Perú: La represión como espejo del régimen inoperante y corrupto

Diego García Sayán

Los peruanos no parecen resignarse a esta farsa. El 2026 será el momento de decidir entre prolongar esta decadencia, con algunos de los partidos que hoy gobiernan, o abrir un nuevo capítulo.

El sábado 27 de septiembre, Lima fue escenario de una protesta convocada principalmente por estudiantes y trabajadores jóvenes, además de transportistas. Todos hartos de la inseguridad y la corrupción, y con el trasfondo de la oposición a la reforma del sistema de pensiones. Se transformó en un campo de batalla por fuerte represión policial (…) El saldo: 24 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista de salud. Un adulto mayor fue golpeado en la cabeza por un agente que descargó su vara sin provocación, imagen que circuló en redes sociales como símbolo de la violencia estatal.

Esta reacción es la confirmación de que el aparato policial, lejos de proteger, actúa como brazo represivo de un gobierno acorralado por su propia inoperancia. Y que, por el contrario, más bien se arrojó a la irresponsabilidad fiscal con transferencias a su aliado alcalde de Lima y próximo candidato presidencial. En su debilidad, el régimen gangrenoso recurre a la fuerza contra quienes lo cuestionan.

(…) El verdadero crimen es la impunidad con que operan las mafias de extorsión, el sicariato en barrios populosos, la complicidad del Legislativo, la corrupción en contratos estatales y la indiferencia con que se ignora la precariedad de millones de peruanos. Mientras tanto, la Policía despliega gases, perdigones y golpes contra jóvenes.

La ineptitud del gobierno de Dina Boluarte se mide en cada respuesta fallida: ninguna estrategia de seguridad que funcione, ningún liderazgo capaz de unir al país, ninguna política pública coherente. Y se mide también en el desprecio hacia la juventud, que ya no cree en un Estado que los reprime en lugar de escucharlos.

Los peruanos no parecen resignarse a esta farsa. El 2026 será el momento de decidir entre prolongar esta decadencia, con algunos de los partidos que hoy gobiernan, o abrir un nuevo capítulo. No basta cambiar nombres: necesitamos un gobierno y un Congreso radicalmente distintos, comprometidos con la justicia, la democracia y la vida digna.

Y esa reconstrucción pasa por la verdad. Un nuevo gobierno debería convocar a una Comisión de la Verdad sobre las tropelías producidas por este régimen.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/10/02/la-represion-como-espejo-del-regimen-inoperante-y-corrupto-por-diego-garciasayan-hnews-123548

https://www.leerydifundir.com/2025/10/peru-la-represio…perante-corrupto/

Perú: Caso Jaime Ayala: una sentencia histórica en contra de la impunidad

Diego García Sayán

La correcta decisión judicial de la Cuarta Sala Penal reveló que sí puede existir una magistratura valiente e independiente del poder de turno.

Han pasado más de 40 años desde que en Ayacucho, Jaime Ayala, joven periodista de 22 años, fue visto por última vez. El 2 de agosto de 1984, se dirigió al comando de la Marina, ubicado en el Estadio de Huanta, para denunciar el allanamiento que había sufrido su madre el día anterior y los golpes que recibió su hermano a manos de los militares que allí habían irrumpido.

Eran tiempos duros y difíciles para el pueblo ayacuchano, afectado directamente por el accionar de Sendero Luminoso, que tenía a Ayacucho como su “centro”, y golpeado brutalmente por formas indiscriminadas de represión militar.

Como lo ha documentado sólidamente la Comisión de la Verdad, en una larga fase de la guerra antisubversiva, destacaba el accionar represivo proveniente de destacamentos de la Marina. Su comandancia, para estos efectos, se encontraba en un espacio físico de Huanta, el Estadio Municipal.

A los pocos días de instalada esa base militar en Huanta, los vecinos y la gente, en general, vieron que allí “pasaban cosas”. Personas que ingresaban y que nunca más salían, o patrullas militares violentas —con personal enmascarado— que emergían, periódicamente, del improvisado cuartel, dejando en la zona una secuela de terror y angustia.

Símbolo de atrocidades

Historias conocidas por cualquiera que no quiera meter su cabeza dentro de un hueco (como un avestruz). Hubo casos de personas que ingresaron a ese cuartel y no volvieron a ser vistas. Jaime Ayala Sulca fue uno de ellos.

Ayala tenía un programa periodístico radial en Huanta y era corresponsal del diario La República. Cubría noticias sobre el accionar senderista, pero también recogía denuncias por abusos contra la población civil en el marco del conflicto armado interno, como casos de tortura, desapariciones, ejecuciones o detenciones ilegales producidas por efectivos de la Marina en Huanta. Y Ayala acabó siendo víctima de ese accionar represivo a las pocas semanas.

El 2 de agosto de 1984, Jaime Ayala fue al Cuartel de la Infantería de Marina, ubicado en el Estadio, para denunciar el allanamiento que había sufrido su madre en su casa la noche anterior. Nunca volvió a ser visto. Varios testigos que hablaron con el Ministerio Público y con la Comisión de la Verdad señalaron que vieron entrar al periodista al estadio ese día, pero nunca lo vieron salir.

Durante el mismo fatídico año 1984, varios estudiantes de la Escuela Normal de Huanta y profesores de la zona fueron detenidos bajo sospecha de vínculos con Sendero Luminoso. Algunos fueron llevados a ese cuartel de la Marina. Nunca más fueron vistos.

El Estadio de Huanta quedó marcado como un símbolo de las atrocidades cometidas y de la memoria de las víctimas. Existen organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas que aún buscan justicia. Pero la justicia ha sido más bien esquiva, pues ha tendido a prevalecer la impunidad.

En ese difícil 1984, Julia Sulca, madre de Jaime, presentó denuncia ante el Fiscal de la Nación de ese entonces, doctor Álvaro Rey de Castro, destacado y recto jurista. Rey de Castro, en valiente afirmación de su autoridad, se trasladó a Huamanga y Huanta, y dispuso el accionar de la fiscalía. Sobre la base de las múltiples evidencias del ingreso de Jaime Ayala a la Base de Infantería de la Marina, y pese a que la detención era negada por las autoridades militares, en febrero de 1985 el fiscal provincial, Mario Gilberto Miranda Garay, formalizó denuncia penal contra el Capitán de Corbeta A.P. Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén y el Oficial de Mar Román Manuel Martínez Heredia, como presuntos autores del delito contra la libertad individual (secuestro) en agravio de Jaime Ayala Sulca.

Ninguno —Artaza ni Martínez— llegó a ser procesado ni condenado. El contexto político e institucional del momento no lo permitió, y Rey de Castro concluyó su gestión a los pocos meses (mayo de 1985). Como se sabe, después Artaza se “hizo humo”. Y actualmente, varios años después, es aún un muy sospechoso —¿y protegido?— no habido.

Pero este 2024, la correcta decisión judicial de la Cuarta Sala Penal reveló que sí puede existir una magistratura valiente e independiente del poder de turno.

Una “sentencia histórica”

Como ha destacado recientemente la periodista colombiana Silvia Higuera, del LatAm Journalism Review (LJR), a fines de septiembre, “un tribunal peruano condenó al exmilitar —marino— Alberto Rivero Valdeavellano a 18 años de prisión por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, cometida por sus subordinados en Ayacucho hace 40 años”. La sentencia establece que la desaparición de Jaime Ayala fue parte de un patrón sistemático de represión y ataques contra periodistas, activistas y ciudadanos, bajo la política contrainsurgente del gobierno de la época.

Ordenó también que se indemnice con 100,000 soles y medidas de reparación integral, como atención psicológica y médica, a los familiares directos de la víctima. Finalmente, estableció que el Estado ofrezca disculpas públicas por “la equivocación grave a que sometieron a los agraviados y sus familiares al considerarlos injustamente elementos terroristas”, según la sentencia.

Esta importante decisión judicial fue adoptada por la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria, presidida por la jueza Miluska Cano. En su fallo, Cano destacó que "la desaparición de Jaime Ayala constituye un crimen de lesa humanidad, que no prescribe". Y subrayó la necesidad de reparar a los familiares de la víctima, quienes han luchado durante 40 años en busca de justicia y verdad.

Prevalece la imprescriptibilidad

Manda y prevalece la imprescriptibilidad en un caso de desaparición forzada como este. En el que la desaparición forzada no ha cesado. Así, de existir un plazo para la prescripción en la ley penal, este solo se podría empezar a contar “a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito” (art. 8).

Ello porque, al ser un delito continuado, éste se sigue cometiendo mientras no aparezca la persona desaparecida o secuestrada. Principio claramente establecido en el derecho internacional, de obligatorio cumplimiento, al estar de por medio tratados internacionales de los que es parte el Perú. Entre ellos, la Convención Internacional sobre la materia. Que no solo establece que la práctica de las desapariciones forzadas es un crimen de lesa humanidad (art. 5), sino que se debe sancionar a la(s) persona(s) responsable(s). Eso es lo que, correctamente, ha hecho la Cuarta Sala Penal Nacional.

El derecho internacional no le reconoce validez jurídica a las normas inconstitucionales que apuntan a la impunidad, como la perpetrada este año por el actual Congreso, la llamada “ley Rospigliosi”. El Congreso del pacto ha llegado a intentar, en contra del derecho internacional del que el Perú es parte, la prescripción de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

Este intento no buscaba más derechos o bienestar para la gente, sino, específicamente, impunidad de criminales que pertenecen a una institución del Estado. Como los condenados oficiales de la Marina —hoy prófugos— que tuvieron el mando en el cuartel de la Infantería de Marina (Estadio de Huanta) y que fueron procesados y condenados por cometer atrocidades.

Mancharon, así, con crímenes graves, el prístino uniforme de la Marina de dignos oficiales como Miguel Grau, Aurelio García y García o Carlos Ferreyros.

Vergüenza, pues, la conducta de quienes intentan que no comparezcan judicialmente individuos que delinquieron, manchando el sagrado uniforme de nuestros oficiales patriotas.

https://larepublica.pe/opinion/2024/11/14/sentencia-historica-en-contra-de-la-impunidad-por-diego-garciasayan-286416

https://www.leerydifundir.com/2024/11/peru-caso-jaime-…ica-la-impunidad/

Perú: Las palabras y la pared

Natalia Sobrevilla

La tregua por las fiestas de fin de año terminó hace unos días y en varias localidades del sur las carreteras han vuelto a ser tomadas, los aeropuertos se ven otra vez amenazados y un número importante de personas están dispuestas a tomar por asalto los espacios que representan a los poderes del Estado.

Las nuevas autoridades municipales, distritales y provinciales elegidas en octubre pasado acaban de juramentar en todo el país y tenemos nuevos gobernadores regionales que deben comenzar sus periodos en medio de esta convulsión. El descontento reina en muchas de las regiones del país, mientras que en Lima se vive una calma tirante, debida en gran medida a la presencia de la policía y los militares que han resguardado diferentes puntos de interés y que han desalojado violentamente a personas de una plaza principal de la capital por temor a posibles movilizaciones.

El Congreso, que debería tomar la iniciativa y buscar la solución más apropiada a las protestas con la mayor celeridad, parece haber decidido que es el mejor momento para tratar de desestabilizar a las instituciones dedicadas a organizar las elecciones y a supervisarlas con su propuesta de recortar el mandato de los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), además de buscar requerir menos votos para la elección del Defensor del Pueblo. Todo esto mientras algunos congresistas buscan hacer posible la reelección congresal inmediata (por un periodo), o incluso de introducir la bicameralidad: en vez de trabajar para asegurar que las elecciones por las que claman muchos, sobre todo en las regiones, se lleven a cabo lo más pronto posible, buscan tomar control sobre el proceso.

En medio de esta situación enrarecida vemos con preocupación que los llamados al diálogo parecen caer en saco roto. Si bien la presidenta Boluarte ha solicitado que se reúna el Acuerdo Nacional lo más pronto posible, cabe preguntarse si este espacio tiene realmente la capacidad de darle una voz y representación a quienes hoy protestan. En una situación tan al borde del abismo, cuando la pradera está completamente seca y los fósforos y las chispas acechan, hablar es particularmente necesario.

Las palabras importan y en este momento vemos que se usan indiscriminadamente para atacar y agredir. Con cuánta facilidad se dice que “hay que meterle bala a esta gente”, hay que “acabar” o “exterminar” a los “revoltosos”, incluso he oído de alguien que, con toda naturalidad y desparpajo, ha comentado que es necesario “fumigar el país”, además de quienes llaman a sus compatriotas “parásitos”. ¡Con qué facilidad se habla de genocidio cuando tenemos casi treinta muertes que lamentar!

Es increíble que el año en que conmemoramos los veinte años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una de las palabras que más se escuche como insulto y para meter miedo es “terruco”, o como se usa cada vez más, simplemente “tuco”. El terrorismo sigue presente en la mente de muchos. Son ya varias las personas a las que escucho decir que hace falta que se vuelen una torre de alta tensión para que se pueda comenzar a matar gente, que el error de Fujimori fue no matar a todos para que muerto el perro, esté muerta la rabia.

Este nivel de violencia verbal no es menor. Las palabras importan, y quienes son capaces de decir con tanta facilidad que la solución es la muerte, deberían ponerse a pensar que lo que promueven nos encamina a otro baño de sangre, como si no hubiésemos sufrido ya suficiente.

En estos días de tenso paréntesis se ha visto en cines una hermosa película en quechua, Willaq Pirqa, El cine de mi pueblo, que retrata a una comunidad andina que descubre la magia del cine a través de los ojos de un niño tierno y curioso. La acción discurre en un tiempo un poco indeterminado, pero que intuimos que pueden ser los 80 por un personaje femenino que sufre por la desaparición de su hijo universitario, la única referencia del film a la violencia vivida en el país, aunque César Galindo, el director, haya dicho que se sitúa en los años 70.

La película logra presentarnos el dilema de la falta de comunicación entre quienes hablan quechua y los que hablamos español y de cómo hasta hace muy poco era casi absurdo imaginar que pudieran existir películas en lenguas originarias que contaran historias desde su perspectiva y representaran a los más relegados. La traducción literal de Willaq Pirqa es “la pared que habla” y fue grabada en Maras y Moray en 2017. Sistu, el personaje principal, se roba nuestros corazones con su inocencia infantil. Pero como me dijo alguien ayer, el actor que lo interpreta y que ha venido a Lima para promocionarla ya está hoy en edad “terruqueable”.

Esta película y los comentarios de quienes denigran a sus compatriotas son ejemplos complementarios de que las palabras importan mucho, muchísimo, en un país escindido. Un país donde en vez de buscar el diálogo, ejercemos una profunda violencia verbal.

https://jugodecaigua.pe/las-palabras-y-la-pared/

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