1. No sólo se mantienen intactas las abultadas comisiones que los trabajadores debemos pagar a las AFP, sino que ahora podrán cobrarnos una comisión adicional por “productividad”.
2. A todos los mayores de edad que a la fecha no se han afiliado a un sistema de pensiones, se les afilia obligatoriamente y van automáticamente a una AFP si no establecen que prefieren el sistema de la ONP.
3. Un trabajador independiente, aunque tenga ingresos por recibos de apenas mil o quinientos soles mensuales o incluso menos, deberá aportar 5 por ciento de sus ingresos a las AFP o al sistema nacional, aunque seguirá sin tener ningún respaldo en materia de salud.
4. Cuando las AFP no lleguen a pagar una pensión mínima a sus jubilados, será el Estado el que ponga el dinero faltante. Igualmente alguien que está cerca de jubilarse y se da cuenta de que la AFP le pagará poco, puede optar por pasarse a la ONP para obtener una mejor pensión y que el Estado pague la factura. Al mejor estilo neoliberal, cuando el sector privado falla, el Estado tiene que rescatarlo.
5. Se discrimina contra la vida en el campo, al establecer que la posibilidad del retiro del 25 por ciento de nuestro fondo en las AFP para comprarnos una vivienda ya sólo se podrá hacer para comprar en las ciudades y no en zonas rurales: sólo vale donde las empresas inmobiliarias hacen negocio.
6. Se establece un mecanismo para que se eleve la edad de jubilación, con lo que las AFP tendrán más tiempo nuestra plata en sus manos y cobrarán más comisiones.
7. Se establece un subsidio estatal bajo el engañoso nombre de “pago por consumo” que sólo puede ir a las AFP, no a la ONP, y por el cual las AFP cobrarán una comisión.
Se trata, por cierto, de un proyecto que establece fuertes cargas de gasto sobre el Estado, por lo que va claramente en contra del artículo constitucional que establece que el congreso “no tiene iniciativa de gasto”. Pero el gobierno de Boluarte se inclina sin pudor y tenemos un Tribunal Constitucional servil al congreso derechista y los grandes grupos de poder económico, el mismo que fue elegido con el apoyo entusiasta de Vladimir Cerrón y que les regaló 12 mil millones de deudas tributarias a las grandes empresas. La Constitución ya fue hecha trizas por los mismos que hacían escándalo ante cualquier propuesta de cambio, demolición que incluye estos aspectos esenciales de su capítulo económico.
Algunos podrán preguntarse: ¿y por qué Keiko Fujimori quiere beneficiar a las AFP? Hay dos hipótesis al respecto. Una es que las cuatro AFP y los cuatro grandes bancos son parte esencial del núcleo del poder económico-financiero concentrado. Ellos dominan la Confiep y son una fuerza clave de apoyo para mantener a Dina Boluarte en el sillón presidencial mientras el congreso fujimorizado termina de someter a los organismos judiciales y electorales, logrando a cambio exoneraciones tributarias para las agroexportadoras, apoyo a las sobreganancias mineras, legalización de las áreas que han deforestado en la amazonía y otras medidas en su beneficio.
La otra hipótesis recuerda que la AFP Prima es de propiedad del grupo Banco de Crédito, cuyo principal accionista y expresidente, Dionisio Romero, le entregó 17 maletines llenos de billetes verdes a Keiko Fujimori, conteniendo un total de 3 millones 700 mil dólares. Eso lo sabemos porque, luego de algunos testimonios reveladores en torno al caso Odebrecht, el mismísimo Dionisio Romero se lo detalló a la fiscalía dirigida por José Domingo Pérez (ya entenderán por qué la ultraderecha corrupta lo odia). La AFP Prima tiene en su poder 37 mil 475 millones de soles de los trabajadores, una cifra siete veces superior al presupuesto que tiene el Ministerio de Educación para rehabilitar, ampliar y construir colegios en todo el país. Todo ese dinero va a financiar las empresas y rubros que más le apetezcan a sus dueños, entre los cuales obviamente prioriza sus propios negocios y los de aquellos que considera sus aliados, amigos y cómplices. No contentos con eso, entre comisión de administración y seguros nos cobran casi 3,5 por ciento de nuestro salario todos los meses y solo por las comisiones sacan cerca de 400 millones de soles anuales para sus bolsillos. Tanto los 3 millones 700 mil dólares recibidos por Keiko como los 400 millones anuales de ingresos y 37 mil millones de fondos manejados por la AFP Prima son intereses muy poderosos para impulsar una ley a su favor.
LAS OPCIONES NEGADAS
Favoreciendo a las AFP, el proyecto de ley del fujimorismo frena otras reformas muy necesarias en el campo de las pensiones. Por ejemplo, si por un mínimo de justicia y para evitar tanta pobreza entre los adultos mayores se decidiera simplemente elevar lo que se paga por Pensión 65 (de los misérrimos 125 mensuales a 180 o 200 soles mensuales), no se podría porque la propuesta de ley fujimorista lo prohíbe. No es casualidad que el partido de Keiko ponga estos candados ya que en las campañas electorales de 2016 y 2021, con Verónika Mendoza, propusimos que el monto y la cobertura de Pensión 65 debía duplicarse, pero a ellos una ayuda social masiva y básica no les gusta porque, desde luego, requiere que las grandes mineras y conglomerados económico-financieros paguen los impuestos que son justos. Mejorar las pensiones que el 2021 empezamos a dar a quienes han aportado 10 o 15 años a la ONP, que antes no tenían ningún derecho si no llegaban a los 20 años, tampoco es del interés de Fujimori.
En la reforma fujimorista, los empresarios siguen sin poner un sol al sistema pensionario. En la mayoría de países y de acuerdo al convenio 102 de la OIT, una condición básica de un sistema de seguridad social es que la contribución sea tripartita: del trabajador, el empleador y el Estado. Acá todo lo recargan a los vacíos bolsillos de los trabajadores. La propuesta de la comisión de trabajo del congreso, presidida por Sigrid Bazán, planteó esta y otras reformas bien pensadas, pero todo eso ha sido dejado de lado por la mayoría profujimorista del congreso. La disputa de fondo, entre la propuesta fujimorista y la de izquierda, es si debemos tener una ley de AFP que secuestra el dinero de los trabajadores en manos de un pequeño grupo de poder financiero para que lucren con ello, o si queremos un sistema de pensiones orientado a asegurar el sustento de los adultos mayores evitando su empobrecimiento y cuya base sea una seguridad social pública que pueda ser complementada por ahorros privados, como funciona en Estados Unidos, Europa y Japón y muchos otros países.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 689 año 14, del 07/06/2024
https://www.hildebrandtensustrece.com/
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