Empieza a entrar en vigencia el artículo 46 de la Constitución, ese que nos libera de obedecer a un gobierno usurpador.
Es la Fiscalía la que se suma a la hasta hoy discreta trinchera de resistencia frente al hampa legisladora acovachada en el Congreso.
Resulta que la Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú, en representación de todos los miembros del Ministerio Público, han salido a decir, en un comunicado, que algunas de las últimas medidas tomadas por el Congreso golpista “colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y las funciones asignadas al Ministerio Público…”.
Así de claro.
El Ministerio Público se refiere a las inminentes “leyes” que proceden del antro congresal y que tienen que ver con la reorganización de la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía, el predictamen que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional en desmedro de los fueros fiscales.
No sólo eso. La Junta de Fiscales Supremos, en otro valeroso gesto de legítima insumisión, afirma que la ley que intenta la prescripción de los delitos de lesa humanidad es abiertamente inconstitucional e “inviable jurídicamente”. Y señala que su aplicación significaría el injusto archivamiento de unos 600 procesos en curso, incluidos los de Chuschi, Huanta, Accomarca, Putis o Cantuta-Pativilca.
El 2 de junio el Fiscal de la Nación ya había sostenido que el pandillero dictamen aprobado en torno al crimen organizado “afectaría la eficacia de los allanamientos y lesionaría las facultades de la Fiscalía para perseguir el delito”.
Mientras tanto, la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma afirma que “la población tiene el derecho a la insurgencia” como rechazo a la pretensión del Congreso de secuestrar los sistemas judicial y electoral.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preocupa y vigila.
Y la relatora de Naciones Unidas observa desconfiada la situación del Perú capturado por los partidos-maras.
El hampa congresal está preocupada. Por eso ha salido a rechazar el comunicado de los fiscales unidos.
Lo que más le duele son los puntos tres, cuatro y cinco del trascendental pronunciamiento:
“3.- EXIGIR a los integrantes del Congreso de la República el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país.
4.- CONVOCAR a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que se pretende socavar, de aprobarse los Proyectos de Ley.
5.- EXHORTAR al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación”.
¡Apuntaron a la madre del cordero!
Porque aquí el problema es que el Congreso de los delincuentes puede gobernar porque así lo ha decidido la protodelincuente que tenemos en Palacio. Ni siquiera lo ha decidido: se lo impuso la alianza de la derecha pútrida, encabezada por el fujimorismo, la izquierda nicaragüense de los Cerrón y sus judas andinos y las patotas de César Acuña, los nosequienes de Somos Perú, las Pompadour de Avanza País y los Cochrane de lo que fue Renovación Popular.
El constitucionalista Omar Cairo también cita, como posible salida democrática, el artículo 46 de la Constitución. ¡No estamos solos!
La señora Boluarte está nerviosa.
Ella estaba convencida de que todo se había arreglado, que el camino a la indignidad tenía alfombra roja, ramos de flores, sobones que cobran cual ministros, edecanes.
Ahora ve que no es así y que los primeros asomos de rebeldía constitucional acaban de brotar.
Los peruanos, empezando por los fiscales, han decidido actuar y sublevarse.
Es lo que cabe frente a un régimen que encarna el crimen en sus múltiples facetas.
No hay nada político que discutir con las organizaciones que han copado el Congreso. No son partidos los que están allí al frente de las comisiones claves y tomando decisiones en las juntas de portavoces. Son siglas que nada significan, franquicias que pueblan, mayoritariamente, forajidos salidos de las ruinas de la partidocracia.
No hay debate racional posible con quienes han dado un golpe de Estado congresal para lograr que el crimen cunda, la informalidad se normalice y la impunidad se extienda, cual máquina del tiempo, retroactivamente.
Y no puede haber consideración democrática alguna con una señora que va a Palacio a fingir que gobierna. Estamos frente a un gobierno ilegal, socialmente repudiado y probadamente vinculado a sórdidos intereses. Un régimen al que se treparon, para coparlo, los derrotados en las últimas elecciones.
Los fiscales nos han dado el ejemplo.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 690 año 14, del 14/06/2024
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