Perú: Beca naranja

Juan Manuel Robles

"Hay que ser muy obtuso para jugarse con algo así"

Me entero, como todos, que el programa Beca 18 se ha quedado sin presupuesto para unos 40 mil estudiantes y pienso que la insensibilidad de quienes nos gobiernan no tiene límites. Pero pienso también, además de eso, que las bandas que dirigen el país exhiben una estupidez mayor a la imaginable. Lo que han hecho no solo los pinta de cuerpo entero; es un punto de quiebre, una demostración de que su arrogancia es tan grande que son capaces de jugar con fuego.

Los países canallas como el Perú, donde el neoliberalismo acabó con cualquier anhelo de Estado de bienestar, inventan de vez en cuando premios que tienen la cualidad de ayudar (salvar) a unos elegidos y renovar la fe en el sistema. Son una bendición, una de esas cosas que responden las plegarias que hace una madre mientras mira a su hijo, que salió geniecillo pero ni siquiera tiene zapatos para hacer la caminata de dos horas que lo separa del colegio. Esos beneficios son islas encantadas, llaves mágicas que les permiten a los pobres, por una vez, jugar en igualdad de condiciones y poder ganar una oportunidad de transformar la vida, nada menos.

Beca 18 es uno de esos casos. Su existencia, bien vista, es un premio consuelo, un mecanismo que existe porque las cosas no funcionan. Un paliativo. Es de lo poco que pudo hacer por la educación el último gobernante de izquierda que terminó su mandato (Humala); lo hizo cuando quedó claro que la Gran Transformación no era posible pero sí la inclusión social negociada a cuentagotas con el MEF. Así nació un programa para pagarles los estudios a jóvenes sin recursos de todo el Perú, a chicos y chicas en situación vulnerable: de bajos ingresos, de poblaciones amenazadas, víctimas del conflicto armado. ¿Cómo funciona? El Estado cubre la educación en una universidad (por lo general privada) y los gastos de manutención durante la carrera: no parece mucho para quienes soñamos con educación universal, gratuita, de la mejor calidad y todas las comodidades. Y aun así se convirtió en un gran generador de la movilidad social en un país donde superar la pobreza de nacimiento sigue siendo altamente improbable. Como dice la investigadora Susana Chávez: “Beca 18 fue capaz de abrir una grieta real en esa desigualdad estructural”.

Después de años de funcionamiento exitoso con un índice de deserción casi nulo, el Congreso le da un golpe presupuestal, dejando en incertidumbre a decenas de miles. Por supuesto, a nadie le sorprende: un acto así rima con la calaña del Parlamento que tenemos. Pero hay algo que no están viendo.

La clase política que perpetúa el modelo económico, envalentonada, impune y bravucona, no sabe lo que hace. No se da cuenta de lo mucho que le debe a Beca 18 y programas afines. Como las derechas fanáticas de moda, miran con desprecio cualquier forma de gratuidad (incluso una tan sui generis). No entienden que gracias a esos programas se perpetúa una creencia muy útil: que la educación puede cambiarte la vida, que el que se esfuerza tiene su recompensa y que existen herramientas disponibles para progresar; gracias a Beca 18 un montón de padres del Perú, el país de la desesperanza, ha podido encontrarse de nuevo con ese lema que parecía extinto: “el que estudia, triunfa”.

No es poca cosa. Los que cortan el caño —y al mismo tiempo se agregan más recursos de la torta para el sueldo y las gollerías— deberían preguntarse: ¿Por qué el país todavía mantiene una —relativa— paz social? ¿Por qué el descontento y la desigualdad no estallan en revueltas más seguido? Pues tiene que ver, en parte, con la fe en la superación, tal vez no para ti pero sí para tu hijo… Si tiene “talento”. Beca 18 es una de las pocas cosas concretas —y con proyección a futuro— que el Estado peruano puede brindarle a una familia que no tiene nada.

Beca 18 permite poblar el ambiente con historias inspiradoras de chicos y chicas que cumplieron un sueño: semblanzas que tienen el mismo tono de las historias inspiradoras de las fundaciones de los bancos (¡capitalismo afectivo!), perfiles en que suele aparecer la palabra “perseverancia”. No solo es el beneficiario. Cada familiar y conocido suyo tendrá bien presente el caso de esa persona bendecida por un Estado que, increíblemente, le dio lo que necesitaba y se merecía (¡en el Perú!). La narrativa de la salvación que usan los propagandistas de la igualdad de oportunidades: si ellos pudieron, todos pueden.

Hay que ser muy obtuso para jugarse con algo así. O tal vez es que creen, a estas alturas, que hay otro tipo de “meritocracia” y movilidad social: la de la política. Los analistas más serios coinciden en la decadencia en la práctica de la política, y es cierto. Pero a pesar de que esa caída es evidente, la arena de la política —la que queda— es activa y vigorosa, llena de movimientos, dinámicas, cocteles, pitufeos, know how y saberes que permiten que jóvenes con “talento” se sientan atraídos y entren, logrando el sueño de cambiar su vida para siempre.

Quienes están en el poder no han crecido gracias a la competitividad educativa. Han encontrado la oportunidad de ascenso social de otra forma: de grafitera difamadora de manifestantes a congresista de la república con gastos de representación y bonos. De asesora practicante de congresista a asesora con un patrimonio de 100 millones, en cuatro años. No es casual que desprecien la educación, y peor, su fomento y universalización. Mientras tanto, aparecen en el horizonte organizaciones como la Escuela Naranja, dirigidas por remanentes fujimoristas a los que la Dircote no perseguirá (a pesar de que en sus locales hacen abierta apología a un criminal). Esas aulas, esos centros de adoctrinamiento, se convierten en la alternativa que tienen los jóvenes para trepar, en un parpadeo, a otra categoría. Estudiar es de cojudos. Hay otros caminos, y los estamos viendo.

04-12-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 761 año 16, del 05/12/2025

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¿Qué está pasando en América Latina?

Álvaro García Linera

La región vuelve a ser un laboratorio de oleadas progresistas y contraoleadas derechistas que se disputan nuestro futuro político.

Una oleada política reaccionaria recorre el continente. Allá donde las izquierdas y los progresismos colapsan por errores propios (Argentina, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile) un desembozado antiigualitarismo se abalanza sobre las expectativas colectivas para intentar desmontar derechos y reconocimientos populares conquistados. Allá donde la oleada progresista persiste (Brasil, Colombia, México, Uruguay, Honduras), la asedian y agrietan por todos lados para intentar derrocarlos. Donde puede (Venezuela), ensayan intervenciones extranjeras.

América Latina siempre ha sido un continente convulso y extremo. De revoluciones populares, golpes de Estado y dictaduras militares. Pero también de ciclos de estabilidad institucional. El neoliberalismo, por ejemplo, que en algunos casos se inició con dictaduras (Chile, Argentina) o en momentos de transición democrática (Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Brasil), dio lugar a un periodo de 20 años de relativa normalización del régimen de acumulación económica y un sistema de partidos políticos convergentes en la des-sindicalización, la privatización de empresas públicas y la apertura comercial. Si bien al principio no estuvo exento de resistencias sociales, logró comandar el horizonte predictivo de las sociedades.

Igualmente, los gobiernos progresistas y de izquierda que emergieron a inicios del siglo XXI en buena parte del continente, también lograron estabilizar el crecimiento económico y el sistema político por más de una década. En el caso boliviano hasta cerca de dos décadas.

No obstante, pese a esta aparente similitud de temporalidades y extensión territorial, se tratan de procesos cualitativamente muy diferentes. El neoliberalismo vino de la mano de una alianza de los grandes exportadores, los financistas, clases medias letradas y las grandes corporaciones occidentales, asesoradas por los organismos de financiación internacional (FMI, BM). La resistencia a su implementación la encabezaron las declinantes clases asalariadas vinculadas a la sustitución de importaciones de los tiempos del capitalismo de Estado. En el caso del progresismo, este vino de la mano de coaliciones flexibles de los agraviados por el neoliberalismo: trabajadores asalariados sin sindicato, clases medias desplazadas por las elites management, pobladores multioficios de las zonas periurbanas, bolsones de sindicalistas y, en el caso de Bolivia y Ecuador, de un potente movimiento campesino e indígena.

Pero, además, y esto resultara decisivo a la hora de entender el presente, la estabilidad neoliberal continental se construyó sobre los pilares de una reforma general del orden económico y político global: EE.UU. y Europa desmantelaban gradualmente los pactos sociales del Estado de bienestar construido desde los años 30. China abrazaba el “libre comercio” y, la economía planificada de la URSS se desmoronaba ante el ímpetu de los mercados globales. La sentencia thatcherista de “no hay alternativa”, en su brutalidad, tenía soporte plausible en una triunfante globalización legitimada por un liberalismo político atemperado. Los lideres latinoamericanos de entonces no tuvieron nada que inventar para desplazar el desarrollismo nacional en crisis. Simplemente bastaba con hacer copy page y traducir los papers del FMI para presentarse como “estadistas” ante un electorado expectante de alternativas.  

El ciclo progresista latinoamericano en cambio, tuvo que nadar contra la corriente mundial globalista. Allá cuando surgió en los años 2000-2006, lo hizo quebrantando algunas, o muchas según el caso, de las normas prevalecientes a escala global: ampliar derechos sociales, re-sindicalizar, proteger producción local, subir impuestos a las corporaciones extranjeras, redistribuir riqueza, nacionalizar empresas, etc. Es decir, llevo adelante políticas contrarias al sentido común neoliberal aun dominante en el mundo (con excepción de China). Y ahí estuvo su creatividad y audacia. De hecho, el continente se adelanto 15 años a lo que ahora las propias economías “desarrolladas” intentan implementar selectivamente bajo el paraguas de “políticas industriales”, “proteccionismo” o guerras arancelarias. Pero este desacople de temporalidades entre el continente y el resto del mundo, también ha contribuido al actual cansancio e inestabilidad del progresismo latinoamericano que lo lleva hoy a coexistir al lado de una oleada ultraderechista.  

La oleada de izquierdas

El neoliberalismo continental tuvo dos momentos de consolidación. El primero, cuando logró parar la inflación emergente de la crisis de la deuda de los años 80 mediante la contracción de la inversión pública y la liberalización las importaciones. Y segundo, cuando dinamizó la economía interna con la inyección de capitales extranjeros atraídos por la subasta de las empresas estatales. Pero, con ello, se sentaron las bases de su posterior caída. El “ajuste fiscal” deterioró la red básica de protección social con el que cualquier Estado del mundo cohesiona a su población; en tanto que, con la privatización, el capital extranjero comenzó a externalizar las ganancias de sus inversiones, lo que llevó a una nueva fuga de dólares. Esto, más la caída de los precios de materias primas, lanzaron a las economías regionales al estancamiento, inflación y posterior recesión económica.  

Los distintos gobiernos de izquierda y progresistas de Latinoamérica son la respuesta social a ese declive estructural del neoliberalismo continental a inicios del siglo XXI.

A la frustración material colectiva le acompañara una corrosión de las lealtades al individualismo competitivo y al sistema de partidos que lo legitimó. Vino una crisis nacional general en la mayoría de los países. Ahí es que lograron irrumpir distintas formas de protagonismo popular que revitalizaron nuevos horizontes predictivos apegados a la igualdad, la justicia social y la soberanía.

Y es que la acción colectiva no sólo es un mecanismo de protesta legítima de la sociedad. Cuando es amplia y expansiva bajo las formas de estallidos, protestas masivas, levantamientos o insurrecciones, es además un productor de nuevos esquemas cognitivos compartidos con los que las personas trastocan su ubicación en el mundo y reinventan nuevas direcciones de la vida en común de los pueblos. Genera una disponibilidad social general a revocar antiguas creencias asociadas a decepción y fracaso; al tiempo que empujan a adherirse a nuevos sistemas de certidumbres capaces de proyectar otros destinos posibles.

Es sobre este espíritu colectivo subyacente, y sus límites, que las actuales izquierdas y progresismos continentales llevaron adelante un conjunto de reformas económicas y sociales entre el 2003-2015. Lograron estabilizar la economía y ampliar los derechos colectivos. Con variaciones en cada país, se elevaron algunos impuestos de las empresas exportadoras. En otros casos, se nacionalizaron empresas privatizadas, logrando una mayor retención del excedente que fue redistribuido en amplios sectores populares mediante políticas de protección social universales y focalizadas. Se apostó a una mayor inversión publica que dinamizó la economía y amplió el consumo interno. A la par, se combinaron políticas de apertura comercial selectiva que incrementaron las exportaciones, con acciones proteccionistas de las industrias locales. El bienestar social se elevó.  

En una década y media la economía retomó tasas de crecimiento saludables, cerca de 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza y hubo una notable movilidad social ascendente de sectores populares. En el caso boliviano, mayoritariamente indígenas.

Pero, alrededor del 2015, este programa de reformar comenzó a mostrar síntomas de agotamiento y a traducirse en derrotas electorales de aquellas fuerzas de izquierda que estaban en gobierno.

Dejo para otro momento el debate sobre las causas de este retroceso político, especialmente con aquellas que hablan de una “pasivización” inducida, del papel omnipresente de las redes o de clases populares “malagradecidas”. Son especulaciones contrafácticas. Lo real fue que aquellas reformas, exitosas para resolver los principales problemas que angustiaban a la población en la primera década del siglo XXI, para la segunda década ya eran insuficientes. Ello dio lugar a un agotamiento por cumplimiento. Las reformas iniciales modifican la estructura social. La ampliación de los servicios básicos, la mejora salarial de abajo a arriba y la ampliación del consumo de amplios sectores populares e indígenas, un hecho básico de justicia social, modificó las demandas de esos sectores, al igual que sus formas organizativas. Y con ello su manera de ubicarse aspiracionalmente en el mundo. Pero esta mutación social, fruto de la propia obra del progresismo, él no la comprendió y siguió refiriéndose a lo popular como si se mantuviera igual que antes de las reformas. Desde entonces, parte de las propuestas de las izquierdas y el progresismo se han vuelto anacrónicas. En Argentina, la incapacidad actual para interpelar a los sectores de la llamada “economía popular”, que ya abarca a mas del 50% de la fuerza laboral, es paradigmático. En el caso boliviano, la incomprensión de las reivindicaciones de las emergentes clases medias indígena-populares, es igual de dramático a la hora de querer volver a construir mayorías políticas con efecto estatal.  

A ello se sumó el declive de la acción colectiva (con excepción de Chile y Colombia) y las modificaciones del contexto mundial. La caída de los precios de las materias primas desde el 2013 y la ralentización de la economía global, redujeron los ingresos públicos y puso en jaque las políticas redistributivas de las izquierdas. Todas estas realidades requerían, y aún requieren, una segunda generación de iniciativas progresistas. La primera fase se internalizó el excedente económico y se lo redistribuyó con parámetros de justicia social. Esta nueva fase requiere un abordaje audaz en políticas productivas y tributarias que permitan darle sostenibilidad en el tiempo a las acciones redistributivas. Ello pasa por un programa de inversiones en políticas industriales del Estado y guiada desde el Estado hacia el sector privado de la pequeña y mediana producción, además de los servicios. Igualmente, se necesita una modificación sustancial del actual sistema impositivo regresivo. Pasar a la progresividad de tal forma que los millonarios, menos del 1% de la población, paguen muchísimo más, sin afectar a sectores medios y populares. De esta manera se reduce la brecha de desigualdad y se concentra el malestar en una pequeña minoría opulenta.  

Pero no se tomaron esas medidas. De hecho, hasta el día de hoy ni siquiera se debate esta u otras acciones que permitan recuperar la iniciativa política y la convocatoria hacia un nuevo porvenir esperanzador. Lo que hay es una recuperación melancólica de los “buenos tiempos” y los antiguos logros del progresismo; pero en medio de una frustrante carencia de nuevos horizontes que superen los agobios existentes. Así, el progresismo atraviesa, esperemos sólo temporalmente, una fase defensiva y de baja intensidad de su oleada, que apela a preservar lo conquistado para que el futuro no sea peor que el presente. Cuando en realidad de lo que se trata en la lucha política hegemónica es la disputa por el monopolio de un futuro que sea mejor, mucho mejor, que el presente y el pasado. Una medida del actual conservadurismo propositivo del progresismo, es verlo formular simplemente variantes más “humanas” de las mismas políticas de ajuste macroeconómico que realiza el bloque de derechas.

La oleada de extrema derecha

Como en el resto del mundo, las extremas derechas autoritarias y anti-igualitarias no son nuevas. Durante mucho tiempo han vegetado como fuerzas políticas marginales de un centro político de derechas neoliberal que se fagocitó casi todo el espectro político conservador. Pero las crisis económicas, como también para las izquierdas, son la posibilidad de su despliegue. Es la cualidad del actual tiempo liminal.

El tiempo liminal es el periodo histórico turbulento y confuso que separa, a veces por décadas, un ciclo relativamente estable de acumulación económica y legitimación política, de otro ciclo.  

Claro, ante la crisis económica que pone en evidencia el límite o fracaso del régimen anteriormente prevaleciente, la manera de salir de ese atolladero empuja a las fuerzas políticas a divergir unas de otras, y a dar espacio a fuerzas políticas emergentes. Cuando la crisis se manifiesta en una gestión gubernamental de derechas, ello habilitara disponibilidad a coaliciones de izquierdas o progresistas abanderando propuestas de igualdad, justicia social y ampliación de los bienes comunes estatales. Aunque también crecerán, simultáneamente, las extremas derechas que propugnarán una manera autoritaria de recuperar el orden perdido. Cuando la crisis económica no se soluciona o se profundiza por la gestión de un gobierno progresista, fermentaran las condiciones de una coalición gubernamental de extrema derecha, que propondrá recortes de los derechos colectivos, restricción a la participación democrática y contracción de los bienes públicos.

Pero aún con gobiernos progresistas exitosos y relativamente estables, las derechas autoritarias crecen. Son la contracara de la expansión de la igualdad. Ya sea por el ascenso social de sectores populares e indígenas, el empoderamiento de las mujeres, la mejora del consumo popular o la inserción laboral exitosa de migrantes, ello dará lugar a un pánico moral de sectores medios tradicionales que creerán ver devaluado antiguos pequeños privilegios. De ahí la base de clase media, y en parte popular, de las extremas derechas. Son la expresión virulenta y cruel de una revancha anti-igualitaria por la pérdida de estatus.

Con todo, el régimen de las extremas derechas tampoco son aún el inicio de un nuevo ciclo de acumulación y legitimación. El neoliberalismo autoritario de Bolsonaro en Brasil no logró consolidarse y dio paso al regreso del progresismo. La experiencia pseudolibertaria de Milei, al final tuvo que comerse sus palabras referidas a las virtudes de la “mano invisible del mercado” y arrodillarse ante la mano visible del Estado (norteamericano). La presencia de gobiernos de izquierda en Brasil y México, las economías mas grandes del continente, mantienen el equilibrio inestable regional.  
En realidad, en la siguiente década, el continente seguirá ejerciendo de laboratorio de coetáneas oleadas progresistas y contraoleadas derechistas. Es un tiempo de victorias cortas y derrotas cortas simultaneas. Y, si ninguna de las dos oleadas se impone concluyentemente, el desenlace vendrá a escala global; de la mano de las economías más influyentes del mundo capaces de proponer una base tecnológica y organizativa del nuevo ciclo de acumulación y legitimación global.    

Álvaro García Linera. Figura intelectual relevante del marxismo latinoamericano. Estudiante de matemáticas en la UNAM, participó en la fundación del Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK) y pasó varios años como prisionero político en la cárcel de Chonchocoro de La Paz. Fue elegido vicepresidente de Bolivia en 2006 y reelegido hasta el golpe de Estado de 2019 que le obligó a exiliarse junto al presidente Evo Morales. Autor de más de dos decenas de libros, su última obra “El concepto de Estado en Marx: lo común por monopolios” (Akal, 2025).

Fuente: https://www.diario-red.com/opinion/alvaro-garcia-linera/que-pasando-america-latina/20251121213935058642.html

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Perú: Ladrones de cuello y corbata

Pedro Francke

"El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás"

Durante varios años los neoliberales peruanos insistieron en que la economía y la política iban por cuerdas separadas. Decían que nuestra macroeconomía iba muy bien, aunque la política estuviera mal. El año pasado, el Premio Nobel de economía se entregó a tres estudiosos que han establecido exactamente lo contrario: el subdesarrollo se debe a instituciones económicas extractivistas que van de la mano con instituciones políticas excluyentes. En nuestro querido Perú la relación entre economía y política, o más precisamente entre poder económico concentrado y política corrupta, ha sido una constante histórica. Esta semana ha habido otra prueba de eso.

Me refiero al fallo del Tribunal Constitucional (TC) en favor de Keiko Fujimori que, indignante como es, no sorprende a nadie –y en particular a ningún lector de este semanario que lo había anunciado reiteradas veces–.

Desde que el actual Congreso nombró a este Tribunal tras un pacto de Fujimori con Acuña, López Aliaga y Cerrón, no era difícil prever que esto se vendría. El asunto de fondo del que trata esta resolución del TC es este: Keiko recibió millones de dólares de dueños de grandes monopolios, bancos y AFP, transnacionales traferas y mineras abusivas, y a cambio ha sido firme defensora de sus intereses económicos. El TC ha liberado a Keiko de todos los engaños que hizo mediante supuestos “cócteles” para mantener ocultos esos millones que recibió de ese gran poder económico.

Siendo el fallo uno muy político, no debemos olvidar cómo entra en juego la economía. El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás. Uno de los primeros fallos de este Tribunal fue precisamente regalar 12 mil millones de soles de deudas tributarias a grandes empresas monopólicas como Telefónica y Backus, mineras como Las Bambas y Cerro Verde, y bancos como Scotiabank, Interbank y BBVA. Lo que nunca se permite a una micro o pequeña empresa, lo tuvieron ellos. Constitucionalistas como Marianella Ledesma y Marcial Rubio resaltaron que el fallo era inconstitucional. Los doce mil millones de soles que regaló el TC en ese momento, y que además ha multiplicado el incentivo a la evasión tributaria, hubieran permitido que la inversión en salud se triplicara los últimos tres años, se duplicara la inversión en educación o se cuadruplicara la de obras en agua y desagüe. Más pesó el “poderoso caballero don dinero”.

Coincidentemente, varias de las empresas beneficiadas por ese regalo del TC están entre las que otorgaron cientos de miles de dólares a Keiko Fujimori. Así que los tribunos, elegidos con los votos de Keiko y sus aliados, y que hoy liberan a Keiko, ya antes beneficiaron a estos grupos oligárquicos. Otra coincidencia llamativa es que el “tribuno” que primero analizó el caso y propuso regalar esos 12 mil millones de soles a los grupos oligárquicos fue Ernesto Blume, a quien todos estos años hemos visto defendiendo al régimen de Boluarte-Congreso en radios y TV. La vida tiene sorpresas, pero esta no es una de ellas.

Aquella decisión del Tribunal Constitucional que regaló 12 mil millones de soles resultó aberrante para cualquier economista o analista financiero serio, porque establecía que cuando esos billonarios y transnacionales le deben al Estado no deben pagar intereses de la misma manera como los cobra cualquier banco a un deudor moroso. Lo que esos monopolios y bancos hacen todos los días en sus negocios cuando se trata de cobrar, el TC decidió que no se les aplica a ellos mismos cuando deben honrar sus deudas al Estado. Absurdo, pero los periódicos, radios y canales de la oligarquía, sus consultoras favoritas y sus opinólogos neoliberales, guardaron un silencio sepulcral al respecto. Ellos nunca se pelean con quienes sostienen sus cofres. Ni qué hablar, claro, de los gremios empresariales, de la Confiep, CADE, la Sociedad de Minería y demás “asociaciones” y “colectivos” de la misma mancha, a quienes les gusta hablar de democracia, transparencia y “libre mercado” pero que cuando se trata de un regalo de miles de millones del Estado en favor de la oligarquía reinante callan en todos los idiomas.

Durante años los neoliberales nos dijeron que en la economía todo iba bien, que el modelo económico era fantástico, que gracias a la Constitución de 1993 crecimos mucho y que eso bastaba para que todos los demás problemas se fueran resolviendo automáticamente. La desigualdad, en ese discurso neoliberal, no importaba, aunque el dinero se siguiera concentrando en base a un poder corrupto que beneficiaba a la oligarquía a costa de campesinos e indígenas desterrados, consumidores engañados y trabajadores explotados, y que dejaba un Estado debilitado y una educación y salud pública deterioradas.

Pero es mirando la desigualdad que podemos ver cómo, al mismo tiempo que sigue habiendo millones de peruanos sin agua potable ni acceso a la salud, tenemos monopolios de la leche, la cerveza y la harina de trigo que abusan de su dominio del mercado, cuatro grandes bancos cobran por sus préstamos más que ningún otro país de la OCDE, grandes mineras se llevan la riqueza natural peruana para sus bolsillos y todos ellos obtienen exoneraciones y privilegios tributarios y se instalan en paraísos fiscales para evadir impuestos. Ese trato tan inequitativo se ha sustentado políticamente gracias al fujimorismo que, tras recibir los 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, dueño del monopolio Alicorp, de Credicorp y la AFP Prima, más los otros cientos de miles entregados por los dueños del monopolio de leche Gloria y de otra docena de millonarios aportantes, defendió con uñas y dientes mantenerles y ampliarles sus privilegios.

En las calles escuché la semana pasada que para acabar con los criminales primero hay que sacarlos del poder. Esta verdad se aplica también a los ladrones de cuello y corbata.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

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La batalla cultural en apuros

Juan De la Puente

Cuando se inició en diciembre de 2023, la presidencia de Milei era prometedora e idealmente disonante para los oídos radicales, habida cuenta de que le precedían varios años de fracaso peronista y la experiencia neoliberal de Macri, igualmente desastrosa.

La presencia de los grupos ultraconservadores en A. Latina tiene diversa intensidad. En algunos países, como Brasil, Colombia y Argentina, llegaron al gobierno (Bolsonaro, Duque y Milei, respectivamente), en tanto que en otros, como en Chile y Perú, y nuevamente en Colombia, se encuentran en posición de ganar los próximos comicios. Ecuador y El Salvador son casos singulares de gobiernos autoritarios que no se integran a la corriente regional de lo que se autodenomina la batalla cultural.

Sobre el gobierno de Bolsonaro existe consenso sobre su trágico legado pleno de violencia, deforestación, empleo precario, pobreza e informalidad; de su manejo errático de la economía y su política internacional, que debilitó severamente la influencia de Brasil en la región y en el mundo. Su performance golpista y su condena por ello son el cierre en falso de la primera experiencia de gobierno de la derecha extremista en A. Latina.

Cuando se inició en diciembre de 2023, la presidencia de Milei era prometedora e idealmente disonante para los oídos radicales, habida cuenta de que le precedían varios años de fracaso peronista y la experiencia neoliberal de Macri, igualmente desastrosa. La Argentina que votó por Milei, harta de la corrupción, la inflación y la pobreza, sintonizó con su discurso contra la “casta”, su odio al Estado y su grito de batalla desde la economía libertaria. Era la apuesta más ultraconservadora de las últimas décadas en la región.

Ya no lo es. En las últimas semanas, Argentina experimenta la desilusión del mileísmo. Del éxito inicial en la rebaja de la inflación se ha pasado al descontrol de la economía, con el dólar al alza y la destrucción del empleo. Los primeros quiebres de sus promesas —como romper con China— empalidecen frente a otros, como endeudarse con el FMI por 20 mil millones de dólares, el poder global al cual Milei dijo en campaña que jamás acudiría. Ahora Argentina es el país de A. Latina que más le debe al FMI: 64 mil millones de dólares.

Fue más allá. Su lema de campaña fue “antes de subir un impuesto, me corto un brazo”, pero su política tributaria es otra: bajar los impuestos a los ricos y subirlos a los pobres. A los primeros les obsequió la rebaja general de las retenciones (pagos aduaneros) en beneficio del sector cerealero, lácteo y minero, y el alivio del pago de impuestos a las grandes inmobiliarias, pero restituyó el pago del IVA (IGV) a los productos de la canasta básica, aumentó 15 veces el precio del combustible y repuso el impuesto a las utilidades de más de un millón de trabajadores.

Milei demuestra que el extremismo no puede tener una política económica coherente, el equivalente de la esterilidad que en el mismo terreno muestra la economía venezolana, y acaso la boliviana de los últimos años. Faltando dos años para el término de su mandato, exhibe resultados dramáticos. Durante su gobierno, hasta mayo de 2025 se cerraron casi 16 mil pymes y se perdieron en ese sector 224 mil empleos registrados. La caída de los sectores industrial, textil y calzado exhibe cifras que van desde el 20% al 50%.

Impresiona el sentido errático del manejo económico, considerando que Milei se vendió como un economista erudito que calificaba de descerebrados a los que le llevaban la contra. Debe saberse que el Banco Central de Reserva argentino no es autónomo y la idea de no acumular reservas fue llevada al plano de política pública, de modo que el BCR decidió no acumular reservas en el segundo trimestre de este año, impulsando en parte la corrida cambiaria que sufre la economía argentina actualmente.

En lo político, no pudo formar una mayoría gobernante. Sin diálogo y sin cooperación, perdió el apoyo de los gobernadores provinciales, a los que insulta en público, y a una parte decisiva de sus aliados en el Congreso. Se distanció de su vicepresidenta y del expresidente Mauricio Macri, y agrede reiteradamente a la prensa y a la sociedad civil. Su gobierno es un ejemplo de improvisación gigantesca: cogobierna con su hermana, a quien dice reportar y a la que llama “jefe”; tiene asesores que no están en la planilla del Estado; habla poco con sus ministros y, cuando se produce una crisis, enmudece varios días y explota en episodios delirantes. Ese comportamiento es increíble, y más aún que, a pesar de las señales previas a su elección, apostaran por él la prensa conservadora y los grupos económicos más poderosos.

Los recientes escándalos de corrupción tocan directamente a Milei y a su hermana copresidenta. Los datos fluyen: los hombres de la casta se reciclaron en su gobierno, así como los lobbistas siguen arrancando decisiones mercantilistas, en tanto la corrupción privada se entiende con los funcionarios como en las épocas peronista y macrista.

Este no es un ramillete de anécdotas presidenciales. Interpretándose en clave de corto y largo plazo, nos avisan del fracaso del discurso que se asume extremadamente confrontativo y que afirma que la arena pública —actores y auditorio— protagonizan en pleno siglo XXI una batalla cultural que, al llegar al poder, debe erradicar a sus enemigos, suprimir derechos y libertades y edificar un futuro muy propio, que no sea compartido.

La batalla cultural es un discurso, pero no un proyecto. No es capaz de reflejarse con éxito en el gobierno, de lo que ya nos hablaban los fracasos de Duque y Bolsonaro, solo que el de Milei es más resonante por la radicalidad de sus propuestas. Intentar aniquilar a las universidades públicas, recortar las pensiones y suprimir los derechos de las personas con discapacidad son prácticas que, desde antes de que ganara las elecciones, estaban vetadas por el sentido común, pero él las implementó.

Y fue más allá. Recortó programas para jóvenes (-39,8%) y adultos mayores (-9,3%) y las becas Progresar (-63,3%). Se ensañó contra las políticas de género: eliminó el Ministerio de la Mujer, redujo el presupuesto para salud sexual y violencia de género, bajó a mínimos los programas Acompañar y ENIA, y pretende suprimir la figura del feminicidio.

La situación argentina es un aviso para las próximas elecciones en A. Latina. Revela la distancia entre los discursos radicales contra la democracia y los derechos, y la práctica cotidiana de gobernar, especialmente en sociedades en crisis políticas, económicas o en ambas esferas. Los hombres providenciales sin partido, sin historia, sin experiencia y sin equipo, financiados con nocturnidad y portadores de un furioso futuro que amenaza con pulverizar las formas, presentan límites inherentes. El fracaso empieza con ellos.

A. Latina ingresa a un superciclo electoral de corto plazo. En siete países (la segunda vuelta en Bolivia, Honduras, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil) se llevarán a cabo elecciones marcadas por novedosos fenómenos. Al mismo tiempo que se deterioran los partidos tradicionales, surgen liderazgos populistas, la mayoría ultraconservadores, portadores de la batalla cultural en escenarios cruzados donde se aprecia que polarización y fragmentación son un todo desafiante.

La tendencia es a que las elecciones sean penetradas por campañas que cruzan las líneas rojas de una deliberación democrática con la promesa de elegir un gobierno sin límites y capaz de combatir la inseguridad y corregir los problemas políticos y económicos. Donde es posible desarrollar debates y diálogo —como en Chile— se aprecia rápidamente la falta de profundidad, calidad, información y coherencia de quienes apuestan por un futuro no compartido. En cambio, en países donde el debate político transcurre con extrema violencia verbal, como en el Perú, o violencia física, como en Colombia, es imposible separar la verdad de la mentira y es más fácil que se filtren discursos que anuncian resonantes fracasos. Elecciones sin diálogo y sin deliberación no son una práctica democrática y no conducen a una nueva política.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/09/28/la-batalla-cultural-en-apuros-por-juan-de-la-puente-hnews-1000748

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Las guerras del imperio en Latinoamérica y el Caribe

Atilio A. Boron

El título de esta nota puede inducir a creer que el objeto de estas breves líneas será recordar las numerosas aventuras militares del imperialismo norteamericano en Nuestra América, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, “la tercera frontera imperial” como felizmente la definiera el profesor y ex presidente de la República Dominicana Juan Bosch. Pero no: nuestro propósito es examinar las guerras actuales del imperialismo, las que al día de hoy se libran en contra de Cuba y Venezuela. Pese a que la Cumbre de la CELAC 2014 declaró a Nuestra América como Zona de Paz, lo cierto es que los países arriba nombrados son víctimas de una guerra no declarada pero no por ello menos perjudicial.

Los cambios en “el arte de la guerra” a lo largo de las últimas décadas han tenido como una de sus consecuencias invisibilizar el enorme daño que hoy se puede infligir a las poblaciones agredidas y ocultar, al menos parcialmente, la responsabilidad criminal que le cabe al país agresor. En los casos que nos ocupan, Estados Unidos es quien sin mediar una declaración formal de guerra, que requeriría una ley del Congreso de ese país, lleva más de sesenta años haciéndole la guerra a Cuba, con total impunidad, y diez años a Venezuela.

El caso venezolano se distingue del cubano porque existe una Orden Ejecutiva firmada el 9 de marzo del 2015 por el entonces presidente Barack Obama mediante la cual se declaraba la “emergencia nacional” ante la “amenaza inusual y extraordinaria que la situación de Venezuela suponía para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.” Es difícil al re-leer estas líneas no pensar en la soberana ridiculez de dicha Orden Ejecutiva. ¡La “seguridad nacional” de la mayor potencia militar y financiera del planeta amenazada por la Venezuela bolivariana! El pretexto, porque para todo el imperio tiene un pretexto, fue sancionar a siete funcionarios de los organismos de seguridad del estado venezolano que habían participado en el combate a las sangrientas “guarimbas” que asolaron al país entre febrero y mayo del 2014 y a los cuales se les acusaba de haber incurrido en prácticas violatorias de los derechos humanos.

En el caso cubano las medidas coercitivas unilaterales comenzaron poco después del triunfo de la Revolución cuando el presidente Dwight Eisenhower en enero de 1960 prohibió la exportación de todo producto a Cuba (excepto alimentos y medicinas) y redujo la cuota de azúcar que la isla exportaba a Estados Unidos, afectando seriamente la economía cubana. En marzo de ese año había autorizado a la CIA que organizara, entrenara y equipase a emigrados cubanos y otros mercenarios para organizar una invasión a Cuba con el objeto de derrocar a Castro, cosa que infructuosamente se intentó en Abril de 1961 en Playa Girón. Pocos meses antes, el 3 de enero de 1961, Eisenhower había roto las relaciones diplomáticas con Cuba. La perversa progresión del bloqueo en contra de Cuba es harto conocida tanto como los efectos devastadores sobre la vida económica, social y política de la isla. No existe ninguna experiencia en la historia universal, repito: en la historia universal, de un país o región que hubiese estado sometida por una gran potencia dominante a una agresión económica, comercial, financiera, diplomática, cultural, mediática, deportiva y migratoria como la que Cuba, con una dignidad y heroísmo ejemplares, viene resistiendo desde hace 65 años. Los problemas de la economía cubana son incomprensibles al margen de las devastadoras consecuencias de una guerra que se extiende por tantas décadas

Con la aceleración del curso declinante del imperio americano y ante su creciente pérdida de influencia en Asia, cada vez más girando en torno a los dos gigantes regionales: China y la India; con su tenue presencia en el continente africano; el debilitamiento irreversible de los países europeos, reducidos a la condición de dóciles sirvientes del amo imperial y sin gravitación siquiera en su entorno geopolítico inmediato como Oriente Medio a lo cual hay que añadir el inesperado renacimiento de Rusia como actor global, Washington reorganiza las prioridades de su agenda de política exterior y vuelve sus ojos hacia Latinoamérica y el Caribe, esa “retaguardia estratégica” del imperio como la denominaran Fidel y el Che. En efecto, nuestra región es un fenomenal emporio de recursos naturales como lo definiera un venezolano ilustre y gran secretario general de la UNASUR, Alí Rodríguez Araque. Y ante el cambio en la correlación mundial de fuerzas, en detrimento de Estados Unidos, Donald Trump alentado por sus halcones -entre ellos el fiel lobista del sionismo, Marco Rubio- ordena a su flota de mar patrullar el Caribe meridional, acosar a pescadores venezolanos en sus aguas territoriales, agredirlos e intimidarlos y, según confesión propia, en un par de casos asesinarlos fríamente luego de acusarlos, sin aportar prueba alguna, de ser narcotraficantes. Estas supuestas narcolanchas pretendían lograr una verdadera proeza náutica en un mar protegido por unas cuarenta bases militares estadounidenses amén de una decena de navíos de guerra que se hallaban patrullando la región, pese a lo cual desafiantemente se dirigían con sus pequeñas embarcaciones supuestamente cargadas de cocaína y fentanilo con destino en las costas estadounidenses. La mentira es tan flagrante que la única conclusión posible es que en su desesperación Trump apela a cualquier expediente, mintiendo sin escrúpulos e inclusive ejecutando a sangre fría a pescadores de atún en abierta violación de la legalidad de su país que exige la detención de los supuestos delincuentes para ser llevados a juicio y la incautación de su cargamento para confirmar su naturaleza.

Se trata, entonces, de actos de agresión militar en una guerra no declarada, pero guerra al fin. Actos que se inscriben en una larga lista de agresiones no militares pero letales que Venezuela ha sufrido en esta larga guerra que comienza con la infame Orden Ejecutiva de Obama del 2015. Si el objetivo de una guerra convencional es destruir mediante el empleo de la fuerza las instalaciones militares, la infraestructura y desestructurar por completo la vida económica del país agredido, en la guerra de quinta generación esos objetivos se logran por otros medios: medidas coercitivas unilaterales (vulgo: “sanciones”) que producen gravísimos daños en la economía, perjudicando las relaciones comerciales con terceros países, desalentando inversiones en Venezuela y destruyendo la normalidad de la vida económica al interior del país; también con atentados mediante ciberataques a represas, puentes, refinerías, abastecimiento de agua y energía eléctrica y el desplome de las redes sociales y la Internet; con campañas de desinformación, satanización de las autoridades del país agredido (por ejemplo, inventando una organización criminal, el Cartel de los Soles, y diciendo que su jefe es el presidente Nicolás Maduro Moros); o con la organización y financiamiento de grupos criminales como las tristemente célebres “guarimbas” de 2014 y 2017 (o, en Oriente Medio, la banda criminal de los degolladores seriales del ISIS, según confesión de Hilary Clinton) y la creación de climas de terror y temor en la población.

En pocas palabras, debemos reconocer que Venezuela, igual que Cuba, está en guerra y que la unión del pueblo con su gobierno y sus fuerzas armadas fue la que hasta ahora erigió una formidable barrera a las pretensiones del imperio, dispuesto a cometer cualquier crimen con tal de apoderarse de la mayor reserva comprobada de petróleo del mundo que se encuentra en la patria de Bolívar y de Chávez y a poner fin a la Revolución Cubana, ese faro ejemplar que ha dado muestras de una resiliencia absolutamente excepcional, sin precedentes en la historia universal. Para lograr estos dos objetivos Trump y sus compinches son capaces de hacer cualquier cosa. Y si hasta ahora no lo hicieron es porque todavía está muy fresca la memoria de las derrotas experimentadas en Corea, en Vietnam, el Líbano, en Afganistán y en Playa Girón. O la “victoria” conseguida en Irak que a poco andar se convirtió en una derrota política, al igual que la más reciente en Siria, donde Washington causó estupor y repulsa universal porque luego de urdir la “primavera de colores” que acabó con el “régimen” de Bashar al Ásad ungió como presidente de ese país a Al-Sharaa, un criminal serial sobre cuya cabeza reposaba una recompensa de diez millones de dólares por ser el líder del grupo terrorista islámico Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Y saben en la Casa Blanca que si escalan la agresión en contra de Cuba y Venezuela un tsunami antiestadounidense recorrerá toda Latinoamérica y probablemente también el Sur Global, donde hay actores muy poderosos que desean importar el petróleo venezolano. Un nuevo tsunami que tal como ocurriera a comienzos de siglo culminó con la derrota del ALCA, el gran proyecto que los expertos y analistas del imperio habían elaborado para todo el siglo veintiuno.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/858663-las-guerras-del-imperio-en-latinoamerica-y-el-caribe

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Perú: ¡Es nuestra plata y se la llevan!

Pedro Francke

"Nuestros 114 mil millones de soles los tienen secuestrados apenas cuatro AFP"

El mantra de la derecha neoliberal es “sólo la inversión privada salvará al Perú”. Creen que por eso el Estado debe darles a los grandes monopolios todas las exoneraciones tributarias, permisos de contaminación, tierras que pertenecen a las comunidades y subsidios que se les ocurra. Pero no son consecuentes con su mantra. Porque al mismo tiempo, bajo la batuta del fujimorismo, acaban de dar la ley 32428, que permite que las AFP se lleven el 80 por ciento de los fondos de los trabajadores al exterior. Eso significa que 91 mil 800 millones de soles, que podrían invertirse en el Perú mejorando tecnologías y generando empleo, se irán afuera. Eso es el triple que la suma de todos los préstamos que las cajas municipales le están dando a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacerse más competitivas y doscientas veces más que todo el crédito que da Agrobanco para apoyar el crecimiento del sector agropecuario. Encima, cada mes, sin falta, aunque en vez de generarnos rentabilidad nos hayan causado pérdidas, las AFP nos cobran más de cien millones de soles por comisiones.

Recordemos que las AFP hoy controlan 114 mil millones de soles que son de los trabajadores. No son de ellas, la ley dice que esos fondos son nuestros. Pero no podemos ni siquiera sugerir adónde debe invertirse ese dinero. Ya hoy una parte se va al exterior. Yo soy aportante y estoy en contra, pero lo que yo quiera hacer con MI plata no importa, las decisiones las toman cuatro grandes grupos financieros que tienen la posibilidad de darse parte de la plata a ellos mismos, algo que en otros países, como Chile y Colombia, está prohibido. ¿Ustedes creen que un conglomerado económico que tiene el poder de controlar mucho dinero de otros no lo va a canalizar a otras empresas del mismo holding en condiciones ventajosas para ellos, aunque eso vaya en contra del interés de los trabajadores?

Permitir que 91 mil 800 millones de soles de NUESTRO ahorro se vayan afuera significa que ese enorme fondo no promoverá la inversión privada nacional. No financiará inversiones de pequeñas o medianas empresas industriales, no ayudará al progreso del agro, no facilitará la competitividad y el avance tecnológico ni servirá de apoyo para que una infraestructura importante sea realizada. Ninguno de los neoliberales que tanto se llenan la boca de “inversión privada”, cuando se trata de defender exoneraciones tributarias o ventajas especiales a las grandes empresas, ha dicho esta boca es mía. Tampoco los congresistas que la aprobaron, por supuesto: cuando dan leyes como esta que son claramente contrarias al interés nacional, lo hacen calladitos y sin ninguna discusión pública, por eso no lo discutieron en el pleno del Congreso sino en la “comisión permanente” con apenas una veintena de representantes.

¿Y quiénes son los que deciden adónde va NUESTRA plata sin que siquiera podamos conocer a qué empresas y financieras se la entregan? Nuestros 114 mil millones de soles los tienen secuestrados apenas cuatro AFP. La AFP Prima es del grupo Credicorp/Romero, que solía ser peruano pero que, como ha reportado esta revista, hoy tiene a su líder viviendo en Panamá, sus empresas dependen de holdings en paraísos fiscales en el Caribe y están vendiendo sus posiciones en Perú para convertirse en transnacional. Las otras tres son extranjeras: AFP Habitat es chilena, Profuturo es propiedad del Scotiabank, que es canadiense, y la AFP Integra es de un grupo financiero colombiano llamado SURA. Esas cuatro entidades ya han enviado 55 mil millones de soles de nuestro dinero al exterior, la mayoría entregada a otras administradoras de fondos que cobran comisiones adicionales, bajo condiciones y pago de tasas totalmente ocultas. En suma, les pagamos comisiones a las AFP para que a su vez contraten a otras administradoras internacionales pagando más comisiones. Con la nueva ley ahora más de nuestro dinero se irá al exterior de esa manera.

¿Han dicho algo sobre esto los “defensores de la soberanía nacional”? Pienso en esos que ahora se llenan la boca hablando de lo malo que es que nuestro país respete los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado. Hablan de soberanía cuando su verdadera intención es solamente defender a malos policías y militares que han violado mujeres y asesinado a peruanos, incluso jóvenes y adolescentes menores de edad, sin justificación alguna. Pero aprueban que grupos extranjeros puedan llevarse 91 mil millones de soles de los trabajadores peruanos al exterior. Tampoco han dicho nada sobre cómo Trump ha violado groseramente el Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos con el Perú. Menos sobre la estafa de Telefónica de España haciéndole perro muerto al Estado peruano. Su patriotismo es más falso que moneda de tres soles.

Regresando a las AFP y a este cogobierno Dina-Congreso, la nueva ley les permite llevarse 91 mil millones de nuestra plata al exterior. El año pasado el fujimorismo aprobó una “reforma de pensiones” que incrementa el poder y abusos de las AFP, incluso sometiendo a los independientes a su dominio. ¿Acaso se han reducido las comisiones, tenemos mejores opciones los afiliados, hay más competencia en el sistema tras esta ley? Desde luego que no. Ahora, congresistas oportunistas proponen un nuevo retiro de fondos de las AFP. Creen que aún pueden lavarse la cara hacia las elecciones venideras. Pero su propuesta no mejoraría en nada este pésimo sistema ni ayudaría a que todos los peruanos al llegar a los 65 años tengan un soporte económico adecuado, como debiera ser. Es pura demagogia que tampoco será aprobada por este Congreso: el fujimorismo, hoy en el poder congresal, fidelísimo a las AFP, no lo permitirá.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 748 año 16, del 05/09/2025

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Transición energética, Trump y el Perú

Pedro Francke

"Es bueno tener en claro que esto lo debemos negociar con China, que tiene una ventaja competitiva y un interés sostenido"

Aniversario patrio, tiempo de pensar el futuro con la esperanza de que algo mejor venga pronto. Hemos tenido un bajo crecimiento los últimos doce años. Las políticas neoliberales nos regresaron a un modelo primario exportador, produciendo desindustrialización, alta desigualdad e incapacidad estatal. Al mismo tiempo, con otras políticas, China logró un crecimiento acelerado en el sector manufacturero y le fue muchísimo mejor. Hoy con la minería ilegal explotando gracias a un contexto de mayor pobreza urbana, gran desigualdad y altos precios internacionales de los metales, plantearnos alternativas parece ser urgente. Eso pasa por ubicarnos frente a los grandes cambios mundiales en curso, como la transición energética.

Esta tendencia ha generado mayor demanda para algunas materias primas, como el cobre en el que somos de los primeros productores mundiales. Nuevamente tenemos altos precios de estos demandados elementos, algo que debiera ser muy ventajoso para nuestro país. Pero las transnacionales se apropian de buena parte de las ganancias extraordinarias producidas por los elevadísimos precios del cobre y el oro, así que un problema crítico es quién se lleva esa renta minera. Hasta ahora, la Confiep y el Congreso derechista han bloqueado cualquier iniciativa para que reformas tributarias permitan captar el mayor valor de estos recursos para nuestro desarrollo, y además han sostenido este gobierno lleno de corrupción, con pésima gestión pública y total abandono del cuidado ambiental.

En el futuro cercano afrontamos la amenaza de Estados Unidos de imponer 50 por ciento de aranceles a nuestro cobre. Aunque es una de las medidas más idiotas que ha propuesto Trump, es incierto si llegará a aplicarla y a la fecha ese anuncio no ha afectado negativamente los precios internacionales de este producto. Si lo hace, simplemente todo el cobre peruano se venderá en China. Pero hay otro riesgo mayor de mediano plazo, y es que el conflicto entre China y Estados Unidos nos afecte. Trump quiere retornar a una política de considerar a Latinoamérica como el “patio trasero” de la gran potencia, como se ha visto en el tema de los puertos, asunto muy serio frente al cual este gobierno no ata ni desata (para variar).

Pensando estratégicamente, lo más importante es darle valor adicional a nuestros recursos para que esta transición energética impacte en una mayor industrialización. Tenemos capacidad de producir energías sostenibles como la solar y la eólica, usando equipos chinos para su generación, porque son mucho más baratos. Clave es la industria de carros eléctricos. En este rubro China ha sacado una diferencia de varios cuerpos por delante de Estados Unidos y Europa, que han tenido que poner aranceles bastante altos para defender un poco su industria. Otros países latinoamericanos han avanzado algo en esta línea; ahí están el acuerdo de Chile con China para la industrialización de litio convirtiéndolo en baterías y las grandes plantas de empresas chinas de vehículos eléctricos en México y Brasil. Nuestro país: en cero. El cobre sale a China sin siquiera ser refinado.

¿Con quién debiéramos priorizar relaciones para apalancar una industrialización nacional? No parece que pueda ser con Estados Unidos. Donald Trump ha regresado a promover la explotación y uso de petróleo sin importarle el cambio climático que afecta a toda la humanidad. Estados Unidos, cuya base productiva viene perdiendo la carrera de innovación y productividad en este terreno, con su actual política de ruptura de pactos e incertidumbre arancelaria va a agravar esa situación y cada vez más deja de ser un competidor en este sector. En la disputa geopolítica y económica mundial, que se ha profundizado en el mundo y de la que no podremos mantenernos al margen, es bueno tener en claro que esto lo debemos negociar con China, que tiene una ventaja competitiva y un interés sostenido. Resalto además un término: negociar. Hasta hace unos años, la ideología y política dominante era la de un mundo económico hiperglobalizado con reglas de “libre comercio” que simplemente debíamos aceptar, pero eso se acabó. Gracias a Trump ya no predominan las reglas internacionales sino la negociación bilateral y China avanza sus propios intereses con mirada estratégica. Nuestro Estado debe adecuarse y reorganizarse frente a esa nueva realidad.

Hay otro jugador en el mundo, ya en un lugar más relegado, pero aún poderoso: la vieja Europa. Para ellos el cambio climático es aún importante. Además, tienen un serio problema porque bajo Trump, quien era su principal aliado y socio, han llegado tiempos de confrontación, mientras que China se inclina hacia Rusia, lo que en Europa es visto como un riesgo a su seguridad. Europa aumenta su gasto militar, pero están en una situación en la que Latinoamérica podría ser uno de los pocos espacios que tienen para avanzar alianzas. Debiéramos aprovechar esa oportunidad. El Mercosur ya lo hizo y firmaron un acuerdo largamente postergado.

Aun si jugáramos bien nuestras cartas, es necesario tener en claro que cualquier estrategia estará llena de incertidumbres y dificultades. Una pregunta clave es hasta qué punto América Latina puede vincularse en las cadenas de valor globales y bajo qué condiciones. Otra pregunta es si estos nuevos productos industriales tienen el alcance como para impulsar una recuperación sostenida de la industria latinoamericana. Finalmente, es claro que apenas hemos abordado uno de varios temas claves para nuestro futuro. Pero debemos avanzar estas discusiones, porque de continuar con este neoliberalismo extremo seguiremos exportando materias primas y viendo cómo estamos cada vez más lejos de la frontera tecnológica mundial, rematando recursos naturales y malogrando nuestro ambiente. Todo esto mientras la pobreza, la desigualdad y la pérdida de derechos sociales sustentan una espiral de violencia, desorden social y desorganización nacional. Por ese camino, la democracia pronto puede convertirse en tan solo un recuerdo del pasado.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 743 año 16, del 01/08/2025

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Lecciones bolivianas

Pedro Francke

"Su 'gallina de los huevos de oro', la producción de gas, fue retrocediendo desde hace una década"

La situación económica de Bolivia no es buena estos últimos tiempos. La razón es parecida a los riesgos que nos está generando el cogobierno Boluarte-Congreso: un déficit fiscal fuera de control. Sólo que allá ha sido más grande y fue creciendo por varios años, llevando a un desequilibrio externo, de tal manera que faltan dólares para importar productos esenciales como los combustibles.

Resulta que la irresponsabilidad macroeconómica no es sólo un problema de gobiernos izquierdistas. Tanto Trump en Estados Unidos como el gobierno Congreso-Boluarte han generado un desequilibrio fiscal enorme, otorgando grandes regalos en materia tributaria a los billonarios y a las grandes empresas mientras cortan presupuesto para asuntos esenciales como los servicios de salud y la educación pública. Por otro lado, hemos tenido en nuestro continente gobiernos izquierdistas como AMLO y Claudia Sheinbaum en México y Gabriel Boric en Chile, que han sido bastante cuidadosos con los equilibrios macroeconómicos.

¿Por qué hay gobiernos fiscalmente irresponsables? Para un gobierno de derechas o izquierdas, gastar más sin luchar por obtener los ingresos que lo sustenten es una tentación, ya que sus desenfrenos los pagarán otros gobiernos y, mientras tanto, consiguen apoyos de determinados grupos. Eso es exactamente lo que está haciendo López-Aliaga ahora en Lima, endeudando a la ciudad enormemente, de tal manera que a futuro una crisis de la Municipalidad de Lima es ineludible. Los demagogos siempre recurren a pintar un “futuro rosa” afirmando que con sus políticas la economía crecerá mucho más y que con eso se resolverá todo. Cuando luego de algunos años el déficit no se reduce y la deuda sigue creciendo, tienden a seguir con la farra, hasta que llegan al precipicio, a veces cuando esos gobernantes irresponsables ya no están.

Que ese error fatal deba evitarse, no quiere decir que izquierdas o derechas sean similares. Se puede lograr que los ingresos y los gastos fiscales mantengan un equilibrio de mediano plazo con dos políticas sustancialmente diferentes. El neoliberalismo peruano entre 1990 y 2020 aplicaba una política fiscal equilibrada con bajos impuestos a los ricos y monopolios, bajo gasto social e inversión pública raquítica. Las cuentas cuadraban, pero la pobreza y la desigualdad eran enormes: una típica política derechista. Nuestro actual gobierno agrava lo malo de esa política con mayores beneficios tributarios a los agroexportadores y grandes empresas, llevándonos a un desequilibrio fiscal. Pero con muchos de sus socios importantes beneficiados y el neoliberalismo reforzado, la Confiep apoya semejantes despropósitos.

Una política de izquierda sostenible busca el equilibrio fiscal cobrando tributos con mayor justicia, acabando con la evasión tributaria de los grandes grupos monopólicos, lo que permite que se destine mayores recursos a pensiones dignas, a que todos tengan acceso a salud oportuna y de calidad, a mejorar la educación pública e invertir en infraestructura y avance tecnológico. Eso es lo que propusimos desde el Ministerio de Economía el 2021, al mismo tiempo que concentrábamos esfuerzos en lograr la vacunación amplia que detuvo el Covid-19, lo que nos permitió retornar a cierta normalidad en nuestras vidas, la producción y la economía. La diferencia con las políticas que han llevado a la crisis a Bolivia es que allá persistieron en más gasto social sin recursos que lo sostengan, receta para que tarde o temprano haya un descalabro macroeconómico, inflación y desempleo, que termina con la población en peor situación que antes.

Hay un segundo tema en estas experiencias de irresponsabilidad fiscal y crisis macroeconómica, que se ve en el mediano plazo: la producción. En todos estos casos, un tema importante es si se logra crecimiento económico. Efectivamente, un crecimiento acelerado implica más ventas y más ganancias empresariales, y con eso más recaudación tributaria. Por el contrario, una caída de la producción genera un hueco en los ingresos, que es muy difícil, económica y políticamente, de reequilibrar.

En los casos de Bolivia resaltan dos hechos. Por un lado, su “gallina de los huevos de oro”, la producción de gas, fue retrocediendo desde hace una década. No lograron atraer nuevas inversiones para el gas y se confiaron en que el litio les pudiera cubrir el faltante, pero esta producción no llegó. Junto a esto hay un tema aún más importante: no le dieron prioridad absoluta a la diversificación productiva. Es un asunto de fondo y una vez más se vio que no hay desarrollo progresista sin cambio productivo estructural. De esta manera, mientras por un lado generaron más demanda interna la producción nacional no le siguió el paso, provocando un déficit externo y una aguda escasez de dólares.

En esas condiciones, en Bolivia el mediano plazo del desbalance productivo explota en combinación con el desequilibrio fiscal. La presión macroeconómica se concentra en la escasez de dólares que, llegado al punto extremo en que está hoy, sólo tiene dos salidas: devaluación o racionamiento. La segunda opción, que los peruanos recordamos en la forma de los “dólares MUC” del primer gobierno de Alan García, suele generar mucha corrupción y un dólar paralelo que sube y finalmente provoca un gran empujón inflacionario. La otra salida, una devaluación pura y simple junto a un ajuste fiscal fuerte, es también muy costosa en cuanto a sus efectos recesivos y empobrecedores. Llegados al punto extremo, la irresponsabilidad productiva y fiscal termina poniendo a los gobiernos entre la espada y la pared, como sucede en Bolivia hoy.

Dos lecciones sacamos de este análisis. Una: se debe mantener un equilibrio fiscal de mediano plazo, lo que para una política de izquierda implica que atender nuestras grandes necesidades sociales siempre debe tener una base sólida de justicia tributaria. Dos: es indispensable dar mucha prioridad a la diversificación productiva, asegurando un crecimiento dinámico y resguardando las exportaciones primarias.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 742 año 16, del 18/07/2025

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Vargas Llosa y la “civilización occidental”

Cecilia Méndez

Fue “un peruano universal”, reza el lugar común.   Pero tal vez sería más apropiado decir que fue un “peruano occidental”.  No lo digo con ligereza. No suelo usar el término, y si lo hago lo pongo entre comillas. Porque “occidental” evoca tácitamente su opuesto — lo “no occidental” — y esta dicotomía no hace justicia a siglos de intercambios, préstamos mutuos, identidades fluidas. Para  no mencionar el uso anacrónico que se hacer recurrentemente del término, proyectando a un  pasado  supuestamente antiguo separaciones y fracturas más bien recientes  Pero, como suele suceder con el lenguaje,  la repetición reiterada de una idea  termina creando sus propias realidades, sus propios binarismos,  jerarquías y exclusiones, como lo analizó brillantemente Edward Said, rastreando la idea  de “orientalismo” tal como se manifiesta en la producción académica y novelas europeas, y en películas de Hollywood, donde se presenta a los “orientales” o “árabes” como  “bárbaros”, “terroristas” y/o magnates corruptos, como veíamos en una columna anterior (17-2-2025). Un estereotipo que legitima a unos y deslegitiman a otros, afectando su derecho a la dignidad, al ejercicio político y a una humanidad plena.

Un mal historiador

Menos aún suelo recurrir al concepto de “civilización occidental” por razones que no tengo el espacio explicar, pero es inevitable hacerlo cuando se habla de Vargas Llosa, porque él mismo lo abrazó con ardor de cruzado y predicador, cual dogma; de él no parecía albergar dudas. Vargas Llosa asoció “civilización occidental” con “democracia”, que a su vez veía como consustancial al liberalismo económico, al que se refería únicamente como “liberalismo”, un concepto unívoco. En otras palabras, MVLL abrazó fervorosamente el mito de que el “libre mercado” crea democracia, sin diferenciar liberalismo económico de liberalismo político (el de los derechos ciudadanos y libertades democráticas), que la historia demuestra suelen ser mutuamente excluyentes, como en los casos del Chile de Pinochet y el Perú de Fujimori en el siglo XX. Aunque podemos ir mucho más atrás,  al periodo que los libros de texto de historia de América Latina llaman precisamente “La era liberal” ( écadas de 1870 a 1920), marcada por  un acelerado crecimiento económico, producto del boom de exportaciones, que se dio en contextos de dictadura, como la de  Porfirio Díaz en México (1871-1911), cuando no de violento de despojo de tierras a poblaciones indígenas, desde el norte de México hasta el sur de Chile y Argentina,  y que en muchos casos terminaron produciendo el genocidio de estas poblaciones, como ocurrió con la fiebre del caucho en nuestro propia Amazonia. La “democracia liberal” de EEUU, por su parte, convivió en su primer siglo con la esclavitud africana, y en el segundo con un régimen racista de apartheid, promoviendo también el despojo masivo de tierras indígenas desde 1830 en aras del “destino manifiesto”.

A diferencia de muchos, yo no separo al novelista del ensayista o el político.  Su concepción binaria de la “civilización occidental”, su exotización de los “no occidentales” a quienes suele asociar con “barbarie” y “atraso” siguen una línea clara en su novelística desde La guerra del fin del mundo (1981) hasta las novelas que escribió posteriormente a su participación en el Informe de Uchuraccay (1983), incluidas El hablador y La historia de Mayta, como lo he discutido en otra en otra oportunidad (El poder del nombre, Lima: IEP, 2002).

En  una columna publicada en  La República,  “La marcha del hambre “  (10-11-2018),  Vargas Llosa  comentaba la tragedia de los migrantes:  “Los millones de pobres que quieren llegar a trabajar en los países del Occidente rinden un gran homenaje a la cultura democrática, la que los sacó de la barbarie en que también vivían hace no mucho tiempo, y de la que fueron saliendo gracias a la propiedad privada, al mercado libre, a la legalidad, a la cultura, y a lo que es el motor de todo aquello: la libertad."  El texto fue comentado agudamente por el escritor y poeta Jorge Frisancho, quien ironizó “lo que […] hicieron los belgas en el Congo, o los franceses en Argelia o los ingleses en la India, es ‘cultura democrática’; ‘con ella sacaron a los nativos de su ‘barbarie’. ¿Hay alguna manera de decir semejante idiotez y llamarse ‘liberal’? Yo no la conozco, y no puedo imaginarla”, cierra Frisancho.  El marqués fue más allá: “Los países que aplican [ la “‘fórmula de la cultura democrática’], progresan. Los que la rechazan, retroceden […]. Buen número de países asiáticos lo ha entendido así y, por eso, la transformación de sociedades como la surcoreana, la taiwanesa o la de Singapur, es tan espectacular”.  Frisancho retruca nuevamente:  “Vagas Llosa atribuye ‘cultura democrática’ a un estado con larguísima historia de represión, golpes militares y tramas corruptas (Corea del Sur); a otro que desde su fundación en 1949 hasta los años 80 fue una dictadura militar hereditaria y después un régimen de partido único, y que tuvo su primer gobierno presidido por un partido distinto recién en 2008 (Taiwán); y finalmente a una ‘democracia vigilada’, famosa por sus aspectos represivos, antiliberales y autoritarios (Singapur). Más aún, silencia por completo la transformación más espectacular en Asia, la de China, pues sería bastante incómoda mencionarla en ese contexto (aunque sea real)”. Véase su columna de Facebook (11-11-2018)

El fin de una ilusión

De la brillante refutación de Frisancho solo discrepo en un punto. Después de Gaza, y hablando en términos más generales, ya no se puede decir que sea una contradicción profesarse “demócrata liberal” y apoyar regímenes autoritarios y hasta genocidas. Porque eso es lo que están haciendo en la práctica “las democracias occidentales” de EE. UU. y Europa dese hace 16 meses con su apoyo incondicional al brutal genocidio de palestinos en Gaza. Es un hecho objetivo que estas democracias apoyan el genocidio Israelí-estadounidense y el propio Netanyahu se han encargado recordárnoslo una y otra vez: “Israel está luchando en nombre de la civilización occidental”, dijo, como le recordaba la historiadora Sherene Seikaly a Hildebrandt en sus 13 (25-10-2024): “Quizá deberíamos tomárnoslo en serio, porque esto es lo que occidente [e Israel] ha[n] causado: la destrucción de civilizaciones […]. Gaza tiene más de 4,000 años y el sur del Líbano se remonta al tiempo de los fenicios”, comenta Seikaly.  Por su parte, el brillante caricaturista Joe Sacco, anota en su libro más reciente sobre su dibujo de un cráter ocasionado por una bomba de una tonelada (de las que EEUU prodiga a Israel) y una fila de palestinos que escapan: “Gaza fue donde el occidente fue a morir” (On Gaza, 2024, p. 23). De Vargas Llosa sobrevivirán sus mejores novelas, que desde mi punto de vista son las anteriores a 1980.   Pero sus ideas de la “civilización occidental y de la “democracia liberal” como faros para la humanidad han sido otra ficción, hoy sepultada bajo las ruinas de Gaza.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/04/21/vargas-llosa-y-la-civilizacion-occidental-por-cecilia-mendez-hnews-830382

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Una respuesta posible a Trump

Pedro Francke

"Hay formas de responder que pueden beneficiar al pueblo peruano sin salirnos de los acuerdos que hemos firmado como país"

Trump impuso aranceles del 10 por ciento a casi todos los productos peruanos. Tenemos un acuerdo firmado que dice que no puede hacerlo, pero se zurró en el Tratado de Libre Comercio - TLC.  Preguntado, el primer ministro Gustavo Adrianzén dijo: “No vemos posibilidades para que lo previsto en el TLC se vea afectado”. ¿No le da vergüenza decir semejante idiotez? Alfredo Ferrero, el embajador de Dina en Estados Unidos, ha dicho que “el TLC nos protegió y nos colocó en la base más baja”, pero es fácil comprobar la falsedad de su afirmación ya que la misma tasa de 10 por ciento han recibido Argentina, Brasil y varios otros países que no tienen TLC. Y eso que mientras Perú no cobra nada por la gran mayoría de importaciones de Estados Unidos, Brasil les pone aranceles a productos como etanol, películas, bebidas alcohólicas, productos de telecomunicaciones, maquinaria y equipos y carne de chancho. El gobierno de Boluarte, para variar, no tiene ni idea de cómo enfrentar esta muerte anunciada del TLC y sus ministros sólo rezan porque algún día Trump se digne escucharlos, lo que muy difícilmente sucederá en los meses que les quedan.

En estos momentos es necesario revisar cuál era la situación de nuestro acuerdo comercial con los Estados Unidos. Recordemos que en el TLC con los Estados Unidos, aunque obtuvimos mejor acceso a su mercado, el Perú aceptó varias cláusulas negativas para nuestra economía. El TLC ha tenido tres grandes costos para el Perú. Uno ha sido permitir que sus inversionistas puedan enjuiciar al Estado peruano en tribunales internacionales cuando piensan que les puede afectar un ajuste o cambio legal. El segundo ha sido aceptar que los productos agrícolas norteamericanos, que este año recibirán un subsidio de 42 mil millones de dólares, puedan ser importados sin aranceles. Más de 150 millones de dólares de maíz, trigo y soya entran al Perú anualmente en esas condiciones de competencia desleal, perjudicando a los campesinos y pequeños productores peruanos de alimentos como papas y otros tubérculos que no tienen ningún apoyo, carecen de crédito y deben atravesar caminos rurales en pésimo estado. Un tercer impacto del TLC fue ampliar el monopolio de las grandes transnacionales farmacéuticas, reforzando su capacidad legal de mantener patentes que les permiten cobrar precios totalmente abusivos.

Ahora bien, imaginemos que usted firma un contrato con varias cláusulas negociadas con dificultad, contrato por el cual usted cede en uso un local comercial y se obliga a prestar determinados servicios –digamos darle limpieza y mantenimiento– y recibe a cambio un pago mensual. Luego, de repente y sin ninguna razón, la persona con quien hizo ese trato le dice que le pagará menos y no cancelará los arbitrios que le corresponden.  ¿Aceptaría usted eso sin chistar? Un tratado es un compromiso mutuo que no puede cambiarse unilateralmente. No hacer nada es avalar los abusos y agachar la cabeza de manera servil. El gobierno de Dina lo que hace es ponerse de rodillas, olvidando nuestro himno nacional que nos habla de cómo nuestro pueblo “la humillada cerviz levantó”, por lo que somos libres y debemos serlo siempre.

El Perú puede tomar medidas que nos sean favorables y compatibles con el TLC, como para no darle ningún pretexto a los Estados Unidos. Por ejemplo, el propio TLC y las normas comerciales mundiales de la OMC permiten, si hay necesidad pública, que los países rompan el monopolio de las transnacionales farmacéuticas levantando las patentes mediante lo que se llama una “licencia obligatoria”. Colombia, que tiene un TLC firmado con Estados Unidos idéntico al del Perú, tomó esa medida el año pasado: ahora el medicamento llamado Dolutegravir, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para las personas con VIH, ellos lo pueden comprar y fabricar sin pagar por la patente. El propio Estados Unidos varias veces ha dado licencias obligatorias para romper las patentes en defensa de su salud pública. También lo han hecho Italia, Alemania y Taiwán. Entre países en desarrollo, Zimbabwe, Malasia, Mozambique, Zambia, Indonesia, Ghana, India, Brasil y Ecuador también han aplicado esta medida. El Perú nunca lo ha hecho. La diferencia de precio de una medicina con y sin patente es brutal. Es la experiencia de Ecuador con un medicamento llamado Etoricoxib: el 2014 el precio de compra cayó a la centésima parte. La mayoría de licencias obligatorias aprobadas en el mundo en este milenio han sido para medicamentos destinados a enfrentar el VIH/SIDA, pero Tailandia lo aplicó al Clopidogrel, un antiagregante plaquetario que reduce el riesgo de ataques cardiacos y derrames cerebrales y logró reducir el precio en 98%: pasó de 3 dólares a 6 centavos. ¿Cómo es posible tanta rebaja? Porque cuando una empresa tiene el monopolio gracias a una patente y se trata de productos indispensables para la vida, puede cobrar muchísimo más que lo que cuesta producir y de lo que valdría en competencia. Al quitarles el monopolio, el precio se va al piso.

Trump merece una respuesta, razonada y sensata. El mundo entero lo está haciendo. No debemos simplemente agachar la cerviz y ponernos de rodillas. Pero hay formas de responder que pueden beneficiar al pueblo peruano sin salirnos de los acuerdos que hemos firmado como país. Sería mucho mejor si esto pudiéramos hacerlo en coordinación con países vecinos, mediante organismos ya existentes como la Comunidad Andina, UNASUR o CELAC.  

La política trumpista también nos obliga, como país, a repensar nuestra estrategia de desarrollo. Todo el mundo piensa que hay un gran cambio en curso y que hay que readecuarse. En el Perú, con crecimiento estancado y mucha desigualdad, la multiplicación de bandas criminales sin control nos está, literalmente, matando. Tener un nuevo norte es indispensable y sobre eso seguiremos reflexionando las próximas semanas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 728 año 15, del 11/04/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2025/04/una-respuesta-posible-trump/

El fin de la globalización neoliberal

José Ernesto Nováez Guerrero

Es una reconstitución hegemónica a punta de pistola económica, que puede acabar siéndolo con armas reales, porque en procesos de crisis de hegemonía se da siempre, de forma inevitable, una agudización de las contradicciones entre las potencias.

Donald Trump adora vivir en el filo de la noticia. El espectáculo permanente es parte de su estrategia política. Aunque no es el único presidente que adora las cámaras, su condición de presidente de los Estados Unidos y el impacto global de las medidas que desde su administración se puedan tomar, hace inevitable seguir y calibrar cada uno de sus pasos. Sobre todo porque en este segundo mandato el magnate republicano parece dispuesto a alterar las reglas del juego político norteamericano y global.

En menos de cien días desde que asumiera el cargo, su polémico engendro, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, ha generado numerosas polémicas y tensiones al seno incluso del propio partido republicano, en la medida en que elimina puestos de trabajo, cierra agencias gubernamentales y mete las narices en casi todas las esferas del gobierno estadounidense.

El propio Trump ha revuelto el avispero político interno, con declaraciones que alimentan la fractura política del país y afirmaciones cada vez más explícitas sobre su posible reelección para un tercer mandato, a pesar de que una enmienda constitucional de los años 50 lo prohíbe explícitamente.

En lo internacional ha generado tensiones con sus vecinos más cercanos, Canadá y México, ha declarado su intención de hacerse con Groenlandia y el Canal de Panamá, ha arremetido contra la Unión Europea y la OTAN, ha tenido una actitud contradictoria respecto a la Guerra de Ucrania y este 2 de abril, como guinda del pastel, acaba de desatar un terremoto económico de consecuencias impredecibles. De manera expedita y prácticamente sin anuncio previo, Trump comunicó un nuevo paquete arancelario que comprende a la casi totalidad de los países del mundo actual. Para mayor rimbombancia, esta medida fue bautizada como “Liberation Day”.

A todos los países en esa lista, considerados “infractores” por Estados Unidos, se aplica un arancel base del 10 por ciento, a lo cual se añaden tasas adicionales sobre criterios sumamente arbitrarios. Así, los montos anunciados van desde un 49 por ciento a Cambodia, 46 por ciento a Vietnam y 34 por ciento a China, pasando por un 47 por ciento a Madagascar y 50 por ciento a Lesotho hasta un 37 por ciento a la lejana isla de Reunión. “Israel”, aliado y cómplice del régimen norteamericano, recibe un 17 por ciento de aranceles y como nota ridícula, se aplica un arancel del 10 por ciento a las islas de Heard y McDonald, habitadas solo por pingüinos y fauna salvaje. Quedan fuera de este frenesí arancelario países como Cuba, Corea del Norte y Rusia, fuertemente sancionados y prácticamente sin ningún vínculo comercial con Estados Unidos en la actualidad.

Desde el día 9 de abril comenzarán a aplicarse estos aranceles, que Trump denomina como tarifas recíprocas y que, según sus propias expresiones, deben contribuir a poner fin a “décadas de abuso comercial” contra los Estados Unidos. Adicionalmente se anunció que en mayo se eliminará el tratamiento libre de impuestos para pequeños paquetes procedentes de China, lo cual afectará a gigantes del comercio electrónico chino como Shein y Temu, con fuerte presencia en el mercado norteamericano. Asimismo, entrará en vigor el arancel de un 25 por ciento a todos los automóviles fabricados fuera de los Estados Unidos.

Según cálculos del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, recogidos por BBC, estos paquetes arancelarios pueden generar ingresos en torno a los 600 mil millones de dólares, además de, hipotéticamente, estimular la industria nacional y recuperar empleos en el sector manufacturero.

Por supuesto, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. China, principal objetivo declarado de la actual administración de la Casa Blanca, exigió la anulación de las medidas y advirtió que, de no ser así, el país tomará contramedidas para proteger sus intereses. En Europa se lamentaron profundamente por el trato aplicado por su amo y señor, en palabras de Von der Leyen “defraudados por nuestro aliado más antiguo”, a la par que anunciaron que están preparando medidas para lidiar con estos nuevos aranceles. Algo similar anunció el presidente interino de Corea del Sur.

Pero sin dudas la más impactante respuesta a los anuncios de la Casa Blanca la han protagonizado las bolsas de valores. Los mercados de Estados Unidos registraron una fuerte caída, similar a la vivida durante la pandemia de la covid- 19. El índice Dow Jones Industrial Average cayó un 2,9 por ciento y el NASDAQ un 4,5 por ciento. Las grandes tecnológicas fueron las más golpeadas. Según refiere Bloomberg, Apple tuvo pérdidas de casi 280 mil millones de dólares, Nvidia en el entorno de los 145 mil millones de dólares y Amazon unos 142 mil millones. Quizás no resulte ocioso recordar que muchos de los CEO de estas tecnológicas acompañaron a Trump el día de su toma de posesión del cargo presidencial.

También los aranceles a países como Vietnam golpean fuertemente a empresas como Apple y Nike, las cuales recolocaron sus fábricas en el país asiático al inicio de la guerra comercial con China y hoy ven fuertemente comprometidas sus líneas de suministros.

Estas medidas de Trump son su particular manera de dar respuesta a la profunda crisis de la economía norteamericana. Crisis que tiene uno de sus más claros indicadores en gigantesco déficit que arrastra la nación y que el magnate pretende revertir. Para ello, Trump ha arremetido contra el dogma neoliberal del capitalismo de libre mercado y ha vuelto a las viejas prácticas proteccionistas que están en los orígenes de la nación norteamericana.

Desde sus primeros años de independencia, Estados Unidos aplicó aranceles selectivos a un grupo de productos, con el objetivo de favorecer el desarrollo de una industria local. Era la etapa en la cual se estaba verificando el paso de la industria manufacturera a la maquinaria y la joven nación norteamericana fue capaz de alcanzar el ritmo en relación con la superpotencia británica y llegar a superarla, luego de la Primera Guerra Mundial.

La Segunda Guerra Mundial consolidó la hegemonía norteamericana sobre una Europa devastada y el mundo colonial y semicolonial. Consecuencia directa de esta dominación fueron la emergencia de una serie de organizaciones y reglas que hasta hoy han sido centrales a la vida política internacional. La promoción del neoliberalismo en contra del proteccionismo del período de entreguerras y la segunda postguerra respondía a la necesidad hegemónica del capital financiero norteamericano de moverse con la mayor libertad posible, con el fin de ampliar los mercados, acceder a nuevas fuentes de materias primas y reducir constantemente los costos de producción. Esta tendencia llega a su paroxismo en los años 80 y 90 del siglo XX, donde la desregulación incluso en las sociedades centrales del capitalismo contemporáneo, permite una masiva transferencia de capital y tecnología a países subdesarrollados, fundamentalmente en el sudeste asiático.

Sin embargo, con el ascenso y consolidación de China primero como potencia económica y luego política y militar, las reglas del juego del orden económico neoliberal dejaron de ser tan ventajosas para el capital norteamericano. Por un lado los chinos incorporaron los adelantos tecnológicos de Occidente y fueron capaces en un corto período de tiempo de replicarlos y superarlos, invirtiendo significativamente en el desarrollo profesional de su fuerza laboral y en la investigación. La presencia de un fuerte estado central con un claro programa de desarrollo constituía un freno contra lo que Marx denominó como “la anarquía de la producción”, al tiempo también que acotaba la penetración e incidencia del capital exterior en el mercado chino. Pronto las empresas del gigante asiático estuvieron en condiciones de competir con sus homólogas occidentales en la arena internacional y, en un corto plazo de apenas dos décadas, han desplazado a Estados Unidos como principal socio comercial de la mayor parte del globo.

La gran contradicción para Estados Unidos hoy es que, aunque tiene grandes reservas de capital financiero y la hegemonía del dólar, además de su poderío militar, no tienen una capacidad productiva real al nivel de la de China. Además, tienen dependencia estratégica de la importación de recursos claves y se han quedado rezagados en áreas tecnológicas centrales, como las comunicaciones o las energías renovables.

Los aranceles de Trump se pueden interpretar, entonces, como un intento por recuperar esa industria norteamericana que se trasladó al exterior en los decenios neoliberales, al tiempo que se crea una burbuja proteccionista que favorezca su desarrollo a pesar de su menor competitividad con respecto a las producciones de terceros países. Un ejemplo que se ha citado mucho en análisis recientes es el de las energías renovables. Los paneles solares producidos en Estados Unidos son significativamente más caros y menos eficientes que los producidos en China. Igual pasa con un importante sector de productos tecnológicos de gama media, el rango de consumo fundamental de la clase trabajadora, donde China ha dominado por una mejor relación calidad-precio.

Muchos otros productos importados verán crecer significativamente su precio en el mercado norteamericano y algunos directamente no tienen sustituto en la producción interna. Desde los vinos franceses y el aceite de oliva español, hasta una gran variedad de frutas y vegetales pasarán a estar cada vez más lejos del poder adquisitivo de la clase trabajadora, contribuyendo, sin dudas, a la dinámica inflacionaria que ya vive el país.

Estos aranceles son un golpe de gracia a la Organización Mundial del Comercio y a la cacareada globalización. Están en línea con el proyecto de reconfigurar un nuevo orden mundial, sobre nuevas reglas que favorezcan la economía norteamericana. Es una reconstitución hegemónica a punta de pistola económica, que puede acabar siéndolo con armas reales, porque en procesos de crisis de hegemonía se da siempre, de forma inevitable, una agudización de las contradicciones entre las potencias.

José Ernesto Nováez Guerrero. Escritor y periodista cubano. Miembro de la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Coordinador del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad. Rector de la Universidad de las Artes

Fuente: https://espanol.almayadeen.net/articles/2000915/el-fin-de-la-globalizaci%c3%b3n-neoliberal

https://www.leerydifundir.com/2025/04/fin-la-globalizacion-neoliberal/