Perú: El fujimorismo empuja la ley Chlimper 2.0

Pedro Francke

"Del 2018 al 2023 los salarios reales en este sector cayeron año tras año"

Hemos insistido bastante, junto a un conjunto amplio de economistas de diversas tendencias, sobre el problema que traerían las exoneraciones tributarias para las grandes agroexportadoras que este Congreso ha aprobado en primera votación. Son 20 mil millones de soles de regalo a estas empresas, a las que les va muy pero muy bien, agravando un déficit fiscal que está fuera de control. Esos 20 mil millones de soles significan que la educación básica y superior, la salud pública y las carreteras e infraestructura no van a tener los recursos que necesitan con urgencia. Toda la población, pero en especial el pueblo trabajador y los más pobres, va a ser afectada.

Para defender esta ley, el lobby que promueven las grandes agroexportadoras repite que este sector genera empleos. Sabemos que en las pymes hay más empleos y que las agroexportadoras no necesitan este regalazo para crecer, porque efectivamente sin él han seguido acumulando. Pero hay que aclarar también que sus trabajadores no son bien tratados. La remuneración promedio que pagan es de apenas 1,300 soles mensuales, y eso que sus trabajadores no cobran gratificación ni en julio ni en diciembre y no tienen una cuenta CTS a la que aporte el empleador. No es casualidad que tres de cada cuatro trabajadores de la agroexportación sean menores de 30 años, jóvenes que en nuestro país sufren mayor explotación, y el 40 por ciento sean mujeres, las que son discriminadas salarialmente.

Además, 94% de los trabajadores de la agroexportación tienen contratos temporales, a pesar de que más de dos tercios de ellos realizan labores de naturaleza permanente. Solo el 6% tiene un contrato estable, cifra que se reduce año tras año. De esta manera la sindicalización y negociación colectiva se vuelven imposibles, ya que a quien trata de promover la organización de los trabajadores lo despiden apenas se enteran, aunque a ese abuso legalmente no se le llama “despido” sino que es una “terminación del contrato”. El resultado es que en las dos décadas entre el año 2000 y el 2020 la productividad promedio por trabajador agropecuario creció 50 por ciento pero los salarios no lo hicieron de igual manera. En los últimos años ha sido peor: del 2018 al 2023 los salarios reales en este sector cayeron año tras año, alcanzando una reducción cercana al 30 por ciento.

A pesar de esta situación realmente deplorable, la ley Chlimper 2.0 a favor de las grandes empresas agroexportadoras limitaría la fiscalización laboral. En efecto, según este proyecto la Superintendencia de Fiscalización Laboral –SUNAFIL– solo podría hacer apenas una de cada cuatro inspecciones a las grandes agroexportadoras, como si tuviera sentido mandar a esos fiscalizadores a que vean si en una chacra de media hectárea de Huancavelica la familia que se encarga sola de sus cultivos y animales está cumpliendo las leyes laborales. Es obvio lo absurdo de esta medida. ¿Y por qué este Congreso la ha aprobado así? Porque el resultado será que mientras la SUNAFIL tendrá que dedicarse a esas inspecciones inútiles y absurdas a los microproductores familiares en vez de fiscalizar a las grandes exportadoras, se impedirá así que el Estado actúe frente a las muchas denuncias de incumplimiento del pago de beneficios laborales, desnaturalización de los contratos temporales, prácticas antisindicales, malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, etc.  Está clarito: esta ley Chlimper 2.0 busca que los agroexportadores puedan explotar aún más a sus trabajadores y por eso sus federaciones sindicales se oponen a esta norma inminente.

Hay más, ya que quienes sostienen las fenomenales ganancias agroexportadoras no son sólo los trabajadores del campo. Resulta que desde hace varios años esas empresas contribuyen a EsSalud con tres por ciento menos que todas las demás empresas del país y de lo que debe aportar quien contrata a una trabajadora del hogar. Eso genera un hueco económico a EsSalud de cerca de S/ 400 millones anuales, que lo terminamos pagando todos los asegurados porque faltan médicos, medicinas y equipos, y por eso hay meses de espera por una cita, faltan remedios y una tomografía o una endoscopía te la hacen varios meses después, aunque sean urgentes. Que los trabajadores de todo el país subsidiemos a unas pocas grandes agroexportadoras es absolutamente injusto, pero así sucede el día de hoy.

Recordemos, por otro lado, que nueve de cada diez trabajadores de la agricultura peruana no están en estas grandes empresas sino en la pequeña chacra bajo gestión familiar, donde hay cerca de 4 millones laborando. Pero para ellos, esta Ley Chlimper 2.0 no ayuda para que tengan un título de propiedad, no les facilita un crédito para que puedan comprar una maquinaria o modernizarse, no les da más acceso a semillas mejoradas y fertilizantes ni les ayuda a trasladar sus productos por mejores caminos. Al revés: quitándole 20 mil millones de soles al fisco lo que se “logra” es que las condiciones presupuestales para cualquier programa de apoyo a la agricultura familiar sean más difíciles. Encima, la ley Chlimper 2.0 permite la privatización del agua, como para que las grandes agroexportadoras cometan otro abuso contra la agricultura familiar.

Dicho todo esto, ¿por qué ha avanzado esta ley Chlimper 2.0? Keiko Fujimori ya recibió, en años anteriores, cientos de miles de dólares de los hermanos Rodríguez Banda, dueños de Gloria, 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, quien es dueño de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar y ha mantenido estrechas vinculaciones con el grupo Oviedo, además del propio Chlimper. ¿Podemos pensar que esto no tiene nada que ver con la feroz insistencia del fujimorismo para aprobar esta ley? “Poderoso caballero es don dinero”, escuché alguna vez, y este caballero agroexportador ha venido consiguiendo muchas cosas de este gobierno y sus congresistas aliados, en especial del fujimorismo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025

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Perú: Déficit mental

Pedro Francke

"Nos están endeudando al ritmo de lo que cada lobby logre pactar con las mafias congresales"

El gobierno mantiene un déficit fiscal que excede reiteradamente el tope máximo establecido por ley y que este año superaría los 28 mil millones de soles, que deberán ser cubiertos por nuevos préstamos que se sumarán a la deuda pública. A pesar de eso, junto al Congreso, insiste en regalarle 20 mil millones de soles a las grandes agroexportadoras. Sería desastroso. Repasemos la situación.

Este Congreso aprobó el 2022 una ley para que el tope del déficit fiscal fuera del 2,4 por ciento del PBI el 2023 y 2,0 por ciento el 2024. El gobierno de Dina Boluarte incumplió la meta del 2023, cuando su déficit estuvo 3 mil millones de soles por encima del tope legal. La razón: los ingresos tributarios se desplomaron gracias a exoneraciones tributarias y a que este Tribunal Constitucional, amigazo del Congreso, fue recontrarregalón con quienes tienen miles de millones de deudas con la Sunat. El año pasado 2024 fue peor. El Congreso, sabiendo que iban a volver a incumplir el tope del déficit, delegó en Dina Boluarte la facultad de que ella misma se diera una ley permitiéndose uno mayor. En julio el gobierno se puso el nuevo tope en 2,8% del PBI para 2024 y 2,2% del PBI para 2025. Es decir, se aumentó el déficit fiscal en unos 9 mil millones de soles, en un año en el cual los precios del oro y el cobre ya eran récord y con eso el fisco lograría mayores ingresos. Pero a pesar de que el nuevo tope se lo puso cuando ya había pasado más de la mitad del año, lo incumplió por 8 mil millones de soles por encima de los 9 mil millones que se habían otorgado como déficit adicional permitido. Ella y su ministro Arista lo hicieron rompiendo la ley que lleva su propia firma, pero el Congreso no movió una ceja. Siendo cogobierno, no es de extrañar. En este caso, además de Acuña y Keiko, López Aliaga también está en el negocio porque parte de ese déficit es de la Municipalidad de Lima, a la que se le dio el permiso especialísimo, del que solo goza esta provincia y nadie más, de endeudarse sin límite.

Para este año el déficit fiscal, según la meta reajustada por el gobierno de Boluarte el año pasado, no debía sobrepasar los 25 mil millones de soles. Como dijimos, cada sol de déficit es más deuda pública que deberemos pagar los peruanos a futuro. Ya en marzo pasado una misión del FMI les dijo que así como iban se iban a pasar la meta por unos 4 mil 500 millones de soles y fue muy nítido señalando que “Iniciativas legislativas han introducido costos fiscales importantes que dificultan el cumplimiento de las metas fiscales y que reducen la transparencia fiscal. Propuestas de exoneraciones de zonas económicas con cero de impuestos y para las agroexportaciones erosionarían aún más la base tributaria”. A pesar de eso, ahora, junto al fujimorismo, las grandes agroexportadoras presionan para que se les entregue 20 mil millones mediante nuevas exoneraciones tributarias. Ya lograron aprobarlo en primera votación en el Congreso. De ese monto, sólo una decena de grandes empresas se llevarían 4 mil millones. Esto es más del doble de lo que invierte anualmente el gobierno central en centros de salud y hospitales y el triple de lo que gasta en obras de saneamiento. 

Ante lo evidente, el ministro de Economía dijo que el déficit será mayor de lo que dice la ley que este mismo gobierno dictó. Ha pedido subir el tope del déficit hasta 28 mil millones, pero nada indica que cumplirían ese nuevo límite. Ya el Congreso aprobó una ley entregándole 10 mil millones de soles a los municipios para favorecer a los acuñistas, y Pérez-Reyes les dio su respaldo con argumentos absurdos, terminando de destruir la credibilidad fiscal de este gobierno. Nos están endeudando al ritmo de lo que cada lobby logre pactar con las mafias congresales.

Mientras tanto, debido a un elevadísimo endeudamiento la Municipalidad de Lima ha visto rebajada su clasificación crediticia a “bonos basura”. La indicación es clara de adónde nos llevan esas políticas. ¿Esto es inevitable? Que se puede hacer distinto lo demostramos en nuestra gestión en el MEF el 2021. A junio de ese año se proyectaba que el déficit fuera 5,4 por ciento del PBI y logramos reducirlo en casi 3 puntos cobrando deudas tributarias. Es cuestión de poner al Perú por delante.

Los defensores de estas mayores exoneraciones tributarias para los grandes agroexportadores dicen que son indispensables para que el sector siga creciendo. Pero lo sucedido estos años demuestra que eso es falso. El 2024 no tuvieron esas altísimas exoneraciones y las agroexportaciones aumentaron 2 mil 200 millones de dólares, un 24 por ciento, ritmo muy acelerado de crecimiento. En lo que va de este año 2025 se han incrementado en otro 25 por ciento adicional, siempre sin esa ley por la que están haciendo un lobby feroz, y eso que nuestros productos que van a Estados Unidos han debido enfrentar los aranceles que nos clavó Trump del 10 por ciento (a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio firmado). ¿Cómo entonces puede ser cierto que los agroexportadores necesiten esas exoneraciones especiales para seguir creciendo, cuando sin tenerlas han hecho grandes negocios e invertido incluso en condiciones internacionales desfavorables? No tiene lógica.

La realidad no respalda los argumentos de sus lobistas. Las grandes agroexportadoras están haciendo muy buen negocio, tienen ingresos de cientos de millones de dólares y abundantes fondos para invertir. Lo que el país necesita es que traten con justicia a sus trabajadores, resguardando su salud y sus derechos, y una buena política de irrigaciones y apoyo a la agricultura familiar con crédito, asistencia técnica y promoción de su asociatividad.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 20/06/2025

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Perú: Respaldar a los pequeños agricultores

Pedro Francke

"Sólo al 20% de ellos el Estado les ha otorgado un título de propiedad"

A la agroexportación peruana le va cada vez mejor. El año pasado aumentó en más de dos mil millones de dólares, un fuerte crecimiento del 22 por ciento que la llevó hasta los USD 12,400 millones. Es un negocio donde predominan grandes empresas terratenientes que tienen un lobby bien aceitado en busca de que les rebajen impuestos de manera especial y les den aún más facilidades para explotar a sus trabajadores. Pero no confundirse: el 95% de las unidades agropecuarias son de pequeño tamaño sumando 2 millones 200 mil familias. En ochocientos distritos de sierra y selva más de la mitad de trabajadores se dedica a la agricultura, muchos de ellos en pobreza.

Es este sector el que nos alimenta. Los pequeños agricultores, con menos de diez hectáreas, producen el 64% del choclo, el 56% de la quinua, el 55% de las frutas, el 59% de las hortalizas, y la lista sigue y sigue. Ellos mantienen una gran variedad de papas y productos que dan sustento y calidad a nuestra gastronomía. Resisten de esa manera a una creciente dependencia de importaciones en rubros como los cereales, de los que importamos el 54% de lo que consumimos (especialmente maíz, trigo y avena), productos que en varios cientos de millones de dólares vienen subsidiados de Estados Unidos, en una competencia desleal, y que en otra proporción importante proceden de países como Argentina y Brasil.

Mientras Estados Unidos aplica subsidios enormes a su agricultura, en el Perú el presupuesto que se dedica a apoyar a los pequeños agricultores peruanos es ínfimo. Sólo al 20% de ellos el Estado les ha otorgado un título de propiedad, menos de uno de cada tres tiene semillas mejoradas, ni siquiera la mitad usa alguna maquinaria o aplica fertilizantes y nueve de cada diez no recibe asistencia técnica alguna. Ese mismo porcentaje ni siquiera intenta sacar un crédito porque los intereses son muy altos o “sabe que no se lo darán”. La banca privada, altamente concentrada, no considera rentable apoyar el agro. Llevamos treinta años de una política neoliberal que maltrata a los pequeños agricultores. No es casualidad que se trate principalmente de familias con raíces indígenas, despreciadas por un Estado oligárquico y centralista. El resultado es baja productividad y pobreza.

Quienes sí han recibido enormes subsidios del Estado han sido los grandes agroexportadores. Hoy tienen grandes extensiones no porque hayan invertido en irrigaciones sino porque el Estado las ha construido y les ha entregado las tierras. El grupo Gloria, beneficiado además por los remates que hizo Fujimori de las antiguas cooperativas azucareras, se ha apropiado de más de 52 mil hectáreas y el grupo Romero de otras 19 mil. Tampoco es casualidad que las cabezas de estos grupos en los años noventa eran visitantes asiduos de Vladimiro Montesinos en la salita del SIN y luego hayan contribuido con varios millones a las campañas de Keiko Fujimori. Mientras, en la sierra, más de dos terceras partes de los campesinos tienen que cultivar sin un canal de riego que les asegure el agua, dependiendo de que la lluvia llegue a tiempo y bien, condiciones en las cuales es mucho más difícil avanzar con nuevas tecnologías.

Bajo estas circunstancias de enorme desigualdad es que los gobiernos de Toledo y García firmaron un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que favorecía a la agroexportación pero golpeaba a los pequeños y medianos agricultores nacionales que venden en el mercado interno. A sabiendas de que la agricultura norteamericana es altamente tecnificada, tiene grandes planicies de buena tierra y goza de fuertes subsidios de su gobierno que establecen una competencia desleal, se permitió que entraran al Perú sin una protección justa de nuestro mercado. Así, el sector algodonero apreciado que existió alguna vez en el Perú terminó quebrando tras el TLC.  Hoy en día, la importación de miles de toneladas de trigo estadounidense subsidiado empuja a la baja el precio de la papa, camote y demás tubérculos, agravando la pobreza rural. Todo ese trigo se convierte en alimentos industrializados –galletas, fideos, etc.– producidos por el monopolio que tiene el grupo Romero mediante su empresa Alicorp y contribuyen a agravar el creciente problema de obesidad que tenemos en nuestro país.

Un cambio indispensable en el Perú es la necesidad de una política de apoyo a la agricultura familiar y de mediana producción. Esto debe incluir productos dedicados a la exportación como café, cacao, mango y paltas, entre otros, a los que se debe respaldar con créditos accesibles, promoción de nuevas tecnologías y mucha iniciativa comercial para colocar variedades ecológicas y orgánicas en diversos mercados del mundo. Algunos como los productores de cacao se han beneficiado de buenos programas, han logrado avances importantes y lentamente se va desarrollando la industria del chocolate nacional. Pero hay otros sectores como los alpaqueros, que son decenas de miles de familias campesinas, a quienes se les ha dado la espalda, no se ha invertido en mejorar sus pastos y ganado y se les ha dejado en manos de grandes monopolios comercializadores.

Ahora que los Estados Unidos ha roto unilateralmente un tratado firmado con el Perú imponiéndonos aranceles sin respetar el TLC, debemos por nuestra parte defender mejor el mercado interno y nuestra soberanía alimentaria. Debemos darle prioridad y respaldo a quienes ponen los alimentos peruanos en nuestra mesa, con un gran programa de mejora de la productividad de la agricultura familiar que multiplique los rendimientos por hectárea. Eso permitiría al mismo tiempo sacar de la pobreza a millones de peruanos en la sierra y selva y poner alimentos más baratos en la mesa popular. Es ahí adonde debe orientarse el presupuesto público y no a regalarles otros veinte mil millones de soles en exoneraciones tributarias a los grandes agroexportadores.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 729 año 15, del 18/04/2025

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Perú: Cuatro casos y un patrón

Pedro Francke

Cae el techo del Real Plaza Trujillo; colapsa el puente Chancay; Telefónica en semiquiebra; Congreso a punto de regalar 20 mil millones de soles a los agroexportadores. Estos cuatro casos tienen una base común. Revisemos.

Una desgracia reciente en Trujillo con seis fallecidos y decenas de heridos. Su propietario es Carlos Rodríguez-Pastor (“CRP”), el mayor billonario del Perú. También es dueño de Interbank, multada tras haber cargado a 260 mil clientes unos consumos de manera duplicada sin darles ninguna explicación. La multa es ínfima, no pequemos de optimistas. En el caso del Real Plaza Trujillo, tras una fiscalización de la municipalidad provincial, el Congreso fujimorista aprobó una ley frenando esas acciones. Como se le escapó en una entrevista para este semanario a Carlos Neuhaus, el presidente del PPC, esa ley fue resultado de un lobby de los grandes empresarios que él dirigió. Luego de eso, la congresista Alejandra Tudela, de la ultraderecha “libertaria”, intentó que estos grandes centros comerciales solo fueran fiscalizados cada diez años. Terminemos esta revisión recordando que para apoyar la campaña de Keiko el 2011 Carlos Rodríguez Pastor entregó 200 mil dólares. ¿Acciones aisladas o lobby continuado?

Poco antes se cayó un puente en Chancay causando tres muertos y muchos heridos. Responsables son las empresas Aenza (antes Graña y Montero: GyM) y JJC (antes llamada JyJ Camet). Graña y Montero fue socia privilegiada de Odebrecht en varias de sus megaestafas en Perú y, tras el escándalo, cambió de nombre para camuflarse. Siguió en eso los pasos de JyJ Camet, quienes retiraron ese apellido de la razón social empresarial porque el fundador, Jorge Camet, fue ministro de Fujimori entre 1993 y 1997, tiempo en el cual multiplicó por cien sus contratos con el Estado y regaló impuestos por cientos de millones a transnacionales. JJC está acusada por la fiscalía de ser parte del “Club de la Construcción”, un cartel de corruptos que se repartía las obras del Estado entre 2011 y 2014. GyM ya reconoció que pagó coimazas en ese caso. Ambas forman una “alianza público-privada” que cobra millones de peajes en la única vía que va de Ancón a Huacho, Barranca y Pativilca pero, está a la vista, no hacen el mantenimiento mínimo necesario. Este gobierno no les ha dicho nada ni considera ponerles una multa o cortarles el contrato luego de tres muertos. Pensando en los antecedentes de estas empresas, ¿sería locura imaginar que ha habido lobby y corrupción?

Telefónica ha planteado un “proceso concursal”, extraño término que significa simplemente que no pagará sus deudas. En lenguaje popular: perro muerto. Salimos perdiendo los trabajadores que tenemos (obligados) dinero en las AFP, que, apoyadas por el fujimorismo, retienen nuestros ahorros forzosos. Hay la friolera de 1,100 millones de soles de nosotros, los trabajadores, prestados a Telefónica. La mayor parte corresponde a la AFP Prima, del grupo Romero, los mismos que le dieron 3 millones 700 mil dólares a Keiko en maletines llenos de billetes verdes. Telefónica ha sido bastante abusiva con el Perú: durante los años 1990 Fujimori le otorgó un monopolio y puso trabas a cualquier competencia, permitiéndole altas tarifas y enormes ganancias. Encima de eso Telefónica decidió no pagar los impuestos que le correspondían y cuando la Sunat la pescó, optó por hacer juicios y alargarlos todo lo posible. Aún debe miles de millones al fisco. Al mismo tiempo, misma colonia, todos estos años se ha llevado plata nuestra a España. Fueron 122 millones el año pasado con dos argucias. Un pretexto es que pagaban por la gran atracción de su marca, cuando acá todos odiábamos sus abusos. El otro cuento es que los españoles daban excelente apoyo a la gestión empresarial, pero estando ahora casi en quiebra es obvio que era un pretexto burdo. Mientras, gobierno y Congreso calladitos.

Finalmente, los grandes agroexportadores, cuyo negocio va viento en popa, presionan para que este Congreso les regale 1,900 millones anuales por una década. Mientras cualquier pequeño negocio paga 30% de impuesto a la renta, ellos han pagado la mitad de eso por veinte años y quieren seguir así. Es la llamada Ley Chlimper, firmada por este multimillonario agroexportador cuando fue ministro de Fujimori favoreciéndose a él mismo. Años después, José Chlimper estaría ayudando a elegir a Keiko con oscuras maniobras y moviendo maletines llenos de dinero. El actual ministro de Agricultura, otro fujimorista, apoya esta ley que regalaría varios millones a su esposa, que es terrateniente. Para empujar esa ley, el lobby agroexportador ha visitado a más de una treintena de congresistas. ¿Será que fueron con las manos vacías? El diario “La República” dice que el actual ministro de Economía favorece esta ley, aunque un informe oficial del MEF, firmado por su viceministro de Hacienda, indica que los beneficios se concentrarán en el 0,02% de grandes terratenientes que se llevarían el 92% del dinero. ¿Lo necesitan para prosperar? En absoluto: los megaterratenientes con ventas de más de 4 mil millones de soles anuales aumentaron el último año sus utilidades en 79%, acumulando 3,400 millones de ganancias el 2023, dice ese mismo informe del MEF. De aprobarse ese regalazo tributario se generaría un fuerte hueco fiscal adicional, mientras el ministro promete cumplir una fuerte reducción del déficit fiscal sin haber siquiera sugerido alguna medida con ese fin.

¿Qué tienen en común los cuatro casos? Está a la vista: que los grandes grupos empresariales son muy buenos y nada corruptos, que en el Perú el mercantilismo no existe, que lo mejor sería olvidarnos de cualquier regulación y privatizar todas las carreteras, hospitales y colegios porque los conglomerados monopólicos son muy eficientes y responsables y el único problema de la economía peruana es que el Estado es muy grande.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 722 año 15, del 28/02/2025

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De la Amazonía a Europa: Impactos del reglamento europeo de no deforestación en cadenas de valor del café y cacao

 

CIPERU

● La Unión Europea es un mercado de 400 millones de personas y uno de los principales destinos de exportación de nuestro cacao y café.

● Se presentó un informe que plantea el trabajo articulado entre los sectores público, privado y sociedad civil, con un enfoque en la sostenibilidad de ambas cadenas y sus productores, como una de las principales acciones para alinearse a esta nueva norma.

Este jueves 12 de octubre, se llevó a cabo el evento “De la Amazonía a Europa: Analizando el Impacto del Reglamento Europeo de la no deforestación en los sectores del Café y Cacao”, en la residencia del Embajador de los Países Bajos en Lima. Este espacio tuvo como objetivo evaluar las acciones a seguir para garantizar la conservación de los bosques al mismo tiempo que se logra la continuidad de las exportaciones de café y cacao peruanas al mercado europeo en el contexto del nuevo Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el café es el primer producto agrícola peruano de exportación y el Perú es el séptimo país exportador de café a nivel mundial. De la misma forma, el cacao hoy en día se viene posicionando en mercados internacionales como un producto de calidad y alto valor, además de tener un alto impacto social y económico en miles de familias productoras. El valor de las exportaciones a la Unión Europea de ambas cadenas sumó en el 2022 más de US$730 millones. Este panorama puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

Según el Parlamento de la Unión Europea, esta nueva regulación tiene como objetivo abordar el cambio climático y la pérdida de bosques y biodiversidad. Para lograrlo, se requiere que las empresas aseguren que sus productos no hayan causado deforestación o degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020, emitiendo una declaración de "diligencia debida".

“Esta regulación se debe a tres principales razones: la primera es el gran rol de la UE en la deforestación, pues se calcula que el 40 % de la deforestación es generada por la producción agropecuaria destinada a Europa; la segunda es que las certificaciones voluntarias no han sido suficientes para reducir la deforestación; y la tercera es que las empresas que están haciendo las cosas bien, están teniendo desventajas frente a aquellas que no hacen nada”, explica Gert van der Bijl, asesor en Políticas Públicas de la Unión Europea, para Solidaridad.

En este contexto, se ha desarrollado el Estudio de Impactos de la EUDR en las cadenas de café y cacao con el respaldo de Solidaridad y la Alianza Empresarial por la Amazonía, una plataforma liderada por USAID, el Gobierno de Canadá, y Conservación Internacional, bajo el marco del Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad (una iniciativa de la Coalición por una Producción Sostenible).

El estudio, presentado en el evento, dimensiona el impacto económico y social que tendría la regulación en dichos sectores e identifica los principales desafíos que enfrentarán los productores para poder alinearse a la norma y mantenerse en el importante mercado europeo. Estos desafíos son la obtención de información a nivel de finca, trazabilidad y monitoreo, la producción legal, de acuerdo con la legislación nacional del uso de la tierra, entre otros.

“Los sectores no están preparados para mantener las exportaciones a la Unión Europea, principalmente por falta de atención inicial de aquellos aspectos que requieren un trabajo coordinado del Estado, y con todos los actores”, señala Angélica Fort, gerente de Acuerdos Sectoriales para la Producción Sostenible para Solidaridad. “Un trabajo coordinado, no solo podría hacernos cumplir con la norma, sino incrementar nuestras exportaciones en los años siguientes. Requerimos una transformación sectorial hacia la competitividad y sostenibilidad, ya que el sector ha estado desarticulado por mucho tiempo.”

Diversos expertos presentes en el evento coinciden en que, para lograr esta transformación sectorial y la sostenibilidad a largo plazo, es necesario incrementar la rentabilidad y la productividad en el campo. Para ello, Fort menciona la importancia de un buen sistema de comunicación que informe sobre los costos de producción, promueva la formalidad, y facilite el acceso a tecnología y servicios para los productores.

El estudio también señala la importancia de trabajar articuladamente con el Estado y su responsabilidad para garantizar la seguridad jurídica en el corto plazo. Esta sinergia incluye la recopilación de datos y el monitoreo de la no deforestación, ambos requisitos indispensables para asegurar el cumplimiento de la norma.

Frente a estos desafíos, el gobierno peruano ha estado logrando avances notables, como la georreferenciación y empadronamiento agrario. "Tenemos la ubicación referencial de cerca del 80 % de los productores de cacao, café y palma en el Padrón de Productores Agrarios, aunque la mayoría de las parcelas aún no cuentan con una georreferenciación precisa", comenta Javier Martínez, director de la Dirección de Estudios Económicos del MIDAGRI.

Los representantes de diversos sectores presentes en el evento resaltaron la importancia de acercar el diálogo y la comunicación entre empresas, consumidores y productores, en miras a sectores más sostenibles. De esta manera, concluyeron, la regulación europea se podría presentar como una gran oportunidad.

https://ciperu.lamula.pe/2023/10/20/de-la-amazonia-a-europa-impactos-del-reglamento-europeo-de-no-deforestacion-en-cadenas-de-valor-del-cafe-y-cacao/ciperu/

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Perú: La Fujimori y su pacto sucio con las grandes agroexportadoras

Pedro Francke

Keiko tiene una larga relación con las grandes empresas agroexportadoras, a las que ha beneficiado con miles de millones en exoneraciones tributarias, recibiendo a cambio un billetón para sus bolsillos.

Esta historia tiene un hito inicial clave cuando en el año 2000, tras la re-re-reelección fraudulenta de Alberto Fujimori, el dictador con su ministro José Chlimper sacaron una ley con miles de millones de exoneraciones y beneficios a los grandes agroexportadores. Esta ley les daba a estos empresarios beneficios especiales que les permitieron pagar la mitad del impuesto a la renta que todos los demás sectores, concepto por el cual solo en el último año de vigencia, el 2019, se llevaron a sus bolsillos 383 millones de soles del estado. Además a sus trabajadores no les daban gratificaciones en julio y diciembre ni les hacían depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También pagan menos contribuciones a EsSalud que cualquier otro empleador: el 2019 fueron 250 millones que se llevaron gracias a este beneficio, afectando la atención a todos los asegurados, ya que significa menos medicinas, menos médicos y menos hospitales en EsSalud.

Esta ley Fujimori – Chlimper permitía también que las empresas agroexportadoras contraten trabajadores a plazo fijo sin ningún tipo de límites, mecanismo que les permite despedir sin ninguna cortapisa y así impedir todo intento de sindicalización. Estas condiciones de sobreexplotación fueron las que llevaron a las grandes protestas de los trabajadores de la agroexportación a fines del año pasado, con cierre de la carretera panamericana por varios días y que terminaron con tres muertos y decenas de heridos.

Estos enormes beneficios a las grandes agroexportadoras debían terminar el 2021, pero el congreso anterior bajo la mayoría de la bancada de Keiko aprobó un proyecto de ley, primero en comisiones y luego en el pleno del congreso, para que siguieran vigentes hasta el 2031, a un costo para el estado de más de 5 mil millones de soles. Antes, en agosto 2018, la propia Keiko había apoyado estos enormes subsidios a las agroexportadoras.

CHLIMPER

No es por gusto que Keiko se ha movido activamente para dar estos millonarios beneficios a las agroexportadoras. Keiko tiene varios nexos con el sector agroexportador, siendo el más importante José Chlimper, el  ex – secretario general de Fuerza Popular y dueño de la empresa Agrokasa. Chlimper donó 200 mil soles a la campaña de Keiko el 2011 y otros 200 mil el 2016. Pero ha hecho otros operativos que revelan su gran cercanía con Keiko: fue él quien llevó 210 mil dólares en efectivo en un maletín al dueño de RPP, Hugo Delgado, como pago de propagandas. Ese año Keiko había recibido un millón de dólares de Odebrecht, también en maletines en efectivo, cuando Chlimper era director de Graña y Montero, la constructora peruana corrupta socia de Odebrecht en varias coimas. Está claro que han manejado juntos mucho dinero sucio. La relación de Keiko con Chlimper se profundizó cuando el 2016 Chlimper fraguó unos audios intentando limpiar a Joaquín Ramírez, entonces secretario general de Fuerza Popular, de la acusación de narcotraficante investigado por la DEA. Esos audios los difundieron en Panamericana TV pero se descubrió que eran manipulados y falsos. Luego de todas esas fechorías, Chlimper recibió como premio por la mayoría fujimorista del Congreso el ser nombrado director del BCR, donde aún decide y cobra.

En cuanto a los beneficios de Chlimper con la ley de agroexportación aprobada por él mismo, su empresa Agrokasa tenía 4,700 trabajadores a los cuales con esa ley dejó de pagarles cerca de 23 millones de soles anuales a pesar de que tenía activos por 240 millones y utilidades anuales por 35 millones de soles.

OVIEDO

En el sector agroindustrial también está el grupo Oviedo para el cual trabaja Antonio Becerril, dos veces candidato por Fuerza Popular al gobierno regional de Lambayeque y hermano del ex- congresista Héctor Becerril. Edwin Oviedo se apoderó de las azucareras Tumán y Pomalca gracias a jueces corruptos que nombraron como administradores de esas empresas a delegados suyos como Héctor Becerril. Gracias a eso Oviedo controló dos enormes empresas obteniendo una millonaria renta mientras no pagaba sus contribuciones a Essalud ni la SUNAT y se beneficiaba de ley de agroexportación Fujimori-Chlimper.

Gracias a los audios grabados por el seguimiento a “los cuellos blancos del Callao” se ha conocido que Héctor Becerril vinculó al ex – juez supremo corrupto César Hinostroza con Edwin Oviedo, habiendo un pacto entre estos dos mediante el cual Hinostroza ayudaba a Oviedo en las acusaciones fiscales en su contra y a cambio Oviedo le pagaba 3 mil soles mensuales y le daba entradas para el mundial de fútbol (Oviedo era presidente de la FPF entonces). Cuando Oviedo enfrentó investigaciones el 2017, el congresista Becerril llegó a presionar a la fiscalía para favorecerlo. Becerril también coordinó con Hinostroza días antes de que la sala de la Corte Suprema presidida por él fallara a favor de Keiko Fujimori en una demanda para que se cerrara la investigación en su contra por el caso de “los cócteles” –una de las formas como justificaban aportes ilícitos a su campaña. El mismo Hinostroza se reuniría con la “señora K”, según lo indican los audios y lo ha confirmado Antonio Camayo de Iza Motors. Todo un entramado de relaciones entre empresarios corruptos, jueces corruptos, la familia Becerril y Keiko.

“LECHE GLORIA” Y LOS RODRIGUEZ BANDA

Podemos añadir entre los beneficiados de la ley de agroexportación al grupo Gloria, propiedad de los hermanos Rodríguez Banda, unos de los mayores millonarios del Perú, quienes son dueños de 90 mil hectáreas, la mayor concentración de tierras en la costa jamás vista en el Perú, parte de ellas comprada a precio huevo durante el fujimorato. Ellos tienen una historia negra previa con Alberto Fujimori, ya que en un vladivideo de 1999 se ve cómo Vladimiro Montesinos le cuenta a varios generales del ejército como iba a financiar la campaña de reelección. Vladimiro dice en ese video que “(Vito Rodríguez) me ha regalado 10 carros para patrullar en Arequipa y él va a pagar el millón de dólares que cuesta poner la papele­ría en Lima y Callao. Él va a dar la cara, dice yo estoy do­nando pero no va a donar ni medio. ¿Quién no va a creer que la leche ‘Gloria’, que los Rodríguez Banda no po­nen un millón de dólares al año?”. Enfrentando a la justicia, Vladimiro Montesinos declaró que uno de los Rodríguez llegó al SIN para simular su donación. Ellos ya habían declarado ante una comisión investigadora del congreso presidida por Javier Diez Canseco que aportaron 970 mil dólares para la anticonstitucional re-re-reelección de Fujimori.

Los dueños de “Leche Gloria” pusieron otros 200 mil dólares para la campaña de Keiko del 2011, en aportes que ilegalmente no fueron declarados a la ONPE. Uno de los hermanos Rodríguez Banda estuvo presente en la célebre reunión oculta de la Confiep para hacer una bolsa en favor de Keiko para la segunda vuelta ese año, bolsa que junto 2 millones de dólares, de los cuales 200 mil fueron puestos por el grupo Gloria.

Ellos recibieron de Keiko no sólo la prórroga de la ley Fujimori-Chlimper que les regaló millones del estado, además de eso Keiko también los benefició cuando se opuso a los octógonos de la alimentación saludable, ya que algunos de sus productos lácteos son altos en grasas y su demanda sería afectada por esas advertencias obligatorias. Recordemos que Gloria SA hace unos años mezclaba varios productos con grasa vegetal y vendía eso tramposamente como si fuera leche “Pura Vida”

¿Y LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES?

La gran agricultura de exportación ha recibido además 7 mil millones en subsidios en tierras puestas en valor por varias grandes irrigaciones estatales, puede sacar fácilmente sus productos gracias a carreteras y puertos financiados por el estado, pagó durante décadas la mitad del impuesto a la renta que los demás y se beneficia de 150 millones anuales en contribuciones recortadas a EsSalud. En contraste, la pequeña agricultura familiar de sierra y selva debe transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y altos costos, mientras se facilita la importación de trigo, leche y arroz que les quita mercado a los productores nacionales y deprime sus precios. Muchas de estas importaciones vienen subsidiadas por países desarrollados que destinan enormes sumas a ese fin; Estados Unidos aprobó a finales del 2017 una ley para apoyar a sus agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década de tal manera que los agricultores peruanos enfrentan una competencia desleal.

Aún así Keiko y su mancha de la Confiep defienden el modelo vigente, que como vemos es de un “capitalismo corrupto de amigotes”, niegan la necesidad de frenar importaciones que hacen competencia desleal a los campesinos y critica que se proponga una Segunda Reforma Agraria. Como si el suelo estuviera parejo, como si estos nuevos latifundistas no tuvieran desde hace décadas enormes subsidios y facilidades para exprimir a sus trabajadoras, mientras los campesinos siguen con caminos de trocha, precios miserables por sus productos y sin crédito de apoyo ni promoción de nuevas tecnologías. Como dijera Micaela Bastidas, cuyo estrangulamiento cumpliera 240 años este lunes pasado, “ya no tengo paciencia para aguantar todo esto”. El pueblo peruano siente eso mismo y quiere pronto una Segunda Reforma Agraria.

https://www.leerydifundir.com/2021/06/peru-la-fujimori-pacto-sucio-las-grandes-agroexportadoras/

Ica: ¿leyes laborales del siglo XVII?

 

Humberto Campodónico

Este es el primer gran conflicto social que enfrenta al capital y al trabajo en muchos años. De un lado, las empresas agroindustriales que exportan varios miles de millones de dólares en paltas, espárrago, uvas y arándanos y que solo pagan la mitad del impuesto a la renta (15%). De otro, decenas de miles de trabajadores sometidos a un régimen de excepción, en pésimas condiciones laborales y sin posibilidad de formar sindicatos para defender sus derechos.

Este conflicto se veía venir desde hace tiempo. Es una película que comenzó hace años y hoy estamos viendo las últimas escenas todos los días en la TV y los diarios. No necesita comentarios adicionales. El régimen de excepción comenzado en octubre del 2000 con la Ley 27360 se suponía que era temporal. Pero se ha prorrogado varias veces, la última hace solo unos meses con el DU-043-2019 promulgado por Vizcarra, que lo prolonga hasta el 2031. ¿Temporal, dijeron?

Somos partidarios del apoyo a las industrias nacientes, que muchas veces necesitan muletas e incentivos para salir adelante (el libre mercado no sirve acá). El caso más llamativo es el gas de Camisea, que tuvo depreciación acelerada, pago de aranceles prorrogado a 7 años, garantía para el gasoducto y demanda asegurada por el Estado con la central de Ventanilla.

Igual para la agroindustria. La clave: ¿en qué momento estas empresas dejan la “segunda división” y ascienden a “primera”? Muchas hace rato ya están graduadas: en el 2017, Camposol, Virú, Danper Trujillo y Drokasa exportaron 243, 167, 151 y 107 millones de dólares, respectivamente. Son empresas internacionalizadas, con créditos del BID, de la CFI del Banco Mundial y emiten bonos en el mercado internacional.

Hace poco, el MEF dijo: “Pese al importante crecimiento del sector, el incremento de la recaudación no ha sido proporcional. Entre los años 2012 y 2019 los valores de exportación agropecuaria crecieron 115,5%, mientras que los ingresos de renta del régimen agrario se incrementaron solo en 29,2%” (Informe 109-EF, 14 oct). O sea que el 15% que pagan tampoco aumenta como debería. Agrega el MEF que por eso la SUNAT dejó de recaudar S/ 421 millones en el 2020.

Se dice también que con este régimen se ha reducido la pobreza en dichas provincias. Cierto. Pero no se dice que en las provincias aledañas la tendencia ha sido la misma pues ambas redujeron la pobreza en 35 puntos porcentuales entre el 2004 y el 2016 (ver gráfico con link al estudio de Eduardo Zegarra).

¿No es hora ya entonces de que las grandes empresas agroindustriales pasen a “primera” y termine este régimen de excepción? ¿Y que solo queden allí las que recién están “subiendo”? Eso debería ser. El argumento es que la actividad agrícola es estacional y necesita ese régimen. Pero algo similar sucede en la actividad de construcción civil (las obras terminan) y la solución está en la negociación colectiva por rama. ¿Se puede implementar ese sistema para el agro? Claro que sí.

Hay una agenda encubierta: el objetivo de los gremios empresariales es que este régimen de recorte de derechos se extienda a todos los sectores productivos y comerciales: “régimen agrario para todos”.

En síntesis, hay una enorme asimetría capital-trabajo. Los obreros reciben en un solo cheque –que roza el salario mínimo– su sueldo, la CTS y las “gratis”. Además, los “services” los llevan apiñados en buses y muchos no saben si trabajarán al día siguiente. Es contra eso que protestan los trabajadores del FRENTAGRI de Ica, muchos de ellos jóvenes, con razón y derecho.

El final de la película es que ese crecimiento se baja en terribles condiciones de trabajo. Eso debe cambiar. El conflicto debe resolverse por la vía del diálogo, que debe incluir a empresarios, trabajadores y el gobierno. En pleno siglo XXI el Perú no puede tener regímenes de trabajo del siglo XVII.

https://www.leerydifundir.com/2020/12/ica-leyes-laborales-del-siglo-xvii/