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26 de octubre de 2024

IA, la última batalla del cerebro entre explotadores y veneradores del mercado

Alejandro Marcó del Pont

Antes de trabajar en inteligencia artificial, ¿por qué no hacemos algo sobre la estupidez natural? 
(Steve Polyak)

Cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite creado por el hombre, Sputnik, en octubre de 1957, el impacto sobre Estados Unidos fue inmediato y profundo. Más allá de ser un logro, generó una ola de ansiedad en la sociedad estadounidense, que veía reflejada en el satélite una alarmante superioridad tecnológica soviética. Sputnik no solo orbitaba la Tierra, sino que también resonaba en las radios y en el espíritu de un país que temía haber quedado rezagado en la carrera tecnológica y militar.

La respuesta estadounidense no se hizo esperar y fue tan ambiciosa como transformadora. El gobierno no se limitó a pensar en lanzar un satélite propio; decidió apuntar más alto: poner a un hombre en la Luna. Esta idea desató una serie de decisiones estatales que cambiarían el curso de la historia. Se creó la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio), así como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, más conocida por su acrónimo (DARPA),se destinaron grandes subvenciones públicas para impulsar la educación en matemáticas y ciencias, acelerando la carrera espacial de manera decisiva. Doce años después, este esfuerzo de un Estado emprendedor que pensó en grande, culminó con Neil Armstrong dejando su huella en la Luna, un momento especial para la humanidad.

Algo parecido sucedió en mayo de 2017 en China, en una lucha sin cuartel entre una de las máquinas más inteligentes del mundo, AlphaGo, respaldada por Google, y el mejor jugador de Go del mundo, Ke Jie. El impacto de perder ante la máquina fue inmediato y devastador tanto para el país como para el jugador, quien permaneció desplomado en su asiento tras el resultado con la IA. Una imagen similar de desconcierto ocurrió cuando el Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov en una partida de 1997 llamada “La última batalla del cerebro”.

Dos meses después de que Ke Jie abandonara la última partida con AlphaGo, ya bautizada como el fantasma en la máquina Go, el gobierno central chino elaboró un ambicioso plan para desarrollar las capacidades de la inteligencia artificial. Instó a una mayor financiación, apoyo político y coordinación nacional para el avance de la IA. Estableció claros parámetros de evaluación para medir el progreso entre 2020 y 2025, y previó que para 2030 China se convertiría en el centro de la innovación global en inteligencia artificial, liderando en teoría, en tecnología y en sus aplicaciones.

Este recorrido, fantásticamente descrito en el libro “Superpotencias de la Inteligencia artificial” dejó, tras los impactos detallados en los tres primeros párrafos de este escrito, un ejército de fantasmas que se evitan de manera intencional. El Estado, el mercado, el comercio, el consumo, las pérdidas laborales por la inteligencia artificial, la producción, la plusvalía, los modelos de acumulación y la pelea por las tecnologías en el mundo, entre otros.

Comencemos con los mercados y el Estado, donde se encuentra una mirada distorsionada del neoliberalismo. Como explica Fernando Escalante Gonzalbo en su Historia mínima del neoliberalismo, “El programa neoliberal, contra lo que imaginan algunos críticos, y contra lo que proclaman algunos propagandistas, no pretende eliminar al Estado, ni reducirlo a su mínima expresión, sino transformarlo, de modo que sirva para sostener y expandir la lógica del mercado. O sea que los neoliberales necesitan un nuevo Estado, a veces un Estado más fuerte, pero con otros fines”.

El eje central de esta idea resulta de la convicción de que el mercado no es un hecho natural, que no surge de manera espontánea ni se sostiene por sí solo, sino que tiene que ser creado, apuntalado, defendido por el Estado. En resumen, el mercado es un sistema cuidadosamente construido y regulado, tal como Polanyi expone en La gran transformación. Del mismo modo, la inteligencia artificial es también un producto de la intervención humana, cuya evolución depende de cómo el Estado y las empresas moldean y regulan su desarrollo.

Por qué nos importa entonces que el Estado invente los mercados, más allá de quien se lo apropia. Porque el mercado es fundamentalmente un mecanismo para procesar información, que sintetiza mediante el sistema de precios, qué quieren los consumidores, qué se puede producir, cuánto cuesta producirlo. El mercado, según los neoliberales, ofrece la única solución eficiente para los problemas económicos. La competencia, por su parte, permite que los precios se ajusten automáticamente, y a la vez garantiza que se hará el mejor uso posible de los recursos. Lo central en este relato es que el mercado trabaja recolectando información de la misma manera que la IA, por eso es importante que los Estados dominen la información y que, para el sector privado, como veremos, su potestad resulte central.

Primero aclaremos lo mejor posible que es y cómo trabaja la inteligencia artificial para saber si puede desplazar o no a los trabajadores de diferentes áreas. La IA es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, el aprendizaje y la adaptación.

Hay dos opciones para lograrlo, sobre las que no ahondaremos demasiado. El primero y más antiguo de los sistemas es el enfoque basado en reglas. Este intentará establecer pautas del tipo “si-entonces” para ayudar al programa a tomar una decisión: “Si hay dos formas triangulares encima de una forma circular, entonces probablemente haya un gato en la imagen”. En cambio, el según tipo, vigente en la actualidad, “el enfoque de redes neuronales”, alimentaría el programa con millones de fotos de muestra etiquetadas como “gato” o “no gato”, dejando que el programa descubra por sí mismo qué características de los millones de imágenes se relacionaban de forma más estrecha con la etiqueta “gato”. Las diferencias entre ambos enfoques se advierten en cómo abordan un problema simple: identificar si hay un gato en una foto.

Los algoritmos son el corazón de la IA. Son conjuntos de instrucciones que permiten a las máquinas aprender de los datos y tomar decisiones o realizar predicciones. En IA, los algoritmos procesan grandes volúmenes de datos para identificar patrones y relaciones que no son evidentes a simple vista. Son recolectores de datos, como los mercados.

Lo importante sería determinar “¿quién proporciona los datos?”, quién abastece a este infinito cúmulo de información que la IA procesará. Los datos son proporcionados por una combinación de empresas, gobiernos, dispositivos tecnológicos y, por, sobre todo, los usuarios. La colaboración entre estas fuentes permite que los algoritmos funcionen de manera efectiva, ofreciendo soluciones precisas en tiempo real. Es decir, si alguien está preocupado por perder su trabajo y está en redes sociales, le está brindando datos al algoritmo para que asimile información.

Ahora pondremos atención a dos cuestiones básicas y elementales del artículo. La pérdida del trabajo con la inteligencia artificial y sus consecuencias, así como la necesidad de componentes clave de la economía digital en caso de sustitución laboral por IA. Estos son los componentes de ciberseguridad: las billeteras móviles y los métodos de autenticación biométrica. Esta idea está basada en la necesidad de que la seguridad digital aumente a medida que más personas se vuelquen a trabajos y servicios basados en plataformas tecnológicas. La economía digital, con sus innovaciones en pagos y seguridad, será fundamental para castigar o beneficiar a los usuarios, como veremos.

La pérdida laboral por el advenimiento de nuevas tecnologías no es una primicia para la humanidad, “el ludismo” es un ejemplo previo, un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX, que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que los remplazaban en el trabajo. Su reacción fue destruirlas. En la actualidad la idea de que la IA podría eliminar muchos trabajos plantea varias cuestiones sobre cómo funcionaría un mundo sin empleo tradicional y qué consecuencias tendría para una estructura económica basada en el trabajo, los consumidores y la acumulación de capital.

En el sistema capitalista, el trabajo humano es una de las principales fuentes de plusvalía, un concepto económico que se refiere al valor creado por los trabajadores que es apropiado por los capitalistas como ganancia. En un esquema básico, los trabajadores venden su trabajo a cambio de un salario. Los capitalistas compran ese trabajo para producir bienes o servicios que se venden en el mercado. La diferencia entre lo que los trabajadores reciben en salario y el valor que generan los capitalistas se conoce como plusvalía, la ganancia de los capitalistas.

En este contexto, el sistema se sostiene porque los trabajadores reciben salarios que luego utilizan para comprar bienes y servicios. En resumen, la explotación de la mano de obra es lo que genera plusvalía y permite la acumulación de capital. La IA tiene el potencial de automatizar tareas en múltiples sectores, lo que podría llevar a la desaparición de muchos empleos, especialmente aquellos que son rutinarios, repetitivos, o provocar una destrucción masiva de empleos en sectores como la manufactura, el transporte, el comercio y los servicios financieros, entre otros, pero tiene un talón de Aquiles: la IA no puede comprar.

En un mundo sin empleo, donde la IA realiza la mayor parte de las tareas productivas, pero no consume, varias dinámicas sociales y económicas cambiarían. La crucial sería la desconexión entre producción, trabajo humano y consumo. Si la producción de bienes y servicios depende principalmente de máquinas y algoritmos, el trabajo humano dejaría de ser el principal insumo en la economía y el generador de acumulación. Esto genera una serie de preguntas:

¿De dónde provendrá la plusvalía? Si la plusvalía se genera tradicionalmente a partir del trabajo humano, y este desaparece o disminuye, la lógica del capitalismo podría quedar en entredicho.
¿Cómo funcionarán los mercados sin compradores? En la medida en que los trabajadores dependen de salarios para consumir, un sistema automatizado donde los humanos no trabajen podría generar una disminución del consumo, lo que afectaría la capacidad de los capitalistas de generar ganancias.

En un mundo sin trabajo, una posible solución sería la implementación de una renta básica universal, un ingreso garantizado para todas las personas, independientemente de si trabajan o no, que tiene mucha tela para cortar. En caso de implementarse este sistema, comenzaría a entenderse de manera más clara la preocupación, que es válida, por la seguridad digital para compras virtuales con monederos digitales y métodos de autenticación biométrica, como las huellas dactilares, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, de voz y otras tecnologías, pasando a ser un componente de disciplinamiento para este reseteo de la economía digital. Veamos esto con algo de detalle.

La primera en dar señales del aspecto negativo de la ciberseguridad fue la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland. Durante la pandemia, los camioneros canadienses protestaron contra el pasaporte COVID bloqueando el tránsito y los suministros de ingreso a los EE.UU. Esta señora advirtió, sin orden judicial alguna, que congelaría las cuentas bancarias y suspendería el seguro de vehículos de los camioneros que continuaran formando bloqueos en protesta por los mandatos de vacunas, es decir, la anulación de gastos con billeteras virtuales. Amenazas parecidas realizaron en la Argentina la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y la ministra de seguridad Patricia Bullrich, aduciendo que les quitará la asistencia social a todos aquellos beneficiarios que salgan a protestar. “El que corta la calle, no cobra”.

Este tipo de medidas disciplinarias podría volverse común en un futuro donde la economía esté más profundamente integrada con plataformas digitales y la autenticación biométrica. La dependencia de estos sistemas plantea preguntas inquietantes sobre la libertad y la vigilancia en un mundo altamente automatizado y controlado por algoritmos.

Un ingreso garantizado a todas las personas, independientemente de si trabajan o no con una cuenta bancaria donde se deposita la Renta Básica, de la cual depende cualquier método de autenticación biométrica, desde billeteras virtuales a huellas dactilares para el consumo, es una tentación de disciplinar a los receptores de estas ayudas sociales, como lo demostraron reciente y abiertamente los ministros argentinos.

La llegada de la IA y la automatización masiva plantea un reto importante para la estructura actual de la sociedad basada en el trabajo y la explotación de la mano de obra para generar plusvalía. Las soluciones no son simples, más aún con un capitalismo ultra concentrador del ingreso. Lo que sí queda claro es que la producción y la productividad pueden aumentar con la IA, pero si no se cobra, no se compra.

En definitiva, la llegada de la IA no solo desafía los paradigmas laborales y económicos, sino que también nos enfrenta a un posible futuro en el que el control de los datos se convierte en la nueva forma de poder. Si bien la tecnología promete eficiencia y progreso, los gobiernos y las corporaciones deberán decidir si priorizan la equidad y la protección social, o si caerán en un tecnofeudalismo donde el trabajo humano se vuelva obsoleto. Como sugiere el economista griego Yanis Varoufakis, el futuro del capitalismo puede estar en juego, y la IA podría ser el factor que acelere su transformación hacia un sistema completamente nuevo. “Los señores feudales son los propietarios de lo que llama «capital de la nube», y los demás hemos vuelto a ser siervos, como en el Medievo.”

https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2024/10/13/ia-la-ultima-batalla-del-cerebro-entre-explotadores-y-veneradores-del-mercado/

9 de junio de 2024

Perú: El fujimorismo nuevamente con las AFP

Pedro Francke

En 1992 Alberto Fujimori, en plena dictadura, impuso las AFP. Treinta y dos años después hemos aprendido que estas cobran fuertes comisiones, canalizan cientos de millones a sus propios grupos económicos y hacen grandes ganancias, pero pagan bajas pensiones. La reforma fujimorista del sistema privado de pensiones ha mantenido a la mayoría de peruanos sin derecho a la jubilación. Aun así, la heredera, Keiko Fujimori, quiere darles un nuevo apoyo y ha hecho aprobar un nuevo proyecto en el congreso. El peón de ese ataque ha sido el congresista de Fuerza Popular César Revilla, presidente de la comisión de economía. Acá un breve recuento de las trampas del proyecto de ley aprobado recientemente por el congreso fujimorista para favorecer a las AFP.

1. No sólo se mantienen intactas las abultadas comisiones que los trabajadores debemos pagar a las AFP, sino que ahora podrán cobrarnos una comisión adicional por “productividad”.

2. A todos los mayores de edad que a la fecha no se han afiliado a un sistema de pensiones, se les afilia obligatoriamente y van automáticamente a una AFP si no establecen que prefieren el sistema de la ONP.

3. Un trabajador independiente, aunque tenga ingresos por recibos de apenas mil o quinientos soles mensuales o incluso menos, deberá aportar 5 por ciento de sus ingresos a las AFP o al sistema nacional, aunque seguirá sin tener ningún respaldo en materia de salud.

4. Cuando las AFP no lleguen a pagar una pensión mínima a sus jubilados, será el Estado el que ponga el dinero faltante. Igualmente alguien que está cerca de jubilarse y se da cuenta de que la AFP le pagará poco, puede optar por pasarse a la ONP para obtener una mejor pensión y que el Estado pague la factura. Al mejor estilo neoliberal, cuando el sector privado falla, el Estado tiene que rescatarlo.

5. Se discrimina contra la vida en el campo, al establecer que la posibilidad del retiro del 25 por ciento de nuestro fondo en las AFP para comprarnos una vivienda ya sólo se podrá hacer para comprar en las ciudades y no en zonas rurales: sólo vale donde las empresas inmobiliarias hacen negocio.

6. Se establece un mecanismo para que se eleve la edad de jubilación, con lo que las AFP tendrán más tiempo nuestra plata en sus manos y cobrarán más comisiones.

7. Se establece un subsidio estatal bajo el engañoso nombre de “pago por consumo” que sólo puede ir a las AFP, no a la ONP, y por el cual las AFP cobrarán una comisión.

Se trata, por cierto, de un proyecto que establece fuertes cargas de gasto sobre el Estado, por lo que va claramente en contra del artículo constitucional que establece que el congreso “no tiene iniciativa de gasto”. Pero el gobierno de Boluarte se inclina sin pudor y tenemos un Tribunal Constitucional servil al congreso derechista y los grandes grupos de poder económico, el mismo que fue elegido con el apoyo entusiasta de Vladimir Cerrón y que les regaló 12 mil millones de deudas tributarias a las grandes empresas. La Constitución ya fue hecha trizas por los mismos que hacían escándalo ante cualquier propuesta de cambio, demolición que incluye estos aspectos esenciales de su capítulo económico.

Algunos podrán preguntarse: ¿y por qué Keiko Fujimori quiere beneficiar a las AFP? Hay dos hipótesis al respecto. Una es que las cuatro AFP y los cuatro grandes bancos son parte esencial del núcleo del poder económico-financiero concentrado. Ellos dominan la Confiep y son una fuerza clave de apoyo para mantener a Dina Boluarte en el sillón presidencial mientras el congreso fujimorizado termina de someter a los organismos judiciales y electorales, logrando a cambio exoneraciones tributarias para las agroexportadoras, apoyo a las sobreganancias mineras, legalización de las áreas que han deforestado en la amazonía y otras medidas en su beneficio.

La otra hipótesis recuerda que la AFP Prima es de propiedad del grupo Banco de Crédito, cuyo principal accionista y expresidente, Dionisio Romero, le entregó 17 maletines llenos de billetes verdes a Keiko Fujimori, conteniendo un total de 3 millones 700 mil dólares. Eso lo sabemos porque, luego de algunos testimonios reveladores en torno al caso Odebrecht, el mismísimo Dionisio Romero se lo detalló a la fiscalía dirigida por José Domingo Pérez (ya entenderán por qué la ultraderecha corrupta lo odia). La AFP Prima tiene en su poder 37 mil 475 millones de soles de los trabajadores, una cifra siete veces superior al presupuesto que tiene el Ministerio de Educación para rehabilitar, ampliar y construir colegios en todo el país. Todo ese dinero va a financiar las empresas y rubros que más le apetezcan a sus dueños,  entre los cuales obviamente prioriza sus propios negocios y los de aquellos que considera sus aliados, amigos y cómplices. No contentos con eso, entre comisión de administración y seguros nos cobran casi 3,5 por ciento de nuestro salario todos los meses y solo por las comisiones sacan cerca de 400 millones de soles anuales para sus bolsillos. Tanto los 3 millones 700 mil dólares recibidos por Keiko como los 400 millones anuales de ingresos y 37 mil millones de fondos manejados por la AFP Prima son intereses muy poderosos para impulsar una ley a su favor.

LAS OPCIONES NEGADAS

Favoreciendo a las AFP, el proyecto de ley del fujimorismo frena otras reformas muy necesarias en el campo de las pensiones. Por ejemplo, si por un mínimo de justicia y para evitar tanta pobreza entre los adultos mayores se decidiera simplemente elevar lo que se paga por Pensión 65 (de los misérrimos 125 mensuales a 180 o 200 soles mensuales), no se podría porque la propuesta de ley fujimorista lo prohíbe. No es casualidad que el partido de Keiko ponga estos candados ya que en las campañas electorales de 2016 y 2021, con Verónika Mendoza, propusimos que el monto y la cobertura de Pensión 65 debía duplicarse, pero a ellos una ayuda social masiva y básica no les gusta porque, desde luego, requiere que las grandes mineras y conglomerados económico-financieros paguen los impuestos que son justos. Mejorar las pensiones que el 2021 empezamos a dar a quienes han aportado 10 o 15 años a la ONP, que antes no tenían ningún derecho si no llegaban a los 20 años, tampoco es del interés de Fujimori.

En la reforma fujimorista, los empresarios siguen sin poner un sol al sistema pensionario. En la mayoría de países y de acuerdo al convenio 102 de la OIT, una condición básica de un sistema de seguridad social es que la contribución sea tripartita: del trabajador, el empleador y el Estado. Acá todo lo recargan a los vacíos bolsillos de los trabajadores. La propuesta de la comisión de trabajo del congreso, presidida por Sigrid Bazán, planteó esta y otras reformas bien pensadas, pero todo eso ha sido dejado de lado por la mayoría profujimorista del congreso. La disputa de fondo, entre la propuesta fujimorista y la de izquierda, es si debemos tener una ley de AFP que secuestra el dinero de los trabajadores en manos de un pequeño grupo de poder financiero para que lucren con ello, o si queremos un sistema de pensiones orientado a asegurar el sustento de los adultos mayores evitando su empobrecimiento y cuya base sea una seguridad social pública que pueda ser complementada por ahorros privados, como funciona en Estados Unidos, Europa y Japón y muchos otros países.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 689 año 14, del 07/06/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

2 de junio de 2024

Perú: Minería extranjera que no industrializa

Pedro Francke

El gobierno y los neoliberales insisten en imponer proyectos mineros repudiados por la población local debido a sus negativos impactos ambientales, como Tía María y Conga. Olvidan que hace falta un nuevo esquema de gobernanza de la minería, en el cual se respete la democracia y el derecho de las regiones y provincias a decidir su camino al desarrollo en armonía con el ambiente y la agricultura. Hay otro tema esencial que tampoco abordan: el enorme crecimiento de la minería este milenio ha dejado mucho que desear en cuanto a su aporte al desarrollo industrial y tecnológico nacional.

Minería e Industrialización

Hasta los años setenta el crecimiento de la minería peruana estuvo asociado a la industria de refinación y fundición de los metales. Pero en los últimos cuarenta años prácticamente no ha habido avances en el procesamiento de los minerales. Lo que ha habido son retrocesos, a pesar de que la producción minera se ha multiplicado. La mayor parte del mineral que sale del Perú es como concentrado, sin mayor procesamiento. Mientras menos industria tenemos, perdemos la oportunidad de generar empleos, progresar tecnológicamente y añadir valor a nuestras exportaciones.

No parece ser por gusto que las transnacionales mineras no quieran refinar en el Perú. Hace unas semanas, Cooperacción, una institución sin fines de lucro que ha estudiado la minería a lo largo de décadas, sacó un informe sobre los nuevos minerales estratégicos que salen del país sin que tengamos registro. Hablamos de elementos conocidos como ‘tierras raras’: cobalto, telurio, vanadio, galio, indio, entre otros. Esos materiales raros han adquirido gran valor con las nuevas tecnologías que se han desarrollado en el mundo, pero en especial aquellas para captar energía solar y almacenarla. En el Perú estas “tierras raras” se encuentran mezcladas junto al cobre y otros metales que se extraen en nuestro país. Pero ni siquiera sabemos cuánto de ellas se obtiene ni cuánto vale. Lo que sucede es que sólo en el proceso de refinación o fundición se puede separar estos elementos raros que hay en un concentrado.

El estudio de Cooperacción revela que hay por lo menos 34 especies químicas, pero el ministerio de minas sólo sabe de 12. Es decir, el ministro Mucho, tan activo cuando se trata de defender los intereses de las grandes mineras, ignora dos terceras partes de los elementos de gran valor presentes en los concentrados que se exportan. La refinación se hace en otras partes, como en China, para las grandes empresas mineras estatales de ese país que operan en el Perú, o en Alemania, donde hay una fundición privada que saca estos materiales raros y ni nos enteramos. Es probable que el valor de los concentrados que exportamos valga mucho más de lo que declaran las empresas, pero a las transnacionales les conviene no declarar esos materiales raros porque así evaden impuestos. Por ejemplo, Cooperaccion revisó algunos registros aduaneros de las ventas de cobre y resultó que las transnacionales declaran que venden el cobre a precios menores que el internacional, a pesar de que muchos concentrados tienen plata, molibdeno y otros materiales de alto valor. Una estimación indica que sólo en telurio habría unos 30 millones de soles ocultados.

En Indonesia han aplicado una política muy distinta. Para que la refinación se haga en su país, Indonesia ha ido añadiendo prohibiciones a la exportación de minerales en bruto, como níquel y bauxita, que ahora exige se procesen en su territorio. El resultado es que hoy ya tienen más de veinticinco plantas de procesamiento de níquel y se están construyendo otras tantas. Chile también ha tomado medidas para promover la industrialización a partir del procesamiento de sus recursos mineros en base al litio, un metal que sirve para hacer baterías de alta carga y sostener así la transición energética. El cobre, nuestro principal producto de exportación, es también clave en la transición energética. ¿No podemos en el Perú aprovecharlo ni un poquito para industrializarnos, siempre teniendo cuidado con el ambiente, como corresponde?

Otros países mineros como Australia y Chile han avanzado en industrialización apelando al sector de proveedores mineros, que son todos aquellos dedicados a venderle a la minería botas y equipos de seguridad personal, explosivos, insumos diversos para las chancadoras y maquinarias. En el Perú hay algunas industrias en este rubro, con ventas internacionales incluso de maquinaria pesada, pero las transnacionales mineras que operan acá prefieren comprar al exterior. Podríamos aprovechar mucho más esta oportunidad generada por los insumos y equipos que requiere la minería. En este tema en el MEF instalamos una Mesa Ejecutiva para promover medidas que favorezcan a la industria minera, iniciativa lamentablemente dejada de lado. Debemos insistir en que las grandes empresas mineras apoyen los esfuerzos para industrializar el país.

¿La batuta a las transnacionales?

Otra decisión llamativa de Indonesia es que el 2017 establecieron límites a la propiedad extranjera de las empresas mineras: a partir de su sexto año de operación la propiedad extranjera en una minera no puede superar el 80 % y este límite disminuye cada año hasta alcanzar el 49 % en el décimo año. Estas medidas, que podríamos llamar “nacionalistas”, no han generado ningún desastre ni calamidad como dirían los neoliberales. Indonesia ha venido creciendo al 5 por ciento anual de manera sostenida, sin el declive productivo que ahora tiene el Perú. Ojo que no estamos hablando de un país pequeño o de poca importancia. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo con 270 millones de personas, su PBI es casi diez veces mayor que el del Perú y es un gran productor de recursos naturales. Tampoco es para nada cercano al socialismo, ya que incluso forma parte del Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico, cuyo impulso inicial provino de los Estados Unidos.

Los países asiáticos que han logrado mayor avance en los últimos años han abrazado la inversión extranjera pero también han buscado que sus empresas nacionales florezcan. Empezó Japón y logró tener marcas de automóviles y electrónicos conocidas internacionalmente, luego siguieron Taiwán, Corea del Sur y China y ahora vienen creciendo fuertemente Vietnam, India y Bangladesh. Indonesia sigue esta estrategia pero basándose en sus recursos naturales. Mientras tanto, en nuestro país las principales inversiones para extraer las riquezas de nuestra tierra son totalmente extranjeras. Quellaveco: 100% americana. Las Bambas: 100% del estado chino. Antamina: 100% de transnacionales. Es cierto que hay algunos grupos peruanos en la minería también, pero ¿por qué no promover que la minería contrate más profesionales peruanos de todo nivel, se vincule más a las universidades peruanas y nos transfieran su tecnología para progresar?

Hay mucho más por discutir sobre la minería: los derechos laborales que deben tener sus trabajadores y que hoy resultan negados por la tercerización, su aporte tributario ahora que nuevamente tienen sobreganancias con los precios del cobre a niveles estratosféricos, la necesidad de que no contaminen nuestra agua como amenaza el proyecto Ariana a Lima, su gobernanza con democracia y respeto a los derechos humanos. Los iremos tratando los próximos meses. Vayamos insistiendo en políticas para que el Perú se industrialice y avance tecnológicamente.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 688 año 14, del 31/05/2024

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29 de marzo de 2024

LIBERALES, NEOLIBERALES Y OTRAS PERLAS

Natalia Sobrevilla

Volvamos al siglo XIX para entender mejor las confusiones sobre el liberalismo

Desde hace unas semanas vengo escribiendo sobre las raíces históricas del liberalismo, algo que ha generado un debate entre quienes me leen. Por un lado, un lector frecuente —Miguel Calderón— se siente indignado de que me declare liberal, ya que me acusa, sin fundamentos, de no creer en la propiedad privada. Por otro lado, algunos lectores han resaltado lo útil que les ha resultado nuestro debate para profundizar en los detalles del liberalismo decimonónico.

Continuando con el debate, esta semana quisiera responder el siguiente comentario que nos dejó María Cecilia —no nos dio su apellido—: “Siguiendo el razonamiento de Natalia Sobrevilla, el gobierno de Fujimori, por dar un golpe de Estado y no respetar derechos civiles, no sería liberal, lo cual es absurdo. Y ella sí lo sería. O sea, Boloña, que apoyó el golpe y los 11 años de fujimorismo no sería liberal, y ella sí lo sería. Imposible.”

Aquí está el quid del asunto: al concentrarse únicamente en la variable económica, muchos obvian lo que a mi juicio es lo más importante del liberalismo: su apego a la democracia. Por supuesto, es posible ser un liberal económico —o, como en el caso del ministro Boloña, un neoliberal— que pone por sobre todas las cosas la libertad de empresa y  los intereses privados en detrimento del control del Estado, lo que hizo posible que mirara al costado cuando se destruyó la democracia en 1992. Una mirada al costado parcial, en verdad, ya que cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dejaron en claro que no aceptarían un gobierno autoritario, Boloña, que renunció por primera vez al cargo el 20 abril de 1992, se quedó en la cartera hasta dejar encaminado el proceso para la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático. Así, dejó el cargo en enero de 1993 y volvió —para mí inexplicablemente— en julio de 2000, cuando el abuso del poder por parte de Fujimori se había hecho aún más flagrante.

Una vez más, repito, el liberalismo solo puede ser entendido como una corriente que está en contra del absolutismo y que cree firmemente en la soberanía popular, en la representación y en la democracia. Cree también en la propiedad privada, por supuesto, y es ahí donde históricamente ha sido tolerante con la desigualdad y por donde se fue diferenciando, primero del progresismo, y luego del socialismo y del comunismo. Es aquí donde importa regresar a los orígenes de todos estos movimientos, lo que tienen en común y lo que los diferencia, ya que es aquí donde importa el apego a la democracia como eje central del liberalismo.

Por ello, volvamos al siglo XIX, cuando con la Revolución Industrial el capitalismo se convierte en el sistema económico mundial. Alrededor de 1830 emergen en Gran Bretaña y Francia críticos de los abusos de este sistema, así como la miseria y desigualdad que genera. Es por ello que pensadores como Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon y Henri de Saint-Simon proponen limitar los excesos del capitalismo, pensando que la economía debe beneficiar a toda la sociedad. Karl Marx tomó algo de todas estas ideas al desarrollar su pensamiento que inicialmente llamó comunista para diferenciarse de los socialistas, pero como los términos se han utilizado de manera intercambiable desde el siglo XIX, la confusión sobre su significado continúa. Según el marxismo, la propiedad privada debía desaparecer para convertirse en social y colectiva, dando de esta manera fin a la lucha de clase, ya que cada uno debía contribuir con base en sus capacidades. Ideas similares trajo el anarquismo, que propone —primero con Proudhon y luego con Mijail Bakunin— destruir el Estado para alcanzar la libertad. En ese momento, tanto el comunismo y el anarquismo que se desprendieron del socialismo son corrientes principalmente utópicas.

Al mismo tiempo, alrededor de mediados del siglo XIX, John Stuart Mill desarrolló la vertiente llamada socialismo liberal, que concebía la libertad como justificación de la libertad del individuo en oposición al control estatal y social. Este pensamiento fue crítico con el liberalismo económico y desarrolló una corriente que no tiene como objetivo terminar con el capitalismo, ni con el Estado y que, más bien, busca un equilibrio entre la propiedad pública y la propiedad privada, así como un sistema económico que sea más justo e igualitario. Es en este movimiento en el que me sitúo ideológicamente desde siempre.

Al haber crecido durante los estertores de la Guerra Fría y atestiguado de qué manera la falta de democracia tanto en el bloque soviético —incluyendo a Cuba, por supuesto—, como en las dictaduras de derecha en nuestra región destruyó las vidas de miles de personas, he estado convencida de lo vital que es que los sistemas representativos se mantengan, con la división de poderes y el equilibro entre ellos.

Considero que lo más peligroso que puede ocurrir en una sociedad es la falta de libertad política, no importa cuál sea el sistema económico que se proponga. Porque, así como nunca he creído posible que las utopías de Marx o Bakunin de la abolición del capitalismo o del Estado sean panaceas, tampoco considero que la apropiación del control del poder por parte de sectores de derecha, sean militares o civiles, haya jamás conducido a nada positivo.

El caso de Alberto Fujimori ilustra claramente el problema: haber impuesto una política económica neoliberalno lo hace un liberal, ya que lo hizo de una manera que destruyó la democracia y el sistema representativo. Hasta ahora vivimos las consecuencias de esas decisiones. Así como me declaro liberal, lo hago más exactamente desde la vertiente desarrollada por John Stuart Mill del socialismo liberal, porque tampoco tengo problema con decir, claramente, que abogo por una sociedad más justa.

https://jugo.pe/liberales-neoliberales-y-otras-perlas/

4 de marzo de 2024

Alemania, Francia e Italia bloquean la ley que obliga a las multinacionales a cumplir los derechos humanos

Irene Castro

Los 27 no logran la mayoría suficiente para ratificar la normativa, que preveía multas para mitigar el abuso infantil, la explotación laboral, o las consecuencias medioambientales de su actividad en terceros países

Otra ley que se pone cuesta arriba en la UE. Alemania, Francia e Italia han bloqueado la directiva con la que la UE pretendía poner coto a la vulneración de los derechos humanos y el impacto negativo de las grandes multinacionales en terceros países. Berlín, que fue el primer país de los grandes en bajarse del acuerdo alcanzado con la Comisión Europea y la Eurocámara en diciembre, ha arrastrado a París y Roma haciendo, así, imposible la ratificación de la directiva de la diligencia debida (CSDDD, por sus siglas en inglés), que contemplaba multas para las grandes compañías que incumplieran sus obligaciones en relación con el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la deforestación, entre otras.

“Ahora tenemos que considerar el estado de la cuestión y veremos si es posible abordar las preocupaciones presentadas por los Estados miembros, consultando con el Parlamento Europeo”, ha señalado la presidencia belga, que es a la que le corresponde pilotar las negociaciones, a través de la red social X (antes Twitter). El rechazo de esos tres países hace que no haya en el Consejo una mayoría suficiente para ratificar el acuerdo. No es la primera vez que sucede, aunque no es habitual. Recientemente Alemania bloqueó la prohibición de la venta de coches de combustible a partir de 2035 y se tuvo que reabrir la negociación con el Parlamento, aunque se logró un acuerdo con concesiones que no requería rehacer el texto.

La directiva aspiraba a responsabilizar a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos con la vista puesta en reducir la explotación de los países en vías de desarrollo. Establecía obligaciones con la intención de acabar con la explotación laboral e infantil, la contaminación, la deforestación, el desperdicio de agua o los daños en los ecosistemas. a través de multas de hasta el 5% del volumen de su negocio.

Las normas aplicación a las compañías de más de 500 empleados con un volumen de negocios mundial superior a 150 millones de euros o a las empresas con más de 250 empleados y un volumen de negocios superior a 40 millones de euros si al menos 20 millones se generan en sectores como la construcción, el textil, la agricultura, incluida la silvicultura y la pesca, la fabricación de alimentos y comercio de materias primas agrícolas, extracción y comercio al por mayor de recursos minerales o fabricación de productos relacionados y construcción.

Para garantizar el cumplimiento de las normas, cada país tendría que designar una autoridad supervisora encargada del control a través de inspecciones e investigaciones a las empresas. El argumento de los liberales alemanes, que son los que han empujado en conta del acuerdo, es que la nueva directiva supondría más cargas burocráticas para el comercio.

El rechazo en el Consejo ha sentado como un jarro de agua fría a las fuerzas progresistas en la Eurocámara y a las organizaciones sociales. “Los Estados miembros han decidido hacer la vista gorda con las personas y el planeta”, lamentan los socialdemócratas en un comunicado en el que reprochan que “los inexplicables bandazos de algunos Estados miembros socavan profundamente la confianza en el papel de algunos gobiernos nacionales en las negociaciones a escala de la UE”.

“Es un día triste para los derechos humanos, el medio ambiente y la competitividad de las empresas europeas”, expresa la vicepresidenta de Los Verdes, Heidi Hautala, que reprocha a los estados miembros que hayan roto el acuerdo en el “último minuto”.

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/alemania-francia-e-italia-bloquean-ley-obliga-multinacionales-cumplir-derechos-humanos_1_10965874.html

2 de mayo de 2023

La lucha por la jornada de 8 horas: un hito en la historia laboral

Javier F. Ferrero

La solidaridad internacional y la cooperación entre los trabajadores de todo el mundo pueden ser una herramienta poderosa para promover los derechos laborales y la justicia social.

La lucha por la jornada laboral de ocho horas es uno de los movimientos laborales más importantes de la historia. Se trata de una lucha que ha definido gran parte de las políticas laborales modernas y ha establecido un estándar para los derechos de los trabajadores.

Este artículo explora la historia de la lucha por la jornada de 8 horas y su impacto en el mundo laboral.

1. Antecedentes de la Jornada de Trabajo

En el siglo XIX, durante la revolución industrial, no era raro que los trabajadores estuviesen en sus puestos de trabajo durante 12 a 16 horas al día, seis días a la semana.

En condiciones a menudo insalubres y peligrosas, los trabajadores luchaban por satisfacer las exigencias de una economía en rápido crecimiento.

Sin embargo, la falta de regulaciones laborales significaba que los empleadores tenían pocas restricciones en cuanto a la cantidad de horas que podían exigir a sus trabajadores.

2. El Origen de la Lucha por la Jornada de 8 Horas

La lucha por la jornada de 8 horas comenzó a mediados del siglo XIX, cuando los trabajadores y los sindicatos empezaron a exigir una reducción de las horas de trabajo.

La Federación Americana del Trabajo (AFL), fundada en 1886, adoptó la jornada de 8 horas como uno de sus principales objetivos.

El lema de la federación, “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el descanso, ocho horas para lo que nos plazca”, se convirtió en el grito de guerra de los trabajadores.

3. La Masacre de Haymarket y el Día del Trabajo

La lucha por la jornada de 8 horas llegó a su punto álgido con la huelga general del 1 de mayo de 1886, en la que más de 300,000 trabajadores de todo Estados Unidos abandonaron sus puestos de trabajo.

Sin embargo, la protesta pacífica se tornó violenta durante una manifestación en la plaza Haymarket de Chicago, cuando una bomba provocó la muerte de varios policías.

La Masacre de Haymarket resultó en la persecución de los líderes laborales, pero también atrajo la atención pública sobre la lucha por la jornada de 8 horas.

En honor a los mártires de Haymarket, el Día del Trabajo se celebra en muchas partes del mundo el 1 de mayo.

4. La Implementación de la Jornada de 8 Horas

Después de décadas de lucha, la jornada laboral de 8 horas comenzó a implementarse a principios del siglo XX en muchos países. En Estados Unidos, la Ley Adamson de 1916 estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores ferroviarios, y la Ley Fair Labor Standards de 1938 extendió esta norma a la mayoría de los trabajadores.

La importancia de la lucha

La lucha por la jornada de 8 horas es un hito importante en la historia laboral. Esta lucha demostró el poder de la acción colectiva y sentó las bases para los derechos laborales modernos. Hoy en día, la jornada laboral de 8 horas es un estándar aceptado en muchas partes del mundo, un testimonio duradero del coraje y la determinación de los trabajadores que lucharon por ella.

A pesar de este éxito, la lucha por los derechos laborales está lejos de haber terminado. En muchas partes del mundo, los trabajadores todavía enfrentan largas horas de trabajo, condiciones peligrosas y falta de protecciones laborales.

Los desafíos modernos, como la creciente economía del gig y el trabajo remoto, plantean nuevas preguntas sobre cómo definir y regular las horas de trabajo.

Sin embargo, la lucha por la jornada de 8 horas nos proporciona un valioso precedente de cómo la acción colectiva puede llevar a cambios significativos en las políticas laborales.

Además, en un mundo cada vez más globalizado, la lucha por los derechos laborales se ha convertido en una cuestión internacional.

Las prácticas laborales de las corporaciones multinacionales, la explotación de los trabajadores migrantes y la disparidad en las normas laborales entre países son problemas cada vez más apremiantes.

En este contexto, la solidaridad internacional y la cooperación entre los trabajadores de todo el mundo pueden ser una herramienta poderosa para promover los derechos laborales y la justicia social.

La lucha por la jornada de 8 horas nos recuerda que los derechos laborales que damos por sentados hoy en día son el resultado de décadas de lucha y sacrificio.

Al recordar esta lucha, rendimos homenaje a los trabajadores que pusieron en riesgo su vida y su seguridad por un mundo laboral más justo.

Además, nos inspira a seguir luchando por los derechos laborales y a enfrentar los desafíos laborales de nuestra época con el mismo coraje y determinación.

Al conmemorar la lucha por la jornada de 8 horas, recordamos una historia de resistencia, solidaridad y cambio social. Es una historia que resalta la importancia de la acción colectiva y la defensa de los derechos laborales.

Aunque la lucha por la jornada de 8 horas se libró hace más de un siglo, sus lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron entonces.

En un mundo en el que los derechos de los trabajadores están constantemente amenazados, la historia de la lucha por la jornada de 8 horas es un recordatorio poderoso de lo que se puede lograr cuando los trabajadores se unen para exigir un trato justo.

Javier F. Ferrero. Director de Contrainformacion.es. Fundador y director de Nueva Revolución. Gestor en Spanish Revolution. Asesor externo en redes de Publico.es.

29 de marzo de 2023

FRANCIA EN LLAMAS

Natalia Sobrevilla

Donde las protestas violentas terminan en destrozos, pero no en muertes

Si hay un país en Occidente que nos hace pensar en la protesta y la insatisfacción ciudadana es Francia. En 1789 la molestia con la monarquía fue tan grande que la Revolución arrasó con todo el sistema de gobierno y, tras años de disconformidad y disturbios, los reyes y muchos nobles terminaron perdiendo la cabeza en la guillotina.

La radicalización llegó a ser tan grande que la Primera República desbarró en ríos de sangre. Los jacobinos, liderados por Saint Just, Robespierre, Danton y Marat, instauraron no solo la Constitución de 1793, sino también el Comité de Seguridad Pública y el Régimen del Terror, que al final los consumió de tal manera que sus dirigentes también acabaron en la guillotina (menos Marat, que fue acuchillado en su tina).

El imperio de Napoleón llevó eventualmente a la Restauración y, en 1830, a otra revolución, que instauró una monarquía constitucional al mando de Luis Felipe de Orleans. Este régimen fue más moderado, pero tampoco sobrevivió sino hasta 1848, cuando se desató una sublevación más, casi tan intensa como la de 50 años atrás.

Una nueva generación de liberales radicalizados en busca del cambio social enarboló las banderas rojas.  Karl Marx publicó en Londres su Manifiesto comunista y en todo el mundo surgieron movimientos de cambio, algunos de corte nacionalista y otros que buscaban la dignidad del trabajo y la abolición de la esclavitud.

Una vez más, sin embargo, las ambiciones de la revolución se vieron decepcionadas, y Luis Napoleón organizó un nuevo imperio. Si bien Francia se consolidó como una gran potencia, los problemas sociales no desaparecieron, y en 1871, al terminar la guerra franco-prusiana, la Comuna de París tomó el control de la ciudad por dos meses, en los que implementaron una serie de políticas progresistas. Los socialistas, las feministas, los comunistas y los anarquistas tuvieron roles protagónicos en el breve gobierno que fue destruido por el ejército en tan solo una semana.

Las barricadas no sobrevivieron, pero sus esfuerzos fueron considerados por Marx y Engels como un primer ejemplo de ‘dictadura del proletariado’. Murieron entre 10 y 15 mil personas, y otras ocho mil fueron exiliadas. A diferencia de las revoluciones anteriores, el sistema de grandes bulevares creados por el barón de Haussmann al refaccionar París hizo imposible la defensa de las barricadas, que fueron destruidas con gran facilidad. Enardecidos los últimos en defender la Comuna en Montmartre se dedicaron a incendiar los edificios que representaban al gobierno.

Si bien en el siglo 19 Francia fue escenario de muchas revoluciones, durante el 20 se vio más afectada por las guerras mundiales. Luego, en 1968, la violencia social volvió a estallar cuando los estudiantes tomaron las calles y armaron barricadas para enfrentarse a lo que consideraban un sistema que ya no los representaba. Durante unas siete semanas que comenzaron en mayo las huelgas y manifestaciones a lo largo del país paralizaron todo. Los que protestaban se quejaban del imperialismo yanqui y del impacto del capitalismo, y 11 millones de trabajadores se pusieron en huelga y lograron mejoras salariales importantes. Los estudiantes que tomaron las universidades también tuvieron éxito en cambiar la manera en que funcionaban algunas de sus instituciones, y las elecciones llevaron a un fortalecimiento del gobierno de De Gaulle.

La leyenda de Mayo del 68, de la Comuna de 1871, de las revoluciones de 1848, 1830 y 1789 alimentan la idea de que los franceses no aceptan el mandato de sus líderes sin oponerse violentamente a cualquier cosa que limite sus derechos. En realidad, comparada a muchos otros países, Francia ha logrado mantener un estado de bienestar contra los embates del neoliberalismo.

Pero esto no ha sido sin violencia y confrontación. El sistema de pensiones se ve cada vez más amenazado y Emmanuel Macron, el actual presidente, fue elegido con el mandato de hacer cambios que lo hicieran sostenible. Pero en cada paso de ese proceso se ha enfrentado a los trabajadores.

En 2018 se hicieron conocidos los ‘chalecos amarillos’, que se opusieron a cualquier cambio al régimen de pensiones y exigieron modificaciones al sistema económico. Las protestas se volvieron rabiosas y murieron al menos unas 10 personas, una de ellas por acción de la policía.

Este mes de marzo las protestas han estallado de nuevo y una vez más Francia arde. Los trabajadores están en huelga. De día las manifestaciones son pacíficas, mientras que de noche se dan enfrentamientos con la policía en las que se queman edificios emblemáticos del poder y se destruyen plazas del centro de las ciudades.

Si bien los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes son cada vez más violentos y más de cien personas han terminado presas, no ha habido muertos y, tras una noche en el calabozo, los protestantes vuelven a la calle a seguir con su rechazo. No se ve solución a la vista porque Macron arguye que la edad de jubilación debe necesariamente subir de 62 a 65 años, mientras que los trabajadores consideran que esto es injusto y que lo que deben subir son los impuestos a los más ricos.

Desde el Perú, donde ni siquiera tenemos una jubilación justa (no importa a qué edad), no podemos más que ver con envidia cómo en Francia es posible tomar aeropuertos, destruir propiedad, tomar las plazas centrales de las ciudades más emblemáticas sin temor a ser abaleados y asesinados por las autoridades.

Si bien Francia está en llamas, no tiene aún muertos que lamentar.

https://jugodecaigua.pe/francia-en-llamas/

18 de noviembre de 2022

Qatar o cómo evitar la realidad por un rato

Guadi Calvo

Desde hace varias décadas el rock, las drogas y el fútbol, a los que ahora podríamos sumar las redes sociales (ordene a su antojo estos cuatro jinetes del apocalipsis), son los pocos espacios que el sistema ha acondicionado para que los atribulados ciudadanos de estos tiempos podamos acomodar, aunque sea por un rato, nuestros fracasos y frustraciones para descansar el agobio, de saber que esa bestia sanguinaria llamada realidad nos espera allí afuera para seguir devorándonos.

A nada de comenzar en Qatar la vigésimo segunda Copa Mundial de Fútbol, todos hemos acordado ignorar que aquí, cerca de todos, donde en poco todo será éxtasis y gloria, estamos a dos casilleros de una guerra nuclear mientras la crisis climática nos gana por goleada un partido que ya acaba y para peor, no tiene revancha.

Solo hay que preguntarse ¿cuánto más esperará Rusia para empezar una guerra en serio? O cuándo dejaremos de ignorar, como si fuese una fake news, aquello de las sequías y sus incendios, los diluvios y las inundaciones, el derretimiento de los casquetes polares y de las nieves eternas, el calentamiento de los océanos y la desaparición de los grandes lagos, queriendo creer que todo responde a un ordenamiento natural, como las mareas y las estaciones, sin asumir que las campanas doblan por nosotros.

Pero nada de eso es sustancial ahora, todo se va a postergar un mes porque estamos a nada de que la pelota comience a correr por los más espléndidos campos de juego que el hombre haya soñado jamás.

Y para que esos campos de juego verdeen de la manera inconmensurable que verdean, han sido regados con miles de muertos que en honor al dios fútbol, o a “es la economía, estúpido”, fueron inmolados en los fructíferos desiertos de Qatar.

Ya se han descrito hasta el hartazgo las aventuras que jugó el actual emir Tamin bin Hamad al-Thani, entonces príncipe heredero, quien, en un famoso encuentro en París en noviembre del 2010 logró convencer al presidente francés Nicolás Sarkozy y al exfutbolista y entonces presidente de la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol) Michel Platini, de lanzarse tras los votos europeos para conseguir que Qatar se convirtiera en la sede del mundial del 2022.

Más allá de que tal escándalo desatase lo que se conoce como FIFAgate, una serie de investigaciones iniciadas en primer lugar por una fiscalía de Nueva York por supuestos pago de sobornos, de más de cien millones de dólares, a dirigentes de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) para conseguir diferentes derechos de televisación, auspicios y publicidad para los Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Y en segunda instancia la justicia Suiza, que en noviembre de 2015, por pedido de la propia FIFA, en un claro ejemplo de fuego amigo, investigó la compra de votos y lavado de dinero en relación con la designación de las sedes mundialistas de Rusia en 2018 y la de Qatar de este año. Si bien hubo detenidos y algunos siguen presos, la sangre no llegó a río, ya que solo con un cambio de nombres y de tutores, la corrupción y los negociados continúan imperturbables.

A cambio de aquella diligencia de Sarkozy y Platini el emirato, por intermedio de la Qatar Sports Investments, invirtió millones en el Paris Saint Germain (PGS), además de cerrar importantes contratos para la televisación de diferentes ligas de futbol europeo para el multimedio al-Jazeera, propiedad del Estado qatarí, lo que se cerró con multimillonarios acuerdos comerciales con Francia, entre los que se incluía la venta de 50 aviones Airbus A-320  para la Qatar Airways.

Confirmando los enjuagues de Francia y Qatar, hace unos días Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA que todavía está siendo juzgado por el FIFAGate, declaró que la elección de Qatar “fue un error” y señaló a Platini y el negociado de los Airbus lo que posibilitó esa designación.

Así, Qatar se hizo con el primer mundial a jugarse en un país de Medio Oriente, árabe y musulmán, para lo que, dadas las temperaturas de junio/julio, de entre 40 y 41 grados y que con frecuencia llegan a los 44 grados, se ha trasladado a noviembre/diciembre, meses en los que las temperaturas se encuentran en un rango de 23 a 25 grados, con escaladas de hasta 37. El cambio de fechas fue un trabajo para nada sencillo de resolver y organizar, debido a las apretadas fechas de los campeonatos locales y copas internacionales de todo el mundo, lo que compromete a cientos de las principales estrellas integrantes de las selecciones participantes, pero al parecer el gas qatarí todo lo puede.

En referencia a los extraños negocios de la familia al-Thani, poco se ha recordado para estas fechas que el jeque Hamad bin Khalifa al-Thani, padre del actual emir, se vio obligado a abdicar a favor de su hijo Tamin en junio de 2013 cuando comenzaron a zozobrar las finanzas del emirato, dados los inconmensurables giros a las organizaciones terroristas, que con miles de combatientes bien pagos y mejor armados, invadieron Siria en 2011, guerra que todavía perdura y de la que emergió a principios de 2014 nada menos que el Dáesh.

Sangre barata

Más allá de las cifras escandalosas que ha dispuesto Qatar en estos diez últimos años, para la organización de este mundial, cercana a los 200.000 millones de dólares que se han ido en la construcción de siete nuevos estadios y la reconstrucción total de un octavo, todos con sistema de aire acondicionado en las tribunas donde podrán acomodarse sentados 80.000 espectadores, además de docenas de otros proyectos monumentales entre los que se incluyen la ampliación del aeropuerto de Hamad -con capacidad para recibir 200.000pasajeros al día- nuevas autopistas, transporte público, incluida una nueva línea de subterráneos, hoteles y una nueva ciudad que será la sede de la final de la Copa del Mundo para recibir al millón y medio de visitantes durante el mes del mundial, aunque solo existen 130.000 plazas de alojamiento en hoteles, cruceros y campamentos de lujo en el desierto. Las autoridades están pidiendo a la población que alquile habitaciones, lo que se calcula podría sumar unas 64.000 plazas más, que seguirán siendo muy pocas y nadie sabe cómo se maneja ese faltante.

Para todo esto, más allá de los fondos para financiarlo, que es lo que parece sobrar en Qatar, hicieron falta miles de trabajadores que debieron ser “importados” de países del sudeste asiático, principalmente de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas y también de Kenia, lo que sumó a la población de un millón ochocientos mil residentes, de los que solo unos 250 mil son ciudadanos qataríes, el resto mano de obra, profesionales y técnicos a los que, bien anunciada la obtención de la sede en el 2010 se sumó otro millón de trabajadores de baja calificación conchabados por agencias laborales, con sueldos de entre 350 y 500 dólares, bajo lo que se conoce como el sistema de kafala (patrocinio o auspicio) en el que el trabajador que después de hacerse cargo del viaje y el papeleo previo (pasaporte, visas y permisos de trabajo) queda en manos de los antojos del empleador, quien además de retener el pasaporte impone todas las condiciones acerca de trabajo, horarios, tareas específicas, fechas de pago, e incluso la disolución del vínculo sin aviso previo, al tiempo que los trabajadores no tiene siquiera el derecho a renunciar, ya que se exponen a ser encarcelados o deportados sin ninguna compensación, debiendo abandonar el país estrictamente con lo puesto, a la anulación del permiso de residencia o denuncias por fuga.

Recién en 2018, por la presión internacional, Doha, anunció el fin del kafala, lo que en la realidad no se ha verificado y los obreros continúan expoliados literalmente hasta la extenuación. Existen denuncias de que en muchos casos los trabajadores han tenido jornadas de 20 horas a la intemperie, con poca agua y sin protección para las temperaturas que se acercaban a los 50 grados.

Debido a la sobreexplotación, la exposición a altas temperaturas y las pésimas condiciones de vida -los operarios viven en contenedores sin aire acondicionado y con precarios sistemas de higiene- empezaron a producirse muertes, cada vez más frecuentes, que tanto las autoridades del emirato como de la FIFA ocultaron, hasta que el número de fallecidos sobrepasó la operación de ocultamiento.

Hoy ya no hay dudas que en Qatar se ha cometido un genocidio a cielo abierto, atroz como cualquier genocidio más allá de las cifras que, según las fuentes, hablan de entre 6.500 y 15.000 trabajadores muertos hasta el 2019, aunque las cifras oficiales mencionan unos 500, explicando que es “una tasa de mortalidad, entre estas comunidades, que está dentro del rango esperado para el tamaño y la demografía de la población”.

Según los datos solo de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka hubo 5.927 muertes de trabajadores entre 2011-2020. Por su parte la embajada de Pakistán en Qatar informó de otras 824 muertes de sus nacionales entre 2010 y 2020, y según algunos datos al menos 1.700 nepalíes también han muerto en Qatar desde 2010.

En estos cálculos no se incluyen las muertes de ciudadanos de Filipinas y Kenia, que aparecen entre los países que más trabajadores enviaron. Tampoco se han apuntado las muertes de los últimos meses del 2020. Qatar no ha investigado las causas de las muertes que, en su mayoría, son de hombres jóvenes en cuyas actas de defunción se anota burocráticamente “insuficiencia cardíaca aguda por causas naturales, muerte natural”.

Aunque algunas investigaciones dicen que las muertes las han producido lesiones múltiples por caída desde altura y asfixia por ahorcamiento, aunque muchos casos no se han podido investigar debido a la descomposición de los cuerpos. Así todo, según una investigación del periódico británico The Guardian, el 69 por ciento de las muertes entre trabajadores indios, nepalíes y bangladesíes se clasifican como naturales y entre los indios, la cifra alcanza al 80 por ciento.

Qatar no ha hecho caso a los pedidos de Human Rights Watch para que modifique la ley sobre autopsias para que se puedan investigar las muertes repentinas o inexplicables para que todos los certificados de defunción informen claramente la causa del deceso. Mientras tanto las muertes por covid han sido poco más de 250 entre todas las nacionalidades.

La lluvia de denuncias que ha caído sobre Qatar obligaron al emir, Tamim bin Hamad al-Thani, a denunciar “una campaña sin precedentes que ningún país organizador ha enfrentado”.

Mientras, ninguno de los países de los que son originarios los trabajadores muertos han condenado, al menos públicamente, al emirato ni han exigido explicaciones por temor a represalias, especialmente económicas, que el poder de Qatar podría implementar. Comunidades enteras de esos países dependen de las remesas enviadas por familiares que se encuentran trabajando en Qatar.

Los abusos cometidos por el emirato no solo los sufren los trabajadores o las naciones pobres que dependen mucho de esas remesas que llegan desde allí, también potencias como los Estados Unidos aceptan las condiciones, ya que el emirato produce la cuarta parte del gas mundial, unos 77 millones de toneladas de gas natural licuado al año y prometió a Washington elevar esa producción a 126 millones de toneladas para 2026-27, lo que no es un dato menor en el marco del conflicto en Ucrania y las sanciones rusas a Occidente. En vista de esta realidad Joe Biden nombró oficialmente en enero pasado a Qatar como un aliado estratégico fuera de la OTAN, una “distinción” con la que cuentan muy pocos países.

Pero todo lo escrito más arriba carece de importancia a partir del domingo día 20, cuando el mundo se acomode frente al televisor para evitar la realidad por un rato.

Guadi Calvo. Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

21 de octubre de 2022

Perú: Verdades sobre la tercerización

Pedro Francke

Se ha abierto un debate a partir de un decreto del gobierno precisando los límites de la tercerización, lo que compromete a no menos de 130 mil trabajadores. La norma fue dada en febrero y se dio a las empresas seis meses para que se adecúen. Para la Confiep y quienes defienden este modelo neoliberal, es un atentado tremendo contra la inversión creadora de empleo. Sin embargo, el empleo formal privado ha crecido 7,3% en el último año, así que no se registra el efecto señalado.

En vez de repetir frases ideologizadas, analicemos en detalle el tema. Empecemos por la palabra tercerización, que para la mayoría no es de uso cotidiano. Se refiere a una estrategia empresarial consistente en que una serie de actividades que la compañía necesita realizar las contrata con otras empresas, “terceras” en el sentido que no son las directamente encargadas de la producción ni son sus trabajadores. Una empresa moderna depende de diversos productos y servicios para hacer viable su negocio. Una cafetería o restaurante bien puede comprar los postres en otro lado y alquilar un local en un centro comercial que se encargue de la seguridad y la limpieza. Una universidad puede contratar una empresa que atienda los comedores porque esa no es su especialización. Entendiendo eso, ¿sería razonable que en un restaurante se diga que quienes atienden a los clientes, registran el pedido y cobran, preparan la comida y la sirven, sean trabajadores de una empresa distinta, es decir tercerizados? ¿O podría ser razonable que yo, como profesor universitario, en realidad no sea contratado por la universidad sino por una “empresa especializada en proveer servicios de dictado de cursos en educación superior”? No, claro que no. En ambos casos estamos hablando de labores que son la esencia misma de los servicios brindados.

TERCERIZACIONES TRAMPOSAS

Hace unos años me dieron esta información: la empresa Pluspetrol, operadora del gas de Camisea, tenía en su planilla siempre entre 17 y 19 trabajadores, nunca veinte. ¿Raro, no? ¿Por qué?  Porque hay un beneficio que tienen los trabajadores, consistente en que se les debe repartir una proporción (muy minoritaria) de las utilidades de la empresa. Pero esa obligación solo existe para empresas de veinte a más trabajadores. Era fácil deducir que la razón por la que esta empresa siempre tenía menos de veinte trabajadores era para eludir la ley y negar ese reparto de utilidades, para quedarse con la totalidad de las mismas. Pero para la explotación del gas de Camisea se necesitan más de veinte trabajadores. ¿Y entonces? Fácil: los demás trabajadores necesarios no estaban en la planilla de Pluspetrol sino contratados por una “empresa tercerizada”. De esa manera Pluspetrol Camisea registraba menos de 20 trabajadores y no repartía utilidades, quedándose los dueños capitalistas con mayores ganancias. Como si quien atiende una cafetería o un profesor universitario, realmente no fueran empleados directos sino terceros, usando el pretexto de un “servicio especializado”.    

Este ejemplo es una muestra de una tercerización tramposa: su objetivo no es el mejor aprovechamiento de la especialización propia de nuestra época, es sacarle la vuelta a los derechos laborales establecidos por ley. Hay varias razones por las que esto conviene a las empresas. Una es la señalada respecto a las utilidades. Pero es un ejemplo algo extremo, no sucede así en muchas empresas que tienen más de veinte trabajadores propios y también muchos “tercerizados”. En la jerga del sector minero se les conoce como “contratas” y son más del doble que los trabajadores directamente contratados por la mina. En los últimos dos años, hay 20 mil trabajadores menos contratados por las empresas mineras y 90 mil más en contratas. Puede ser algo justificado en algunos casos, pero dudo que lo sea en todos.  ¿Por qué? En primer lugar, tercerizar es una forma de debilitar a la organización de los trabajadores. Como con la tercerización en una sola mina hay varias empresas distintas, cada grupo de trabajadores debe tener un sindicato aparte, y si lo consiguen formar, deben presentar un pliego de reclamos y una negociación aparte, lo que hace mucho más difícil que se unan para contrapesar el poder empresarial. Así, si el sindicato de la empresa principal va a un paro, los “tercerizados” siguen trabajando y la presión sobre la empresa es mucho menor.

La responsabilidad frente al incumplimiento de la legislación laboral y frente a riesgos de seguridad es otra razón. A algunos trabajadores se les somete a contratos ilegales y se les pone como “prestadores de servicios” para no pagarles gratificaciones y CTS, o no se protege suficientemente su seguridad en el trabajo (recuerden el terrible accidente en un McDonald’s en el que murieron dos jóvenes). Pocos logran defender exitosamente sus derechos ante el poder judicial, pero si son trabajadores tercerizados, la empresa principal no asume el costo: lo asume la “empresa contratista”. Y si el reclamo es por una suma muy grande, simplemente no lo paga, quiebra y luego registra la empresa con un nuevo nombre. Eso le resultaría mucho más difícil de hacer a la empresa principal, porque es la titular de las concesiones, permisos y licencias que necesita para operar.

GRAN COSTO

Por estas razones, es necesario regular la tercerización e impedir que se abuse de ella. El decreto aprobado establece que el “núcleo” de la empresa no puede ser tercerizado. Como yo lo entiendo, el restaurante o café en un centro comercial sí puede encargar a otra empresa la seguridad y la limpieza, pero no la cocina ni la atención. Una universidad puede contratar con otra empresa un servicio de comedor, pero no uno de “clases especializadas”. Son ejemplos simples, mientras la realidad empresarial produce muchas cosas diferentes con formas de organización propias a cada sector que es necesario reconocer y regular adecuadamente. Simplemente señalar que no se puede tercerizar el “núcleo” de la empresa deja amplio lugar a interpretaciones, y cuando algo queda indefinido genera incertidumbre, da ventaja a los poderosos y abre espacio a la corrupción. Es necesario controlar los abusos antilaborales y antisindicales, pero manteniendo las ventajas reales de la especialización y basándose en una regulación transparente y clara.

No hay que perder de vista, sin embargo, el asunto de fondo: en nuestro país la sindicalización es muy baja, los trabajadores están muy desprotegidos, los salarios son reducidos y las ganancias empresariales son grandes. Mientras los ingresos por trabajo representan alrededor del 60% del PBI en los países desarrollados y se acercan a dicho valor incluso en algunos países de la región, en el Perú ahora apenas llegan a 30%. Los trabajadores mineros han perdido 26% de su poder adquisitivo los últimos dos años. La industria hoy produce 6 por ciento más por trabajador que en el 2019 pero sin aumentar salarios. A la base de esta situación está que el porcentaje de trabajadores sindicalizados en el sector privado es apenas 5 por ciento. Hay que ser claros, sin embargo, para entender que en este terreno hay un problema mucho mayor que la tercerización: más del 70 por ciento de trabajadores formales tienen contratos a plazo fijo, lo que en la práctica impide la sindicalización porque al que promueve la organización sindical, simplemente no le renuevan el contrato, y eso sí que requiere una reforma urgente.

El aporte de los trabajadores a la creación de la riqueza es obviado por la derecha pro-empresarial, como si no fuéramos parte indispensable de cualquier empresa o institución. Es necesario insistir en que la creación de valor se produce mediante la colaboración de las empresas privadas con el Estado y los trabajadores. Debe haber mayor justicia en la distribución del ingreso y para ello la ley debe resguardar los derechos de los trabajadores.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 606 año 13, del 07/10/2022, p20

https://www.hildebrandtensustrece.com/

25 de septiembre de 2021

PERÚ: LO IMPERFECTO DE LA SUSPENSIÓN PERFECTA

Hugo Ñopo

El sábado pasado en la reunión editorial de Jugo de Caigua, Natalia Sobrevilla hizo un apunte clave en la discusión sobre la suspensión perfecta de labores. Dijo que el adjetivo mismo —“perfecta”— le hacía mucho ruido. Es cierto que el asunto no tiene nada de perfecto y, en tiempos caóticos como los actuales, algo que se llame así resulta disruptivo. El tema da para muchas discusiones sobre nuestra psique, pero no soy experto en el tema. Les ofrezco, en cambio, un poco más de discusión consciente y racional sobre la suspensión perfecta de labores. Con esa perspectiva probablemente queden más claros nuestros problemas subconscientes.

Comencemos por el término. ¿Qué es una suspensión? ¿Por qué se le llama “perfecta”?  Se trata de una pausa en la relación laboral entre un empleador y un trabajador. Generalmente se utiliza cuando un factor externo y temporal hace que sea imposible mantener activo el puesto de trabajo mientras tal factor esté presente. Una vez pasado el temporal la relación laboral se puede retomar, y por eso tiene más sentido la suspensión que la terminación.

Ahora bien, en la suspensión de labores se contemplan dos posibilidades. En un primer caso el trabajador deja de prestar sus servicios, pero el empleador sigue cumpliendo con los salarios y prestaciones que le corresponden. El código laboral llama “suspensión imperfecta” a esta figura. En el otro caso, el de la dichosa “suspensión perfecta”, ambos suspenden sus responsabilidades: el trabajador no provee servicios y el empleador no paga salarios ni prestaciones.

Como puede notarse hemos sido víctimas de la imprecisión de quienes redactaron la norma. Si alguno de los legisladores a cargo hubiera revisado bien un diccionario nos habría salvado de, al menos, esta parte del problema. ¿Qué tal si usábamos términos como “parcial” y “total”? ¿O “unilateral” y “bilateral”? Nuestra legislación laboral, cuyo compendio sobrepasa las 1.800 páginas, nos regala varias joyas así. En fin.  

Vamos ahora a lo económico. Tendemos a pensar en la suspensión perfecta como un instrumento para poner en pausa una relación laboral ya existente. Pero nos olvidamos de que esta es, al mismo tiempo, una posibilidad de darle sobrevivencia a una relación que corre el riesgo de terminar. Es una alternativa al despido o la renuncia. Aquí nuestros sesgos cognitivos y tendencias de comportamientos limitan la posibilidad de ver el problema con claridad, dándole más peso a lo primero (el fin de una relación) que a lo segundo (la posibilidad de mantenerla).

Son varios los sesgos cognitivos que pueden estar en juego en nuestra manera de ver el asunto de la suspensión perfecta. El de la disponibilidad y el del statu quo me vienen a la mente como los más saltantes, aunque seguramente hay otros. Pero me parece que lo que opera con más fuerza aquí es una de nuestras tendencias de comportamiento: la aversión a la pérdida. La tristeza que nos causa perder un empleo es mucho mayor que la satisfacción que obtenemos cuando conseguimos el mismo. Acumular y aferrarnos a las cosas es una tendencia humana. Kahneman y Tversky lo estudiaron hace unas décadas, dando origen a la economía del comportamiento con su prospect theory.

Nos obsesionamos con no tener pérdidas, y los políticos que andan prestos a quedar bien con nosotros se esmeran en poner regulaciones que intenten atender tal objetivo. El problema es que tal regulación no siempre consigue lo que se propone. La buena intención no basta. Eliminar la suspensión perfecta, por ejemplo, precipitará tomas de decisiones sobre si se continúan o se terminan algunas relaciones laborales. Tal como están las proyecciones de crecimiento de diversos sectores de la economía quizá lo más racional para varios sea la terminación.

Lamentablemente en los asuntos laborales estamos hace buen tiempo entrampados y nos hace mucha falta encontrar nuevos consensos frente a la realidad cambiante del mundo del trabajo.

Recordarán que durante el gobierno de Humala se intentó legislar sobre la empleabilidad de los jóvenes con la Ley Pulpín. La ley, que se promulgó sin una discusión apropiada, tuvo que derogarse tan rápido como se pudo por presión de las calles. La discusión polarizada de ese momento también puede verse con los lentes de la prospect theory: la aversión a la pérdida (de derechos laborales) superó a los beneficios percibidos que traería la posibilidad de generar nuevos empleos, aunque de menor calidad.

Comprender esos temores de los agentes económicos es muy importante, pero también es necesario poner la situación en perspectiva. El statu quo que la Ley Pulpín pretendía cambiar es uno en el que la tasa de desempleo juvenil duplica la de los adultos, y la tasa de informalidad del empleo de los jóvenes pobres es 95%. Esa perspectiva lleva a concluir que la defensa de los derechos laborales de los jóvenes pobres es prácticamente la defensa del conjunto vacío. ¿Cómo se puede generar mayor bienestar para ellos? Hace falta dialogar mucho sobre esto.

Pero volvamos al asunto de la suspensión perfecta de labores, porque aquí también nos hace falta perspectiva. Seguramente el lector ha visto en las noticias que esta involucra a poco más de 200 mil trabajadores. Puesto así, podríamos pensar que se trata de un problema grande del país y, por lo tanto, merecería la atención que viene recibiendo. Pero vale recordar que esto representa alrededor del 1% del mercado de trabajo. Por enfocarnos en este tema polarizador y, por ello mismo, mediático, no le prestamos la atención suficiente al otro 99%. Temas más grandes que ese son el desempleo (tres veces el número de personas en suspensión perfecta), la inactividad laboral (30 veces tal número) y la informalidad (60 veces). La cuestión de fondo debería ser: ¿cómo hacemos para generar más y mejores empleos?

9 de febrero de 2021

EL TRABAJO (NO SIEMPRE) DIGNIFICA

Hugo Ñopo

El trabajo es muy importante para la mayoría de nosotros. Mas allá de generar los ingresos para nuestro bienestar y el de nuestras familias, Marx decía que el trabajo además nos dignifica. Algo de eso parece estar perdiéndose en el Perú actual.

Hay empleos que generan poco valor y, por lo tanto, reciben retribuciones a esa altura: bajos salarios y, en algunos casos, ausencia de cobertura de seguridad social o pensiones. La lista de ejemplos puede ser extensa. Pensemos en el burócrata que pone sellos inútiles en los documentos, en el vigilante que baja y sube las tranqueras de las calles (donde, dicho sea de paso, no se debería restringir el transito), o el otro vigilante que registra el número de serie de la laptop cuando entramos a un edifico público.

Nos hemos acostumbrado a la existencia de esos empleos sin habernos cuestionado su utilidad. Generan un valor casi nulo, o hasta negativo (pues hacen más lento el funcionamiento de todo lo demás). ¿Se dará cuenta el burócrata o el vigilante del valor de su trabajo? ¿Qué impacto tiene esto en su dignidad?

Para quienes desempeñan esas funciones hay un razonamiento muy obvio: entre hacer ese trabajo y estar en el desempleo, es preferible lo primero. Pero el impacto social de esto, que no se ve de buenas a primeras, es nefasto: cuando existen personas dispuestas a trabajar generando muy poco valor, se normaliza el mantenimiento de sueldo bajos en la economía.

Por eso es normal encontrar en países como el nuestro que, en las oficinas, una persona esté a cargo de servir los cafés, otra de sacar las fotocopias y otra de organizar la agenda del jefe. Todos esos empleos de baja productividad se pueden mantener con sueldos bajos. La remuneración mínima vital está en S/.930, esto es, menos de 10 dólares por día de trabajo. En países desarrollados esos empleos no existen: cada uno se sirve su café, saca sus fotocopias y organiza su agenda (salvo que se trate de un jefe muy encumbrado en una gran corporación). En varios de esos países el sueldo mínimo supera los 10 dólares por hora trabajada.

El miedo al desempleo en un país como el nuestro, donde no existe un seguro de desempleo ni una red de protección social, lleva a muchos a aceptar salarios bajos. Pero hay algo peor. La respuesta que muchos tienen frente al desempleo es la de generárselo ellos mismos, “ser su propio jefe”. Es más, durante mucho tiempo esto ha sido alentado por las políticas y el discurso público: ¡Somos un país de emprendedores!

Digo que esto es peor porque, entre los trabajadores independientes, los ingresos son muy bajos e inestables. La imagen estereotipada de emprendedores exitosos es una rarísima excepción. En un mes típico, 50% de los hombres y 90% de las mujeres que trabajan independientemente generan ingresos que están por debajo de una remuneración mínima vital.

Pero hay algo aún peor. Esos emprendedores de bajos ingresos muchas veces están apoyados por miembros del hogar que “ponen el hombro”. Es común la imagen de los hijos, sobrinos, esposos y padres que apoyan en la preparación y reparto de galletas, mermeladas, jabones, manualidades y una larga lista de etcéteras que se preparan en los hogares peruanos. Estas personas apoyan al emprendimiento, pero no reciben una remuneración. Esta es probablemente una de las formas más bellas de apoyo, pero también una de las más precarias. ¿Hay algo mas precario que una informalidad laboral con salario cero?  

Aún recuerdo cómo, en mis clases de Economía del Desarrollo en Estados Unidos, algunos de mis estudiantes tenían problemas para comprender que algunas personas pudieran dedicarse a trabajar sin un pago, hasta que les mostraba las cifras y quedaban pasmados. Este trabajo familiar no remunerado (TFNR) alcanza al 10% de la población ocupada del país. Se trata de una cifra altísima. Como referencia, en el Reino Unido alcanza al 0,4% de la población ocupada. Es decir, proporcionalmente al tamaño de las poblaciones, por cada británico que trabaja sin remuneración en un hogar, hay 25 peruanos haciendo lo mismo.

Ya hemos advertido previamente que en el Perú tenemos un serio problema con el trabajo. Los síntomas son múltiples. Este de la precariedad laboral –y las varias maneras que tenemos de disfrazarlo– es uno central.

¿Cómo podríamos aliviarlo? No hay receta mágica, pero, sin duda, hace falta una mejor red de protección social que incluya un seguro contra el desempleo. Pero para que esto cubra a un segmento importante de la población es necesario reducir la informalidad laboral. También necesitamos una legislación que incentive a crecer a esas rarísimas excepciones de emprendimientos exitosos. La que tenemos hoy hace exactamente lo contrario.

La lista de pendientes es enorme. Y no es digna, es indignante.