Perú: Caso Jaime Ayala: una sentencia histórica en contra de la impunidad

Diego García Sayán

La correcta decisión judicial de la Cuarta Sala Penal reveló que sí puede existir una magistratura valiente e independiente del poder de turno.

Han pasado más de 40 años desde que en Ayacucho, Jaime Ayala, joven periodista de 22 años, fue visto por última vez. El 2 de agosto de 1984, se dirigió al comando de la Marina, ubicado en el Estadio de Huanta, para denunciar el allanamiento que había sufrido su madre el día anterior y los golpes que recibió su hermano a manos de los militares que allí habían irrumpido.

Eran tiempos duros y difíciles para el pueblo ayacuchano, afectado directamente por el accionar de Sendero Luminoso, que tenía a Ayacucho como su “centro”, y golpeado brutalmente por formas indiscriminadas de represión militar.

Como lo ha documentado sólidamente la Comisión de la Verdad, en una larga fase de la guerra antisubversiva, destacaba el accionar represivo proveniente de destacamentos de la Marina. Su comandancia, para estos efectos, se encontraba en un espacio físico de Huanta, el Estadio Municipal.

A los pocos días de instalada esa base militar en Huanta, los vecinos y la gente, en general, vieron que allí “pasaban cosas”. Personas que ingresaban y que nunca más salían, o patrullas militares violentas —con personal enmascarado— que emergían, periódicamente, del improvisado cuartel, dejando en la zona una secuela de terror y angustia.

Símbolo de atrocidades

Historias conocidas por cualquiera que no quiera meter su cabeza dentro de un hueco (como un avestruz). Hubo casos de personas que ingresaron a ese cuartel y no volvieron a ser vistas. Jaime Ayala Sulca fue uno de ellos.

Ayala tenía un programa periodístico radial en Huanta y era corresponsal del diario La República. Cubría noticias sobre el accionar senderista, pero también recogía denuncias por abusos contra la población civil en el marco del conflicto armado interno, como casos de tortura, desapariciones, ejecuciones o detenciones ilegales producidas por efectivos de la Marina en Huanta. Y Ayala acabó siendo víctima de ese accionar represivo a las pocas semanas.

El 2 de agosto de 1984, Jaime Ayala fue al Cuartel de la Infantería de Marina, ubicado en el Estadio, para denunciar el allanamiento que había sufrido su madre en su casa la noche anterior. Nunca volvió a ser visto. Varios testigos que hablaron con el Ministerio Público y con la Comisión de la Verdad señalaron que vieron entrar al periodista al estadio ese día, pero nunca lo vieron salir.

Durante el mismo fatídico año 1984, varios estudiantes de la Escuela Normal de Huanta y profesores de la zona fueron detenidos bajo sospecha de vínculos con Sendero Luminoso. Algunos fueron llevados a ese cuartel de la Marina. Nunca más fueron vistos.

El Estadio de Huanta quedó marcado como un símbolo de las atrocidades cometidas y de la memoria de las víctimas. Existen organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas que aún buscan justicia. Pero la justicia ha sido más bien esquiva, pues ha tendido a prevalecer la impunidad.

En ese difícil 1984, Julia Sulca, madre de Jaime, presentó denuncia ante el Fiscal de la Nación de ese entonces, doctor Álvaro Rey de Castro, destacado y recto jurista. Rey de Castro, en valiente afirmación de su autoridad, se trasladó a Huamanga y Huanta, y dispuso el accionar de la fiscalía. Sobre la base de las múltiples evidencias del ingreso de Jaime Ayala a la Base de Infantería de la Marina, y pese a que la detención era negada por las autoridades militares, en febrero de 1985 el fiscal provincial, Mario Gilberto Miranda Garay, formalizó denuncia penal contra el Capitán de Corbeta A.P. Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén y el Oficial de Mar Román Manuel Martínez Heredia, como presuntos autores del delito contra la libertad individual (secuestro) en agravio de Jaime Ayala Sulca.

Ninguno —Artaza ni Martínez— llegó a ser procesado ni condenado. El contexto político e institucional del momento no lo permitió, y Rey de Castro concluyó su gestión a los pocos meses (mayo de 1985). Como se sabe, después Artaza se “hizo humo”. Y actualmente, varios años después, es aún un muy sospechoso —¿y protegido?— no habido.

Pero este 2024, la correcta decisión judicial de la Cuarta Sala Penal reveló que sí puede existir una magistratura valiente e independiente del poder de turno.

Una “sentencia histórica”

Como ha destacado recientemente la periodista colombiana Silvia Higuera, del LatAm Journalism Review (LJR), a fines de septiembre, “un tribunal peruano condenó al exmilitar —marino— Alberto Rivero Valdeavellano a 18 años de prisión por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, cometida por sus subordinados en Ayacucho hace 40 años”. La sentencia establece que la desaparición de Jaime Ayala fue parte de un patrón sistemático de represión y ataques contra periodistas, activistas y ciudadanos, bajo la política contrainsurgente del gobierno de la época.

Ordenó también que se indemnice con 100,000 soles y medidas de reparación integral, como atención psicológica y médica, a los familiares directos de la víctima. Finalmente, estableció que el Estado ofrezca disculpas públicas por “la equivocación grave a que sometieron a los agraviados y sus familiares al considerarlos injustamente elementos terroristas”, según la sentencia.

Esta importante decisión judicial fue adoptada por la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria, presidida por la jueza Miluska Cano. En su fallo, Cano destacó que "la desaparición de Jaime Ayala constituye un crimen de lesa humanidad, que no prescribe". Y subrayó la necesidad de reparar a los familiares de la víctima, quienes han luchado durante 40 años en busca de justicia y verdad.

Prevalece la imprescriptibilidad

Manda y prevalece la imprescriptibilidad en un caso de desaparición forzada como este. En el que la desaparición forzada no ha cesado. Así, de existir un plazo para la prescripción en la ley penal, este solo se podría empezar a contar “a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito” (art. 8).

Ello porque, al ser un delito continuado, éste se sigue cometiendo mientras no aparezca la persona desaparecida o secuestrada. Principio claramente establecido en el derecho internacional, de obligatorio cumplimiento, al estar de por medio tratados internacionales de los que es parte el Perú. Entre ellos, la Convención Internacional sobre la materia. Que no solo establece que la práctica de las desapariciones forzadas es un crimen de lesa humanidad (art. 5), sino que se debe sancionar a la(s) persona(s) responsable(s). Eso es lo que, correctamente, ha hecho la Cuarta Sala Penal Nacional.

El derecho internacional no le reconoce validez jurídica a las normas inconstitucionales que apuntan a la impunidad, como la perpetrada este año por el actual Congreso, la llamada “ley Rospigliosi”. El Congreso del pacto ha llegado a intentar, en contra del derecho internacional del que el Perú es parte, la prescripción de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

Este intento no buscaba más derechos o bienestar para la gente, sino, específicamente, impunidad de criminales que pertenecen a una institución del Estado. Como los condenados oficiales de la Marina —hoy prófugos— que tuvieron el mando en el cuartel de la Infantería de Marina (Estadio de Huanta) y que fueron procesados y condenados por cometer atrocidades.

Mancharon, así, con crímenes graves, el prístino uniforme de la Marina de dignos oficiales como Miguel Grau, Aurelio García y García o Carlos Ferreyros.

Vergüenza, pues, la conducta de quienes intentan que no comparezcan judicialmente individuos que delinquieron, manchando el sagrado uniforme de nuestros oficiales patriotas.

https://larepublica.pe/opinion/2024/11/14/sentencia-historica-en-contra-de-la-impunidad-por-diego-garciasayan-286416

https://www.leerydifundir.com/2024/11/peru-caso-jaime-…ica-la-impunidad/

Perú: ¿Quieren justicia? ¡Tengan caramelos!

Maritza Espinoza

"Ninguna de las dos mujeres que increparon a Dina Boluarte llevaba arma alguna más que su dolor, su indignación y su impotencia por encontrarse, cara a cara, con la sonriente responsable de su dolorosa pérdida”.

Pocas veces hemos visto escena más delirante —¡y vaya que somos fértiles en ese terreno!— que la ocurrida el sábado pasado en Ayacucho: en el mismo lugar en el que, hace un año, la represión ordenada por su Gobierno eliminó a diez compatriotas, Dina Boluarte reapareció muy oronda y, cual cachacienta reencarnación de Willy Wonka, se puso a lanzar golosinas a la portátil de ayayeros que suele acompañarla para disimular el rechazo que provoca su presencia en el interior del país.

De pronto, de entre la multitud y rompiendo los protocolos de la sorprendida seguridad presidencial, aparecieron junto a ella dos mujeres que le increpaban a gritos por las muertes (por cierto, no eran las únicas) y una de ellas logró jalonear sus enlacados cabellos por un par de segundos. Eran, hoy lo sabe todo el país, Ruth Bárcena e Ilaria Aimé.

A la primera le habían matado al esposo, Leonardo David Hancco Chacca, de 27 años, taxista y padre de los gemelos que Ruth guardaba en su vientre. Lo acribillaron cuando ayudaba a los heridos de las protestas de diciembre del 2022. Cuando lograron trasladarlo hasta un hospital, ya se había desangrado demasiado. Murió y, poco después, Ruth perdió a sus gemelos. Le queda un hijo de siete años como consuelo.

A la segunda, Ilaria, le asesinaron a su hijo, Christopher Ramos, de 15 años. Tampoco estaba en las protestas. Los dos balazos a quemarropa le cayeron cuando salía del cementerio de Huamanga, donde baldeaba lápidas y ordenaba flores para poder pagar la universidad de su hermana, que ya acababa la secundaria.

Ninguna de las dos mujeres que increparon a Dina Boluarte llevaba arma alguna más que su dolor, su indignación y su impotencia por encontrarse, cara a cara, con la sonriente responsable de su dolorosa pérdida. Ninguna representaba un peligro real para su vida. Ninguna es siquiera una activista política. Solo Ruth, tras la muerte de su esposo, pasó a ser dirigente de los deudos de las víctimas. ¿Quién no?

Pero no es difícil entender que la furia las asaltara. No solo porque cualquiera en su situación sentiría que Boluarte insultaba la memoria de sus muertos con su frívola presencia en el lugar de su duelo, sino porque es la persona que —para librarse de su responsabilidad política y proteger a los verdaderos asesinos— había acusado a sus seres queridos de terroristas, había llegado a decir que se mataron entre ellos y, por si fuera poco, había premiado a varios de los responsables directos de sus muertes con ascensos y viajes.

Sí, se podría decir mucho de la acción de estas dos mujeres desesperadas. Si bien es verdad que enseñamos a nuestros niños que la violencia es mala, hay circunstancias que la atenúan, como cuando un hombre le mete un puñetazo al hombre que ofende a su madre o, incluso, el que en un rapto de ira asesina a quien ha lastimado a su hijo. Nadie aplaude la reacción de Ruth y de Ilaria, pero este es uno de esos casos en los que es indispensable ponerse, por un instante, en los zapatos del otro. No para justificarlo, sino para entenderlo. Y tratar de empatizar.

Pero ahora han salido a atacarlas en jauría los consabidos defensores del poderoso, aquellos que son capaces de justificar los crímenes del grupo Colina o, cuando menos, descalificar a los deudos de sus víctimas en nombre de la “estabilidad y la reconciliación”. Son los autores del inexistente “Manual de la perfecta víctima”, que se saben al dedillo cómo debe comportarse una mujer a la que le han asesinado al marido o a la que le han matado al hijo, como si el dolor se pudiera procesar desde el protocolo palaciego.

Ellos pontifican, desde la altura de sus privilegios, sobre las reglas de “etiqueta” que debe seguir alguien que ha sufrido dolores tan terribles que nosotros ni podemos imaginar. “¡Por favor, señora, qué mal gusto esto de mostrar su indignación gritando!”. “¡El dolor se vive para adentro!”. “¡No me venga con que sufre por su pérdida, si la hemos visto muy sonriente en el Tik Tok!”. “¿Acaso sus muertos son los únicos? ¡Ya déjense de sembrar el odio!”.

A propósito, fue el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la primera entidad del Estado en pronunciarse, lanzando un comunicado que rezaba: “Rechazamos y condenamos enérgicamente todo tipo de violencia contra la mujer, como la agresión física en contra de nuestra (sic) presidente de la República, Dina Boluarte”. El lenguaje lamesuelas sería solo una anécdota si no fuera porque ese ministerio, que existe para proteger a la mujer, no dijo una palabra cuando decenas de mujeres andinas, muchas con sus bebés en brazos, eran gaseadas por la policía en las manifestaciones de hace un año.

Pero que aquellos que le deben su cargo a Boluarte salgan a atacar a las dos mujeres de esta historia no sorprende a nadie. Lo curioso es que el fujimorismo en pleno haya salido a defender a la mujer que utilizan de marioneta, exigiendo duras sanciones contra sus “agresoras”. Y es curioso, porque son los mismos personajes que callaron en todos los idiomas cuando, tras su divorcio, el jefe de su partido encerró a su exmujer, Susana Higuchi, para que no hablara con la prensa. La propia Higuchi denunció haber sido torturada en ese período, pero ninguno de los hoy convenidos militantes de la lucha contra la violencia hacia la mujer hizo el menor gesto para investigar la veracidad de esos hechos.

Para estos señores que viven en el mundo al revés, lo ocurrido el sábado puso en grave riesgo a la presidente. ¡Por favor, si apenas fue un jalón de pelos! No llevaban un revólver ni un machete, ni siquiera un cortaúñas. Menos, por supuesto, la metralla que atravesó los cuerpos de sus seres queridos. Sus únicas armas eran la indignación y el dolor de ver a la autora mediata de su duelo muerta de la risa repartiendo caramelitos entre sus ayayeros.

Pero, claro, siempre hay quienes se pondrán del lado del poderoso y le harán “sana sana, colita de rana” hasta cuando se rompa una uña. Son los que gimoteaban pidiendo la libertad de Alberto Fujimori (el agonizante más sano del mundo), pero no tenían reparos en terruquear a Inti y Bryan, los jóvenes que murieron en las protestas contra Merino. Tiene sentido: los poderosos retribuyen las “lealtades”, pero al dolor de los débiles no se le puede sacar ningún provecho.

Por eso estoy segura de que estos miserables (sorry el francés), que hoy insultan y piden pena de carcelería para dos mujeres partidas por el dolor y la ausencia de justicia, hubieran salido a lloriquear por Goliat cuando David le dio con una piedra en el ojito.

https://larepublica.pe/opinion/2024/01/24/quieren-justicia-tengan-caramelos-por-maritza-espinoza-342401

https://www.leerydifundir.com/2024/02/peru-quieren-jus…tengan-caramelos/ 

Perú: Cayara, causa finita

Gustavo Espinoza M.

A Agustín de Hipona le debemos una frase que se hizo célebre en los debates eclesiales: “Roma locuta, causa finita”. La expresión latina, en español actual, se traduce así: “Roma ha hablado, el caso está cerrado”

Nosotros podemos atribuir el tema a lo ocurrido en Cayara, la localidad ayacuchana que en mayo de 1988 fue escenario de una horrenda masacre. Durante 35 años se discutió el tema, y se puso en duda la versión de los familiares de las víctimas.

Recientemente, el Poder Judicial zanjó el asunto poniendo las cosas en su lugar; pero aún más recientemente vino una versión definitiva y contundente: el Gobierno de los Estados Unidos desclasificó documentos secretos de la época, que confirman que la matanza de Cayara se produjo por acción de destacamentos militares del Estado Peruano, y que las víctimas no fueron “terroristas”  –como se dijo siempre-  sino campesinos desarmados. .

Quienes no tienen oídos para recoger la versión de “los de abajo”, sí están  prestos a atender las informaciones que provienen de Washington, porque forma  parte de su “universo ideológico”. Para ellos, la palabra de la Casa Blanca equivale a la versión de Roma para los creyentes; y podemos, por eso, considerar cerrado el caso. Se acabó el debate.

Hace un par de semanas, el Poder Judicial dictó una    sentencia que afectó a mandos militares y soldados. Quedó, sin embargo “en suspenso” la sanción mayor, contra el general Valdivia, quien se libró de la condena por una razón muy simple: está prófugo

Recordemos. El 13 de mayo de 1988 en muchas poblaciones del ande se celebró una fiesta religiosa referida a la Virgen María. Cayara, no fue una excepción. Allí los campesinos cantaron, danzaron y bebieron hasta el amanecer, cuando decenas de ellos, encontraron la muerte.

En medio de la fiesta, los pobladores no repararon en una explosión ocurrida en la carretera que bordeaba la localidad. Alguien había instalado una carga que detonó en el instante en el que atravesaba la zona un mini convoy integrado por 3 vehículos militares: En el segundo,  viajaban un oficial y  tres soldados que  fallecieron de inmediato.  Los uniformados de las otras unidades, reportaron el hecho- .

El general Valdivia Dueñas, jefe del Comando Político Militar, dispuso que en forma inmediata, columnas del Ejército que operaban en la zona, se constituyeran en la localidad de Cayara y obraran de acuerdo a indicaciones precisas. A partir de allí, se desencadenaron los hechos

La primera de estas brigadas ingresó al poblado alrededor de las 8 de la mañana del día 14. A unos 600 metros de la plaza principal, encontró bebido a un poblador de apellido Asto, y lo mató.

Luego se dirigió a la Plaza, donde las mujeres estaban hilando. Inquirió por los hombres, y le dijeron que 5 estaban en el interior del templo restaurando el altar. El destacamento ingresó al lugar, cerró las puertas y comenzó a “interrogar” a los pobladores.

Poco después, los 5 estaban muertos.  Luego, los soldados preguntaron por los demás hombres y les indicaron que se hallaban en la zona de Jeshua, haciendo la cosecha. Fueron allí, y los encontraron.

El ritual siguiente, fue dantesco: Los soldados conminaron a los campesinos a quitarse las prendas superiores y echarse boca abajo, les  colocaron pencas de tunas en la espalda y los fueron pisando,  al tiempo que les enrostraban el “atentado” consumado la noche anterior.

Como ninguno pudo responder nada coherente, los fueron atravesando con bayoneta calada, hasta que murieron.  Cuando no quedó ninguno con vida, los soldados abandonaron el pueblo.

En el Congreso de la República, el miércoles 18 recogiendo un informe proporcionado por el Alcalde de Huamanga, Fermín Azparrent, tuve la posibilidad de denunciar el hecho. El viernes viajamos a Huamanga el Senador Diez Canseco y los diputados Simon Munaro, Medina Oriundo, Valer Lopera y yo.  Con nosotros, estuvo el Fiscal Carlos Escobar, que asumió valerosamente el caso.

Luego de procurar vanamente apoyo para trasladarnos a Cayara, obtuvimos de las autoridades militares sólo respuestas negativas, y veladas amenazas referidas al “inmenso peligro” que corríamos si intentábamos viajar a una zona “escenario de violentos combates”  entre el ejército y las bandas terroristas que asolaban la zona.

Finalmente partimos por nuestra cuenta. No fue fácil el viaje. En Cangallo y Huancapi, se nos dijo que nuestras vidas estaban en riesgo porque los senderistas “combatían por todas partes” Entendimos que lo que se buscaba era que no arribáramos a Cayara.

Finalmente lo hicimos, el sábado 21 a las 3 de la tarde. Allí recogimos evidencias de lo ocurrido. Al retorno, en el Programa de Cesar Hildebrandt, tuve la oportunidad de presentar un informe detallado de lo acontecido.

El gobierno aprista buscó darle largas al asunto. En ese lapso, se creó una versión fantasiosa de los hechos.   Se habló de “columnas senderistas”, que nunca existieron, de “combate abierto”, que jamás se produjo; y se aludió, a “bajas” mutuas: 4 “valerosos uniformados” y “una veintena de terroristas abatidos” , obviamente, los campesinos de  Jeshua.

Así,  fue sepultada la verdad durante casi 36 años. Finalmente, salió a la luz gracias a la pertinacia de los defensores de los Derechos Humanos, la voluntad de algunos jueces y los documentos desclasificados en Washington. Una buena lección para los asesinos de ayer, y de hoy.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://www.leerydifundir.com/2023/09/peru-cayara-causa-finita/

Perú: El sepelio de los soldados

Gustavo Espinoza M.

Más allá de las versiones en torno a los sucesos de Juli e Ilave, las ceremonias fúnebres del 8 de marzo, adquirieron un carácter simbólico. La ausencia del alto mando militar y de las autoridades del Estado en las exequias de los uniformados, y la asistencia masiva de la población aimara; fueron la confirmación evidente de una verdad negada.

La Prensa Grande, y en particular la Televisión Peruana urdieron una mentira de almanaque, orientada a demostrar que los reclutas que perecieron ahogados en el río el domingo 5 de marzo fueron víctimas de los comuneros. Dijeron sin ambages que “una turba de pobladores” los acosó y persiguió con crueldad  hasta obligarlos a meterse al río “para salvarse”.

Para mostrar la “autenticidad” de la versión, la Tele convirtió en un sólo video dos hechos ocurridos en días diferentes, y en lugares distintos. La primera parte del video mostrado, correspondía al sábado 4 de marzo, y fue filmada en Juli. La segunda, recoge hechos ocurridos al día siguiente, el domingo 5, y fue tomada en Ilave. Por lo demás, los pobladores que aparecen en uno y otro video, son diferentes. Se trata en un caso, de comuneros de Juli y en el otro, de pobladores de Ilave. Por arte de magia, se “juntan” los dos videos, como una sola secuencia. Eso, descalifica todo.

El sábado 4, en efecto, los comuneros de Juli hostigaron a los soldados  y les enrostraron su presencia en una circunstancia en la que habían venido para “coordinar” acciones con la Policía Nacional, acusada por los pobladores de alevosos ataques a la ciudadanía. Los soldados, jaqueados por la multitud, huyeron, y se refugiaron en la Base Militar de la localidad. Hasta allí la población los siguió para hacerle sentir su rechazo. En esa circunstancia, efectivos de la Base hicieron uso de disparos, provocando heridas a 5 personas. Esa confrontación, sin embargo, concluyó allí.

Al día siguiente, ya en Ilave se produjo otro hecho. El escenario era distinto, como lo eran también tanto los comuneros, como los soldados. Allí, el Capitán Frisancho -hombre con antecedentes oscuros y  acusaciones penales- dispuso que sus soldados –“los perros”, los llamaba- “vadearan” el río portado mochilas, fusiles e indumentaria de combate. Como “las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones siendo el único responsable de las mismas el superior que las dicta”; los soldados acataron lo dispuesto, aunque algunos de ellos, no sabían nadar. “Vayan agarrados unos de otros por los brazos”, pareciera les dijo el autor de las órdenes, que cautelosamente, se quedó en la orilla.

Estando en el río, y ante la furia de la corriente y la extrema frialdad de las aguas, los uniformados se fueron soltando para quedarse en la libertad de nadar: La corriente los separó, y quienes no supieron desenvolverse ante esa contingencia, quedaron a la deriva y se ahogaron. Los Comuneros, ubicados en el cerro, gritaban consignas, pero no podían lanzar nada por la distancia que los separaba de los soldados. Percibieron, sin embargo, que estos se ahogaban y corrieron a auxiliarlos. Lograron salvar a 5, pero uno ya era cadáver, y otros habían desaparecido. Los encontraron luego fallecidos. La necropsia fue inapelable: hipotermia y muerte por ahogamiento

Vistas así las cosas, es meridianamente claro que la Televisión manipuló descaradamente los hechos y mintió a sabiendas con un propósito avieso: atribuir la culpa a los comuneros -“la turba”, como los llamó peyorativamente-. Pero si fue indigna la conducta de la Tele, peor fue el comportamiento de la cúpula castrense. Ella no debió comprometer opinión, sin investigar los hechos recurriendo a fuentes confiables. Y no debió avalar el operativo frustrado, dado su trágico desenlace. Optó sin embargo por transitar en contra de la verdad, y cargó contra los comuneros con una ligereza enfermiza. Los hechos le saltaron a la cara y demostraron la precariedad de su versión.

Es claro que el Jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada no la tenía fácil. Juzgó su deber “salvar al Superior”, porque, obviamente, él es el Superior, y debe cuidar su propio pellejo. Pero, además, debió justificar el que los soldados no hubiesen hecho uso de sus armas. Y no podía admitirlo  porque no era necesario: no estaban amenazados por nadie. Si lo decía, se caía la versión de la Tele.

Buscó entonces jugar una partida a dos bandas. Por un lado “humanizar” a su tropa, asegurando que no iba a disparar contra el pueblo. Por otro, devolver la piedra que le lanzara Otárola en su deposición ante la Fiscalía. Allí, el Primer Ministro dijo emulando a Pilatos: “Los Mandos Militares no nos consultan sus Operativos”. El general, dijo aludiendo al gobierno: “no podemos hacer uso de las armas”. En otras palabras, nos exponen inermes.

Quizá si en otras circunstancias, un brulote como el urdido en torno al tema, hubiese sido aceptada por la ciudadanía. Pero ocurre que así como no hay crimen perfecto, tampoco hay mentira perfecta. Y hubo una pieza que hizo que cayera todo el andamiaje laboriosamente construido: la versión de Liubomir Fernández, corresponsal de la República, y el único que estuvo en Ilave la mañana del domingo 5, en las proximidades de los comuneros. El vio todo y describió todo. Nadie pudo desmentirlo. Por eso, lo odian.

A partir de allí, cayó el telón. Nadie del gobierno, llegó a los funerales;  y tampoco asomó el Mando Castrense. Las víctimas eran gente del pueblo, aimaras todos, hijos de comuneros y hermanos de comuneros. Por eso fueron enterrados en familia, en lo que Federico Engels llamara  “la familia extensa”, es decir la Comunidad entera .

Todo ello explica la infinita ira del Comando Conjunto de la FF.AA. que se expresó en un video torpe, venenoso y vengativo contra los comuneros; y el ataque físico al periodista Fernández. Finalmente, fue la voz de la impotencia la que habló, fusil en mano.

https://www.calameo.com/read/007287709645b3bc2c5e1

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-sepelio-los-soldados/

Perú: La verdad sale a la luz

Ronald Gamarra

La verdad sobre lo ocurrido en Ayacucho el 15 de diciembre, donde 10 personas murieron durante las protestas en esa ciudad, se ha abierto paso gracias a profundas investigaciones de IDL-Reporteros y esta revista. La primera conclusión es que las autoridades mintieron absolutamente, con total descaro y abierto cinismo, sobre lo acontecido y sus circunstancias. Engañaron desde la presidenta Dina Boluarte, pasando por el presidente del Consejo de Ministros de entonces, Pedro Angulo, y sus ministros de Interior y de Defensa, este último Alberto Otárola, actual primer ministro. Falsearon la realidad entonces y después, y siguen manteniéndose en ello ahora.

Las pruebas son contundentes, objetivas e incuestionables, diría que definitivas. Ante los enormes vacíos de la versión oficial y la indiferencia del gobierno frente a estos y otros graves hechos que implican decenas de muertes en las manifestaciones de protesta de diciembre y enero, y ante la inefectividad de la administración de justicia, un puñado de periodistas de investigación se puso a rastrear los acontecimientos, buscar información policial y militar, recoger testimonios, hacer líneas de tiempo y recopilar videos grabados por personas individuales o cámaras callejeras. El resultado apareció el pasado fin de semana en ambos medios mencionados y coincidían en sus conclusiones. La versión oficial, cómo no, era una vulgar mentira.

Nos dijeron desde el gobierno que las muertes se produjeron en circunstancias en que una multitud beligerante trataba de tomar por la fuerza las instalaciones del aeropuerto de la ciudad, una infraestructura cuya importancia nadie pone en duda. La fuerza militar habría actuado in extremis ante el ataque. La discusión, entonces, se trasladó al terreno de saber si se había actuado correctamente en el empleo de la fuerza al defender el aeropuerto o si se había hecho un uso abusivo de ella. Naturalmente, había en la propia versión oficial demasiados indicios de que se había incurrido en la hipótesis del uso desproporcionado de la fuerza, empezando por el recurso a las armas de guerra.

Los informes de IDL-Reporteros y esta revista prueban de manera irrefutable que ninguna de las muertes se produjo en el aeropuerto. Todas sucedieron fuera de esas instalaciones, incluso la mayoría de ellas a distancia muy considerable del aeródromo, a varias cuadras de él. Más aún, las víctimas en ningún caso portaban armas de ningún tipo ni estaban en posición o actitud de atacar. Incluso un chico de 15 años es asesinado cuando cruzaba a solas una calle, sin participar en manifestación alguna. Se trata de víctimas causadas por patrullas militares que persiguen gente y tiran a matar, no que se defienden de los ciudadanos que protestan.

Paradójicamente, en una zona del mismo aeropuerto que estuvo ocupada por más de tres horas por un grupo de manifestantes que llegó a colocarse en un extremo de la pista, la patrulla militar de esa área pudo contenerlos y al final desalojarlos sin hacer uso de sus armas de guerra ni causar lesiones o muertes. Y sucede, sin embargo, que la mayoría de las víctimas se produce en los alrededores, cuando ya el establecimiento estaba completamente bajo control castrense, desocupado de ciudadanos en marcha. El contraste entre la patrulla que controla y desplaza a los manifestantes de la referida pista sin causar muertes y el comportamiento de la o las patrullas que actúan en persecución de los ciudadanos cuando ya el aeropuerto está libre, y los tirotean hasta ejecutarlos, evidentemente obedece a alguna orden. No responde a la mera y unilateral decisión de soldados descontrolados, incontinentes, carniceros.

El gobierno está en la obligación ineludible de responder ante estas investigaciones periodísticas de calidad y rigor impecables. Sin embargo, hasta el momento de escribir este artículo, todos los funcionarios del gobierno, desde la presidente Dina Boluarte, pasando por todos sus ministros, guardaban un silencio ominoso y muy revelador. No es haciéndose el desentendido que se pueden eludir las responsabilidades por acción u omisión. Las fuerzas armadas también, en particular, le deben una explicación al país. Y las aclaraciones sólo son el primer paso porque es imprescindible que aquí se imponga la justicia, que ha de llegar, tarde o temprano.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 623 año 13, del 17/02/2023, p15

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