22 de junio de 2024

Perú: Congreso corrupto y gobierno títere

Ronald Gamarra

En estos días corrió la noticia de que el proceso de afiliación del Perú a la OCDE está en serio peligro y podría abortar. No es novedad. En realidad, nuestro país, bajo la tiranía del actual congreso, está cayendo en un proceso de aislamiento y rechazo internacional que tiene consecuencias concretas para la nación y la vida de cada peruano. No se puede impunemente legislar a la mala y a la bruta, atropellando la democracia, los derechos humanos y el respeto por los tratados y los organismos supranacionales. Menos aún, para favorecerse descaradamente y patrocinar los negociados ilegales, la impunidad de la corrupción y las redes mafiosas.

Este congreso que hoy gobierna el Perú como le da la regalada gana a Keiko Fujimori, López Aliaga, Acuña, Montoya, Cueto está logrando la hazaña de hundir al país después de 20 años de crecimiento, con sus bemoles, es cierto, pero crecimiento, al fin y al cabo. Gracias a ellos, la pobreza extrema ha vuelto a niveles de principios de siglo y la pobreza en general afecta ya a un tercio de la población, sin contar otro tercio vulnerable. La inversión privada se ha retraído al mínimo y escasea el trabajo. Las calificadoras de riesgo país nos han bajado el grado de inversión, lo cual significa un aumento en el costo del crédito para el Perú.

La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se define a sí misma como un “organismo de cooperación internacional compuesto por 38 Estados, ​​cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales”. Es esencialmente un club de países democráticos y desarrollados, fundado en 1961, con sede en París, que en las últimas dos décadas ha abierto sus puertas a países que avanzan en su desarrollo. La pertenencia a la OCDE nos favorecería de mil formas, mediante los mecanismos y relaciones que ofrece. Alcanzar la membresía significa que vamos por buen camino y que progresamos.

Pues bien, la posibilidad de pertenecer a la OCDE ahora está a punto de ser perdida gracias a este congreso del fujimorismo y la ultraderecha, que aprobó una ley para favorecerse a sí mismos y a sus amigotes y cómplices, limitando radicalmente la colaboración eficaz y las atribuciones de los fiscales en la investigación de casos de corrupción. Pero no solo es eso sobre lo cual la OCDE ha advertido con tiempo al gobierno peruano. A ello se suma toda la escalada de atropellos antidemocráticos y contra los tratados de derechos humanos perpetrados por el parlamento y su gobierno títere. Un país donde la democracia y los derechos humanos no son respetados no puede pertenecer a la OCDE. Así de simple.

El Perú fue postulado a afiliarse a la OCDE antes que Colombia, hace más de diez años. Sin embargo, Colombia ya fue aceptado como miembro pleno en 2020, mientras nosotros no hemos superado la etapa de negociaciones que oficialmente se abrió recién en 2022. ¿Qué ocurrió en medio y retrasó el proceso? Es muy fácil de identificar la causa, y se dio en el 2016, cuando la mala perdedora Keiko Fujimori no aceptó su derrota en las elecciones de ese año y, decidida a traerse abajo a como dé lugar al presidente Kuczynski, abrió el camino al caos político que hasta ahora nos domina, ocho años después. Ahora, con las leyes que están aprobando la bankada fujimorista y sus aliados, terminarán por abortar el proceso de nuestra integración a la OCDE, a la cual ya pertenece Chile desde hace 15 años.

El Perú está en el radar de los organismos internacionales. No es casualidad que 16 embajadas, todas ellas pertenecientes a la OCDE, suscribieran una declaración conjunta hace una semana para oponerse a la aprobación de una ley que pretende “estatizar” las ONG, sometiéndolas al poder arbitrario de un estado autoritario.

En las Naciones Unidas es igual. Hace solo unos días, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró: “En los últimos meses, en el Perú, el Congreso ha impulsado una serie de iniciativas legislativas que podrían socavar la independencia judicial y electoral, revertir importantes avances en materia de justicia transicional y de participación política de las mujeres y restringir la libertad de asociación y de expresión”. Más claro no canta un gallo.

Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el congreso hizo que nuestro país pasara un momento vergonzoso, en el cual se llegó al extremo de que una juez le preguntara al representante del estado peruano si en verdad había leído la sentencia del caso Barrios Altos, tan escandalosa era su ignorancia. Y la presidencia del congreso emitió un comunicado presuntuoso, lleno de burradas, como por ejemplo confundir a la Corte con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corte y Comisión son organismos absolutamente diferentes, eso es el abecé del sistema internacional de los derechos humanos. La Corte, por cierto, insistió en su medida de no innovar, que obliga al estado peruano a abstenerse de aprobar el proyecto de ley que pretende liberar los crímenes de lesa humanidad.

El congreso actual, mangoneado por el fujimorismo y la ultraderecha, está empobreciendo, dividiendo y aislando internacionalmente al Perú a ritmo de vértigo. Eso se refleja crecientemente de distintas maneras. Lo más inmediato son las crecientes dificultades de la población para sobrevivir y la pérdida importante del nivel de vida y la extensión de la pobreza. Junto con ello va un conjunto de medidas legislativas y acciones destinadas a ahogar la democracia, controlar las instituciones para someterlas a sus intereses y polarizar la opinión pública con un descarado discurso de odio. Y por si no fuera suficiente, los actos de este antro, que ejerce el poder en el país mediante su conserje presidencial, están aislando al Perú, poniéndolo en la mira de los foros internacionales como un país gobernado por políticos indeseables y corruptos, acercándonos al nivel de la dictadura venezolana o cualquier otra tiranía

Este congreso fujiderechista, particularmente poblado de investigados por delitos de corrupción y otras fechorías comunes, está hundiendo al país a ritmo acelerado. Eso lo sabemos y lo sentimos todos, salvo los que pertenecen a las redes mafiosas. Lo están arrasando de la mano de su gobierno títere presidido, según dicen, por Dina Boluarte, también investigada por delito de corrupción. Hasta hace unos meses contaban con la activa coautoría de la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides, a quien de todas maneras insisten en reponer en el cargo del cual ha sido destituida merecidamente, lo cual no extraña si los une una complicidad profunda. Cuentan además con la mayordomía servil de Vladimir Cerrón y su gente de la “ultraizquierda”.

A pesar de ello, la reacción ciudadana tarda en manifestarse abiertamente contra este estado de cosas, aunque va madurando, madurando, y el día menos pensado ha de poner en su sitio a este congreso de la vergüenza. Entre tanto, la gente sigue viviendo su vida, esforzándose por sobrevivir a las necesidades diarias, en la creencia muy extendida de que lo que ocurre en ese antro que es el actual congreso gobernante no afecta mayormente al ciudadano común. No es verdad. Las consecuencias de un mal gobierno se reflejan de inmediato en las crecientes dificultades de la vida diaria. El caos y la irresponsabilidad con que los tunantes de la plaza Bolívar se levantan en peso al país es la causa de la decadencia económica que actualmente padecemos, el origen de la falta de inversiones, la falta de trabajo, la reducción radical del nivel de vida, la extensión de la pobreza a niveles de hace 15 años.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 691 año 14, del 21/06/2024

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