Perú: El crédito merece una revolución

Pedro Francke

"Hay varios actores que pueden meterle presión competitiva al oligopolio bancario"

Las pequeñas empresas en el Perú, cuando consiguen un crédito, pagan 20 por ciento al año más que una gran empresa. En los países de la OCDE esa diferencia es en promedio de sólo 2 por ciento, en Chile y México es de 4 por ciento. En las condiciones peruanas las pequeñas empresas jamás podrán competir con los grandes monopolios. Imagínense que una pequeña empresa quiera producir aceite o leche evaporada, donde hoy una o dos grandes empresas tienen el control del mercado. Si consiguen financiamiento, cada año deberán pagar 20 por ciento más, lo que significa un costo adicional enorme. Varios monopolios en el Perú tienen ventajas adicionales. Por ejemplo, Alicorp, que domina el mercado de aceite de cocina, es parte del grupo Romero, que también posee la AFP Prima y el Banco de Crédito, lo que le permite tener fondos con mucha facilidad a muy bajo costo.

Mientras en la OCDE la mitad de todo el crédito va a las pequeñas empresas, en nuestro país, aunque generan el 85 por ciento del empleo, las pequeñas empresas solo reciben el 30 por ciento del crédito. Ojo que para las pymes que pueden tener crédito, este no procede generalmente de los bancos: las tres cuartas partes de esos préstamos son de las cajas y las cooperativas. El último informe sobre la economía peruana de la OCDE resalta que casi la mitad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) carecen de acceso al crédito formal. Las MIPYME dirigidas por mujeres tienen menos posibilidades aún y el acceso al financiamiento fuera de Lima es particularmente escaso. Un estudio reciente del Banco Mundial encuentra que la calidad de los mercados financieros en América Latina es de los más bajos entre todas las regiones del mundo.

¿Qué se puede hacer para que las pequeñas empresas accedan a préstamos baratos y de esa manera crezcan y sean más competitivas? Muchos países tienen grandes programas públicos con esa finalidad, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Brasil y Chile. Hace una década, con el equipo económico de Verónika Mendoza, propusimos otorgar 10 mil millones de soles de créditos a las pymes. PPK no quiso hacerlo. Luego vino la pandemia y se lanzó el programa llamado Reactiva para dar apoyo financiero a las empresas. Los primeros meses estos fondos llegaron poco a las pymes, pero luego de que se reajustaron las condiciones para una segunda etapa, se les llegó a dar 25 mil millones de soles de préstamos. Para las micro y pequeñas empresas eso significó un crecimiento del crédito del 28 por ciento. Se llegó a apoyar a 480 mil pymes, de las cuales 390 mil accedieron solo con DNI y sin RUC, es decir siendo informales, y eso que no se permitió que las cooperativas de ahorro y crédito y el Banco de la Nación también operaran ese programa. Las tasas de interés bajaron hasta 4 por ciento anual para las pymes, cuando poco antes las microempresas pagaban 33 por ciento y las pequeñas 18 por ciento en promedio. Lamentablemente, luego de la pandemia no se dio continuidad a un programa amplio de crédito a las pymes y ahora sólo hay fondos de mucho menor tamaño con ese fin.

La propuesta que tenemos ahora desde la izquierda es la de un programa de 20 mil millones de soles de créditos baratos a las pymes. Una cuestión importante, que no se hizo con Reactiva, es que ese financiamiento ayude a que el sistema financiero tenga más competencia y presione a bajar las tasas de interés a las que prestan los bancos. Hay varios actores que pueden meterle presión competitiva al oligopolio bancario. Las cajas municipales han mostrado un buen manejo técnico y han ampliado mucho su alcance en las últimas dos décadas, pero podrían avanzar mucho más si se las respalda financieramente. Están también las cooperativas de ahorro y crédito, que se han desarrollado bastante. En el pasado estuvieron poco supervisadas, lo que permitió que algunas de ellas terminaran siendo fachadas de grandes estafas, pero ahora la Superintendencia de Banca (SBS) las regula y vigila de cerca. Aun sin ningún apoyo estatal las cooperativas dan una cuarta parte de todo el crédito para las microempresas, y pueden ser un puntal de apoyo a una nueva economía solidaria e inclusiva, que aliente la generación de empleo de forma masiva.

He dejado para el final la necesidad de una banca de desarrollo. En nuestra gestión ministerial, junto con Gustavo Guerra-García, que fue miembro del directorio del Banco de la Nación, se hicieron planes para su modernización digital y se planteó una iniciativa legislativa para que nuestro banco estatal pudiera servir mejor y con más alcance a las pymes. El Congreso mafioso la bloqueó, lo que puede relacionarse a que el presidente del Banco de Crédito era Dionisio Romero, que le había regalado 3 millones 700 mil dólares a Keiko Fujimori. A Romero y los suyos un mercado más competitivo les puede hacer perder miles de millones. Tampoco querían que saliera adelante el factoring, que es una forma de financiamiento usando las facturas de venta, pero como eso podíamos hacerlo sin el Congreso, lo sacamos adelante.

Es tiempo de insistir en una banca de desarrollo moderna, vinculando a Agrobanco, COFIDE y al Banco de la Nación. Se podría así dar crédito barato, articulado con asistencia técnica y de gestión, a millones de pequeños empresarios en todas las provincias. Con eso impulsaríamos el emprendedurismo en sectores como turismo, industria, agricultura, gastronomía y transporte. Además, así se pondría presión competitiva sobre las tasas de interés que cobran los bancos por sus créditos. Hay que abrir paso a una época de cambios con el objetivo de revitalizar la generación de empleos en todas las regiones.

13-11-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 758 año 16, del 14/11/2025

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Perú: Ladrones de cuello y corbata

Pedro Francke

"El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás"

Durante varios años los neoliberales peruanos insistieron en que la economía y la política iban por cuerdas separadas. Decían que nuestra macroeconomía iba muy bien, aunque la política estuviera mal. El año pasado, el Premio Nobel de economía se entregó a tres estudiosos que han establecido exactamente lo contrario: el subdesarrollo se debe a instituciones económicas extractivistas que van de la mano con instituciones políticas excluyentes. En nuestro querido Perú la relación entre economía y política, o más precisamente entre poder económico concentrado y política corrupta, ha sido una constante histórica. Esta semana ha habido otra prueba de eso.

Me refiero al fallo del Tribunal Constitucional (TC) en favor de Keiko Fujimori que, indignante como es, no sorprende a nadie –y en particular a ningún lector de este semanario que lo había anunciado reiteradas veces–.

Desde que el actual Congreso nombró a este Tribunal tras un pacto de Fujimori con Acuña, López Aliaga y Cerrón, no era difícil prever que esto se vendría. El asunto de fondo del que trata esta resolución del TC es este: Keiko recibió millones de dólares de dueños de grandes monopolios, bancos y AFP, transnacionales traferas y mineras abusivas, y a cambio ha sido firme defensora de sus intereses económicos. El TC ha liberado a Keiko de todos los engaños que hizo mediante supuestos “cócteles” para mantener ocultos esos millones que recibió de ese gran poder económico.

Siendo el fallo uno muy político, no debemos olvidar cómo entra en juego la economía. El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás. Uno de los primeros fallos de este Tribunal fue precisamente regalar 12 mil millones de soles de deudas tributarias a grandes empresas monopólicas como Telefónica y Backus, mineras como Las Bambas y Cerro Verde, y bancos como Scotiabank, Interbank y BBVA. Lo que nunca se permite a una micro o pequeña empresa, lo tuvieron ellos. Constitucionalistas como Marianella Ledesma y Marcial Rubio resaltaron que el fallo era inconstitucional. Los doce mil millones de soles que regaló el TC en ese momento, y que además ha multiplicado el incentivo a la evasión tributaria, hubieran permitido que la inversión en salud se triplicara los últimos tres años, se duplicara la inversión en educación o se cuadruplicara la de obras en agua y desagüe. Más pesó el “poderoso caballero don dinero”.

Coincidentemente, varias de las empresas beneficiadas por ese regalo del TC están entre las que otorgaron cientos de miles de dólares a Keiko Fujimori. Así que los tribunos, elegidos con los votos de Keiko y sus aliados, y que hoy liberan a Keiko, ya antes beneficiaron a estos grupos oligárquicos. Otra coincidencia llamativa es que el “tribuno” que primero analizó el caso y propuso regalar esos 12 mil millones de soles a los grupos oligárquicos fue Ernesto Blume, a quien todos estos años hemos visto defendiendo al régimen de Boluarte-Congreso en radios y TV. La vida tiene sorpresas, pero esta no es una de ellas.

Aquella decisión del Tribunal Constitucional que regaló 12 mil millones de soles resultó aberrante para cualquier economista o analista financiero serio, porque establecía que cuando esos billonarios y transnacionales le deben al Estado no deben pagar intereses de la misma manera como los cobra cualquier banco a un deudor moroso. Lo que esos monopolios y bancos hacen todos los días en sus negocios cuando se trata de cobrar, el TC decidió que no se les aplica a ellos mismos cuando deben honrar sus deudas al Estado. Absurdo, pero los periódicos, radios y canales de la oligarquía, sus consultoras favoritas y sus opinólogos neoliberales, guardaron un silencio sepulcral al respecto. Ellos nunca se pelean con quienes sostienen sus cofres. Ni qué hablar, claro, de los gremios empresariales, de la Confiep, CADE, la Sociedad de Minería y demás “asociaciones” y “colectivos” de la misma mancha, a quienes les gusta hablar de democracia, transparencia y “libre mercado” pero que cuando se trata de un regalo de miles de millones del Estado en favor de la oligarquía reinante callan en todos los idiomas.

Durante años los neoliberales nos dijeron que en la economía todo iba bien, que el modelo económico era fantástico, que gracias a la Constitución de 1993 crecimos mucho y que eso bastaba para que todos los demás problemas se fueran resolviendo automáticamente. La desigualdad, en ese discurso neoliberal, no importaba, aunque el dinero se siguiera concentrando en base a un poder corrupto que beneficiaba a la oligarquía a costa de campesinos e indígenas desterrados, consumidores engañados y trabajadores explotados, y que dejaba un Estado debilitado y una educación y salud pública deterioradas.

Pero es mirando la desigualdad que podemos ver cómo, al mismo tiempo que sigue habiendo millones de peruanos sin agua potable ni acceso a la salud, tenemos monopolios de la leche, la cerveza y la harina de trigo que abusan de su dominio del mercado, cuatro grandes bancos cobran por sus préstamos más que ningún otro país de la OCDE, grandes mineras se llevan la riqueza natural peruana para sus bolsillos y todos ellos obtienen exoneraciones y privilegios tributarios y se instalan en paraísos fiscales para evadir impuestos. Ese trato tan inequitativo se ha sustentado políticamente gracias al fujimorismo que, tras recibir los 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, dueño del monopolio Alicorp, de Credicorp y la AFP Prima, más los otros cientos de miles entregados por los dueños del monopolio de leche Gloria y de otra docena de millonarios aportantes, defendió con uñas y dientes mantenerles y ampliarles sus privilegios.

En las calles escuché la semana pasada que para acabar con los criminales primero hay que sacarlos del poder. Esta verdad se aplica también a los ladrones de cuello y corbata.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

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Perú: Congreso corrupto y gobierno títere

Ronald Gamarra

En estos días corrió la noticia de que el proceso de afiliación del Perú a la OCDE está en serio peligro y podría abortar. No es novedad. En realidad, nuestro país, bajo la tiranía del actual congreso, está cayendo en un proceso de aislamiento y rechazo internacional que tiene consecuencias concretas para la nación y la vida de cada peruano. No se puede impunemente legislar a la mala y a la bruta, atropellando la democracia, los derechos humanos y el respeto por los tratados y los organismos supranacionales. Menos aún, para favorecerse descaradamente y patrocinar los negociados ilegales, la impunidad de la corrupción y las redes mafiosas.

Este congreso que hoy gobierna el Perú como le da la regalada gana a Keiko Fujimori, López Aliaga, Acuña, Montoya, Cueto está logrando la hazaña de hundir al país después de 20 años de crecimiento, con sus bemoles, es cierto, pero crecimiento, al fin y al cabo. Gracias a ellos, la pobreza extrema ha vuelto a niveles de principios de siglo y la pobreza en general afecta ya a un tercio de la población, sin contar otro tercio vulnerable. La inversión privada se ha retraído al mínimo y escasea el trabajo. Las calificadoras de riesgo país nos han bajado el grado de inversión, lo cual significa un aumento en el costo del crédito para el Perú.

La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se define a sí misma como un “organismo de cooperación internacional compuesto por 38 Estados, ​​cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales”. Es esencialmente un club de países democráticos y desarrollados, fundado en 1961, con sede en París, que en las últimas dos décadas ha abierto sus puertas a países que avanzan en su desarrollo. La pertenencia a la OCDE nos favorecería de mil formas, mediante los mecanismos y relaciones que ofrece. Alcanzar la membresía significa que vamos por buen camino y que progresamos.

Pues bien, la posibilidad de pertenecer a la OCDE ahora está a punto de ser perdida gracias a este congreso del fujimorismo y la ultraderecha, que aprobó una ley para favorecerse a sí mismos y a sus amigotes y cómplices, limitando radicalmente la colaboración eficaz y las atribuciones de los fiscales en la investigación de casos de corrupción. Pero no solo es eso sobre lo cual la OCDE ha advertido con tiempo al gobierno peruano. A ello se suma toda la escalada de atropellos antidemocráticos y contra los tratados de derechos humanos perpetrados por el parlamento y su gobierno títere. Un país donde la democracia y los derechos humanos no son respetados no puede pertenecer a la OCDE. Así de simple.

El Perú fue postulado a afiliarse a la OCDE antes que Colombia, hace más de diez años. Sin embargo, Colombia ya fue aceptado como miembro pleno en 2020, mientras nosotros no hemos superado la etapa de negociaciones que oficialmente se abrió recién en 2022. ¿Qué ocurrió en medio y retrasó el proceso? Es muy fácil de identificar la causa, y se dio en el 2016, cuando la mala perdedora Keiko Fujimori no aceptó su derrota en las elecciones de ese año y, decidida a traerse abajo a como dé lugar al presidente Kuczynski, abrió el camino al caos político que hasta ahora nos domina, ocho años después. Ahora, con las leyes que están aprobando la bankada fujimorista y sus aliados, terminarán por abortar el proceso de nuestra integración a la OCDE, a la cual ya pertenece Chile desde hace 15 años.

El Perú está en el radar de los organismos internacionales. No es casualidad que 16 embajadas, todas ellas pertenecientes a la OCDE, suscribieran una declaración conjunta hace una semana para oponerse a la aprobación de una ley que pretende “estatizar” las ONG, sometiéndolas al poder arbitrario de un estado autoritario.

En las Naciones Unidas es igual. Hace solo unos días, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró: “En los últimos meses, en el Perú, el Congreso ha impulsado una serie de iniciativas legislativas que podrían socavar la independencia judicial y electoral, revertir importantes avances en materia de justicia transicional y de participación política de las mujeres y restringir la libertad de asociación y de expresión”. Más claro no canta un gallo.

Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el congreso hizo que nuestro país pasara un momento vergonzoso, en el cual se llegó al extremo de que una juez le preguntara al representante del estado peruano si en verdad había leído la sentencia del caso Barrios Altos, tan escandalosa era su ignorancia. Y la presidencia del congreso emitió un comunicado presuntuoso, lleno de burradas, como por ejemplo confundir a la Corte con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corte y Comisión son organismos absolutamente diferentes, eso es el abecé del sistema internacional de los derechos humanos. La Corte, por cierto, insistió en su medida de no innovar, que obliga al estado peruano a abstenerse de aprobar el proyecto de ley que pretende liberar los crímenes de lesa humanidad.

El congreso actual, mangoneado por el fujimorismo y la ultraderecha, está empobreciendo, dividiendo y aislando internacionalmente al Perú a ritmo de vértigo. Eso se refleja crecientemente de distintas maneras. Lo más inmediato son las crecientes dificultades de la población para sobrevivir y la pérdida importante del nivel de vida y la extensión de la pobreza. Junto con ello va un conjunto de medidas legislativas y acciones destinadas a ahogar la democracia, controlar las instituciones para someterlas a sus intereses y polarizar la opinión pública con un descarado discurso de odio. Y por si no fuera suficiente, los actos de este antro, que ejerce el poder en el país mediante su conserje presidencial, están aislando al Perú, poniéndolo en la mira de los foros internacionales como un país gobernado por políticos indeseables y corruptos, acercándonos al nivel de la dictadura venezolana o cualquier otra tiranía

Este congreso fujiderechista, particularmente poblado de investigados por delitos de corrupción y otras fechorías comunes, está hundiendo al país a ritmo acelerado. Eso lo sabemos y lo sentimos todos, salvo los que pertenecen a las redes mafiosas. Lo están arrasando de la mano de su gobierno títere presidido, según dicen, por Dina Boluarte, también investigada por delito de corrupción. Hasta hace unos meses contaban con la activa coautoría de la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides, a quien de todas maneras insisten en reponer en el cargo del cual ha sido destituida merecidamente, lo cual no extraña si los une una complicidad profunda. Cuentan además con la mayordomía servil de Vladimir Cerrón y su gente de la “ultraizquierda”.

A pesar de ello, la reacción ciudadana tarda en manifestarse abiertamente contra este estado de cosas, aunque va madurando, madurando, y el día menos pensado ha de poner en su sitio a este congreso de la vergüenza. Entre tanto, la gente sigue viviendo su vida, esforzándose por sobrevivir a las necesidades diarias, en la creencia muy extendida de que lo que ocurre en ese antro que es el actual congreso gobernante no afecta mayormente al ciudadano común. No es verdad. Las consecuencias de un mal gobierno se reflejan de inmediato en las crecientes dificultades de la vida diaria. El caos y la irresponsabilidad con que los tunantes de la plaza Bolívar se levantan en peso al país es la causa de la decadencia económica que actualmente padecemos, el origen de la falta de inversiones, la falta de trabajo, la reducción radical del nivel de vida, la extensión de la pobreza a niveles de hace 15 años.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 691 año 14, del 21/06/2024

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Perú: Muevan las industrias

Humberto Campodónico

“No entienden, debido al dogma, que ya se acabó el superciclo de precios de las materias primas y que no aprovechamos (en el Perú y en toda la región) para avanzar hacia el desarrollo productivo”.

En el 2023, de los 17.1 millones de peruanos de la Población Económicamente Activa (PEA), alrededor de 12.5 millones trabajan de manera informal: el 73% de la población, la misma tasa que en el 2008.

La informalidad se identifica con el llamado empleo precario (no hay contrato de trabajo, ni vacaciones, ni CTS, ni pensión para la vejez, entre otros) y tiene varios problemas que, en realidad, son los del país.

Esos 12.5 millones se dividen así: los trabajadores independientes son el 45%; el 24% labora en pequeñas empresas de 2 a 10 trabajadores; el 14% son trabajadores familiares no remunerados y otro 14% se cataloga como “otros” (aquí entran desde los delincuentes hasta los mineros ilegales de oro, pasando por la tala ilegal); el 3% restante corresponde a los (las) trabajadores del hogar (1).

Muchos de ellos no son pobres: en el 2019 la tasa de pobreza era 20%. El problema es, de un lado, la baja productividad y su escaso aporte en valor agregado y, de otro, el enorme crecimiento de las economías delictivas que generan importantes “ingresos ilegales”.

Todo lo contrario con el sector formal. La más alta productividad está en la minería, los servicios financieros y electricidad gas y agua: pero solo emplean al 2.4% de la PEA (ver gráfico). Le sigue la productividad media: manufactura, construcción, transporte y almacenamiento, con el 22.7%. Después vienen los sectores de baja productividad (con buena cantidad de informales): servicios, comercio (agricultura, caza y pesca), el 75%.

Dicho esto, hay que remarcar que sectores modernos y con alta productividad aparecen “subsumidos”. Allí están, por ejemplo, los restaurantes de alta gama en el sector servicios, los grandes malls en el sector comercio y la agroindustria costera en la agricultura en general.

Más allá de ello, lo central es que esta estructura de la producción y empleo es la clave de nuestros problemas, no solo en términos económicos, sino también sociales y políticos. Son los componentes de lo que Francisco Durand llamó “el Perú fracturado” y que en los últimos años han contribuido a la “lumpenización” del país.

Y en el horizonte no se vislumbra un escenario de crecimiento del PBI que, en el mejor de los casos, prolongaría la fractura peruana. Según el MEF, el PBI potencial para los próximos años gira alrededor del 3% (optimista “a toda vela”). Esto, decimos nosotros, debido a una “desindustrialización prematura”, pues ha disminuido fuertemente la importancia del sector industrial, que tiene alta productividad, es capaz de proveer amplio empleo formal y mayor valor agregado.

Eso dice también la OCDE sobre Perú: “Avanzar hacia una economía de altos ingresos basada en el conocimiento y la innovación –respaldados por una amplia base de empresas productivas y formales– requiere un conjunto de nuevas condiciones adecuadas. Las anteriores rondas de reformas se centraron sobre todo en un pequeño número de instituciones públicas que se convirtieron en ‘islas de eficiencia’ con el fin de garantizar un marco de condiciones favorables –como estabilidad macroeconómica, acceso al capital y previsibilidad regulatoria– para la relativamente pequeña economía formal, especialmente en el sector de las materias primas” (2).

Eso es exactamente lo que tiene que cambiar. Pero aquí el establishment económico y político solo quiere volver a la ortodoxia pura y dura de los 90. No entienden, debido al dogma, que ya se acabó el superciclo de precios de las materias primas y que no aprovechamos (en el Perú y en toda la región) para avanzar hacia el desarrollo productivo.

Terminar con la informalidad y las economías delictivas pone a la orden del día una agenda distinta. En ese camino se instala la discusión sobre una nueva política industrial, como lo plantea el proyecto de ley presentado al Congreso por la Sociedad de Industrias. ¿Se ocupará este Congreso de “mover las industrias”, como querían Los Prisioneros? ¿O seguiremos prisioneros? Hagan sus apuestas.

(1) OIT 2020, Perú: Informe de Julio Gamero (lamentablemente fallecido) y Julio Pérez.
https://bit.ly/46PayY4

(2) Informe Perú de la OCDE 2023, página 63. https://bit.ly/47XW3Cq

https://larepublica.pe/opinion/2023/12/08/muevan-las-industrias-por-humberto-campodonico-486928

Perú: “La decisión de la JNJ es una gota de institucionalidad en este contexto de caos”

Manuel Rodríguez Cuadros   (Entrevista Enrique Patriau)

El excanciller y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Manuel Rodríguez Cuadros advirtió que la decisión del Estado peruano de no cumplir las obligaciones que tiene con el derecho internacional, específicamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convierte en una “quimera” las opciones del Perú de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

- El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de Alberto Fujimori. La liberación igual se produjo. ¿En qué estado queda la posición internacional peruana?

- Lo que ha hecho el TC al afirmar la primacía de su sentencia sobre los tratados internacionales, en este caso la Convención Americana, es una decisión sumamente grave, vulnerable desde el punto de vista jurídico. La Convención de Viena, que es una especie de constitución del derecho internacional, establece en su artículo 27 que ningún Estado puede utilizar su derecho interno…

- ¿Para imponerse sobre los tratados?

- Como justificación para no cumplir con sus obligaciones internacionales. Esto significa que después de dos siglos de una política exterior que se ha fundamentado en el respeto al orden jurídico internacional y en el respeto de las obligaciones que emanan de los tratados, el Perú se ha puesto al margen de la legalidad internacional. Esto es muy delicado. No solamente hay efectos en el sector de los derechos humanos, sino también hay un impacto general. Somos un país que le dice a la comunidad internacional: “Señores, no cumplo mis obligaciones internacionales porque hago prevalecer el derecho interno sobre los tratados firmados en uso y en ejercicio de mi soberanía”. Esa es la inseguridad jurídica más absoluta que puede tener un Estado y va a repercutir en las inversiones, en el clima de negocios, en medio de una crisis económica cada vez más difícil de remontar.

- Comprendo la explicación jurídica. Al mismo tiempo, quienes están a favor de la excarcelación señalan que, en realidad, mucho no va a pasar. ¿Qué responde?

- Diría que va a pasar mucho. Mucho y más. Esto afecta todas las relaciones internacionales del país, en todos los ámbitos, desde los derechos humanos hasta la economía y las inversiones. Para que el Perú pueda recuperarse económicamente, una decisión así manda el mensaje a los inversionistas de que este Estado no cumple con sus obligaciones internacionales.

- ¿Los inversionistas observan este tipo de hechos?

- Es lo primero que observan. Un inversionista mira la legalidad y qué normas se aplican en caso de un conflicto con el Estado receptor. Es tan cierto esto que las inversiones extranjeras, en caso de conflicto, de interpretación, no se rigen por las leyes nacionales ni la jurisdicción peruana. Los Gobiernos del Perú, en uso de su soberanía, pactaron con los inversionistas extranjeros un régimen de solución de controversias que excluye la jurisdicción nacional. Por eso, el mensaje de que mandamos al tacho nuestras obligaciones pone en situación de vulnerabilidad nuestros acuerdos de inversión.

- ¿Podría haber consecuencias políticas?

- Un elemento central de una democracia es la separación de poderes y el Estado de derecho. Damos la impresión de que somos un país que opta por patear el tablero de su propia institucionalidad jurídica. A estas alturas pensar que el Perú hará avances para ingresar a la OCDE es ya una quimera. La OCDE no es un organismo de cooperación internacional ni de integración. Nuclea a un grupo de países con ciertos estándares en diferentes ámbitos —constitucional, político, medio ambiente, legislación laboral—. El beneficio de estar en la OCDE es dar un mensaje de que se es un país predecible, con un Estado democrático y un sistema de justicia que funcionan.

- ¿Con la ejecución del indulto se liquidan en la práctica las opciones que tenía el Perú de ingresar a la OCDE?

- No digo con el indulto. Digo con la decisión de no cumplir las obligaciones que tiene el Perú con el derecho internacional, específicamente con la Corte IDH. Es distinto. No es el indulto el problema. El problema es que el Perú patea el tablero en sus obligaciones internacionales. El Perú no va a ingresar a la OCDE hasta que termine el Gobierno, eso está claro.

- ¿Cómo se explica que un gobierno que buscaba legitimidad internacional —están los viajes de la presidenta Boluarte— haya pateado, precisamente, el tablero de sus obligaciones internacionales?

- Desde diciembre del año pasado, la política exterior ha estado dirigida a encontrar el reconocimiento internacional del Gobierno. Eso llevó a una percepción absurda de los viajes presidenciales para aparecer en fotografías con dignatarios extranjeros. Se llegó al extremo de publicitar reuniones bilaterales que nunca existieron. Todo esto lo que ha hecho es ruborizar a la historia diplomática peruana, porque han sido acciones muy poco serias.

- De acuerdo con el diagnóstico. Insisto, ¿por qué un gobierno que quiere legitimarse a nivel internacional patea el tablero internacional? Hay una contradicción.

- La hay. Pienso que hay una excesiva y singular actitud de privilegiar intereses coyunturales internos sobre la política exterior. Tenemos lo de la Junta Nacional de Justicia, lo de la fiscal de la Nación, las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de altos representantes del Gobierno y, en ese contexto, se calcula que es mejor mantener alianzas políticas —por ejemplo, con Fuerza Popular— que defender con entereza lo que son los intereses del Estado y de la sociedad. Lo que explica esto es la falta de consistencia en el ejercicio de la política, donde todo se supedita a intereses particulares. Hay un matiz. El canciller, con buen criterio, ha dicho que esta decisión no implica que el Perú se vaya a retirar de la Corte...

- De hecho, dijo que el Perú respetaba al sistema interamericano. Sonó algo cínico.

- De acuerdo. Pero lo importante es que no se haya expresado la voluntad de dar un paso más radical en contra de los intereses del Perú. Dicho esto, yo pienso que lo que tenemos es una crisis multidimensional y, en el medio, está el colapso del sistema político y de la gobernabilidad que implica negociaciones y consensos. En ese contexto, pienso que lo único que puede evitar un mayor deterioro para la vida cotidiana de los peruanos es el adelanto de las elecciones. No será la solución, pero permitirá que un gobierno de transición evite una crisis mayor.

- Dudo que actores políticos que están haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder accedan a eso.

- (Pablo) Macera decía que la estabilidad en el Perú se corresponde con la geografía cambiante del huaico y del aluvión. La posibilidad de que se creen las condiciones para un adelanto de elecciones puede ser escasa, como usted dice, pero en términos de la historia peruana pueden configurarse en cualquier coyuntura próxima.

- ¿Qué le parece la decisión de la JNJ de haber suspendido a la fiscal Patricia Benavides?

- Es una decisión que está dentro de sus competencias. En esta situación, la legalidad y la previsibilidad de los principales órganos del Estado es un valor que hay que estimular. Es una decisión que está en el marco constitucional y en el marco legal. Es una decisión legítima en función de la evaluación que ha realizado. En ese sentido, la decisión de la JNJ es una gota de institucionalidad en este contexto de caos que estamos viviendo.

“La proyección externa peruana es muy negativa”

- Distintos observadores de la actualidad han advertido que en el Perú ejerce el poder una especie de coalición autoritaria que tiene distintas patas en el Gobierno, en el Congreso y en la Fiscalía. ¿La suspensión de la fiscal Patricia Benavides podría tener algún efecto sobre dicha coalición?

- La democracia admite gobiernos de distintas orientaciones políticas, ¿no es así?

- Claro. Además, lo ideal es que haya alternancia.

- Pero es importante decirlo para contextualizar mi respuesta. En efecto, se está produciendo una alteración de los modos en que se articuló una suerte de bloque en el poder, de una orientación de derecha, en la que están las fuerzas más importantes del Congreso, el Gobierno, algunas instituciones y otros sectores. Ahora se ven contradicciones que antes no existían y puede haber un reacomodo de este bloque, una reedición de estas alianzas.

- ¿Qué imagen proyecta el Gobierno peruano a nivel internacional? Ya no solo me circunscribo al tema del indulto. Hablo en general.

- Yo no soy un partidario de usar la palabra “imagen”. A veces se piensa que la diplomacia no es técnica, pero sí lo es. Y es una ciencia social. Los países no tienen una imagen, sino una proyección externa.

- ¿Cuál es la proyección internacional peruana, entonces?

- La proyección externa que tiene el Perú en estos momentos es muy negativa. Nos perciben como un país con gravísimos problemas de gobernabilidad, de corrupción, de inestabilidad institucional y de imprevisibilidad de las acciones de los actores políticos. Todo esto da, en resumen, la visión de un país que se percibe, quizás, como el más inestable en América Latina. A eso hay que añadir ya no la percepción, sino la certidumbre de un país que está en recesión económica y cuyos indicadores sociales se han deteriorado de manera dramática. Al mismo tiempo, la comunidad internacional sabe que se mantiene una disciplina macroeconómica importante y con una riqueza minera, pesquera y agrícola competitiva.

https://larepublica.pe/politica/2023/12/10/manuel-rodriguez-cuadros-la-decision-de-la-jnj-es-una-gota-de-institucionalidad-en-este-contexto-de-caos-cidh-ocde-congreso-del-peru-422550

https://www.leerydifundir.com/2023/12/peru-la-decision…te-contexto-caos/

Perú: La quimera de la OCDE

Humberto Campodónico

“Otro tema: ‘muchos mercados de Perú están dominados por unos pocos grupos empresariales de gran tamaño, y ello se traduce en una elevada concentración’…”.

Entrar a la OCDE está en la agenda del Perú desde el 2012, cuando se planteó la “expresión formal” a la membrecía. En el 2014 la OCDE, que agrupa a los “grandes” países industrializados, formalizó el “Programa País” para el Perú y se realizaron sendos estudios hasta el 2019. Hace unos días se entregó el memorándum oficial expresando la voluntad de adherirse a la OCDE.

A la OCDE ya ingresaron otros países, como México, Chile y Costa Rica. En el 2020 entró Colombia, que comenzó sus trámites antes que Perú, en el 2013. El ingreso implica una serie de medidas económicas, sociales y también políticas: el país se compromete a la plena vigencia de la separación de poderes, tema que, hoy, brilla por su ausencia. Y, en relación con las medidas y políticas económicas, hay varias que merecen llamada de atención en el Estudio Económico que se acaba de publicar (1).

Una es la magra presión tributaria que, en Perú, solo alcanza el 17,9% del PBI, mientras que el promedio de la OCDE es 34,1%. Con una presión tan baja, los gobiernos tienen muy poco espacio para políticas que mejoren la salud, la educación y la infraestructura, para nombrar solo las más importantes.

La causa: “los limitados ingresos fiscales de Perú también pueden atribuirse a su bajísima recaudación a través del impuesto a la renta (IR) de las personas físicas en comparación con los países OCDE”. Y que “existe un gran potencial para incorporar a más personas al régimen del IR de las personas físicas sin afectar a la mitad inferior de la distribución de la renta”. La OCDE está hablando, además del IR a las personas jurídicas, de un impuesto a los ingresos personales. También nos habla de la gran evasión y elusión tributaria, tanto del IGV como del impuesto a la renta.

Otro tema: “muchos mercados de Perú están dominados por unos pocos grupos empresariales de gran tamaño, y ello se traduce en una elevada concentración y una baja percepción de competencia, lo que se constata especialmente en algunos sectores y productos próximos al consumidor final, como bebidas y productos lácteos, pero también se observa en productos y sectores de insumos, como el acero y el cemento”.

Agrega que esto se debe al crecimiento de las fusiones y adquisiciones de empresas, sobre todo antes de que entrara en vigencia, en el 2022, el nuevo régimen legal (que durante años fue rechazado, tanto por el gobierno como por el empresariado): “Un ejemplo notorio fue la fusión de los dos mayores grupos farmacéuticos de venta minorista —con una cuota de mercado combinada de más del 80%— apenas dos años después de que el Indecopi sancionara la concertación de precios por parte de dichas empresas”. Esa concentración no es buena para la competencia.

Para combatirla, “Indecopi podría plantearse aumentar el número de estudios de mercado que realiza y publica, pues son muy valiosos, especialmente en el contexto peruano de una persistente alta concentración, porque brindan información sobre el funcionamiento del mercado”. Dicho de otro modo, el “libre mercado” no está funcionando bien. Hay que estudiarlo y promover la competencia.

El Estudio abunda en recomendaciones al Indecopi. Dice que, si bien es una organización independiente, “el marco legal que rige los nombramientos de altos cargos podría fortalecerse a fin de salvaguardar a la institución del riesgo de injerencia política, dados los importantes intereses económicos que están en juego en sus decisiones”. Es probable que la OCDE se refiera a lo sucedido en los últimos dos años.

También nos dice el Estudio que son necesarios los programas sociales para combatir la pobreza, así como promover la diversificación de exportaciones con mayor valor agregado, además de mencionar la elevada informalidad, el aumento de la corrupción y la mala capacidad del Estado para llevar a cabo la necesaria inversión pública y prestar servicios de alta calidad. Aquí la pregunta del millón es esta: ¿acaso el Perú de hoy no tiene directa relación con las políticas de los últimos 30 años, las que se quiere mantener a toda costa?

Así las cosas, pareciera que la ilusión inicial de entrar “al club” comenzó a convertirse en frustración cuando se apreció la magnitud de los cambios a realizar para lograr esa meta, que se fue convirtiendo en quimera.

1.Ver: https://www.oecd.org/economy/estudios-economicos-de-la-ocde-peru-2023-f67c8432-es.htm


https://larepublica.pe/opinion/2023/10/06/la-quimera-de-la-ocde-por-humberto-campodonico-475794

https://www.leerydifundir.com/2023/10/peru-la-quimera-la-ocde/

Ucrania y pasaporte energético peruano

Humberto Campodónico

La condenable invasión de Rusia a Ucrania impacta en el crecimiento económico mundial y, también, en la inflación. Lo más importante: tiene un impacto geopolítico y va a cambiar todo el escenario de la globalización.

También habrá impacto en el precio del petróleo y del gas natural, en todo el mundo, lo que nos golpeará (como veremos). Si bien los países de la OCDE han anunciado que usarán 60 millones de barriles (mmb) de sus reservas, estos no representan ni un día del consumo anual de 100 mmb diarios. El cierre definitivo del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania (por decisión alemana) reducirá la oferta y aumentará los precios del gas y del petróleo.

Los pronósticos son pesimistas. Dice Moody’s que el precio superará los US$ 100/barril, llegando a US$ 150/barril si el conflicto es de larga duración (ver gráfico). Cierto, son pronósticos. Pero son la guía para la toma de decisiones.

En Chile, país importador de petróleo, la inflación subiría de 5.5% a 7%, incidiendo en “toda la canasta de consumo por los efectos en el transporte” (Gestión, 1/3). Añaden: “Chile solo puede adoptar medidas políticas para atemperar el golpe, como recurrir al fondo de reserva, o elevar la presión impositiva a sectores que no resulten afectados por el conflicto” (ídem).

Perú consumió 246,000 barriles diarios (bd) de petróleo en el 2019 y solo produjo 35 mbd: importó el saldo. Allí termina la similitud con Chile porque Perú es un importante productor de gas natural (Camisea), que sustituye a los combustibles derivados del petróleo y, también, al GLP.

Algunos pueden pensar: pero el gas natural también va a subir de precio, ¿cuál es la diferencia? Pues es enorme porque el gas peruano tiene precio regulado: proviene de las reservas que revirtieron gratis al Estado a fines de los 90. La regulación se da una vez al año y solo toma en cuenta la inflación.

Por tanto, aunque el petróleo suba a 500 o 1.000 dólares por barril, el precio del gas del Lote 88 seguirá regulado: es nuestro pasaporte al abastecimiento barato de energía. El gas sustituye al balón de GLP y es 50% más barato, al precio de US$ 60/barril. Será más barato aún con el precio de US$ 100/barril.

Lo mismo con el gas natural vehicular, que sustituye a la gasolina y al GLP, que también usan los autos. Según Infogas-COFIDE, existen 337.000 autos a GNV y los ahorros generados, desde el 2005 hasta el 2021, ascienden a S/ 17,486 millones, casi US$ 6,000 millones al tipo de cambio promedio (infogas.com.pe).

¿Muy bien? Sí. Pero no tanto porque la conversión a GNV se estancó en los últimos años. Más de 100.000 autos adicionales se podrían convertir a GNV en el corto plazo si se cumplen los planes del Ministerio de Energía (usando el FISE). Además, el GNV no está masificado en todo el país, por lo que no llega, sobre todo, a la sierra centro y sur. Lo mismo sucede con el gas para los domicilios, que permitiría ahorrar centenas de millones de soles anuales a las familias de esas regiones.

¿Qué pasará cuando la gasolina, el GLP y el diésel aumenten de precio? Pues habrá protestas de las amas de casa y, también, de los transportistas. Aquí la responsabilidad recae en las políticas neoliberales que han fracasado en la masificación debido a sus criterios de rentabilidad económica y no han aplicado la rentabilidad social como en Argentina, Bolivia y Colombia.

Pero también recae en el gobierno actual que aún no implementa la prometida masificación. En los últimos meses, el Ministerio de Energía y Minas no solo carece de viceministro de Hidrocarburos, de director de Hidrocarburos y de directores en Perupetro, sino que solo se ha preocupado de contratar a personas “no idóneas”.

Es tiempo de reaccionar. La invasión de Rusia debe condenarse. Y las acciones del gobierno debieran, ya, masificar el gas natural para proteger los ingresos del pueblo. Lo que cada día se aleja más, como estamos viendo.

https://www.leerydifundir.com/2022/03/ucrania-pasaporte-energetico-peruano/