Perú: Crímenes contra los trabajadores

Gustavo Espinoza M.

El asesinato de Arturo Cárdenas Fernández, Secretario General del Sindicato de Lima de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil consumado en días pasados, ha encendido las alarmas en diversos sectores de la opinión ciudadana. Y no podía ser de otra manera.

No sólo por tratarse de un dirigente de nivel Federal del gremio del andamio, sino también porque se produjo a pocos metros de la sede sindical de Cangallo, ciertamente protegida por diversas cámaras de vigilancia. Y también porque el hecho suma.

Ya son casi dos docenas de trabajadores del sector que han sido abatidos en una circunstancia similar, derivada de la pugna por cupos de trabajo en las obras del sector. Pero el tema, da para más. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil lleva setenta años de lucha no sólo por los intereses de sus afiliados.

Partiendo de ellos, supo con regularidad ostentar una línea de clase que le permitió tomar en sus manos legítimas banderas de alcance más amplio, vinculadas a los intereses históricos de los trabajadores.  

Así, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, la defensa de las libertades públicas, las relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del mundo, la solidaridad con Cuba y los pueblos en la lucha;  formó parte del combate de una organización que entregó la vida de sus mejores hijos y procuró siempre estar a la altura de las grandes tareas históricas de las que nos hablara Mariátegui en sus principales escritos sindicales.  

A fines de los años 50, y gracias a un accionar constante liderado por Isidoro Gamarra, Rolando Guevara, Bernardo Linares y otros, la FTCCP recuperó el rumbo clasista sembrado por José Apaza Mamani y Simón Herrera Farfán, sus primeros dirigentes muertos en prisión en los años de la dictadura de Odría.

Derrotar al amarillaje aprista amamantado por el empresariado y las autoridades del sector, fue el resultado de una lucha relativamente prolongada y también violenta y difícil. Ifigenio Zamudio y Raymundo Montoya Távara -írritos detentadores del Poder en esa estructura obrera- hicieron uso de armas de fuego para perpetuarse en la conducción del gremio, pero fueron arrojados de allí por el valor y la firmeza de quienes supieron enfrentar todas las contingencias, y vencer.

La línea de clase de la FTCCP convirtió a la organización sindical en una fortaleza que sirvió largamente al conjunto del movimiento popular y articuló vigorosas acciones al lado de otras organizaciones sindicales y sociales y un movimiento estudiantil que libró grandes jornadas en 1960 y 1964.

Luego, esa Federación fue la herramienta decisiva para el surgimiento y consolidación de la CGTP, como la Central de Clase del Proletariado Peruano, en junio de 1968. Quienes la dirigimos en ese periodo, siempre fuimos conscientes de esa realidad, y trabajamos por cultivar esa memoria

La clave de ese legado estribó en el hecho de combinar la lucha reivindicativa con el combate social más amplio: la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores, con las demandas populares, más sentidas, vinculando estrechamente   unas causas con otras, y mirando el horizonte con firmeza y optimismo.

Es ese el aporte de Isidoro Gamarra y Pedro Huilca, las figuras emblemáticas de un movimiento que hizo vibrar al país en la medida qué combinó las demandas de orden reivindicativo y sindical con las tareas más amplias relacionadas con el forjamiento de una  conciencia capaz de cimentar la base de un Perú Nuevo.

Hoy, estás banderas están intactas. Los crímenes contra el país, son crímenes contra los trabajadores, y viceversa. Existe una relación concatenada entre unos y otros.  Separarlos, es algo que forma parte de la concepción de la clase dominante, pero es una opción ajena a los trabajadores y a sus organizaciones.

La lucha por denunciar y combatir el juego imperialista, interesa al Perú y por tanto a los trabajadores, del mismo modo que importa enfrentar a las mafias que gobiernan, a la política succionadora del capital, a la corrupción organizada, la inseguridad ciudadana y el envilecimiento que han sembrado, en amplios sectores de la sociedad, el fujimorismo y sus aliados. La lucha de clases en su más amplia dimensión.  

Las tareas son muchas. Y ellas requieren de la mayor  unidad que sea posible forjar para derrotar a quienes detentan hoy las riendas del Poder en todas sus instancias. Esa es ahora, la tarea principal que afronta nuestro pueblo, y que debe ser honrada desde los distintos eslabones de una Clase empeñada en construir un derrotero de progreso y desarrollo.  

Y no hay que confundirse en el tema.  Cuando la “Prensa Grande”   lamenta la muerte de un dirigente sindical clasista, no lo hace porque sienta su pérdida. Maneja el tema con embozada elegancia apenas para enmascarar intenciones más oscuras.

En el fondo, quisiera que los dirigentes sindicales de ese corte simplemente desaparezcan del escenario nacional.

Los crímenes contra los trabajadores, en este contexto, importan más bien a quienes tienen verdadero sentido de Patria, razón por la cual defienden las riquezas básicas del país, la soberanía nacional, la independencia en la toma de decisiones y el respeto a la voluntad ciudadana. Altas banderas teñidas con sangre obrera.

https://nuestrabandera.pe/2024/08/24/peru-crimenes-contra-los-trabajadores/

https://www.leerydifundir.com/2024/08/peru-crimenes-los-trabajadores/

Perú: La necropolítica de Dina Trump

Cecilia Méndez

“¿Por qué este cierra filas por la impunidad? Tal vez porque para la coalición autoritaria en el Gobierno ‘la piel de un indio no cuesta caro’, como hubiera dicho el gran Julio Ramón Ribeyro”.
“Me decía: ‘quiero comer, hermano’, pero no podía comer. Yo trataba de (…)  hacerle comer pero no podía porque no tenía intestino”.


— Juan José Flórez , hermano de Rosalino Flórez, acribillado por la espalda con 36 perdigones disparados por la PNP en el Cuzco. Murió el 21 de marzo de 2023 en Lima, tras dos meses de agonía.

“Por favor, somos humanos”


— Aída Aroni, ayacuchana arrestada por ondear la bandera peruana en Lima.  Marzo, 2023.

El río ha hablado con fuerza haciendo honor a su nombre.  Sus turbios torrentes arrasan con vidas y viviendas mal construidas en los terrenos de los que no tienen dónde, por la desidia de los que no tienen cuándo; desnudan la miseria de la otrora elogiada informalidad que no cesó de multiplicarse mientras el país crecía en cifras exportadores y en trabajo precario y mal pagado pero apreciado por quienes venían de tener menos.  La inseguridad como forma de vida para los muchos, el derroche y paraísos fiscales para los pocos. El país crecía, decían, pero la furia de los ríos enlodados vino a desnudar la miseria que algunos quisieron maquillar con cifras y editoriales, parafraseando a un reconocido periodista. Los ríos desbordados vinieron a decir otra vez lo que la pandemia ya había dicho con las más de 200,000 vidas que se llevó: ¡sálvese quien pueda! No hay frase que resuma mejor la lógica de un modelo que dijeron que traería prosperidad para todos, pero que favoreció más al que ya tenía más, fomentando un pernicioso individualismo: el Estado no vendrá en tu auxilio si eres un ciudadano o ciudadana común, pero lo hará con los que lucran con tu tragedia.

El río no miente. Pero la ocupante temporal del palacio presidencial en sus riberas lo hace de modo tan grotesco, desvergonzado y frecuente que sorprende que nadie la haya comparado con el presidente que hizo de la mendacidad una política de estado: Donald Trump. Sin embargo, mientras en EEUU los periódicos más importantes llevaban un registro cuantitativo pormenorizado de sus mentiras, en el Perú los medios comerciales de mayor alcance nacional, con honrosas excepciones como La República,  guardan un silencio cómplice o calculado. No sólo sobre las reiteradas mentiras de Boluarte sino sobre sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las FFAA y policiales desde que asumió el mando. El saldo actual es de 49 civiles asesinados por las fuerzas del orden, buena parte de ellos ejecutados extrajudicialmente; más 1,300 heridos, cientos de detenidos arbitrariamente y un uso desproporcionado de la fuerza en la represión a las protestas, como han documentado la Defensora del Pueblo, cámaras de seguridad, e investigaciones de la prensa independiente e internacional.  Pese a ello, no se ha producido la renuncia ni remoción de ningún ministro o jefe policial ni militar. Más bien, se ha premiado a la policía con bonos y la propia presidenta se ocupó de ascender Otárola, su ministro de Defensa cuando se produjo la masacre de 10 civiles en Ayacucho a manos del Ejército el 15 de diciembre, al puesto de premier que hoy ocupa.

La comunidad internacional ha denunciado la gravedad de la situación.  Desde la ONU, hasta el papa, pasando por  Departamento de Estado EEUU y Amnistía Internacional, hasta el NY Times han investigado y notado un patrón en las graves violaciones a los derechos humanos, sin que el ejecutivo se inmute, sin que los medios grandes rompan su silencio; sin que el Congreso fiscalice debidamente; sin que la Fiscal de la Nación acelere las investigaciones, que, por el contrario, viene obstaculizando con medidas contraproducentes como cerrar las oficinas de peritaje, o poniendo una fiscal especializada en derecho civil a en la coordinación de las fiscalías de derechos humanos, por lo que, además de otras irregularidades está siendo investigada por la propia Junta Nacional de Justicia que la nombró fiscal suprema.

¿Por qué este cierra filas por la impunidad? Tal vez porque para la coalición autoritaria en el gobierno “la piel de un indio no cuesta caro”, como hubiera dicho el gran J.L. Ribeyro. La violencia estatal ha tenido un fuerte componente racista, como lo han notado los arriba mencionados organismos internacionales, recayendo más duramente sobre las poblaciones quechua o aymara hablantes del campo. Su víctima más reciente fue Rosalino Flórez, un joven  cusqueño de 22 años, estudiante de gastronomía a quien la policía disparó a quemarropa 36 perdigones que se alojaron en sus riñones, intestinos y tórax. Una muerte que vimos todos gracias a las cámaras de seguridad pero que no mereció ni un pie de página en la edición impresa del diario más importante del país.

Estos silencios serían incomprensibles si los medios que callan, si el Congreso que no fiscaliza, y si el ejecutivo que premia a los asesinos, no tuvieran algo que ganar con la permanencia en el gobierno de Dina Boluarte, que le debe la presidencia a un  Congreso que solo ayer le decía terrorista y  planeaba desaforarla. Una clave, creo yo, está en los cuestionables, y en algunos casos inconstitucionales, fallos que viene dando últimamente el TC.  Uno de ellos, emitido en febrero, dispuso la exoneración de moras tributarias a las más grandes empresas del país —y en las que tiene intereses, entre otros, el grupo económico que domina el 80% del mercado de medios—  con lo que el fisco dejará de recaudar al menos s/. 12,000 millones, una cantidad equivalente al  1.5 %, del PBI, o “la amnistía más grande que se ha otorgado en la historia de nuestro país”, según una investigación de Ojo Público.

Así, aunque es obvio para la ciudadanía movilizada y para las mayorías que exigen la renuncia de Boluarte, junto con su derecho a participar activamente en las decisiones políticas del país, que el “modelo” que prometió prosperidad está hecho añicos, los que aún se benefician de él, y cuyos intereses defiende hoy Boluarte, están demostrando que están dispuestos a mantenerlo, si es necesario, a sangre y fuego.

https://larepublica.pe/opinion/2023/03/27/la-necropolitica-de-dina-trump-por-cecilia-mendez-1838835

https://www.leerydifundir.com/2023/05/peru-la-necropolitica-dina-trump/

Traición: Marca Perú

Juan Manuel Robles

Aquel domingo, la señora Dina Boluarte fue interceptada por una turba enfurecida que empezó a atacarla sin miramientos. Salía del Complejo Deportivo Morococha, en el distrito de Surquillo. No contentos con la demostración de rechazo, la persiguieron en su camino a casa. Cuando Boluarte logró entrar a su edificio, continuaron los gritos en la puerta. Comunista, le dijeron. ¡Fuera de aquí!, exclamaron. Era el 6 de junio de 2021. El día de la segunda vuelta de las elecciones generales en el Perú. Ella, la candidata a la primera vicepresidencia por Perú Libre, era en Lima una intrusa indeseada y así se lo hicieron sentir.

Fue uno de los hechos más bochornosos de una campaña llena de oprobio, desmesura y vergüenza ajena. Fue también uno de los que provocó más indignación —por la cobardía de la emboscada—, compasión —una mujer sola era víctima de la intolerancia ideológica— y preocupación por algo horrible que estaba cocinándose en el Perú. Unos insistían en llamarlo “polarización” pero en realidad era la reacción matona de quienes veían en riesgo sus privilegios por un ajuste al modelo económico. Cómo no sentir empatía por Dina, si eso que le acababa de ocurrir era lo que le comenzaba a pasar a todos los que declaraban su voto por Pedro Castillo para evitar que la mafia de Keiko Fujimori obtenga todo el poder.

Solidaridad con Dina, dijimos. Estamos contigo.

El recuerdo me asaltó de pronto esta semana al ver, una vez más, la indolencia con la que Dina Boluarte, hoy sucesora tras el complot de la derecha que llevó al intento de golpe de Castillo, se esmera en encarnar un gobierno que se mantiene en el poder asesinando peruanos inocentes, encarcelando personas por razones ideológicas —con evidencias dudosas y detenciones arbitrarias—, arruinando vidas con acusaciones falsas de terrorismo. En fin, un gobierno que ha vuelto a poner al Perú en el mapa de los países violadores de derechos humanos, del que tanto esfuerzo nos costó salir.

Me asalta la pregunta: ¿Cómo se siente alguien de pasarse al bando de sus hostigadores? ¿Cómo se siente alguien que sufrió en carne propia la intolerancia y el macartismo, de iniciar el peor periodo de persecución contra las izquierdas sociales en el siglo XXI? ¿Cómo se siente una terruqueada al terruquear luego, sin sangre en la cara? ¿No siente al menos algo de pudor? ¿Es compatible un salto así con algún tipo de paz mental? Pero más que ella y su mente —que la terminará llevando a la cárcel—, me preocupan sus electores. Nosotros, nuestra golpeada psiquis.

Porque lo de Dina Boluarte no es aislado. Ella es solo una hipérbole monstruosa de algo que se ha vuelto común (y ya no tan corriente). Hablo de la traición electoral, normalizada como nunca. Es casi una representación ritual, una danza costumbrista en que el cortejo no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace una vez obtenido el cargo. Y donde la humillación no es del que comete la traición, sino del que le creyó estúpidamente.

Así vemos al presunto liberal que decía apoyar los derechos de las minorías y ser cool, quien convertido en congresista se vuelve aliado de la derecha radical, se ríe de los asesinatos en protestas sociales, y no tiene reparos en aliarse con grupos antiderechos, conservadores y homofóbicos —siendo él homosexual—. O el supuesto progresista que decía “sin ciencia no hay futuro” —qué poderoso eslogan para creer en un país transformado por sus cerebros, por sus seres brillantes— y termina experimentando migas con… el fujimorismo.

Nunca fuimos un país santo pero en otros tiempos traicionar las convicciones y pasarse al bando rival tenía un costo político. Había que tramar una estrategia, argumentar haciendo malabares, explicar que dos más dos, a veces, no son cuatro, pues la vida da vueltas, y que ha habido una reflexión profunda, de años.

Hoy no. Hoy es un acto que no sorprende. A lo mucho, es visto como la palomillada del conductor que, en medio del embotellamiento, sale de la acera y voltea en U para manejar contra el tráfico (con risitas). No provoca la indignación de la prensa hegemónica. No se analiza qué implica que un político traicione sus principios de manera tan súbita y descarada, qué puede haber detrás, qué intereses están en juego.

No es un asunto de decencia nada más. Las convicciones de un político le dan legitimidad, son un seguro moral —y real— contra las presiones que siempre están allí. ¿Qué queda en pie en un sistema electoral donde de pronto es natural que votes por un candidato con un programa y que ese candidato termine persiguiendo ese programa, aprovechando su cercanía con los defensores de la causa para destruirlos y marcarlos? ¿En qué se convierte el acto de ir a abrir la boleta y marcar el color de quien, según lo ofrecido, lo hará mejor?

Vuelvo a ese domingo de junio, nublado como es normal en Lima. Dina Boluarte, atacada e insultada, alzó las manos en señal de no oponer resistencia. La apoyamos tantos. El Perú se esfuerza por convencernos de que creer imposible que esa mujer agredida nos traicionara así es una cosa de ingenuos y estúpidos. Pues prefiero declararme ingenuo; lo otro —que ninguna palabra valga nada— implicaría volvernos locos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 635 año 14, del 12/05/2023, p12

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2023/05/traicion-marca-peru/

Perú: Y las víctimas de Boluarte, ¿cuándo?

César Hildebrandt

Al colega Hugo Bustíos lo mató la doctrina antisubversiva del Ejército. A ella se refirió alguna vez, como profeta carnicero, un general argentinoide que después insistió en sostener que no había dicho que en una guerra la matanza de inocentes resulta poco menos que inexorable.

Pero no era el único. Los altos jefes de las fuerzas armadas habían sido educados en la Escuela de las Américas, financiada por los Estados Unidos, y todos compartían el punto de vista de que la tierra arrasada era el mejor método para segar cualquier brote insurreccional.

De esas enseñanzas salieron los milicos salvadoreños que enfrentaron al Frente Farabundo Martí, con la ayuda del ejército mercenario de las familias del café. Salieron de allí también los almirantes argentinos que en la Escuela Mecánica de la Armada mataban a fuego lento a quienes no delataban a sus cómplices y a maretazo limpio, lanzados desde helicópteros y atados a rieles ferrocarrileros, a los que ya habían hablado. Mi coronel Manuel Contreras, segundo de mi general Pinochet en la escala del terror, tenía cara de pentágono cuando le encargó a Michael Townley, el agente de la CIA que trabajó para la dictadura chilena, que matara a Orlando Letelier en pleno Washington D.C. Y de la Escuela de las Américas, que en el 2001 y de pura vergüenza se puso el nombre de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, habían salido las manadas de gorilas que en Brasil torturaron y mataron a quienes resultaban ser enemigos o iban camino de serlo.

Estuve en Uchuraccay y hablé con los campesinos que habían matado a los periodistas y al guía. Percibí que estaban sorprendidos de que se les interrogara y juzgara. Era evidente que habían recibido instrucciones asesinas del comando político-militar que manejaba el general Clemente Noel Moral, con quien, poco más tarde, tuve un tenso intercambio de opiniones.

Daniel Urresti ha sido condenado a doce años de prisión porque se le ha encontrado, con toda razón, responsable de la muerte de Hugo Bustíos, el corresponsal de “Caretas” en Huamanga. Él era “el capitán Arturo”, el jefe de inteligencia, el trazador de campañas y el más que probable designador de blancos.

Sendero mataba como mandaba alias Presidente Gonzalo, pero el Ejército, llamado por Fernando Belaunde, creía estar combatiendo al vietcong. Lo que pasó en la aldea de My Lai se multiplicaba en los Andes. No había culpables individualizados. Las comunidades, los pueblos, pagaban en masa el costo de la sospecha, la cooperación forzada con el enemigo. En cuanto a monto de cadáveres y ríos de sangre, los militares y el senderismo empezaron a parecerse. Era más que una guerra: era una orgía planeada por la parca.

Si eso hubiese continuado de esa manera, el Perú habría caído en manos de ese ejército senderista, nacido en Yenán pero perfeccionado en Camboya, y una intervención armada de la OEA se habría hecho imprescindible. Habríamos sido una súplica internacional, no un país.

Todo empezó a revertirse cuando se armó al paisanaje herido por las prácticas de la guerrilla y cuando se entendió que la penetración, la inteligencia y la captura de líderes y personajes claves eran el camino.

No fue el ejército, como dice la derecha, quien derrotó a Sendero. En sus cuarteles ni se enteraron, felizmente, del operativo que dio con la casa de la Garrido Lecca. En esa guarida, donde en las tardes brillaban los tutúes, cayó cobardemente el gran capo.

Urresti está en la cárcel por un crimen cometido hace 34 años. Qué bien. ¿Pero dónde están los militares responsables de las muertes perpetradas por el gobierno de Dina Boluarte en Huamanga? La Fiscalía parece interesada en encubrirlos. Por eso desarma lo hecho, rehace los despachos, desnombra a quienes ya estaban en la investigación. ¿Por qué? Porque este es un gobierno donde los milicos tienen una gran presencia, un peso determinante. Y es importante protegerlos, como lo hizo Fujimori. En Huamanga, hace poco, la consigna fue disparar sin medir las consecuencias ni guardar las proporciones. En Juliaca, la policía plagió el método y disuadió con plomo. El Perú de siempre, el viejo zombi de las encomiendas y los latifundios, había apretado el gatillo. Un régimen que intenta encarnar todos los anacronismos que supuran y lastran al Perú, alzó su voz para imponerse. La pólvora había hablado otra vez.

Urresti está entre rejas. Los muertos de Boluarte exigen una justicia semejante.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 631 año 13, del 14/04/2023, p16

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2023/04/peru-las-victimas-boluarte-cuando/

Perú: El sepelio de los soldados

Gustavo Espinoza M.

Más allá de las versiones en torno a los sucesos de Juli e Ilave, las ceremonias fúnebres del 8 de marzo, adquirieron un carácter simbólico. La ausencia del alto mando militar y de las autoridades del Estado en las exequias de los uniformados, y la asistencia masiva de la población aimara; fueron la confirmación evidente de una verdad negada.

La Prensa Grande, y en particular la Televisión Peruana urdieron una mentira de almanaque, orientada a demostrar que los reclutas que perecieron ahogados en el río el domingo 5 de marzo fueron víctimas de los comuneros. Dijeron sin ambages que “una turba de pobladores” los acosó y persiguió con crueldad  hasta obligarlos a meterse al río “para salvarse”.

Para mostrar la “autenticidad” de la versión, la Tele convirtió en un sólo video dos hechos ocurridos en días diferentes, y en lugares distintos. La primera parte del video mostrado, correspondía al sábado 4 de marzo, y fue filmada en Juli. La segunda, recoge hechos ocurridos al día siguiente, el domingo 5, y fue tomada en Ilave. Por lo demás, los pobladores que aparecen en uno y otro video, son diferentes. Se trata en un caso, de comuneros de Juli y en el otro, de pobladores de Ilave. Por arte de magia, se “juntan” los dos videos, como una sola secuencia. Eso, descalifica todo.

El sábado 4, en efecto, los comuneros de Juli hostigaron a los soldados  y les enrostraron su presencia en una circunstancia en la que habían venido para “coordinar” acciones con la Policía Nacional, acusada por los pobladores de alevosos ataques a la ciudadanía. Los soldados, jaqueados por la multitud, huyeron, y se refugiaron en la Base Militar de la localidad. Hasta allí la población los siguió para hacerle sentir su rechazo. En esa circunstancia, efectivos de la Base hicieron uso de disparos, provocando heridas a 5 personas. Esa confrontación, sin embargo, concluyó allí.

Al día siguiente, ya en Ilave se produjo otro hecho. El escenario era distinto, como lo eran también tanto los comuneros, como los soldados. Allí, el Capitán Frisancho -hombre con antecedentes oscuros y  acusaciones penales- dispuso que sus soldados –“los perros”, los llamaba- “vadearan” el río portado mochilas, fusiles e indumentaria de combate. Como “las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones siendo el único responsable de las mismas el superior que las dicta”; los soldados acataron lo dispuesto, aunque algunos de ellos, no sabían nadar. “Vayan agarrados unos de otros por los brazos”, pareciera les dijo el autor de las órdenes, que cautelosamente, se quedó en la orilla.

Estando en el río, y ante la furia de la corriente y la extrema frialdad de las aguas, los uniformados se fueron soltando para quedarse en la libertad de nadar: La corriente los separó, y quienes no supieron desenvolverse ante esa contingencia, quedaron a la deriva y se ahogaron. Los Comuneros, ubicados en el cerro, gritaban consignas, pero no podían lanzar nada por la distancia que los separaba de los soldados. Percibieron, sin embargo, que estos se ahogaban y corrieron a auxiliarlos. Lograron salvar a 5, pero uno ya era cadáver, y otros habían desaparecido. Los encontraron luego fallecidos. La necropsia fue inapelable: hipotermia y muerte por ahogamiento

Vistas así las cosas, es meridianamente claro que la Televisión manipuló descaradamente los hechos y mintió a sabiendas con un propósito avieso: atribuir la culpa a los comuneros -“la turba”, como los llamó peyorativamente-. Pero si fue indigna la conducta de la Tele, peor fue el comportamiento de la cúpula castrense. Ella no debió comprometer opinión, sin investigar los hechos recurriendo a fuentes confiables. Y no debió avalar el operativo frustrado, dado su trágico desenlace. Optó sin embargo por transitar en contra de la verdad, y cargó contra los comuneros con una ligereza enfermiza. Los hechos le saltaron a la cara y demostraron la precariedad de su versión.

Es claro que el Jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada no la tenía fácil. Juzgó su deber “salvar al Superior”, porque, obviamente, él es el Superior, y debe cuidar su propio pellejo. Pero, además, debió justificar el que los soldados no hubiesen hecho uso de sus armas. Y no podía admitirlo  porque no era necesario: no estaban amenazados por nadie. Si lo decía, se caía la versión de la Tele.

Buscó entonces jugar una partida a dos bandas. Por un lado “humanizar” a su tropa, asegurando que no iba a disparar contra el pueblo. Por otro, devolver la piedra que le lanzara Otárola en su deposición ante la Fiscalía. Allí, el Primer Ministro dijo emulando a Pilatos: “Los Mandos Militares no nos consultan sus Operativos”. El general, dijo aludiendo al gobierno: “no podemos hacer uso de las armas”. En otras palabras, nos exponen inermes.

Quizá si en otras circunstancias, un brulote como el urdido en torno al tema, hubiese sido aceptada por la ciudadanía. Pero ocurre que así como no hay crimen perfecto, tampoco hay mentira perfecta. Y hubo una pieza que hizo que cayera todo el andamiaje laboriosamente construido: la versión de Liubomir Fernández, corresponsal de la República, y el único que estuvo en Ilave la mañana del domingo 5, en las proximidades de los comuneros. El vio todo y describió todo. Nadie pudo desmentirlo. Por eso, lo odian.

A partir de allí, cayó el telón. Nadie del gobierno, llegó a los funerales;  y tampoco asomó el Mando Castrense. Las víctimas eran gente del pueblo, aimaras todos, hijos de comuneros y hermanos de comuneros. Por eso fueron enterrados en familia, en lo que Federico Engels llamara  “la familia extensa”, es decir la Comunidad entera .

Todo ello explica la infinita ira del Comando Conjunto de la FF.AA. que se expresó en un video torpe, venenoso y vengativo contra los comuneros; y el ataque físico al periodista Fernández. Finalmente, fue la voz de la impotencia la que habló, fusil en mano.

https://www.calameo.com/read/007287709645b3bc2c5e1

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-sepelio-los-soldados/

Perú: La bala perdida de Boluarte

Juan Manuel Robles

Lo único bueno que dejan estas semanas de espanto es que la derecha agota velozmente una de sus mayores cartas: la mano dura. Su gran mito y narrativa —la solución final— quedan desbaratados por la realidad. Les servía mejor como posibilidad en abstracto, que hacía alucinar a los soñadores fachos, sus hijos fachitos y la clase media siempre dispuesta a mirar al otro lado. Pero Dina Boluarte, enajenada y ciega de historia, ha cometido los actos que confirman que ese camino es el fracaso seguro. Ha movido todas las fichas hacia delante dispuesta a espolonear cualquier movilización social. Y si bien es cierto que rompió un límite que pocos se hubieran atrevido en su condición —presidenta mujer y transitoria— ese salto la deja asilada, con un futuro entre la cárcel y el exilio, y con la película quemada: un modelo de gobierno que atrae cada vez menos y ya no da tanta gracia.

Porque lo que en la mente de la belicosa derecha terruquera peruana debió ser una operación rápida y sencilla, una suerte de Chavín de Huántar liberando cada provincia, una seguidilla de emboscadas elegantes y arrestos silenciosos; lo que debió ser, digo, una coreografía eficaz, ha sido en realidad un completo desastre.

Dejemos algo claro: la derecha quiere mano dura, pero siempre con dos condiciones. Que a ellos no les pase nada y que los perpetradores no hagan roche, que actúen en la sombra y sin dejar imágenes explícitas. Que todo sea como un accidente, para que el buen ciudadano urbano —más preocupado por el precio del pollo— levante los hombros y diga así es el fútbol, antes de seguir en lo suyo. Solo uno de los requisitos ha sido cumplido por Dina. En lo otro, el despelote ha sido grande. Todo tan desprolijo, tan sangriento, tan ruidoso y escandaloso (hasta argentinos han llegado, tan altos, tan guapos y tan buena onda, parecen salidos de la película 1985). Pésimo servicio, presidenta.

Pero no es solo ella el problema, y cada vez más gente se da cuenta. Es el paradigma: eso de la mano dura resulta impracticable cuando no se dan las condiciones históricas, cuando no existe un peligro nacional verdadero. La “mano dura” basada en imposturas suele salir mal. Por otro lado, para imponer “mano dura” hace falta cierta eficiencia militar y policial. Algo que este Ejército y esta Policía no tienen.

Los que soñaban con el orden total después de la decisión de usar las armas se han dado cuenta de la cruda verdad. Que nuestro Ejército no está en condiciones de poner orden ni organizar políticamente nada. Que nuestra Policía ni siquiera es capaz de usar bombas lacrimógenas correctamente. Que nuestra Inteligencia es estúpida. Estúpida y cómica: el agente que explicó la “semiótica” de los colores subversivos dejó esto bien claro.

El Ejército es uno que le dispara a un civil desarmado de la manera más innecesaria y bochornosa. Y se dejan grabar. Los individuos sensibles nos conmovemos e indignamos con las muertes gratuitas. La derecha y sus porristas no se conmueven —no tienen corazón, votaron por Keiko—, pero sí se horrorizan de la torpeza, de cómo “se exponen”, porque no hay que ser un genio para saber que estas cosas terminan mal.

Ay, pobre facho y aspirante arribista a facho. Se cumplió el gran anhelo prometido, que los institutos armados tengan carta blanca para tomar el control, pero las cosas no eran tan simples como pensaron.

Encima, el gobierno pone a formar a la Policía frente a Palacio de Justicia. La imagen —de reminiscencias nazis, como bien dijo Gustavo Petro— da la vuelta al mundo. La secuencia choca por su autoritarismo y descaro. Pero sorprende más por su ridiculez. El actor Jason Day lo dijo bien: ¿Por qué le ponen la música de Star Wars al video? Prueben ponerle la de El Chavo.

Hasta Jaime Bayly, un derechista consumado, le encontró la gracia a la secuencia, al alarde bélico de los uniformados. “¿A quién quieren impresionar? Solo son el Ejército del Perú”. Ni siquiera son la Policía Nacional jugando a la guerrita después del heroico acto de dispararle una bomba lacrimógena en la cabeza a un abuelo desarmado y matarlo.

Cualquier general inteligente —en el Perú los hay, solo que están desaparecidos— sabe que formar así a tu policía no es una muestra de fortaleza, sino de debilidad. Es una compensación bien misia del orden que no tienes para las cosas que importan.

Ya no sonará igual el “pondré orden con mano dura” en las próximas elecciones, con Dina enjuiciada, presa, o fuera del país, y un montón de comandantes expuestos (abandonados a su suerte por los dominicales que los vilipendiarán).

Y si bien algunos loquitos de las fakenews, en Willax y Youtube, exigen verdadera mano dura —bombardear cierta ciudad, arrasar con todo— queda claro que la ciudadanía —incluso la de derecha— sabe hoy que el asunto no es tan sencillo, que el Perú es ancho y ajeno, y sobre todo, complejo, y que este disparatado estilo de gobernar (matar, mentir, sacar comunicados, notas de prensa, comprar más armas, volver a matar) cuesta mucha plata para lograr tan poco.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 623 año 13, del 17/02/2023, p13

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-la-bala-perdida-boluarte/

Perú: La verdad sale a la luz

Ronald Gamarra

La verdad sobre lo ocurrido en Ayacucho el 15 de diciembre, donde 10 personas murieron durante las protestas en esa ciudad, se ha abierto paso gracias a profundas investigaciones de IDL-Reporteros y esta revista. La primera conclusión es que las autoridades mintieron absolutamente, con total descaro y abierto cinismo, sobre lo acontecido y sus circunstancias. Engañaron desde la presidenta Dina Boluarte, pasando por el presidente del Consejo de Ministros de entonces, Pedro Angulo, y sus ministros de Interior y de Defensa, este último Alberto Otárola, actual primer ministro. Falsearon la realidad entonces y después, y siguen manteniéndose en ello ahora.

Las pruebas son contundentes, objetivas e incuestionables, diría que definitivas. Ante los enormes vacíos de la versión oficial y la indiferencia del gobierno frente a estos y otros graves hechos que implican decenas de muertes en las manifestaciones de protesta de diciembre y enero, y ante la inefectividad de la administración de justicia, un puñado de periodistas de investigación se puso a rastrear los acontecimientos, buscar información policial y militar, recoger testimonios, hacer líneas de tiempo y recopilar videos grabados por personas individuales o cámaras callejeras. El resultado apareció el pasado fin de semana en ambos medios mencionados y coincidían en sus conclusiones. La versión oficial, cómo no, era una vulgar mentira.

Nos dijeron desde el gobierno que las muertes se produjeron en circunstancias en que una multitud beligerante trataba de tomar por la fuerza las instalaciones del aeropuerto de la ciudad, una infraestructura cuya importancia nadie pone en duda. La fuerza militar habría actuado in extremis ante el ataque. La discusión, entonces, se trasladó al terreno de saber si se había actuado correctamente en el empleo de la fuerza al defender el aeropuerto o si se había hecho un uso abusivo de ella. Naturalmente, había en la propia versión oficial demasiados indicios de que se había incurrido en la hipótesis del uso desproporcionado de la fuerza, empezando por el recurso a las armas de guerra.

Los informes de IDL-Reporteros y esta revista prueban de manera irrefutable que ninguna de las muertes se produjo en el aeropuerto. Todas sucedieron fuera de esas instalaciones, incluso la mayoría de ellas a distancia muy considerable del aeródromo, a varias cuadras de él. Más aún, las víctimas en ningún caso portaban armas de ningún tipo ni estaban en posición o actitud de atacar. Incluso un chico de 15 años es asesinado cuando cruzaba a solas una calle, sin participar en manifestación alguna. Se trata de víctimas causadas por patrullas militares que persiguen gente y tiran a matar, no que se defienden de los ciudadanos que protestan.

Paradójicamente, en una zona del mismo aeropuerto que estuvo ocupada por más de tres horas por un grupo de manifestantes que llegó a colocarse en un extremo de la pista, la patrulla militar de esa área pudo contenerlos y al final desalojarlos sin hacer uso de sus armas de guerra ni causar lesiones o muertes. Y sucede, sin embargo, que la mayoría de las víctimas se produce en los alrededores, cuando ya el establecimiento estaba completamente bajo control castrense, desocupado de ciudadanos en marcha. El contraste entre la patrulla que controla y desplaza a los manifestantes de la referida pista sin causar muertes y el comportamiento de la o las patrullas que actúan en persecución de los ciudadanos cuando ya el aeropuerto está libre, y los tirotean hasta ejecutarlos, evidentemente obedece a alguna orden. No responde a la mera y unilateral decisión de soldados descontrolados, incontinentes, carniceros.

El gobierno está en la obligación ineludible de responder ante estas investigaciones periodísticas de calidad y rigor impecables. Sin embargo, hasta el momento de escribir este artículo, todos los funcionarios del gobierno, desde la presidente Dina Boluarte, pasando por todos sus ministros, guardaban un silencio ominoso y muy revelador. No es haciéndose el desentendido que se pueden eludir las responsabilidades por acción u omisión. Las fuerzas armadas también, en particular, le deben una explicación al país. Y las aclaraciones sólo son el primer paso porque es imprescindible que aquí se imponga la justicia, que ha de llegar, tarde o temprano.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 623 año 13, del 17/02/2023, p15

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2023/02/peru-la-verdad-sale-la-luz/