"Del 2018 al 2023 los salarios reales en este sector cayeron año tras año"
Hemos insistido bastante, junto a un conjunto amplio de economistas de diversas tendencias, sobre el problema que traerían las exoneraciones tributarias para las grandes agroexportadoras que este Congreso ha aprobado en primera votación. Son 20 mil millones de soles de regalo a estas empresas, a las que les va muy pero muy bien, agravando un déficit fiscal que está fuera de control. Esos 20 mil millones de soles significan que la educación básica y superior, la salud pública y las carreteras e infraestructura no van a tener los recursos que necesitan con urgencia. Toda la población, pero en especial el pueblo trabajador y los más pobres, va a ser afectada.
Para defender esta ley, el lobby que promueven las grandes agroexportadoras repite que este sector genera empleos. Sabemos que en las pymes hay más empleos y que las agroexportadoras no necesitan este regalazo para crecer, porque efectivamente sin él han seguido acumulando. Pero hay que aclarar también que sus trabajadores no son bien tratados. La remuneración promedio que pagan es de apenas 1,300 soles mensuales, y eso que sus trabajadores no cobran gratificación ni en julio ni en diciembre y no tienen una cuenta CTS a la que aporte el empleador. No es casualidad que tres de cada cuatro trabajadores de la agroexportación sean menores de 30 años, jóvenes que en nuestro país sufren mayor explotación, y el 40 por ciento sean mujeres, las que son discriminadas salarialmente.
Además, 94% de los trabajadores de la agroexportación tienen contratos temporales, a pesar de que más de dos tercios de ellos realizan labores de naturaleza permanente. Solo el 6% tiene un contrato estable, cifra que se reduce año tras año. De esta manera la sindicalización y negociación colectiva se vuelven imposibles, ya que a quien trata de promover la organización de los trabajadores lo despiden apenas se enteran, aunque a ese abuso legalmente no se le llama “despido” sino que es una “terminación del contrato”. El resultado es que en las dos décadas entre el año 2000 y el 2020 la productividad promedio por trabajador agropecuario creció 50 por ciento pero los salarios no lo hicieron de igual manera. En los últimos años ha sido peor: del 2018 al 2023 los salarios reales en este sector cayeron año tras año, alcanzando una reducción cercana al 30 por ciento.
A pesar de esta situación realmente deplorable, la ley Chlimper 2.0 a favor de las grandes empresas agroexportadoras limitaría la fiscalización laboral. En efecto, según este proyecto la Superintendencia de Fiscalización Laboral –SUNAFIL– solo podría hacer apenas una de cada cuatro inspecciones a las grandes agroexportadoras, como si tuviera sentido mandar a esos fiscalizadores a que vean si en una chacra de media hectárea de Huancavelica la familia que se encarga sola de sus cultivos y animales está cumpliendo las leyes laborales. Es obvio lo absurdo de esta medida. ¿Y por qué este Congreso la ha aprobado así? Porque el resultado será que mientras la SUNAFIL tendrá que dedicarse a esas inspecciones inútiles y absurdas a los microproductores familiares en vez de fiscalizar a las grandes exportadoras, se impedirá así que el Estado actúe frente a las muchas denuncias de incumplimiento del pago de beneficios laborales, desnaturalización de los contratos temporales, prácticas antisindicales, malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, etc. Está clarito: esta ley Chlimper 2.0 busca que los agroexportadores puedan explotar aún más a sus trabajadores y por eso sus federaciones sindicales se oponen a esta norma inminente.
Hay más, ya que quienes sostienen las fenomenales ganancias agroexportadoras no son sólo los trabajadores del campo. Resulta que desde hace varios años esas empresas contribuyen a EsSalud con tres por ciento menos que todas las demás empresas del país y de lo que debe aportar quien contrata a una trabajadora del hogar. Eso genera un hueco económico a EsSalud de cerca de S/ 400 millones anuales, que lo terminamos pagando todos los asegurados porque faltan médicos, medicinas y equipos, y por eso hay meses de espera por una cita, faltan remedios y una tomografía o una endoscopía te la hacen varios meses después, aunque sean urgentes. Que los trabajadores de todo el país subsidiemos a unas pocas grandes agroexportadoras es absolutamente injusto, pero así sucede el día de hoy.
Recordemos, por otro lado, que nueve de cada diez trabajadores de la agricultura peruana no están en estas grandes empresas sino en la pequeña chacra bajo gestión familiar, donde hay cerca de 4 millones laborando. Pero para ellos, esta Ley Chlimper 2.0 no ayuda para que tengan un título de propiedad, no les facilita un crédito para que puedan comprar una maquinaria o modernizarse, no les da más acceso a semillas mejoradas y fertilizantes ni les ayuda a trasladar sus productos por mejores caminos. Al revés: quitándole 20 mil millones de soles al fisco lo que se “logra” es que las condiciones presupuestales para cualquier programa de apoyo a la agricultura familiar sean más difíciles. Encima, la ley Chlimper 2.0 permite la privatización del agua, como para que las grandes agroexportadoras cometan otro abuso contra la agricultura familiar.
Dicho todo esto, ¿por qué ha avanzado esta ley Chlimper 2.0? Keiko Fujimori ya recibió, en años anteriores, cientos de miles de dólares de los hermanos Rodríguez Banda, dueños de Gloria, 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, quien es dueño de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar y ha mantenido estrechas vinculaciones con el grupo Oviedo, además del propio Chlimper. ¿Podemos pensar que esto no tiene nada que ver con la feroz insistencia del fujimorismo para aprobar esta ley? “Poderoso caballero es don dinero”, escuché alguna vez, y este caballero agroexportador ha venido consiguiendo muchas cosas de este gobierno y sus congresistas aliados, en especial del fujimorismo.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025
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