Perú: El fujimorismo empuja la ley Chlimper 2.0

Pedro Francke

"Del 2018 al 2023 los salarios reales en este sector cayeron año tras año"

Hemos insistido bastante, junto a un conjunto amplio de economistas de diversas tendencias, sobre el problema que traerían las exoneraciones tributarias para las grandes agroexportadoras que este Congreso ha aprobado en primera votación. Son 20 mil millones de soles de regalo a estas empresas, a las que les va muy pero muy bien, agravando un déficit fiscal que está fuera de control. Esos 20 mil millones de soles significan que la educación básica y superior, la salud pública y las carreteras e infraestructura no van a tener los recursos que necesitan con urgencia. Toda la población, pero en especial el pueblo trabajador y los más pobres, va a ser afectada.

Para defender esta ley, el lobby que promueven las grandes agroexportadoras repite que este sector genera empleos. Sabemos que en las pymes hay más empleos y que las agroexportadoras no necesitan este regalazo para crecer, porque efectivamente sin él han seguido acumulando. Pero hay que aclarar también que sus trabajadores no son bien tratados. La remuneración promedio que pagan es de apenas 1,300 soles mensuales, y eso que sus trabajadores no cobran gratificación ni en julio ni en diciembre y no tienen una cuenta CTS a la que aporte el empleador. No es casualidad que tres de cada cuatro trabajadores de la agroexportación sean menores de 30 años, jóvenes que en nuestro país sufren mayor explotación, y el 40 por ciento sean mujeres, las que son discriminadas salarialmente.

Además, 94% de los trabajadores de la agroexportación tienen contratos temporales, a pesar de que más de dos tercios de ellos realizan labores de naturaleza permanente. Solo el 6% tiene un contrato estable, cifra que se reduce año tras año. De esta manera la sindicalización y negociación colectiva se vuelven imposibles, ya que a quien trata de promover la organización de los trabajadores lo despiden apenas se enteran, aunque a ese abuso legalmente no se le llama “despido” sino que es una “terminación del contrato”. El resultado es que en las dos décadas entre el año 2000 y el 2020 la productividad promedio por trabajador agropecuario creció 50 por ciento pero los salarios no lo hicieron de igual manera. En los últimos años ha sido peor: del 2018 al 2023 los salarios reales en este sector cayeron año tras año, alcanzando una reducción cercana al 30 por ciento.

A pesar de esta situación realmente deplorable, la ley Chlimper 2.0 a favor de las grandes empresas agroexportadoras limitaría la fiscalización laboral. En efecto, según este proyecto la Superintendencia de Fiscalización Laboral –SUNAFIL– solo podría hacer apenas una de cada cuatro inspecciones a las grandes agroexportadoras, como si tuviera sentido mandar a esos fiscalizadores a que vean si en una chacra de media hectárea de Huancavelica la familia que se encarga sola de sus cultivos y animales está cumpliendo las leyes laborales. Es obvio lo absurdo de esta medida. ¿Y por qué este Congreso la ha aprobado así? Porque el resultado será que mientras la SUNAFIL tendrá que dedicarse a esas inspecciones inútiles y absurdas a los microproductores familiares en vez de fiscalizar a las grandes exportadoras, se impedirá así que el Estado actúe frente a las muchas denuncias de incumplimiento del pago de beneficios laborales, desnaturalización de los contratos temporales, prácticas antisindicales, malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, etc.  Está clarito: esta ley Chlimper 2.0 busca que los agroexportadores puedan explotar aún más a sus trabajadores y por eso sus federaciones sindicales se oponen a esta norma inminente.

Hay más, ya que quienes sostienen las fenomenales ganancias agroexportadoras no son sólo los trabajadores del campo. Resulta que desde hace varios años esas empresas contribuyen a EsSalud con tres por ciento menos que todas las demás empresas del país y de lo que debe aportar quien contrata a una trabajadora del hogar. Eso genera un hueco económico a EsSalud de cerca de S/ 400 millones anuales, que lo terminamos pagando todos los asegurados porque faltan médicos, medicinas y equipos, y por eso hay meses de espera por una cita, faltan remedios y una tomografía o una endoscopía te la hacen varios meses después, aunque sean urgentes. Que los trabajadores de todo el país subsidiemos a unas pocas grandes agroexportadoras es absolutamente injusto, pero así sucede el día de hoy.

Recordemos, por otro lado, que nueve de cada diez trabajadores de la agricultura peruana no están en estas grandes empresas sino en la pequeña chacra bajo gestión familiar, donde hay cerca de 4 millones laborando. Pero para ellos, esta Ley Chlimper 2.0 no ayuda para que tengan un título de propiedad, no les facilita un crédito para que puedan comprar una maquinaria o modernizarse, no les da más acceso a semillas mejoradas y fertilizantes ni les ayuda a trasladar sus productos por mejores caminos. Al revés: quitándole 20 mil millones de soles al fisco lo que se “logra” es que las condiciones presupuestales para cualquier programa de apoyo a la agricultura familiar sean más difíciles. Encima, la ley Chlimper 2.0 permite la privatización del agua, como para que las grandes agroexportadoras cometan otro abuso contra la agricultura familiar.

Dicho todo esto, ¿por qué ha avanzado esta ley Chlimper 2.0? Keiko Fujimori ya recibió, en años anteriores, cientos de miles de dólares de los hermanos Rodríguez Banda, dueños de Gloria, 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, quien es dueño de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar y ha mantenido estrechas vinculaciones con el grupo Oviedo, además del propio Chlimper. ¿Podemos pensar que esto no tiene nada que ver con la feroz insistencia del fujimorismo para aprobar esta ley? “Poderoso caballero es don dinero”, escuché alguna vez, y este caballero agroexportador ha venido consiguiendo muchas cosas de este gobierno y sus congresistas aliados, en especial del fujimorismo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2025/07/peru-fujimorismo…ley-chlimper-2-0/

Perú. Patente de corso

Gustavo Espinoza M.

Se denomina “Patente de corso” a una constancia proporcionada por las autoridades de un lugar, y gracias la cual el dueño de una nave tiene el derecho de asaltar barcos y atacar poblaciones consideradas enemigas. Por extensión se concede ese privilegio a quienes, detentando la fuerza, pueden hacer uso de la misma con la mayor impunidad. Ergo la policía, cuando reprime manifestantes.

El jueves pasado el país supo que un muchacho de apenas 19 años había sido abatido por un disparo en la cabeza, en la región La Libertad, cuando formaba parte de un piquete que demandaba el fin de la 27360 -o Ley de Promoción Agraria- que registra un régimen salvaje de explotación en el campo. Jorge Muñoz Jiménez, se llamaba el joven que entregó su vida por una causa justa, combatiendo una norma impuesta en noviembre del 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori, en provecho de José Chlimper Ackerman, quien hoy goza de la protección y amparo de Keiko y su pandilla.

La disposición, recusada por los trabajadores, fue dictada como herramienta para alentar la agro exportación en los valles de la costa, donde empresas como Aprokasa -la del hoy dirigente de Partido de la Señora K- acumulan ingentes caudales en base a la más inmisericorde explotación de miles de peruanos, reclutados por “enganchadores” que -como en los tiempos de la edad media- recogían a famélicos y somnolientos voluntarios a las 5 de la mañana de cada día, al borde una carretera. A partir de allí, en nuestra costa desértica, se rememoraba la célebre novela de John Steinbeck, “Viñas de ira”

La jornada se prolongaba entre 10 y 12 horas, y concluía 12 horas después, cuando las víctimas de este régimen de horror alcanzaban a retornar a sus viviendas, llevando una paga paupérrima, lograda a cambio de renunciar a sus derechos más elementales: salud, seguridad en el trabajo, tiempo de servicios, y otros. La suma, apenas les servía para llevarse un pan a la boca.

La ley -se dice hoy- debía regir temporalmente esa actividad productiva. Valer, sólo el tiempo indispensable para que esas empresas “regularizaran” su función y obtuvieran indispensable “estabilidad financiera”. No obstante, fue sucesivamente “ampliada”, y aún perdura, aunque bajo la administración Vizcarra, -Decreto 043-2019- fue ligeramente modificada, como un modo de “aliviar” la explotación despiadada. Aun así, mantuvo su esencia, a petición de la CONFIEP, a fin de perpetuar el “modelo” Neo Liberal que la inspira.

Aunque el punto gravitante de la ley, fue la costa sur –el departamento de Ica y zonas aledañas- donde japoneses convocados por AFF invirtieron “en grande”, su efecto se irradió rápidamente por el norte del país. Eso explica que las movilizaciones laborales iniciadas en el sur hace unos días, hubiesen encontrado eco, hasta topar con la sangre de Jorge Muñoz, el Inti Sotelo o el Brayan Pintado de la costa norte.

Las autoridades regionales -Fernando Cillloniz fue presidente del Gobierno Regional de Ica en los últimos años- nunca vieron el oprobioso efecto expoliador de esta modalidad operativa.  Al contrario, se beneficiaron con ella y la defendieron con uñas y dientes. Al extremo, la mayoría parlamentaria de hoy –protagonista del Golpe fallido del 9 de noviembre– postergó el tratamiento de la ley, y evitó derogarla.  Sus tagarotes no dejan de conspirar, y usan los resortes que tienen a la mano para socavar lo que puedan en busca de un “porvenir mejor”; para ellos, claro.

Pero el tema nos vuelve a poner ante los ojos un asunto que también está inserto en el cielo peruano: el papel de los mandos policiales, atravesados por la corrupción y la violencia desmedida. Es posible que las medidas anunciadas por el presidente Sagasti, hayan sido precipitadas, incluso improvisadas, Pero ¿Eran necesarias? Los cambios de mando en la jerarquía y la nominación de civiles para regular las cuentas; constituían un inexcusable reto a abordar.

Y es que la estructura policial tiene el cerebro carcomido por la corrupción, pero además, luce dispuesta a usar sus armas para reprimir violentamente al pueblo.  Fue por eso, que recibió el meloso apoyo de los Phillips Buthers y los Beto Ortiz, de los Rospigliossi y de los Althaus. Y, claro, hasta el aplauso de Martha Chávez, Edgar Alarcón y Manuel Merino. Todos a una, victimizaron al generalato depuesto, y exigieron la cabeza del ministro Rubén Vargas hasta obtenerla, incluso con malas artes.

Ellos, se condolieron hasta las lágrimas por la “ilegal e injusta” decisión del Ejecutivo de disponer el retiro de 18 “mandos”. Y clamaron por dejarla sin efecto.  Y apenas asomó el nuevo titular del ramo, saludaron su puesto riendo a mandíbula batiente. Horas más tarde, Jorge Muñoz, el chico de 19 y muchas ilusiones, fue abatido. Sus asesinos dirán que “impusieron el principio de autoridad” y “restablecieron la paz”. La paz de cementerios, claro.

De eso se trata, sin duda. Ciertos voceros de la “prensa grande” hablan de “no denigrar” a la policía, ni “restarle autoridad”. Al contrario, se muestran dispuestos a aceptar sus prácticas, y consagrar su impunidad. Aseguran su “derecho” a hacer uso de sus armas de fuego. Negarlo -dicen siempre- es  “hacer el juego a la subversión”

Ahora que busca ponerse de moda consideran “terruco” a quien sale con un polo de Mariátegui, o califican de “emerretista” a quién luce a Túpac Amaru, hay los que alientan la muerte de jóvenes como este chico de 19 abriles. Si esto continúa, -la patente de corso da para mucho- tendremos que decir como Vallejo: “Murió mi eternidad, y estoy velándola”.

https://www.leerydifundir.com/2020/12/peru-patente-corso/