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27 de julio de 2024

Perú: Reírnos de Jorge Montoya

Juan Manuel Robles

Qué risa que da el congresista Jorge Montoya, almirante en retiro, caricatura andante y emblema de lo más penoso de la tradición militar. Es de esos hombrecitos con voz engolada que tratan de irradiar miedo pero dan lástima. Porque uno intuye rápidamente lo que se confirma en la hoja de vida: ningún acto sorprendente o admirable. Y —lo que es grave en su línea de trabajo— nada de heroísmo; a lo mucho, uno encuentra el valeroso acto de agacharse dócilmente a firmar el acta de sujeción de Vladimiro Montesinos. Hagamos un alto aquí: el señor ha dicho que no era un acta, que era la firma de una “lista de asistencia”; y sin embargo, en el video transcrito, el general César Saucedo —cabecilla castrense de aquella mafia criminal— anuncia a sus grumetes que van a firmar “el acta” con los acuerdos; esto fue tan evidente que en 2001 el Ejército del Perú admitió que esa ceremonia de sujeción fue una vergüenza para la institución. Pero Montoya, negacionista temperamental, decidió en 2021 que iba a denunciar por difamación a todo aquel que pronuncie “acta de sujeción”, sacando a relucir ese rasgo que, por desgracia, no es infrecuente en él y en su institución: la cobardía.

Gracias a sus miembros indeseables, la cobardía está allí cuando hablamos de la Marina de Guerra. Es, lamentablemente, un lugar común. Basta leer el informe de la Comisión de la Verdad o ver películas sobre el conflicto armado interno. La cobardía ejercida desde el poder es feísima y provoca horrores. Lo sabemos bien.

No son pocas las amenazas y bravatas de Montoya, siempre con un tonito que él se permite por su condición militar y que los periodistas sumisos no le cuestionan —al contrario, se lo toleran en vez de hacer lo que deberían: reírse y mandarlo a echarse agua—. Cada vez que hay un problema, el parlamentario amenaza con una acción de fuerza. La última: ha hecho una denuncia penal contra Verónika Mendoza por el solo hecho de llamar a la protesta contra un régimen responsable de asesinatos, un régimen del que, por cierto, el almirante es aliado y cómplice.

Semanas antes, Montoya se molestó porque los periodistas le preguntaron acerca de la designación de su hijo como agregado militar en Estados Unidos, a pesar de no tener el rango que usualmente se requiere para el puesto. ¿Era acaso un premio de Dina Boluarte por su apoyo político? En vez de responder, Montoya dijo que hará lo necesario para que la difamación tenga pena de cárcel efectiva (parece ignorar que ya la tiene). Lo veo y pienso que son nuevos tiempos: en cierta etapa de la vida, los uniformados ya no pueden amenazar con desaparecerte o torturarte. Pero pueden usar el congreso y su poder para hacer leyes que te corten la lengua.

¿Parece un poco fuerte ese paralelo? A mí no. Al fin y al cabo, Montoya es el mismo que presentó una ley de impunidad destinada a sacar de la cárcel a terroristas de Estado, entre los que hay carniceros, violadores, ejecutores y otras joyitas, por lo que se puede asumir que no siente particular desprecio por esos forajidos que también llenaron de sangre al Perú.

Y no deja de ser curioso que amenace con cárcel efectiva para los difamadores quien acusó a la exministra Gisela Ortiz de tener vínculos con Sendero Luminoso, sin ninguna prueba. El terruqueo impune, ya lo hemos dicho, es también una forma de cobardía matona.

Pero no sólo hablamos de un fanático convencido y equivocado, un cruzado con una misión insana de limpieza ideológica. Montoya nos cuesta plata y mucha. Su iniciativa para tratar de desconocer los resultados de las elecciones en las que ganó Pedro Castillo y probar la tesis del fraude costó 216 mil soles. Como nunca hubo ni siquiera un indicio razonable, su investigación acabó en lo esperable: en nada. Confrontado frente al fiasco, el almirante dijo: “nunca hablé de fraude”. Pero mentira, sí lo hizo. Dijo: “existe realmente una intención de fraude”. Y usó la palabra fraude en Twitter. He aquí otra característica del señor: se lava las manos cuando todo sale mal. Me recuerda un poco a sus compañeros de armas en zona de emergencia, que se lavaban las manos cuando se daban cuenta de que la habían embarrado (literalmente).

El dinero —decía— no es cosa menor para estos señores que se alucinan héroes de la patria. Montoya fue el principal promotor de una ley para que los militares siguieran recibiendo su pensión de retiro a pesar de percibir su sueldo como congresistas, y que esto ocurriera sin ningún límite. Cuestionado por la prensa que desde entonces lo llama “el doblesueldo”, negó lo obvio, dijo que no era lo que parecía, y —qué raro— se puso bravucón.

Sí, me da risa este almirante de tina, su puesta en escena para hacerse el duro, el patriota combatiente, cuando al mismo tiempo gasta su energía en ver la forma en que le chupa la sangre al máximo al erario nacional.

Pero debo decirlo: reírme de Montoya es, de alguna manera, muestra de mi privilegio. Puedo hacerlo por ciertas condiciones: soy limeño y periodista, tengo un espacio, cierta exposición y puedo denunciar persecuciones. Puedo hacer lo que en el Perú es un lujo: reírme de lo que da risa, burlarme del verdugo que quiere quitarnos libertades.

Porque lo cierto, como se comprueba en esta nueva jornada de manifestaciones, es que las leyes y normas promovidas por los Montoya de turno, junto al terruqueo más cínico, terminan en consecuencias reales para millones de peruanos. Esos que no tienen la visibilidad de Verónika Mendoza. Esos a los que la policía los puede detener aduciendo que son sospechosos de “terrorismo” y meterlos en una celda, como si nada. Esos que pueden ser detenidos o intervenidos por denunciar a los uniformados en sus radios locales. Esos que pueden salir, hacer un movimiento de más, y morir. Esos que no se pueden reír en paz.

Una de las cosas que tenemos que recuperar como país es la posibilidad de poder reírnos todos de Montoya y sus alucines, y recordarlo a carcajadas por el momento que lo definió para siempre: con camisita blanca y charreteras, agachado, firmando una lista de asistencia, sí, cómo no.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 696 año 14, del 26/07/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

25 de mayo de 2024

Perú: Se viene la acusación

Ronald Gamarra

Ha concluido la objetiva, diligente y exhaustiva investigación fiscal de los asesinatos alevosos de Inti y Bryan y las lesiones causadas a decenas de manifestantes en noviembre de 2020, en el contexto de un feroz como excesivo, indiscriminado y desproporcionado uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y de graves violaciones de derechos humanos. Tras años de indagación compleja y recolección de suficientes elementos de convicción, la conclusión es una: se cometieron los delitos y se ha identificado a sus autores. Eso, seguramente, se plasmará en la acusación que en los próximos días debe presentar el Ministerio Público.

Y es que, en verdad, los centenares de tomos de la carpeta fiscal, el cerro de diligencias practicadas, la revisión de una nutrida documentación y el cúmulo de pericias de diverso tipo (realizadas por expertos nacionales y extranjeros) dan cuenta de la delimitación progresiva del contexto en que se produjeron los hechos, las responsabilidades individuales en la comisión de los delitos y la condición de la Policía Nacional como tercero civilmente responsable.

De un lado, se ha acreditado:

- El ejercicio legítimo, constitucional y predominantemente pacífico del derecho a la protesta y a la defensa de la institucionalidad democrática por parte de las víctimas;

- Su no participación en actos que justifiquen el empleo de la fuerza por parte de la Policía Nacional (de haber sido así, tendrían la calidad de imputados y estarían siendo investigados, lo que obviamente no ha acontecido);

- La elevada cantidad de víctimas entre los manifestantes, incluyendo a Inti y Bryan que fueron asesinados (vía historias clínicas y reconocimientos médicos legales). El profuso número de impactos de armas de fuego en el cuerpo de las víctimas, la gravedad y ubicación de las heridas (las dos terceras partes de los agraviados presentan lesiones en el tercio superior de su anatomía) y la calidad de los elementos extraídos de sus cuerpos (perdigones de plomo, canicas de vidrio);

- El no uso de armas de fuego –hechizas, artesanales o regulares– por parte de quienes ganaron las calles en las grandes manifestaciones pacíficas, la no incautación de alguna de ellas, el resultado negativo de los exámenes practicados a las víctimas –entre ellos, a Inti y Bryan–, y el hecho de que no se reportara un solo efectivo de la Policía con impacto de bala.

A su vez, la investigación fiscal ha logrado acreditar:

- La no adecuación de la actuación de la Policía Nacional a los estándares internacionales y nacionales que obligan a dichos funcionarios públicos a ajustar el uso de la fuerza a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. La decisión de dispersar las manifestaciones ciudadanas, en contravención a los estándares internacionales en materia del derecho a la protesta; de hacerlo empleando fuerza innecesaria y de manera general contra los manifestantes; y utilizando armas dirigidas masiva y directamente contra la multitud de ciudadanos. La decisión de no permitir la circulación de los manifestantes en determinadas áreas del Centro Histórico de Lima, particularmente el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay y los alrededores del Congreso de la República, pese a una expresa sentencia del Tribunal Constitucional y los estándares internacionales que permiten el ejercicio de la protesta en todos los espacios públicos. La decisión de poner rejas metálicas bloqueando las calles públicas, en abierta e ilegítima restricción del derecho a la protesta;

- La estructura y cadena de mando policial que, abusando de su alta jerarquía, dio las órdenes y autorizaciones –que luego supervisó y controló– para el uso de la fuerza pública de manera indiscriminada, desproporcionada e ilegal, con el objetivo de impedir que las protestas contra Merino lleguen a Palacio de Gobierno y Congreso (teniente general Lam). Órdenes que fueron ejecutadas por otros oficiales de la Policía, según roles específicos distribuidos (general Cayas, coroneles Tenorio y Villafuerte, comandantes Castañeda, Apaza, Arguedas y Oliva, mayores Chenett y Solari, y capitán García);

- El patrón de comportamiento consistente en la forma de ejecución de los disparos directamente en zonas sensibles del cuerpo, la magnitud y gravedad de las lesiones sufridas por los agraviados, la cantidad de manifestantes lesionados identificados, el tipo de armamentos y municiones prohibidas que utilizaron los agentes policiales contra los manifestantes y el uso arbitrario de la fuerza pública;

- La lógica ofensiva y no disuasiva de la represión continua y el uso desproporcionado de la fuerza durante los días 9 y 12 de noviembre de 2020, e incluso posteriormente con mayor intensidad en el volumen de la fuerza, masividad en el empleo de las escopetas y material lacrimógeno, recurso a munición no autorizada y lesividad contra los manifestantes;

- La represión policial indiscriminada, desproporcionada e ilegal por el uso arbitrario de la fuerza pública, al haber utilizado municiones prohibidas y armas potencialmente letales (bombas lacrimógenas, perdigones de goma, granadas lacrimógenas de mano), que fueron disparadas directamente al cuerpo de los manifestantes en las partes más sensibles o en zonas de mayor riesgo que originaron lesiones mortales y graves;

- La competencia de las escopetas de la Policía Nacional para efectuar disparos de perdigones de plomo y proyectiles de vidrio endurecido, y su correspondencia con las lesiones en los cuerpos de los manifestantes, así como la no capacidad de las resorteras y los fuegos artificiales para causar tales heridas (vía pericias balísticas forenses);

- La utilización de canicas como proyectiles añadidos implica una intención de causar daño adicional (vía pericia balística forense respecto al uso de la fuerza);

- La existencia de decisiones para impedir el registro del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, y por ello, el ataque sostenido a periodistas, personal de la defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos;

- La existencia de decisiones para impedir la atención inmediata a los manifestantes heridos, y por ello la agresión a los brigadistas voluntarios.

La forma y el temperamento con que el Ministerio Público ha encarado esta específica investigación es digna de reconocimiento. La fiscalía ha hecho su chamba, y bien, ojalá hiciera lo propio con cuanta investigación llegara a sus manos. Mientras ello sucede en el ámbito de la indagación fiscal de los hechos, el Estado continúa con su absoluta y criminal indiferencia en materia de atención médica de las víctimas, el Congreso mantiene la impunidad de Merino y compañía, un juez se alista para negar a los agraviados su constitución en actores civiles, y el Ejecutivo se lanza con todo contra quienes osen ejercer su derecho a la protesta. Así estamos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 687 año 14, del 24/05/2024

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