Perú: La represión como espejo del régimen inoperante y corrupto

Diego García Sayán

Los peruanos no parecen resignarse a esta farsa. El 2026 será el momento de decidir entre prolongar esta decadencia, con algunos de los partidos que hoy gobiernan, o abrir un nuevo capítulo.

El sábado 27 de septiembre, Lima fue escenario de una protesta convocada principalmente por estudiantes y trabajadores jóvenes, además de transportistas. Todos hartos de la inseguridad y la corrupción, y con el trasfondo de la oposición a la reforma del sistema de pensiones. Se transformó en un campo de batalla por fuerte represión policial (…) El saldo: 24 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista de salud. Un adulto mayor fue golpeado en la cabeza por un agente que descargó su vara sin provocación, imagen que circuló en redes sociales como símbolo de la violencia estatal.

Esta reacción es la confirmación de que el aparato policial, lejos de proteger, actúa como brazo represivo de un gobierno acorralado por su propia inoperancia. Y que, por el contrario, más bien se arrojó a la irresponsabilidad fiscal con transferencias a su aliado alcalde de Lima y próximo candidato presidencial. En su debilidad, el régimen gangrenoso recurre a la fuerza contra quienes lo cuestionan.

(…) El verdadero crimen es la impunidad con que operan las mafias de extorsión, el sicariato en barrios populosos, la complicidad del Legislativo, la corrupción en contratos estatales y la indiferencia con que se ignora la precariedad de millones de peruanos. Mientras tanto, la Policía despliega gases, perdigones y golpes contra jóvenes.

La ineptitud del gobierno de Dina Boluarte se mide en cada respuesta fallida: ninguna estrategia de seguridad que funcione, ningún liderazgo capaz de unir al país, ninguna política pública coherente. Y se mide también en el desprecio hacia la juventud, que ya no cree en un Estado que los reprime en lugar de escucharlos.

Los peruanos no parecen resignarse a esta farsa. El 2026 será el momento de decidir entre prolongar esta decadencia, con algunos de los partidos que hoy gobiernan, o abrir un nuevo capítulo. No basta cambiar nombres: necesitamos un gobierno y un Congreso radicalmente distintos, comprometidos con la justicia, la democracia y la vida digna.

Y esa reconstrucción pasa por la verdad. Un nuevo gobierno debería convocar a una Comisión de la Verdad sobre las tropelías producidas por este régimen.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/10/02/la-represion-como-espejo-del-regimen-inoperante-y-corrupto-por-diego-garciasayan-hnews-123548

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Perú: Obediencias

César Hildebrandt

"El Perú se entregó a Fujimori, pero Fujimori no devolvió el Perú"

La señora Boluarte obedece de modo invertebrado a Keiko Fujimori.

La señora Fujimori obedece a los empresarios que le den dinero, a los pobres que le sigan creyendo, a los parásitos que la rodean y que la usan para llegar al Congreso.

De esas obediencias serviles surge este tiempo circular, esta repetición de pesadilla, este cáncer tenaz que padece el Perú.

El fujimorismo no entiende otro poder que el de su propia metástasis. Es imposible imaginar siquiera a Fuerza Popular gobernando a partir de negociaciones, búsqueda de acuerdos, tratos entre pares. El fujimorismo desprecia la política y ama las mayorías aplastantes, el abuso del cargamontón, el éxtasis de la aclamación. El fujimorismo es el estalinismo del Tren de Aragua.

La heredera de la mafia paterna, la señora K, trata de imitar a su padre. Pretende ignorar que su padre actuó en el escenario especial de un país que el talento inercial de Belaunde y el arte saqueador de García habían ayudado a ser ingobernable. Era un país que parecía póstumo y en el que unas montoneras de maoístas vomitados por el odio volaban torres, mataban a autoridades rurales, masacraban campesinos, enfrentaban a policías y militares y querían hacer de Ayacucho la capital de un reino del terror.

Fue en ese escenario infernal en el que surge la ficticia figura de un japonesito honrado y trabajador que venía de la nada y lo haría todo. Y cuando ese peruano a medias, que tenía en la memoria el agravio perpetrado contra sus ancestros en el Perú de 1942, se irguió como dictador, la gente lo quiso más que nunca. Del mismo modo que había aceptado que San Martín fuese nuestro protector y Bolívar el dictador vitalicio y coronado.

La consecuencia del espanto y la parálisis suele ser la sumisión y hasta la indignidad. Y el Perú fue sumiso e indigno ante Fujimori porque Fujimori enfrentó la crisis con éxito. Un país agachado aceptó el sacrificio de perder su condición de ser una suma de ciudadanos y se resignó a ser masa agradecida, colas de pedigüeños, vítores de quien recupera el aliento.

Pero Fujimori no entendió que esa entrega de derechos era un paréntesis, una renuncia a plazo fijo, y convirtió los tiempos de excepción en método de gobierno. Y añadió la corrupción más absoluta y la concentración de poder más repugnante del siglo XX peruano. El Perú se entregó a Fujimori, pero Fujimori no devolvió el Perú. Se quedó con él como si fuera su Pampa Bonita e hizo de él una satrapía personal en la que los jueces, los congresistas, los fiscales, el contralor, el Tribunal Constitucional, el poder electoral, la defensoría y, por supuesto, las fuerzas del orden actuaran en condición de rehenes y firmaran lo que fuera bajo chantaje de hacer públicas sus mugres. Para construir esa organización de vocación siciliana, Fujimori tuvo que rodearse de lo peor: maleantes, asesinos, ladrones y traidores. Por eso terminó como terminó: devorado por sus sombras y en la cárcel.

Keiko Fujimori cree haber heredado una parte del fujimorismo. No la que sacó al país de la inflación y la amenaza del terrorismo, sino de aquella que tuvo como protagonista a su padre en versión degenerada, a Vladimiro Montesinos tal como había sido siempre, a Hermoza Ríos como Caco o a Chlimper como mercader de Venecia. La heredera cree que su destino es repetir la etapa tumoral del gobierno paterno.

Y por eso está feliz. Con esta Dina Boluarte salida del basurero y con el auxilio de mafiosos de todo pelaje, ha logrado gobernar sin la tediosa necesidad de ganar las elecciones. Y, en homenaje del lado B de su padre, ha creado una defensoría apócrifa, un Tribunal Constitucional podrido, una SUNEDU flechada con curare, un Congreso que legisla para el crimen y la impunidad, una fiscalía reocupada por la bazofia caserita de Willax y un poder judicial al que se quiere someter siguiendo los métodos de Fernando Rospigliosi.

Ahora quiere que todo eso se ratifique el 2026 en elecciones que un Jurado Nacional de Elecciones sometido y una ONPE domada convaliden siguiendo, si es necesario, las actas de las Fuerzas Armadas.

La señora Keiko cree que el Perú le debe la reivindicación del apellido que manchó su padre. Cree que el Perú es lo suficientemente miserable como para apelar a la nostalgia y devolvernos a la época en que Blanca Nélida Colán mataba las investigaciones que comprometían al régimen. Está convencida de que amamos el cáncer. Y supone que si Dina Boluarte fue su mucama, los peruanos, en general, seguiremos ese camino y terminaremos aceptando que Miki Torres nos diga dónde ir, que la Moyano establezca dónde no ir y que Erasmo Wong nos recomiende qué comprar. La señora Keiko cree que la monarquía lumpen fundada por su padre a partir de 1995 está en plena vigencia y que ella será la Victoria de las barras bravas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 750 año 16, del 19/09/2025

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Perú: Primera escaramuza en torno a la amnistía

Ronald Gamarra

"El tribunal no ha aceptado la pretendida aplicación inmediata y sin reservas de la ley"

En el juicio oral que actualmente se sigue por el caso Cayara, se produjo el primer encontrón en torno a la aplicación de la reciente ley de amnistía aprobada de forma anticonstitucional y anticonvencional por el pacto mafioso que domina el Congreso y promulgada por Dina Boluarte, en abierta violación de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como sabemos, la amnistía fue promulgada en una ceremonia solemne y macabra, con olor a cuerpos quemados, con ayes de campesinos sometidos a tortura y con lágrimas de mujeres violadas, en la cual la presidenta no tuvo ningún empacho en abrazarse con un sentenciado por los asesinatos del destacamento Colina como si fuera un héroe y no un individuo que ha cumplido condena por su responsabilidad en crímenes repudiables.

En la reciente audiencia del caso Cayara, ocho militares señalados y sin decoro se acogieron a la ley de amnistía, alegando que debía beneficiarlos de manera inmediata, de tal suerte que el juicio debería cesar en el estado en que se encuentra y el caso ser archivado definitivamente por el tribunal. Dos de los acusados interpusieron recursos formales por escrito y en la misma audiencia otros seis, entre ellos el general José Valdivia Dueñas, que en ningún momento se ha dignado presentarse al proceso, se adhirieron a la misma exigencia a través de sus abogados. Se acogen a la írrita, ladina amnistía como quien dice “ampay, me salvo”, y a otra cosa, mariposa.

La representante del Ministerio Público se opuso a la pretensión planteada por los militarotes (básicamente por sus abogados, pues la mayoría de ellos no se presenta al juicio oral). La fiscal del caso, quizá iluminada por la auroral y digna postura de Ana Cecilia Magallanes en 1995, argumentó que la ley de amnistía es inaplicable por ser contraria a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de protección de derechos humanos, que están por encima y predominan sobre la ley arbitrariamente aprobada y promulgada en contra del orden jurídico del país. En consecuencia, el juicio oral debería continuar sin interrupción hasta su finalización.

En igual sentido se pronunciaron los abogados de las víctimas y sus familiares, subrayando además el enorme esfuerzo que han desplegado en casi 40 años para lograr llegar a una instancia judicial, tiempo en el cual el Estado, a través de sus diferentes gobiernos y autoridades, impidió de diversas formas toda posibilidad de identificar a los responsables de la masacre de Cayara y hacerlos comparecer ante un tribunal. Subrayaron que, incluso, los que actualmente están acusados del espanto que fue ese crimen ni siquiera cumplen con presentarse a las audiencias, a pesar de lo cual tampoco son buscados y conducidos a ella por la fuerza pública.

La Sexta Sala Penal Superior, donde se ventila el juicio oral por el caso Cayara, tomó una decisión importante ante la exigencia planteada por los abogados de los acusados. No la más justa, no la correcta, no la que pudo y debió adoptar conforme a sus convicciones jurídicas y a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, no siguió el precedente Saquicuray: declarar inaplicable la ley en el caso en concreto, y punto, continuar con el episodio judicial. Pero, en fin, rechazó la pretensión de los solicitantes de aplicar, aquí y ahora, con carácter inmediato la ley de amnistía, disponiendo la prosecución del juicio oral hasta su culminación, y definiendo que la cuestión promovida por los encausados se verá cuando el juicio termine y se dicte la sentencia que corresponde. Es decir, que de ninguna manera se quebrará el juicio, ni se archivará, y que de todos modos habrá sentencia.

De este modo, si bien ha pateado el tema de la descarada, ladina amnistía, para el final de los tiempos, cuando pudo resolverlo en el acto, el tribunal no ha aceptado la pretendida aplicación inmediata y sin reservas de la ley, que pretende quebrar las investigaciones y procesos en beneficio de estos militares que deshonraron a su institución cometiendo crímenes de lesa humanidad como la tortura, el asesinato de civiles –campesinos todos– o la violación sexual. Por el momento, es un primer punto en contra de la impunidad de crímenes que no tienen perdón alguno, de resistencia a los alegatos de olvido de los sometidos a una justicia tardía, de aguante ante la arremetida contra la justicia y la memoria por parte del pacto mafioso.

Por lo dicho, hay que tomar las cosas con prudencia, y acompañar y fiscalizar la actuación de los magistrados que integran el tribunal local, así como exigir y esperar un pronto pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prive a la ley de todo efecto jurídico, porque podría suceder que, al dictar la sentencia, la ilustrísima Sexta Sala Penal Superior nos sorprendiera disponiendo la aplicación de la ley de amnistía. Tenemos confianza en que no sea el caso, pero no podemos dejar de expresar el temor de que pudiera suceder. Lo cual, por el momento, no nos impide reconocer, a pesar de todo, esta primera decisión, pues el derecho y la justicia no pueden ni deben ser doblegados por pactos en trastienda que pretenden burlar el derecho de las víctimas y sus familiares.

Como recordamos, la masacre de Cayara fue perpetrada el 14 de mayo de 1988 en la provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho. Alrededor de 40 campesinos de la comunidad de Cayara fueron torturados y ejecutados por personal del Ejército. Previamente se había registrado un ataque de Sendero Luminoso contra un convoy militar en la localidad de Erusco, en una curva de la carretera que pasa cerca del pueblo de Cayara, donde cuatro militares fueron asesinados y otros 15 quedaron heridos. La columna senderista, por cierto, fugó de inmediato.

El Ejército montó entonces un operativo de represalia bajo la premisa de que la comunidad era parte de una “zona roja” y dio muerte a decenas de campesinos, incluidos ancianos y menores de edad, considerándolos como “base social” del terrorismo. Fue una operación llevada a cabo en el marco de una concepción profundamente equivocada, en la cual la población no se considera como un objetivo a proteger, sino como un objetivo de guerra, con el prejuicio de que los campesinos eran por sí mismos una “base social” del terrorismo, a la cual había que intimidar o represaliar con medidas extremas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 746 año 16, del 22/08/2025

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Perú: Impunidad triunfante

Carlos León Moya

"¿A Fernando Rospigliosi, que ni siquiera merece ser considerado rival sino un anélido, una lombriz de tierra?"

La nueva ley de amnistía fue promulgada por el gobierno como si de un triunfo se tratase, con actividad oficial en Palacio, con invitados, con fotitos, con sánguches y sentenciados por lesa humanidad. Más que sorprendente, es natural: un gobierno que no tiene nada que mostrar, muestra cualquier cosa. La inseguridad sigue creciendo, sí, pero es más fácil amnistiar delincuentes que atraparlos.

Las reacciones y protestas son tímidas, por supuesto. Los derechos humanos importan cada vez menos a la gente –asumámoslo, ¿no?–, y a eso debemos sumar dos cosas. Primero, la distancia temporal. Por ejemplo, la masacre de Accomarca cumple 40 años. 40. Era el primer mes del primer gobierno de Alan García. El conflicto interno es cada vez más lejano, y eso –intuyo– vuelve menos empática la demanda de justicia. Cuando uno escucha “este caso lleva 3 años sin justicia”, uno cree que está mal, que es mucho tiempo, pero que se puede revertir y que no debe quedar así. Pero cuando oye “son 40 años sin justicia”, ¿qué sucede? ¿La gente piensa “qué pena pero ya pasó mucho tiempo, échale tierrita”? Es probable.
 
Y segundo, los tres presidentes del conflicto han muerto ya. De estos, solo Alberto Fujimori fue encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad, y su ausencia –irónicamente– le ha quitado peso a la demanda por justicia. La ausencia de un “enemigo” de carne y hueso, como eran Fujimori y sus chupes, hace mucho más difícil movilizar a la gente por una causa y también trasladarle a alguien el costo político de esta decisión. Ahora que benefician a un exmiembro del Grupo Colina, ¿a quién señalas como su guachimán legal y como gran promotor de la impunidad, si Fujimori ya murió? ¿A Keiko Fujimori, que anda escondida preparando su cuarta derrota? ¿A Fernando Rospigliosi, que ni siquiera merece ser considerado rival sino un anélido, una lombriz de tierra? ¿A Dina Boluarte, que lo único que dirige es a los mozos de Palacio para que le sirvan más triples de pollo? Es difícil hacer política de oposición cuando tu enemigo no es uno solo, grande y fuerte, sino una constelación de enanos idiotas.

No hay mucho que pueda hacerse desde afuera. La presión internacional para temas de derechos humanos apenas existe. Antes, Estados Unidos enviaba comunicados de preocupación y muchos políticos –de derecha– reaccionaban a esta demanda (por ejemplo, a César Acuña le quitaron la visa por una investigación por lavado de activos). La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaba, y al interior del Estado empezaba una pugna para acatar un mandato supranacional. ¿Era convicción? Quizá era más conveniencia. Si un alto funcionario planeaba hacer después una carrera en el exterior, debía portarse bonito con ciertos organismos y no quedar como un paria que actuaba como el gobierno de Nicaragua.
 
Ahora, en cambio, el Estados Unidos de Donald Trump no se preocupa por estos temas. ¿Derechos humanos en América Latina? Jaja: muéranse. Y en consonancia con los nuevos tiempos, la Corte IDH tiene un peso pluma. Zurrarte en ellos no te convierte más en un paria. Simplemente, a nadie le importa. Israel viene llevando a cabo un genocidio en Gaza, ¿y el mundo va a estar mirando una leyecita en ese rinconcito perdido del mundo llamado Perú? Por otro lado, el alto funcionario de ahora no tiene una visión de largo plazo ni un prestigio que cuidar. Qué va a pensar en irse a Washington o a una pasantía. Es una piraña que depreda lo que tiene en frente. Le cayó de chiripa el puesto y hoy tiene que mantenerlo y exprimirlo mientras pueda. Yo no sé mañana.

Miremos a Morgan Quero. A pesar de su pasado caviar, hoy está feliz en un gobierno que promulga una amnistía. ¿Qué hará después? No importa. Ya es ministro dos años. Ya obtuvo lo que quería. ¿Y cómo le había ido antes, como caviar? Horrible. No era nada. Ni siquiera pudo ganar las elecciones para secretario general de Transparencia. ¿Le va a preocupar su futuro? Por Dios: Quero debe agradecerles a todos los santos que por fin tiene un presente. Algo similar ocurre con Fernando Rospigliosi. Primero fue maoísta, después caviar, y ahora es el que propone la amnistía del fujimorismo. Completó el círculo, pero ni siquiera por convicción, como Eudocio Ravines, sino por necesidad, como el gusano hambriento que se muerde la cola.

Sería iluso esperar una reacción inmediata a esta ley. Nada va a pasar, ni aquí ni en el exterior. La impunidad volvió a triunfar, por ahora. Pero sí estoy seguro de que a sus promotores les va a caer un sopapo de realidad en algún momento. Especialmente a Dina Boluarte. Quizá promulgó esta amnistía pensando también en ella misma –tiene 50 muertos a cuestas–, pero, a diferencia de los militares beneficiados, ella no tendrá quien la defienda después. Está sola. Las amnistías por decreto suelen caerse con el tiempo. Y los que las promulgan, también.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 745 año 16, del 15/08/2025

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Perú: MÁS ALLÁ DE LA ILEGALIDAD ESTÁ LA INDIGNIDAD

Salomón Lerner Febres

No era esperable que la presidenta de la República observara la ley dada por el Congreso para garantizar la impunidad a policías, militares y paramilitares ante las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. Su ejecutoria como jefa de Estado no permite esperar de ella gestos democráticos, humanitarios o simplemente respetuosos del Estado de derecho.

Pero si la promulgación se daba por segura, no era previsible, en cambio, que el gobierno hiciera de ella una fiesta autoritaria, una suerte de homenaje a viejos responsables de graves crímenes, a los que la presidenta saludó con especial deferencia. Al hacerlo, la jefa de Estado ha convertido este nuevo atropello del Estado de derecho en una explícita condonación del crimen, en una ceremonia de burla y escarnio a la memoria y los derechos de miles de peruanas y peruanos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, y, por último, en un gesto de radical indignidad que mancha para siempre a su persona y a su gestión, y que deshonra al Estado peruano.

Los argumentos jurídicos que despojan de toda validez a esta ley de impunidad dada por el Congreso son conocidos. En el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), hemos resaltado su insalvable contradicción con normas de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, que constituyen obligaciones para el Estado de acuerdo con la propia Constitución (lo cual reduce a un sofisma grotesco el argumento según el cual las observaciones u órdenes de instancias internacionales vulneran la soberanía nacional). Tiene valor emblemático, por lo demás, que la pieza de jurisprudencia interamericana que proscribe amnistías, indultos y otras formas de impunidad en casos de violación de derechos humanos sea, precisamente, la referida a un caso que involucra al Estado peruano: el caso Barrios Altos (el mismo caso por el que fue condenado a 25 años de prisión el exmilitar Rivero Laso, con quien Boluarte intercambiaba felicitaciones en esa vergonzosa ceremonia). En contra de esa jurisprudencia y de nuestras obligaciones internacionales, el Congreso y el gobierno han impuesto una medida de amnistía general, indiscriminada e incondicionada que, como también hemos señalado desde IDEHPUCP, equipara al Perú de hoy con las brutales dictaduras latinoamericanas de hace casi medio siglo.

Se ha pretendido sustentar este atropello alegando una presunta defensa del debido proceso de los acusados. La duración de los juicios durante décadas significaría, según este argumento, una violación del principio del plazo razonable para ser procesado judicialmente. Pero lo que no se dice es que la duración de esos juicios es resultado de una estrategia de dilación indefinida por parte de la defensa de los acusados, y que es producto, también, de la cerrada negativa del Estado a franquear el acceso a la información necesaria para el Ministerio Público y el Poder Judicial. En rigor, cualquier observador de estos dilatados procesos que tuviera algún espíritu humanitario tendría que decir que ellos significan, precisamente, una denegación del derecho a la justicia a las víctimas que ya dura décadas

No son muchos los caminos que le van quedando a la sociedad peruana para la defensa del Estado de derecho y la democracia. Hoy, frente a este atropello a las víctimas, se abre la necesidad de recurrir a las instancias judiciales nacionales e internacionales. Queda también, en manos de un puñado de jueces y juezas honestos y valientes, la posibilidad –más bien, el deber— de inaplicar esta ley, como lo han hecho frente a otras leyes igualmente inconstitucionales y contrarias al derecho internacional.

Resta también, como un deber cívico y moral, reafirmar la solidaridad hacia las víctimas del conflicto armado interno, así como también hacia las víctimas de la brutal acción de este gobierno durante los años 2022 y 2023. De hecho, hay que percibir en este último acto de indignidad un gesto literalmente ominoso: el abrazo del gobierno con los perpetradores de ayer parece expresar una ansiosa expectativa de impunidad para los perpetradores de hoy.

Salomón Lerner Febres. Rector emérito de la PUCP, presidente de IDEHPUCP y expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Fuente: https://puntoedu.pucp.edu.pe/voces-pucp/salomon-lerner-febres-mas-alla-de-la-ilegalidad-esta-la-indignidad/?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=puntoedu

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Perú: Grupo Colina, la serie

Pedro Casusol

Ahora nos quieren hacer creer que el grupo Colina, ese escuadrón de la muerte liderado por Santiago Martin Rivas, la banda paramilitar que mataba, secuestraba, descuartizaba y quemaba a sus víctimas por orden de Fujimori y Montesinos, era en realidad un equipo de héroes perseguidos por “hacer justicia con sus propias manos”, como esa vieja serie de comedia y acción que pasaban por la caja boba: “Los magníficos”. Al menos eso es lo que quiere hacernos creer Nima Films, la casa productora que acaba de revelar el tráiler de una esperpéntica serie llamada “Grupo Colina. Justicia bajo las sombras”.

El responsable se llama Alejandro Nieto-Polo, un productor, director y guionista que dice haber estrenado, el último año, unas cinco películas y una serie que nadie ha visto, pero que, según él, se emitieron en alguna plataforma de streaming en Estados Unidos. Aquí apenas se le recuerda por su ópera prima, aquel meme hecho película llamado “Súper Cóndor” donde el actor Gerardo Zamora viste mallas y capa para interpretar al “primer superhéroe peruano” tipo Marvel. La película terminó siendo un rotundo fracaso y tal vez por eso el realizador acabó decantándose por lo que erróneamente llama “cine de guerrilla”, que no es otra cosa más que películas de acción de bajo presupuesto.

Así es como llegamos a esta serie que busca reivindicar al grupo Colina, como lo intentó Martin Rivas hace solo unos meses en una audiencia judicial previa a la sentencia de 18 años de cárcel por el caso Pativilca. En esa oportunidad, el asesino de Barrios Altos y La Cantuta lanzó amenazas aquí y allá y a todo el que quisiera escucharlo, pregonando una “palingenesia”, en otras palabras, un cambio sustancial en la narrativa de lo que fue la dictadura fujimorista. Según él, se ha cometido una terrible injusticia con los militares de esos años y con aquella banda de “renegados” que solo buscaban un tipo de “justicia bajo las sombras” para acabar de una vez por todas con esos “terrucos”.

En realidad, la serie que toma el nombre del grupo Colina se sitúa en nuestra época, con la criminalidad desbordada. Unos oficiales de la Policía consideran que los criminales a los que capturan son liberados mientras a ellos los procesan por ejercer el monopolio de la violencia. ¿Alguien dijo jueces y fiscales “caviares”? En el tráiler, los personajes se reúnen en un escondite y uno de ellos afirma: “A partir de hoy, este será el nuevo grupo Colina”. Así de cándido y barato. Un remedo de “Starsky & Hutch” pero que al mismo tiempo es una apología a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. Otro intento burdo por reescribir la historia.  

Más que reprochable o condenable, la serie que está por estrenarse en una plataforma nacional de streaming es una ignominia. “Vamos a sacar la serie del grupo Colina, pero el grupo Colina actual”, admitió Alejandro Nieto-Polo en una entrevista para RPP sin que a Alan Diez se le moviera un pelo. Lo dijo sonriendo y hasta emocionado, hablando abiertamente de esta ficción que reivindica a un grupo tan sanguinario como Sendero Luminoso. La verdad, dudo de que se trate de algo planeado o financiado desde las más altas esferas del poder. Simplemente creo que hay gente muy idiota e ignorante en este país a la que, en el fondo, le encanta la idea del grupo Colina.

Me explico: la idea de poder matar impunemente al otro, a ese que estorba, al que les malogra el paisaje con su pobreza o su color de piel. Antes secreta y hoy abiertamente, existe en nuestro país gente que añora los aspectos más sanguinarios y truculentos del régimen de Fujimori: las desapariciones, los secuestros, las esterilizaciones forzadas, las masacres, el control absoluto de los medios. Dicen que las ficciones de cada país son sus sueños y deseos ocultos. Entonces, hay gente deseando un nuevo grupo Colina, como si la única manera de salir de esta crisis fuese matarnos mutuamente.  

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 717 año 15, del 24/012/2025

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​Perú: La cacocracia de Keiko-Dina en el límite: saqueo colonialista, leyes pro crimen e impunidad delincuencial

Jorge Lora Cam

En el Perú no hay años nuevos

La historia del Perú es la historia del colonialismo y la resistencia al mismo, de una desposesión permanente de territorios para el saqueo, que, con el neoliberalismo y el auge minero y agrario industrial por un lado y las economías ilegales del narcotráfico, la minería del oro y otras que lindan con la criminalidad, han llegado al despojo territorial de la mayoría del campesinado y de los pueblos del país. Primero fue el suelo, luego el subsuelo, y hoy como la minería y la agroindustria, también concentran la propiedad del agua. Incluso los cielos, los mares, son objeto de saqueo.

En este proyecto, las víctimas van en aumento, el empleo formal es reducido y terminamos con un país del desempleo, subempleo y la miseria generalizados. Con 70% de informales las instituciones del país se llenaron de buscavidas que habitan entre gente honrada y trabajadora y que aspiran a ser parte de una clase media que tiende a reducirse, sin importarle las consecuencias de sus ambiciones. Los pobres despojados del país buscan salidas en la migración, el cultivo de coca, la minería llamada ilegal, el transporte público, los mercados y otras actividades en manos de lumpen-empresarios, que también son despojados bajo extorsiones, secuestros, etc. por otros miserables que optan por organizarse en mafias en una cadena que tiene sus respectivos representantes congresales que han decidido aceptar como “madrina” de todas ellas a Keiko Fujimori y su organización criminal Fuerza Popular formada por delincuentes avezados; con trayectorias de hasta tres décadas, donde las corporaciones transnacionales, los lumpen terratenientes y empresarios criollo-mestizos y extranjeros, las mafias, los políticos y grandes despachos abogadiles, jefes militares y policiales, dueños y manipuladores de las necesidades populares como los bancos, farmacias, almacenes, universidades, que los representan configuran las sociedades mafiosas que buscan enriquecerse.

Vivimos en un contexto de paroxismo de la derecha global con centro en occidente en su guerra híbrida contra los pueblos del mundo. En muchos países de soportar la democracia han pasado a ser enemigos de esta y han emprendido una guerra cultural en defensa de la tradición colonial enalteciendo el hispanismo, la iglesia, a los supuestos aportes del colonialismo: universidad (donde solo había medicina y derecho), uso de la razón, civilización. Perú no escapa a esta corriente, con la particularidad de colocar como eje el impulso de la corrupción y la delincuencia.

​1​. La concentración de mafias en el actual gobierno ya es institucional y controlan bajo la dirección fujimorista el Congreso, las jefaturas militares y policiales, y los poderes gubernamentales. Han llegado a transgredir las líneas rojas aprobando leyes pro-crimen, evitando la cárcel o liberando de ella a grandes delincuentes y para conseguir los votos literalmente han prostituido el Congreso. La ecuación de la ilegitimidad presidencial resulta en 0.02% de aprobación para Boluarte y un 4% para el Congreso (considerando que es 3% con una margen de 2.8% de error, Datum, nov.2024), como consecuencia de la imposición de una dictadura cívico-militar de sicarios políticos del crimen organizado cuyo crecimiento es impulsado desde el Estado, junto al terror, los asesinatos y la miseria de las masas derivada de esa política.

Frente a un Estado en descomposición, un gobierno repudiado e inseguridad ciudadana extrema, el conflicto que hoy vivimos busca una salida en la rebeldía popular, van dos paros nacionales consecutivos, superando en dimensión y eficacia a las marchas, aunque con menos dirección política, surge cuando ante el inicio del juicio a Keiko, esta encuentra su salida en unificar a las bandas políticas y para conseguirlo dar leyes pro-crimen que satisfaga a todas las grandes mafias políticas, empresariales, narcopolíticas e incluso a los sicarios callejeros. Entre tanto, como distracción deciden las cúpulas mafiosas procesar a quienes califican de “caviares de izquierda”: Toledo, Vizcarra, Villarán, Lozano etc., como cortina de humo mientras se aprueban las mencionadas leyes pro-crimen. FP, sobre estimó su fuerza y cruzó varias líneas rojas, como aquella que lesionaba intereses de comerciantes, transportistas, pequeños y medianos empresarios e incluso a gran parte de informales y pobres de las ciudades. Para controlar al Congreso y sacar sus leyes pro-fechorías tuvo que aliarse con Cerrón y comparsas magisteriales, lo que no fue bien visto por un sector de la ultra derecha “bruta y achorada”. Tercero, por mantener ocupados a los congresistas con las leyes de su salvación,1 no solo abandonó la política social, sino que ante la resistencia y repudio popular aceptó los reclamos de los lumpen militares de todas las armas, gobernadores, alcaldes, mafias menores, empresarios creando una situación de corrupción generalizada y verdadera ingobernabilidad. Un remedo actualizado del gobierno de Fujimori-Montesinos. Al Congreso lo colmó de privilegios y a todos les ofreció impunidad. Un extremo de Dina fue utilizar las 8000 prefecturas, sub-prefecturas y gobernadores para crear un partido y buscar mantenerse en el ejecutivo y Congreso, otro fue el intercambio de favores personales (rolex, joyas, estética facial, etc.) por presupuesto para obras y cargos públicos. Y, finalmente, la red de proxenetas y prostitutas al interior del mismo Congreso y lo más grave, los crímenes de testigos que se ofrecieron como colaboradores eficaces o sombríos personajes de la función pública. Lo que expresa la expansión de la corrupción y de los poderes delictivos paralelos estructurados en redes regionales, sociales y económicas legales e ilegales a todas las instituciones en un país sin democracia, con reducida ciudadanía, donde los partidos son bandas, con un alto índice de impunidad al consolidar un estado de derecho delincuencial: la cacocracia.

​2​. La casta política está involucrada en la corrupción e infinidad de delitos y para lograr generar impunidad han llegado al extremo de aprobar en el Congreso en colusión con el ejecutivo, leyes claramente pro-crimen organizado. Las nuevas leyes ahora se dan con destinatario preestablecido, leyes para la mafia Fuerza Popular y su líder Keiko, otra para Dina, familia y su organización criminal, habrá otra para la familia Acuña y sus negocios anti-educativos, una más para los marinos y criminales de guerra, para gobernadores y alcaldes, para 100 congresistas procesados (de 130), y así sucesivamente. Modifican códigos y hasta la Constitución, cambian los procesos como la anulación de las fiscalías en la investigación, eliminan delitos, liberan delincuentes, se apoderan de instituciones, liberación de presos por fiscales. Y para los opositores hay desafuero de fiscales, policías y funcionarios honestos, condenas sin juicios para políticos, abusos judiciales, crímenes y secuestros.

Keiko y Dina, se blindan y con ellas a todas las bandas políticas afiliadas a cambio de votos congresales. La policía, muchas fiscalías y juzgados se ha privatizado, las FFAA reciben más y más privilegios a cambio de sumisión, los estudios de abogados y una pléyade de tinterillos y falsimedios de la lumpen-burguesía y transnacionales corruptas son los mediadores y creadores de opinión pública; los ultraconservadores con sus universidades e iglesias afines embrutecen e inventan una guerra cultural en defensa del más burdo cretinismo que enarbola la hispanidad, enaltece el colonialismo y promueve una teología barata. En la economía, se mantiene el proyecto automático neoliberal y una dinámica sustentada en la narco-economía, la gran minería “legal” y la ilegal, los monopolios, la banca, el gran comercio en manos extranjeras (Chile), el extractivismo en la pesca, en el saqueo forestal, el tráfico de concesiones territoriales, el negociado de terrenos urbanos y rurales (y de órganos, de mujeres, migrantes, etc.), de las obras públicas y hasta de gobernadores, alcaldes y prefecturas.

​3. El Congreso desde siempre ha descubierto que en los presupuestos para obras en el sector público estaría la fuente de su enriquecimiento y ahora lo manipulan a su antojo. Según Melciades Ruiz, en el presupuesto criminalidad y saqueo van juntos, citemos a Ruiz:

A) El Presupuesto Público 2025 asciende a S/ 251,801 millones, de los cuales el 64.3% es para el centralismo, mientras que 35,7% va a los gobiernos regionales y locales (Cerca de 2 mil municipios). La ciudad de Lima metropolitana es la primera en el reparto a los gobiernos locales. 105 millones frente a los S/. 317,511 que recibirá la municipalidad

B) En cada sector priorizado se han programado obras públicas y prima el gasto, sobre la inversión reproductiva como es el caso del sector agrario, el de la seguridad alimentaria que, aloja al sector social más empobrecido del país… del presupuesto asignado al sector agrario (7,495 millones), un solo programa Presupuestal “Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario”, acapara el 64,8% del mismo, priorizando inversiones en obras de riego que favorece a las empresas latifundistas transnacionales extranjeras con grandes irrigaciones costeras para la agro exportación que, este año, batió récords de ventas y rentabilidad, a pesar de lo cual se les subsidia con la tributación y el valor de las tierras.

C) Según la  contraloría, el costo de la corrupción e inconducta funcional habría alcanzado los S/ 24 267.8 millones, el cual equivale al 12.7% del gasto público consolidado (S/ 191 545 millones) y representa el 2.4% del PBI, siendo el departamento de Lima, el de mayor incidencia de corrupción. Por nivel de gobierno …“la mayor incidencia de pérdidas por corrupción e inconducta funcional se da a nivel de gobiernos regionales y locales, con 15.4% y 13.1%, respectivamente. En términos monetarios, el gobierno nacional encabeza las cifras de pérdida con casi S/ 12 mil millones, que corresponde al 49% del valor total de perjuicio estimado para todo el gobierno general. Según esta investigación el costo de la corrupción e inconducta funcional alcanzaría los S/ 10 248 millones para el Poder Ejecutivo, lo que representaría más de dos tercios (85%) del perjuicio que se habría ocasionado al país”.3

​4. La soberanía fue completamente sustraída al pueblo, cediéndola al saqueo de instituciones entreguistas, como las FFAA y PP y al imperio a cambio de un probable refugio post-gubernamental. De este modo, las potencialidades de poder popular para decidir fueron eliminadas. No solo cerró toda posibilidad de cierre del Congreso, sino que cerró las puertas al referéndum, a una asamblea constituyente y a cualquier cambio de las reglas democráticas. Excluyo a todo funcionario probo, independiente o solo aceptable. Hoy, buscando protección futura ante la culminación de mandato y los procesos que se avecinan, aceptan que el país vuelva a ser un área vital para Estados Unidos4, objeto de saqueo de innumerables materias primas: petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad de sus selvas tropicales, agua dulce, etc., mano de obra barata que incluyó a la enorme cantidad de migrantes venezolanos (en el gobierno de PPK y posteriores) irregulares que no tienen aprendizaje de oficios. Aseguran así el pago continuo de los servicios de las deudas externas con que su banca tiene amarrados a los países de la región, productos y servicios que les impone; garantizados por una supuesta custodia del sub-continente latinoamericano al milímetro con 8 bases militares sin considerar la Unidad de Investigación Médica Naval Sur (laboratorio de investigación biomédica) y la IV Flota de su Armada navegando por las costas del Pacífico. Las FFAA siguen siendo fuerzas de ocupación, preparados en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por la Casa Blanca, con el pretexto de una pretendida defensa de la democracia y los derechos humanos, en tiempos de bancarrota total de los regímenes llamados democráticos a nivel global: en Europa Georgia, Rumanía, Ucrania, Francia, etc. otros de América Latina como el Perú, del Medio Oriente como Siria y otros más del África o Asia. Un país neocolonial, sin soberanía, invertirá 3 mil 500 millones en armamento para todas las FFAA y PP, si sólo reciben 1% de ese gasto podrán repartirse “legalmente” 35 millones entre generales y almirantes.5

6. Los cambios en la subjetividad, aunque no logran hegemonía provocan destrozos. El poder conservador y corrupto impone una guerra cultural étnico clasista hispanista, racista, excluyente, sexista, antidemocrática y anti estado como parte del bombardeo ideológico-cultural inmisericorde y constante, a través de los medios masivos de comunicación y redes sociales; un discurso dominante impuesto con fuerza apabullante de derecha, conservador, entronizando el libre mercado, denostando lo estatal-social, criminalizando la protesta social, y a la vez estimulando un grosero individualismo hedonista, intentando de ese modo reemplazar en la ideología del día a día cualquier intento de cambio. La salida de la miseria no trasciende el plano personal: delincuencial, los estudios superiores en universidades embrutecedores o la migración hacia Estados Unidos, Europa, etc. Otros, ante el fracaso, se refugiarán en las drogas o en la religión, en sectas neo-pentecostales u otras religiones que paralizan, anestesian la protesta e intentan sepultar el pensamiento crítico sin el mínimo éxito. desconectar a las juventudes de su opción por la rebeldía,

7. La minería es el mejor ejemplo de cómo el Estado en su totalidad ya está bajo el poder de la criminalidad y de ella no escapan los diversos sujetos involucrados. La minería es la actividad extractivista por antonomasia y cada día se complejiza más. Consideramos que toda ella linda con la ilegalidad y criminalidad, con la apropiación territorial, la contra reforma agraria, el despojo campesino y comunitario, los nuevos mercados agrarios. La gran minería inscrita en la legalidad se apropia del subsuelo negado a los originarios el acceso a los yacimientos y negocia las concesiones. Si revisamos la política de concesiones mineras, encontramos que son 20 millones de hectáreas concesionadas (20% del país), y de acuerdo con CooperAcción, existen 15 empresas mineras que controlan cerca del 20% del total. De este modo el espacio para la pequeña e incluso mediana minería esta sometida a una estrategia mayor de acaparamiento de tierras a través de concesiones mineras. Sin embargo, la minería llamada ilegal se calcula que mueve 10 mil millones de dólares según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. La mediana y pequeña minería informal, ilegal y criminal están articuladas a la gran minería, no solo económicamente sino también políticamente, a falta de propuestas de la izquierda.

El conflicto entre mineros no debe hacernos olvidar que la gran contradicción se da entre la gran y mediana minería con su pléyade de sectores que se enriquecen con ella (bancos finanzas, políticos, funcionarios judiciales, etc.) y sus defensores armados y las comunidades y pueblos andino-amazónicos. Su origen está en la historia, en la expropiación territorial, en un subsuelo apropiado, en la ruina de la agricultura, en las migraciones, la super explotación laboral y el desempleo. La minería ilegal-criminal (500 mil familias) y la informal (más de 200 mil familias), que supuestamente no es criminal, son presentadas como el gran problema mientras que el Estado pretende formalizar sin ningún ordenamiento territorial, empresas contaminantes, que están en cabeceras de cuenca, que coexisten con otras actividades ilícitas, utilizan trabajo infantil y femenino mal pagado, conviven con la prostitución, los bares, los asesinatos, el uso de explosivos). Coexisten entre la complementariedad y la disputa por los yacimientos bajo especulación, entre las concesiones y sub-concesiones. Un ejemplo es Poderosa (en Pataz) y las sub-concesiones de la legal a la ilegal que pasaron de 300 a 5000, produciendo una guerra entre todos los actores y los extorsionadores.6 Las economías ilícitas entrelazadas del oro y la cocaína están impulsando la deforestación, la violencia en cuencas de la costa y en toda la Amazonía, expulsando a los Pueblos Indígenas que además soportan el peso de la crisis.

Tampoco hay preocupación por el robo indiscriminado por las empresas privadas de cientos de miles de millones de dólares a través de mecanismos legitimados por la contabilidad y normalizados por los organismos multilaterales. Las evasiones, la elusión legalizada, las infracciones tributarias son pan de cada día. No obstante, los millonarios ingresos mineros, Convoca revela que “de los más de 489 millones de soles (US $ 129 millones) que le deben al ente fiscalizador, apenas el 7.82% fue reconocido hasta la fecha en los procesos de liquidación que estas compañías siguen ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).7

La derecha rentista y mercantilista bajo la dirección de Fuerza Popular, defienden a corporaciones transnacionales y monopolios sin importarles el libre mercado y menos la democracia. La minería esta marcada por la apropiación territorial, las rentas, la evasión tributaria, las invasiones, los mercados negros de oro y otros minerales. La gran minería legal, la “minería artesanal”, la “informal”, la “pequeña minería”, la ilegal ya usan gran maquinaria y camiones volquetes que llevan toneladas de mineral a más de 60 plantas de beneficio en todo el país, que nadie fiscaliza. La minería ilegal, además de depredar, contaminar ríos con mercurio y no tributar, está conectada con otras actividades criminales. Más de 100 ríos ya están contaminados y esta cifra seguirá aumentando. Para poder mantener control territorial de las áreas que invade ilegalmente (ya concesionadas a formales), emplea ejércitos de sicarios que, violentamente, dominan las zonas. Los conflictos se arreglan con desaparecidos. Y, para tener contentos a los peones, no falta la trata de mujeres y la prostitución de niñas encargadas de embriagarlos.

La señora Rosa M. Palacios se equivoca cuando critica al Congreso identificándolo como la posición de la izquierda, pues ni son de izquierda, ni representan sus ideas; lo que hay es un núcleo dirigente objetivado en el fujimorismo, la derecha conservadora y las FFAA y PP cohesionados con las mafias políticas, narcopolíticas, mineras, judiciales, universitarias, otros extractivismos y sectores de la economía informal, representadas en el Congreso por oportunistas, vividores, sin ideología ni ética alguna. Palacios en defensa de la gran minería extractivista señala que:

… El precio del oro ha calateado a la política peruana. Por décadas, una izquierda antiminería no hizo sino hostilizar a la minería formal, la que está sometida a abundante regulación, controles ambientales y que tributa. Con el cuento del daño ambiental primero y la obtención de más recursos del canon después, se han paralizado operaciones, cerrado carreteras, incendiado instalaciones en medio de una violencia que, se suponía, luchaba por la calidad medioambiental…Han votado, una vez más, por prorrogar la informalidad de una minería que no tributa nada (no hay ningún canon posible) y que contamina a la bestia usando mercurio en todas sus operaciones que, de clandestinas, no tienen nada. Basta ver la depredación del bosque amazónico para entender la verdad.¿Es este el modelo de desarrollo minero? ¿Salir a gritar «no al Proyecto Tía María» y «sí a lo que sucede en Nazca y Chala» tiene algún sentido? La única razón de esta contradicción está en los números. Cálculos conservadores hablan de una economía ilegal de 4,000 millones de dólares; otros más ambiciosos llegan a estimarla en 10,000 millones de dólares. Ni el narcotráfico mueve tanto.8

Su odio a la izquierda es el mismo que tienen los poderosos que manejan al Estado profundo. Comparte incoherencias y falsedades con la ultraderecha delictiva y confunde intencionalmente a bandas delictivas que se autoproclaman de izquierda (grupo magisterial, Perú Libre, Bermejo, Bellido), progresistas neoliberales llamados “caviares”, electoreros (Juntos por el Perú, CGTP, Nuevo Perú, Regionales, Salas), centro derecha (Belmont, Johny Lezcano, ) con izquierda etno-nacionalista (Antauro, Castillo, Ricardo Alberca, Ciro Galvez), etc. con la verdadera izquierda que está en las calles con sus marchas y paros (CNUL, Conulp, frentes de defensa, antimineros) .
La primera incoherencia del poder es insistir en que el Perú es un país minero ancestral, pero impiden que los originarios exploten minas y, peor aún, no reconocen la propiedad del subsuelo a los pueblos ancestrales. La otra es de los pequeños y medianos mineros que no solo aceptan las concesiones «legales» de la gran minería y arriendan «subconcesiones», sino que les venden sus productos a aquellos. Sus demandas no chocan con la minería transnacional saqueadora. Por otro lado, todas las mineras contaminan, pero como dicen algunos analistas, una cosa son millones de millones de TM y otra son unos cuantos metros cúbicos. La minería del oro debería tener una legislación especial, pero tras ella están también los grandes mineros, congresistas, militares, policías y otros delincuentes políticos y mafias de tráfico de mujeres, licores, drogas, etc.

¿QUE HACER?

Con el fujimorismo neoliberal, los grandes capitales crecieron en forma exponencial centrados en un extractivismo feroz, utilizando la corrupción como herramienta principal sin importarles la destrucción institucional, mientras las grandes mayorías populares quedaron sumergidas en su empobrecimiento. Las políticas sociales que impulsaban los Estados hacia mediados del siglo XX fueron barridas y las estructuras estatales precarizadas, desechando derechos y dejando de brindar los servicios básicos a sus poblaciones. En esa lógica, las organizaciones políticas y los movimientos contestatarios gremiales y sindicales fueron siendo absorbidos/cooptados por los planteos de derecha y la corrupción. Los grupos de poder transformaron a la clase media, a los políticos y a los militares en asociados y a los trabajadores en “colaboradores”.

En la historia reciente la guerra cultural e ideológica viene siendo ganada por el conservadurismo ante la mediocridad y corrupción del progresismo neoliberal y la ausencia de programas y alternativas de lucha radicales. Desde la Guerra Fría, las terribles represiones a que se vieron sometidos los pueblos en lucha, quedó una memoria de montañas de cadáveres y ríos de sangre. Los genocidios crearon una “pedagogía del terruqueo” que sigue presente, potenciada por los falsos positivos, farsas por mayores presupuestos y una engañosa guerra contra el narcotráfico. Múltiples factores como la acción de los grupos neoevangélicos y el auge de la distribución de drogas ilegales entre la juventud, el abandono de la lectura y el pensamiento crítico con el uso del internet y de la IA, las competencias educativas y el embrutecimiento universitario contribuyeron a que la juventud prefiera la evasión. Vivimos la desideologización de contenidos de izquierda desde la educación y la cultura consumista, en un contexto de continuo bombardeo ideológico-cultural al que se somete a las poblaciones a través de los medios y redes sociales. Todo lo cual hace que cunda un sentimiento de miedo/desconfianza ante los planteos de izquierda en las mayorías populares, manipuladas hasta el hartazgo con mensajes conservadores, de derecha, en muchos casos religiosos, adormecedores y demonizadores de cualquier iniciativa de cambio profundo.

Las masas se encuentran bastante huérfanas de proyectos reales de cambio. Es indispensable un frente popular y un programa, que debe ser la base del proyecto constituyente. Existen muchas ideas al respecto, pero no aparecen propuestas claramente alternativas al capitalismo, de las que las poblaciones puedan apropiarse y dar la lucha. No debemos aceptar la idea del mal menor y menos administrar el neoliberalismo vigente sino transformar de raíz el sistema capitalista. Las izquierdas en el ejecutivo no tocaron los resortes básicos del sistema: propiedad privada de los medios de producción, reforma agraria, nuevo Estado socialista, ideología revolucionaria desmontando la anterior cultura, reemplazo de las antiguas fuerzas armadas por milicias populares y un nuevo ejército plegado a las dirigencias de izquierda. En síntesis: se asistió a procesos asistenciales que no modificaron de cuajo las estructuras vigentes, que no tocan la gran propiedad capitalista.

El otro aspecto fundamental es invertir los términos de construcción social desde la comunidad y la cultura comunitaria avanzar en el Frente Popular. La democracia en la historia siempre provino de los pueblos, de la comunidad rural, de las luchas contra hegemónicas. La historia del Perú está hecha de cientos de rebeliones regionales y esa memoria sigue viva. Por ello el actual régimen prohibió los movimientos regionales. Las principales protestas antisistémicas de estos últimos años provienen de movimientos sociales en sentido amplio: campesinos, movimientos de pueblos originarios, de las rondas campesinas, de los luchadores ambientalistas y por derechos humanos, de los anti mineros, de los licenciados del ejército, de los desplazados, de los desocupados urbanos, de los informales del movimiento feminista y amas de casa, de estudiantes y jóvenes sin futuro, de las víctimas del estado y su base delictiva. En muchos de ellos hay una agenda socialista, que debe debatirse y consensuar en un proyecto sistemático de construcción de un modelo superador del capital privado. De todos modos, las movilidad político-social que van teniendo estas iniciativas abren nuevas esperanzas. En los comités populares de base, en los frentes de defensa, en las experiencias de democracia real, participativa, de espontáneo carácter solidario y comunitario, puede encontrarse el verdadero camino para la transformación social.

Los movimientos anti sistémicos comienzan a organizarse en estructuras políticas con dos objetivos diferentes, la liberación social y la emancipación nacional, que compiten entre sí, aunque a veces se hacen compatibles. En general, los dos tipos de movimientos comparten una meta, que es conquistar el Estado y proponen estrategias variadas para ello, que van de la persuasión política, el voto reformista, hasta el uso de la fuerza en una vía revolucionaria. Para conseguirlo será necesario erradicar a los parásitos y vividores que se autodenominan de izquierda, y también de la clase intelectual que, consciente o inconscientemente, se alinea con agendas coloniales e imperialistas mientras afirma producir una crítica anticapitalista materialmente intrascendente.

Notas:

1 El gobierno fujimorista merece una gran investigación y un libro que muestre las intrincadas redes de poder delictivo desde el diseño estratégico y la confección de leyes y artículos constitucionales, hasta la distribución instituciones, como el Gabinete con los ministerios más estratégicos en manos de Fuerza popular, otra parte a cargo de Alianza para el Progreso. Al gobierno central, a los ejecutivos regionales y militares-policías se les da las obras públicas, compras y protección. La distribución de comisiones entre organizaciones criminales en el Congreso tiene como tarea central ser sicarios de la lumpenburguesía y grupos económicos ilegales y legales, perdonan impuestos, otorgan concesiones, deciden beneficios tributarios, etc. pero que a cambio reciben no solo coimas, también trabajan para ellos mismos: comenzaron con los “mocha sueldos” y aumentos salariales, siguieron con el nepotismo, gastos de defensa jurídica por sus crímenes, dietas, seguros (hasta para amigos y amantes), peculado y malversación de fondos públicos,redes de prostitución y crímenes de testigos.

2 El sistema de castas de clasificación racial colonial se ha renovado, descendientes oligárquicos del funcionariado van siendo desplazados por sujetos subalternos vinculados a las grandes empresas y a los nuevos ricos, capaces de todo para obtener y mantener privilegios: están en el Congreso, gobiernos, policías, sistema judicial y en la mayoría de instituciones.

3 Milciades Ruiz, Presupuesto de la corrupción, https://wordpress.com/view/republicaequitativa.wordpress.com

4 Durante dos siglos, las vicisitudes políticas de la región pasan indefectiblemente por lo que se decide en Londres o la Casa Blanca.

5 …el financiamiento de cuatro cuantiosos proyectos de las Fuerzas Armadas por un total de S/12.970 millones… En lo principal, la adquisición de 24 aviones de combate por S/7.580 millones, lo que representa el 58% del total de los cuatro proyectos… Bien sabemos los malos manejos de las compras militares y policiales, como lo señala la Contraloría General de la República que ha emitido informes sobre irregularidades en ellas. Tal es el caso de la compra de 10.000 fusiles de asalto Arad 7 que la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) adquirió de la empresa Industrias de Armas de Israel IWI. También el caso del aumento del presupuesto para la modernización de cuatro submarinos, lo que consideró como una “situación adversa”.

6 Se trata en el país de 20 millones de Has concesionadas y diversidad de sub-concesiones… 10 mil millones de dólares al año en manos de la economía informal… El actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el nuevo proyecto de ley para formalizar la minería artesanal y la pequeña minería, conocida como Ley MAPE, encubren la destrucción del territorio indígena amazónico. (servindi).

7 Convoca, Mineras ganaron fortunas pero buscan la quiebra y evitan pagar S/ 489 millones en multas ambientales, Paul Tuesta*, Lima, 23 de noviembre de 2024.

8 Unidos por el crimen, por Rosa María Palacios, La República, 31 de noviembre de 2024.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://www.leerydifundir.com/2025/01/peru-la-cacocrac…ad-delincuencial/

Perú: Rebeldes con gran causa

Ronald Gamarra

Cuarenta años después de su secuestro y asesinato, algo de justicia llega, por fin, para Jaime Ayala Sulca. Cuarenta años y dos meses, para ser precisos. Cuatrocientos ochenta y dos meses en los cuales la familia del periodista huantino –mis respetos y admiración, Rosa– solo ha sufrido indiferencia e injusticia por parte del Estado. No es un caso aislado: todo lo contrario; cientos o miles de familias de los desaparecidos corren la misma suerte. El Estado, salvo excepciones, ha adoptado en general una actitud sistemática de encubrimiento de los responsables.

El 2 de agosto de 1984, Jaime Ayala, periodista de radio Huanta 2000 y corresponsal del diario “La República”, donde se publicaban sus despachos desde la zona de emergencia, fue a la base que la Marina había establecido en el estadio de Huanta a quejarse ante el jefe político militar de la provincia por la incursión violenta que, esa misma madrugada, habían efectuado agentes de las fuerzas armadas en la casa de su madre. Varias personas que lo acompañaban lo vieron entrar a la estación castrense, pero nunca lo vieron salir. Nunca más se supo de él. La base negó toda responsabilidad. Jaime Ayala se convirtió así en un desaparecido.

Los más jóvenes quizás no lo sepan, por eso es bueno explicar esta palabra: desaparecido. En realidad, es muy sencillo, a la par que aterrador. Una persona es detenida sin dejar registro alguno, es decir clandestinamente; secuestrada por tiempo indefinido, que puede oscilar entre algunas horas o largos años, sin reconocerse nunca la detención; período en el cual es interrogado, sometido a tortura brutal y finalmente asesinado. Sus restos se ocultan; nunca se devuelven a la familia. Repito: nunca se reconoce la detención ni la muerte. Oficialmente, esa persona nunca estuvo en manos de agentes del Estado.

La desaparición, llamada también desaparición forzada, es en consecuencia un complejo de delitos atroces. Por eso ha sido repudiada como crimen de lesa humanidad imprescriptible e imperdonable por la comunidad internacional que adhiere al Estado de derecho y la democracia, y así ha quedado establecido en tratados internacionales que ha suscrito el Perú. No obstante, en nuestro país los cómplices de los perpetradores de estos actos abominables, aquellos que los amparan y tapan, son poderosos. Últimamente estos encubridores han aprobado la ley 32107, que establece arbitrariamente la impunidad de todos los autores de crímenes de lesa humanidad anteriores al año 2002. Es decir, por ejemplo, impunidad para los asesinos del periodista Jaime Ayala y muchas otras personas como él.

Que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles es lo que ha ratificado este martes la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria al emitir sentencia condenatoria contra el capitán de fragata Alberto Rivero Valdeavellano, jefe político militar de las provincias de Huanta y La Mar en la época en que el periodista Jaime Ayala fue desaparecido. Se le ha encontrado culpable de la desaparición o asesinato de cerca de 70 personas, incluido el periodista Jaime Ayala. Le han dado 18 años de cárcel. La verdad es que la pena no es comparable a la magnitud de sus crímenes, pero es una condena clara y contundente, y establece la verdad de lo sucedido, una verdad que durante cuatro décadas se intentó negar. El fallo reserva la sentencia de Augusto Gabilondo García del Barco, mandamás de la base de Huanta en 1984 y hoy prófugo de la justicia.

La corte judicial también establece en la sentencia la inaplicabilidad de la infame ley 32107 por oponerse a la Constitución y a los tratados internacionales sobre respeto a los derechos humanos que ha firmado el Perú. Lo hace en virtud de la facultad judicial de hacer el control de convencionalidad y de constitucionalidad de las leyes. Una ley como la 32107, que además de anticonstitucional es inmoral y cómplice del crimen, no se puede invocar ni utilizar. Los crímenes de lesa humanidad son imperdonables e imprescriptibles en nuestro país como en toda nación que respeta el derecho y la democracia y ha suscrito la legalidad internacional correspondiente. En el Perú no hay ni debe haber licencia para matar impunemente.

La sentencia de esta corte judicial no solo es única por tratarse de una excepción a la actitud general de los responsables del Estado. También lo es por corregir una grosera leguleyada con la cual se pretende proteger a los perpetradores de actos criminales atroces. Por cierto, sus creadores y libretistas en el congreso y sus títeres en el gobierno no se quedarán de brazos cruzados y moverán cielo y tierra, y sobre todo al Tribunal Constitucional, que han colonizado y sometido con gente incondicional, para reafirmar su vigencia y aplicación. Habrá que redoblar la lucha, con la confianza de que, a pesar de lo que suponen estos aprendices de brujo en el congreso, el gobierno y el TC, el derecho finalmente se impone, aunque pase el tiempo que sea, porque el sentido de justicia nunca se agota.

Jaime Ayala, caso simbólico de esta sentencia –que comprende asimismo los asesinatos en Callqui y la matanza en Pucayacu–, también nos recuerda que el periodismo veraz siempre está en el blanco de los agresores que pretenden actuar por fuera de la ley. ¿Por qué querían matar a un periodista de 22 años de edad que actuaba de forma transparente y pública? Pues por cumplir precisamente con su misión profesional, por informar verazmente no sólo sobre el terrorismo, sino también sobre las desapariciones forzadas, que para entonces sumaban cientos en su provincia. Y seguramente, por recoger información de primera mano sobre el asesinato, el día anterior a su propia desaparición, de seis religiosos presbiterianos fusilados por un destacamento de la infantería de marina en la comunidad de Callqui, cercana a Huanta.

Se sabe por versiones que han circulado desde el personal que alguna vez formó parte del destacamento de la Marina en el estadio de Huanta, que Jaime Ayala, después de ingresar a la base militar para conversar con el jefe político militar, fue llevado a un ambiente aislado donde fue sometido a tortura despiadada. Lo golpearon y lo reventaron hasta la muerte: esa es la cruda y cruel verdad. Así se procedía en aquellos terribles tiempos y se hacía de manera generalizada y sistemática. Eso es, precisamente, un crimen de lesa humanidad, más allá de cualquier formulación verbal. Es la sangre derramada y el cuerpo despedazado de un ser humano y el ocultamiento para siempre de sus restos. La barbarie sin límite, ejercida por individuos sin dignidad y humanidad que se encubren y a quienes protegen desde el Estado.

Por cierto, y ello no es cosa menor, el tribunal de justicia ha sido enfático en declarar que ninguna de las víctimas, ni una sola de ellas, tenía vinculación con el terrorismo. Esa infamia que algunos han derramado por décadas para tratar de justificar a los matadores y sus crímenes.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 703 año 14, del 04/10/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2024/10/peru-rebeldes-gran-causa/

Las mafias en el poder en Perú: de la impunidad al blindaje y a la perpetuación

Jorge Lora Cam

“…las izquierdas han sucumbido al veneno neoliberal que desean combatir, porque el cainismo, la falta de afectos, las divisiones continuas, la animadversión, la falta de entendimiento y la desunión en realidad son expresiones totalitarias, producto del individualismo y del ensimismamiento que el neoliberalismo ha inyectado en el conjunto de la sociedad. Si las izquierdas no se liberan de ese veneno, muy difícilmente podrán transformar el mundo.”Entrevista a Juan Torres López por Jorge Otero Maldonado, «Las izquierdas han sucumbido al veneno neoliberal que desean combatir» Rebelión, 08/06/2024.)

En el Perú la repugnante izquierda parlamentaria acompaña como cómplice delictiva a la derecha aumentando el saqueo y la pobreza, afectando derechos sociales, flexibilizando el salario y la jubilación, propiciando el ecocidio, disminuyendo impuestos a las empresas, decretando impunidades a diestra y siniestra, traspasando todos los límites. Hasta llegan a reformar toda la Constitución e instituciones para favorecer al capital financiero y al crimen organizado.2 Paralelamente la gran clase media (en la administración pública, la tecnocracia empresarial y otros.), la real y la ilusoria, especialmente capitalina es afectada y solo consigue balbucear críticas a imaginarios culpables de una supuesta izquierda representados por agentes del gobierno de Castillo o de Dina y sus secuaces. El Perú es un país lleno de sorpresas y cada día parece más complejo el análisis político. Los nuevos politólogos recurren a la búsqueda de teorías como aquella de las transiciones o de la hibridez, que colocan como actores del cambio a las élites políticas, que transitarían de un viejo régimen a un régimen emergente, en menoscabo de los actores sociales y la sociedad en general, lo cual es reduccionista y libresco.3 Al quedarse en el chisme cotidiano no ven que el país perdió solo temporalmente los referentes izquierda-derecha o la soterrada pugna étnico/clasista, hundiendo al país en la confusión, incertidumbre e improvisación propios de la decadencia occidental y el comportamiento delictivo de una bárbara lumpen-burguesía antidemocrática y sus sicarios dedicados al despojo de los recursos del país y que utilizan a organizaciones criminales y narcotraficantes instalados en el campo político -caracterizados por el saqueo de las arcas públicas, por su incompetencia y nula capacidad estatal- que han llevado a la corrupción generalizada, al caos institucional y al piloto automático neoliberal. No obstante, un sector de estos empresarios nativos se une al repudio del 90% porque el Congreso decidió representar tanto a la economía criminal legal como a la ilegal que compite y agrede a la primera. Un límite más que se transgrede y se suma al ataque a los derechos de los pueblos originarios, de los pobres, de las mujeres, de los trabajadores, ONG, movimientos regionales, de la ciudadanía, de los estudiantes, de los enfermos, pensionistas y la sociedad en su conjunto.

En 33 años del dominio neoliberal; en su segunda etapa, los viejos políticos y los “caviares” fueron desplazados por oportunistas de la baja clase media, advenedizos agrupados en bandas que nacen en las provincias y en las universidades “chicha” y se van instalando en los poderes del estado, surgen de los gobiernos locales y regionales financiados por la economía ilegal. 70% de los 130 congresistas tienen procesos y casi todos los partidos en ese poder son calificados con precisión por el ministerio público como organizaciones criminales, concepto que decidieron no aplicarla a los siniestros partidos congresales. La contrarreforma educativa produjo decenas de miles de abogados, maestros ignorantes y profesionales con diplomas mal habidos (en desmedro de las ciencias, ingenierías, tecnologías) que buscan convertirse en congresistas o autoridades políticas para enriquecerse y que llegados a puestos de poder solo se dedican a la rapiña y en cada inicio de gestión parlamentaria se disputan y reparten las comisiones asociadas a los sectores, instituciones y proyectos con mayor presupuesto que generen más coimas. El otro segmento crucial para delinquir es el de las instituciones vinculadas a la protección e impunidad de estos saqueadores del presupuesto; el sistema de justicia permite a los gobernantes y funcionarios a protegerse de procesos fiscales o judiciales que les atañen y además, perseguir a sus opositores. Con la conquista por el Congreso del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo; la inhabilitación de fiscales supremos; y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia; se politiza y amafia la justicia, se judicializa la política y se mercenariza la protección. Paralelamente se privatiza la política, se mercantilizan las candidaturas, los curules y cargos. En el otro extremo esta la necropolítica con la manipulación de la miseria, la represión y control de sus subproductos, derivadas del despojo y las incontroladas migraciones (60% de delitos por venezolanos), la cotidiana amenaza de la seguridad pública y el incremento de los asaltos, crímenes, robos, feminicidios, estafas, extorsiones y secuestros. El mal ejemplo está en el Congreso, la Fiscalía informa que un total 67 legisladores acumulan 729 delitos; 50 son investigados contra la administración pública, contra la fe pública y contra el patrimonio; y 17 están inmersos en delitos de lavado de activos, contencioso administrativo, contra la tranquilidad pública, entre otros.

La economía ha sido también envilecida. El colonialismo muta sus formas cotidianamente, su esencia se mantiene inmutable. Y sin soberanía – que es tan irreal como la democracia o el Estado de derecho- no será posible el cambio del país. Cada vez, más recursos naturales se mercantilizan incluso desde que se concesionan, antes de extraerlos, para incrementar la acumulación, en un escenario especulativo, donde se impone la financiarización de los procesos productivos y extractivos.4

Hay que leer a Vandana Shiva para entender hacia donde vamos: “la crisis ecológica (es que) se está produciendo por una extracción sin límites. Esto sucede porque se han otorgado derechos corporativos y coloniales, y se les recompensa con un poder absoluto”.5  En el Perú la minería -grande y pequeña- y la agroindustria, son actividades ecocidas, que ahora destacan por la inequidad, donde los trabajadores no obstante estar cada vez más tercerizados apoyan a sus empresas por que les dan empleo con cierta estabilidad e ingresos suficientes, aunque estos sean una sexta parte de los que tienen en sus países. Las mineras dejan divisas por impuestos, sin embargo, el aporte del sector minero al total de tributos recaudados registra una participación de 10.2% a julio de 2023 el país tiene reservas que le dan estabilidad, a expensas de salarios miserables y nula política social.6 A ello hay que agregar los ingresos de divisas por la minería ilegal y el narcotráfico. El informe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA señala: “Las exportaciones de oro no contabilizadas en los últimos años han alcanzado niveles asombrosos. Entre 2015 y 2019, Perú produjo oficialmente unas 720 toneladas de oro; sin embargo, durante el mismo período, el país exportó 2.242 toneladas de metal, lo que deja sin registros de producción casi el 70% de sus exportaciones de oro. Se cree que la mayor parte de este oro proviene de la minería informal no registrada y de la ilegal”. Las exportaciones de oro, los principales destinos y sus orígenes surgen de territorios que son tierra de nadie, donde imperan mafias, bandas de sicarios, mafias policiales que intentan controlar la minería informal aurífera y de otros minerales, por no mencionar que una parte de ella está integrada a la formal.7

Y respecto a la narcopolítica, el experto en ese tema, Antezana apunta al fujimorismo como el mayor representante político del narcotráfico: “Fuerza Popular (el partido encabezado por Keiko Fujimori) es el primer narcopartido del país. Fuerza Popular le abrió las puertas al narcotráfico. Hay otros narcopartidos en el Congreso, como Renovación Popular (del ultraderechista alcalde de Lima Rafael López Aliaga), Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País. Una alianza de estos partidos y el fujimorismo controla el Congreso. Narcotráfico, minería ilegal y corrupción mandan en el Congreso y el Congreso es el que ahora gobierna el país. La mayor parte de nuestra burguesía empresarial ha surgido del narcotráfico, que es el poder fáctico más importante del Perú”.8

Desde el 2016, Perú vive una amenaza recesiva y una grave inestabilidad política hoy expresada en cinco presidentes y que se cerrara el Congreso dos veces en seis años y en la instalación de facto de un régimen militar-judicial-parlamentarista que ha alterado el equilibrio de poderes permitiendo el abuso de figuras como la vacancia presidencial por incapacidad moral. La situación se agravó ese 2016, cuando Keiko Fujimori, logró una mayoría parlamentaria que le permitió desde el Congreso manipular el presupuesto, judicializar la política, favorecer intereses corporativos corruptos y ajustar la ley a conveniencia controlando instituciones claves como el Tribunal Constitucional, defensoría, ministerio público y otros organismos.  

Veamos un cuadro totalizante del Estado, tratando de ser breves.

Vivimos en un Estado recolonizado con el gobierno de una dictadura de las mafias congregadas que provienen de la configuración lumpen empresaria de las últimas cuatro décadas, en un frente común con las mafias narco políticas coaligadas por el fujimorismo y los conservadores de derecha criollos militares y civiles, que con objetivos comunes en torno a la impunidad y continuar con el saqueo practican: el archivamiento de delitos, medidas a favor de todas y cada una de las mafias; el saqueo neoliberal, la impunidad para todos los grupos criminales saqueadores con procesos judiciales, desde lo público a lo privado, desde narco universidades hasta municipios y regiones, desde la economía ilegal hasta los involucrados en grandes procesos como Cuellos Blancos y Lava Jato. Los últimos proyectos buscan aniquilar a la Junta Nacional de Justicia y otorgar impunidad a los crímenes de lesa humanidad significan la vuelta a la barbarie. Ahora pretenden que la sala plena del Poder Judicial y la junta de fiscales tengan la facultad de elegir jueces y fiscales; asigna al poder político, encarnado en el senado la designación o remoción de los jefes de organismos electorales como la ONPE y la RENIEC, y a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Esta alianza de mafias está bajo el mando del Estado profundo a través del fujimorismo y sus socios más cercanos: Comando Conjunto de las FFAA, Ministerio Público, fuerzas mayoritarias fujimoristas en el Congreso (Fuerza Popular-Renovación Popular- Avanza País (De Soto)), con los sicarios de APP (Acuña) y Acción Popular y el APRA que Juntos mantienen mayoría y mandan en el Congreso y el sistema judicial.
Los expresidentes controlan segmentos del poder judicial y el Congreso durante cuatro décadas y mantienen sus espacios. Las fuerzas armadas que vigilan fronteras, zonas productoras de drogas y la economía criminal, es el otro instrumento. De este modo, manejar al Estado es imprescindible para los grandes negocios que garantizan el archivamiento de casos, libertad de implicados y la impunidad. El andamiaje del sistema judicial con sus múltiples aparatos ha sido jurídica y moralmente derruido: Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Control Interno, cortes, juzgados, etc. Distribuidos entre diferentes mafias, con mayoría del APRA y FP que gobernaron 10 años cada una y fueron los regímenes más corruptos.
El Estado profundo de larga data sigue en manos de la lumpen oligarquía y gobiernan a través de FP-Sistema Judicial-Congreso. Grandes empresarios de la CONFIEP están comprometidos con el narcotráfico y la economía extractivista legal acompañada de la llamada ilegal, como del tráfico de oro, uranio y otros minerales estratégicos. Este organismo con sus grupos dominantes posee el control de los sectores estratégicos, las finanzas, minero y alimentario: el Grupo Romero (Credicorp, Alicorp), Brescia (BBVA Continental, Breca, minería, pesca), Benavides (Buenaventura, Yanacocha), Rodríguez Pastor (Intercorp, Vivanda, Plaza Vea), Graña y Montero (GyM, construcción) y Ferreyros (Ferreycorp, importación de maquinaria) controlan la economía del país. Desde la sociedad de minería con Roque Benavides a la cabeza y su manejo de la minería legal e ilegal (que en el fondo son lo mismo) y con Dionisio Romero que controla puertos y bancos, financiaron a Alan García y Keiko hija y ahijada de Alberto Fujimori y Montesinos, también, todos ellos implicados en el gran tráfico de drogas en aviones y barcos estatales y privados. Otro sector que destaca por su financiamiento público a fondo perdido, son los agroindustriales (como Dyer y Flores), su despegue hubiera sido más complicado sin las inversiones del Estado en las irrigaciones costeñas, que incorporaron 100,000 hectáreas, por un monto de US$ 6,000 millones (Chira-Piura, Olmos-Tinajones, Jequetepeque-Zaña, Chavimochic).
Con el neoliberalismo no solo se dieron cambios económicos donde lo público y social se privatizaron y mercantilizaron, también cambiaron las sociedades y culturas generalizándose una tremenda fragmentación donde sectores de las nuevas capas medias se sumaron al saqueo de bienes públicos desde dentro y fuera del Estado. Desde los municipios, gobiernos regionales, congreso y sistema judicial se configura con Fujimori un sistema de saqueo que deja a un lado la soberanía y lo público en aras del enriquecimiento de familias, grupos y redes de intermediarios. La comercialización de títulos universitarios contribuyó a este proceso. Los mestizos de clase media desplazan a los “caviares” en la economía y en el sistema judicial, con abogados de cuarta categoría convertidos en mercenarios de un ejército de leguleyos que obedecen a los grandes estudios de abogados que, a su vez, trabajan para el Estado profundo. Caso de las Benavides, Otárola, Hinostroza, Soto, Chirinos, Abanto, Hernández, Parco, Nakasaki y mediadores como Vladimir Cerrón, los almirantes congresistas, etc.9
Existen además -como dijimos antes- economías y sociedades ilegales y paralelas que viven en y del narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal, contrabando, corrupción gubernamental, crimen organizado, delincuencia, sicariato y extorsión; son parte importante del PBI nacional y de ingresos estatales. La economía delictiva no solo provoca perdidas de por lo menos 10 mil millones de dólares al año,10 ha pervertido la política, la justicia, la realidad económica, las prácticas sociales, las acciones del gobierno, el mundo del trabajo, los fines y los modos de vida cotidiana de la gente, y a su vez ha engendrado una clase rica hecha en la penumbra y al margen de la ley, empeñada en controlar la política. devaluando sus valores éticos. El culto al dinero, la codicia, el egoísmo, el cinismo y la deshumanización, son algunos rasgos observables de un desarme moral de la sociedad capitalista neoliberal. Son los residuos de un desarme moral de la sociedad.11
Con la saturación de títulos en el mercado se empezó a generar desde finales de los noventa una masa trabajadora cualificada de ingenieros y técnicos que ampliaron la clase media, pero al mismo tiempo originó otro sector condenado a la precariedad, excepto para los abogados y políticos, mostrando límites infranqueables a la promoción social mediante la acumulación de capital cultural e ingresaron a la burocracia estatal copándola de mediocres funcionarios, policías y militares; maestros y trabajadores de la salud, que para conseguir ascensos eran capaces de abandonar cualquier principio ético. Mientras otro sector se empobrecía ante el derrumbe del sistema de crédito y de propiedad que había sostenido en gran parte la realidad material de los estratos intermedios. De este modo se empieza a hablar de las nuevas clases populares informales (70%), sumándose a las nuevas clases medias empobrecidas, víctimas de la desvalorización de los títulos universitarios y la lumpen proletarización de la clase trabajadoras como consecuencia del desempleo prolongado o contratación temporal dando lugar a una nueva estructura polarizada y a un estrato bajo masivo, culturalmente diverso, pero igualmente empobrecido. Hoy, 80% de los peruanos perciben ingresos que no llegan a fin de mes, la pobreza llega al 40%, la salud pública se encuentra colapsada, la educación es un mercado de certificados y títulos, y en este país miserables las elecciones se ganan repartiendo billetes de 200 soles (50 dólares).
La derecha emprende una guerra cultural que por un lado presenta positivamente la lucha contra la rebeldía y por otra se apropia de las demandas populares en manos de intelectuales y las ONG o fundaciones que redefinen las luchas por el aborto o la igualdad de género, las luchas anti patriarcales, anti racistas, ecologistas, indianistas etc. Que, en realidad, son muy antiguas y surgen de los pueblos contra la diversidad de la opresión, dominación y explotación. En cierto momento, con el neoliberalismo, los organismos mencionados se apoderan y distorsionan las propuestas haciéndolas inofensivas, apartándolas de la lucha de clases, que también estaba en continua transformación. Estas demandas encuadradas en la lucha de clases aportarían a su agudización, de otro modo, le deja este campo a la derecha como el caso del neoliberal “peluca” Milei que se presentó como libertario. Las luchas de los anarquistas fueron durante mucho tiempo las más radicales, pero cuando, por ausencia de una ideología más clara, permiten que la derecha se presente como combatiente contra el Estado y las llamadas castas, la juventud cae en la trampa y en Argentina 14 millones (40%) votan por él. Entre los votantes hubo muchos jóvenes con tendencias anarquistas que les creyeron y no hubo nadie que esclarezca a las masas esta situación.
Es así que Perú vive una guerra entre una casta de saqueadores del erario público y los bienes que antes fueron comunes, de políticos corruptos con sus abogados, que pugnan por continuar con el despojo extractivista y mafioso (oro, drogas, armas, etc.), actuando cínica e impunemente contra un pueblo unido en su diversidad y dividido por caudillos y cúpulas que prefieren no definir principios de ética política. Las élites no están dispuestas a que el Estado regule sus actividades, les cobre impuestos, impida el saqueo de recursos, garantice derechos sociales, laborales y ambientales, imponga los intereses nacionales, asuma posiciones de soberanía y dignidad, enfrente al imperialismo. Esos poderosos sectores económicos no quieren ningún tipo de redistribución de la riqueza, que la consideran originada exclusivamente por sus actividades, ya que es imposible que comprendan que es fruto de la acumulación de valor socialmente generado. se ha visto acompañada por un clima inédito de antivalores en la historia contemporánea del país, incorporados al desbarajuste institucional del Estado: traición, mentira, cinismo, persecución, desvergüenza, represión, una cultura del privilegio, y en plena pandemia por el Coronavirus, una amplia corrupción, incluso encubierta mediáticamente.
Hasta hace poco el ejecutivo era criminalmente intocable, ahora este privilegio paso al Congreso y seguirá así cíclicamente si el pueblo organizado no le pone freno. Muchos, cada vez más, creen que se necesita de una revolución. Que nadie debe ser intocable, que todos los políticos y candidatos deberían ser impugnados o rechazados, destituidos y apresados, de ser necesario. Del mismo modo, otros consideran que debe privilegiarse la lucha política por fuera del Estado. Pero tampoco abandonan la idea de que las elecciones deberían administrarse localmente, participar solo los candidatos probos de cada región avalados con 7% de los ciudadanos y en las campañas debe terminar el financiamiento diferenciado. Así mismo, desmercantilizar y desprivatizar la política y las elecciones.
Desde fines del siglo XX, existen nuevas modalidades de quiebre de las reglas del sistema liberal. Las nuevas formas de golpe de Estado (lawfare, destitución congresal) se concretan a través del irrespeto a la división de poderes y el apoderamiento de todos por el Estado profundo, la injerencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, del tribunal constitucional sobre el judicial, en connivencia con los grandes multimedios comunicacionales propiedad de los más poderosos grupos económicos. El Congreso de los falsos partidos pretende acabar con toda oposición popular y evitar la competencia, después de eliminar el referéndum, la vacancia presidencial y la capacidad de veto popular, lograrían el monopolio del poder en sus manos. Esto último porque “según el JNE, en las últimas elecciones regionales y municipales del 2022, se obtuvo 7,129 autoridades provenientes de los movimientos regionales de un total de 12,956”.12 Más del 50% provienen de los movimientos regionales
El Congreso fue utilizado como instrumento de poder y contención de cualquier intento de cerrar el Congreso por el confuso Castillo y la colaboración de sus múltiples asesores de variadas tiendas, desde su Premier Aníbal Torres hasta mediocres políticos como Vladimir Cerrón o Bellido, hasta nefastos familiares y paisanos. El Congreso modificó la cuestión de confianza, consiguiendo que el ejecutivo no pueda utilizar la confianza por la censura a un ministro sino únicamente por el jefe de gabinete, aprobó una ley anti-referéndum e interpeló constantemente a los ministros. También logró cambios constitucionales incrementando el dominio parlamentario, con el aval del Tribunal Constitucional cuyos miembros son elegidos por el mismo Congreso y la instrumentación del Ministerio Público. También el Congreso buscó el control del Poder Judicial estando en sus manos la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que, a su vez, designa jueces y fiscales.
A diferencia de los años 70, el neoliberalismo, en tres décadas y media, a depredado no sólo territorios sino a las mismas sociedades que ahora son más sumisas, disciplinadas y obedientes que naturalizan y aceptan las políticas del poder, aunque colocada en el límite pueda despertar su potencialidad de rebelarse. Estas sociedades ahora son más pasivas, sufren de miedo y carecen de expectativas ante el futuro; la guerra cultural ha provocado un cambio cultural en la izquierda que ha conducido a una forma oportunista, mercantil y corrupta de hacer política. Al no entender el momento histórico esta izquierda ya no posee conocimientos actualizados ni ha logrado construir nuevos fundamentos teóricos, ideológicos, discursivos capaces de situarla en posición de orientadora frente a los nuevos problemas. Tampoco logran reflexionar sobre la amenaza sobre los restos que quedan de democracia, amenazados por el predominio de un capitalismo cada vez más depredador, más oligárquico tienen mayor capacidad destructiva.

ESTADO Y LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

En resumen: el Estado peruano es producto de un proceso complejo tensado por continuidades coloniales. Insistimos en anotar que vivimos una reiteración del poder colonial que articula racismo, exterminio, explotación renovando los distintos dispositivos de dominación que se expanden y acumulan de tal modo que las prácticas coloniales no han cesado y continúan hasta hoy. control del conocimiento y de la comprensión; control de la gobernabilidad; control de la economía; de las relaciones subjetivas e intersubjetivas basada en la deshumanización. Durante el primer siglo de vida republicana, gobernó el país un grupo criollo que se estableció como heredero de la dominación colonial española, es decir, de la explotación social y la opresión racial de una pequeña minoría sobre la inmensa mayoría de la población, principalmente campesina indígena y afrodescendiente. La república renovó tanto la dependencia externa del país respecto al centro de poder mundial -Inglaterra-como las jerarquías y privilegios sociales a través de la propiedad, el trabajo y la clasificación racial y patriarcal. Asimismo, el grupo criollo gobernante heredó el carácter patrimonialista y corrupto del régimen colonial que no distingue lo privado de lo público. El conservadurismo católico caracterizó a una oligarquía que gobernaba dilapidando los recursos de las materias primas sin plantear un proyecto de nación moderna que unificara a los pueblos en una república.

Hoy, tenemos un Estado que erradicó los avances liberales, una lenta ampliación de la ciudadanía que incrementó el porcentaje de participación electoral del 2 % de la población total al 7 % en 1930, hasta que la Constitución de 1979, por primera vez consagró el voto universal incluyendo analfabetos e indígenas.

Perú forma parte de una tendencia global, para reinstaurar una dictadura desde el poder legislativo con respaldo militar y los medios, que se impone sobre el ejecutivo, con la complicidad del sistema de poder judicial, configurando una nueva modalidad de golpe de Estado, desde el 2016 cuando Fuerza Popular obtuvo 73 congresistas de 130. El 2021 la derecha cavernaria e hispanista impulso agrupaciones políticas de Lima y ciudades coloniales con la idea de compartir el poder con la mafia fujimorista. Aparecen mafias políticas que surgen de la economía ilegal -narcotráfico y mineria mediana y pequeña- en un pais con 80% de informalidad que convocan a sectores populares y clases medias que recurren a la violencia y a ideologías reaccionarias y bárbaras, misóginas, machistas, sexistas, homofóbicas, racistas, etc. La representación política desaparece junto a la capacidad regulatoria de la ley. Hasta el punto de generalizar y naturalizar las violencias y las bandas políticas lumpenescas, asociándose con la manipulación de quienes provienen del desempleo y la miseria. Las leyes se particularizan, son leyes privadas, el derecho se convierte en arma de despojo. Las instituciones pierden sentido ante los múltiples enemigos del Estado de derecho; se paraliza la vida pública y la lucha por privilegios se confronta con una inmensa mayoría que solo sobrevive. Los mafiosos se disfrazan como de derecha, centro o izquierda y avanzan en un mar de confusión ideológica y ética, arrastrando tras ellos a líderes sociales. El Congreso aprobó una amplia reforma constitucional que permite el retorno a la bicameralidad y de contrabando la reelección parlamentaria permanente además de dejarle la puerta abierta a los congresistas con un dígito de aprobación para que retornen como flamantes senadores de la República. No importó que hace unos años en un referéndum, los electores dijeran que NO estaban de acuerdo con la bicameralidad. El Congreso actual vive en la impunidad total, y tienen un Ejecutivo dispuesto a reprimir a quienes salgan al frente. La Junta Nacional de Justicia decidió remover de su cargo a Patricia Benavides, a raíz de su intervención en la investigación que se lleva a cabo contra su hermana, Enma Benavides, acusada de 41casos de liberaciones indebidas y absoluciones de narcotraficantes.

El desigual y desintegrado pueblo peruano, constituido principalmente por los pueblos indígenas diseminados necesitan cambiar el país para proyectar un bienestar general. Su integración y su proyecto son los problemas principales, pero deben buscarlos enfrentándose a enemigos externos e internos. Los externos son conocidos, los tenemos en el Estado aparente y el profundo, nos referimos a los poderes del Estado, a sus instituciones y bajo un manto ocultado por los medios a la lumpen burguesía. Los internos son los más complicados de identificar pues son los aspirantes o miembros de las clases medias, corruptas, de origen regional que aspiran a ser y vivir como la clase media limeña. Son los que niegan sus orígenes
Construir una agenda que responda a los retos del momento y que plantee, simultáneamente, propuestas de acciones de mediano y largo plazo. Este esfuerzo plural y múltiple demanda un claro compromiso con el cambio. Si las izquierdas no pueden convivir con el sistema capitalista, menos aún pueden convertirse en simples administradoras del capitalismo. Sin embargo, nos toca reconocer que de este sistema se saldrá arrastrando muchas de sus taras. Necesitamos, entonces, centrar la discusión alrededor de las propuestas y alternativas para hacer realidad esa salida, sin olvidar las demandas de corto plazo.
El Perú no requiere liderazgos que conduzcan a la configuración de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva y horizontal de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad. Esto conduce necesariamente a respetar las diversidades para la construcción de una sociedad democrática, en ningún caso su uniformización totalitaria. Estos deben ser principios que guíen la estructura orgánica y la dirección de esta unidad de las izquierdas.
La naturaleza de la identidad cultural y su importancia en la formación de la subjetividad individual y colectiva. Una identidad en proceso, destacando que la identidad no es fija ni estática, sino que se encuentra en constante cambio y negociación en respuesta a las condiciones sociales, culturales y políticas en las que se encuentra inmersa. Sera difícil y compleja la formación de identidades colectivas e individuales, y cómo estas representaciones pueden reflejar y perpetuar estereotipos y prejuicios sociales. La cuestión de la resistencia y la agencia en la construcción de la identidad cultural; cómo los individuos y los grupos marginados o subalternos pueden resistir y subvertir las normas culturales dominantes, creando espacios alternativos de identidad y expresión.
En lo concreto habrá que asumir compromisos históricos como lo es la construcción de un Estado plurinacional, entendido como un nuevo Estado, diseñado y transformado desde abajo, que debe incorporar otros elementos clave: el Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza, la descolonización y la despatriarcalización, desde donde consolidar y ampliar los derechos colectivos y también los individuales.
El sistema de dominación capitalista se expande a través del mercado, el Estado y su institucionalidad antidemocracia, las falsas ideas y sus medios de difusión y la corrupción impune, sin eliminar tal sistema y sus componentes, no se podrá construir un nuevo país. La ilegitimidad del régimen (90% de rechazo) debe ser la base para romper este sistema capitalista anudando resistencias en su momento neoliberal.
Como señala Milciades Ruíz, los políticos y la política neoliberales ha sido decisiva en la grave situación del país, el saqueo del país y el derroche entre los privilegiados explican la recesión, el déficit fiscal, el aumento de la deuda y la perdida total de la soberanía es responsabilidad de la cacocracia.

Ruiz señala:

“Desde la implantación del neo-liberalismo que eliminó el control de Estado regulador, privatizó casi todo lo imaginable, flexibilizó el trabajo con la tercerización y recortes de derechos aborales como el Perú, ya casi no hay derechos laborales en algunos sectores. En Perú se proponen rebajar el impuesto a la renta a las transnacionales agroexportadoras de capitales norteamericanos y europeos….

En el Perú, los últimos doce meses hasta abril, el déficit fiscal acumulado alcanzó el 3.6% del Producto Bruto Interno (PBI), según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta cifra continúa en alza, con el intercambio de favores en los poderes del estado.

La principal causa de esta disminución se debe a los excesivos gastos no financieros del gobierno. En lo que va del año, el sector público no financiero acumuló un superávit de gastos de S/ 44 millones en los primeros cuatro meses. Este contraproducente manejo de las cuentas nacionales preocupa, ya que, el año pasado el déficit pasó el “techo” fiscal, que era 2.4% del PBI (llegando a 2.8%). Para este año, la meta es de 2.5% y ya estamos en 3,6% hasta abril.”13

La ausencia de una respuesta al sistema occidental de dominación, no puede dejar a un lado el retroceso registrado en las tres últimas décadas en lucha clasista y en la sindicalización combativa. La guerra sucia, militar y cultural, han frenado temporalmente la resistencia popular, al tiempo que los trabajadores abrumados por la precarización laboral, continúan desorganizados y carente de un proyecto social, económico y político autónomo. El ideario socialista continúa actuando subterraneamente, no obstante que la vida se ha tornado cada vez más individualista y ensimismada con el auge del consumismo y el capitalismo digital. Las bases sociales de una alternativa revolucionaria socialista, única fuerza portadora, en el presente, de una alternativa diferente al capitalismo liberal se organiza para la destitución y se va expresando desde abajo y desde arriba, .

En estos tiempos de amenaza política a la vida societal, de polarización entre una derecha que es cada vez más fascista y brutal y una izquierda que en gran parte ya no es realmente de izquierda (pues no cuestiona los fundamentos políticos y económicos de este sistema) es fundamental para las izquierdas el arraigo comunitario, plural y diverso, como base de su acción democratizadora e igualitaria. Indispensable para restituir la soberanía sobre el territorio y la soberanía alimentaria y energética. Así como restituir y reconocer los modos de vida que giran alrededor de la calidad de las relaciones y del equilibrio entre humanos y con la Naturaleza,

Como señala Monereo, bebemos entender la necesidad que tienen las poblaciones de protegerse y luchar contra él capitalismo. La izquierda débil orgánicamente, ideológicamente, con una falta muy real de organicidad entendida como influencia, organización y principios ético-políticos hacia la mayoría social, necesita situar de nuevo una agenda socialista en torno a las grandes reivindicaciones de una democracia social avanzada, de una democracia socialista. Reconstruir la izquierda, desde las asambleas y parlamentos populares, desde la comunidad lo más amplia y autoorganizada posible, que debatan de una manera abierta y sincera los grandes problemas que tiene el país y ponerse de acuerdo en un programa alternativo. Ha llegado el momento de hablar de la revolución, el momento de hablar del socialismo, el momento de cuestionar a las clases dominantes y desde ahí tener una perspectiva de salida socialista a este conflicto imperial.14

Notas:

2 La izquierda congresal, transformista y esquizofrénica hoy adopta posiciones de izquierda iniciando su campaña electoral, mientras la derecha que gobierna bajo el mando de la familia Fujimori usa a su marioneta Dina para que reciba todas las culpas y Keiko -que de hecho gobierna- se afiance como salvadora del país.

3 Algunos politólogos nos hablan de Estado Fallido, lo cual es inapropiado por que ello supondría que estamos ante un estado de derecho, con las formalidades democráticas de una república, con soberanía, sin injerencia externa, sin intervención de los militares y empresarios en la vida política y ello no es correcto, pues, ello no ocurre y si los otros rasgos como ser un Estado corrupto e ineficaz, sin control territorial, con participación de la economía criminal, presencia de desplazados extranjeros, con una burocracia más que mediocre, en el límite de ser un estado paria en sus relaciones interestatales, sin derechos humanos, represivo y genocida, manipulador de la miseria en las que mantiene a más de la mitad de la población, altos índices de criminalidad, machista, homofóbico, teócrata y diabólico, etc. Mas correcto es denominarlo colonial y cacócrata, aunque ello nos deje la tarea de una mejor definición. .

4 La acumulación de minerales -litio, cobre, tierras raras- alienta el colonialismo, en un contexto de guerras, competencia y aumento del crimen organizado transnacional.

5 Vandana Shiva, «El nacionalismo del odio es socio del neoliberalismo corporativo», Rebelión, 12/06/2024.

6 A junio de 2023, se registró un aporte total de S/ 8 252 millones y devoluciones por S/ 2 231 millones, lo que significa un aporte neto del sector minero de S/ 6 021 millones. Por otro lado, durante el mismo periodo en el 2022 el sector minero registró un aporte total de S/ 15 861 millones y devoluciones por S/ 2 308 millones, lo que representa un aporte neto del sector de S/ 13 553 millones, más del doble de lo que se registra este año.
CooperAcción Informa, Economía y minería (agosto 2023), 29 de agosto de 2023

7 José De Echave C.  Publicado: Servindi, Lima, 26/02/2024.

8 Carlos Noriega, Perú se mira en el espejo de Ecuador, Pag.12, 15/01/2024, https://www.pagina12.com.ar/703999-peru-se-mira-en-el-espejo-de-ecuador

9 Esta articulación de lo privado y lo público, de lo caviar y plebeyo, se pudo apreciar cuando abogados de 13 reconocidas firmas Olaechea, Miranda-Amado, Payet Rey, Torres y Torres Lara, Rodriguez, Rebaza, Rubio, Dentons, Elias y Medrano, Bracamontre-Haaker-Castellares, Gogin, Muñiz y otros brindaron asesoría jurídica a Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta, en el contexto de la estrategia de este partido y aliados políticos para denunciar un presunto fraude electoral y evitar así la proclamación de Pedro Castillo.

10 Rudecindo Vega Carreazo, https://otramirada.pe/per%C3%BA-estado-criminal-y-mafias-gubernamentales, Otra Mirada, 17/01/2024

11 Alejandro Narváez Liceras, El Perú, atrapado en las redes de la corrupción, otraMirada, 6/12/2023. https://otramirada.pe/el-per%C3%BA-atrapado-en-las-redes-de-la-corrupci%C3%B3n.

Rudecindo Vega Carreazo, Perú: Estado criminal y mafias gubernamentales. OtraMirada 7/01/2024, https://otramirada.pe/per%C3%BA-estado-criminal-y-mafias-gubernamentales.

12 Milciades Ruiz, EL DETERIORO POLÍTICO ELECTORA, https://republicaequitativa.wordpress.com/, 9 de junio 2024.

13 Milcíades Ruíz, la coyuntura económica mundial y nacional. Lima 19 de mayo 2024.

14 Miguel Riera, Entrevista a Manuel Monereo sobre política internacional y la situación de la izquierda

Jorge Lora Cam. Doctor en Ciencias Políticas y Doctor en Estudios Latinoamericanos. UNAM.

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https://www.leerydifundir.com/2024/06/las-mafias-poder…-la-perpetuacion/