29 de octubre de 2025

Perú: Ladrones de cuello y corbata

Pedro Francke

"El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás"

Durante varios años los neoliberales peruanos insistieron en que la economía y la política iban por cuerdas separadas. Decían que nuestra macroeconomía iba muy bien, aunque la política estuviera mal. El año pasado, el Premio Nobel de economía se entregó a tres estudiosos que han establecido exactamente lo contrario: el subdesarrollo se debe a instituciones económicas extractivistas que van de la mano con instituciones políticas excluyentes. En nuestro querido Perú la relación entre economía y política, o más precisamente entre poder económico concentrado y política corrupta, ha sido una constante histórica. Esta semana ha habido otra prueba de eso.

Me refiero al fallo del Tribunal Constitucional (TC) en favor de Keiko Fujimori que, indignante como es, no sorprende a nadie –y en particular a ningún lector de este semanario que lo había anunciado reiteradas veces–.

Desde que el actual Congreso nombró a este Tribunal tras un pacto de Fujimori con Acuña, López Aliaga y Cerrón, no era difícil prever que esto se vendría. El asunto de fondo del que trata esta resolución del TC es este: Keiko recibió millones de dólares de dueños de grandes monopolios, bancos y AFP, transnacionales traferas y mineras abusivas, y a cambio ha sido firme defensora de sus intereses económicos. El TC ha liberado a Keiko de todos los engaños que hizo mediante supuestos “cócteles” para mantener ocultos esos millones que recibió de ese gran poder económico.

Siendo el fallo uno muy político, no debemos olvidar cómo entra en juego la economía. El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás. Uno de los primeros fallos de este Tribunal fue precisamente regalar 12 mil millones de soles de deudas tributarias a grandes empresas monopólicas como Telefónica y Backus, mineras como Las Bambas y Cerro Verde, y bancos como Scotiabank, Interbank y BBVA. Lo que nunca se permite a una micro o pequeña empresa, lo tuvieron ellos. Constitucionalistas como Marianella Ledesma y Marcial Rubio resaltaron que el fallo era inconstitucional. Los doce mil millones de soles que regaló el TC en ese momento, y que además ha multiplicado el incentivo a la evasión tributaria, hubieran permitido que la inversión en salud se triplicara los últimos tres años, se duplicara la inversión en educación o se cuadruplicara la de obras en agua y desagüe. Más pesó el “poderoso caballero don dinero”.

Coincidentemente, varias de las empresas beneficiadas por ese regalo del TC están entre las que otorgaron cientos de miles de dólares a Keiko Fujimori. Así que los tribunos, elegidos con los votos de Keiko y sus aliados, y que hoy liberan a Keiko, ya antes beneficiaron a estos grupos oligárquicos. Otra coincidencia llamativa es que el “tribuno” que primero analizó el caso y propuso regalar esos 12 mil millones de soles a los grupos oligárquicos fue Ernesto Blume, a quien todos estos años hemos visto defendiendo al régimen de Boluarte-Congreso en radios y TV. La vida tiene sorpresas, pero esta no es una de ellas.

Aquella decisión del Tribunal Constitucional que regaló 12 mil millones de soles resultó aberrante para cualquier economista o analista financiero serio, porque establecía que cuando esos billonarios y transnacionales le deben al Estado no deben pagar intereses de la misma manera como los cobra cualquier banco a un deudor moroso. Lo que esos monopolios y bancos hacen todos los días en sus negocios cuando se trata de cobrar, el TC decidió que no se les aplica a ellos mismos cuando deben honrar sus deudas al Estado. Absurdo, pero los periódicos, radios y canales de la oligarquía, sus consultoras favoritas y sus opinólogos neoliberales, guardaron un silencio sepulcral al respecto. Ellos nunca se pelean con quienes sostienen sus cofres. Ni qué hablar, claro, de los gremios empresariales, de la Confiep, CADE, la Sociedad de Minería y demás “asociaciones” y “colectivos” de la misma mancha, a quienes les gusta hablar de democracia, transparencia y “libre mercado” pero que cuando se trata de un regalo de miles de millones del Estado en favor de la oligarquía reinante callan en todos los idiomas.

Durante años los neoliberales nos dijeron que en la economía todo iba bien, que el modelo económico era fantástico, que gracias a la Constitución de 1993 crecimos mucho y que eso bastaba para que todos los demás problemas se fueran resolviendo automáticamente. La desigualdad, en ese discurso neoliberal, no importaba, aunque el dinero se siguiera concentrando en base a un poder corrupto que beneficiaba a la oligarquía a costa de campesinos e indígenas desterrados, consumidores engañados y trabajadores explotados, y que dejaba un Estado debilitado y una educación y salud pública deterioradas.

Pero es mirando la desigualdad que podemos ver cómo, al mismo tiempo que sigue habiendo millones de peruanos sin agua potable ni acceso a la salud, tenemos monopolios de la leche, la cerveza y la harina de trigo que abusan de su dominio del mercado, cuatro grandes bancos cobran por sus préstamos más que ningún otro país de la OCDE, grandes mineras se llevan la riqueza natural peruana para sus bolsillos y todos ellos obtienen exoneraciones y privilegios tributarios y se instalan en paraísos fiscales para evadir impuestos. Ese trato tan inequitativo se ha sustentado políticamente gracias al fujimorismo que, tras recibir los 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, dueño del monopolio Alicorp, de Credicorp y la AFP Prima, más los otros cientos de miles entregados por los dueños del monopolio de leche Gloria y de otra docena de millonarios aportantes, defendió con uñas y dientes mantenerles y ampliarles sus privilegios.

En las calles escuché la semana pasada que para acabar con los criminales primero hay que sacarlos del poder. Esta verdad se aplica también a los ladrones de cuello y corbata.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

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