Perú: Somos, de facto, una república parlamentaria

Pedro Francke

"El cambio tiene que venir de la voluntad popular, decidida por referéndum y estableciendo una representación distinta al Congreso en una Asamblea Constituyente"

Dos problemas principales del Perú actual atraviesan economía y política. Uno es el incumplimiento reiterado de los topes legales del déficit fiscal con perspectivas agravadas por los 20 mil millones de soles regalados a los grandes agroexportadores. Otro es la ingobernabilidad generada por haberse vaciado el poder presidencial y pasado a un régimen parlamentarista. Ambos cambios se deben a una reforma constitucional de facto, es decir, aprobada por fuera del marco que la propia Constitución establece, realizada por este Congreso bajo la batuta fuji-porkista. Sí, los mismos que antes ponían el grito en el cielo en defensa de la Constitución de 1993 y en especial de su capítulo económico. Veamos.

La Constitución de 1993 establece –aún lo dice su letra– que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Eso se respetó hasta el 2022. Pero desde entonces tenemos un Tribunal Constitucional producto del pacto mafioso entre fujimoristas, acuñistas, porkistas y cerronistas. Este nuevo TC regaló miles de millones a los grandes deudores de impuestos, como Telefónica y varias mineras. Luego procedió a aprobar una interpretación absurda haciendo posible que los congresistas puedan dar leyes de aumento del gasto público a su antojo, una de las cuales permite que los miembros del Tribunal Constitucional se incrementen a sí mismos y a su personal sus sueldos y gastos como les dé la gana. El “toma y daca” entre Congreso y TC es obvio y entre ambos entregan miles de millones a la oligarquía nacional y a las transnacionales, lo que para un economista sólo se explica por razones monetarias.

En el terreno fiscal, la Constitución de 1993 indica que el Congreso puede aprobar exoneraciones tributarias previo informe del MEF, sin exigir que este sea favorable. Esta disposición es inconsistente. A las exoneraciones también se les llama gastos tributarios porque son equivalentes a los aumentos presupuestales en su efecto sobre el equilibrio presupuestal. Durante tres décadas, los Congresos no aprobaron exoneraciones tributarias sin el visto bueno del MEF, pero los mafiosos actuales sí lo hacen.

¿Cómo cerrar estas puertas abiertas al desorden y desbalance fiscal? Hay quien plantea que si el TC hizo una interpretación absurda permitiendo que el Congreso apruebe gastos, podría dar otra interpretación que los cierre. Pero esta propuesta tiene dos problemas. La primera es que, aun si se hiciera eso, un nuevo TC podría regresar a la interpretación actual. Así, el precepto de la Constitución de 1993 ya está perforado y esa barrera sólo puede restablecerse con firmeza si se aprueba una nueva redacción más tajante que niegue directamente el “toma y daca” del actual TC. En el caso de las exoneraciones tributarias, debe establecerse constitucionalmente que sólo pueden aprobarse si el MEF está de acuerdo.

Hay, sin embargo, un problema mayor: esas decisiones del TC y del Congreso están amarradas al cambio de régimen de facto que se ha hecho, estableciéndose un modelo parlamentarista. Aunque la Constitución de 1993 no lo permite, se ha establecido que, en cuestión de horas, sin ningún proceso ni justificación, el Congreso puede botar a un presidente de su cargo. Eso incluye que en un par de horas más podría vacar a su vicepresidente si este asume, que es lo que explícitamente dijo el porkysmo cuando Dina aún no había pactado traidoramente con ellos. Así pueden imponer como presidente al nombrado por el Congreso, como ahora y como en diciembre 2020. Es en esencia un régimen parlamentario, que puede operar primero con una presidencia títere, como la de Dina Boluarte. Para terminar de afirmar su poder absoluto, el Congreso y el TC eliminaron de facto el artículo constitucional que permitía al presidente cerrar un Congreso obstruccionista y convocar a nueva elección. La letra de la Constitución de 1993 dice que eso se puede hacer tras dos mociones de confianza del gabinete denegadas. Pero ahora eso es imposible que suceda porque –gracias a una ley de este Congreso avalada por su TC– eso requiere que el mismo Congreso acepte que lo que hizo fue denegar la confianza. Es como establecer que quien se pasa una luz roja debe decidir él mismo ponerse la multa y que la minera que propone un proyecto contaminador se debe denegar a sí misma el permiso. Es obvio que eso nunca va a pasar.

Desde 2026 todo ese poder omnímodo se concentrará en el Senado, órgano impuesto por este Congreso contra la votación de más de 90% de peruanos. En estas condiciones hay quienes proponen que sea el Senado que elegiremos en abril el que apruebe las reformas constitucionales necesarias. ¿Es posible? Imaginemos incluso que extraemos la promesa de todos los candidatos de que así lo harán. Pero una vez elegidos, pudiendo aprobar leyes de gastos y exoneraciones tributarias, ¿decidirían quitarse ese poder? Y cuando elijan a nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ¿designarían a quienes les recortarían ese poder? ¿Un nuevo TC se quitaría la potestad de aumentarse sueldos y gastos? Disculparán mi escepticismo, pero no creo que eso vaya a suceder ni tras las promesas más solemnes del mundo.

El análisis de la Constitución arrastra discusiones del pasado entre izquierda y derecha, puede referenciarse a lo sucedido en países vecinos e involucra otros temas que trataré en próximos artículos. Pero nuestra realidad hoy no es la de hace una década ni la de otros países vecinos. Hemos pasado a un régimen parlamentarista que genera un alto riesgo fiscal. Frente al serio problema en que nos ha metido este Congreso mafioso de #PorEstosNo, la única forma de enfrentar la ingobernabilidad y el déficit fiscal es con el poder del pueblo. El cambio tiene que venir de la voluntad popular, decidida por referéndum y estableciendo una representación distinta al Congreso en una Asamblea Constituyente.

20-11-2025

Fuente​: Hildebrandt en sus trece, Ed 759 año 16, del 21/11/2025

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Perú: “Se pueden sostener el poder y los cargos de más alta autoridad en el Perú sin ninguna legitimidad”

José Carlos Agüero

El historiador y escritor, José Carlos Agüero, presentó este año “Desprecio, la política del miedo en el Perú” (La Siniestra), una colección de sus artículos publicados en distintas plataformas. Para él, más que una crisis permanente, lo que se encuentra en discusión es nuestro modelo de convivencia. No es, en buena cuenta, una simple crisis política de representación. Es en cambio un colapso social.

* En su libro señala que en el país se gobierna desde la frivolidad, el cinismo. Tenemos un Gobierno y un Congreso que ejercen el poder, dice usted, ofendiendo humillando. Y añadiría que matando. Pero lo ejercen sin legitimidad alguna. Las encuestas lo dicen: son despreciados. Es curioso: ellos nos desprecian y nosotros a ellos. Y ahí están. ¿En qué momento la legitimidad dejó de ser un ingrediente sustancial en la política peruana?

Creo que es difícil precisar en qué momento. Si creo que vale la pena pensar en la legitimidad como cualquier otra institución. No es una abstracción. La legitimidad se produce socialmente, necesita ser relevante para todos, cumplir una función, que la gente más o menos crea en cierto marco que haga que sea relevante y prestigioso representar a otras personas y rendir cuentas. En un balance de poderes el presidente rinde cuentas al Congreso, estas autoridades (congresistas) a sus partidos, estos a sus bases, a los militantes, a los ciudadanos que, cuando votan, pueden evaluar si han cumplido o no. Cuando no hay que rendirle cuentas a nadie la legitimidad se convierte en palabras sin ningún valor. ¿Quién le rinde cuentas a alguien ahora? No hay partidos, no hay militantes, no hay organizaciones de base. La legitimidad ha perdido ese anclaje en la vida social real.

* Porque incluso Fujimori se preocupaba por construir legitimidad. Nadie niega su raíz autoritaria, dictatorial dirán algunos. Pero tenía un respaldo político importante que mantuvo con altos y bajos. Cuando converso con politólogos y analistas suelen decir que es muy difícil que un gobierno se mantenga con cinco puntos. Lo mismo para el Congreso. Y ahí están. Algo se ha roto.

Algo ha cambiado. Y también algo se ha roto. Ha cambiado la manera en que hay que analizar la sociedad. La verdad, muchos colegas, muy respetables sin duda, son muy superficiales en sus aproximaciones. Hacen sociología o politología de sus deseos, solo de la superficie, sin tomar en cuenta que hay cosas que pasan más allá del juego de la realpolitik. Hay procesos históricos y sociales que hacen mucho más complejo el mundo en donde los actores políticos se mueven. Hay terminologías que se usan aquí y en Afganistán y que entonces no nos sirven de mucho.

* ¿Cuáles?

Como que no hay representación, no hay representatividad, no hay legitimidad. Eso va a pasar en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Como usted dice, hay cosas interesantes que han sucedido en los últimos años y una de ellas tiene que ver con la manera en que la sociedad peruana produce o no produce legitimidad. No es la primera vez que un representante tiene tan bajo porcentaje de aprobación ciudadana. Ni va a ser la última. Ese es un dato interesante. Pasó con Toledo. Esta señora Dina Boluarte prácticamente no tiene registro (a favor) en las encuestas…

* Y es algo constante.

Transversal a los sectores socioeconómicos. Deberíamos leer el dato obvio: sí se pueden sostener el poder y los cargos de más alta autoridad en el Perú sin ninguna legitimidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, que antes era importante (la legitimidad) y ahora ya no para ejercer el poder de manera vertical. El Congreso también adolece de cualquier tipo de legitimidad en términos de apoyo ciudadano y ejerce todo el poder de una manera abrumadora. Porque, ¿a quién le va a rendir cuentas el Congreso? ¿A Boluarte? Ella depende de él. ¿A los partidos políticos? No hay. ¿Nosotros tenemos alguna manera de ejercer nuestra decepción? Hay dos caminos. Reclamando en la calle, poniendo el cuerpo y afectando nuestra seguridad y votando, pero ni la una ni la otra afectan la legitimidad de los actores ni su capacidad para ejercer sus decisiones. Así funciona el Perú. Hay que pensar en las nuevas reglas y no en lo que no existe.

* Plantea que nos empeñamos en llamar crisis a esto que vivimos, que estamos a la espera de lo que sería la crisis definitiva, aunque posiblemente la crisis terminal ya ocurrió. ¿Es nuestro modelo de convivencia como sociedad lo que está en discusión?

Sí, es una buena manera de decirlo. Para mí –y no solo para mí porque he oído que algunos colegas ya hablan de colapso– varias de las bases de convivencia han acabado de dejar de funcionar y están siendo sustituidas por otras reglas. Por ejemplo, aproximarse a la verdad, no decir mentiras, mostrar transparencia, ser honesto, convencer, persuadir. Esos elementos que eran imprescindibles para el sujeto político no son necesarios. Nadie va a gastar energía ni esfuerzo en convencerte a ti ni a mí de nada porque hay otras reglas que ahora son las que priman. Basta con que se pueda hacer. Si puedo lo hago, aunque sea irracional, aunque sea evidentemente corrupto y beneficioso para un grupo de interés. Si tengo que legislar a favor del narcotráfico o del crimen organizado, lo hago. No tengo que convencerte de que es una gran idea. No es la idea lo que está en juego. Está en juego si puedo imponer mi capacidad de decisión.

* Si tengo los votos.

Hace un tiempo se necesitaba convencer. Y aun cuando tuviera que mentirte – que también era un recurso de los actores políticos– tenía que utilizar mecanismos retóricos para persuadirte de que mi mentira valía la pena. Ya no es necesario en tanto la verdad ha dejado de tener valor social. Da lo mismo si es una mentira o una verdad si igual lo voy a hacer. Hay una descomposición importante, un colapso de reglas de funcionamiento de nuestra vida como colectivo. No son solamente los partidos políticos. Eso es muy superficial. No es una crisis de representación política. Estamos viviendo de maneras distintas a hace treinta años. Hay elementos que nos hacen sentir que estamos muy deshilvanados, que tenemos muchos problemas para funcionar colectivamente. Decir la verdad, tomarse el tiempo en la argumentación para deliberar no es premiado.

* La elaboración discursiva suele verse incluso como algo aburrido.

Directamente contraproducente.

* Antiguo.

Exactamente, antiguo. Lo intelectual, la discusión de ideas ha terminado por ser reducidas a un elemento negativo de la vida en sociedad. Prima cierto pragmatismo, que es falso, que alude a que el no pensar sino el hacer es lo útil. Tener ideas y transmitirlas es caviar, es propio de gente inútil. Pero hay otras cosas que se premian. Castañeda Lossio me parece un personaje, simbólicamente hablando, de los más interesantes de los últimos años. Ha sido un personaje exitoso políticamente. Ha sido alcalde de la capital, postuló a la presidencia, fundó un partido que sigue viviendo…

* Con otro nombre.

Así es. Y ese partido sigue gobernando la capital. Su apelativo era el “mudo” y no era algo que recibiera con pesar, ni que sintiera como ofensa. Si hace treinta años tú le decías “mudo” a Barrantes o a Alan García sí era una ofensa, les estabas diciendo “no tienes ideas”. (Castañeda) es como el padre fundador del tipo de actor político de ahora, alguien que no necesita tener ideas, ni siquiera necesita hablar. Su sucesor López Aliaga, en el debate electoral de primera vuelta de hace tres años, no fue capaz de leer algo. No de improvisar, de leer. El asunto acá es que no importa. No se castiga no tener ideas ni argumentación ni palabra. Hay cosas que se castigan y otras que se premian porque la gente entiende que hay nuevas formas de participar en el espacio de interacción social.

* Pone el ejemplo de Castañeda. Pero cuando nuestros políticos abandonan su mudez lo hacen de una manera irresponsable. Está el ejemplo de Boluarte con su frase “Puno no es el Perú”, en el peor momento del estallido. O el ministro Quero y lo de prácticas culturales para referirse a las violaciones de niñas Awajún, secundado por la ministra de la Mujer. Dice en su libro que se terminó “la gramática de la decencia”. ¿Hablar con la verdad, al menos aparentarlo, dejó de ser esencial en nuestra vida social?

Es un elemento importante. De hecho, es algo que los historiadores habían notado desde hace bastante tiempo, a finales del siglo XX. Recuerdo un texto muy bonito de Eric Hobsbawm que decía que la función de la historia y por lo tanto de la verdad había dejado de cumplir su función social. Nosotros no tenemos que ser Hobsbawm. Lo vemos todos los días…

* ¿Lo escuchamos todos los días?

Exactamente. No es solamente un fenómeno de fake news. Es obviamente parte del asunto. La verdad en un sentido muy ingenuo pero útil es que lo que digo se parece a lo que es. O sea, se trata de hacer un esfuerzo de abstracción y de honestidad para decir lo que es. ¿Quién hace eso ahora? ¿Quién hace el esfuerzo intelectual de intentar identificar lo que es y luego el esfuerzo moral de decirlo, aunque te perjudique? Como ese elemento no es imprescindible para ser exitoso en el ejercicio del poder, es superfluo. Nadie lo necesita. Y la palabra entonces nos parece vacía, cínica. No sabemos qué adjetivo más ponerle. Hace mucho tiempo sabemos que el nuevo lenguaje es así. Que Keiko Fujimori va a ir a Harvard a decir “yo apoyo el informe de la Comisión de la Verdad, estoy por los derechos humanos”. Y la gente la aplaudió, hizo el check lingüístico. ¿Quién que no sea fujimorista acérrimo creyó en esas palabras? Nadie. Y aun así Keiko Fujimori casi gana. Y sin haber ganado nunca, tiene una cuota importante de las decisiones del país. Así que ella, como cualquier otro actor político, sabe que no necesita la verdad, casi que no tiene que hacer el esfuerzo de ejercerla porque la verdad tiene costos morales. ¿Para qué exponerte?

* ¿Guarda algún espacio para la esperanza?

Desde luego. No solamente es que yo me esté dando cuenta de estas cosas. Cualquiera que se sienta en serio a pensar puede ir notando que hay elementos que están más allá del lenguaje reiterativo con el cual nos hemos acostumbrado a describir nuestra vida política y social. Eso es positivo, hacer una constatación, un buen diagnóstico. No es que esté diciendo verdades tampoco, pero por lo menos estoy intentando…

* ¿Aproximarse a ella?

Sin recurrir a lugares comunes. Tener una buena constatación es un paso importante, dejar de fingir que estamos pasando simplemente por una crisis de representación o cosas así. Lo segundo es que hay que mirar lo que pasa en la vida real, los procesos que se dan en la gente. En los procesos electorales y de lucha en las calles se producen interesantes movimientos democratizadores, de resistencia. Veo el acto radical y esforzado de personas de expresar su voluntad a través del voto ante la dificultad de ejercer otras formas de ciudadanía. El voto en el Perú ha impedido el retorno del fujimorismo tres veces consecutivas.

* Y el fujimorismo trató de desconocer ese voto alegando un inexistente fraude electoral.

El voto es un resquicio de decencia y al mismo tiempo la formación continua de nuevas esperanzas. Y las esperanzas puede ser que fracasen, pero votar en el Perú te iguala, te da presencia. Por eso para mí la salida de la crisis –o por lo menos un inicio– es votar el 2026. Sé que hay treinta candidatos, que la gente se decepciona y se desespera, pero creo que hay dos o tres por los cuales vale la pena votar. Invitaría a la gente a que haga su análisis de quién se portó con decencia hace dos años y que vote por él o por las personas a su alrededor. A mí se me hizo muy interesante en el 2023 ese defensa de la voluntad popular en la calle, algo que difícilmente había visto antes y mira que tú y yo hemos pasado por muchos momentos de calle. No había visto una expresión tan claramente ciudadana en ningún tipo de manifestación. Una de las cosas que se decía en las marchas era que la gente venía a defender la voluntad popular.

* Sus derechos políticos, algo que Boluarte nunca entendió porque ella esperaba que protestaran por agua, salud, servicios.

Es un asunto bien interesante. Hay una expectativa del lenguaje actual que solo te permite hablar si utilizas esa gramática del beneficiado, ya seas víctima, pobre, excluido. Un beneficiado y un benefactor hablan en términos de servicios.

* Es que protestar políticamente es equipararte y eso no se entendió nunca desde el poder.  

Pero la gente igual sale y dice las cosas. Saben que los están terruqueando pero salen a protestar porque van a defender su voto. Yo no sé si querían que volviera Pedro Castillo. Yo diría, de hecho, que la mayoría no estaba saliendo a marchar por eso, pero sí sentían que la expresión de su voluntad había sido tergiversada por lo que habían hecho grupos de poder, bastante autoritarios y bastante corruptos.

https://larepublica.pe/politica/actualidad/2024/07/22/jose-carlos-aguero-se-pueden-sostener-el-poder-y-los-cargos-de-mas-alta-autoridad-en-el-peru-sin-ninguna-legitimidad-861479

https://www.leerydifundir.com/2024/07/peru-se-pueden-s…guna-legitimidad/

Perú: Enumeración caótica

César Hildebrandt

El congreso de los delincuentes.

La presidenta en estado de descomposición.

El Tribunal Constitucional mafioso.

La sentina de Erasmo Wong como el Cable Canal de Noticias de estos tiempos.

La prensa de derechas sin principios ni correctores.

La prensa de izquierda desaparecida.

La prensa independiente amenazada por la extinción.

Los marxismos hechos derrama magisterial.

Alias Vane defendida por quienes alguna vez leyeron “El antiimperialismo y el Apra”.

Darwin Espinoza rascándose los sobacos sin ser Charles Bukowski.

Los jueces que liberan narcos.

Los policías que asaltan en banda.

Los fiscales que encarpetan casos a cambio de dinero.

Los supremos de la inferioridad.

Los abogados que se prestan a todos.

Las putas que se visten de monjas de clausura.

Los canallas que solicitan compasión porque están otra vez aquejados de una grave enfermedad.

Los columnistas al servicio del silencio.

Las cabriolas de quienes evaden compromisos.

El mutismo sobre el genocidio en Gaza, la internacional procaz de las derechas guerracivilistas reunidas en Madrid, el liderazgo criminal de los Estados Unidos.

La fiereza en manos de la suciedad.

La pobreza como eternidad.

El desaliento como bajo continuo.

El racismo esgrimido por mestizos que habrían sido baleados por los nazis.

La chaira de los monopolios.

El machismo que mata a cuchilladas.

El feminismo plagado de brujas que proponen juicios sumarios y hogueras instantáneas.

El ridículo amado por casi todos.

El deporte de la envidia.

Las copas del olvido.

Los cementerios de reputaciones.

La infelicidad como propósito.

Acho y su sangre.

Las idioteces de Fossati.

La virgen de la candelaria.

Los 49 muertos sin culpables.

El sicariato como emprendimiento.

El tren de Aragua.

Porky y sus amigos.

Comunicore y el submarino amarillo.

A doscientos años de la batalla de Ayacucho que nos liberó del yugo español para luego someternos al yugo de Bolívar, al yugo de los caudillos militares, al yugo de la plutocracia de la tierra, al yugo de la oligarquía vitalicia y, ahora, al yugo de la derecha bruta y achorada.

A ciento cuarenta y tres años de la entrada de las tropas chilenas a Lima (enero de 1881) después de nuestra derrota total en una guerra que las clases dominantes provocaron y enfrentaron con imbécil optimismo.

A Dios rogando y con el mazo dando.

Vivo en el país donde los ladrones muertos se convierten en próceres que extrañamos.

Sobrevivo en el país donde ya no es necesario violar la ley para ser un criminal porque la ley puede estar hecha por forajidos que representan el crimen.

Malvivo en el país donde la ignorancia se convirtió en virtud y la estupidez en clave del ascenso social, como lo demuestra César Acuña.

Insisto en el país que tiene siglas en vez de partidos, aborrecimientos en vez de ideas, tenacidades siniestras en vez de destino.

Persisto a duras penas en el país que no aprende, no depura, no escarmienta.

¿Moriré como un idiota quejándome del país que no pude dejar y cuya savia tóxica me hizo un adicto de las sombras? ¿Ni siquiera tendré el consuelo de París y el aguacero?

Esas preguntas son narcisistas: escucho a los esbirros ministeriales defendiendo a la presidenta, su empleadora, y siento que, más allá del resultado y la enormidad del desafío, vale la pena seguir peleando. En momentos depresivos como este, me repito: no puedes permitir que el Perú te derrote. Una locura salvadora me susurra que esto es el Bernabéu. La consigna que persigue al Perú es salvarse en los descuentos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 687 año 14, del 24/05/2024

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Perú: Un país fracturado necesita recomponerse

Humberto Campodónico

“El sector empresarial y organizaciones sindicales presentaron cifras sobre el costo de la criminalidad (S/35.000 millones en el 2022, el 3,5% del PBI)”.

Hace unos días, el presidente del BCR, Julio Velarde, dijo: “La reforma del sistema de pensiones debería optar por un esquema de cuentas individuales, aunque sí manifestó que su única desventaja es que los montos serían suficientes si los peruanos viviéramos 140 años” (1).

Eso ya se sabía. Y hace poco lo reiteró Pedro Pablo Kuczynski: “El sistema chileno, copiado en Perú, tiene una falla de nacimiento. Si tú recaudas 10% de los sueldos durante una vida laboral de 35 años, nunca vas a poner una pensión de reemplazo de más de 25%” (Gestión, 12/03/24). Agregamos: solo quienes ganan más  de 2.000 dólares mensuales podrían tener una pensión de reemplazo superior al 50% de lo que ganaban.

Así, el esquema impuesto en noviembre de 1992 con el Decreto Legislativo 25897 no funciona para la mayoría (2). Pero sí para las AFP, cuyos ingresos, solo en el 2023, fueron de S/1.138 millones, de los cuales S/486 millones fueron Utilidad Neta (el 43%).

PPK agrega: “Las comisiones que cobran las AFP son leoninas. (El aporte es) 10% de la remuneración y sobre eso cobran 1% a 2% de comisión, más un seguro de vida, o sea, 3%. Si eso estuviera invertido (aporte del trabajador), evitarían una gran parte del problema. Eso es inviable” (ídem).  

Y sigue: “El sistema creó una categoría de administradores que tienen un monopolio”. Cierto. Cuatro AFP tienen un mercado cautivo. A diferencia de otros países, estas rotan cada cierto tiempo. Por tanto, deben entrar “otros jugadores”.

Ha habido muchas propuestas de reforma. La primera fue del Banco Mundial en el 2004. Ahora están la propuesta del MEF (octubre 2023) y otra de la Comisión de Economía del Congreso. En el 2022, hubo una propuesta de la Asociación de AFP, una de cuyos ejes es que “el afiliado reciba, en su Cuenta Individual, a lo largo de su vida laboral, el 1% del IGV pagado”. O sea que el Estado vendría en ayuda del trabajador. Pregunta: ¿la AFP cobraría, también, comisiones por ese 1% del IGV?

El fondo: debe haber una reforma integral de las pensiones, privadas y las de la ONP, en camino a una pensión universal. Por ahí va la propuesta del MEF 2023, que parece no gustarle al MEF 2024. Regresaremos sobre el tema.

Salario mínimo: ¿sí o no?

Dice la Constitución de 1993: “Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores” (Art. 24). Eso le corresponde al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), en el que participan de manera tripartita el Gobierno, empresarios y sindicatos.

Pero no se cumple, si bien el régimen fue aprobado en el 2007 por el CNT. Habría una revisión cada dos años y, para calcularlo, una proyección a futuro de la inflación de todos los precios de la canasta familiar, menos los precios de los energéticos y de los alimentos (por su alta volatilidad le llaman inflación subyacente). Y se consideraba también la variación de la productividad multifactorial (PBI, stock de capital, empleo y elasticidades).

Pero la propuesta del CNT no se cristalizó en decreto supremo debido a la negativa de los Gobiernos y la oposición empresarial. Por tanto, el salario mínimo quedó sujeto a la discreción política. Así, en el 2014, el tema no se discutió porque la señora Nadine Heredia dijo que no estaba en agenda. Pero subió en el 2018, el mismo día que se producía la renuncia de PPK. Y así.

En Chile, se discute todos los años entre el Gobierno y los sindicatos, y se elabora una propuesta técnica (parecida a la nuestra) que va al Congreso. En Colombia, existe una mesa tripartita de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Según la Ley 278 de 1996, el salario mínimo debe quedar definido el 15 de diciembre. La decisión final la toma el presidente de la República.

Si las propuestas técnicas establecen que debe subirse el salario, se procede de esa manera. Si no, no se mueve. Lo central es que hay una institucionalidad y un calendario. No se utiliza a los trabajadores como “carne de cañón política”.

En el Perú, el entrampamiento continúa en el CNT, pues siguen surgiendo “nuevos temas” (desde hace varios años) por parte del empresariado, que pueden ser válidos, pero cuyo propósito pareciera ser alargar la discusión: si debe haber salario mínimo por sectores productivos, si se debe diferenciar por regiones e, incluso, si se ata a la disminución de la informalidad (75% de la población). ¿Hasta cuándo?

Minería ilegal y “culebra”

Las pensiones y el salario mínimo tienen que ver con el sector formal de la economía y la sociedad. Lo mismo vale para los medicamentos genéricos, la ley de agroexportación, así como los contratos-ley y los peajes, temas hoy en agenda. Lo mismo sucede con la concertación oligopólica de los mercados y la escasa diversificación productiva.

De su lado, la informalidad está íntimamente ligada al (mal) desempeño del sector formal y su escasa capacidad de absorción de los nuevos peruanos al mercado de trabajo. Pero en las últimas décadas, las economías criminales han aumentado exponencialmente. Comenzó con el narcotráfico, se expandió a los lavaderos de oro y a la deforestación, principalmente. Y en casi todos esos sectores la aparición de bandas extranjeras han sido la regla y no la excepción.

Hace pocos meses, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía presentó cifras sobre la producción informal/ilegal (la frontera es borrosa). Nos dice que si bien la producción de oro formal (casi todo se exporta) decrece en los últimos años (ver gráfico), las exportaciones han aumentado como producto de la minería informal/ilegal. Ha dicho Víctor Gobitz que ello equivale al 45% del total de oro exportado en 2022 y que suma US$4.000 millones.

Se agrega que la producción de oro de Bolivia (informal, en gran medida) equivale al 7% del oro exportado. César Ipenza dice que, según el Colegio de Economistas de Tarija (Bolivia), el 80% de esas exportaciones tiene origen peruano (La República, 08/12/2023): poco menos de dos millones de onzas. La ‘culebra’ del contrabando ahora se desliza también en sentido contrario.

Durante años, el ‘establishment’ formal (económico, político y social) ha mirado de soslayo a las economías ilegales y criminales (sicariato, delincuencia), y su impacto en el poder político, pues algunas ahora cuentan con bancadas en el Congreso y ramificaciones en todos los niveles de Gobierno.

Hace tres días, el sector empresarial y organizaciones sindicales presentaron cifras sobre el costo de la criminalidad (S/35.000 millones en el 2022, el 3,5% del PBI) y propuestas para luchar contra la criminalidad. Estuvo Capeco, la Federación de Construcción Civil, la Confiep, la CGTP, la SNI, ADEX, entre otros.

Y le pidieron al Ejecutivo que tome medidas para combatirla, casi todas centradas en acciones policiales y soluciones inmediatas para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Lo cual está bien, pero no alcanza. Se necesitan nuevas políticas que, incluyendo lo anterior, tengan en cuenta que no solo existe el Perú formal que, además, es concentrado, oligopólico y excluyente (AFP, salario mínimo, genéricos). Un país fracturado necesita recomponerse.

1) LatinaNoticias, 15/03. https://shorturl.at/lxBOR

2) Pensiones: del mercantilismo a la reforma, 02/09/2020.https://shorturl.at/bgjHK

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/22/un-pais-fracturado-necesita-recomponerse-por-humberto-campodonico-1001330

https://www.leerydifundir.com/2024/03/peru-pais-fractu…ita-recomponerse/

Perú: Más Poder

Marisa Glave

  “La iniciativa es de un autoritarismo grosero, solo entendible en la lógica de acumulación de poder que tiene el Congreso, desapareciendo los contrapesos básicos de una democracia”

El Congreso no cesa en su afán de hacerse con el poder, de hecho, queda claro que quieren todo el poder. Esta acumulación es peligrosa para la democracia, pues viene generando candados institucionales que luego nos dejarán atados. Veamos lo que ya han logrado y lo que pretenden lograr.

El paso 1 fue hacerse del Tribunal Constitucional, para esto se requirió la conformación de un bloque conservador que unifique lo que parecía polarizado. La extrema derecha, con los partidos empresa y la izquierda autoritaria se aliaron para conseguir los votos suficientes. Seis nuevos magistrados fueron electos y ya vienen retribuyendo a sus electores.

Con el TC “amigo” el Congreso ha logrado validar el asalto a la Sunedu; arrinconar el control judicial y amedrentar a jueces que se atrevan a cuestionar la acción congresal, lo que les dio carta blanca para la elección del defensor del pueblo; y finalmente, romper el candado constitucional que prohibía al Parlamento tener iniciativa de gasto.

Con estas sentencias el Congreso logró más poder y por supuesto lo ejerció inmediatamente. Por un lado, eligió al defensor del pueblo, que tendrá, junto al presidente del Tribunal Constitucional, el mandato para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo que no es poca cosa, recordemos que la JNJ es el ente que sanciona a fiscales y jueces supremos, así como nombra a las y los nuevos magistrados. Es decir, es la puerta de entrada y de salida de la administración de justicia en el país.

Por otro lado, el Congreso ya arma anexos con proyectos de inversión a ser financiados por el MEF, como ocurrió con el último crédito suplementario aprobado. Poniendo en evidencia que la influencia política y el clientelismo pueden más que los criterios técnicos de priorización del gasto público. Todo esto frente a un MEF sumiso.

Si a esto le sumamos el uso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como mecanismo de impunidad por un lado y de acoso político por el otro, veremos que el círculo se va cerrando.

Es justo en el marco de esta línea de acción del Congreso que debemos analizar el último proyecto de Jorge Montoya, que pretende la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). La Constitución actual dice explícitamente que este procedimiento solo puede ser iniciado por el o la presidenta de la república y solo luego el Congreso lo ratifica. Lo que el texto propuesto plantea es que sea el Congreso quien decida, quien tome la iniciativa y avance en esta denuncia. No guarda ya ni las formas básicas de división de poderes.

La iniciativa es de un autoritarismo grosero, solo entendible en la lógica de acumulación de poder que tiene el Congreso, desapareciendo los contrapesos básicos de una democracia. Recordemos que solo los regímenes autoritarios y las dictaduras han buscado denunciar a la CADH.

https://larepublica.pe/opinion/2023/06/02/mas-poder-por-marisa-glave-101804

https://www.leerydifundir.com/2023/06/peru-mas-poder/

Perú: Metástasis

Carlos León Moya

Hay una arremetida lenta del Congreso y sus secuaces contra las instituciones del país. Poco a poco las van tomando, engullendo, y quizá la única gran consigna pública es que hay que sacar a los “caviares” de ellas. Por supuesto, a estas alturas, caviar es cualquier cosa que no les sea funcional. Lejanos los tiempos mariateguistas –los de Aldo– en que aludía solamente a los izquierdistas de clase alta. Ahora hasta Zoraida Ávalos es llamada caviar, o “lagarta”, que no es lo mismo pero es igual.

Bajo ese pretexto, decía, un grupo anómalo de personas, unidas solamente por el poder transitorio que les dio una elección, van copando instituciones y avanzando lentamente hacia otras. Más que copar, hacen metástasis. La semana pasada fue la Defensoría del Pueblo: esta semana pudo ser la Junta de Fiscales Supremos. Antes fue el Tribunal Constitucional: pronto será la Junta Nacional de Justicia.

Sería muy exagerado atribuirles una categoría ideológica. Más acertado sería un tipo penal. Pueden estar juntos Avanza País, supuestamente neoliberal, y Perú Libre, supuestamente marxista. Ambos cuentan con el silencioso aval de Dina Boluarte, tan desorientada que pasó de marxista a fascistoide en una semana, y del ahora fantasmagórico Alberto Otárola, que de su pasado nacionalista solo conserva el cariño por la bota. Todos se juntan. Todos cambian. Todos cambian para juntarse.

Pero ese es el campo de lo esperable. Es decir, esperar que la élite política haga algo distinto a lo que viene haciendo sería iluso. Hace más o menos lo que debían hacer, a juzgar por sus orígenes y por las reglas con las que juegan.

Lo triste es que, fuera de eso, nadie hace mucho. Por un lado, aunque hay un malestar ciudadano al respecto, no hay manifestaciones públicas. Parece que el mazazo recibido entre diciembre y febrero ha sido tan fuerte que nadie se anima a retomar la ira. 70 muertos no son poca cosa. Además, nadie tiene liderazgo ni capacidad de movilización en el Perú: todo aquí es espontáneo, hasta las marchas. Se prenden de golpe, y eso aún no ocurre. Y nadie sabe si va a ocurrir.

Por otro lado, tampoco hay manifestaciones privadas. Los empresarios parecen felices con la situación actual. Creen que esto les va a ser útil. El miedo que les infundió Castillo, y que los tuvo agazapados entre diciembre y febrero, los lleva a concluir que el Ejecutivo, el Congreso y sus aliados pueden hacer todo lo que quieran –matar manifestantes, tomar instituciones–, siempre y cuando no se metan con su plata, siempre y cuando no les toquen el modelo. Un buen ejemplo de esto es Luis Miguel Castilla, quien el miércoles le exigía “ponderación” a Alberto Vergara luego de que él dijera que 70 muertos era “una barbarie”. Dijo que esos eran “temas sensibles”, y usó las mismas frases que usan todas aquellas personas que quieran sacarle el poto a la jeringa: “debe respetarse el debido proceso” y “no hay que saltar a conclusiones hasta que la Fiscalía concluya las investigaciones”. En otras palabras, yo no sé nada, yo no vi nada. Si matan gente, yo no diré nada hasta dentro de cuatro años cuando diga algo la Fiscalía, y cuando lo haga, diré que hay que voltear la página.

Así las cosas, la metástasis avanza en el Estado y todos parecemos haber vuelto a nuestro papel de siempre: el de espectadores impasibles.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 637 año 14, del 26/05/2023, p19

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“Estamos ante una actuación desbocada del Congreso que no se detiene ante nada”

Luis Pásara  (Entrevista Enrique Patriau)

El Congreso ha emprendido una ofensiva que, de acuerdo con distintos observadores, pretende copar el Estado con personas que respondan a sus intereses. Conforme a esta lectura, ya lo hizo con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y está detrás de los organismos electorales y de la Junta Nacional de Justicia. El investigador Luis Pásara analiza esta situación y, además, responde sobre otros temas.

— Sobre su reciente columna en El Clarín, respecto a que la lógica de izquierdas y derechas no atrapa la complejidad y los matices de los liderazgos políticos de hoy, ¿entonces cuál podría ser una más adecuada diferenciación?  ¿Democracias o no democracias? ¿Liberales o conservadores?

— Estamos frente a desarrollos nuevos y a realidades nuevas, para los cuales no tenemos conceptos adecuadamente elaborados. Quizá la categoría o la situación que necesitamos formular mejor es la correspondiente a Gobiernos surgidos de elecciones en cuya acción autoritaria se debilita o se destruye el Estado de derecho. Esto quiere decir que la aplicación de la ley se hace arbitraria, se desmantelan los controles del Poder Judicial sobre la actuación del Congreso y del Ejecutivo y, como resultado, se afectan los derechos ciudadanos. En Europa, y esto lo digo para hacer ver que no es un fenómeno local, los Gobiernos de Hungría y Polonia corresponden a esta situación, y en América Latina el prototipo es el Gobierno de Bukele, en El Salvador. Pero antes de lo que podríamos llamar “el síndrome Bukele”, ya existían otros casos. Recordemos a Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. No podemos llamar “democracias” a esos regímenes; de momento, los teóricos los llaman “democracias autoritarias” o gobiernos “iliberales”, pero creo que son formulaciones insuficientes que todavía requieren un cierto desarrollo.

— ¿Se animaría a decir qué es el Perú en estos momentos? ¿Una democracia autoritaria? ¿Una democracia iliberal? ¿O pasa de la respuesta?

— No, no paso. Como usted sabe, yo no paso de las respuestas. Creo que está siendo una “democracia autoritaria”. Estamos en proceso de un desmontaje de los mecanismos de pesos y contrapesos que corresponden a una democracia.

— ¿”Democracia autoritaria” no es un oxímoron?

— Puede serlo, pero mientras no haya otro concepto para acercarnos a esta realidad, habrá que servirse de él.

— Estoy de acuerdo en que Dina Boluarte no puede ser calificada de izquierdista, a pesar de que postuló por un partido que se identifica como tal. ¿Cómo se podría definirla políticamente, entonces?

— Yo creo que Boluarte no tiene una definición política. Adoptó una por conveniencia para ser elegida como vicepresidenta, pero su actuación en la Presidencia —lo que dice, lo que hace y lo que no hace— no responde a una identidad política, sino a una voluntad de permanecer en el cargo, moviéndose a donde sea preciso, según sea necesario para mantenerse en el cargo. Es lo que, en un lenguaje conocido, antiguo, se llama una oportunista. Pero déjeme agregar que, en el Perú de hoy, en el que los políticos cambian de camiseta y se mueven como saltimbanquis, el caso de la presidenta Boluarte no es especial, no es peculiar.

— ¿Es más de lo mismo?

— Más de lo mismo. O peor de lo mismo. Por el cargo que ostenta. Eso es lo que hace que su caso sea más grave.

— Es interesante que en su columna mencione que en Perú actualmente no son pocas las oportunidades en las que las denominadas izquierdas y derechas confluyen, “repartiéndose los fragmentos de poder de los que pueden disponer”. Señala el caso del Tribunal Constitucional. Recientemente, ocurrió de nuevo con el nombramiento de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, alguien que no tiene las características necesarias para ocupar un cargo de esa responsabilidad.

— Muy claramente.

— Entonces, ¿qué explica esta coincidencia de intereses de políticos que, en teoría, se encuentran en antípodas ideológicas, como los de Fuerza Popular y Perú Libre?

- A primera vista es sorprendente. Pero creo que lo que hay de por medio es la ambición por alcanzar un pedazo de poder, que puede ser grande —para decidir licitaciones millonarias y cobrar comisiones por adjudicarlas— o pequeño, como usar un auto oficial nuevo. En el Congreso tenemos grupos de derecha muy claramente orientados y muy coherentes en su actuación, pero que a la hora de la repartija no vacilan en juntar votos con grupos de izquierda que, en su discurso, son radicalmente contrarios a ellos. Esto ahora a nadie le importa en un Congreso muy fragmentado, en el que hay que construir una mayoría para tomar decisiones. Entonces es el momento de entenderse “con Dios o con el diablo”, con quien sea, con quien haga falta. Este método adoptado en el Congreso actual es nuevo en la política peruana. Esto hay que subrayarlo.

— ¿Antes por lo menos respetaban algunas fronteras ideológicas?

— De alguna forma. Pero esto de pactar con el extremo contrario para ver cómo asignamos sillones en el TC es nuevo.

— O en la Defensoría.

— O en la Defensoría. O en lo que viene, que es la Junta Nacional de Justicia.

— Son izquierdas y derechas muy conservadoras. ¿No será que eso los une?

— Es verdad, pero no es el conservadurismo lo que los junta. Lo que los junta es cómo se reparten la torta. Es verdad que son conservadores ambos, que los que se ponen el cilicio y los que dicen que hay que combatir a la homosexualidad comparten muchos puntos de vista. Es cierto. Sin embargo, no estamos hablando acá de coincidencias ideológicas o políticas.

— ¿Se puede decir que el Congreso está detrás de capturar todos los espacios de poder posibles? Andan detrás de los organismos electorales. Y hay una acusación constitucional en contra de la fiscal Zoraida Ávalos. Hay también, de ciertos legisladores, una arremetida contra la Junta Nacional de Justicia, que pidió al Congreso una mayor reflexión por el caso Ávalos. ¿Nos estamos convirtiendo en una especie de parlamentarismo de facto?

Llamar parlamentarismo a eso me parece conferirle un honor inmerecido. En un régimen parlamentario existen reglas precisas acerca de las facultades del Congreso: lo que puede hacer y lo que no puede hacer. En este caso estamos simplemente ante una actuación desbocada del Congreso, que no se detiene ante nada y que puede seguir en esa carrera porque tiene al frente a un Ejecutivo débil que depende de él, y adicionalmente espera controlar a un Poder Judicial en el que algunos jueces podrían levantarse como un muro de contención. Vea usted que ya controlan el Tribunal Constitucional, que recientemente ha decidido limitar el control de los jueces sobre los actos del Congreso, control que es uno de los pilares de la democracia. Se están eliminando los pesos y contrapesos de un régimen democrático. Y ahora se disponen a abalanzarse sobre la Junta Nacional de Justicia para redondear el dominio sobre la actuación judicial.

— ¿Ve opción de detener esta actuación desbocada del Congreso? ¿O es pedir demasiado?

— No, no creo que sea pedir demasiado. Por la experiencia más reciente, creo que la única forma de parar esto es con una reacción de la ciudadanía que ojalá se produzca. No sé si a nuestra ciudadanía estos detalles o intríngulis legales o formales se le escapan o no. Por eso, este tipo de conversaciones debería de haber muchas. Son un paso necesario para dar la alerta, para hacer notar que estamos yendo hacia una demolición de la democracia.

— El Poder Judicial decidió anular la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la que se pedían 35 años de prisión, lo que devuelve al expresidente a calidad de investigado. Es un importante revés para el fiscal José Domingo Pérez. ¿Qué le sugiere este hecho sobre las investigaciones del caso Lava Jato? Usted ha sido una de las voces críticas sobre la actuación de los fiscales.

— No es el primer caso en el que un juez enmienda la plana al fiscal Pérez. Esta otra corrección vuelve a probar que, después de años de investigación, el producto que ofrecen los fiscales del caso Lava Jato no resulta satisfactorio. Cuando uno escucha las explicaciones del fiscal Vela, parecen satisfactorias. Pero los resultados no son satisfactorios. Y no cuestiono que José Domingo Pérez aspire a ser juez, no me parece mal; tiene ese derecho. El problema es que su actuación, muy ruidosa para iniciar investigaciones, con contenidos que se han filtrado siempre a la prensa, ha producido hasta ahora pocos resultados positivos. Esto es, estamos ante mucho ruido y pocas nueces. Lo del caso de Kuczynski vuelve a probar esto que le menciono.

— ¿Ha habido más fuegos artificiales que otra cosa?

— Hasta ahora, parece que así es.

  “La fiscal Benavides tiene diferentes varas para medir”

— La Fiscalía ha solicitado a la presidenta Boluarte declarar sobre las muertes ocurridas en las protestas. ¿Cree que este tema pueda avanzar de verdad? ¿O lo más probable es que se vuelva a configurar una situación de impunidad como en casos anteriores? ¿Los informes de la CIDH, por ejemplo, o el de Amnistía Internacional podrían presionar en un sentido para que haya justicia?

— Me sorprendería mucho que el caso de Boluarte avanzara algo en la Fiscalía. Ya nos ha mostrado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que tiene diferentes varas para medir. Fue muy celosa con el Gobierno de Pedro Castillo…

— Eso estuvo bien.

— Estuvo muy bien y en su momento nos felicitamos por ello, pero a partir de lo ocurrido en diciembre con las protestas, su actuación se ha vuelto negligente o remolona. Da la impresión de que está orientada políticamente por quienes apoyan a Boluarte en el cargo y condonan la actuación de las fuerzas del orden para contrarrestar las protestas. Repárese en que, a casi cinco meses de las muertes en Ayacucho y en Juliaca, no hay una sola persona sujeta a investigación por el Ministerio Público, y como ha señalado en términos tan claros Human Rights Watch, no se han hecho pericias en las armas utilizadas por el ejército y la policía, y en algunos casos ni siquiera se han hecho autopsias. Esa es ahora la actuación del Ministerio Público, cuya autonomía institucional declarada en la ley no se expresa en su actuación. Claro, alguien podría preguntarse ¿por qué entonces citan a declarar a la presidenta Boluarte? ¿Es un rasgo de independencia? No lo es. Es porque este Ministerio Público ahora tiene que “hacer algo” para salvar la cara frente al escándalo.

— ¿Entonces es una pantalla?

— Claro. Sobre todo, por el escándalo internacional, que le preocupa al Gobierno. Pero son gestos de una institución encabezada por una persona que, no lo olvidemos, también tiene pies de barro: el caso de su hermana jueza, señalada por ser negligente o condescendiente con narcotraficantes, lo cual es muy serio. Y ni siquiera es seguro que existan las tesis que sustenten los grados académicos sobre los cuales fue nombrada en el cargo de fiscal de la Nación. De allí que se preocupe en hacer gestos como recibir al extraditado Alejandro Toledo, sin que su presencia en el aeropuerto fuera necesaria, o hacer una citación a Dina Boluarte que no va a tener consecuencias.

https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/05/28/dina-boluarte-luis-pasara-estamos-ante-una-actuacion-desbocada-del-congreso-que-no-se-detiene-ante-nada-repartija-congreso-gobierno-boluarte-2329824

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Perú: “De una sociedad informal estamos pasando a una dirigida por el crimen organizado”

Jorge Yamamoto  (Entrevista Enrique Patriau)

Ante la ola de corrupción, el reconocido psicólogo sostuvo que el país requiere de un buen plan nacional. "Lo que necesita el Perú es estructura, cumplimiento de normas y valores. Para promover eso no puede haber mano blanda, eso es correcto, pero tampoco puede haber machete ni fusil".

¿Cuáles son los efectos que puede tener para la ya golpeada y polarizada sociedad peruana el hecho de que sus exprincipales autoridades estén siendo investigadas por actos de corrupción o se encuentren presas? El psicólogo social y docente de la PUCP Jorge Yamamoto responde al respecto en la siguiente entrevista.

—¿Cómo afecta a la sociedad peruana que sus últimos expresidentes estén investigados por corrupción o presos?

—Hay dos tipos de efecto. Uno, en el ejemplo hacia la siguiente generación. Podría deducirse que esta, con tanto presidente preso, va a pensarla dos veces. Pero hay una cosa extraña, que los estudios encuentran que a pesar de que las noticias frecuentes sean críticas, el niño luego interioriza y normaliza esto. Cuando tiene una oportunidad y percibe que va a salirse con la suya…

—¿Lo hace?

—Lo hace. Se genera un enorme daño y profundizando la brecha entre la moral explícita y la implícita. En cristiano, conscientemente hacemos crítica, pero inconscientemente…

—¿Toleramos el comportamiento corrupto?

—Ni siquiera eso: cuando me toca, bacán, pero cuando no me toca, soy muy crítico, soy hipercrítico.

—Es decir, ¿la sociedad peruana es hipercrítica con la corrupción y al mismo tiempo es permeable con ella?

—Totalmente.

—Hay cinismo ahí.

—Es una manera de decirlo. Yo diría que hay dos partes desconectadas del cerebro: de la observación de los terceros y de la conducta. Si le preguntamos a los peruanos, nadie va a estar de acuerdo en que no se deba cortar de saque el uso de los celulares robados, pero ¿cuántos peruanos los usan? ¿Cuánta demanda hay?

—¿Los peruanos están sintiendo aversión hacia la política, a raíz de estas noticias?

—Hay que ser muy cuero de chancho para no sentir aversión a la política de hoy. Eso tiene un efecto: la juventud, la adultez sana y competente que existe, sale curada de espanto. Lo peor: si soy mafioso y veo que de 100 corruptos investigan a 5 y el resto la sigue haciendo linda, eso va a hacer que me junte con otros mafiosos a recolectar mis firmas. Vea las elecciones: ¿cuántos sanos hay y cuántos son mafiosos?

—¿Qué ocurre en la sociedad peruana para que termine eligiendo a personas que son luego procesadas?

—En lo más superficial, al menos funciona la justicia.

—Eso dicen. No sé si sea un consuelo en serio.

—No deja de ser un consuelo para muchos. Pero lo importante es que se han hecho estudios y se ha encontrado que los mafiosos, los psicópatas, mantienen una proporción estable alrededor del mundo. Pero en sociedades donde hay control policial y judicial y, en general, instituciones sólidas y cumplimiento de normas y valores; estos mafiosos y psicópatas están arrinconados y forzados a portarse bien. Claro, de vez en cuando hacen sus cochinadas.

—Aunque la sociedad los constriñe, los aparta.

—Correcto. Pero cuando no ocurre eso, sino que se compra a la Policía, al Poder Judicial, esos mafiosos más bien toman el control y son congresistas, presidentes o grandes empresarios.

—¿Los mafiosos han tomado el control del poder en Perú?

—Bueno, los diagnósticos que se vienen haciendo describen que de una sociedad informal estamos pasando a una dirigida por el crimen organizado.

—¿Hay alguna ruta a seguir para que esta situación empiece a revertirse a largo plazo?

—Países como Singapur o Corea del Sur tuvieron a Lee Kuan Yew o un Park Chung-hee que se llevaron a miles de personas, incluyendo a sus enemigos. Eso no se debe promover. Pero los menciono porque convirtieron en dos décadas a sus países, que estaban peor que Perú, en lo que son ahora. Después tomaron la posta otros, pero la ‘bukeleada’ la hicieron ellos. ¿Cuál es el reto? Hacer esa transformación sin matar a nadie, respetando los derechos humanos, con un buen plan nacional para un proyecto país.

Lo que ocurre es que acá no hay un sentido de patria. En los estudios de valores en general, hemos encontrado que en el Perú ya no está presente ese colectivismo andino o amazónico que tiene muy presente el bienestar de la comunidad. Más bien, ahora el universo moral termina en mi familia y amigos. No interesa la colectividad.

—¿Diría que el país necesita alguien de mano dura?

—Tengo claro que el pueblo quiere a alguien de mano dura. Lo que olvida es que de cada diez, ocho o nueve son unos locos y uno quizás funcione. Lo que necesita el Perú es estructura, cumplimiento de normas y valores. Para promover eso no puede haber mano blanda, eso es correcto, pero tampoco puede haber machete ni fusil.

—Se habla de que el contrato social se ha roto, sobre todo luego de las muertes que hemos visto en las protestas. ¿Está de acuerdo?

—Por un lado, no estoy seguro de si en algún momento hubo contrato social.

—¿Nos hemos roto todavía más, entonces? ¿Qué efectos ve para la democracia peruana?

—Como en el caso del contrato social, habría que preguntarse…

—¿Si ha habido democracia alguna vez?

—No sé si lo que hay es una delincuentocracia.

—¿Le preocupa la polarización?

—En un grado extremo. Estamos viviendo una situación de mucha violencia. Hay violencia en contra de la mujer, en contra de los niños, estamos escalando en el crimen organizado y hasta en el crimen callejero. Estamos en un modo fósforo de parrilla. Y cuando ya estamos polarizados, cortamos el sentido de la empatía ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente somos incapaces de colocarnos en el papel del otro, sino que, encima, disfruto jodiéndolo.

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Perú: El desastre es político

Indira Huilca

La emergencia asociada al ciclón Yaku en diferentes regiones del país pudo ser tomada por Dina Boluarte como una oportunidad de mejorar su deteriorada imagen. En un país tan golpeado por desastres, atender las urgencias de la población más afectada –evacuación y rescate, distribución de agua y alimentos– depende de desplegar elementos de capacidad del Estado, como maquinaria pesada o personal de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la reacción inicial de la presidenta y su gabinete no fue solo lenta, sino indolente. Sus primeras declaraciones las dedicó a lamentar la falta de vehículos, motobombas y la debilidad del Estado. Para salvar el honor, tanto el premier como el ministro de Economía recurrieron a la “vieja confiable” excusa: los recursos existen, pero su ejecución depende de alcaldes y gobernadores regionales.

Esta actitud desubicada generó gran indignación en la costa norte, que si bien es una plaza menos reacia a Boluarte comparada con el sur andino, estaba literalmente con el agua hasta el cuello. Recién pasado lo peor, quizá por temor a que el rechazo al Gobierno gane terreno, éste está intentando girar su perfil al anunciar bonos, programas y hasta un plan ante la posible ocurrencia de un fenómeno El Niño.

Al parecer, Boluarte y sus ministros acaban de descubrir, por la fuerza de la naturaleza, que gobernar no consiste solo en reprimir y sitiar militarmente a la población. Si se toma en cuenta la celeridad con que se compró material antidisturbios o la rapidez con que se movilizaron tropas en el sur, el contraste es, por decir lo menos, grosero.

No menos lamentable es el papel de las y los congresistas. Olvidando su labor legislativa y de representación, el Congreso se ha reducido a un mero punto de acopio de donaciones, y algunos parlamentarios, a una suerte de turistas de la catástrofe que llegan a tomarse fotos simulando participar en tareas de limpieza o distribución de víveres. La “Comisión especial de seguimiento a la reconstrucción de zonas afectadas por El Niño Costero del 2017”, que fue reactivada en octubre del 2021 y es presidida desde entonces por el congresista fujimorista Cesar Revilla, ha gastado 514.545 soles solo en el pago de asesores de confianza.

En el año y medio que lleva funcionando este Congreso no ha existido una agenda legislativa para hacer frente a la emergencia climática o siquiera exigencias políticas a los respectivos ministerios. Nada se ha dicho sobre proyectos de vivienda popular que impliquen reubicación de zonas afectadas. Nada sobre la fiscalización y sanción a autoridades provinciales y distritales que autorizan y validan legalmente asentamientos en zonas de riesgo, en muchos casos, coludidas con congresistas implicados en relaciones clientelares (por no decir mafiosas).

El alcalde de Lima no se queda atrás. Pasó de promover una cadena de oración para que el desastre no sea desastre, a justificarse diciendo que no tiene “ni un mango”, que recién va tres meses en el cargo y que “no jodan”. Luego demostró un brutal desconocimiento del marco legal vigente al pedir una ley que declare intangibles las quebradas (algo que ya existe), y también de las leyes de la naturaleza, cuando propuso proteger quebradas y ríos con “dos paredes de concreto y piso”.

La organización de la gente en las zonas más golpeadas ha sido la única respuesta útil hasta el momento. Lamentablemente, ninguna de las iniciativas de las autoridades toman en cuenta este factor, ni en lo relativo a las actividades de emergencia, ni en las políticas preventivas. Más que una oportunidad para este régimen, lo que se evidencia es que no solo en el sur carece de legitimidad. Esto hace imposible pensar en “que todo siga igual”, empezando por la continuidad de Boluarte y el Congreso.

https://larepublica.pe/opinion/2023/03/26/el-desastre-es-politico-indira-huilca-1959074

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-desastre-politico/

Perú: El límite de la crueldad

Juan Manuel Robles

La derecha peruana, que hoy gobierna gracias a un complot chavetero en contra de la voluntad popular, cree estar cómoda porque supuestamente encarna una restauración deseada y más o menos bien vista. Cree que la gente, harta del caos, la apoya. Cree que los peruanos piensan como esa comitiva que se fue a Europa a decir que el Perú está muy bien, que el nuevo gobierno ha ordenado la casa y que vamos saliendo del hoyo (esa delegación donde reparten sonrisas estrellas del Perú neoliberal, como Carlos Neuhaus, del Comando Vacuna). Y tal vez, a ojos de una parte del país, tuvieron algo de razón y algo de crédito. Pero hay una cosa que están haciendo mal, y terminará siendo su ruina: son crueles. Crueles con roche, indolentes y desalmados, y eso los desenmascara.

Porque hasta la narrativa de la mano dura más siniestra —la de Fujimori y sus comandos y sus hornos para humanos— tuvo una lista negra y un móvil de fumigación. Fue una cacería de brujas sangrienta y errática. Lo de Dina Boluarte está constituyendo un nuevo subgénero atroz. El asesinato por placer. Por purito gusto. Una película que puede verse sin problemas, porque estamos en una época en la que todo se graba y circula. Ya no es necesario el oscuro trance del testimonio con detalle. El zoom-in es el detalle, la pausa en el video es la prueba del acto.

Esta semana se confirmó la muerte de Rosalino Flórez, un chico de 22 años que se encontraba en la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte en Cusco. Lo único que hacía era acompañar las manifestaciones. Frente a la arremetida de la Policía, se parapetó detrás de un árbol. Un efectivo se le acercó y le disparó treintaiséis perdigones de plomo en el cuerpo, por la espalda y acortando la distancia a cada tiro. Flórez terminó en el piso sangrando. En el hospital solo pudieron extraerle diez proyectiles. El resto estaba en órganos como los riñones, el hígado, los intestinos. Tuvieron que llevarlo a Lima, donde murió tras una agonía de dos meses.

Fue ejecutado porque sí. Le dispararon brutalmente. Era un joven que apenas empezaba a vivir. Que estudiaba para ser chef, como tantos chicos durante y después del boom gastronómico. No hay en esa muerte otra eficiencia que la muerte misma. No es estratégica ni siquiera en la mente retorcida de los que creen en el terror como estrategia para el control social. No es alguien tomado “por error” por criminal. Es una muerte absurda y su imagen, multiplicada por decenas en estos meses trágicos, huele mal. Es escalofriante ver cómo le disparan a un inocente.

Los periodistas del “New York Times” que investigaron los abusos de las fuerzas del orden luego de que Boluarte tomara el poder han señalado, basados en su experiencia en represiones internacionales, que lo que ha pasado en Perú es algo que no se ha visto en ninguna parte. Confirma lo que algunos pensábamos: aquí hay una decisión política de ir “más allá” en términos de represión asesina (ayuda el hecho de vivir en un país racista donde unos muertos valen menos que otros).

El caso es que están quedando imágenes cada vez más difíciles de justificar aun para las mentes más reaccionarias. La pregunta que va surgiendo es: ¿vale la pena? ¿Puede este tipo de cosas conducir a algo bueno?

La noticia de la muerte de Flórez llega en la temporada en que Boluarte y toda la coalición gobernante se han quitado la careta, luego de la llegada del ciclón Yaku. Hay un estrato nuevo de miseria en la imagen de la sucesora presidencial diciendo que no hay dinero para ayudar a los damnificados, cuando solo unas semanas atrás se enviaban helicópteros a Puno, se movilizaban tropas a la frontera con Bolivia y se compraba bombas lacrimógenas a sobreprecio. Hay desidia. Indolencia. Frialdad. Y videos como el de Flórez completan el cuadro inhumano.

Es una derecha que ni siquiera usa la lavadora favorita de los gobernantes de derecha: el asistencialismo social y las obras populistas que justifiquen el “costo” de los “excesos”. Están tan obnubilados que ni siquiera saben que hasta Alberto Fujimori reprimía con una mano y con la otra repartía bolsitas de víveres, e invertía en su base social de descamisados. Es una derecha que se siente tan poderosa que ya ni siquiera cumple con su chamba de asistir y pelear partidas de dinero.

Esa indolencia suelta de huesos se ve también en el alcalde de Lima, el aliado del gobierno Rafael López Aliaga, que se excusó diciendo que la administración anterior había dejado la municipalidad sin plata —cuando ya se han difundido gastos absurdos de su gestión edil—. No solo eso. López Aliaga propuso desalojar a la gente que vive en las quebradas, y anunció que pediría ayuda al ministro Otárola para hacerlo. La involución es clara. Esta es una derecha que, a los vicios clásicos, añade el abandono inhumano. Y uno se pregunta: ¿a quién creen que le han ganado? Quién diría que, frente a un López Aliaga desalojador, brillan altas las escaleras de cemento de Castañeda Lossio, que integraron a los cerros de Lima, con criollada de maestro de obra, pero también con ciudadanos beneficiados. Y eso que hablamos de alguien que envileció la política y la ensució.

La coalición de derecha que nos gobierna no se da cuenta de que han pasado del “roba pero hace obra” al “mata y se guarda la plata”, y que ese es un paso no menor. Ese autoritarismo de mandar a la Policía o al Ejército no les va a durar mucho. La tolerancia a la crueldad tiene un límite. Por un lado, estamos los indignados y asqueados (cojudignos demasiado sensibles), que seremos cada vez más. Pero también están los racionales apáticos, que empiezan a ver que esta indolencia casi psicópata no puede llevar a un gobierno estable, menos si no hay beneficios que “compensen”. Esos insensibles del Perú gamonal nunca exigirán justicia pero sí un análisis costo beneficio. Y esas muerte son demasiado inútiles.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 628 año 13, del 24/03/2023, p12

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Perú: El niño de Xicamarca

Gustavo Espinoza M.

Elmir Castillo Cabana, el niño de casi  3 años salvado providencialmente de las aguas en Xicamarca el  pasado 15 de marzo,  y “la mujer de barro” -Evangelina Chamorro- rescatada en la misma zona y en un trance similar el 2017; simbolizan de alguna manera el horrendo drama que deriva del sistema  de dominación capitalista que agobia a los peruanos en su variante más perversa: el “modelo” neoliberal.

A ambos, y a los gobiernos que los administraron, les debemos   el conjunto de iniquidades que hoy soliviantan a millones,  y abren cauce para que el país cambie. “Cuando el tío suena, es porque piedras trae” dice el refrán que tiene una dramática similitud con lo que ahora ocurre; pero que en el plano de la interpretación metafórica, se relaciona también con la “Tempestad en los andes” de la que nos hablara, premonitoriamente,  Luis E. Valcárcel.

Les debemos, por ejemplo, una estructura de dominación que ha pauperizado a millones, acumulando inmensa riqueza en manos de unos pocos.  Sabemos, entonces, que el 3% de los peruanos ubicados en lo más alto de la pirámide social, gana tanto como el total que obtiene el 67% de los que menos tienen; que el 78% de la PEA, carece de empleo y está realmente desocupada, por lo que se ve forzada a idear su propio “oficio” como vendedor ambulante o taxista a fin de sobrevivir en condiciones francamente deplorables; y que el 40% de la PEA ha descendido en su nivel de vida en la última década.

Sabemos también que en las regiones “más ricas” del país por su ingente minería,  hay hasta un 67% de peruanos que vive bajo el límite de la pobreza; y que el 87% de los niños en Cajamarca, Puno, Huancavelica,  Andahuaylas o Cerro de Pasco, el 87% sufre desnutrición crónica, y tiene los pulmones invadidos por plomo.

Sabemos que la salud no es un derecho, sino una mercancía y que si un ciudadano no tiene recursos para pagar los servicios de una clínica privada, sufre de total desamparo. Si es “asegurado”, deberá mendigar una cita durante varios meses “para ser atendido”; y si no lo es, el Sistema Nacional de Salud lo tendrá igualmente en espera, pero le dispondrá –mientras tanto- Tomografías computarizadas que deberá pagarlas en “la posta de la esquina, porque el Tomógrafo de acá está malogrado” .

Y que la educación, tampoco es un derecho. Que el analfabetismo, existe; y que más allá de él, hay millones de personas que saben leer, pero no entienden lo que leen; y otros más que aprendieron a leer pero que con el tiempo, se volvieron analfabetos por desuso, porque no tuvieron   posibilidad alguna de aplicar su dominio, ni recursos para  seguir estudios, o para comprar libros.

Y que el sistema, además de mercantilizar la educación, ha denigrado   la carrera docente y envilecido al magisterio estableciendo “Institutos Pedagógicos Privados” empeñados en repartir títulos como si fuesen volantes; en tanto que el Estado subvenciona a las Universidades Privadas mediante el sistema de becas;  las reconoce como como “académicamente solventes” y libera del pago de impuestos a todas, para que se  embolsen el total de recursos que obtienen a través de ése, su “servicio educativo”, el más lucrativo de los negocios de nuestro tiempo.

Que, adicionalmente, ha multiplicado la burocracia en todos los niveles. Creado Ministerios y dependencias públicas sin ton ni son. Se recuerda, por ejemplo, que cuando en el 2017 arreciaron las lluvias, destruyeron caminos y cayeron viviendas, se alzó la voz de millones demandando ayuda para reconstruir la vida. El Presiden de entones tomó el reclamo y para “ir más allá”,  aseguró que debía impulsarse una “reconstrucción, pero con cambios”.

Eso, que debió tomarse apenas como una frase feliz para impulsar obras; ser convirtió en un monstruo burocrático con miles de funcionarios y millones de soles de presupuesto. Hoy, cuando se repite la tragedia, sabemos que no hubo ni reconstrucción, ni cambios.  

En paralelo, se ha incrementado en cuatro veces el personal administrativo del Congreso de la República de tal modo que hoy hay 4,000 empleados para un total de 130 congresistas, lo que equivale a 26 trabajadores por cada parlamentario. Por lo demás, parlamentarios, ministros y otros altos funcionarios disponen de privilegios y gollorías nunca antes vistas: beneficios adicionales, ingresos complementarios, seguros privados, tecnología de punta, y muchos otros privilegios que han creado una “casta gobernante” parasitaria, soberbia; pero además, inútil.

Mientras todo esto ha venido ocurriendo, los damnificados por las inundaciones de hoy, se han enterado que “no hay recursos” para  comprar motobombas, habilitar partidas, o ayudarlos porque los recursos hoy se destinan a otra cosa: a adquirir alfombras, financiar bufets, embellecer oficinas; o adquirir bombas lacrimógenas y armas anti disturbios: cuando no a financiar operativos militares y policiales como los recientes, que ya dejaran una estela de más de 70 muertos. Ayacucho, Andahuaylas y Puno, saben de eso hasta el hartazgo.

De alguna manera puede decirse que los pueblos también se alimentan de símbolos. Por eso la imagen de la mujer que se alzara del bar con su propio esfuerzo, o la del infante que fuera devuelto a la vida por un arriesgado y modesto rescatista: deben quedar en la pupila de todos.

Son la imagen de una sociedad rota, quebrada por un régimen social opresor y que en el mundo, hoy está en decadencia- Cuando se derrumbe el tinglado abyecto que lo sostiene contra la voluntad de millones, entonces se hará justicia.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-nino-xicamarca/

Perú: Entre dos ciclones

Sinesio López

El Perú está siendo sacudido por dos ciclones (el climático y el social) y el Gobierno no sabe qué hacer, salvo sobrevivir, durar y levitar. Peor aún: hace lo contrario de lo que tiene que hacer. Ordena a las FFAA desplazarse al sur a matar ciudadanos indefensos que protestan legítimamente en lugar de enviarlas a salvar vidas al norte, azotado por el ciclón Yaku.

La presidente va al norte y habla y habla, pero no dice nada. No sabe dónde está parada, salvo en un charco donde se hace fotografiar para transmitir la imagen de que se preocupa y trabaja. En 2017, el Perú tuvo el mismo drama con El Niño costero, pero entonces había gobierno, acosado por el fujimorismo, pero gobernaba. Jorge Nieto, entonces ministro de Defensa, organizó un equipo científico-técnico y otro operativo, y desplazó al conjunto de las FFAA con todos sus recursos, maquinarias y equipaje logístico para enfrentar el desafío. Y les fue bien. Todos aplaudimos.

Por iniciativa del gobierno de entonces se creó el organismo Reconstrucción con Cambios, y no ha cambiado nada. En los primeros años se encargó el Estado, que mostró su inutilidad en todos los niveles.

Se estableció luego un acuerdo con Inglaterra de Gobierno a Gobierno, pero hasta ahora no vemos los resultados. Pienso que el factor principal de tamaña ineficacia es la falta de gobernabilidad, generada por el fujimorismo que controla el Congreso desde el 2016. Tenemos seis presidentes en seis años por responsabilidad del Congreso que, desde entonces, es el centro golpista del país.

Todos esos golpes, que se cubren con un hipócrita formalismo constitucional, tienen como objetivo entregar el Gobierno a los perdedores.

Mientras el ciclón Yaku está en alza, el ciclón social está en un reposo temporal, que ha generado ilusiones en la ultraderecha, en el Congreso y el Gobierno. Creen que la turbulencia social terminó y que van a llevar la fiesta en paz hasta el 2026.

Locas ilusiones. La agenda política del ciclón social (renuncia de Dina Boluarte, elecciones adelantadas a 2023 y consulta para una asamblea constituyente) sigue vigente y es probable que un ciclón social más extenso e intenso la resuelva.

Hay un Gobierno que no gobierna porque no tiene legitimidad. Casi nadie lo apoya ni obedece. Los ministros y viceministros que van a las regiones del centro y sur son pifiados y expulsados por la población. El Gobierno autoritario se puede mantener un corto tiempo apoyado en la fuerza militar, pero no puede gobernar sin el apoyo del pueblo o, menos aún, contra el pueblo.

A mí me sorprende la coincidencia de dos grandes y opuestos pensadores, Hobbes (1588-1679) y Arendt (1906-1975), en la tesis que relaciona la gobernabilidad con la legitimidad. Hobbes sostenía que cuando la voluntad de todos se diluye ya no tienen poder aquellos (o aquel) en que ella se expresa, ya no tienen legitimidad ni les obedecen, aunque cuenten con ejército poderoso.

Hannah Arendt dice que el poder no es el arma; sí lo es el número organizado (y movilizado) de ciudadanos. Miles de ciudadanos movilizados pueden pasar por encima de los tanques.

https://larepublica.pe/opinion/2023/03/16/entre-dos-ciclones-por-sinesio-lopez-740272

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-dos-ciclones/

Perú: Escuchando al pueblo

Sigrid Bazán

Estamos en un contexto en donde gobiernan los que no ganaron las elecciones, los que quisieron eliminar más de 200 mil votos de ciudadanos peruanos en regiones, los que vienen generando inestabilidad política desde el 2016, los que solo aceptan la democracia cuando les es útil. No es gratis que llevemos 6 presidentes en 5 años, la responsabilidad de los perdedores –todos estos años– es clara. Hoy, el gobierno de Boluarte ha terminado por convertirse en una dictadura cívico militar que, únicamente, se sostiene en el uso de la fuerza. La crisis política ha dejado 58 fallecidos, de los cuales 47 murieron a causa de la desmedida represión policial y militar. Al menos 30 civiles murieron a causa del impacto de un proyectil de arma de fuego, inclusive, los informes balísticos concluyen que se utilizaron fusiles de guerra. Lo anterior se suma a una lista de más de 900 civiles heridos.

A pesar de los falsos mensajes de paz de Boluarte y la complicidad de cierto grupo de la prensa, los peruanos hemos sido testigos de la violencia que ejercen las fuerzas del orden contra nuestro pueblo a órdenes suyas. Ello ha quedado más que evidenciado el pasado 28 de enero, cuando se registró en las cámaras de seguridad de la Av. Abancay cómo una bomba de gas lacrimógeno, disparada por un policía, impactó en la cabeza de Víctor Santisteban, ocasionando su muerte. Así quedó registrado ante cámaras y emitido por señal abierta.

¿Puede Dina Boluarte cogobernar con un Congreso deslegitimado –con solo 9% de aprobación a nivel nacional–, con una prensa desacreditada y parcializada, y en contubernio con los grandes grupos de poder que viven a espaldas del país? ¿Es legítimo que las tres cabezas del fujimorismo manejen las riendas con un gobierno “títere”?

A pesar de la contundencia de los hechos, la intransigencia parlamentaria continúa bloqueando el consenso hacia una salida rápida y responsable. El fujimorismo, en un intento por lavarse la cara, con calculado interés electoral, ha propuesto el adelanto de elecciones, pero con una fórmula tramposa: amarrando la votación a una reelección congresal y evitando más bien el ejercicio democrático a la consulta ciudadana, sobre una Asamblea Constituyente.

No son casuales los ataques que, a diario, recibimos congresistas mujeres de izquierda, por movilizarnos pacíficamente, por describir lo que pasa en nuestro país, por fiscalizar y resguardar la salud de los heridos, la integridad de los detenidos, por pedir paz con justicia y el respeto a los derechos humanos. No nos van a amilanar.

Todavía quedamos parlamentarios que consideramos que un nuevo proceso electoral en el 2023 es una necesidad, que irnos todos (sin posibilidad de una reelección amañada) se ha convertido en una exigencia. Sin embargo, no creemos en soluciones cosméticas. Hacer uso de la figura constitucional del referéndum es lo poco que nos queda de participativo en la recuperación de nuestra democracia. Y que quede claro que el proceso hacia una Asamblea Constituyente no se puede imponer, debe conversarse y consultarse con la propia población. Hacer lo contrario –plegarnos a la propuesta electoral del fujimorismo y la derecha radical– no garantiza viabilidad política y social a largo plazo.

Hasta aquí hay que ser claros, la superación de la crisis política pasa indefectiblemente por la salida de la Presidenta de la República. Sea a través de su renuncia o por la acción proactiva del Legislativo a través de mecanismos como la vacancia. La imagen presidencial se desgastó, no existe gestión política alguna, el abuso policial, las violaciones a los derechos humanos, todo bajo el mando de la presidente, espantó el diálogo.

También es claro que la sucesión presidencial no puede recaer en la actual Mesa Directiva del Congreso. El manejo de la crisis, junto a la posición contraria a las exigencias sociales de sus partidos, ha abonado aún más al descrédito del Poder Legislativo. Necesitamos una nueva conformación que permita asegurar la confianza ciudadana hacia una transición ordenada, sin artilugios legales o sospechosos juegos de palabras. Lo hemos hecho antes, lo podemos hacer ahora.

Ciertamente, la profundidad de la crisis no se acaba con una renuncia o con una nueva Mesa Directiva, esto solo nos abre la posibilidad de diálogo. Pero los últimos acontecimientos han dado cuenta de la necesidad impostergable de que ese diálogo nos lleve a cambios de fondo. Un nuevo contrato social asentado en el cambio total de la Constitución ha cobrado fuerza. La pregunta es: ¿Cómo realizar el cambio constitucional?

Según la última encuesta del IEP, el 69% de peruanos está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente. No cuesta nada consultar por esta posibilidad en las próximas elecciones. No tengamos miedo de nuestra gente. Urge promover la unidad del país, a través de una nueva Constitución, nacida de las diferentes organizaciones sociales, culturas y pareceres. Es el momento de refundar el país.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 621 año 13, del 03/02/2023, p14

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2023/02/peru-escuchando-al-pueblo/