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2 de septiembre de 2025

Perú: Censo 2025

Pedro Francke

"No hay análisis serio de nuestra sociedad ni gobierno efectivo sin información estadística"

Se está llevando a cabo el censo nacional 2025. Es importante un censo ahora porque desde el anterior, que fue el 2017, nuestra demografía ha cambiado por la fuerte inmigración venezolana y la pandemia del Covid-19.

Los censos son algo fundamental para cualquier Estado. Son indispensables para hacer el planeamiento de las inversiones públicas y los programas sociales. Hoy en el Perú hemos regresionado fuertemente en la calidad de la gestión pública. Dina ha canjeado ministerios con APP y Fuerza Popular por sus votos en el Congreso, aceptando ministros incapaces que han repartido los cargos a sus partidarios igualmente carentes de profesionalismo. Por otro lado, la discusión de los programas económicos y sociales tiene cada vez menos racionalidad y sustento científico; se rige por estrechos intereses particulares –como las exoneraciones a los agroexportadores– o por ideologías medievales –como cuando se niega el aborto terapéutico a niñas violadas sometiéndolas a un sufrimiento innecesario. Videos en redes carentes de sustento superan en influencia a la información verídica y el análisis de calidad profesional. Pero no podemos seguir como el cangrejo, es indispensable recuperar el conocimiento científico como una guía fundamental de la acción del Estado y la sociedad, y para eso hace falta información.

Datos claves que nos dará el censo son la población por cada centro poblado y manzana, nuestras edades, el nivel de educación al que hemos llegado, el acceso al agua, electricidad e internet, la migración, las discapacidades y el trabajo.  El género también es información importante, pero en este censo no se ha querido reconocer que hay personas cuya identidad de género es diversa, con lo que una vez más se invisibiliza a la población LGBTIQ+.

Tener los datos censales es importante, además, porque conocemos mucho de nuestra realidad social y económica a partir de encuestas que hace anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INEI). Hay una encuesta de hogares llamada ENAHO que se usa para estimar los datos de pobreza, condiciones de vida y varios otros temas; hay una encuesta de salud llamada ENDES que nos arroja indicadores en temas claves como anemia, desnutrición y salud reproductiva; hay una encuesta de empleo llamada EPEN y hay algunas otras encuestas más. Empresas privadas hacen las encuestas “de opinión”, como esas en las que vemos cómo Dina Boluarte y el Congreso son repudiados por el 95 por ciento de los peruanos. Todas ellas tienen el censo nacional como base sobre la cual se define la muestra y se asientan las cifras publicadas. ¿Por qué? Mediante la ciencia estadística las encuestas buscan representar una totalidad nacional, pero este “universo” requiere del censo para identificarlo en detalle, así que sin censo no hay encuesta con validez estadística.

Por supuesto que el censo tiene sus limitaciones y la exclusión de la población indígena ha sido un problema recurrente. Por décadas los censos no llegaban a lugares alejados y eso fue particularmente grave en las zonas de la selva a lo largo de nuestra historia. Por eso, desde 1993 se han hecho esfuerzos especiales para registrar a las comunidades indígenas de la amazonía. Ojalá este año el censo tenga buena llegada en estas zonas. Otro avance es que, similar al del 2017, este censo pregunta cómo nos sentimos en razón de nuestras costumbres, tradiciones o antepasados. Información similar se registró hasta el censo de 1940, pero luego se la retiró hasta 2017. Hoy en día, en Latinoamérica y muchos países del mundo se registra la etnicidad y hacerlo es una recomendación de los organismos internacionales. El censo de 2017 mostró que uno de cada cuatro peruanos (25 por ciento) se identificaba como quechua, aimara, indígena amazónico o de algún otro pueblo originario. Para toda nuestra población serían unos 7 millones y medio de peruanos indígenas, aunque solo se registró para los mayores de 12 años. De este grupo, la identidad quechua es la gran mayoría mientras que los indígenas amazónicos son el 4 por ciento. Veremos cómo sale esto en el nuevo Censo 2025.

Debo confesar que tengo ahora una estima especial a los censos. Sucede que en los últimos dos años y medio he venido haciendo investigaciones con esta base de datos, primero junto a César Huaroto y Claudia Vivas sobre la mortalidad en la niñez y más recientemente también con Rossana Mendoza sobre embarazo adolescente. Hemos trabajado los censos de 1981, 1993, 2007 y 2017, que al registrar a toda la población posibilitan mirar la realidad social con una lupa de mayor detalle que el análisis de las encuestas no permite. Antes el esfuerzo computacional para procesar millones de datos censales no estaba al alcance, pero ahora sí. Hemos encontrado que la desigualdad en la mortalidad infantil y el embarazo adolescente sigue siendo muy grande y que hay grupos socioeconómicos en los cuales estos indicadores casi no han mejorado o, incluso, han empeorado en estas décadas.

En mi vida adulta, he pasado por los censos de 1981, 1993, 2007 y 2017. Fueron hechos en las ciudades en un solo día y con inmovilización, era obligatorio quedarnos en nuestras viviendas todo el día y las calles quedaban vacías, pero en zonas rurales duraban quince días o más. Este año es distinto. Acorde con la experiencia internacional de las últimas décadas ya no se hace encerrándonos durante un día sino a lo largo de varios meses y quienes registran la información son censistas capacitados, ya no voluntarios. Se piensa que así tendremos mejores datos con menor costo social.

El asunto de fondo es que tener buenos datos del Censo 2025 es importante porque no hay análisis serio de nuestra sociedad ni gobierno efectivo sin información estadística. Ya insistía en eso José Carlos Mariátegui casi cien años atrás en un artículo publicado en 1926. Colabora, ábrele la puerta al censista y regálale unos minutos al país.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 747 año 16, del 29/08/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

25 de mayo de 2025

Perú: Hablan las cifras de la pobreza

Pedro Francke

"Solo hay una explicación posible: la desigualdad contra los pobres y vulnerables se ha incrementado sustancialmente"

Ha salido el último Informe de Pobreza del INEI. El porcentaje de población pobre el 2024 fue de 27,6 por ciento, casi dos puntos por encima que el nivel al que logramos bajarla el 2021. La pobreza ha aumentado en casi 700 mil peruanos, y eso es mucha gasolina echada al fuego de la criminalidad. Asunto clave: hay muchos más pobres mientras el PBI no ha caído y ese contraste se debe a que la desigualdad se ha disparado.

Si uno ve las cifras macroeconómicas del cogobierno Dina-Congreso, pareciera que el desastre del 2023 se ha revertido el 2024. En efecto, la recesión que significó la caída del PBI en 0,6 por ciento el 2023 fue contrarrestada con un crecimiento del 3,3 por ciento el 2024. Considerando el aumento de la población entre esos dos años el crecimiento en términos per cápita fue 0,6 por ciento, mínimo pero un poco encima de cero. Mientras tanto, este gobierno ha tenido la suerte de tener muy buenos precios internacionales de los metales, pero la política neoliberal redoblada ha impedido que ese enorme ingreso adicional llegue a las mayorías y ha permitido que se lo apropien las grandes empresas. Se quedó en las transnacionales: sus utilidades ya eran enormes el 2023, cuando llegaron a casi 20 mil millones de dólares y han aumentado el 2024 hasta los 23 mil millones de dólares. Los aumentos de precios de los metales, los perdones y las exoneraciones tributarias y una política neoliberal intensificada les ha redoblado sus ganancias, dejando menos para los peruanos. Esos 23 mil millones de dólares que se apropiaron unas cuantas transnacionales son más que el total de los ingresos con que tuvieron que subsistir quince millones de peruanos: el diez por ciento más pobre debe sobrevivir con apenas 250 soles mensuales, según este informe de pobreza del Instituto Nacional de Estadística, INEI.

MÁS DESIGUALDAD QUE ANTES DE LA PANDEMIA

El altísimo nivel de pobreza que tenemos se explica en dos momentos de nuestra historia reciente. El que tengamos 9 millones 400 mil personas en situación de pobreza es resultado de tres décadas de política neoliberal y del agravamiento de la desigualdad durante y después de la pandemia. En una mirada más histórica, no olvidemos que el 2019 la pobreza en el Perú era aún de 20 por ciento y en Lima venía subiendo desde el inicio del gobierno de PPK, el 2016, y su favorecimiento a la inmigración venezolana. El neoliberalismo no resolvió la pobreza ni en sus mejores años de crecimiento logrados gracias al boom de precios de los metales (periodo del 2004 al 2014), porque mantuvo una desigualdad muy grande.

El asunto es que esa situación de empobrecimiento y desigualdad, en vez de enfrentarse, se agravó durante la pandemia y después de ella. Comparando el 2024 con el 2019 resulta que la pobreza es 7,5 por ciento superior y hay 2 millones 900 mil más peruanos pobres, aunque en este periodo logramos revertir la caída del PBI y del Ingreso Nacional Disponible (IND) producida por la pandemia. El IND por persona fue el 2024 superior en 9 por ciento al de 2019. Entonces, si en promedio por cada peruano se ha producido por más valor y hay más recursos reales, ¿por qué la pobreza ha aumentado y mucho? Aritméticamente solo hay una explicación posible: la desigualdad contra los pobres y vulnerables se ha incrementado sustancialmente.

Otros datos refuerzan esta explicación. Entre 2020 y 2024 la productividad media por trabajador ha aumentado 3 por ciento, pero los salarios están aún 9 por ciento debajo del 2019 (cálculos de Fernando Cuadros L.). Esa diferencia del 12 por ciento entre productividad y salarios ha ido como ganancias adicionales para los grandes grupos monopólicos, que han aprovechado primero la crisis del covid para recortar salarios, luego la inflación de 2022 para subir sus precios y más recientemente pagan menos impuestos gracias a los beneficios tributarios especiales que les ha regalado este Congreso fujimorista.

OTRA POLÍTICA POSIBLE Y NECESARIA

Es buena una comparación con el 2021, cuando logramos frenar la pandemia y pudimos reactivar la economía. El 2021 se logró sacar a 1 millón 400 mil peruanos de la pobreza debido a un acelerado crecimiento del 13,3 por ciento del PBI, y por una mayor inversión privada llevándola al 20 por ciento del PBI –la cifra más alta de la última década–, además de aumentar la inversión pública en 25 por ciento y por los bonos de ayuda social que se otorgaron masivamente. La pobreza se redujo ese año de 30,1 por ciento a 25,9 por ciento; tres años después el cogobierno Dina-Congreso aún nos tiene con más pobreza que el 2021. Comparado con ese año, el 2024 los programas y ayudas sociales del gobierno tuvieron una efectividad 3 por ciento menor, lo que significa que un millón 300 mil personas adicionales son pobres debido al debilitamiento de las políticas de salud, educación y protección social.

Como escribí hace un par de semanas, la política social de este gobierno es desastrosa, está totalmente podrida, sin rumbo ni fuerza. Eso sucede cuando en Lima Metropolitana hay más de un millón de personas que tienen menos de 320 soles al mes para vivir; de los escasos 415 soles que tenían el 2019 han perdido casi cien, una tragedia para ellos y para el país. La pobreza en Lima alcanza el 28 por ciento y es el doble que el 2019, empobrecimiento que ha sido similar en las ciudades de la costa. Obviamente, esa es una causa fundamental del aumento de la criminalidad, ya que la suma de hambre y desesperanza empujan a muchos jóvenes hacia comportamientos antisociales y delictivos. No hay salida a la crisis nacional sin enfrentar la tremenda pobreza y desigualdad que vivimos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 734 año 16, del 23/05/2025

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27 de septiembre de 2024

Perú: Borrando pobres

Shanna Taco Loaiza

El régimen sigue empeñado en intervenir maliciosamente en el INEI, la entidad que suele dar las malas noticias salidas de la estadística. El concurso para elegir al nuevo jefe está plagado de mañas

El objetivo es desaparecer a los pobres del mapa. Para conseguirlo la administración Boluarte requiere tomar el control del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El proceso de selección del nuevo jefe de esta institución está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y las trampas para manipular el resultado saltan a la vista.

Fuentes del Ejecutivo señalan que a Dina Boluarte le urge cambiar la dirección del INEI. La institución está a puertas de llevar a cabo el Censo Nacional 2025 y el resultado mostrará la situación económica y social de los hogares del país. Capturando la institución –consideran Dina y su cortejo– se podrá controlar la intensidad de la bofetada.

“El INEI será el mensajero de malas noticias y lo que intentará el gobierno es maquillar los resultados”, señalan fuentes próximas al INEI.

La preocupación del Ejecutivo por la dirección del INEI empezó el 9 de mayo de este año. Ese día funcionarios del INEI y de la PCM se reunieron para revisar el “Informe de Pobreza Monetaria 2023” antes de su publicación.

El documento le enrostró tácitamente al gobierno de Boluarte que los índices de pobreza se habían incrementado durante su gestión. Entre el 2022 y 2023 el porcentaje de miseria extrema pasó de 27,5% a 29%. En bocas se traducía en 249,000 nuevos pobres extremos. Los funcionarios palaciegos trataron de ocultar la información. El jefe del INEI se negó y, además, denunció las malas mañas.

“Mis disculpas a todos los ciudadanos que esperaron el evento de la presentación de los resultados de la Pobreza Monetaria este 9 de mayo [...], la postergación se debió a una disposición expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros”, denunció Peter Abad, jefe del INEI, durante la presentación del informe, una semana después de la fecha prevista.

El pronunciamiento de Abad cayó como una tromba de agua en la Plaza de Armas. Al jefe del INEI le colocaron la cruz y apenas un mes después empezó la arremetida para cortarle la cabeza.

CORRIGIENDO AL INEI

Primero intentaron modificar la institución por dentro. Desde la PCM enviaron tres proyectos para reestructurarla.

La última semana de julio llegaron las dos primeras “propuestas” que apuntaban a un mismo objetivo: entregarle el INEI al MIDIS. Eran dos proyectos de decreto supremo para modificar las funciones del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), dependiente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Pretendieron usurpar funciones del INEI y dárselas al OFIS. Lo apelamos técnicamente. Pedimos una reunión para exponer la posición y se echaron para atrás”, señalan fuentes del INEI.  

La reunión se llevó a cabo el 5 de agosto y en representación de la PCM participó Geraldine Mouchard Infantes, jefa de la Secretaría de Gestión Pública.

Como aquella propuesta fracasó, orquestaron una nueva arremetida. Esta fue la más contundente. La PCM le encargaba a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Midis la medición oficial de la pobreza multidimensional. El proyecto encendió las alarmas.

“En una de las reuniones de la comisión nos leyeron el documento, nos preocupó porque le quitaba independencia al INEI”, señala Javier Escobal, miembro de la Comisión Consultiva de Medición de Pobreza.

El expediente completo del proyecto, al que tuvo acceso esta publicación, prueba que empezó a cocinarse en junio, tres semanas después de que Peter Abad pusiera en evidencia a la PCM.

Primero enviaron el proyecto al MEF. El 26 de junio la entidad argumentó que no tenía competencia sobre el asunto. En agosto lo remitieron al INEI, que lo evaluó y respondió que el proyecto “vulnera las funciones de la institución”, “compromete la calidad del proceso estadístico”, “desconoce las competencias de la Comisión de Pobreza” y “contradice las recomendaciones de buenas prácticas establecidas por la OCDE”.

El 19 de septiembre la PCM de Gustavo Adrianzén convocó a una reunión al jefe del INEI, Peter Abad. Durante aquella cita le aseguraron que el gobierno había retrocedido en la decisión de quitarles potestad en la medición de la pobreza. Omitieron decirle cuál sería la nueva táctica: desaparecerlo a él.

El gobierno organizó un concurso para elegir nuevo jefe del INEI.

CAMBIO DE CABEZA

El 17 de septiembre la PCM publicó una lista de cuatro postulantes aptos para el cargo. Tres de ellos sin experiencia en gestión de estadísticas. Los encargados de la evaluación son funcionarios de la PCM: Geraldine Mouchard Infantes, secretaria de Gestión Pública, y el jefe del gabinete de asesores, Aldo Prieto Barrera. Y el proceso apesta a trafa.

“El proceso está direccionado y ya ocurrieron una serie de irregularidades. Primero cambiaron la estructura del proceso de selección. En la primera etapa tomaron el examen de conocimientos y anularon a más del 80% de los candidatos. Sacaron a exjefes y al actual jefe de la institución, funcionarios de carrera del instituto”, señalan en el INEI.

“El examen no tenía preguntas sobre gestión del INEI, hicieron más preguntas sobre inteligencia artificial. Algunas estaban mal planteadas y ni siquiera se tomaron la molestia de hacer el examen presencialmente para mayor transparencia. Su plataforma no funcionaba, algunos no pudieron ingresar y a otros les hicieron rendir el examen desde el celular”, dice el exjefe del INEI Renán Quispe, participante del proceso.

Otros cinco candidatos confirmaron el testimonio de Quispe.

Los funcionarios involucrados en la evaluación no quisieron dar su versión para este reportaje.

“Es muy importante tener en cuenta que este proceso de selección se está dando en un contexto de censura al INEI. El gobierno mostró sus intenciones cuando intentaron bloquear la publicación del informe de pobreza. Este proceso da la impresión de no tener reglas claras, partiendo por los cambios en el cronograma. Lamentablemente está en cuestionamiento la transparencia”, señala Karla Gaviño, especialista en gestión pública.

RIESGOS

El INEI se encuentra en medio de la Actualización del Directorio de Viviendas 2024, actividad previa a los Censos Nacionales 2025. Especialistas advierten los riesgos de la injerencia del Ejecutivo en la entidad.

“Tiene que quedar claro que si de aquí a un tiempo no tenemos cifras claras y transparentes para medir cómo vive la gente –señala Gaviño–, no vamos a poder identificar y mucho menos solucionar los problemas de la población. Toda la política pública peruana puede tener consecuencias a largo plazo”.

“El INEI es el mensajero que entrega información al resto de ministerios e instituciones. Sus estadísticas sirven para hacer políticas públicas y por eso es importante que tenga autonomía técnica. Hay países como Argentina donde hubo problemas con la medición de la inflación porque se manipularon los indicadores”, señala Aníbal Sánchez Aguilar, exjefe del INEI.

“Este gobierno ha demostrado que es capaz de todo –señala la economista Catherine Eyzaguirre Morales–. Aliados con el Congreso, no han hecho más que sacar leyes en perjuicio del país. También son expertos negando realidades. Tenemos que estar muy atentos a los cambios que haga este gobierno para hacer una lista de las cosas que tendremos que reconstruir a su salida. El INEI es un importante centro de información y no podemos descuidarlo”.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 702 año 14, del 27/09/2024

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27 de mayo de 2024

Perú: Salud mortal

Pedro Francke

El retroceso en la salud pública salta a la vista en el informe sobre pobreza del INEI, ese que trataron de acallar con tanta torpeza que la maniobra no les duró ni un día. Las cifras publicadas indican que casi un tercio de la población que necesitó atención médica no la pudo conseguir. En las ciudades, el número de personas que han visto negado este derecho básico a la salud aumentó en 330 mil este primer año de gobierno de Dina. Esas son las consecuencias de un presupuesto recortado mientras se regalaban 12 mil millones de soles en deudas tributarias no honradas a las grandes empresas, y de haber entregado el Ministerio de Salud a la derecha que hoy gobierna desde el congreso.

Esta negación de una atención básica ha hecho que las personas con problemas de salud crónicos aumenten en 360 mil durante el año pasado, tanto en las ciudades como en el campo. La cifra es enorme: hoy cuatro de cada diez peruanos tienen problemas crónicos de salud. En el Perú a la falta de cuidado médico se suman la contaminación en las ciudades (que está al tope por un transporte pésimo y que provoca enfermedades respiratorias y cáncer), la afectación con metales pesados en zonas mineras, la generalización de trabajos insalubres y estresantes y una mala alimentación promovida por las grandes industrias chatarra, frente a los cuales no hay respuesta de salud pública.

La anemia aumentó de 39 a 40 por ciento en las ciudades, siendo mayor en las zonas rurales donde uno de cada dos niños la padece (aunque un estudio de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia ha puesto seriamente en cuestión la forma como se calcula los niveles de anemia en zonas encima de los 4 mil metros de altura como Puno). ¿Alguien recuerda que este gobierno haya tenido alguna iniciativa contra la anemia? Por el contrario, la congresista Sigrid Bazán ha denunciado que la alimentación de Qali Warma para los escolares no cumple con estándares básicos y el presupuesto para las ollas comunes se sigue recortando. La miseria de los programas sociales deja a millones sin apoyo alguno en tiempos difíciles y agrava los problemas nutricionales de nuestros niños y niñas.

Otros problemas de salud también se han acumulado este año. Un ejemplo es el dengue, que ha afectado a 200 mil personas y causado doscientas muertes. Felizmente, con la llegada del invierno, el mosquito ya se reproduce mucho menos. Salvados hasta el próximo verano por el frío invierno, no por la acción del gobierno. Porque también en las estrategias para enfrentar las epidemias el Ministerio de Salud ha sido altamente ineficiente. Obvio, si en menos de año y medio han cambiado siete veces al jefe de Cenares, la entidad encargada de todas las compras estratégicas del MINSA, incluyendo medicinas, vacunas y otros insumos a nivel nacional.  El ministro representa a César Acuña en el gabinete, fue perdedor de las pasadas elecciones regionales en Cajamarca y asumió el ministerio como parte del canje de votos con APP para que Dina se mantenga. Pero la salud pública no es importante ni para el ministro ni para el gobierno.

RECORDEMOS EL COVID

La baja inversión y la mala organización de la salud pública peruana fueron causas centrales del desastre que significó el covid-19 en el Perú. Un estudio internacional reciente (publicado en abril) ha reestimado de manera más precisa las cifras de mortalidad por el coronavirus, ratificando que el Perú es uno de los países con mayor mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Tuvimos la mayor mortalidad en toda América, el cuádruple del promedio mundial y el doble que el latinoamericano. Más de 300 mil fallecidos. Si hubiéramos estado como el promedio mundial, habría habido en nuestro país 230 mil muertos menos. Una barbaridad. Sólo la primera ola, que nos azotó entre marzo y agosto del 2020, batió récords mundiales. Recuerden, amigos lectores, esos meses aciagos, cuando no se conseguía oxígeno y las camas UCI estaban totalmente copadas, consecuencia directa de una política neoliberal que acogotó presupuestalmente al sector salud durante décadas. Sin dinero, que debe provenir de una nueva justicia tributaria, la salud pública no puede construir los hospitales, comprar los equipos, formar especialistas ni contratar médicos necesarios.

Esa mirada que ponía las ganancias de las grandes empresas por delante de la vida humana no acabó ahí. Terminada la primera ola del coronavirus, se dijo enfáticamente que ya todos habíamos tenido el virus por lo que estábamos inmunizados y como no podría haber una segunda ola se debía poner todas las balas en reiniciar los motores empresariales. Bajo esa política estábamos cuando llegó una segunda ola, que terminó por ser aún más mortal que la primera. La epidemia recién pudo conjurarse cuando el Estado,  porque no fueron las empresas privadas, logró una vacunación masiva. Las vacunas llegaron tarde. A fines de julio del 2021, el Perú tenía 24 por ciento de vacunados frente a 57 por ciento en Argentina, 70 por ciento en Chile y 43 por ciento del promedio latinoamericano. En los siguientes seis meses se vacunó adicionalmente al 53 por ciento de la población, más del doble que el promedio regional. Así se logró que la tercera ola, que efectivamente nos alcanzó a fines del 2021, tuviera una mortalidad muy inferior a las dos anteriores, un gran logro conseguido porque se dio todo el presupuesto necesario desde el MEF y tuvimos la destacada gestión de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud.

Hoy parece haberse olvidado que, así como no hay “cuerdas separadas” entre política y economía, tampoco hay cuerdas separadas entre economía y salud. Dejar abandonada la salud pública tiene graves consecuencias en términos de vidas perdidas, desigualdad y descontento con la democracia, pero además es muy malo para la economía –por más que algunos se empeñen en creer que todo va bien hasta que la parca se nos viene encima–.  Luego de que logramos frenar el covid se ha echado por la borda lo avanzado en salud. Las plantas de oxígeno, que tardíamente se consiguió poner en marcha y que se necesitan para otras atenciones, están en su mayoría sin funcionar, como tantos otros equipos médicos. Las clínicas y empresas privadas de salud, que en esos momentos duros cobraron cifras estratosféricas especulando con el oxígeno y las camas UCI, siguen sin una regulación mínima. El sistema público de salud, que había tenido un refuerzo importante en recursos, ha sufrido un recorte de fondos, al extremo que a los agroexportadores se les subsidia rebajando sus contribuciones a EsSalud.

Este gobierno de derecha, apoyado por Fujimori, López Aliaga, Acuña y los grandes empresarios, es un regreso a una salud pública acogotada presupuestalmente. Se trata de la misma política que nos llevó al desastre del covid. El sistema de salud sigue siendo tan mortal mientras las transnacionales mineras se llevan nuestra riqueza con un tratamiento tributario extremadamente favorable.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 687 año 14, del 24/05/2024

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