Naturalmente, se trata de una ley con nombres y crímenes propios. Una que se quiere imponer a la medida de las necesidades de Alberto Fujimori y milicos matones y matarifes, autores de actos abominables que revisten carácter de crímenes de lesa humanidad como las masacres de Accomarca, Cayara, Barrios Altos y La Cantuta. Una expresamente concebida para limpiarlos y adecentarlos. No les importa el derecho, las leyes, los tratados, la jurisprudencia, la doctrina. Cojudeces, dicen. Están aprobando cualquier mamarracho jurídico para liberar a sus criminales y matadores. Son tan obtusos que ni siquiera les importa favorecer con ello, de pasada, a los terroristas de Sendero Luminoso, que consumaron su barbarie antes de la aprobación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por parte de nuestro país, en el año 2003, y que entonces –siguiendo su predicamento– podrían reclamar que sus crímenes no tienen carácter de agravio a la humanidad toda. Solo la fujiderecha peruana es capaz de tan grande estupidez.
Es una ley que, si la aprueban en segunda votación, nacerá muerta.
Como han señalado todos los organismos constituidos por tratados internacionales sobre derechos humanos, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra es un principio de derecho internacional que los Estados tienen la obligación absoluta de respetar y resultan por ello inadmisibles las disposiciones que pretenden impedir la investigación y sanción de sus ejecutores, responsables y mentores. Se trata de un principio de validez universal, al cual no cabe excepción alguna. Las consecuencias penales de los crímenes de lesa humanidad son ineludibles. La cuestión central es que estos no son un delito cualquiera; por el contrario, forman una categoría aparte por su carácter aberrante. De lo contrario, los nazis que mataron a innumerables víctimas judías, gitanas, eslavas no podrían ser castigados amparándose en la prescripción, pues sus crímenes son de los años 30 y 40 del siglo pasado, muy anteriores a los convenios de derechos humanos. Esto es un absurdo mayúsculo. Inaceptable.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado de manera rotunda su profunda “preocupación” por la aprobación en primera votación del Pleno del Congreso del Perú del Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que establece la prescripción de todos los delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de 1 de julio de 2002, sosteniendo que el mismo es contrario al derecho internacional y desobedece abiertamente las sentencias emitidas por ella y ha llamado –ilusamente– a los delincuentes de la plaza Bolívar a no continuar con tal iniciativa legislativa. Más aún, el tribunal de San José ha requerido el 8 de junio al Estado peruano informar ante ella en breve plazo, antes del 12 de junio, sobre el proyecto de ley en trámite que se propone establecer la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. El requerimiento lo formula la Corte en el contexto de las medidas provisionales de protección solicitadas por las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que le han pedido disponer que el Estado peruano “interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa del proyecto de ley 6951/2023-CR”, que pretende precisar “la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana” y “se abstenga de aprobar cualquier normativa similar”. Es de prever que la respuesta del Estado peruano, si llega a dar alguna, será en la misma onda de cinismo a la cual ya están habituados los políticos de turno en el poder.
La cuestión de los crímenes de lesa humanidad es un tema resuelto con absoluta claridad hace ya mucho tiempo a nivel internacional y también a nivel del Estado peruano. Precisamente, en marzo de 2011, nuestro Tribunal Constitucional estableció sin dejar lugar al menor atisbo de duda que “en definitiva, aunque la pena aplicable a una conducta típica es la que se encontraba vigente en el tiempo en que ella se produjo (a menos que sobrevenga una más favorable), si tal conducta reviste las características de un crimen de lesa humanidad, por mandato constitucional e internacional, la acción penal susceptible de entablarse contra ella, con prescindencia de la fecha en que se haya cometido, es imprescriptible”.
Lo que hay detrás de esta ley de mierda que el Congreso pretende aprobar para establecer la impunidad de los crímenes de lesa humanidad no es en absoluto materia jurídica. En ese terreno no cuentan con argumentos para ningún debate. Lo que tienen son intereses creados con nombres y degüellos propios (o que sienten suyos), como ya hemos dicho. Pero, sobre todo, los mueve un profundo odio a los derechos humanos y sus instituciones de todo nivel.
El facherío, dentro y fuera del Congreso, comparte con Sendero Luminoso el mismo desprecio visceral por los derechos humanos, al extremo de que, con el proyecto de ley que pretenden aprobar, no les importa beneficiar igualmente a los terroristas, que así quedarían liberados “jurídicamente” de sus propios crímenes de lesa humanidad pues se cometieron antes de la aprobación del Estatuto de Roma y la anotada Convención sobre la imprescriptibilidad. Así de estúpida es la ley que están aprobando. Podrá ser otra la excusa de la derecha medieval para amparar la barbarie y la impunidad, pero la execración a los derechos humanos es la misma en ambos extravíos. No olvidemos el pregón senderista: “Partimos de que no adscribimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tampoco a la de Costa Rica (...) Sus derechos humanos son caducas y traposas banderas burguesas, contrarrevolucionarias (...) nuestra posición es bien clara, rechazamos y condenamos los derechos humanos porque son derechos burgueses, reaccionarios, contrarrevolucionarios” (Sendero Luminoso, 1981, documento “Sobre las dos colinas”). La derecha medieval y el terrorismo senderista unidos umbilicalmente en la misma aversión a la civilización.
Los medievales peruanos, en su odio a los derechos humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también confraternizan abiertamente con la dictadura chavista de Venezuela, encabezada hoy por Maduro, y con la de Daniel Ortega en Nicaragua. Hugo Chávez repudió la competencia de la Corte en 2010 y desde entonces el régimen que tiraniza Venezuela está en rebeldía abierta frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ortega incluso fue mucho más allá, pues retiró por completo a su país de la OEA, convirtiendo a Nicaragua en una entidad paria en el hemisferio. Esa es la senda nefasta que siguen los fachos de nuestro país. En el odio a los derechos humanos, la fujiderecha peruana, los chavistas y los orteguistas son caimanes del mismo pozo.
Los derechos humanos constituyen el corazón de la civilización y la barrera contra la barbarie. Difunden criterios, estándares, metas y mecanismos de exigencia de todo aquello que deriva de la dignidad del ser humano. Imponen límites a los violentos. Contribuyen a salvar vidas. Y permiten el desarrollo de medios para que los hechos de horror y violencia, cometidos por grupos criminales o por el Estado, sean prevenidos, denunciados y documentados, buscando que se imponga la justicia y no la impunidad de los canallas.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 690 año 14, del 14/06/2024
https://www.hildebrandtensustrece.com/
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