Perú: Caso Jaime Ayala: una sentencia histórica en contra de la impunidad

Diego García Sayán

La correcta decisión judicial de la Cuarta Sala Penal reveló que sí puede existir una magistratura valiente e independiente del poder de turno.

Han pasado más de 40 años desde que en Ayacucho, Jaime Ayala, joven periodista de 22 años, fue visto por última vez. El 2 de agosto de 1984, se dirigió al comando de la Marina, ubicado en el Estadio de Huanta, para denunciar el allanamiento que había sufrido su madre el día anterior y los golpes que recibió su hermano a manos de los militares que allí habían irrumpido.

Eran tiempos duros y difíciles para el pueblo ayacuchano, afectado directamente por el accionar de Sendero Luminoso, que tenía a Ayacucho como su “centro”, y golpeado brutalmente por formas indiscriminadas de represión militar.

Como lo ha documentado sólidamente la Comisión de la Verdad, en una larga fase de la guerra antisubversiva, destacaba el accionar represivo proveniente de destacamentos de la Marina. Su comandancia, para estos efectos, se encontraba en un espacio físico de Huanta, el Estadio Municipal.

A los pocos días de instalada esa base militar en Huanta, los vecinos y la gente, en general, vieron que allí “pasaban cosas”. Personas que ingresaban y que nunca más salían, o patrullas militares violentas —con personal enmascarado— que emergían, periódicamente, del improvisado cuartel, dejando en la zona una secuela de terror y angustia.

Símbolo de atrocidades

Historias conocidas por cualquiera que no quiera meter su cabeza dentro de un hueco (como un avestruz). Hubo casos de personas que ingresaron a ese cuartel y no volvieron a ser vistas. Jaime Ayala Sulca fue uno de ellos.

Ayala tenía un programa periodístico radial en Huanta y era corresponsal del diario La República. Cubría noticias sobre el accionar senderista, pero también recogía denuncias por abusos contra la población civil en el marco del conflicto armado interno, como casos de tortura, desapariciones, ejecuciones o detenciones ilegales producidas por efectivos de la Marina en Huanta. Y Ayala acabó siendo víctima de ese accionar represivo a las pocas semanas.

El 2 de agosto de 1984, Jaime Ayala fue al Cuartel de la Infantería de Marina, ubicado en el Estadio, para denunciar el allanamiento que había sufrido su madre en su casa la noche anterior. Nunca volvió a ser visto. Varios testigos que hablaron con el Ministerio Público y con la Comisión de la Verdad señalaron que vieron entrar al periodista al estadio ese día, pero nunca lo vieron salir.

Durante el mismo fatídico año 1984, varios estudiantes de la Escuela Normal de Huanta y profesores de la zona fueron detenidos bajo sospecha de vínculos con Sendero Luminoso. Algunos fueron llevados a ese cuartel de la Marina. Nunca más fueron vistos.

El Estadio de Huanta quedó marcado como un símbolo de las atrocidades cometidas y de la memoria de las víctimas. Existen organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas que aún buscan justicia. Pero la justicia ha sido más bien esquiva, pues ha tendido a prevalecer la impunidad.

En ese difícil 1984, Julia Sulca, madre de Jaime, presentó denuncia ante el Fiscal de la Nación de ese entonces, doctor Álvaro Rey de Castro, destacado y recto jurista. Rey de Castro, en valiente afirmación de su autoridad, se trasladó a Huamanga y Huanta, y dispuso el accionar de la fiscalía. Sobre la base de las múltiples evidencias del ingreso de Jaime Ayala a la Base de Infantería de la Marina, y pese a que la detención era negada por las autoridades militares, en febrero de 1985 el fiscal provincial, Mario Gilberto Miranda Garay, formalizó denuncia penal contra el Capitán de Corbeta A.P. Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén y el Oficial de Mar Román Manuel Martínez Heredia, como presuntos autores del delito contra la libertad individual (secuestro) en agravio de Jaime Ayala Sulca.

Ninguno —Artaza ni Martínez— llegó a ser procesado ni condenado. El contexto político e institucional del momento no lo permitió, y Rey de Castro concluyó su gestión a los pocos meses (mayo de 1985). Como se sabe, después Artaza se “hizo humo”. Y actualmente, varios años después, es aún un muy sospechoso —¿y protegido?— no habido.

Pero este 2024, la correcta decisión judicial de la Cuarta Sala Penal reveló que sí puede existir una magistratura valiente e independiente del poder de turno.

Una “sentencia histórica”

Como ha destacado recientemente la periodista colombiana Silvia Higuera, del LatAm Journalism Review (LJR), a fines de septiembre, “un tribunal peruano condenó al exmilitar —marino— Alberto Rivero Valdeavellano a 18 años de prisión por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, cometida por sus subordinados en Ayacucho hace 40 años”. La sentencia establece que la desaparición de Jaime Ayala fue parte de un patrón sistemático de represión y ataques contra periodistas, activistas y ciudadanos, bajo la política contrainsurgente del gobierno de la época.

Ordenó también que se indemnice con 100,000 soles y medidas de reparación integral, como atención psicológica y médica, a los familiares directos de la víctima. Finalmente, estableció que el Estado ofrezca disculpas públicas por “la equivocación grave a que sometieron a los agraviados y sus familiares al considerarlos injustamente elementos terroristas”, según la sentencia.

Esta importante decisión judicial fue adoptada por la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria, presidida por la jueza Miluska Cano. En su fallo, Cano destacó que "la desaparición de Jaime Ayala constituye un crimen de lesa humanidad, que no prescribe". Y subrayó la necesidad de reparar a los familiares de la víctima, quienes han luchado durante 40 años en busca de justicia y verdad.

Prevalece la imprescriptibilidad

Manda y prevalece la imprescriptibilidad en un caso de desaparición forzada como este. En el que la desaparición forzada no ha cesado. Así, de existir un plazo para la prescripción en la ley penal, este solo se podría empezar a contar “a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito” (art. 8).

Ello porque, al ser un delito continuado, éste se sigue cometiendo mientras no aparezca la persona desaparecida o secuestrada. Principio claramente establecido en el derecho internacional, de obligatorio cumplimiento, al estar de por medio tratados internacionales de los que es parte el Perú. Entre ellos, la Convención Internacional sobre la materia. Que no solo establece que la práctica de las desapariciones forzadas es un crimen de lesa humanidad (art. 5), sino que se debe sancionar a la(s) persona(s) responsable(s). Eso es lo que, correctamente, ha hecho la Cuarta Sala Penal Nacional.

El derecho internacional no le reconoce validez jurídica a las normas inconstitucionales que apuntan a la impunidad, como la perpetrada este año por el actual Congreso, la llamada “ley Rospigliosi”. El Congreso del pacto ha llegado a intentar, en contra del derecho internacional del que el Perú es parte, la prescripción de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

Este intento no buscaba más derechos o bienestar para la gente, sino, específicamente, impunidad de criminales que pertenecen a una institución del Estado. Como los condenados oficiales de la Marina —hoy prófugos— que tuvieron el mando en el cuartel de la Infantería de Marina (Estadio de Huanta) y que fueron procesados y condenados por cometer atrocidades.

Mancharon, así, con crímenes graves, el prístino uniforme de la Marina de dignos oficiales como Miguel Grau, Aurelio García y García o Carlos Ferreyros.

Vergüenza, pues, la conducta de quienes intentan que no comparezcan judicialmente individuos que delinquieron, manchando el sagrado uniforme de nuestros oficiales patriotas.

https://larepublica.pe/opinion/2024/11/14/sentencia-historica-en-contra-de-la-impunidad-por-diego-garciasayan-286416

https://www.leerydifundir.com/2024/11/peru-caso-jaime-…ica-la-impunidad/

Perú: Ley del crimen

Ronald Gamarra

Los políticos fujiderechistas que copan actualmente el Estado están muy apuraditos aprobando leyes anticonstitucionales y hasta irracionales y absurdas. Particularmente pretenden sacar una que consagra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en el Perú. De este modo, ambicionan que nuestro país colisione frontalmente con la norma internacional sobre derechos humanos y nos sitúan al nivel de la dictadura de Hugo Chávez y su sucesor Maduro en Venezuela. Y, sin querer queriendo, nos llevan a los bajos fondos de los terroristas de Sendero Luminoso, con quienes comparten el mismo odio a los derechos que derivan de la dignidad del ser humano.

Naturalmente, se trata de una ley con nombres y crímenes propios. Una que se quiere imponer a la medida de las necesidades de Alberto Fujimori y milicos matones y matarifes, autores de actos abominables que revisten carácter de crímenes de lesa humanidad como las masacres de Accomarca, Cayara, Barrios Altos y La Cantuta. Una expresamente concebida para limpiarlos y adecentarlos. No les importa el derecho, las leyes, los tratados, la jurisprudencia, la doctrina. Cojudeces, dicen. Están aprobando cualquier mamarracho jurídico para liberar a sus criminales y matadores. Son tan obtusos que ni siquiera les importa favorecer con ello, de pasada, a los terroristas de Sendero Luminoso, que consumaron su barbarie antes de la aprobación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por parte de nuestro país, en el año 2003, y que entonces –siguiendo su predicamento– podrían reclamar que sus crímenes no tienen carácter de agravio a la humanidad toda. Solo la fujiderecha peruana es capaz de tan grande estupidez.

Es una ley que, si la aprueban en segunda votación, nacerá muerta.

Como han señalado todos los organismos constituidos por tratados internacionales sobre derechos humanos, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra es un principio de derecho internacional que los Estados tienen la obligación absoluta de respetar y resultan por ello inadmisibles las disposiciones que pretenden impedir la investigación y sanción de sus ejecutores, responsables y mentores. Se trata de un principio de validez universal, al cual no cabe excepción alguna. Las consecuencias penales de los crímenes de lesa humanidad son ineludibles. La cuestión central es que estos no son un delito cualquiera; por el contrario, forman una categoría aparte por su carácter aberrante. De lo contrario, los nazis que mataron a innumerables víctimas judías, gitanas, eslavas no podrían ser castigados amparándose en la prescripción, pues sus crímenes son de los años 30 y 40 del siglo pasado, muy anteriores a los convenios de derechos humanos. Esto es un absurdo mayúsculo. Inaceptable.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado de manera rotunda su profunda “preocupación” por la aprobación en primera votación del Pleno del Congreso del Perú del Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que establece la prescripción de todos los delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de 1 de julio de 2002, sosteniendo que el mismo es contrario al derecho internacional y desobedece abiertamente las sentencias emitidas por ella y ha llamado –ilusamente– a los delincuentes de la plaza Bolívar a no continuar con tal iniciativa legislativa. Más aún, el tribunal de San José ha requerido el 8 de junio al Estado peruano informar ante ella en breve plazo, antes del 12 de junio, sobre el proyecto de ley en trámite que se propone establecer la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. El requerimiento lo formula la Corte en el contexto de las medidas provisionales de protección solicitadas por las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que le han pedido disponer que el Estado peruano “interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa del proyecto de ley 6951/2023-CR”, que pretende precisar “la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana” y “se abstenga de aprobar cualquier normativa similar”. Es de prever que la respuesta del Estado peruano, si llega a dar alguna, será en la misma onda de cinismo a la cual ya están habituados los políticos de turno en el poder.

La cuestión de los crímenes de lesa humanidad es un tema resuelto con absoluta claridad hace ya mucho tiempo a nivel internacional y también a nivel del Estado peruano. Precisamente, en marzo de 2011, nuestro Tribunal Constitucional estableció sin dejar lugar al menor atisbo de duda que “en definitiva, aunque la pena aplicable a una conducta típica es la que se encontraba vigente en el tiempo en que ella se produjo (a menos que sobrevenga una más favorable), si tal conducta reviste las características de un crimen de lesa humanidad, por mandato constitucional e internacional, la acción penal susceptible de entablarse contra ella, con prescindencia de la fecha en que se haya cometido, es imprescriptible”.

Lo que hay detrás de esta ley de mierda que el Congreso pretende aprobar para establecer la impunidad de los crímenes de lesa humanidad no es en absoluto materia jurídica. En ese terreno no cuentan con argumentos para ningún debate. Lo que tienen son intereses creados con nombres y degüellos propios (o que sienten suyos), como ya hemos dicho. Pero, sobre todo, los mueve un profundo odio a los derechos humanos y sus instituciones de todo nivel.

El facherío, dentro y fuera del Congreso, comparte con Sendero Luminoso el mismo desprecio visceral por los derechos humanos, al extremo de que, con el proyecto de ley que pretenden aprobar, no les importa beneficiar igualmente a los terroristas, que así quedarían liberados “jurídicamente” de sus propios crímenes de lesa humanidad pues se cometieron antes de la aprobación del Estatuto de Roma y la anotada Convención sobre la imprescriptibilidad. Así de estúpida es la ley que están aprobando. Podrá ser otra la excusa de la derecha medieval para amparar la barbarie y la impunidad, pero la execración a los derechos humanos es la misma en ambos extravíos. No olvidemos el pregón senderista: “Partimos de que no adscribimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tampoco a la de Costa Rica (...) Sus derechos humanos son caducas y traposas banderas burguesas, contrarrevolucionarias (...) nuestra posición es bien clara, rechazamos y condenamos los derechos humanos porque son derechos burgueses, reaccionarios, contrarrevolucionarios” (Sendero Luminoso, 1981, documento “Sobre las dos colinas”). La derecha medieval y el terrorismo senderista unidos umbilicalmente en la misma aversión a la civilización.

Los medievales peruanos, en su odio a los derechos humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también confraternizan abiertamente con la dictadura chavista de Venezuela, encabezada hoy por Maduro, y con la de Daniel Ortega en Nicaragua. Hugo Chávez repudió la competencia de la Corte en 2010 y desde entonces el régimen que tiraniza Venezuela está en rebeldía abierta frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ortega incluso fue mucho más allá, pues retiró por completo a su país de la OEA, convirtiendo a Nicaragua en una entidad paria en el hemisferio. Esa es la senda nefasta que siguen los fachos de nuestro país. En el odio a los derechos humanos, la fujiderecha peruana, los chavistas y los orteguistas son caimanes del mismo pozo.

Los derechos humanos constituyen el corazón de la civilización y la barrera contra la barbarie. Difunden criterios, estándares, metas y mecanismos de exigencia de todo aquello que deriva de la dignidad del ser humano. Imponen límites a los violentos. Contribuyen a salvar vidas. Y permiten el desarrollo de medios para que los hechos de horror y violencia, cometidos por grupos criminales o por el Estado, sean prevenidos, denunciados y documentados, buscando que se imponga la justicia y no la impunidad de los canallas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 690 año 14, del 14/06/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2024/06/peru-ley-del-crimen/

Perú: “La decisión de la JNJ es una gota de institucionalidad en este contexto de caos”

Manuel Rodríguez Cuadros   (Entrevista Enrique Patriau)

El excanciller y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Manuel Rodríguez Cuadros advirtió que la decisión del Estado peruano de no cumplir las obligaciones que tiene con el derecho internacional, específicamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convierte en una “quimera” las opciones del Perú de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

- El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de Alberto Fujimori. La liberación igual se produjo. ¿En qué estado queda la posición internacional peruana?

- Lo que ha hecho el TC al afirmar la primacía de su sentencia sobre los tratados internacionales, en este caso la Convención Americana, es una decisión sumamente grave, vulnerable desde el punto de vista jurídico. La Convención de Viena, que es una especie de constitución del derecho internacional, establece en su artículo 27 que ningún Estado puede utilizar su derecho interno…

- ¿Para imponerse sobre los tratados?

- Como justificación para no cumplir con sus obligaciones internacionales. Esto significa que después de dos siglos de una política exterior que se ha fundamentado en el respeto al orden jurídico internacional y en el respeto de las obligaciones que emanan de los tratados, el Perú se ha puesto al margen de la legalidad internacional. Esto es muy delicado. No solamente hay efectos en el sector de los derechos humanos, sino también hay un impacto general. Somos un país que le dice a la comunidad internacional: “Señores, no cumplo mis obligaciones internacionales porque hago prevalecer el derecho interno sobre los tratados firmados en uso y en ejercicio de mi soberanía”. Esa es la inseguridad jurídica más absoluta que puede tener un Estado y va a repercutir en las inversiones, en el clima de negocios, en medio de una crisis económica cada vez más difícil de remontar.

- Comprendo la explicación jurídica. Al mismo tiempo, quienes están a favor de la excarcelación señalan que, en realidad, mucho no va a pasar. ¿Qué responde?

- Diría que va a pasar mucho. Mucho y más. Esto afecta todas las relaciones internacionales del país, en todos los ámbitos, desde los derechos humanos hasta la economía y las inversiones. Para que el Perú pueda recuperarse económicamente, una decisión así manda el mensaje a los inversionistas de que este Estado no cumple con sus obligaciones internacionales.

- ¿Los inversionistas observan este tipo de hechos?

- Es lo primero que observan. Un inversionista mira la legalidad y qué normas se aplican en caso de un conflicto con el Estado receptor. Es tan cierto esto que las inversiones extranjeras, en caso de conflicto, de interpretación, no se rigen por las leyes nacionales ni la jurisdicción peruana. Los Gobiernos del Perú, en uso de su soberanía, pactaron con los inversionistas extranjeros un régimen de solución de controversias que excluye la jurisdicción nacional. Por eso, el mensaje de que mandamos al tacho nuestras obligaciones pone en situación de vulnerabilidad nuestros acuerdos de inversión.

- ¿Podría haber consecuencias políticas?

- Un elemento central de una democracia es la separación de poderes y el Estado de derecho. Damos la impresión de que somos un país que opta por patear el tablero de su propia institucionalidad jurídica. A estas alturas pensar que el Perú hará avances para ingresar a la OCDE es ya una quimera. La OCDE no es un organismo de cooperación internacional ni de integración. Nuclea a un grupo de países con ciertos estándares en diferentes ámbitos —constitucional, político, medio ambiente, legislación laboral—. El beneficio de estar en la OCDE es dar un mensaje de que se es un país predecible, con un Estado democrático y un sistema de justicia que funcionan.

- ¿Con la ejecución del indulto se liquidan en la práctica las opciones que tenía el Perú de ingresar a la OCDE?

- No digo con el indulto. Digo con la decisión de no cumplir las obligaciones que tiene el Perú con el derecho internacional, específicamente con la Corte IDH. Es distinto. No es el indulto el problema. El problema es que el Perú patea el tablero en sus obligaciones internacionales. El Perú no va a ingresar a la OCDE hasta que termine el Gobierno, eso está claro.

- ¿Cómo se explica que un gobierno que buscaba legitimidad internacional —están los viajes de la presidenta Boluarte— haya pateado, precisamente, el tablero de sus obligaciones internacionales?

- Desde diciembre del año pasado, la política exterior ha estado dirigida a encontrar el reconocimiento internacional del Gobierno. Eso llevó a una percepción absurda de los viajes presidenciales para aparecer en fotografías con dignatarios extranjeros. Se llegó al extremo de publicitar reuniones bilaterales que nunca existieron. Todo esto lo que ha hecho es ruborizar a la historia diplomática peruana, porque han sido acciones muy poco serias.

- De acuerdo con el diagnóstico. Insisto, ¿por qué un gobierno que quiere legitimarse a nivel internacional patea el tablero internacional? Hay una contradicción.

- La hay. Pienso que hay una excesiva y singular actitud de privilegiar intereses coyunturales internos sobre la política exterior. Tenemos lo de la Junta Nacional de Justicia, lo de la fiscal de la Nación, las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de altos representantes del Gobierno y, en ese contexto, se calcula que es mejor mantener alianzas políticas —por ejemplo, con Fuerza Popular— que defender con entereza lo que son los intereses del Estado y de la sociedad. Lo que explica esto es la falta de consistencia en el ejercicio de la política, donde todo se supedita a intereses particulares. Hay un matiz. El canciller, con buen criterio, ha dicho que esta decisión no implica que el Perú se vaya a retirar de la Corte...

- De hecho, dijo que el Perú respetaba al sistema interamericano. Sonó algo cínico.

- De acuerdo. Pero lo importante es que no se haya expresado la voluntad de dar un paso más radical en contra de los intereses del Perú. Dicho esto, yo pienso que lo que tenemos es una crisis multidimensional y, en el medio, está el colapso del sistema político y de la gobernabilidad que implica negociaciones y consensos. En ese contexto, pienso que lo único que puede evitar un mayor deterioro para la vida cotidiana de los peruanos es el adelanto de las elecciones. No será la solución, pero permitirá que un gobierno de transición evite una crisis mayor.

- Dudo que actores políticos que están haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder accedan a eso.

- (Pablo) Macera decía que la estabilidad en el Perú se corresponde con la geografía cambiante del huaico y del aluvión. La posibilidad de que se creen las condiciones para un adelanto de elecciones puede ser escasa, como usted dice, pero en términos de la historia peruana pueden configurarse en cualquier coyuntura próxima.

- ¿Qué le parece la decisión de la JNJ de haber suspendido a la fiscal Patricia Benavides?

- Es una decisión que está dentro de sus competencias. En esta situación, la legalidad y la previsibilidad de los principales órganos del Estado es un valor que hay que estimular. Es una decisión que está en el marco constitucional y en el marco legal. Es una decisión legítima en función de la evaluación que ha realizado. En ese sentido, la decisión de la JNJ es una gota de institucionalidad en este contexto de caos que estamos viviendo.

“La proyección externa peruana es muy negativa”

- Distintos observadores de la actualidad han advertido que en el Perú ejerce el poder una especie de coalición autoritaria que tiene distintas patas en el Gobierno, en el Congreso y en la Fiscalía. ¿La suspensión de la fiscal Patricia Benavides podría tener algún efecto sobre dicha coalición?

- La democracia admite gobiernos de distintas orientaciones políticas, ¿no es así?

- Claro. Además, lo ideal es que haya alternancia.

- Pero es importante decirlo para contextualizar mi respuesta. En efecto, se está produciendo una alteración de los modos en que se articuló una suerte de bloque en el poder, de una orientación de derecha, en la que están las fuerzas más importantes del Congreso, el Gobierno, algunas instituciones y otros sectores. Ahora se ven contradicciones que antes no existían y puede haber un reacomodo de este bloque, una reedición de estas alianzas.

- ¿Qué imagen proyecta el Gobierno peruano a nivel internacional? Ya no solo me circunscribo al tema del indulto. Hablo en general.

- Yo no soy un partidario de usar la palabra “imagen”. A veces se piensa que la diplomacia no es técnica, pero sí lo es. Y es una ciencia social. Los países no tienen una imagen, sino una proyección externa.

- ¿Cuál es la proyección internacional peruana, entonces?

- La proyección externa que tiene el Perú en estos momentos es muy negativa. Nos perciben como un país con gravísimos problemas de gobernabilidad, de corrupción, de inestabilidad institucional y de imprevisibilidad de las acciones de los actores políticos. Todo esto da, en resumen, la visión de un país que se percibe, quizás, como el más inestable en América Latina. A eso hay que añadir ya no la percepción, sino la certidumbre de un país que está en recesión económica y cuyos indicadores sociales se han deteriorado de manera dramática. Al mismo tiempo, la comunidad internacional sabe que se mantiene una disciplina macroeconómica importante y con una riqueza minera, pesquera y agrícola competitiva.

https://larepublica.pe/politica/2023/12/10/manuel-rodriguez-cuadros-la-decision-de-la-jnj-es-una-gota-de-institucionalidad-en-este-contexto-de-caos-cidh-ocde-congreso-del-peru-422550

https://www.leerydifundir.com/2023/12/peru-la-decision…te-contexto-caos/