«El saber que incomoda al poder, la ciencia en peligro»

Julia Steinberger    (Entrevista Guillaume Matthey)

Desde el inicio del segundo mandato de Trump asistimos en Estados Unidos a un ataque generalizado contra la ciencia: despidos, presiones e intimidaciones, cortes masivos de investigaciones, prohibición de usar palabras como género, incluso históricamente o mujer. Este ataque no tiene precedente en su amplitud, pero forma parte de una ola mundial de represión de las libertades académicas y de expresión en los campus. Entrevista a Julia Steinberger, corredactora del GIEC e investigadora en la UNIL.

Julia, conocerás a investigadores en Estados Unidos que sufren o son testigos de los ataques contra la investigación. ¿Puedes darnos algunos ejemplos?

Hay muchos ejemplos, en particular en las áreas de salud, medio ambiente, y en todo lo que se refiere a la equidad o a la justicia social. Puedo contarte el caso de mi colega del GIEC, la doctora Katherine Calvin. Es coautora conmigo del mismo capítulo del 6º informe de síntesis, por tanto alguien que conozco personalmente. Es una científica prodigiosa, de una inmensa competencia, que además colabora y ayuda. Había sido nombrada Científica Jefe de la NASA, un puesto de enorme prestigio, y elegida después copresidenta del 3º Grupo de Trabajo del GIEC, lo que la convierte en la científica estadounidense situada en un puesto más alto del GIEC. Trump empezó despidiendo a todo el equipo de apoyo del GIEC en Estados Unidos. Después prohibió a los científicos estadounidenses participar en las reuniones del GIEC, tratar con medios de comunicación o con sus colegas internacionales. Y ahora sencillamente ha eliminado el puesto de Científico Jefe en la NASA. La destrucción del planeta por Trump y sus aliados petroleros pasa también por la decapitación de la ciencia.

Además de las universidades están siendo también atacados muchos centros de investigaciones, como en el caso de la salud y las epidemas. Por ejemplo, el nuevo Ministro de Salud Robert Kennedy Jr. ha despedido a unas 1300 personas del CDC de Atlanta, el primer centro de investigación en salud pública del país. Hace algunos meses anunció que quería suprimir casi toda la investigación sobre enfermedades infecciosas e inmunológicas.

En efecto, es un ataque sistemático contra las ciencias (tanto sociales como naturales) más orientadas de hecho a ayudar y a proteger a la población de Estados Unidos o de otros lugares.

El ámbito científico es internacional y colaborativo: todas y todos dependemos, para nuestros cuidados y tratamientos, de avances elaborados en Estados Unidos en materia de salud, al igual que dependemos de sus centros meteorológicos para nuestras previsiones. Esta destrucción nos pone en peligro ante enfermedades que serían evitables.

¿Cómo analizas la política de Trump contra la investigación? J.D. Vance declaró en 2021 que «las universidades son el enemigo». ¿Pero contra quién se dirige: la Ciencia como tal, algunos ámbitos en particular, las universidades como focos de resistencia? La climatóloga Valérie Masson-Delmotte ha hablado de un «oscurantismo tecnófilo» para expresar el rechazo de la ciencia, salvo cuando es remuneradora o permite adquirir poder.

Las libertades de investigación y de expresión ya están limitadas desde hace tiempo por la importancia que ocupan los fondos privados en la investigación, y los ataques contra las universidades no son una novedad. Pero, para mí, el proyecto de Trump, Vance y Musk es fácil de comprender: quieren destruir la capacidad democrática (ya antes tan débil) de toma de decisión y de acción, con el fin de acumular el poder y de aprovecharse de la corrupción de las instituciones.

Las universidades son un obstáculo para este proyecto, porque los investigadores ponen al día la realidad, y permiten que la población comprenda lo que está pasando. Si la población estadounidense sufre tempestades, canículas e inundaciones causadas por el recalentamiento climático sin que ningún científico pueda explicarle la causa, estará en peores condiciones todavía para pararlo.

De manera general, el saber crítico producido en la universidad ha constitudo siempre una amenaza para el totalitarismo, el fascismo y el autoritarismo. Vance tiene razón: las universidades y los investigadores son el enemigo del proyecto Trump, porque este proyecto es fundamentalmente antidemocrático.

Para Musk, hay un aspecto suplementario: el anzuelo de la ganancia. Pretende destruir las agencias de investigación o de regulación nacional, como la NASA o la FAA (que se ocupa del control aéreo), para acaparar los fondos de la tesorería estadounidense y redirigirlos hacia su propia compañía SpaceX.  Quiere ocupar el espacio aéreo estadounidense sin la restricción de la seguridad pública. También hay un chantaje con el armamento, ya que SpaceX tiene contratos militares.

Hay estudiantes expulsados por haber participado en movilizaciones por el boicot académico, o investigadores expulsados a sus países por sus posiciones políticas. Paralelamente a los ataques contra la investigación, observamos también graves ataques contra las libertades fundamentales. ¿Cómo se relacionan estos dos niveles?

En efecto, el ataque contra las libertades fundamentales de expresión política y los ataques contra los investigadores están relacionados. Se quiera o no, la realidad expuesta por la investigación, ya sea climática o social, económica o sanitaria, expone también las fechorías del poder.

Desde el punto de vista de la «junta» de Trump, los estudiantes que exigen justicia y derechos humanos para los palestinos no son tan diferentes de los científicos que demuestran la urgencia de la acción climática. Los dos grupos exigen una acción relacionada con principios de bien comín, ya sean los derechos humanos o un planeta habitable.

¿Qué formas de resistencia y movilizaciones podemos ver hoy día?

En Estados Unidos, por el momento, desgraciadamente, demasiado pocas. Las décadas de neoliberalismo desenfrenado dan sus frutos: los estadounidenses se sienten aislados individualmente, los sindicatos han perdido su fuerza, el partido demócrata está dividido y debilitado.

Hay que reaprender toda la capacidad y los saberes de la organización por abajo y de la acción colectiva. Los movimientos estudiantiles y los activistas están mucho mejor organizados que los científicos e investigadores. Pese a todo, los científicos estadounidenses organizaron el pasado 7 de marzo Stand Up For Science, con acontecimientos en todo el país. Se suceden las manifestaciones, incluso algunos políticos prominentes, como Chuck Schumer, comienzan a criticar abiertamente los ataques de Trump.

Pero ya es tarde. El proyecto de Trump y su estratega Steve Bannon es aceleracionista: ir muy rápido y por medio de grandes impulsos para descolocar a las instituciones y los modos de regulación tradicionales. Al no estar éstos últimos a la altura: será necesario que la resistencia al proyecto Trump pase por otro sitio y que sea mucho más rápida y fuerte que hoy.

¿Y cuáles son los límites de estas movilizaciones? Parece que los científicos han comenzado a movilizarse, pero no se ven grandes manifestaciones, ni un gran apoyo en la población.

En efecto, y el papel de los medios de comunicación es importante para crear las condiciones de este abandono de los científicos por parte de la población. Cuando se constata que los multimillonarios propietarios de Los Angeles Times y del Washington Post imponen su línea editorial alineada con las políticas de Trump, está claro que la población estadounidense ya no puede contar con los medios de comunicación como institución independiente, que permitiría informarle sobre el proyecto Trump. La comunicación tendrá que hacerse de otra manera.

¿Qué observas al llegar a Suiza y cómo ves la situación? ¿Quién está aquí a la ofensiva contra las universidades y a través de qué batallas?

Quedé verdaderamente impactada a mi llegada a Suiza en 2021 al observar hasta qué punto las personas políticas se permiten atacar a las universidades y a los universitarios. Es un contexto muy inquietante.

El saber y la investigación universitaria deberían estar al abrigo de los ataques partidarios, pero en cambio los políticos en Suiza se ofuscan en cuanto los investigadores expresan su posición.

En particular, la extrema derecha querría una universidad silenciosa, neutra, difuminada, que nunca tome parte en el debate público. De hecho, no estamos tan lejos de Trump como nos figuramos, sobre todo cuando nuestro presidente de la Confederación aprueba elementos del discurso de Vance.

Parece que ha habido un recrudecimiento de los ataques contra las universidades después de las movilizaciones por el boicot académica del pasado mayo. ¿Cómo ves la situación?

Según pienso, hacemos frente a un backlash, una contra-ofensiva que quiere enterrar las movilizaciones que  molestan, el saber que incomoda al poder. Hoy día está todo en juego: la democracia real, los valores fundamentales de los derechos humanos, las exigencias de justicia social.

El frágil equilibrio ya no se sostiene: las movilizaciones estudiantiles molestan porque exponen la complicidad de las instituciones universitarias y de los dirigentes políticos con las violaciones masivas de los derechos humanos.

Las investigaciones climáticas y ecológicas molestan, porque exponen la incompatibilidad entre la supervivencia de la humanidad y las actividades de los gigantes de nuestra economía, ya sean UBS, Glencore o incluso la Banque Nationale Suisse. Estos conflictos son muy reales, e incluso existenciales.

El caso de Joseph Daher parece paradigmático: es un despido político con otro nombre. Ha sido señalado porque es árabe, tiene un puesto precario y ha sido atacado e incluso difamado en la prensa.

Exactamente. El profesor Joseph Daher es el chivo expiatorio, la presa fácil: precario, de origen sirio, abiertamente político, apoya a los estudiantes. El hecho de que sea mundialmente reconocido por sus conocimientos, que una de sus dos tesis doctorales se haya realizado en la universidad de Lausanne, que enseñe desde hace una década siendo estimado por sus colegas y apreciado por sus alumnos, todo eso no ha bastado para protegerle una vez calumniado en la prensa.

La universidad debería haberlo apoyado y exigido correcciones y derecho de réplica, y en lugar de ello lo ha sacrificado. Es un signo claro de que todos estamos en peligro. La movilización por Joseph Daher nos afecta a todos.

Traducción: viento sur

Fuente: https://vientosur.info/el-saber-es-la-ignorancia-la-ciencia-en-peligro/

https://www.leerydifundir.com/2025/04/saber-incomoda-a…-ciencia-peligro/

Perú: Desagravio al doctor Zamora

Pedro Francke

Este congreso repudiado ha sancionado al doctor Víctor Zamora, exministro de salud, con inhabilitación. Es un acto de absurda persecución sin ningún fundamento real. La alianza que hoy controla el congreso ataca a quienes piensan distinto y busca constituir un sistema político excluyente: ya han avanzado el trámite para tomar similar medida contra Salvador del Solar, Francisco Sagasti y un par de sus ministros, igualmente carentes de fundamento. Lo hicieron ya con Martín Vizcarra, antes incluso de que se iniciara el juicio en el cual deberá resolverse si es culpable o no de corrupción. Es que esta democracia ya no es democracia, como también lo dicen los reportes internacionales que nos clasifican como un “régimen híbrido”.

¿Cuáles son los cargos contra Víctor Zamora? Recordemos que él dirigió la respuesta sanitaria al covid-19 durante pocas semanas, luego de que este virus llegara al Perú, reemplazando a una ministra que estaba tan perdida en el tema que pidió apenas 3.5 millones de soles de presupuesto adicional, lo que no es ni la diezmilésima parte de lo que nuestro país dedicó a enfrentar la pandemia. A Zamora se le acusa de haber comprado las pruebas rápidas de detección del coronavirus cuando era ministro. Lo absurdo de la acusación es que la decisión de esas compras se hizo y anunció al país antes de que él fuera ministro y esa gestión se le encargó a Perú Compras, una agencia que depende del Ministerio de Economía y Finanzas y no del sector salud.  Así que Zamora ni decidió hacer esas compras ni era responsable de ejecutarlas. Por cierto, al congreso no se le ha ocurrido acusar ni a la ministra de salud anterior que decidió esas compras ni a la ministra de economía encargada del sector cuando Perú Compras ejecutó esa adquisición ni a ninguno de los siguientes tres ministros de salud durante cuyas gestiones se siguieron usando esas pruebas, demostración nítida de que se trata de una persecución sin ningún sentido de justicia.

Tampoco lo hacen preocupados por la salud pública: este congreso no ha movido un dedo en relación a la pésima gestión actual de salud, con pérdidas en coberturas de vacunación, millones del presupuesto para medicinas sin ejecutar y una epidemia de dengue sin enfrentar. Resulta que el Ministerio de Salud es parte del cupo de APP y César Acuña en el gobierno, y gracias a eso reparte cargos entre sus allegados.

Hay que añadir que en la compra de pruebas rápidas no hay indicios de corrupción. Lo que se ha criticado es que supuestamente se prefirieron esas pruebas rápidas a las pruebas moleculares, siendo estas últimas más caras. Se compró lo más barato. Pero la razón de fondo por la que en los primeros meses de la pandemia no se compraron más pruebas moleculares es porque no había disponibilidad de ellas en el mercado mundial. Además, para poder aplicar pruebas moleculares de manera masiva no sólo se necesitan las pruebas mismas; es decir, los productos que se aplican sino también equipos y personal especializado, cosa que el Perú no tenía en ese momento. De igual manera, no teníamos camas UCI, médicos intensivistas y equipos de ventilación asistida, que eran extremadamente necesarios pero que no se podía obtener con rapidez en un momento en el que todos los países del mundo estaban ávidos de conseguirlos. Había que apoyarse en lo que estuviera al alcance y eso eran las pruebas rápidas. Ya cuando en el mundo se amplió la oferta de pruebas moleculares y pudimos construir una capacidad nacional para procesarlas, es que pudimos tenerlas. Fue durante la gestión de Zamora que se construyeron, equiparon y dotaron de personal a 16 laboratorios capaces de procesar pruebas moleculares. La capacidad se elevó de 500 a 24,000 pruebas moleculares semanales. Es decir, se multiplicó casi por cincuenta.

Tampoco es que una aplicación masiva de pruebas moleculares, cuestión que era en ese momento imposible, hubiera permitido otra estrategia de combate al covid.  Lo sabemos porque después, con la llegada de un poco más de pruebas moleculares, se intentó la estrategia entonces conocida como de “pruebas, aislamiento y seguimiento de contactos” en la llamada operación “Tayta”. La idea era hacer las pruebas masivamente en zonas críticas, aislar a los positivos y chequear a sus contactos. “Tayta” estuvo a cargo de las fuerzas armadas y no funcionó: en el Perú hay demasiada informalidad, irrespeto a las normas y falta de información, así que las personas no respetaban el aislamiento ni se podía encontrar a sus contactos. Nuestra realidad no es la de Japón, Corea del Sur o China, donde sí pudieron aplicar esa política.

Regresando al doctor Zamora: se trata de uno de los profesionales nacionales más destacados en cuanto a diseño de políticas y gestión en salud pública. Moyobambino, llegó a Lima a terminar la secundaria, ingresó a San Fernando (pocos lo logran) y mientras estudiaba al mismo tiempo trabajaba en el Hospital de Policía y era activista universitario. Regresó a su región de origen a hacer su Serums, luego hizo una maestría de salud pública en Londres en uno de los centros de mayor prestigio mundial. Regresó al Perú a dirigir un centro de salud en San Martín llegando a ser director regional de salud. Con una gestión muy exitosa: diseñó uno de los primeros programas contra la desnutrición infantil que se llamó PACFO convirtiéndose luego en director del Proyecto Vigía, que dentro del Ministerio de Salud fortalecía el combate a enfermedades contagiosas y la vigilancia epidemiológica. Su capacidad le abrió paso. Ha dirigido luego el programa inglés de cooperación con salud en Perú y ha sido alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud dirigiendo sus operaciones en varios países. Conocedor de su trayectoria, cuando lo nombraron Ministro de Salud yo no tenía duda de que estaba entre los más calificados para asumir la gran responsabilidad del combate a la pandemia. Zamora actuó con mucho conocimiento, apertura y capacidad de convocatoria: exministros como Fernando Carbone (recientemente fallecido), Óscar Ugarte y Pilar Mazzetti fueron parte de su equipo, algo que se ve pocas veces ya que predominan en nuestro país los celos y ansias de poder antes que el interés público. Trabajó con mucha entrega. Cuando lo fácil hubiera sido parapetarse en una oficina, él visitaba todos los días y muchas noches los distintos hospitales, incluso donde el contagio estaba en su pico (para evitar arriesgar a su familia se aisló físicamente de su esposa y sus hijos todos esos meses).

Nada de eso le ha importado a este congreso, que ya sabemos cómo actúa, qué prioriza y a qué apunta. Estoy seguro de que la justicia prevalecerá, pero para Víctor Zamora el tiempo que demore en llegar tendrá altos costos. Me hace recordar al caso de Javier Diez Canseco, sancionado injustamente por otro congreso lleno de rencores empujado por una “primera dama” borrachita de poder, quien luego sería rehabilitado por la justicia peruana. No es igual, pero en el fondo es lo mismo: tampoco en ese caso había sustento alguno en las acusaciones que se hicieron. Felizmente en estos días hay una respuesta. La sociedad civil está organizando un acto de desagravio al doctor Zamora, también con el objetivo de rechazar las arbitrariedades de quienes hoy manejan el poder contra quienes consideran sus enemigos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 717 año 15, del 24/012/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

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La salud en el Perú: dos pasos adelante, un paso atrás

Javier Herrera

​La incidencia de la anemia es más del doble en los hogares más pobres que en los más ricos, mientras que la de la desnutrición crónica es cinco veces más elevada

Una mirada de largo plazo a los indicadores de salud muestra muy importantes mejoras en las últimas décadas. La más resaltante de ellas es, sin duda, que hemos ganado, desde 1950 hasta el presente, casi 34 años más de esperanza de vida. Alguien que nació en 1950 podía esperar vivir, en promedio, 43.8 años; ahora puede esperar vivir 77.4 años. Ello se ha logrado gracias al progreso de la medicina, a mejoras en las condiciones sanitarias de la población y a las campañas públicas masivas de vacunación, factores que han permitido reducir en particular la tasa de mortalidad materno-infantil.

La epidemia del COVID-19 reveló la precariedad de nuestro sistema de salud, sobre todo en la atención primaria. Como consecuencia de ello, según datos de CEPAL, en 2022 habíamos perdido 4.7 años de esperanza de vida respecto a la prepandemia, una cifra más elevada que el promedio de América Latina (-3.4 años).

El proceso de urbanización, la extensión del acceso a la educación y de los métodos anticonceptivos han coincidido con una fuerte reducción en la tasa de fecundidad, que pasó de 6.9 hijos por mujer en 1950 a 1.8 en 2023, por debajo de la tasa necesaria para el reemplazo de la población. Como resultado de estas tendencias, la proporción de adultos mayores (60 años y más) se ha más que duplicado entre 1950 y 2024, pasando de 5.7% a 13.9%. Todos estos cambios demográficos plantean dos enormes desafíos a las políticas públicas.

En primer lugar, el sistema de pensiones contributivas y no contributivas. En 2022, uno de cada cuatro (25.3%) adultos mayores (65 años y más) que no están ocupados no recibe ninguna pensión y debe depender enteramente de otras fuentes de ingresos, en particular de la solidaridad intergeneracional. Este sistema se reproduce de generación en generación, pues casi dos tercios (64.9% en 2022) de los ocupados no cotizan a ningún sistema de pensión. En ausencia de una reforma profunda del sistema pensionario, la situación actual es, a mediano plazo, insostenible. El fuerte incremento de la dependencia de los adultos mayores de 60 años respecto a la población en edad productiva (15-59 años) impone una carga cada vez mayor a las personas activas. Si en 1950 había 8.5 personas en edad activa por cada adulto mayor, en 2023 esa proporción es de tan solo 4.5 personas.

El otro desafío que pesa sobre el sistema de salud se relaciona con el cambio en el perfil de morbilidad y mortalidad del país, que ha pasado de ser uno dominado por enfermedades infecciosas a otro en el que prevalecen las enfermedades crónicas, más costosas de tratar. Aunque compartimos con los países desarrollados este perfil, en el caso del Perú se trata de enfermedades crónicas evitables con políticas de prevención y despistaje precoz (cáncer de mama, de cuello uterino, diabetes, hipertensión, etc.).

En los últimos 20 años, la proporción de personas con alguna enfermedad crónica se ha multiplicado por 2.4, llegando a afectar en 2023 a un poco más de 4 de cada 10 personas (43.1%). La respuesta de los diferentes gobiernos ha sido extender la cobertura del Seguro Integral de Salud, de suerte que en 2023 ya se había logrado cubrir al 88.3%, un salto significativo respecto a 2004, cuando apenas el 36.9% de la población tenía algún tipo de seguro de salud. Sin embargo, esta extensión del seguro ha sido para muchos inexistente en la realidad, pues, requiriendo atención médica, no logran acceder a ella. A pesar de la pandemia y las promesas de mejoras, el porcentaje de personas que necesitan atención médica y no logran acceder a ella no ha mejorado. Al igual que en 2019, casi un tercio (32%) en 2023 sigue sin acceder a la atención médica, a pesar de necesitarla.

Es en la anemia de niños de 6 a 35 meses donde no se ha alcanzado ningún logro e incluso se ha retrocedido. Este es el periodo durante el cual la anemia puede tener efectos irreversibles sobre sus capacidades cognitivas, desarrollo motor y del sistema inmunológico. En más de 10 años no se ha logrado ningún avance. Los niveles de anemia en 2023 son los mismos que en 2012: todavía el 43% de los niños sufre de anemia.

Cohortes enteras de niños han debido enfrentar el periodo escolar en situación de desventaja en sus capacidades de aprendizaje, independientemente de la calidad de la enseñanza o el equipamiento de la escuela. La mitad (50.4%) de los niños de 3 a 35 meses en el área rural y 4 de cada 10 (40.2%) de los niños urbanos actualmente tienen anemia. Hay que rendirse a la evidencia: las políticas de lucha contra la anemia no han funcionado. Desde 2020, la situación ha incluso empeorado, más en el área urbana (+5.3 puntos) que en la rural (+3.3 puntos). Igual panorama se observa en el caso de los niños menores de 5 años, pues la anemia en el mismo periodo subió en un poco más de 5 puntos a nivel nacional, tanto en el campo como en la ciudad.

En 2023 también hubo un retroceso en el consumo de suplementos de hierro, uno de los ejes centrales de la política del gobierno en la lucha contra la anemia. El consumo de suplementos de hierro disminuyó de 34.5% en 2019 a 32.0% en 2023. Cae tanto en el área rural como en la urbana (de 33.4% a 31.1% en las ciudades y de 37.6% a 34.3% en las zonas rurales). Si a ello le añadimos las deficiencias de los programas alimentarios (Qali Warma) y el muy insuficiente apoyo a las Ollas Populares, no sorprende, pero sí indigna, que se esté perdiendo la batalla contra el hambre y sus consecuencias en la niñez.

La lucha contra la anemia debe articular varias políticas sectoriales, pues la respuesta no consiste únicamente en aportar un suplemento de hierro. Así, la absorción de los nutrientes depende mucho de las condiciones sanitarias de la vivienda, en particular del acceso a agua segura y la conexión a la red pública de desagüe. Ello reduce los riesgos de contraer enfermedades gastrointestinales que impiden la absorción de nutrientes (que de por sí ya son en cantidad y calidad insuficientes). Cruzando datos de acceso a dichos servicios públicos con los de la incidencia de anemia, constatamos que, en 2023, la incidencia de anemia para niños de 6 a 35 meses es prácticamente 13.5 puntos más alta para niños en viviendas que no cuentan con esos servicios.

El Estado, al no cumplir con su obligación de garantizar el acceso a servicios públicos básicos a todos los ciudadanos, agrava indirectamente la anemia y compromete el futuro de los niños afectados.

Si la situación para el promedio de los niños es crítica, lo es aún más si consideramos el hecho de que los problemas de salud afectan en una mayor proporción a los hogares más pobres. La incidencia de la anemia es más del doble en los hogares más pobres que en los más ricos, mientras que la de la desnutrición crónica es cinco veces más elevada.

Ante el fracaso de los programas sociales, la “solución” ha consistido, a menudo, en cambiarles de nombre sin cambiar sus orientaciones y sin aportar una real mejora en el cumplimiento de sus objetivos. Los programas de apoyo alimentario son un componente importante de la lucha contra la cada vez mayor extensión del hambre. El nombre en lengua originaria de esos programas no debe hacer olvidar que los problemas afectan al conjunto de la población, en el área rural, pero también a una creciente y ya muy significativa parte de la población en las ciudades.

Javier Herrera. Profesor visitante en el departamento de economía de la PUCP

https://larepublica.pe/opinion/2024/12/01/la-salud-en-el-peru-dos-pasos-adelante-un-paso-atras-por-javier-herrera-salud-publica-anemia-desigualdad-desnutricion-1532340

https://www.leerydifundir.com/2024/12/la-salud-peru-do…lante-paso-atras/

Perú: Salud mortal

Pedro Francke

El retroceso en la salud pública salta a la vista en el informe sobre pobreza del INEI, ese que trataron de acallar con tanta torpeza que la maniobra no les duró ni un día. Las cifras publicadas indican que casi un tercio de la población que necesitó atención médica no la pudo conseguir. En las ciudades, el número de personas que han visto negado este derecho básico a la salud aumentó en 330 mil este primer año de gobierno de Dina. Esas son las consecuencias de un presupuesto recortado mientras se regalaban 12 mil millones de soles en deudas tributarias no honradas a las grandes empresas, y de haber entregado el Ministerio de Salud a la derecha que hoy gobierna desde el congreso.

Esta negación de una atención básica ha hecho que las personas con problemas de salud crónicos aumenten en 360 mil durante el año pasado, tanto en las ciudades como en el campo. La cifra es enorme: hoy cuatro de cada diez peruanos tienen problemas crónicos de salud. En el Perú a la falta de cuidado médico se suman la contaminación en las ciudades (que está al tope por un transporte pésimo y que provoca enfermedades respiratorias y cáncer), la afectación con metales pesados en zonas mineras, la generalización de trabajos insalubres y estresantes y una mala alimentación promovida por las grandes industrias chatarra, frente a los cuales no hay respuesta de salud pública.

La anemia aumentó de 39 a 40 por ciento en las ciudades, siendo mayor en las zonas rurales donde uno de cada dos niños la padece (aunque un estudio de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia ha puesto seriamente en cuestión la forma como se calcula los niveles de anemia en zonas encima de los 4 mil metros de altura como Puno). ¿Alguien recuerda que este gobierno haya tenido alguna iniciativa contra la anemia? Por el contrario, la congresista Sigrid Bazán ha denunciado que la alimentación de Qali Warma para los escolares no cumple con estándares básicos y el presupuesto para las ollas comunes se sigue recortando. La miseria de los programas sociales deja a millones sin apoyo alguno en tiempos difíciles y agrava los problemas nutricionales de nuestros niños y niñas.

Otros problemas de salud también se han acumulado este año. Un ejemplo es el dengue, que ha afectado a 200 mil personas y causado doscientas muertes. Felizmente, con la llegada del invierno, el mosquito ya se reproduce mucho menos. Salvados hasta el próximo verano por el frío invierno, no por la acción del gobierno. Porque también en las estrategias para enfrentar las epidemias el Ministerio de Salud ha sido altamente ineficiente. Obvio, si en menos de año y medio han cambiado siete veces al jefe de Cenares, la entidad encargada de todas las compras estratégicas del MINSA, incluyendo medicinas, vacunas y otros insumos a nivel nacional.  El ministro representa a César Acuña en el gabinete, fue perdedor de las pasadas elecciones regionales en Cajamarca y asumió el ministerio como parte del canje de votos con APP para que Dina se mantenga. Pero la salud pública no es importante ni para el ministro ni para el gobierno.

RECORDEMOS EL COVID

La baja inversión y la mala organización de la salud pública peruana fueron causas centrales del desastre que significó el covid-19 en el Perú. Un estudio internacional reciente (publicado en abril) ha reestimado de manera más precisa las cifras de mortalidad por el coronavirus, ratificando que el Perú es uno de los países con mayor mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Tuvimos la mayor mortalidad en toda América, el cuádruple del promedio mundial y el doble que el latinoamericano. Más de 300 mil fallecidos. Si hubiéramos estado como el promedio mundial, habría habido en nuestro país 230 mil muertos menos. Una barbaridad. Sólo la primera ola, que nos azotó entre marzo y agosto del 2020, batió récords mundiales. Recuerden, amigos lectores, esos meses aciagos, cuando no se conseguía oxígeno y las camas UCI estaban totalmente copadas, consecuencia directa de una política neoliberal que acogotó presupuestalmente al sector salud durante décadas. Sin dinero, que debe provenir de una nueva justicia tributaria, la salud pública no puede construir los hospitales, comprar los equipos, formar especialistas ni contratar médicos necesarios.

Esa mirada que ponía las ganancias de las grandes empresas por delante de la vida humana no acabó ahí. Terminada la primera ola del coronavirus, se dijo enfáticamente que ya todos habíamos tenido el virus por lo que estábamos inmunizados y como no podría haber una segunda ola se debía poner todas las balas en reiniciar los motores empresariales. Bajo esa política estábamos cuando llegó una segunda ola, que terminó por ser aún más mortal que la primera. La epidemia recién pudo conjurarse cuando el Estado,  porque no fueron las empresas privadas, logró una vacunación masiva. Las vacunas llegaron tarde. A fines de julio del 2021, el Perú tenía 24 por ciento de vacunados frente a 57 por ciento en Argentina, 70 por ciento en Chile y 43 por ciento del promedio latinoamericano. En los siguientes seis meses se vacunó adicionalmente al 53 por ciento de la población, más del doble que el promedio regional. Así se logró que la tercera ola, que efectivamente nos alcanzó a fines del 2021, tuviera una mortalidad muy inferior a las dos anteriores, un gran logro conseguido porque se dio todo el presupuesto necesario desde el MEF y tuvimos la destacada gestión de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud.

Hoy parece haberse olvidado que, así como no hay “cuerdas separadas” entre política y economía, tampoco hay cuerdas separadas entre economía y salud. Dejar abandonada la salud pública tiene graves consecuencias en términos de vidas perdidas, desigualdad y descontento con la democracia, pero además es muy malo para la economía –por más que algunos se empeñen en creer que todo va bien hasta que la parca se nos viene encima–.  Luego de que logramos frenar el covid se ha echado por la borda lo avanzado en salud. Las plantas de oxígeno, que tardíamente se consiguió poner en marcha y que se necesitan para otras atenciones, están en su mayoría sin funcionar, como tantos otros equipos médicos. Las clínicas y empresas privadas de salud, que en esos momentos duros cobraron cifras estratosféricas especulando con el oxígeno y las camas UCI, siguen sin una regulación mínima. El sistema público de salud, que había tenido un refuerzo importante en recursos, ha sufrido un recorte de fondos, al extremo que a los agroexportadores se les subsidia rebajando sus contribuciones a EsSalud.

Este gobierno de derecha, apoyado por Fujimori, López Aliaga, Acuña y los grandes empresarios, es un regreso a una salud pública acogotada presupuestalmente. Se trata de la misma política que nos llevó al desastre del covid. El sistema de salud sigue siendo tan mortal mientras las transnacionales mineras se llevan nuestra riqueza con un tratamiento tributario extremadamente favorable.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 687 año 14, del 24/05/2024

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Perú: La salud peruana y los reyes desnudos

Víctor Zamora Mesía

"El Rey Desnudo" es la denominación popular para el cuento "El Traje Nuevo del Emperador", escrito por Hans Christian Andersen. La esencia de la trama radica en la vanidad de un monarca mareado de poder, ignorante y frívolo que ha caído presa de dos estafadores y el silencio cómplice de la corte palaciega. Engañado, el monarca cree ostentar un traje magnífico pero que se presenta como "invisible" para aquellos que carecen de inteligencia suficiente, cuando en realidad se encuentra completamente desnudo.

El Perú se encuentra así, bajo el yugo de una clase política exhibe su desnudez de ideas, de ética, de proyecto colectivo, y de sentido de bienestar, envueltos en un discurso carente de sustancia, acciones sin rumbo y agendas desprovistas de un propósito genuino, más allá de satisfacer la voracidad de las vanidades y los intereses mercantilistas que los respaldan. Sus atuendos ilusorios son recibidos con aplausos efusivos, por supuesto de aquellos que se benefician de las prebendas del poder.

Tan evidente es que viven a espaldas del pueblo que las encuestas no los interpela. Al cierre de enero de 2024, el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República el 28 de enero de este año revela que apenas un 9% respalda la gestión de la presidenta y un magro 5% el del Congreso.

Lo más inquietante es que dos de cada tres encuestados, especialmente la población joven, afirman que su situación ha empeorado en el último año, revelándose así un sentimiento generalizado de desesperanza.

Otro aspecto del descalabro institucional es la desaprobación y abierto rechazo a los ministros. La encuesta de Datum, divulgada el 15 de enero a través del diario El Comercio, revela que la mayoría de la población demanda un cambio de gabinete y señala directamente a los ministerios de economía, interior y salud como los principales responsables del bajo rendimiento, atribuyendo la responsabilidad política de esta situación al señor Otárola, primer ministro.

Los ejemplos de lo primero son evidentes, como los pomposos anuncios de reactivación económica bajo el llamativo título de "Punche Perú" o las promesas de restablecer la seguridad respaldadas por el elaborado "Plan Boluarte". El primero culminó en recesión, aumento del desempleo, crecimiento de la pobreza y de la inseguridad alimentaria. En cuanto al segundo, su inexistencia quedó patente y la inseguridad continúa su ascenso incontrolable.

Sin embargo, ni a la señora Boluarte ni a los integrantes de su gabinete, estas cifras, ni el fuerte tirón de cabellos, parecen lograr que se conecten con la realidad. Desnudos, continúan exhibiendo sus galas inexistentes.

El sector salud no es la excepción.

Además de las razones políticas, también se añaden motivos relacionados con la mediocre gestión de gobierno, que incluye, lamentablemente al sector salud.

El ministro actual, el médico César Vásquez, sexto titular de esa cartera desde la juramentación de Pedro Castillo como presidente de la República y el segundo del periodo Boluarte, anunció tres pilares en su gestión: fortalecimiento del primer nivel de atención, salud digital y atención al cáncer.

Uno de sus primeros anuncios, precisamente, fue el lanzamiento del "Plan Mil" destinado a mejorar el primer nivel de atención. La idea en esta propuesta no es nueva, se opta por desempolvar una propuesta lanzada durante el gobierno de Ollanta Humala en el cual se priorizaron 748 establecimiento de salud denominados "estratégicos". Seis meses después de realizado el anuncio, el famoso Plan Mil no ve la luz, ni en papel ni en el presupuesto.

En otro de los pilares de la gestión, el cáncer, el ministro Vasquez tuvo que admitir públicamente que, efectivamente, estamos enfrentando una aguda escasez de productos oncológicos.

Independientemente de las prioridades sectoriales, todo profesional que haya realizado gestión sanitaria sabe que nos enfrentamos constantemente a innumerables contingencias, destacando entre ellas las epidemias.

Las carencias en la gestión sanitaria se evidenciaron durante el repentino aumento de casos de COVID-19 en diciembre de 2023.

Diversos inconvenientes evidenciaron la pérdida de dirección en las acciones de prevención y control de la enfermedad, como se detalla en el artículo "COVID19-Perú, 4to año: Confusión, retraso e indefiniciones". En síntesis, la situación llegó a un punto crítico al descubrirse que las vacunas bivalentes en uso ya habían caducado, generando un serio problema reputacional para la estrategia de vacunación contra la COVID-19. A esto se sumaron otros problemas, como las demoras en la transición a la nueva vacuna monovalente adaptada (especialmente notorio cuando Chile ya la había implementado en noviembre de 2023), la escasez de métodos diagnósticos, la disminución de la credibilidad en los datos abiertos, el manejo de las mascarillas y la vuelta al trabajo presencial en casos leves.

Todo esto llevó al ministro a reconocer la falta de preparación del Ministerio de Salud (MINSA) para enfrentar un nuevo brote de la enfermedad.

La amenaza del Dengue es otro frente abierto.

En 2023, se registraron cifras históricas con más de un cuarto de millón de casos reportados y casi 500 fallecidos, situándose entre las tasas de mortalidad por Dengue más altas a nivel mundial. En las primeras tres semanas del 2024, según el análisis del Ingeniero Juan Carbajal, se ha reportado un aumento considerable (+35%) en comparación con el mismo período del año anterior. A la par de esta preocupante situación, Perú nuevamente queda rezagado frente a Brasil y Argentina en lo que ha incorporación de nuevas tecnologías se refiere. Brasil ya ha iniciado la vacunación contra el Dengue, mientras Argentina se prepara para hacer lo propio.

La falta de planificación, la improvisación y la desorganización vuelven a pasar factura, repitiendo patrones observados durante la gestión de la ex ministra de salud, la médica Rosa Gutiérrez. Estos desafíos demandan una pronta y efectiva respuesta para evitar que la situación del Dengue se agrave aún más en el país.

A los problemas de liderazgo y gestión técnica sectorial ya mencionados, se suman los problemas derivados de la formulación del presupuesto, el cual se agrava para el año 2024, tal y como lo han señalado el exministro Ugarte como por los analistas Pedro Brito y Miguel Zúñiga, como los de ejecución presupuestal ya analizados en mi artículo "Los costos de la impericia en la gestión sanitaria".

La carencia de planes estructurados con objetivos definidos y adecuadamente financiados, así como la descapitalización técnica y administrativa del Ministerio de Salud (MINSA), exacerbada por la rotación constante de funcionarios, que ha superado el centenar en los últimos seis meses, se suman a las ya conocidas debilidades estructurales del sistema de salud peruano, generando un deterioro progresivo de los resultados sanitarios.

Lamentablemente, ante estos desafíos y los magros resultados, las autoridades no hacen sino exhibir, día a día, su cruda desnudez.

Víctor Zamora MesíaVíctor Zamora Mesía.  Ex-Ministro de Salud del Perú y Asesor Internacional en Políticas y Sistemas de SaludEx-Ministro de Salud del Perú y Asesor Internacional en Políticas y Sistemas de Salud

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Perú: María Benito

Ronald Gamarra

Hoy, viernes 26 de enero, fecha de publicación de este semanario, tal vez se haya resuelto –por fin– la enorme injusticia que EsSalud impone desde hace un año a la señora María Benito, quien sufre la fase terminal de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que va paralizando el cuerpo y sus funciones. La señora Benito ya no puede caminar, ni moverse en forma alguna, no puede alimentarse sino por sonda, ni siquiera puede respirar si no es mediante un respirador artificial.

Sin embargo, se conserva lúcida. Hasta hace algunas semanas, podía comunicarse gracias a un sistema de reconocimiento visual que le permitía escribir sus propios mensajes con el movimiento de sus ojos, capacidad que hoy también ha perdido.

Hace un año, la señora Benito solicitó a EsSalud que le desconecten el ventilador que la hace respirar artificialmente. Lo hizo en legítimo ejercicio del derecho de todo ciudadano a no recibir tratamientos terapéuticos que no desee. La señora Benito, consciente de su enfermedad y de su estado, sabe que el respirador postizo no la cura, ni mantiene ninguna calidad de vida. Ella considera, con innegable fundamento, que sólo prolonga su dolor y sufrimiento. Es un ajuste inútil que no desea seguir recibiendo. Nadie puede obligarla a ello, ni a ella, ni a nadie.

Entiéndase bien. Se trata de un derecho, es decir de una potestad del individuo. De la voluntad libre, informada e inequívoca de un ser humano (usted, yo), en situaciones límites, para decir no o basta a procedimientos terapéuticos baldíos frente a un problema de salud grave e irreversible que cause un sufrimiento persistente e intolerable; y, en esa circunstancia, para adoptar decisiones que, con base en la dignidad humana, tengan como fin previsible la culminación de su vida por el propio curso de la enfermedad, en tanto se trata de cuestiones vinculadas a la autonomía personal. Nadie más tiene derecho a decidir por él las condiciones y el momento en que el final ha de tener lugar. Nadie, ni siquiera alguien de su entorno más cercano. Contrariamente a lo que algunos creen, la muerte no puede estar en manos de la religión ni del Estado. Ni los curas ni los burócratas tienen derecho a decidir según sus particulares intereses o ideologías lo que corresponde únicamente a cada individuo en su fuero más íntimo. El derecho a la muerte digna no es una concesión al individuo sino un derecho que emana de su propia dignidad.

Sin embargo, la dirección de EsSalud opina que sí puede y debe imponer a la señora Benito el respirador artificial, pisoteando sin más la autonomía de su voluntad.

Es lamentable que las autoridades de organismos tan importantes como EsSalud se rijan por criterios que no respetan la libertad individual e impongan, en cambio, sus prejuicios o convicciones particulares que no son –y no tienen por qué ser– ley del estado, obligatorias para tirios y troyanos, como si la Constitución no reconociera la libertad de conciencia, además de la libertad individual.

El problema es que la aplicación ciega de esas convicciones o prejuicios tiene resultados despiadados, por completo ajenos a la caridad cristiana, que resultan en la imposición del sufrimiento más doloroso, indefinido e injusto de otras personas con derecho a no compartir las monomanías del directorio de EsSalud y otras autoridades que parecen no estar enteradas de que el estado peruano es laico. Que esa cerrazón condena a una persona enferma a sufrir el infierno en la tierra hasta su último aliento o a enfrentar el encarnizamiento médico.

La negativa de las autoridades de EsSalud a proceder según lo solicitado por la señora Benito obligó a la paciente a recurrir ante la justicia mediante una acción de habeas corpus. Aquí el camino tampoco ha sido fácil y ha sido narrado por la abogada Josefina Miró Quesada, asesora de la señora Benito y ejemplar apoyo de su causa. El caso cayó en manos de una juez que ya antes falló contra la demanda de muerte digna de la señora Ana Estrada y luego pasó a ser visto por otra magistrada que terminó por declarar la improcedencia de la demanda de la señora Benito.

Apelada la sentencia en octubre, el tribunal se ha tomado casi cuatro meses para decidir. Este martes, notificaron que dos de los tres jueces se pronuncian a favor de la demanda (siempre hay uno para malograr todo) y, en vía de reforma, la declaran fundada por vulneración del derecho a la dignidad humana, libertad de conciencia y libre desarrollo de la personalidad de María Benito, ordenando a EsSalud “respetar y garantizar su decisión libre e informada de rechazar los tratamientos médicos que la mantienen artificialmente en vida, como es el ventilador mecánico, el cual debe ser retirado dándole previamente sedación paliativa para evitarle mayor sufrimiento… y para lo cual deberá designar entre su personal médico a profesional no objetor de conciencia a fin de que se cumpla con garantizar y respetar los derechos… y con el apoyo y salvaguarda de su hija…, quien deberá estar presente en todo momento...”.

Sin embargo, no basta un dos a uno para que la demanda de la señora Benito sea declarada fundada y deba ejecutarse sí o sí. Se necesitan tres votos, por eso se llamó a otro juez a votar. De este magistrado depende el caso y los derechos de la señora Benito. El togado suplementario debía escuchar los alegatos de las partes y votar precisamente hoy a las 9 de la mañana. Ojalá que su decisión sea jurídica y también humana, y que reconozca a la señora Benito lo que le corresponde en derecho, que no es otra cosa que el reconocimiento de su dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad y no sufrir tratos inhumanos. Espero que la decisión judicial establezca jurisprudencia sobre un caso tan delicado, proclamando la primacía de los derechos humanos sobre toda otra consideración.

Que la justicia no decepcione una vez más la esperanza. Ya ha sido un trago amargo todo lo que se han demorado en decidir en un asunto tan claro y sencillo como para que al final nos salgan con una sentencia dictada por el fanatismo oscurantista.

Gracias, María Benito, por recordarnos que el derecho a la dignidad debe entenderse como válido para toda la vida del individuo, incluida la terminación de esta. Gracias totales por enseñarnos que el derecho a vivir en forma decente y noble importa también el derecho a no recibir tratamientos terapéuticos inútiles y que no se desean, como a morir con dignidad.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 670 año 14, del 26/01/2024

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Perú: Lo peorcito en Salud

Ronald Gamarra

Han nombrado ministro de Salud a César Vásquez Sánchez, médico con escasa experiencia en la administración de la salud pública, pero con abundante prontuario de denuncias e investigaciones penales en una trayectoria más bien turbia antes que opaca. No puede extrañar: se trata de un pupilo aprovechado de César Acuña, dueño de APP y otros negocios. Con una gran habilidad y muchos contactos políticos para salir, hasta el momento, limpio de polvo y paja de tantos enredos judiciales, no cabe la menor duda. La pregunta es: por qué los peruanos tenemos que soportar que nos pongan gente así en el gobierno, con antecedentes tan malolientes.

Uno de los casos más resaltantes que adornan a César Vásquez Sánchez es la denuncia constitucional que la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos presentó contra él, en su condición de excongresista, por delito de tráfico de influencias como parte de la organización “Los temerarios del crimen”, encabezada por el exparlamentario y alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel. El actual Congreso, en el cual su partido APP tiene una representación significativa y alianzas múltiples, no aprobó la denuncia constitucional, tal como lo ha hecho en varios otros casos, y con ello lo encubrió y le garantizó impunidad.

¿Es este señor quien debe gestionar la emergencia por la epidemia de dengue, que se desbordó como nunca antes por la negligente actitud del gobierno y su ministra de Salud, la inefable señora Rosa Gutiérrez? Pues gracias al gobierno de Dina Boluarte, sus aliados del fujimorismo y la derecha, y su ministra, tenemos ahora el peor índice de letalidad en América Latina por una enfermedad por la cual nadie debería morir, si tuviéramos un sistema de salud pública mínimamente organizado y digno de ese nombre. La designación de César Vásquez es una pésima señal para el sistema de salud, sometido a lo peorcito que hay en plaza.

Es evidente que César Vásquez no ha sido puesto en Salud para enmendar ni rectificar nada de lo que está de cabeza en el sector. Su nombramiento simplemente llena una cuota política, a cambio de lo cual Dina Boluarte espera un mayor apoyo de Acuña y APP. Por cierto, con su designación se garantiza que no se moverá nada de lo que conviene a los intereses creados que dominan el ministerio de cabo a rabo y lo han convertido en una maquinaria burocrática pesada, ineficiente, incapaz de afrontar y ponerse al día con los desafíos que amenazan cada vez más la salud de los peruanos, sobre todo los más pobres.

César Vásquez Sánchez es el segundo ministro de Salud en los seis meses de la presidencia de Dina Boluarte y el sexto ministro de Salud desde el 29 de julio de 2021, hace menos de dos años, cuando se inició el actual período de gobierno con Pedro Castillo. Un promedio de un ministro cada cuatro meses. Sin contar con que la mayoría de ellos fueron encumbrados por favor político, sin poseer la trayectoria ni las calificaciones profesionales y, con frecuencia, tampoco las competencias morales para desempeñar un cargo que implica una enorme responsabilidad.

La inestabilidad, mejor dicho, el caos, en la dirección del Ministerio de Salud se ve con más claridad si se considera este mismo indicador, la duración de los ministros, en el largo plazo. Así tenemos que Alejandro Toledo tuvo cuatro ministros de Salud; Alan García, tres y Ollanta Humala, tres. En total, diez ministros en 15 años. Pero desde que la mala perdedora de las elecciones del 2016, Keiko Fujimori, le declaró la guerra a muerte a Kuczynski y abrió la caja de Pandora de la vacancia presidencial, el caos se impuso en la política peruana y también en el sector Salud, donde se han turnado 17 ministros en tan solo siete años.

Pasamos de un promedio de un ministro cada año y medio a un promedio de un titular cada cuatro o cinco meses. Con el agravante de que cada ministro trae su propia corte de servidores y secuaces de confianza, y hace lo posible y lo imposible por meter al ministerio a los allegados, los amigotes, parientes y favorecidos. El resultado es la imposibilidad de que el sector sea dirigido con coherencia y planificación. En medio del caos de dirección, la burocracia de carrera se paraliza y trata de hacer lo mínimo para evitarse esfuerzo y complicaciones. En la práctica, las mafias ya enquistadas tienen el control de los resortes para asaltar el erario.

La situación del sector Salud no permite albergar esperanza ni optimismo alguno, si además de durar poco, los ministros ofrecen cada vez una peor imagen y trayectoria profesional y moral. Ignorancia, incompetencia y voluminosos antecedentes policiales y judiciales ya no parecen escandalizar ni repugnar a quienes gobiernan y nombran funcionarios. Al contrario, da la impresión de que buscan ese tipo de próximos. Los partidos mayoritarios del Congreso no han dicho esta boca es mía ante el nombramiento de César Vásquez Sánchez. Y cómo habrían de hacerlo, si no les ha preocupado en absoluto la epidemia de dengue.

Eso explica por qué no tocan al presidente de EsSalud, Arturo Orellana, que pasa piola a pesar de sus tremendos anticuchos, que van desde la ineficiencia de la institución ante la epidemia de dengue hasta los gastos excesivos en autos de lujo, por ejemplo, su interés tan especial en el pago de 41 millones a una empresa, o la mala praxis médica denunciada por el señor Christian Guerrero, quien afirma que Orellana le dejó una gasa al intervenirlo quirúrgicamente hace algunos años, lo que casi le cuesta la vida y de hecho le tuvieron que extraer gran parte del estómago. Sin embargo, allí sigue tan campante, sin asumir la responsabilidad de nada y sin que el gobierno ni el Congreso se lo exijan.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 641 año 14, del 16/06/2023, p20

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Perú: Respuesta Blandengue

Alejandra Ruiz León

Atacar al dengue solo con médicos nos muestra una visión incompleta de la salud pública

“¿Dengue? ¿En Perú?”, era el asombrado comentario de un conocido mío ante las recientes novedades sobre esta enfermedad. Para él, un ciudadano informado, el dengue era una enfermedad lejana y hasta erradicada. Él reconocía nunca haber escuchado de los brotes en regiones de la Amazonía y hasta ignoraba que el dengue fue una de las principales preocupaciones durante el Fenómeno del Niño de 2017. Ignoraba también la histórica presencia del dengue en nuestro país, y la asociaba con una enfermedad importada.

Es probable que este conocido mío no sea un caso único y que muchos habitantes de Lima estén preocupándose por el dengue por primera vez. Un ciudadano desinformado de los brotes de las enfermedades constituye el ejemplo de cómo solo cierta información llega a las capitales regionales debido a nuestras burbujas de información y al centralismo de nuestro país. Más preocupante aún es cuando las autoridades y los medios de comunicación también se hacen los sorprendidos y tratan al dengue como una anomalía o algo inesperado, a pesar del aumento de lluvias y de temperatura en diversas zonas de nuestro país.

Los brotes de dengue han sido una constante en el Perú desde 1990, cuando se produjo una emergencia sanitaria en diversas ciudades de la Amazonía. Según el artículo Primer brote de dengue documentado en la región amazónica del Perú, se calcula que durante esa epidemia más de 150.000 personas se vieron afectadas únicamente en la ciudad de Iquitos. En los últimos años, los brotes de 2017, con 68 mil casos, y los de 2022, con 63 mil, han mostrado los aumentos más notorios. Sin embargo, las noticias de la epidemia actual llegan a una población diferente, que no solo ha experimentado una emergencia sanitaria como la del coronavirus, sino que también tiene expectativas sobre qué puede suceder durante una epidemia.

Sin ser expertos, podemos reconocer que nuestra experiencia personal y comunal con el coronavirus ha cambiado la forma en que recibimos las noticias sobre brotes epidémicos. Primero, conocemos la precariedad de nuestro sistema de salud, el cual ya se encuentra sobrepasado en una situación regular, y que llega a un estado de emergencia en las regiones donde se dan un exceso de casos. Un ejemplo es Piura, donde los hospitales se encuentran nuevamente colapsados. Segundo, los recuerdos de la escasez del coronavirus fomentan la compra de medicamentos, sueros y otros recursos médicos para tenerlos de reserva, como reporta el diario El Tiempo. Tercero, el manejo de la información durante la pandemia —que, como vimos con el coronavirus, es mucho más que solo transferir información sobre la enfermedad—, significa entender a una emergencia sanitaria como algo más complejo que identificar un vector y síntomas, y como una emergencia con implicaciones sociales.

En el actual manejo del dengue, podemos ver que nuestra visión de las enfermedades continúa siendo limitada al quehacer médico. Una muestra de este entendimiento es el comité de expertos presentado por el Ministerio de Salud la semana pasada. Como lo indica la Resolución Ministerial Nº 456-2023/MINSA, el comité asesorará al ministerio para la actual epidemia del dengue. Entre los ocho expertos que ofrecen sus servicios ad honorem encontramos expertos en dengue y antiguos ministros de salud. Como otros científicos sociales han notado solo con ver la foto de la conferencia de prensa, todos los expertos presentados por el comité son médicos: no se incluyen a sociólogos de la ciencia, ni a comunicadores sociales, ni a expertos en cambio climático, ni a otros especialistas de la salud cuya experiencia y conocimiento son los requeridos para responder a una emergencia sanitaria como la que actualmente estamos viviendo.

Como comenta el historiador de la salud Juan Lan, de epidemias anteriores como la del SIDA hemos aprendido que “los médicos siempre han sido personajes muy respetados, y dictaminan lo que es lo mejor en temas no solo de salud, sino también sociales”. En el contexto actual también vemos que la influencia de los médicos es extensa en la comunicación, pues son los primeros invitados a los medios para transmitir información a la población, y sus declaraciones no solo son evaluadas por su corrección científica, sino también por su aplicabilidad en la realidad nacional, su claridad al presentar conceptos científicos y hasta su empatía y cercanía.

Exigir —o esperar— que el Ministerio de Salud invite a la mesa de decisiones a una diversidad de profesiones y experiencias más allá del médico no es un capricho de quienes nos dedicamos a la parte social de la ciencia. Un ejemplo de cómo se considera el alcance social de las enfermedades se ve en las recomendaciones de organismos de salud internacionales. En la guía Planificación de la movilización y comunicación social para la prevención y el control del dengue, publicada en conjunto por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, se presentan 15 pasos para la prevención y control de esta enfermedad. El primero de estos pasos es la creación de un equipo multidisciplinario, que suele estar liderado por el ministerio, como ocurre en nuestro caso. Pero como la guía recomienda, a los médicos y epidemiólogos esperables también pueden unirse entomólogos, profesionales de las ciencias sociales, trabajadores de desarrollo comunitario, agencias de publicidad o comunicación, planificadores urbanos e ingenieros hidráulicos.

Una visión social de la enfermedad del dengue va más allá del número de casos y las características del mosquito: explica por qué las medidas de prevención que los ciudadanos podamos tomar son limitadas. Por ejemplo, las acciones de prevención —como eliminar reservorios que acumulen agua, usar mosquiteros y colaborar con la fumigación de espacios— son necesarias en este momento de la emergencia. Sin embargo, se centran en las acciones de los ciudadanos en lugar de reconocer que el cambio climático influye en la aparición de estas enfermedades. De esta manera, por ejemplo, se señala a quienes acumulan agua como si su conducta fuera un capricho o una irresponsabilidad, en lugar de señalar a quienes no proveen un sistema adecuado del manejo del agua y del saneamiento.

Como nos sucedió con el coronavirus, la emergencia sanitaria a raíz del dengue funciona como un observatorio de nuestra realidad. Demuestra nuestras burbujas de información y el centralismo de nuestro país, haciendo que el dengue sea una novedad en el centro del poder a pesar de años de miles de casos. Además, nos demuestra de qué manera una situación predecible tras el aumento de lluvias y temperatura aún es descrita por las autoridades como sorpresiva, permitiéndolas excusarse por la falta de obras y prevención que se necesita no solo para responder al dengue, sino a otras enfermedades. Y, por último, desnuda nuestra visión de la ciencia como algo que se puede aplicar de forma lineal y sólo desde una disciplina, en lugar reconocer a las enfermedades como fenómenos sociales y no solo médicos.

https://jugodecaigua.pe/respuesta-blandengue/

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Perú: Mafia en el MINSA

Ronald Gamarra

Hace tiempo que escribimos una y otra vez sobre el caos en el Ministerio de Salud y la consecuente negligencia en el cumplimiento de sus funciones y la desatención de las urgentes necesidades de los pacientes, incluyendo innumerables casos de grave riesgo para la vida. Que no hay medicinas para las personas con cáncer, que no hay fármacos básicos, que no hay atención para los pacientes de enfermedades raras o huérfanas, que las citas para consulta se demoran una eternidad, que existe desigualdad en el acceso a tratamientos debido a la fragmentación del sistema de salud, que FISSAL no resulta ser un verdadero fondo de alto costo, que las organizaciones de pacientes ni siquiera son recibidas para dialogar. Sabíamos, como todo el mundo, que esto se debía a la incompetencia de los funcionarios nombrados, empezando por el propio ministro Jorge López, así como al imperio de las redes de corrupción en este sector.

Precisamente el domingo último, un programa periodístico reveló una investigación que claramente lo confirmaba al poner al descubierto al ministro de Salud como centro de una operación de lavado de dinero mediante la modalidad del “pitufeo”, utilizando para ello al personal del ministerio, a fin de comprar un departamento al contado para su expareja.

Claro, pues, qué atención le va a poner a los problemas del ministerio y los pacientes, qué diablos le va a importar mejorar la triste situación de la salud pública y las penalidades de los enfermos, si el señor ministro está más ocupado en hacer chanchullos y negocios personales nada santos, desde su propio despacho de la avenida Salaverry. Qué otras operaciones habrán urdido en los siete meses que llevaba en el cargo hasta que lo cogieron en una donde su responsabilidad es tan clara e innegable que el propio presidente Castillo, oh sorpresa, prefirió destituirlo de inmediato para evitar un mayor y nuevo escándalo.

Porque la responsabilidad por la llegada de un tipo como Jorge López al cargo de ministro de una cartera tan sensible la comparten claramente Pedro Castillo, que lo nombró, y Vladimir Cerrón, que lo propuso pues pertenece a su entorno y el Ministerio de Salud es parte de su cuota en el gobierno, como quedó claro desde que puso allí al inefable doctor “Agüita” con la bendición del profesor. Cuando este debió ser reemplazado por incompetente y nulo, dada la presión de la protesta ciudadana, dejaron en el puesto al mismo que “Agüita” había llevado como viceministro, Jorge López, para que todo siga igual.

Pedro Castillo y su socio Vladimir Cerrón sabían bien a quién ponían al mando del ministerio. Porque ya entonces era conocido públicamente que Jorge López tenía varias investigaciones y procedimientos abiertos y en desarrollo por diversos motivos que no permitían augurar nada bueno para su gestión ministerial. A pesar de ello, Cerrón lo propuso y Castillo firmó su nombramiento y le tomó el juramento al ceñirle el fajín. Pedro Castillo no puede alegar inocencia sobre la designación de este señor a quien se apresuró a destituir apenas se aireó la denuncia del domingo, como no lo ha hecho antes con ningún otro impresentable.

Una de las investigaciones que Jorge López tenía en curso cuando Castillo lo nombró ministro, ponía en evidencia que este señor, cuando ocupaba la plaza de director del Hospital Nacional del Centro, había hecho que su empresa personal contratase con la entidad pública, es decir, hacía negocios particulares aprovechando su cargo público. Este solo antecedente, por el cual ya estaba bajo indagación, debió ser suficiente para que su nombramiento como viceministro del doctor “Agüita” y como ministro en reemplazo de este fuera rechazado. Pero Castillo hizo lo contrario. Ahora pretende limpiarse sacando a López apenas se hizo pública una denuncia escandalosa.

Vladimir Cerrón, por su parte, ha asumido la defensa de López, aceptando que se le investigase mientras hubiera “duda razonable”, pero oponiéndose a su destitución. Al haberse efectuado esta, sin consultarle, se pone en plan de crítico de Castillo con la evidente finalidad de defender la posesión del Ministerio de Salud como parte de “su territorio”: su chacra, pues, donde finalmente él impera… con las muy lamentables y graves consecuencias que los innumerables pacientes deben sufrir a diario en un sistema de salud en colapso.

Hasta el momento de escribir esta nota, no se conocía aún quién sería el sustituto de Jorge López. Vladimir Cerrón presiona a fondo para que el nombramiento recaiga sobre uno de los suyos. Si así ocurre, no solo se perderá una oportunidad de adecentar y encarrilar el ministerio, sino que habrán puesto a alguien que se encargará de encubrir todo lo que la red de corrupción de Jorge López y Perú Libre ha tejido en estos meses de dominio. En verdad, el Ministerio de Salud no solo requiere echar a Jorge López, sino una limpieza general y una reorientación a fondo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 609 año 13, del 28/10/2022, p15

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Perú: Todos tenemos problemas de salud mental

Jorge Bruce

Hoy, lunes 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Sabemos de sobra que esas conmemoraciones son eminentemente simbólicas, puesto que no vienen acompañadas de medidas eficaces. No obstante, nada se pierde reflexionando al respecto.

La República publicó este domingo un editorial alertando acerca de la estigmatización de las personas con trastornos de salud mental. Permítanme abundar sobre este asunto.

El estigma con el que discriminamos a las personas que padecen dificultades ostensibles de salud mental -léase patologías graves o evidentes- proviene del miedo que tenemos a reconocernos en ellas. La pandemia de COVID trajo una serie de efectos que fueron haciéndose evidentes de manera gradual. El aumento exponencial de los trastornos de ansiedad generalizada, depresión, violencia doméstica, feminicidios o suicidios, fue uno de estos.

Uno de los mejores predictores de las posibilidades de padecer alguno de estos flagelos, a consecuencia de la pandemia, es el estado de salud mental en el que nos encontrábamos antes de que esta se desencadene.

En lo que respecta a los niños, una de las poblaciones más duramente afectadas, el Child Mind Institute de los Estados Unidos publicó lo siguiente: “un menor que tres meses antes de la pandemia tenía un diagnóstico de, por ejemplo, depresión, tiene más probabilidades de haber tenido problemas graves de salud mental durante la pandemia que uno sin este diagnóstico”.

Otro factor relevante es el estado de la situación familiar durante la pandemia. La inestabilidad económica, emocional o una temible y nada inusual combinación de ambas, afectan con certeza a los adultos. Sin embargo, el impacto ha sido mayor en el grupo infanto-juvenil. Aproximadamente el 70 % de los menores informan de algún grado de malestar psicológico, con sentimientos de soledad, irritabilidad o inquietud y, el 55 % de niños y niñas se han sentido más tristes, deprimidos e infelices, en comparación con el 25 % de adultos.

Paradójicamente, los más jóvenes son más optimistas respecto del futuro. ¡Vaya que necesitamos de esa mirada esperanzadora en el Perú de hoy!

Cuando más arriba afirmaba que la raíz del estigma es el miedo, me refería a que nadie está libre de algún nivel de desbalance en su salud mental. Si queremos comprender por qué se aísla y olvida a los “locos”, con diversas variantes modernas de la Stultifera Navis (la nave en la que se les enviaba sin rumbo al río), la respuesta nos aguarda en el espejo.

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Perú: La salud se conquista

Ronald Gamarra

El derecho a la salud se encuentra en una situación lamentable en nuestro país. Existe de manera muy precaria para muchos y prácticamente es inexistente para un enorme número de personas. Lo podemos comprobar cada día, lo padecemos a cada instante en los centros hospitalarios carentes del equipamiento necesario y de los profesionales que se requieren, en el sistema dislocado e incoherente de centros médicos, la cobertura siempre corta y limitada, la escasez de medicamentos básicos, el desamparo casi total de las enfermedades raras y huérfanas.

Teóricamente, en los papeles, la situación es de maravilla. Cojonuda. El derecho a la salud está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado. Está en las leyes y las normas reglamentarias fundamentales que rigen el sector salud. Según el armazón legal, los ciudadanos están premunidos de derechos y protecciones específicas que cubren y atienden sus necesidades de atención de la salud, y se ha avanzado de manera importante en el camino hacia la universalización de los seguros de salud.

Pero todo ese avance –en muchos casos, demasiados– solo está en los papeles. La realidad es la gran prueba de que el sistema institucional de salud del país es incapaz, falla y colapsa por todas partes, desde el nivel financiero, al administrativo y a la atención misma en las salas de hospitales y postas. Cuando una persona enferma no solo debe afrontar el sufrimiento propio de la dolencia; a ello le debe añadir el padecimiento de afrontar a cada instante, a cada paso, el fracaso de un sistema que no merece llamarse así porque lo gobierna el caos.

La situación es tal cual tanto en el subsistema del Ministerio de Salud como en el subsistema de la seguridad social EsSalud, dirigidos por burocracias que no dan la talla y que no parecen tener mayor identificación con los objetivos del derecho a la salud. Para peor, los pocos funcionarios competentes y sensibles están siendo sustituidos por gente sin preparación ni motivación. La universalización de la atención de salud no pasa de ser una mera declaración si no se sustenta con la asignación de los recursos necesarios para que sea una realidad efectiva y válida.

En nuestro país se ha impuesto, en la realidad, una división en la provisión de servicios a la población. Por un lado, está el sector de los que pueden pagar seguros privados caros, con atención de cierta calidad (que a veces ni siquiera es tal, como lo demuestran preocupantes denuncias sobre la mala cobertura de varias pólizas). Por otro lado, tenemos el sector público, conformado por el Ministerio de Salud y EsSalud, con una atención precaria, insuficiente, incómoda, mortificante y, con frecuencia, tardía o ausente.

Es en este escenario de emergencia donde, en los últimos años, ha entrado a tallar un actor que siempre estuvo allí, pero casi siempre en silencio: el paciente. Pues al paciente se le acabó la paciencia. O se le está terminando aceleradamente. Los pacientes se están reuniendo, se están uniendo y se están organizando, compartiendo sus experiencias personales, individuales, para emprender ahora una práctica comunitaria, compartida, que socialice los problemas que cada uno padece individualmente y exija a las autoridades la atención efectiva de sus demandas.

La vida nos enseña que, en nuestro país, la atención de la salud con calidad y eficiencia tiene que ser conquistada por los propios pacientes. Y por la población en general, en la medida en que todos seremos pacientes algún día y tal vez más de una vez. Si dejamos este problema a los políticos, se impondrá la desidia; más bien, hay que exigirles a ellos con energía que hagan lo que deben hacer. En tal sentido, quisiera resaltar la labor que vienen cumpliendo los colectivos de pacientes que están surgiendo –como Los Pacientes Importan– y empiezan a cambiar las reglas de juego, por el respeto al derecho a la salud.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°604, del 23/09/2022   p

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Las enfermedades infecciosas empeoran debido al cambio climático

Claudia Mazzeo

Más del 58 por ciento de las enfermedades humanas causadas por patógenos, como el dengue, la hepatitis, la neumonía, la malaria y el zika se han visto agravadas por el cambio climático, según un estudio publicado este mes de agosto en Nature Climate Change.

Los hallazgos se producen en momentos que muchas regiones del mundo atraviesan sequías y olas de calor sin precedentes, y cuando el mundo aún enfrenta la devastadora pandemia de covid-19 de 2020-2021.

“Sabíamos de antemano que había un vínculo entre el cambio climático y las enfermedades causadas por patógenos, pero nuestra motivación fue cuantificar ese efecto, conocer cuán grande era”: Camilo Mora.

“Dadas las amplias y generalizadas consecuencias de la pandemia de COVID-19, es verdaderamente aterrador descubrir la enorme vulnerabilidad  de la salud resultante de las emisiones  de gases de efecto invernadero”, dijo a SciDev.Net Camilo Mora, autor principal del estudio y profesor del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la estadounidense Universidad de Hawái.

Los investigadores de esa casa de estudios ubicada en Manoa buscaron sistemáticamente en las investigaciones publicadas casos probados de enfermedades infecciosas afectadas por eventos del cambio climático, como calentamiento, inundaciones, sequías, tormentas, cambios en la cobertura natural de los suelos y cambios en el clima de los océanos.

Calcularon el impacto de las enfermedades juntando tres factores no relacionados previamente: qué tipo de agente enfermó a las personas, por ejemplo si fue una bacteria o un virus; cómo contrajeron la enfermedad (a través de vectores, los alimentos o el agua); y cualquier evento de cambio climático que podría haber impactado, como lluvias, sequías o calentamiento.

El equipo revisó más de 70 000 artículos, y encontraron que 218 de 375 enfermedades infecciosas se habían exacerbado por el cambio climático.

“Sabíamos de antemano que había un vínculo entre el cambio climático y las enfermedades causadas por patógenos, pero nuestra motivación fue cuantificar ese efecto, conocer cuán grande era”, señaló Mora.

“Fue prácticamente un shock ver cómo creció la base de datos que armamos con esas conexiones; es aterrador saber que 58 % de enfermedades pueden ser afectadas por el cambio climático”, subrayó.

Encontraron que el incremento de temperaturas aumentó el área en la que están activos los organismos causantes de las enfermedades, generalmente las transmitidas por insectos, como dengue, chikungunya, enfermedad de Lyme, virus del Nilo occidental, tripanosomiasis, equinococosis y malaria.

También hallaron que algunos eventos climáticos como inundaciones, aumento del nivel del mar y tormentas acercan los patógenos a los humanos, causando leptospirosis, fiebre de Lassa, giardiasis, gastroenteritis, cólera, neumonía y hepatitis, entre otros.

Una “caja de Pandora”

El análisis genético de un brote de ántrax en el Ártico sugiere que la cepa bacteriana pudo haber emergido del cadáver de un animal desenterrado cuando el suelo congelado se derritió, y los investigadores temen que el deshielo del permafrost pueda abrir una “caja de Pandora” de antiguas enfermedades.

También comprobaron que los virus pueden fortalecerse después de exposiciones a olas de calor, a medida que reducen la eficacia del mecanismo de defensa del organismo: la fiebre.

Silvana Goenaga, profesora de ecología y zoonosis de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, quien no participó en el estudio, comentó que “un aspecto notable de esta investigación es remarcar que los eventos climáticos generan un incremento en el contacto de diversos patógenos con las poblaciones humanas”.

“Los autores destacan que los aumentos en las temperaturas globales generan una expansión geográfica de artrópodos como los mosquitos y garrapatas, que actúan como vectores (transmisores de enfermedades) de agentes virales, bacterias y parásitos (dengue, rickettsiosis, malaria). A su vez dichos aumentos también aceleran los ciclos reproductivos de los artrópodos y de los ciclos de replicación de agentes virales transmitidos por ellos”, remarcó Goenaga.

“Es imperativo intensificar los programas de control de vectores y la vigilancia de los sistemas públicos de salud. Debemos conocer la nueva distribución de los vectores y estar alerta a las nuevas patologías que podrían aparecer”, demandó.

Mora, por su parte, destacó: “Nuestra investigación ha demostrado que no se trata de especulaciones sino de números reales. Para enfrentar esta problemática necesitamos reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y eso requiere de acciones agresivas y urgentes”.

Este artículo se publicó originalmente en SciDevNet.

https://www.leerydifundir.com/2022/09/las-enfermedades-infecciosas-empeoran-debido-al-cambio-climatico/