede verse como un intento de validación de discursos y prácticas autoritarias vigentes. Podemos agregar que se trata también de una sentencia con argumentos problemáticos que empujan a la ilegalidad los aspectos más confrontacionales de la protesta. No podemos pasar por alto esta arremetida en momentos en que la movilización popular es la principal fuerza para enfrentar el autoritarismo.

https://larepublica.pe/opinion/2023/05/21/protestar-en-el-peru-por-indira-huilca-463932

https://www.leerydifundir.com/2023/05/protestar-en-el-peru/