En las últimas semanas, sin embargo, se intensificaron las protestas dentro y fuera del país contra el atropello que se preparaba para aplastar a la JNJ y la grosera interferencia en el sistema judicial.
Mientras tanto, los tunantes de plaza Bolívar andaban en intensas negociaciones para conseguir los votos necesarios. El congreso fue más que nunca un mercado persa donde todos traficaban su voto. Finalmente, ante las dudas que despertaban las posibles reacciones que traería el avasallamiento de la JNJ, se decidieron por una medida intermedia, que de todas maneras les permite meter cuña en la Junta, humillarla públicamente y preparar el terreno para bloquear o paralizar las acciones más importantes que este organismo lleva adelante.
Tuvieron que conformarse con la cabeza de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. Pero ello, sumado a una maniobra en pared con el Tribunal Constitucional, que designó un nuevo miembro de la JNJ en reemplazo del magistrado Thornberry y convirtió a este en primer accesitario, apenas días antes de la votación, podría ser suficiente para bloquear su funcionamiento en asuntos clave o incluso la piedra angular para tomar el control y tener una Junta a su servicio.
Todo esto representa en sí mismo un fraude público y descarado que infringe abiertamente elementales principios constitucionales y del derecho en general, absolutamente válidos en todo país democrático. La manipulación y el tráfico de influencias se ha manifestado en todo el proceso, tal como lo sabemos por las investigaciones del equipo especial del Ministerio Público, que cuenta con sobrados y múltiples elementos de prueba y cargo.
Estas pruebas demuestran que la conspiración contra la JNJ fue tramada en pared por las principales bancadas congresales y sus líderes no parlamentarios con la complicidad de la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Los parlamentarios no han hecho sino consumar lo que habían acordado con Vane en chats explícitos, que ellos creían que no llegarían a ser conocidos por la opinión pública, sin sospechar que tenían dentro un colaborador del sistema de justicia.
El proceso de destitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez ha sido, en consecuencia, delictivo y fraudulento de principio a fin, perpetrado como resultado de una conspiración largamente planeada, para lo cual se han negociado voluntades institucionales e individuales, traficando influencias al mejor postor. Todo el proceso ha sido de una brutalidad grosera, no vista desde los años 90, precisamente desde la dictadura de Alberto Fujimori.
Pero el proceso también ha sido fraudulento en los detalles. Por ejemplo, dónde se ha visto que se pida y apruebe inhabilitación y se entienda que eso significa destitución. ¿De cuándo acá la chicha es limonada? Obviamente, son dos cosas diferentes. Error o no de la comisión permanente, el hecho es que al pleno no llegó ninguna propuesta de destitución y, sin embargo, es lo que decide la junta directiva del Congreso. Si lo que querían era destituir, entonces la acusación estaba pésimamente formulada y solo cabía archivarla. Pero deciden interpretar, por sí y ante sí, que “inhabilitar” es lo mismo que “destituir”. Esto es un escandaloso fraude procesal y sustantivo.
La causal invocada es también un fraude escandaloso a la Constitución. En ninguna parte consta que sea falta grave “permitir” que la magistrada Inés Tello siguiera cumpliendo su función pasados los 75 años. En el peor de los casos se trataría de un tema debatible. Pero no lo es. Está claro, tal como lo explicó en su momento Servir, organismo técnico del Estado, y lo establece una jurisprudencia que es de dominio público, que el límite de 75 años se aplica a la posibilidad de postular. Como todos saben, no hay verdadera causa grave. La edad de la doctora Tello solo es una excusa para el cojudeo, un pretexto para la toma de la Junta, una coartada para la guillotina, un atajo para la arbitrariedad.
¿O es que a la doctora Tello la nombraron para que ejerciera el cargo solo por ocho meses? ¿Tan irresponsable fue la comisión que la designó, de la cual formaba parte el señor Blume Fortini, que públicamente reconoció que, si era investida, la doctora Tello debía ejercer el cargo por cinco años? Quien debería ser sancionado es Blume Fortini por mentiroso, diciendo ahora que no dijo lo que todos claramente sabemos que dijo, no la doctora Tello.
Otro fraude descarado, la cereza de la torta envenenada, es la votación de miembros de la comisión permanente, que por ley y reglamento están impedidos de sufragar en el pleno. Este es el caso, por ejemplo, de Pepe Luna. La junta directiva del Congreso argumenta que un “acuerdo” de la junta de portavoces lo habilita. Se trata de un argumento chambón e inescrupuloso. La junta de portavoces es un organismo de coordinación parlamentaria, no un organismo normativo con capacidad de disponer en contra del reglamento del Congreso y la Constitución.
Un proceso fraudulento, en suma, llevado a cabo fríamente por quienes se llenaban la boca proclamando tongo en las últimas elecciones, sin que jamás pudieran exhibir ni un solo caso, ni uno solo, subrayado, de persona que fuese suplantada o su firma falsificada en aquellas elecciones, en las investigaciones que se llevaron adelante, con participación de los propios reclamantes, en el Ministerio Público. Fraudistas que cuentan con la servidumbre de Cerrón, el “ultra”.
Este proceso hechizo contra la JNJ es el anuncio del fraude que se prepara para las próximas elecciones. La fujiderecha no sabe ganar de otro modo. Esta vez quieren tener el control absoluto de todos los organismos electorales. Y también de la justicia, para librarse de las numerosas investigaciones y procesos por corrupción que deben afrontar. Para eso, a la primera que buscarán limpiar y reponer es a Patricia Benavides, una fiscal que ejerció su cargo a la altura de Blanca Nélida Colán.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 677 año 14, del 15/03/2024
https://www.hildebrandtensustrece.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario